(Cinco Días, 23-01-2026)
Las eléctricas piden que se elimine en España el impuesto del 7% a la generación
El 17 de diciembre el Consejo de Ministros de Portugal decidió suprimir, con efectos desde el 1 de enero, el tributo equivalente al Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica que rige en España desde 2013 y grava con un 7% los ingresos de la generación eléctrica. En concreto, el Ejecutivo portugués eliminó el denominado Mecanismo de Equilibrio Concurrencial, conocido como clawback, que se aplicaba a los productores del país -con determinadas excepciones- para compensar el aumento de ingresos derivado, entre otros factores, del impacto del impuesto español cuando eran las centrales españolas las que fijaban el precio del mercado. La medida ha reavivado el malestar entre las compañías generadoras que operan en España, tanto grandes como pequeñas, ya que el impuesto afecta a todas las tecnologías de producción, incluidas las renovables. Estas empresas reclaman de nuevo la supresión del gravamen, al considerar que, aunque su coste se traslada en teoría a los consumidores, en la práctica no siempre puede repercutirse íntegramente en el precio final y rechazan seguir actuando como recaudadoras. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que este concepto aportará alrededor de 2.000 millones de euros a las arcas públicas en 2026. Desde el sector sostienen que la eliminación del mecanismo en Portugal otorga a sus centrales una ventaja competitiva frente a las españolas dentro del mercado ibérico de la electricidad y que también beneficia a los consumidores lusos, al igual que sucede en Francia, donde no existe un impuesto similar. Según las simulaciones realizadas por las propias empresas afectadas, la desaparición del clawback reduce las exportaciones españolas hacia Portugal. En sentido contrario, si se eliminara el IVPEE en España, los cálculos para 2026 frente a 2025 indican que las exportaciones netas hacia Portugal y Francia aumentarían en 7.500 GWh y que los vertidos de energía renovable se reducirían un 17%, lo que permitiría recuperar competitividad frente a Portugal y mejorarla frente a Francia. La supresión del impuesto también tendría efectos positivos para los consumidores, ya que implicaría una bajada del precio medio del mercado mayorista de electricidad cercana al 6%, debido a la reducción de los costes incorporados a las ofertas. La rebaja no alcanzaría el 7% completo porque existen horas con precios nulos. En conjunto, el ahorro estimado para los consumidores españoles en 2026 ascendería a unos 840 millones de euros, con un efecto que se mantendría en los años siguientes. Conviene precisar que el mecanismo portugués no era propiamente un impuesto, sino una reducción de los ingresos de determinadas centrales cuando cobraban en horas en las que el precio marginal del mercado ibérico lo fijaba una instalación española, normalmente de gas, cuya oferta incluía el coste del IVPEE. De este modo, se consideraba que las plantas portuguesas se beneficiaban indirectamente de ese sobrecoste. El clawback no se aplicaba de forma generalizada, ya que estaban excluidos los ciclos combinados con menos de 2.000 horas anuales de producción y las instalaciones de menor tamaño. En una entrevista reciente, la ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, explicó que la eliminación del mecanismo responde tanto a su complejidad administrativa, derivada de una fórmula de cálculo y un sistema de exenciones difíciles de gestionar para las empresas, como a su limitada capacidad recaudatoria. Según datos oficiales, el sistema generó 56 millones de euros en 2020, 36 millones en 2024 y apenas siete millones el último año, según indicó la propia ministra. El impuesto del 7% a la generación eléctrica en España se introdujo mediante la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el objetivo de frenar el déficit de tarifa, que llegó a situarse en torno a los 30.000 millones de euros y que en 2013 todavía acumulaba una deuda cercana a los 24.000 millones. El gravamen se aplica sobre los ingresos brutos obtenidos por la venta de electricidad, sin tener en cuenta los costes operativos ni las inversiones realizadas. La recaudación corresponde a Hacienda, a través de las propias empresas, y se destina al sistema eléctrico como parte de los cargos gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica, que financian, entre otros conceptos, la deuda eléctrica y determinadas retribuciones a las renovables. Las compañías eléctricas recurrieron en su momento este impuesto ante diversas instancias judiciales, que acabaron avalando la posición del Gobierno. Mientras tanto, el Partido Popular, que fue quien lo instauró cuando estaba en el Ejecutivo, mantiene actualmente una decena de iniciativas parlamentarias orientadas a su derogación. A lo largo de los años, el IVPEE ha sido suspendido de forma temporal en varias ocasiones para mitigar las subidas de precios en periodos de elevada volatilidad del mercado mayorista. La primera suspensión se aprobó en 2018 y se prolongó durante seis meses, entre el último trimestre de ese año y el primero de 2019. Posteriormente, con la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno volvió a dejarlo sin efecto para contener el impacto de los precios en la factura eléctrica de hogares e industrias. A través de distintos reales decretos, el impuesto quedó suspendido en 2021, 2022 y 2023, y fue reintroducido de forma gradual en 2024, con una reducción de la base imponible. Una de las principales críticas de las grandes eléctricas y de las asociaciones de consumidores es que, además de mermar la competitividad de las empresas españolas frente a las de los países vecinos, el impuesto se concibió para financiar una deuda del sistema eléctrico que está próxima a desaparecer. La amortización definitiva está prevista para finales del próximo año. En 2026, el importe destinado a cubrir déficits pasados será de 1.883 millones de euros, frente a los 2.390 millones del ejercicio anterior, según la orden ministerial de cargos del sistema eléctrico vigente.
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