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(Expansión, 15-09-2025)

La Seguridad Social inyecta 2.200 millones extra para poder cubrir el coste de las bajas laborales

El fuerte aumento del absentismo laboral ha provocado que, en apenas siete meses, se agote el presupuesto anual (prorrogado) destinado a cubrir las bajas, lo que ha obligado al departamento de Elma Saiz a incrementarlo en casi un 20% para poder hacer frente a los pagos. El gasto, que se ha duplicado desde la pandemia, es ya cuatro veces mayor que hace una década. El desembolso de la Seguridad Social por incapacidad temporal continúa disparado, reabriendo el debate sobre el impacto económico del absentismo. Aunque la ministra Saiz mantiene una mesa de negociación abierta con sindicatos y patronal, las medidas para reducir el coste de la segunda partida más abultada del sistema -solo por detrás de las pensiones- no figuran, de momento, entre las prioridades. Los últimos datos tampoco reflejan mejoras derivadas del acuerdo alcanzado en verano de 2024, que incluía la renovación de convenios entre servicios de salud y mutuas para derivar bajas por causas traumatológicas -las más frecuentes- y agilizar tratamientos y altas médicas. La aplicación avanza con lentitud: solo Asturias, Baleares y Cataluña han renovado esos acuerdos un año después. Este repunte del absentismo vuelve a situarse en el centro del debate económico justo en la semana en que el Congreso tumbó la reducción de la jornada laboral. Junts, que frenó la iniciativa estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, argumentó que el verdadero problema del mercado laboral no era el tiempo de trabajo, sino el fuerte absentismo, que lastra las cuentas públicas, encarece costes a las empresas y afecta a su productividad y competitividad. Según los datos de ejecución presupuestaria, hasta julio el Estado destinó 10.248 millones de euros a cubrir incapacidades temporales, un 13% más que en el mismo periodo de 2023. Esa cifra supone haber consumido casi todo lo previsto en las cuentas prorrogadas de 2023, fijadas en 11.764 millones. Ante esta insuficiencia, la Seguridad Social tuvo que añadir 2.202 millones adicionales, elevando el gasto total a 13.966 millones, es decir, un 19% más de lo inicialmente previsto. El incremento se enmarca en una tendencia sostenida al alza. Si se compara con 2019, antes de la pandemia, el gasto se ha duplicado (de 5.107 a más de 10.200 millones en el mismo periodo). Y en perspectiva de una década, respecto a 2015, el aumento es del 281%, casi cuatro veces más. El problema no solo impacta en las cuentas públicas. También repercute directamente en las empresas. Según cálculos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2025 el coste del absentismo laboral en España se incrementará en torno a un 10%, superando los 32.000 millones de euros, de los cuales la mitad -unos 16.000 millones- recaerán sobre las compañías.

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(El Economista, 15-09-2025)

Trabajo y los sindicatos se miran en el espejo italiano para intentar salvar su reforma del despido

El rechazo en el Congreso al proyecto de ley para reducir la jornada laboral no solo ha evidenciado la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición, sino que ha supuesto un golpe a la hoja de ruta diseñada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras sellar el acuerdo con Pedro Sánchez a finales de 2023. El fracaso de la propuesta de las 37,5 horas semanales parece enterrar definitivamente sus aspiraciones de impulsar una reforma del despido. Aun así, tanto la líder de Sumar como los sindicatos se reservan un plan alternativo, cada vez más inspirado en la experiencia de la legislación laboral italiana. Con el paso de la Legislatura, el PSOE ha dejado claro que no contempla modificar el actual sistema de indemnizaciones máximas por despido improcedente, aunque sí está dispuesto a revisar las causas de cese para alinearlas con la Carta Social Europea. Este fue el compromiso firmado con Sumar, aunque Díaz ha seguido un rumbo propio, en estrecha sintonía con las centrales sindicales. El debate sobre si las indemnizaciones basadas únicamente en la antigüedad compensan el perjuicio sufrido por los trabajadores ya estaba presente en los tribunales, donde algunas sentencias han reconocido cantidades superiores a los 33 días por año trabajado, amparándose en la Carta Social Europea y el Convenio 155 de la OIT. La estrategia sindical consistía en escalar el conflicto a nivel europeo, elevando el caso al Comité Europeo de Derechos Sociales para esquivar las resistencias socialistas frente a la reforma laboral de 2012. Aquella reforma redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores, aplicándose incluso a contratos previos, aunque sin carácter retroactivo. También facilitó la aplicación de las causas objetivas de despido (económicas, técnicas, organizativas o productivas), con indemnizaciones de 20 días por año y un tope de 12 mensualidades. El cambio supuso una notable rebaja de costes en plena crisis, y fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy sin consenso con patronal ni sindicatos. La firmeza de esa reforma fue aplaudida por la OCDE y la Comisión Europea, lo que explica que los ejecutivos posteriores del PSOE, tanto en solitario como en coalición con Unidas Podemos o Sumar, no hayan revertido esas medidas, salvo aspectos puntuales como el despido por absentismo, ya anulado por el Tribunal Supremo. Aunque Sánchez e Iglesias prometieron en su día una derogación completa, el marco de 2012 se mantuvo prácticamente intacto, a cambio de lograr un acuerdo tripartito para la reforma de 2021, que buscaba reducir la temporalidad y contó con respaldo internacional. En los últimos años, no obstante, el debate sobre las indemnizaciones ha vuelto a abrirse. Tras las denuncias de UGT y CCOO, el Comité Europeo de Derechos Sociales consideró que el límite actual vulnera la Carta Social Europea porque no compensa adecuadamente el daño sufrido. Paralelamente, algunos jueces españoles fallaron en la misma dirección, aunque el Supremo zanjó la cuestión este verano confirmando que la normativa nacional es compatible con los convenios internacionales y que no procede reconocer indemnizaciones superiores. Con este escenario, la única vía sería una reforma legal, algo que el PSOE descarta. La derrota de la reducción de jornada, además, hace improbable que el asunto llegue al Consejo de Ministros por iniciativa propia. Aquí es donde aparece el "plan B". Los sindicatos han anunciado un recurso al Constitucional contra la sentencia del Supremo. Aunque pueda parecer un gesto meramente simbólico, en realidad responde a una estrategia más amplia: reabrir el debate sobre el marco de despido, siguiendo la estela de Italia con la controvertida Jobs Act. La reforma impulsada por Matteo Renzi en 2014 eliminó la obligación de reincorporar al trabajador en caso de despido improcedente en empresas de más de 15 empleados, sustituyéndola por una indemnización tasada: inicialmente cuatro meses de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, cifra que más tarde se elevó. En 2018, el Constitucional italiano declaró inconstitucional el cálculo automático de la compensación solo por antigüedad, exigiendo mayor flexibilidad en función de las circunstancias, aunque sin cuestionar ni los topes ni la desaparición de la readmisión, salvo en casos de discriminación. A pesar de ello, la norma fue duramente criticada por sindicatos y oposición, e incluso denunciada ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en 2019 se pronunció contra los límites. Pero la Corte Constitucional italiana defendió que la Carta Social Europea es lo suficientemente abierta para admitir la legislación nacional y que las resoluciones de Estrasburgo no son vinculantes, argumentos similares a los esgrimidos por el Supremo español.

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