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(Expansión, 18-11-2025)

Hacienda se abre a ceder más del 50% de recaudación del IRPF y el IVA a las CCAA

El Ministerio de Hacienda presentará a comienzos del próximo año una propuesta para renovar por completo el sistema de financiación autonómica -un cambio pendiente desde 2014- con la que promete incrementar los recursos destinados a todas las comunidades, reconocer las particularidades de cada territorio y abrir la posibilidad de transferir a las autonomías una mayor parte de los impuestos estatales, además de garantizar que esos fondos se entreguen de manera inmediata. Así lo comunicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Adelantó también que su intención es convocar un nuevo Consejo monográfico para presentarles la reforma "entre enero y febrero" de 2026. Montero recordó que ya intentó abordar esta reforma a finales de 2021, cuando envió a las comunidades una propuesta de revisión de la población ajustada considerando factores como la despoblación, la dispersión geográfica o la insularidad, como base para actualizar el reparto de fondos. Sin embargo, explicó que "las comunidades no renunciaron a sus posiciones de máximos, lo que impidió alcanzar un acuerdo", incluso entre territorios gobernados por el mismo partido. Por ello, esta vez Hacienda optará por "presentar el modelo completo de una sola vez", mostrando el impacto final que tendría para cada autonomía. La vicepresidenta precisó que el planteamiento inicial garantiza que "ninguna comunidad autónoma saldrá perdiendo: el sistema dispondrá de más recursos para sanidad, educación, servicios sociales o dependencia". Subrayó que será aplicable a todas las regiones de régimen común, aunque incorporará las particularidades territoriales que correspondan. De este modo, aclaró, permitirá integrar el acuerdo de financiación específica alcanzado para Cataluña entre PSC y ERC. Montero añadió que el nuevo sistema "reflejará de manera explícita la solidaridad entre territorios, con criterios claros y transparentes" y que "otorgará más capacidad normativa a las comunidades dentro de un marco de responsabilidad fiscal y respeto a su autonomía". Esto implica aumentar el porcentaje de impuestos cedidos a las regiones -que actualmente reciben el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales- aunque evitó adelantar cifras. Al mismo tiempo, Hacienda prevé poner fin al sistema de entregas a cuenta, reemplazándolo por transferencias inmediatas de la parte de los tributos que corresponda a cada comunidad. Además, señaló que el nuevo modelo reducirá las desigualdades actuales en financiación por habitante ajustado. La diferencia entre la comunidad con menor dotación y la mejor financiada asciende hoy a 1.005 euros por persona, algo que, afirmó, "no se justifica bajo ningún criterio". En paralelo, Montero explicó que el plan contempla la "implantación de un modelo de gestión en red" entre las administraciones tributarias autonómicas y la Agencia Tributaria estatal, con el que las comunidades irán asumiendo más competencias en esta materia, lo que daría cobertura también al denominado cupo catalán. Finalmente, la ministra se declaró partidaria de establecer medidas que desincentiven el dumping fiscal, es decir, la reducción de impuestos para competir con otras autonomías, lo que podría incluir penalizaciones en la financiación de los territorios que apliquen bajadas de tributos. Las reacciones desde los gobiernos autonómicos del PP no se hicieron esperar. "Es indignante que hablen de bilateralidad y singularidades", criticó la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España. Por su parte, la consejera madrileña, Rocío Albert, tachó la propuesta de "maremágnum" y acusó a Montero de "no tener nada preparado" y de intentar "contentar a todos para postularse como candidata a la Junta de Andalucía y cumplir con Cataluña".

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(El País, 18-11-2025)

El Gobierno ofrece a las comunidades un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028

El Ministerio de Hacienda planteó este lunes a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada uno de los ejercicios entre 2026 y 2028. Así lo indican fuentes conocedoras de la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde el Ministerio y los responsables regionales de Hacienda analizan cuestiones relacionadas con las cuentas autonómicas. Este objetivo amplía en unos 5.500 millones la capacidad de gasto de los gobiernos regionales, pero sigue sin satisfacer a las autonomías gobernadas por el PP -mayoritarias-, que reclaman que antes se aborde una reforma profunda del sistema de financiación. Hacienda ha reunido a las comunidades para comunicarles los objetivos de déficit y deuda, así como el límite de crecimiento del gasto para el periodo 2026-2028; elementos esenciales para poder elaborar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los presupuestos autonómicos. Sin embargo, el orden del día no incluye avanzar de forma sustancial en la reforma del modelo de financiación, pendiente desde hace más de diez años y reivindicada continuamente por los gobiernos regionales. Aunque Hacienda ha incorporado un punto para debatir sobre el sistema de financiación, fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero adelantan que no se presentará un nuevo modelo completo, sino que se retomará el diálogo. Ya en 2021, el Gobierno esbozó una propuesta centrada en revisar la población ajustada -una variable clave para repartir los fondos entre autonomías-, pero aquella iniciativa no prosperó. El Ejecutivo tampoco ha conseguido que el Congreso apruebe la senda de déficit en los últimos años, lo que ha obligado a prorrogar los Presupuestos desde 2023. El último rechazo, con los mismos objetivos que ahora se ponen sobre la mesa, vino de Junts, que tras distanciarse del acuerdo de investidura amenaza con bloquear de nuevo las metas fiscales cuando lleguen al Parlamento. "Estamos ante una situación de bloqueo", expresó la consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino (PP), antes de entrar en la reunión. Su homólogo asturiano, Guillermo Peláez (PSOE), señaló por su parte que confían en que el encuentro se desarrolle "con lealtad y respeto institucional", destacando que la fijación de la regla de gasto es clave para elaborar los presupuestos. La consejera andaluza, Carolina España (PP), mostró su escepticismo por el retraso en comunicar los objetivos de estabilidad, que deberían haberse conocido antes del 30 de junio. Afirmó además que Andalucía ya tiene aprobado el presupuesto de 2026, pero ha tenido que hacerlo sin conocer los límites fiscales. "Es un auténtico desgobierno que llega tarde y mal", criticó. Andalucía también ha insistido en la reforma urgente del sistema de financiación y en evitar acuerdos bilaterales que generen privilegios, en referencia a Cataluña. España recordó que, si se aborda una reforma, habría que partir de los "4.000 millones que le faltan a Andalucía", una cifra que la propia Montero defendía cuando era consejera. Asimismo, calificó la senda del déficit como "incoherente", al considerar que no tiene sentido permitir más endeudamiento autonómico mientras se plantea condonar 83.000 millones de deuda y se alcanza un acuerdo con ERC que definió como "chantaje". El consejero murciano, Luis Alberto Marín (PP), calificó la reunión de "día de la marmota", asegurando que acuden esperando una reforma del sistema pero convencidos de que será "un monólogo de la ministra para contentar a sus socios". Recordó además que el PP gobierna en 14 territorios y que esto les da "legitimidad moral" para que se atiendan sus demandas. "Seremos combativos con la reforma del sistema", concluyó. La consejera de Madrid, Rocío Albert, también insistió en el retraso en fijar los objetivos de déficit y criticó que el orden del día sea "un mero trámite" para que Hacienda pueda sacar adelante su propuesta ahora que el Gobierno aspira a presentar los Presupuestos. En el CPFF, Hacienda tiene asegurado el respaldo necesario para aprobar la senda, ya que solo necesita el voto de una comunidad, apoyo que garantizan Cataluña y otras dos autonomías socialistas. El reto real será su paso por el Congreso. Aunque el Gobierno ya no depende del Senado -donde la oposición mantiene la mayoría-, la aprobación sigue siendo compleja tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo. Hacienda también ha revisado al alza las entregas a cuenta para 2026, los anticipos que reciben las comunidades en función de las previsiones económicas y de recaudación. En julio se comunicó que ascenderían a 156.990 millones, pero ahora se elevan a 157.731 millones, la cifra más alta de la historia y un 7% más que este año. Según fuentes ministeriales, esta actualización se debe al buen comportamiento de la economía. De hecho, el Gobierno elevará mañana su previsión de crecimiento del 2,7% al 2,9%. Sumando las entregas a cuenta y la liquidación prevista de 2024, la financiación total para las comunidades en 2026 alcanzará los 170.300 millones, un 7,7% más que en 2025.

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