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(Expansión, 01-06-2026)

Hoy decaen las rebajas fiscales temporales a la luz y el gas por la guerra de Irán

Las rebajas fiscales aplicadas por el Gobierno a la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña para contener el impacto de la guerra de Irán sobre los precios dejan de estar vigentes desde hoy, coincidiendo con el inicio de junio y pocos días después de conocerse la moderación de la inflación en abril. El Ejecutivo considera que esta evolución demuestra la eficacia de las medidas adoptadas, ya que calcula que, sin el plan de respuesta puesto en marcha, la inflación habría alcanzado el 4,2% en abril, un punto más de lo registrado finalmente. Desde el Gobierno destacan que el paquete de ayudas ha servido para amortiguar las consecuencias del encarecimiento energético y proteger el poder adquisitivo de las familias en un contexto marcado por fuertes subidas de precios, especialmente en la energía y en materias primas esenciales para la producción alimentaria que atraviesan el estrecho de Ormuz, todavía afectado por las tensiones derivadas del conflicto bélico iniciado a finales de febrero. Con la finalización de estas medidas, el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve desde hoy al 5,11%, después de haberse reducido temporalmente al 0,5%. Asimismo, el IVA aplicado a la luz, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña regresa al tipo general del 21%, tras haberse rebajado al 10% desde el pasado 20 de marzo. La retirada de estas rebajas estaba contemplada en la cláusula de desactivación incluida en el plan gubernamental. Dicha cláusula establecía que las medidas dejarían de aplicarse si en abril la inflación de los carburantes, la electricidad y el gas descendía por debajo del 15%. Esta condición se ha cumplido en el caso de la electricidad, cuyos precios bajaron un 4,3% en abril, y del gas natural, que registró una caída del 9,6%. Según el Ministerio de Economía, dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, estos datos evidencian la capacidad del sistema energético español para resistir perturbaciones externas gracias al peso de las energías renovables, consideradas por el Ejecutivo como un "escudo" frente a los efectos económicos de la guerra. Pese a la retirada gradual de parte del paquete de ayudas, el Gobierno no descarta recuperar estas rebajas fiscales o aprobar nuevas medidas si la situación lo requiere. En este contexto, los sindicatos reclamaron la pasada semana revisar el salario mínimo interprofesional cada seis meses para adaptarlo con mayor rapidez a la evolución de los precios, además de impulsar nuevas ayudas, como un pago extraordinario de 300 euros para personas con rentas bajas. Todo ello ocurre en un escenario en el que algunas previsiones, entre ellas las de Funcas, alertan de que la inflación podría volver a acercarse al 4% durante el verano una vez desaparezcan por completo las medidas de apoyo. En cuanto a los carburantes, el Ejecutivo mantiene de momento las ayudas fiscales vigentes. Estas continuarán al menos hasta el 30 de junio, después de que en abril los precios de los combustibles siguieran situándose más de 15 puntos por encima del IPC. El pasado viernes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio a conocer un informe sobre el efecto de estas rebajas fiscales en los carburantes. El organismo concluye que las ayudas se han trasladado de manera generalizada a los precios finales. Según sus cálculos, el margen bruto se redujo en 0,83 céntimos por litro en la gasolina 95 y en 4,4 céntimos por litro en el diésel. La CNMC añade que únicamente se han detectado comportamientos potencialmente irregulares en alrededor de medio centenar de estaciones de servicio de las más de 10.500 analizadas, al haberse incrementado sus márgenes tras la entrada en vigor de las rebajas fiscales.

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(Expansión, 01-06-2026)

El Gobierno explora todas las vías para mejorar la gestión de los procesos de incapacidad temporal, y poner coto a las bajas laborales

El Ministerio de Seguridad Social ha impulsado recientemente una campaña dirigida a las empresas para recabar información más precisa sobre las tareas y funciones que desempeñan los trabajadores que se encuentran de baja laboral. La finalidad es que los servicios médicos dispongan de más datos a la hora de evaluar una posible reincorporación al puesto de trabajo. Con ello, se busca que los facultativos puedan emitir altas médicas más ajustadas a la realidad de cada empleo, evitando retrasos innecesarios y adecuando mejor los tratamientos. En marzo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) envió cartas informativas a distintas patronales para que trasladaran a las compañías de sus sectores la necesidad de detallar más los partes de incapacidad temporal. Según una de esas comunicaciones, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, médicos de atención primaria, facultativos de mutuas e inspectores médicos tanto de los servicios públicos de salud como del propio INSS carecen en muchos casos de información suficiente y fiable sobre las funciones concretas que realiza el trabajador. Esta falta de datos puede dificultar la gestión de las bajas y retrasar el regreso al empleo. Fuentes empresariales recuerdan que no es la primera iniciativa de este tipo puesta en marcha por el INSS. Desde enero de 2024, las compañías están obligadas a comunicar al organismo tanto el puesto de trabajo como la descripción de funciones de los empleados en situación de incapacidad temporal. Esta información debe enviarse mediante el fichero FDI o a través del servicio Incapacidad Temporal Online del sistema RED. El propósito es facilitar evaluaciones médicas más exactas y que las decisiones sobre mantener la baja o conceder el alta se adapten mejor a las características reales del puesto. Desde el ámbito empresarial consideran positiva esta insistencia de la Administración en reforzar estas prácticas, ya que entienden que un mayor conocimiento de las exigencias de cada empleo puede acelerar determinados procedimientos. Esto, añaden, también ayuda a reducir el impacto económico y organizativo que generan las ausencias prolongadas. El INSS advierte, sin embargo, de que la información aportada por muchas empresas sigue siendo insuficiente. Según el organismo, solo el 70% de los procesos de incapacidad temporal registrados el año pasado incluían cumplimentados los apartados relativos al "puesto de trabajo" y a la "descripción de funciones". Además, en numerosos casos los datos facilitados eran demasiado genéricos o carecían del detalle necesario. En las cartas remitidas, el Instituto subraya que esta información resulta clave para mejorar el control de la incapacidad temporal y facilitar un diagnóstico más preciso sobre las limitaciones reales de cada trabajador para desarrollar su actividad profesional concreta, más allá de las referencias generales de la clasificación nacional de ocupaciones o de lo que pueda indicar el propio empleado. Según el INSS, disponer de estos datos también favorece una reincorporación más adecuada y segura para la salud del trabajador. El organismo dependiente de Seguridad Social apunta asimismo que todavía hay muchas empresas que dejan esos apartados sin completar o utilizan descripciones excesivamente vagas, limitándose a expresiones como "las tareas propias de su puesto". La falta de precisión puede traducirse en bajas más largas de lo necesario. De acuerdo con datos de las mutuas de accidentes de trabajo, la duración media de los procesos de incapacidad temporal alcanzó en 2025 los 42,55 días, ligeramente por debajo del año anterior, aunque todavía por encima de los niveles de hace diez años. Esto refleja las dificultades para acortar los periodos de recuperación. A ello se suma el aumento del número de procesos. Según AMAT, en 2025 se registraron 9,16 millones de bajas laborales, un 7% más que el ejercicio anterior y un 133% más que hace una década, lo que supone más del doble.

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