(Expansión, 12-01-2026)
Montero plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar la financiación autonómica
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio a conocer este viernes la propuesta para renovar el sistema de financiación autonómica, una reforma pendiente desde 2014. "Se trata de un compromiso adquirido al inicio de la legislatura y en el que llevamos tiempo trabajando", afirmó la dirigente socialista al comenzar su intervención. La propuesta supondría que las comunidades autónomas cuenten con cerca de 21.000 millones de euros más con el nuevo modelo vigente, reduciendo de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante ajustado a costa de aumentar la cesión de impuestos a las regiones. La financiación autonómica, por tanto, pasaría en 2027 a ascender a 224.507 millones frente a los 152.484 del ejercicio 2023, el último completamente liquidado. "Para esto sirve el récord de recaudación", ha reivindicado Hacienda. En concreto, el modelo supone, concretamente, elevar la cesión de la recaudación del IRPF del 50% al 55%; aumentar la del IVA del 50% al 56,5%; manteniendo el 58% la entrega de los Impuestos Especiales; así como el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre Medios de Transporte, los del juego, así como las tasas y el impuesto sobre la electricidad. En conjunto, el plan elevaría en 16.000 millones de euros los recursos de las comunidades autónomas de estar en vigor en el año 2027. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema permitirá que las comunidades reciban 21.000 millones de euros adicionales en 2027. Para el próximo ejercicio, el volumen total de recursos del sistema alcanzaría los 224.507 millones de euros. La presentación del modelo se produjo un día después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien avanzó que su formación y el Ejecutivo habían alcanzado un "buen acuerdo" que aseguraría una mayor financiación para todos los territorios. El proceso continuará con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles, en el que Montero se reunirá con los responsables de Hacienda de todas las comunidades autónomas, muchos de los cuales ya han expresado su descontento por la negociación bilateral con Cataluña. Posteriormente, se abrirán encuentros bilaterales con cada comunidad y, una vez culminada esta fase, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros para iniciar su tramitación como ley orgánica en el Congreso. "Confiamos en que los plazos permitan que el nuevo modelo esté operativo el próximo año", indicó la vicepresidenta. El punto de partida es el cálculo de la población ajustada, teniendo en cuenta el sobrecoste que algunos territorios encaran para costear los servicios a sus ciudadanos, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica, la insularidad o el sobrecoste de atención a una población de mayor edad. Montero ha recordado que en su momento ya trató de consensuar este cálculo con las comunidades autónomas, que reaccionaron situándose en bloques enfrentados atendiendo a sus intereses contrapuestos. En esta ocasión, Hacienda ha diseñado un nuevo modelo de cálculo en base a la población empadronada (con un peso del 30%), la población protegida equivalente (38% del peso relativo) se fijan en función de los tramos de edad, lo que determina el gasto sanitario necesario; la educación primaria, secundaria y de alumnos desplazados (20,5% en total); y los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación 8,5%). Finalmente, el modelo da un peso del 1,6% a la superficie de la población, del 0,5% a la dispersión de la población; un 0,5% a la insularidad y un 0,4% a los costes fijos. Aunque la base del cálculo es el coste en sanidad, educación y servicios sociales, Montero ha aseverado que el sistema beneficia especialmente a las regiones que encarar el reto de la despoblación. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros (incluyendo los 16.000 millones vía impuestos), para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid. A partir de ahí, el sistema pasa por nivelar el 75% entre la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. De esta forma, ha explicado Montero, "las que están por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". El objetivo es recudir las diferencias entre territorios. Actualmente las diferencias de financiación por habitante ajustado ascienden a 1.500 euros, lo que Montero ha calificado de inaceptable. Aplicada esta nivelación horizontal entre territorios, llega un ajuste vertical con aportaciones del Estado, por 19.000 millones de euros, para limar diferencias, teniendo en cuenta que la región con más recursos es la de Madrid.
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