GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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ÚLTIMAS NOTICIAS

(Expansión, 06-06-2025)

CCAA y municipios claman al Gobierno por 25.000 millones de financiación

Hoy se celebra en Barcelona la Conferencia de Presidentes, en la que Pedro Sánchez se reúne con los líderes de las comunidades autónomas y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Gobierno central espera centrar el encuentro en su nuevo plan para triplicar la inversión en vivienda pública, aunque las exigencias de las regiones y los ayuntamientos han ampliado considerablemente la agenda, destacando especialmente el tema de la financiación. Las comunidades autónomas y las entidades locales reclaman con urgencia al Ejecutivo la transferencia de 25.000 millones de euros correspondientes a la actualización de los recursos para los ejercicios 2024 y 2025, aún pendiente por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Entre los ocho puntos del orden del día, el primero -y uno de los más relevantes- es la "actualización inmediata de las entregas a cuenta", un asunto impulsado por las autonomías gobernadas por el PP, que actualmente son mayoría. Además, se debatirá sobre la financiación autonómica y la posible condonación de parte de la deuda regional. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, enfatizó la necesidad de que se incluya también la financiación local, advirtiendo que ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales enfrentan una situación de "emergencia". La principal petición que tanto comunidades como ayuntamientos trasladarán hoy a Sánchez es la resolución del pago pendiente de 11.000 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta de 2024, cuya ejecución quedó en suspenso debido a la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2023. Aunque el Gobierno se comprometió a abonar esta cantidad, el intento de hacerlo a través del Real Decreto-ley ómnibus fracasó en el Parlamento, al ser rechazado por PP, Vox y Junts. Desde entonces, aunque algunas de las medidas contenidas en ese decreto han sido recuperadas, la actualización de las entregas a cuenta no ha sido reactivada. Según datos del Ministerio de Hacienda, las comunidades han dejado de percibir 9.665,2 millones de euros, de los cuales 1.910 millones corresponden a Cataluña, 1.828 a Andalucía, 1.286 a Madrid y 814 a la Comunidad Valenciana. Solo las regiones gobernadas por el PP acumulan una falta de ingresos de unos 7.000 millones. Los ayuntamientos, por su parte, reclaman otros 1.165 millones. Aunque PSOE y ERC llegaron recientemente a un acuerdo para desbloquear esta situación en el ámbito municipal, aún no se ha fijado un calendario concreto. Se espera que la Conferencia de Presidentes sirva para aumentar la presión política y acelerar el desbloqueo del pago correspondiente a 2024. Sin embargo, al añadir la actualización de 2025, la deuda total con comunidades y entidades locales se aproxima ya a los 25.000 millones. A pesar de que el Gobierno aseguró que la prórroga presupuestaria para este año sería temporal y que presentaría unas nuevas cuentas para 2025, los plazos se agotan, ya que debe preparar ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que deberá estar listo antes de que finalice septiembre. Así, queda también pendiente decidir cómo se abordará la actualización de las entregas a cuenta de 2025, que podría resolverse mediante otro Real Decreto-ley. Aunque Hacienda aún no ha revelado el importe estimado, se espera que supere ampliamente los 11.000 millones de 2024, debido al crecimiento económico. El Gobierno deberá decidir si afronta ambos pagos de forma conjunta, si los separa, o si continúa aplazando la actualización de los fondos pendientes.

(Expansión, 06-06-2025)

La financiación singular prometida a Cataluña "es inconstitucional porque rompe la multilateralidad, que es la base del régimen común"

Un informe jurídico encargado por la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) advierte que la financiación diferenciada prometida a Cataluña sería contraria a la Constitución, ya que vulneraría el principio de multilateralidad que sustenta el régimen común de financiación autonómica. La esperada reforma del sistema territorial de financiación, pendiente desde hace más de diez años, se ha convertido en el tema más espinoso del debate actual, especialmente tras el acuerdo entre el PSOE y los partidos independentistas que contempla otorgar a Cataluña una soberanía fiscal similar a la de las comunidades forales, como el País Vasco y Navarra. Esta posibilidad ha generado un fuerte rechazo entre los presidentes autonómicos -incluso más allá de los gobernantes del PP- por considerar que desmantelaría el principio de solidaridad entre territorios y atentaría contra la igualdad entre ciudadanos. El texto elaborado por César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, sostiene que la propuesta de una especie de "cupo catalán" no tiene encaje constitucional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara al cerrar la puerta a que comunidades del régimen común puedan disfrutar de un régimen similar al foral. Aunque reconoce que el actual modelo de financiación necesita una reforma urgente por sus múltiples deficiencias, insiste en que cualquier modificación debe realizarse bajo el principio de multilateralidad, es decir, con la participación de todas las comunidades autónomas. El informe, al que ha tenido acceso el diario Expansión, subraya que el principio de cooperación constitucional exige que las decisiones que afecten a la financiación territorial se adopten de manera conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, no mediante acuerdos bilaterales como los mantenidos con Cataluña. De aplicarse un modelo singular, y según los cálculos expuestos en el documento, la Generalitat podría recibir hasta 52.000 millones de euros anuales, el doble de lo que obtiene actualmente. Esto implicaría un descenso de los ingresos estatales superiores a los 25.000 millones, lo cual, a juicio del informe, afectaría seriamente a la financiación del resto de regiones y a los recursos públicos disponibles, o bien obligaría a subir los impuestos al resto de ciudadanos. El análisis recalca que la bilateralidad en materia financiera solo es válida para los territorios forales y no puede extenderse a comunidades como Cataluña, que forma parte del régimen común. También advierte del riesgo de que la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial quede subordinada a lo que decida unilateralmente la propia Generalitat. Además, el informe examina los límites a la autonomía financiera de las comunidades, garantizada por la Constitución en su artículo 156, en donde se establece que dicha autonomía debe ejercerse en coordinación con la Hacienda estatal y en base al principio de solidaridad entre todos los españoles. García Novoa critica que se haya llamado "armonización" a medidas que en realidad suponen un retroceso en la autonomía fiscal, como ocurrió con el impuesto sobre el Patrimonio, y advierte que podría repetirse con otros tributos cedidos. Aunque la reforma del sistema afecta a todas las comunidades del régimen común, Madrid es especialmente sensible al debate por ser la región que más contribuye al fondo de solidaridad interterritorial. De las tres comunidades que aportan más de lo que reciben -Madrid, Cataluña y Baleares-, la capital representa la mayor parte, con unos 6.000 millones de euros anuales, el triple que Cataluña. Aun así, ha visto disminuir su financiación efectiva por habitante ajustado. El documento sostiene que esta posición de liderazgo otorga a Madrid una legitimidad especial para oponerse a una financiación diferenciada para Cataluña y solicita al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que mantenga una postura firme en defensa del interés general y los principios constitucionales. Así lo expresó Antonio Barderas, director de la AMEF, quien pidió una reforma con visión de Estado y ajustada a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Finalmente, el informe desmonta las críticas por supuesto "dumping fiscal" al recordar que todas las comunidades tienen capacidad para bonificar impuestos cedidos, y niega que el "efecto capitalidad" justifique la mayor recaudación madrileña. Asegura que la proporción de empleo público en el PIB regional es incluso menor que en otras autonomías, y advierte que el verdadero problema de Madrid es la incapacidad del sistema vigente para generar suficientes recursos frente al crecimiento de su población.

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