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(El Economista, 16-11-2026)

¿Nuevo impuesto a fondos y grandes propietarios por la vivienda vacía, turística o a precios abusivos?

El PSOE propone crear un nuevo impuesto dirigido a combatir la especulación inmobiliaria de los fondos de inversión y los grandes propietarios. El tributo gravaría de forma progresiva la tenencia de viviendas que no se destinen al alquiler residencial a precios asequibles. La medida figura en el programa electoral que los socialistas han presentado este domingo para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según recoge el documento, el nuevo impuesto afectaría a las viviendas destinadas al uso turístico, las que permanezcan vacías y aquellas que se alquilen a precios considerados abusivos. El objetivo es limitar la acumulación de inmuebles con fines especulativos y favorecer su incorporación al mercado del alquiler asequible. El programa electoral incluye también un amplio conjunto de propuestas en materia de vivienda. Entre ellas, el PSOE plantea mantener y garantizar las restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de fondos especulativos. Asimismo, propone modificar la Constitución para reconocer la vivienda como un derecho fundamental, de manera que los ciudadanos puedan exigir a los poderes públicos que garanticen su cumplimiento. Otra de las iniciativas consiste en crear un registro específico de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (Socimi), con el propósito de mejorar la trazabilidad de sus operaciones y reforzar la supervisión de los principales participantes en el mercado inmobiliario. A esta medida se añadiría un registro de los precios de los contratos de alquiler, que permitiría disponer de mayor transparencia y conocimiento sobre la evolución del mercado residencial. En el ámbito urbanístico, los socialistas se comprometen a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para simplificar y acelerar los procedimientos de desarrollo urbanístico. El programa contempla también importantes recursos económicos destinados a impulsar tanto la construcción de nuevas viviendas como la rehabilitación del parque existente. En concreto, el PSOE prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mediante avales, préstamos e instrumentos de financiación para promover vivienda asequible. A esta cantidad se sumarían 4.700 millones procedentes del Plan Social del Clima, destinados a financiar la construcción y rehabilitación de viviendas sostenibles, así como 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social para respaldar diferentes proyectos. El documento establece como una de sus principales prioridades destinar cada año el equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que se configura como el objetivo central de la próxima legislatura.    En materia de alquiler, el partido plantea ampliar la duración de los contratos para proporcionar mayor estabilidad a los inquilinos y contempla la congelación temporal de las rentas que superen los índices de referencia, con la finalidad de evitar subidas consideradas abusivas en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado. Por último, el PSOE se compromete a incrementar la oferta de vivienda pública y protegida hasta aproximarla a la media de los países del entorno europeo. Para ello, propone constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, que se formaría tanto mediante la construcción de nuevos inmuebles como a través de la adquisición de viviendas ya existentes.

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(Cinco Días, 16-11-2026)

La inteligencia artificial pone en riesgo hasta 55.000 empleos en una década en los grandes bancos españoles

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ha intensificado la preocupación por su impacto en el empleo, especialmente en sectores como el financiero. Aunque los máximos responsables de los principales bancos españoles han insistido en que la incorporación de esta tecnología no supondrá recortes de plantilla, un estudio de Funcas advierte de que hasta 55.000 puestos de trabajo podrían desaparecer en el escenario más desfavorable de los contemplados en su análisis. El informe, elaborado por un equipo de catedráticos de la Universidad de Granada y profesores de las universidades Rey Juan Carlos y Autónoma de Madrid, plantea tres posibles escenarios sobre la evolución del empleo bancario hasta 2035. Las estimaciones tienen en cuenta tanto los puestos de trabajo que podrían desaparecer por la automatización como los nuevos perfiles profesionales que surgirían como consecuencia de la transformación tecnológica. No obstante, el estudio matiza que la inteligencia artificial no debe interpretarse exclusivamente como un factor de destrucción de empleo. Su implantación tendría principalmente un carácter complementario al trabajo humano, al asumir tareas rutinarias y repetitivas, mejorar la productividad de los profesionales y favorecer la aparición de nuevas especialidades relacionadas con el análisis de datos, el desarrollo tecnológico, la supervisión de modelos y la gobernanza de la IA. Por ello, los investigadores consideran que el principal efecto de esta transformación no será necesariamente una reducción generalizada de las plantillas, sino un cambio profundo en su composición y en las competencias que necesitarán los trabajadores de las entidades financieras. El primero de los escenarios, el más prudente, contempla una incorporación de la IA como herramienta de apoyo a los empleados, aumentando su productividad sin provocar una sustitución generalizada de puestos de trabajo. En este supuesto, podrían desaparecer entre 8.000 y 14.000 empleos, mientras que se crearían entre 4.000 y 7.000 nuevos puestos. El resultado sería una reducción neta de entre 4.000 y 8.000 trabajadores, con unas plantillas conjuntas que quedarían entre los 150.000 y los 157.000 empleados. El escenario intermedio, considerado el más probable, prevé una integración más profunda de la inteligencia artificial en los procesos operativos de las entidades. En este caso, la destrucción de empleo oscilaría entre 18.000 y 35.000 puestos, frente a la creación de entre 6.000 y 12.000 nuevas ocupaciones. La diferencia supondría una pérdida neta de entre 12.000 y 23.000 trabajadores, lo que situaría el volumen agregado de empleo bancario entre 128.000 y 148.000 personas. Por último, el estudio contempla una hipótesis más desfavorable, en la que la IA alcanza un elevado nivel de desarrollo, fiabilidad y capacidad operativa. Esto permitiría extender la automatización a actividades de mayor complejidad técnica y regulatoria, como la evaluación del riesgo crediticio o scoring -el sistema utilizado por las entidades para calcular la probabilidad de impago de un cliente y decidir si conceden financiación-, determinados procedimientos de gestión de riesgos y algunas funciones de cumplimiento normativo. En este escenario, podrían desaparecer entre 35.000 y 55.000 empleos, mientras que se generarían entre 8.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo. El saldo sería una reducción neta de entre 20.000 y 47.000 trabajadores, con una pérdida mínima de 25.000 empleos respecto a la situación actual. Los autores consideran que esta última hipótesis es la menos probable a corto plazo, debido a las exigencias regulatorias, las limitaciones tecnológicas todavía existentes y la necesidad de mantener la supervisión humana en determinados procedimientos. Por el contrario, identifican el escenario intermedio como el más factible, aunque reconocen que la evolución real podría combinar elementos de las tres posibilidades. La magnitud del impacto dependerá de diversos factores, como la velocidad con la que se extienda esta tecnología, la proporción de tareas que puedan automatizarse efectivamente, los cambios normativos y la capacidad de adaptación de las propias entidades financieras. En este contexto, el informe subraya que la ventaja competitiva de los bancos no dependerá únicamente de la rapidez con la que incorporen herramientas de inteligencia artificial, sino también de cómo gestionen la transformación de sus plantillas. La formación continua, la actualización de conocimientos y la adaptación de la organización del trabajo serán fundamentales para facilitar la transición hacia un modelo financiero más digitalizado. El estudio también pone de relieve el importante esfuerzo inversor que está realizando el sector. El gasto tecnológico de los diez principales bancos españoles ha pasado de 2.313 millones de euros en 2014 a 5.578 millones en 2025. Las previsiones apuntan a que esta inversión podría superar los 8.000 millones de euros en 2031. Paralelamente, el nivel de implantación de la inteligencia artificial en las diez mayores entidades financieras aumentó un 32% entre 2021 y 2025, situándolas por delante de otros bancos europeos en grado de adopción. Aunque las grandes entidades mantienen una mayor implantación de estas herramientas, los bancos medianos y pequeños están avanzando a un ritmo más intenso, lo que está contribuyendo a reducir progresivamente la distancia tecnológica.

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