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Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

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(Expansión, 23-07-2025)

El Constitucional ya debate la legalidad del indicador que usa Hacienda para tasar inmuebles

El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado recientemente analizar la cuestión de inconstitucionalidad planteada el pasado 5 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía en relación con el valor de referencia del Catastro. Este indicador es clave para calcular diversos impuestos vinculados a bienes inmuebles, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones. Por ello, un posible fallo del Constitucional podría suponer un cambio significativo en el sistema tributario aplicado a este tipo de propiedades. El TSJ andaluz ha elevado al Constitucional varias dudas sobre la legalidad de este valor de referencia, señalando que Hacienda asigna un valor objetivo a los inmuebles sin haber realizado una inspección presencial, basándose únicamente en estudios de mercado realizados por la propia administración y mediante una metodología que no está recogida explícitamente en la normativa vigente. Este procedimiento guarda ciertas similitudes con el caso de la plusvalía municipal, cuya fórmula de cálculo fue declarada inconstitucional hace un tiempo. En ese caso, muchos contribuyentes se vieron privados de su derecho a reclamar una vez el TC emitió su sentencia. Por eso, expertos jurídicos consultados por Expansión recomiendan presentar reclamaciones antes de que el Tribunal se pronuncie, siempre que se considere que el valor catastral asignado supera al precio real del inmueble en función de su estado, lo que habría llevado a pagar más impuestos de los debidos. Al margen de lo que decida el Constitucional, ya hay tribunales que han fallado en contra de la aplicación del valor de referencia del Catastro como base para calcular tributos como el ITP o el de Sucesiones. Un ejemplo reciente es el del TSJ de Castilla y León, que en mayo se posicionó a favor de los contribuyentes, señalando que la Administración debe tener en cuenta el estado real del inmueble, si es habitable o si está en condiciones ruinosas, a la hora de determinar su valor. El caso concreto que dio lugar a esta sentencia afecta a una vivienda situada en dicha comunidad autónoma, adquirida por 300.000 euros. No obstante, Hacienda le asignó un valor de 400.000 euros, que fue el utilizado para calcular el importe del ITP a pagar. El nuevo propietario decidió recurrir y solicitó la devolución de 10.800 euros que, a su juicio, había abonado de forma incorrecta. En su recurso, el comprador alegó que la valoración hecha por Hacienda no reflejaba adecuadamente el estado del inmueble ni de la parcela en el momento de la compraventa, ya que requería una reforma integral para poder ser habitable. Según explicó, ese deterioro fue precisamente lo que permitió negociar un precio inferior al valor teórico. Entre otros problemas, la vivienda había estado ocupada ilegalmente y presentaba daños graves en suelos e instalaciones sanitarias, resultado de actos vandálicos.

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(Expansión, 23-07-2025)

El Ministerio de Hacienda revisará las medidas presuntamente aprobadas para favorecer a sectores

El Pleno extraordinario celebrado ayer en el Congreso de los Diputados se transformó en un nuevo escenario de intercambio de acusaciones por casos de corrupción entre los principales partidos. El PSOE, formación que lidera el actual Gobierno, enfrenta investigaciones que afectan a sus dos últimos secretarios de organización, presuntamente implicados en el cobro de comisiones por adjudicaciones de obras. Por su parte, el Partido Popular se ve salpicado por la imputación de su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien está siendo investigado por presuntamente favorecer a empresas que contrataban con el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico. En medio de este contexto, y bajo presión de sus propios aliados parlamentarios, el Ejecutivo actual busca desligarse de las actuaciones llevadas a cabo durante la etapa de Montoro al frente de Hacienda. En particular, el Ministerio de Hacienda está revisando reformas legales impulsadas en su mandato que podrían haber sido diseñadas para beneficiar a determinados sectores empresariales a cambio de compensaciones económicas. Uno de los casos señalados es el de empresas del sector energético, como las gasísticas, según se desprende de la causa judicial en curso, según fuentes oficiales. Después de siete años de investigación bajo secreto de sumario, un juez de Tarragona decidió la semana pasada imputar a Montoro y a otras 27 personas, entre ellas buena parte del equipo directivo del Ministerio de Hacienda de la época y de la cúpula de Equipo Económico. Según el sumario, algunas compañías gasísticas habrían obtenido en 2014 una bonificación del 85% en el impuesto eléctrico tras pagar hasta 270.000 euros al despacho fundado por el exministro. Además, se investigan posibles acuerdos similares con empresas del sector de la construcción y del juego. Ante las presiones de su socio en el Gobierno, Sumar, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tomó medidas la semana pasada y destituyó a dos altos cargos involucrados en el caso: Óscar del Amo, que ejercía como subdirector general de Tributos Locales, y Rogelio Menéndez, director financiero de Loterías y hermano del también imputado exdirector de la Agencia Tributaria, José María Menéndez. Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa investigando si la red liderada por Montoro no solo facilitó beneficios fiscales personalizados, sino también la obtención de contratos públicos. Según un informe citado por Europa Press, los correos electrónicos analizados sugieren que Equipo Económico fue contratado por ciertas empresas con el objetivo de lograr modificaciones legislativas que les permitieran ventajas fiscales. Primero, con el impuesto eléctrico en 2014, y posteriormente con el de actividades económicas en 2018. La investigación plantea que esta dinámica podría haberse mantenido en el tiempo y haberse extendido a otras industrias, que también habrían obtenido ventajas fiscales o contratos públicos gracias a la influencia del despacho dentro de la Administración.

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