(El País, 14-04-2026)
Bruselas flexibilizará las ayudas de Estado para facilitar la respuesta a la crisis desatada por la guerra en Oriente Próximo
La Comisión Europea está ultimando su estrategia para hacer frente a la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. Entre las medidas previstas figura una ya habitual en este tipo de situaciones: flexibilizar las normas sobre ayudas públicas -como subvenciones, incentivos fiscales o financiación en condiciones favorables- para facilitar que los gobiernos respalden a las empresas. Así lo anunció la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, tras una reunión del Colegio de Comisarios centrada en el impacto económico del conflicto en el golfo Pérsico. En ese contexto, señaló que, en apenas 44 días desde el inicio de la guerra, el coste de los combustibles fósiles para la Unión Europea ha aumentado en 22.000 millones de euros. Hace semanas, los líderes europeos ya pidieron a la Comisión que preparara un conjunto de medidas para afrontar el encarecimiento del petróleo y del gas natural licuado. Aunque el plan aún no se ha presentado oficialmente, ya se ha fijado la fecha: el 22 de abril. Al día siguiente, Von der Leyen expondrá sus líneas generales en una cumbre informal en Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2026. La presidenta subrayó que las acciones que adopten los Estados deben ser concretas, rápidas y limitadas en el tiempo. Es decir, deben centrarse en los colectivos más afectados, aplicarse de forma inmediata y no prolongarse más de lo necesario. Entre estos grupos vulnerables se incluyen tanto los hogares con menos recursos como las empresas más perjudicadas por el aumento de los precios energéticos. Desde Bruselas también se insiste en aprender de la experiencia reciente, cuando tras la invasión rusa de Ucrania se aprobaron amplios paquetes de ayudas que incrementaron notablemente el gasto público en un momento delicado tras la pandemia. Aquellas decisiones contribuyeron a deteriorar las cuentas públicas y obligaron a mantener suspendidas las reglas fiscales durante más tiempo del previsto. En esta ocasión, la Comisión no contempla por ahora relajar esas normas fiscales, pero sí quiere facilitar que los países puedan conceder ayudas mediante una mayor flexibilidad en la normativa vigente. Este es uno de los aspectos más novedosos del planteamiento actual. Además, Von der Leyen recordó otras iniciativas ya en marcha, como el ajuste del sistema de derechos de emisión de carbono para mejorar la estabilidad de precios sin perder su efecto incentivador, o su futura revisión a mediados de 2026. También señaló que existe margen para reducir impuestos sobre la electricidad y abaratar los costes de las redes energéticas. La Comisión aprovecha esta crisis para insistir en la necesidad de reducir la dependencia de combustibles importados y avanzar hacia una mayor electrificación de la economía. En este sentido, se pretende fomentar el uso de la electricidad frente a los hidrocarburos. Por ello, Bruselas se muestra crítica con medidas como la reducción del IVA a los combustibles aplicada en algunos países, al considerar que incentivan el consumo en lugar de promover el ahorro energético. Finalmente, la estrategia europea pone el foco en los recursos propios, especialmente la electricidad generada mediante energías renovables y nuclear. Según la Comisión, estas fuentes garantizan mayor autonomía, estabilidad y seguridad energética. A largo plazo, la clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles pasa por modernizar el sistema energético, acelerar el despliegue de estas tecnologías y avanzar decididamente en la electrificación.
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