(El País, 20-02-2026)
La nueva tasa de basuras provoca un alza histórica del 17,4% en el coste de la recogida de residuos
Los hogares en España están afrontando un encarecimiento sin precedentes en los servicios municipales de recogida de residuos. A lo largo de 2025, su coste medio aumentó un 17,4% respecto al año anterior, el mayor repunte anual registrado hasta ahora, según el Índice de Precios de Consumo (IPC). Esta subida coincide con la implantación del nuevo sistema de tasas que, desde septiembre, obliga a los ciudadanos a asumir íntegramente el coste real de la recogida y tratamiento de la basura, lo que ha provocado incrementos significativos en la mayoría de municipios. Este aumento contrasta con la evolución mucho más contenida de los precios en general. El IPC global subió un 2,7% en 2025, consolidando la moderación iniciada tras la crisis inflacionista derivada de la energía. Así, la tasa de basuras creció a un ritmo más de seis veces superior a la inflación media, situándose entre los incrementos más elevados de todas las partidas analizadas por el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, la gestión de residuos fue la quinta categoría que más se encareció ese año dentro del IPC, que examina cerca de 200 conceptos. Solo la superaron el chocolate y el cacao, el café, la joyería y relojes, y los huevos, productos especialmente afectados por las recientes tensiones de costes. Otra forma de medir este fenómeno es mediante el índice base 100 que utiliza el INE para comparar periodos. Si el nivel 100 corresponde a los precios de 2025 y durante la última década la categoría de basuras se había movido entre 80 y 85 puntos, el salto hasta la cifra actual evidencia la magnitud del encarecimiento acumulado, concentrado sobre todo en el último año. Este fuerte incremento responde a un cambio profundo en la financiación del servicio. Tradicionalmente, los ayuntamientos asumían parte de los gastos con cargo a sus presupuestos, lo que permitía mantener tasas bajas o incluso inexistentes. El nuevo marco legal, sin embargo, obliga a cubrir el coste completo mediante tasas específicas, trasladándolo directamente a los usuarios. La mayoría de consistorios aplicaron estas medidas en la segunda mitad de 2025, lo que se tradujo en subidas interanuales superiores al 30% en los últimos meses del año. Además, la recogida de residuos pesa cada vez más en el cálculo del IPC, lo que refleja su creciente impacto en la economía doméstica. En 2025 representaba 3,072 puntos por cada 1.000 del índice total (aproximadamente un 0,3%), y en 2026 ha aumentado hasta 3,433. Estas ponderaciones dependen del gasto que los hogares destinan a cada servicio, lo que indica que las familias dedican una proporción cada vez mayor de su presupuesto a este concepto. Las subidas han sido especialmente acusadas en los municipios donde antes el coste no se cobraba de forma directa. En estos casos, los vecinos han empezado a pagar explícitamente un servicio que antes se financiaba mediante otros impuestos locales. La fundación ENT, una de las pocas organizaciones privadas que analiza estas tasas en España, calcula diferencias de hasta 230 euros anuales entre capitales de provincia: mientras un hogar medio paga unos 287,5 euros en Valencia, en Toledo la cifra ronda los 56,9 euros. Uno de los problemas señalados es que el Gobierno dejó en manos de los ayuntamientos el diseño de la tasa sin apenas criterios comunes, más allá de que no fuera deficitaria y cubriera el 100% del coste. Con ese margen, cada consistorio aplicó su propio modelo: algunos ajustaron la tarifa al gasto real, mientras que otros aprobaron sistemas muy cuestionados, lo que podría derivar en reclamaciones y devoluciones. Un ejemplo destacado es el de Madrid. El Ayuntamiento estableció una tasa basada en el valor catastral de la vivienda y en el nivel de reciclaje del distrito, un método que muchos expertos consideran poco preciso para medir la cantidad real de residuos generados por cada hogar. La medida ha sido impugnada por más de 130.000 vecinos, así como por la Asociación Española de Asesores Fiscales y el grupo municipal Más Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid deberá pronunciarse próximamente sobre su legalidad.
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