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(Expansión, 09-01-2026)

Subidas fiscales de hasta un 40% en la plusvalía municipal de 2026

El Ejecutivo ha revisado los coeficientes del impuesto con el objetivo de alinearlos con la situación actual del mercado, una decisión que penaliza las transmisiones de viviendas compradas hace alrededor de diez años y beneficia a quienes han mantenido la propiedad durante más de 17. El ejercicio arranca en el sector inmobiliario con especial atención a la fiscalidad municipal. El Gobierno ha vuelto a poner el foco en la actualización de los coeficientes utilizados para calcular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal, una modificación recogida en el reciente Real Decreto-ley 16/2025. Esta normativa, aplicable al impuesto desde el 1 de enero de 2026, configura un panorama claramente desigual, con contribuyentes favorecidos y otros claramente perjudicados. Mientras las operaciones realizadas en plazos intermedios afrontarán un notable aumento de la carga fiscal, los propietarios de largo recorrido disfrutarán de una reducción del impuesto. La explicación oficial de esta reforma es garantizar que la base imponible del tributo "se adecúe en todo momento a la realidad del mercado inmobiliario", teniendo en cuenta la evolución efectiva de los precios de compraventa. No obstante, en la práctica, el ajuste supone un incremento generalizado de los coeficientes para la mayoría de los periodos de generación inferiores a los 15 años. De acuerdo con la nueva tabla publicada, el mayor impacto negativo recaerá sobre quienes vendan inmuebles adquiridos hace unos diez años. El ejemplo más destacado es el de las transmisiones con un periodo de generación de nueve años, cuyo coeficiente aumenta de 0,15 a 0,21, lo que implica una subida del 40%. Este endurecimiento fiscal no se limita a un único supuesto. Las ventas de viviendas con diez años de antigüedad verán incrementada su tributación en un 33,33%, mientras que las de once años soportarán un alza del 30%. Incluso los plazos más cortos, como los siete años, registrarán un aumento del 10%. Estas subidas reproducen el intento del Gobierno de elevar los coeficientes en 2024 a través del RDL 9/2024, una iniciativa que finalmente no prosperó al no obtener el respaldo del Parlamento. En el lado opuesto se sitúan los propietarios de largo plazo. La nueva regulación favorece la tenencia prolongada, introduciendo reducciones en los coeficientes a partir de los 17 años de propiedad. El mayor alivio fiscal se da en los inmuebles con un periodo de generación igual o superior a 20 años, cuyo coeficiente se reduce un 12,5%, pasando de 0,40 a 0,35. La aplicación de estas modificaciones no está exenta de incertidumbre. Al tratarse de un Real Decreto-ley, su vigencia definitiva queda supeditada a la convalidación parlamentaria, lo que reabre un escenario de inseguridad jurídica similar al experimentado el año anterior. Por ello, los especialistas recomiendan actuar con cautela y planificar cuidadosamente las operaciones. Cabe recordar que la plusvalía municipal ha sufrido importantes cambios tanto a nivel judicial como normativo en los últimos años. El momento clave se produjo a finales de 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló el antiguo método de cálculo objetivo, que partía de la premisa de que el suelo urbano siempre aumentaba de valor con el paso del tiempo, al margen de la coyuntura económica. Esta sentencia obligó al Gobierno a reformar de urgencia el impuesto para evitar un vacío legal en la financiación municipal, dando lugar al sistema actualmente vigente y ahora objeto de revisión.

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(Expansión, 09-01-2026)

Hacienda ofrecerá hoy más fondos a todas las CCAA tras pactar la propuesta de financiación autonómica con ERC

El Ejecutivo ha optado por cerrar previamente un pacto con ERC antes de hacer pública este jueves su propuesta global para reformar el sistema de financiación autonómica. El nuevo esquema recibió el visto bueno este miércoles en una reunión en La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, quien destacó tras el encuentro que el modelo permitirá que Cataluña disponga de 4.700 millones de euros adicionales, lo que supone un incremento del 12%, y que un aumento similar se trasladará al resto de comunidades, por lo que, a su juicio, "beneficiará a todos". El eje central de la reforma consiste en garantizar más recursos a todas las autonomías mediante una mayor cesión de ingresos tributarios desde el Estado. "Existe un acuerdo entre ERC y el Gobierno sobre el modelo de financiación", afirmó Junqueras ante los medios a la salida de La Moncloa, tras su primer encuentro con Sánchez en la residencia oficial desde que se ha visto beneficiado por la Ley de Amnistía vinculada al procés. Con este gesto, el presidente busca afianzar un respaldo parlamentario clave en la fase final de una legislatura especialmente tensa. No obstante, Junqueras puntualizó que ERC no se sentará a negociar los Presupuestos Generales hasta que se materialice el traspaso del IRPF a Cataluña. En cualquier caso, el dirigente republicano subrayó la relevancia del acuerdo alcanzado para rediseñar el reparto de los recursos autonómicos. Defendió que se trata de "un buen sistema de financiación, en el que nadie sale perjudicado y todos resultan beneficiados", especialmente los servicios públicos, como la sanidad y la educación, así como el tejido productivo, los trabajadores, las empresas y las familias. Asimismo, avanzó que la propuesta completa sería presentada hoy por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Junqueras advirtió de que, si el acuerdo no prospera o no obtiene el respaldo del Congreso, las consecuencias negativas recaerán sobre empresas, trabajadores y familias de todo el país. Estas declaraciones llegan en un contexto de críticas por parte de Junts, que reprocha el enfoque de "café para todos", y del PP, que acusa al Gobierno de diseñar un sistema a medida de los partidos independentistas. El líder de ERC puso especial énfasis en el principio de ordinalidad, uno de los pilares del pacto. Según explicó, este criterio garantiza que si Cataluña ocupa una determinada posición en aportación de recursos, mantendrá ese mismo lugar en la recepción de fondos. A partir de este principio, detalló que el nuevo modelo supondría una aportación adicional anual de 4.700 millones de euros a la Generalitat, lo que elevaría su capacidad presupuestaria en un 12%, con incrementos similares para el conjunto de las comunidades autónomas. Junqueras defendió que se trata de un acuerdo relevante para corregir la histórica infrafinanciación del arco mediterráneo, cuyas consecuencias, afirmó, se reflejan en la calidad de los servicios públicos, la atención sanitaria, el sistema educativo y el transporte. El dirigente republicano recordó que la puesta en marcha del nuevo sistema requerirá una votación en el Congreso, en la que será imprescindible el apoyo de diversas fuerzas políticas. Por ello, insistió en que el acuerdo debe resultar beneficioso tanto para los distintos grupos como para la ciudadanía de sus respectivos territorios. Desde el Ministerio de Hacienda se parte de la premisa de que todas las comunidades deben mejorar su financiación respecto a la situación actual. En lugar de redistribuir los mismos recursos, la intención del departamento que dirige Montero es ampliar el volumen total disponible para que todas las regiones reciban más fondos. Para lograrlo, la fórmula planteada pasa por aumentar el porcentaje de cesión a las comunidades de los principales impuestos: más del 50% del IRPF, del 50% del IVA y del 58% de los Impuestos Especiales, a costa de reducir la parte que retiene la Administración central. Dado que actualmente el volumen de recursos transferidos ronda los 150.000 millones de euros, una subida generalizada en torno al 12% implicaría movilizar cerca de 18.000 millones de euros adicionales.

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