GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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ÚLTIMAS NOTICIAS

(Expansión, 12-11-2026)

Los Bizum que se tendrán que declarar a la Agencia Tributaria de cara a 2027

Desde el 1 de enero de 2026, las entidades bancarias están obligadas a comunicar mensualmente a la Agencia Tributaria, sin límite mínimo de importe, las operaciones realizadas mediante Bizum por empresarios y profesionales. El abogado, economista y asesor fiscal Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha publicado en Instagram varios ejemplos para aclarar qué pagos deben declararse y cuáles pueden tener consecuencias fiscales. En una de sus publicaciones, Millán advierte de que la ausencia de comunicación a Hacienda no implica que una operación quede al margen de las obligaciones tributarias. Así, recuerda que cualquier cantidad entregada sin obligación de devolución puede considerarse una donación y quedar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con independencia de que se haya transferido mediante Bizum o por otro procedimiento. Entre los ejemplos menciona los regalos de boda y cumpleaños. Aunque estas operaciones no se comuniquen inicialmente, podrían detectarse en caso de una inspección o si su cuantía genera alguna alerta. Una situación diferente es la de las cantidades destinadas al mantenimiento de los hijos. Según explica el asesor fiscal, los pagos para cubrir gastos de alimentación, estudios o vivienda no tienen la consideración de donaciones, ya que forman parte de la obligación legal de alimentos que corresponde a los progenitores. Por tanto, no están sujetos al Impuesto sobre Donaciones. Esta responsabilidad aparece recogida en el artículo 154 del Código Civil, que establece el deber de los padres de velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. En cuanto a los préstamos entre particulares, Millán recomienda documentar adecuadamente la operación para acreditar que el dinero deberá devolverse y evitar que pueda interpretarse como una donación. Para ello, aconseja formalizar un contrato en el que consten la cantidad prestada, la fecha y las condiciones de devolución, realizar los movimientos a través de una entidad bancaria y presentar el documento ante la comunidad autónoma correspondiente. Aunque los préstamos están exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, su documentación permite justificar la naturaleza de la operación ante Hacienda. El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, modificó el Reglamento del IRPF y otras normas de gestión tributaria para reforzar el control fiscal sobre los pagos digitales y los nuevos medios de cobro. Entre sus principales novedades figura la obligación de las entidades financieras, de pago y de dinero electrónico, incluidas las extranjeras que operen en España, de facilitar a la Agencia Tributaria información mensual sobre las cuentas de pago y los cobros recibidos por empresarios y profesionales mediante tarjetas y sistemas de pago móvil como Bizum. La modificación elimina el anterior límite de 3.000 euros que condicionaba esta obligación informativa. Además, la norma establece una nueva obligación de información anual para los emisores de tarjetas, que deberán comunicar los datos correspondientes a aquellas cuyo volumen total de operaciones supere los 25.000 euros anuales.

(El País,12-11-2026)

Hacienda obliga a tributar las prejubilaciones voluntarias si no se enmarcan en un despido colectivo

Hacienda exigirá tributar en el IRPF por las indemnizaciones recibidas en procesos de bajas incentivadas y prejubilaciones voluntarias cuando no exista un expediente de regulación de empleo (ERE) en curso en el momento en que se formalice el acuerdo entre la empresa y el trabajador. Así lo establece una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que unifica el criterio de la Administración tributaria y dificulta que miles de contribuyentes puedan recuperar los impuestos pagados por estas compensaciones. El pronunciamiento tiene especial repercusión en sectores que están llevando a cabo procesos de reorganización de sus plantillas, como el bancario. En los últimos años, las entidades financieras han recurrido cada vez más a los programas colectivos de bajas voluntarias y prejubilaciones para reducir personal sin necesidad de iniciar un despido colectivo formal. El origen del litigio se encuentra en la reclamación de un empleado de banca que se acogió voluntariamente a uno de estos programas en 2021. Posteriormente, solicitó a la Agencia Tributaria la rectificación de sus declaraciones del IRPF para recuperar las cantidades abonadas por la indemnización, al considerar que debía aplicarse la exención prevista para las compensaciones por despido. Hacienda rechazó la petición al entender que la extinción de la relación laboral se había producido por acuerdo entre las partes. El trabajador recurrió ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, que en 2025 le dio la razón. El tribunal consideró que la adhesión a un plan colectivo de adecuación de plantilla tenía carácter involuntario y podía acogerse a la exención, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a casos como los de Banca Cívica y Banco Mare Nostrum. Ante esta interpretación, la Agencia Tributaria elevó el asunto al TEAC para que fijara un criterio común. El tribunal central aclara que la doctrina del Supremo sobre aquellos precedentes no puede aplicarse automáticamente a cualquier programa de prejubilaciones. En esos casos, el carácter forzoso de las salidas estaba vinculado a la existencia de un despido colectivo, dentro del cual los trabajadores podían optar por alguna de las medidas negociadas para evitar la extinción directa de sus contratos. En cambio, cuando la adhesión voluntaria se produce antes de un ERE o al margen de este procedimiento, el cese se considera fruto de un acuerdo entre empresa y empleado. El TEAC añade que la existencia de un despido colectivo no depende de cómo perciba el trabajador su salida de la empresa, sino de que se haya iniciado formalmente el procedimiento legal correspondiente, con la constitución de una comisión negociadora y la comunicación a la autoridad laboral. Las consecuencias alcanzan tanto a quienes ya han abandonado sus puestos mediante estos programas como a quienes tienen previsto hacerlo sin que exista un ERE abierto. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que, si no hay un despido colectivo en marcha, la adhesión a un plan de prejubilación se considera una decisión voluntaria y la indemnización debe tributar en el IRPF. La resolución afecta especialmente a los contribuyentes que mantienen reclamaciones para recuperar el impuesto pagado por estas compensaciones. Al tratarse de un criterio vinculante para la Administración tributaria, sus posibilidades de obtener una resolución favorable en vía administrativa se reducen considerablemente. No obstante, el pronunciamiento no vincula a los órganos judiciales, por lo que los afectados todavía pueden acudir a los tribunales para defender que la extinción de su contrato fue involuntaria. Según Fernández, las opciones de éxito judicial también disminuyen cuando no existía un ERE en el momento de formalizar la baja. El impacto fiscal puede alcanzar importes elevados y depende de las circunstancias personales y económicas de cada contribuyente. Los cálculos de TaxDown muestran que la diferencia entre acogerse a un ERE o a un programa voluntario de prejubilación puede representar decenas de miles de euros. Así, para un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000, la exención de esta última permitiría tributar únicamente por el sueldo, con una cuota estimada de 7.200 euros en Madrid y 7.900 en Barcelona. Si la salida se produce mediante un plan voluntario sin ERE, la indemnización tendría que integrarse en la declaración y la factura fiscal ascendería a unos 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona. La diferencia aumenta en los tramos salariales superiores. Para un empleado con una retribución anual de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la brecha fiscal entre ambas modalidades alcanza los 42.000 euros en Madrid y los 45.000 en Barcelona. En el caso de un directivo con un salario de 100.000 euros y una compensación de 300.000, el ahorro podría situarse en torno a los 54.000 y 61.000 euros, respectivamente. En este último supuesto, sin embargo, la exención no se aplicaría a toda la indemnización. La normativa establece un límite máximo de 180.000 euros, por lo que el importe que supere esa cantidad deberá tributar en el IRPF.

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