(Expansión, 19-01-2026)
Hacienda se abre a compensar parte del alza del SMI en contratos públicos
El Ministerio de Hacienda se muestra dispuesto a conceder un mayor margen de maniobra al departamento de Trabajo en su intento de lograr que la patronal respalde el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. Según fuentes oficiales, el área dirigida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha planteado la posibilidad de realizar algún tipo de concesión a las organizaciones empresariales, permitiendo una compensación parcial en los contratos públicos como respuesta al aumento de la inflación y del SMI. Este cambio de postura por parte de Hacienda, que hasta ahora se había mostrado contraria a cualquier flexibilización, llevó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a suspender a última hora la reunión prevista con sindicatos y empresarios para negociar el salario mínimo. La decisión buscaba ganar tiempo para ampliar las conversaciones e intentar cerrar un acuerdo tripartito, algo que no se produce en esta materia desde el año 2020. Aunque Hacienda descarta modificar la Ley de Desindexación, que impide actualizar automáticamente los contratos públicos en función de la evolución de precios y salarios, sí ha iniciado conversaciones con Trabajo para analizar hasta qué punto se puede habilitar algún mecanismo de compensación parcial en determinadas contratas. Esta apertura se produce en un contexto en el que el Gobierno plantea elevar el salario mínimo un 3,1% este año, hasta situarlo en 17.094 euros anuales. Desde el ministerio que dirige Montero recuerdan que ya se asumió un coste relevante al aceptar la exención fiscal total del nuevo salario mínimo, ampliando la deducción específica creada el año anterior para evitar que los perceptores del SMI tengan que tributar por IRPF por primera vez. Tras este sacrificio recaudatorio, Hacienda está evaluando ahora qué impacto adicional podría asumir si se habilitan fórmulas de compensación más selectivas para los contratos públicos. Entre las alternativas que se estudian figura la posibilidad de cubrir parcialmente el aumento de los costes laborales que soportan las empresas que prestan servicios a la Administración y que se ven afectadas por la subida del salario mínimo. Se trata, sobre todo, de compañías vinculadas a sectores como la limpieza, la seguridad, la conserjería, el mantenimiento hospitalario o la restauración en centros educativos. En el ámbito de la construcción, por ejemplo, la normativa vigente ya permite revisar precios cuando se producen encarecimientos de materiales, aunque con límites claros: la compensación no puede superar el 20% del presupuesto y solo se activa si los costes aumentan al menos un 8%. Muchas de estas empresas operan mediante contratos de larga duración, que pueden extenderse hasta cinco años, y fijan sus precios sin poder anticipar incrementos salariales derivados de sucesivas subidas del salario mínimo. Esto genera, según el sector, un desfase significativo entre los ingresos previstos y los costes reales. Desde alianzAS, la confederación que agrupa a empresas de servicios esenciales, su presidente Javier Sigüenza advierte de que estas subidas suponen costes inesperados que afectan directamente a la sostenibilidad de las compañías. Añade que esta incertidumbre se traslada también a la negociación colectiva, al dificultar la previsión de los costes laborales futuros en los convenios. Sigüenza alerta además de que, en los casos en los que los márgenes son muy reducidos, algunas empresas podrían no ser capaces de absorber el aumento de los costes y verse abocadas al cierre. En el marco del diálogo social, la derogación de la Ley de Desindexación es una de las pocas reivindicaciones compartidas por sindicatos y organizaciones empresariales. En el sector de la construcción, ambas partes incluyeron en su último convenio una petición conjunta para modificar tanto esta ley como la de Contratos del Sector Público, con el objetivo de excluir la aplicación de la desindexación en los contratos públicos y recuperar un sistema de revisión de precios similar al existente antes de 2015, que tenga en cuenta también el coste de la mano de obra. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, señala que cuando los contratos públicos no se ajustan a la evolución real de los precios se producen retrasos e incluso abandonos de obras, una situación especialmente preocupante. A su juicio, la normativa debe adaptarse para proteger tanto a las empresas como a los trabajadores, y subraya la necesidad de que los mecanismos de revisión contemplen el conjunto de los costes laborales, ya que estos también pueden experimentar variaciones significativas más allá del salario mínimo.
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