(El País, 10-07-2026)
Hacienda impulsa medidas económicas sin respaldo parlamentario con la vista puesta en el ciclo electoral
La legislatura entra en una etapa decisiva y el Gobierno afronta los próximos meses con varias reformas económicas pendientes que deberán resolverse antes del inicio del intenso calendario electoral previsto para el próximo año. Entre ellas destaca la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, después de tres ejercicios consecutivos con las cuentas prorrogadas y sin que el Ejecutivo haya llegado a presentar un proyecto presupuestario. Aunque el Gobierno mantiene el compromiso de aprobar unas nuevas cuentas, la falta de una mayoría parlamentaria sólida complica notablemente el objetivo. El primer obstáculo será la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria, un requisito imprescindible para poder tramitar los Presupuestos. El Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a una propuesta que fija un déficit del 1,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas en 2027 y concede a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1%. Sin embargo, el recorrido parlamentario de esta propuesta se presenta complicado. El Partido Popular ya rechazó estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Junts ha anunciado que volverá a votar en contra en el Congreso, como hizo el año anterior. Todo apunta, por tanto, a que el Gobierno volverá a sufrir una derrota parlamentaria en la votación prevista para la próxima semana. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga al Ejecutivo a presentar una nueva propuesta en el plazo de un mes si la primera es rechazada. Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha deslizado la posibilidad de volver a presentar el mismo texto antes del receso parlamentario de verano. No obstante, la legislación no contempla qué ocurre si esa segunda propuesta también es rechazada, lo que abre un escenario de incertidumbre jurídica e institucional. En anteriores ocasiones el Gobierno llegó a estudiar distintas alternativas para evitar que el rechazo de la senda bloqueara la tramitación de los Presupuestos. Una de ellas consistía en apoyarse en un informe de la Abogacía del Estado que defendía la posibilidad de continuar el procedimiento tomando como referencia los compromisos fiscales asumidos con Bruselas. Sin embargo, ese planteamiento ha perdido fuerza tras la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. La interpretación que ahora sostiene Hacienda es diferente. El departamento considera que, si el Congreso vuelve a rechazar la senda de estabilidad, entrarían en juego los principios de equilibrio presupuestario recogidos en la Constitución, lo que implicaría que las comunidades autónomas perderían el margen de déficit previsto por el Gobierno. Al mismo tiempo, el Ejecutivo defiende que la obligación constitucional de presentar un proyecto de Presupuestos prevalece sobre un eventual bloqueo parlamentario, aunque esta interpretación todavía no ha sido puesta a prueba y podría dar lugar a importantes controversias jurídicas y políticas. Pese a las dificultades, el Gobierno tiene interés en presentar un proyecto presupuestario aunque finalmente no consiga su aprobación. A diferencia de los últimos años, la proximidad de las elecciones municipales, autonómicas y, previsiblemente, generales convierte los Presupuestos en una herramienta para exponer sus prioridades económicas y sociales ante los ciudadanos. En esa línea se enmarca también la reciente aprobación de un techo de gasto récord para 2027. Las cuentas públicas no son el único desafío económico pendiente. La reforma fiscal ya evidenció las dificultades del Ejecutivo para alcanzar acuerdos con sus socios parlamentarios, ya que muchas de las medidas inicialmente previstas quedaron fuera del texto definitivo. Entre ellas figura la subida de la fiscalidad del diésel, una reforma comprometida con la Comisión Europea que sigue pendiente y cuya falta de aprobación ya ha tenido consecuencias sobre el desembolso de fondos europeos del Plan de Recuperación. El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con el objetivo de incorporarla al séptimo y último pago previsto para septiembre, aunque reconoce que el margen político sigue siendo reducido. Otro de los asuntos más complejos es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea una quita de 83.000 millones de euros para las comunidades de régimen común, pero tanto el Partido Popular como Vox han presentado enmiendas a la totalidad para frenar su tramitación. Los populares consideran que la medida resulta injusta e ineficaz, mientras que Vox sostiene que responde exclusivamente a los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya durante la negociación de la investidura. El rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular ya quedó patente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado año, donde los representantes autonómicos cuestionaron el origen político de la iniciativa, al entender que deriva del acuerdo que permitió la investidura de Pedro Sánchez y que contempla una importante reducción de la deuda de Cataluña. A estas reticencias se suma también la posición de Junts, que mantiene su apoyo condicionado al avance de otras negociaciones con el Gobierno. Más delicada aún resulta la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta, que tiene su origen en los acuerdos alcanzados con ERC para establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, continúa en una fase inicial, aunque ya ha generado fuertes discrepancias entre comunidades autónomas y partidos políticos. El Ministerio de Hacienda presentó un primer documento el pasado mes de enero. La propuesta recibió el respaldo de la delegación catalana, mientras que el resto de comunidades, incluidas varias gobernadas por el PSOE, expresaron su rechazo. El departamento ha convocado ahora nuevas reuniones técnicas con las autonomías y prevé celebrar un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de este mes, donde se espera un intenso debate sobre uno de los asuntos con mayor impacto político e institucional de la legislatura.
LEER MÁS