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(Cinco Días, 20-11-2026)

Economía estudia limitar las comisiones por traspasar la cuenta Financia Europa

Aunque todavía no es posible contratar una cuenta Financia Europa, el Gobierno ya está preparando la regulación que permitirá a los clientes trasladarla de una entidad financiera a otra. El Ministerio de Economía ha iniciado una nueva fase de desarrollo normativo al someter a consulta pública previa la orden ministerial que establecerá las condiciones para realizar estos traspasos. Entre las cuestiones planteadas al sector figura una que puede tener un impacto directo en los ahorradores: si debe establecerse un límite a las comisiones que podrá cobrar la entidad de origen y cuál debería ser su cuantía. Los interesados podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 14 de diciembre. Desde el Ministerio explican que esta consulta supone el inicio del procedimiento de elaboración de la norma. El calendario establecido en el decreto que regula el nuevo producto fija los primeros días de abril como fecha límite para aprobar esta regulación, que forma parte de una de las reformas más relevantes del mercado de inversión de las últimas décadas, desde que se permitió trasladar fondos de inversión sin tener que tributar por las plusvalías generadas. La cuenta Financia Europa es una de las principales apuestas del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para canalizar parte del ahorro de los hogares hacia los mercados financieros y favorecer la financiación de la economía europea. Su principal atractivo reside en que permite comprar y vender activos dentro de la cuenta sin tributar por las ganancias obtenidas mientras el dinero permanezca en ella, siguiendo un sistema similar al de las sicav. Además, una vez transcurridos cinco años, los primeros 10.000 euros de beneficios acumulados por contribuyente estarán exentos de tributación. Las plusvalías que superen esa cantidad disfrutarán de una reducción fiscal del 20%. Así, ante una ganancia de 15.000 euros, solo tributarían 4.000 euros al tipo del 19%, lo que supondría pagar 760 euros a Hacienda. Si las operaciones se hubieran realizado fuera de este instrumento, la factura fiscal ascendería a 3.030 euros. La posibilidad de trasladar la cuenta adquiere especial relevancia porque cada contribuyente únicamente podrá disponer de una. Al no estar permitido distribuir las inversiones entre distintas entidades, cambiar de banco o intermediario será la única alternativa para buscar mejores condiciones comerciales o de gestión. El propio Ministerio considera que la movilidad es un elemento esencial para garantizar la competencia entre los proveedores. Los traspasos deberán realizarse por el importe total de la cuenta y estarán limitados a uno al año por cada modalidad. No obstante, el cambio de entidad no supondrá perder la antigüedad de las inversiones, ya que la cuenta de destino conservará las fechas originales de las aportaciones. De esta forma, el ahorrador mantendrá el tiempo acumulado a efectos de acceder a los beneficios fiscales. La regulación permitirá que la entidad de origen cobre una comisión por realizar el traslado, aunque estará sujeta a un límite máximo que deberá fijar el Gobierno mediante una orden ministerial. Precisamente, Economía pregunta ahora al sector si considera necesario establecer ese tope y qué criterios deberían utilizarse para determinarlo. También solicita información sobre las dificultades técnicas que puede plantear el traslado de una cartera de valores y qué aspectos debería contemplar la normativa para facilitar estas operaciones. Sin embargo, el régimen de movilidad no es el único desarrollo normativo pendiente. Antes de que las entidades puedan comercializar el producto, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar otra orden ministerial para concretar las obligaciones de información de las entidades financieras a la Agencia Tributaria. Esta regulación todavía no tiene un calendario definido y los expertos del sector dudan de que pueda estar lista antes de las elecciones generales. Por tanto, su aprobación podría quedar en manos del próximo Gobierno. También está pendiente la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que dispone de un máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor del decreto para crear el registro de fondos de inversión tradicionales y fondos cotizados (ETF) que podrán integrarse en estas cuentas. Por su parte, BME contempla un lanzamiento progresivo del producto: una primera fase centrada en acciones y otros activos admitidos y una segunda en la que se incorporarán los fondos una vez que esté operativo el registro. Para que un fondo pueda incluirse en la cuenta Financia Europa deberá cumplir determinados requisitos de inversión. Al menos el 70% de su cartera tendrá que estar destinado a activos del Espacio Económico Europeo, incluidos los bonos; un mínimo del 50% deberá invertirse en acciones y, dentro de estas, al menos el 35% tendrá que corresponder a títulos cotizados en la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein o Noruega. Quedan excluidos los derivados, las socimis y las sicav, mientras que la contratación directa de bonos tampoco estará permitida. Según los cálculos de finReg360, únicamente el 2% del patrimonio de los fondos de inversión españoles pertenece a categorías que, al menos inicialmente, podrán acogerse a este instrumento. El producto está dirigido principalmente a inversores dispuestos a asumir cierto riesgo, ya que su objetivo es movilizar parte del ahorro que actualmente permanece en cuentas corrientes y depósitos con rentabilidades reducidas. El límite máximo de aportaciones se sitúa en 150.000 euros por contribuyente. La iniciativa responde a la estrategia europea de canalizar hacia los mercados financieros una parte de los aproximadamente 10 billones de euros que los hogares de la UE mantienen en productos de ahorro tradicionales. En España, ese volumen se aproxima a los 1,2 billones de euros. Esta es la segunda ocasión en la que el Ministerio de Economía recurre a una consulta pública para desarrollar el proyecto. La primera, iniciada a finales de 2025, se centró en el diseño del producto y en el sello europeo Finance Europe, impulsado por España junto con otros seis países. Ahora, el debate se concentra en las condiciones para cambiar de entidad y, especialmente, en el coste que podrá suponer trasladar una cuenta de inversión que todavía no está disponible para los ahorradores.

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(Cinco Días, 20-11-2026)

Las rentas más altas de España concentran la mayor parte de las rebajas fiscales que Hacienda concede a los propietarios que alquilan viviendas

El ahorro fiscal que genera la reducción del IRPF por el alquiler de viviendas se concentra mayoritariamente en los propietarios con mayores ingresos. El 10% de los arrendadores más ricos acumula el 73% del beneficio tributario, mientras que la mitad con menor capacidad económica apenas recibe el 1% de esta ventaja fiscal, reservada a los inmuebles destinados a constituir la residencia habitual de los inquilinos. Así lo recoge un estudio elaborado por Alfonso García, Francisco García-Rodríguez y Dmitry Petrov, investigadores de la Universidad de Alcalá, a partir de los microdatos fiscales del Panel de Hogares de 2023, que combina información de las declaraciones del IRPF y del Catastro. Según sus estimaciones, esta reducción supuso para Hacienda una pérdida de recaudación de 1.133 millones de euros durante ese ejercicio. De esa cantidad, 826,5 millones beneficiaron al 10% de los propietarios con mayores ingresos, teniendo en cuenta el conjunto de sus rentas procedentes de salarios, inversiones, alquileres y otras actividades. La concentración es todavía mayor si se analizan los tramos superiores de renta. El 5% de los arrendadores con mayor capacidad económica recibió 629 millones de euros, el 55% del ahorro fiscal total, mientras que el 1% más rico concentró 267,8 millones, cerca de una cuarta parte. En cambio, los propietarios situados en la mitad inferior de la distribución de ingresos apenas se beneficiaron de 11 millones de euros. Los investigadores atribuyen este desequilibrio a dos factores. Por una parte, las personas con rentas más elevadas tienen mayor presencia en el mercado del alquiler y suelen obtener mayores ingresos de sus propiedades, ya sea porque disponen de varios inmuebles o porque arriendan viviendas de mayor valor. Por otra, el carácter progresivo del IRPF hace que la reducción fiscal tenga un impacto económico superior para quienes soportan tipos impositivos más elevados. De hecho, aunque el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos representa el 37% de los arrendadores, concentra casi tres cuartas partes del ahorro tributario. El estudio también analiza cómo se distribuyen los ingresos procedentes del alquiler entre la población. Aproximadamente 2,9 millones de personas, equivalentes al 8,5% de los mayores de edad, declaran rendimientos por arrendamientos. Aunque hay propietarios en todos los niveles de renta, su presencia aumenta conforme se asciende en la escala de ingresos. Para realizar esta clasificación, los investigadores dividen a la población en cien grupos del mismo tamaño, ordenados desde el 1% con menos ingresos hasta el 1% con mayor capacidad económica. Los resultados muestran que entre el 40% de la población con rentas más bajas solo el 2,6% obtiene ingresos inmobiliarios. La proporción aumenta hasta el 14,3% entre quienes se sitúan en los percentiles 80 y 90, alcanza el 25% en el tramo comprendido entre los percentiles 90 y 95 y llega al 42,5% entre el 1% más rico. No obstante, el 63% de los arrendadores pertenece al 90% de la población con menores ingresos y únicamente el 5% se encuentra en el grupo de mayor renta. Las diferencias también se reflejan en los importes percibidos y en la composición de los inmuebles alquilados. Entre el 40% de la población con menores ingresos, los propietarios que declaran rendimientos inmobiliarios ingresan una media de 363 euros mensuales, de los que 344 euros proceden de viviendas destinadas a residencia habitual. En el caso del 1% con mayores rentas, los ingresos medios por alquiler ascienden a 2.400 euros al mes, aunque solo 1.793 euros corresponden a viviendas habituales. El resto procede de otros activos inmobiliarios, como locales comerciales o viviendas turísticas. Para este cálculo, los investigadores excluyen los trasteros y garajes de menos de 25 metros cuadrados. A partir de estos resultados, el estudio plantea la necesidad de analizar a quién benefician realmente los incentivos fiscales vinculados al arrendamiento de viviendas y cuál es su impacto sobre los ingresos públicos. En 2023, año utilizado como referencia, la reducción general aplicable a los rendimientos netos del alquiler de vivienda habitual era del 60%. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2024, este porcentaje pasó al 50% con carácter general y se establecieron reducciones superiores, de hasta el 90%, para determinados supuestos, como los alquileres con rebajas de precio en zonas tensionadas o los contratos dirigidos a jóvenes que cumplen las condiciones previstas. Posteriormente, el último decreto de vivienda aprobado por la Diputación Permanente del Congreso ha contemplado elevar la reducción hasta el 100% en determinadas circunstancias. Estos cambios modifican el alcance del incentivo fiscal, aunque los datos del estudio ponen de manifiesto que, en el ejercicio analizado, la mayor parte del ahorro generado por esta medida se concentró en los propietarios con mayores niveles de renta.

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