(Expansión, 25-09-2026)
El campo advierte al Gobierno: prorrogar las ayudas al carburante no contendrá los precios
El Gobierno aprobará el próximo martes un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis de precios provocada por el conflicto en Oriente Próximo. La norma llegará justo un día antes de que expire el actual paquete de medidas, que incluye, entre otras actuaciones, reducciones en el Impuesto sobre Hidrocarburos aplicadas a la gasolina, al diésel y al gasóleo profesional, con una rebaja de hasta 20 céntimos por litro en este último caso. Aunque todavía no se conocen las nuevas medidas, las organizaciones agrarias muestran cautela ante la posibilidad de que el Ejecutivo se limite a prorrogar las ayudas vigentes. El sector considera que mantener las bonificaciones actuales no será suficiente para frenar el encarecimiento de los carburantes, especialmente en un contexto en el que la inflación alcanzó el 4,3% en agosto y el aumento de los costes energéticos empieza a trasladarse a otros productos de consumo. Las organizaciones agrarias sostienen que la reducción de 20 céntimos por litro aplicada al gasóleo B, utilizado habitualmente en las explotaciones agrícolas, ya resulta insuficiente. Según fuentes del sector, si los precios continúan aumentando al ritmo actual, la inflación podría absorber por completo el efecto de la bonificación en los próximos meses, como ya habría ocurrido con las ayudas anteriores. Los datos históricos de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan la intensidad de este incremento. Desde el 30 de junio, cuando se aprobó la actual rebaja, el precio del gasóleo agrícola habría aumentado 48 céntimos por litro. Si se toma como referencia el 27 de febrero, antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el incremento alcanza los 60 céntimos, equivalente a un 53,5%. Las organizaciones agrarias reclaman por ello medidas fiscales específicas que permitan reducir el impacto del encarecimiento de los principales costes de producción. Entre sus propuestas figura recuperar una bonificación del 35% en el IRPF por el gasóleo agrícola y otra del 15% para los fertilizantes, cuyo precio también se ha visto afectado por la evolución del conflicto. El sector advierte de que el aumento de los costes está comprometiendo la rentabilidad de las explotaciones, especialmente porque los productores tienen dificultades para trasladar íntegramente ese incremento a los precios en origen. Si esta situación se mantiene, el encarecimiento de los costes de producción podría terminar repercutiéndose sobre los precios que pagan los consumidores por los alimentos. El problema afecta también al resto de carburantes. Los precios han aumentado por encima de las reducciones fiscales previstas en el decreto actualmente en vigor. El Gobierno elevó hasta 20 céntimos por litro la rebaja aplicable al diésel mediante la cláusula de salvaguarda, mientras que la bonificación de la gasolina se ha reducido progresivamente hasta situarse actualmente en cinco céntimos. En ambos casos, las ayudas no han compensado completamente el incremento acumulado de los precios desde la entrada en vigor del paquete de medidas. Por ello, una simple prórroga de las bonificaciones podría tener un efecto limitado sobre la evolución de los precios, aunque su desaparición supondría un nuevo aumento inmediato del coste de los carburantes. Ante esta situación, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) tiene previsto plantear al Gobierno la adopción de medidas excepcionales para intervenir el mercado y establecer límites a los precios de los carburantes, siguiendo el modelo de regulación que estuvo vigente hasta finales de los años noventa. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que el nuevo decreto deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días. También ha avanzado que el Ejecutivo prestará especial atención al posible traslado del encarecimiento energético a los precios de los alimentos, lo que se conoce como efectos de segunda ronda. Al mismo tiempo, ha defendido la necesidad de adoptar una perspectiva de medio y largo plazo para reducir la dependencia energética y avanzar en la electrificación y la descarbonización de la economía. El margen presupuestario para ampliar las ayudas es, además, cada vez más reducido. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Inés Olóndriz, ha advertido de que la prolongación del conflicto en Oriente Próximo está obligando al Gobierno a asumir nuevos gastos. Aunque algunos pueden tener carácter temporal, otros podrían convertirse en compromisos permanentes que requerirían fuentes de financiación estables. La Airef ha señalado que estas nuevas obligaciones presupuestarias, si no se compensan mediante una reducción de otras partidas, podrían dificultar el cumplimiento de la senda fiscal acordada con Bruselas. El margen disponible es ya limitado y las previsiones del organismo sitúan el déficit público en el 2,7% del PIB al cierre del ejercicio.
LEER MÁS