(Expansión, 07-05-2026)
El FMI apuesta por hacer estructural el impuesto a las eléctricas por sus beneficios extra en las crisis
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue muy de cerca las medidas que los países europeos están adoptando para amortiguar el impacto del nuevo encarecimiento energético provocado por la guerra de Irán. En un escenario cada vez más complejo, el organismo internacional ha entrado de lleno en uno de los debates más controvertidos entre los socios comunitarios: la posibilidad de recuperar un impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas gracias al aumento de los precios. Helge Berger y Oya Celasun, subdirectores del departamento europeo del FMI, señalaron recientemente que este tipo de gravamen debería entenderse como una medida estructural y no como una herramienta puntual que se activa cada cierto tiempo para financiar gastos concretos derivados de una crisis. Desde el FMI consideran que los impuestos sobre los llamados "beneficios caídos del cielo" tendrían que integrarse de manera estable en los sistemas fiscales nacionales, de modo que las empresas conozcan de antemano cómo funcionarían. La idea sería establecer un mecanismo automático que se active cuando determinados sectores registren ganancias extraordinarias, con criterios y porcentajes previamente definidos, evitando así medidas improvisadas ligadas a situaciones excepcionales. Según Berger y Celasun, aplicar estos impuestos de manera recurrente o inesperada puede alterar las decisiones de inversión de las empresas y generar distorsiones económicas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa analizando la conveniencia de este gravamen para las energéticas. Sin embargo, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó esta semana que se trata de una cuestión vinculada a la soberanía fiscal de cada país y que, por tanto, los Estados miembros son libres de decidir si lo implantan o no. Bruselas no contempla actualmente impulsar una recomendación conjunta para toda la Unión Europea, como había propuesto España para sufragar parcialmente las ayudas destinadas a paliar el impacto del encarecimiento energético sobre las familias. Aunque el FMI considera legítimo recurrir a impuestos sobre beneficios extraordinarios, también advierte de que existen alternativas fiscalmente más eficientes. En concreto, el organismo apuesta por concentrar las ayudas en los colectivos más vulnerables, lo que permitiría reducir considerablemente el coste de las medidas de apoyo. Precisamente en este ámbito es donde el FMI ha mostrado sus críticas más contundentes hacia las políticas adoptadas por muchos países europeos. El organismo subraya que la mayoría de las ayudas aplicadas son de carácter generalizado y no están dirigidas específicamente a los hogares con mayores dificultades económicas. De acuerdo con sus estimaciones, únicamente el 30% de las medidas puestas en marcha para amortiguar la crisis energética benefician realmente a los sectores más vulnerables. El porcentaje es muy similar al registrado durante la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania hace dos años, lo que, según el FMI, evidencia que los gobiernos están repitiendo errores ya cometidos anteriormente. Además, esta tendencia afecta a prácticamente toda la Unión Europea. Más del 90% de los Estados miembros ha aprobado al menos una medida que altera los precios energéticos, como rebajas en impuestos especiales o subsidios generalizados. Para el FMI, este tipo de políticas reduce los incentivos al ahorro energético en un momento en el que los costes siguen siendo especialmente elevados. En la misma línea, el organismo calcula que los países europeos están destinando alrededor del 0,2% del PIB comunitario a medidas de apoyo que podrían limitarse a apenas un 0,03% si estuvieran exclusivamente enfocadas en los colectivos más necesitados. Dado el reducido margen fiscal existente, el FMI considera prioritario que la Unión Europea mejore la focalización de estas ayudas para poder sostenerlas durante más tiempo en caso de que el conflicto y sus consecuencias económicas se prolonguen más de lo previsto.
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