(El País, 08-01-2026)
Quienes cobren el salario mínimo seguirán sin tributar
El Ejecutivo quería evitar a toda costa que el debate entre el Ministerio de Trabajo, en manos de Sumar, y el de Hacienda, controlado por el PSOE, volviera a trasladarse a la esfera pública en torno a la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Aunque ambos departamentos estuvieron cerca de reabrir el enfrentamiento, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, dio el asunto por cerrado este lunes al asegurar que el Gobierno en su conjunto se ha comprometido con los agentes sociales a que quienes perciban el SMI no tendrán que pagar impuestos. De este modo, se impuso de nuevo la posición defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A falta de que Hacienda concrete formalmente el mecanismo fiscal que permitirá mantener la exención un año más, fuentes del ministerio han señalado su disposición a recurrir de nuevo a la vía de la deducción, tal y como se hizo en la última campaña de la renta. Subrayan además que la subida planteada es la más moderada de las recomendadas por el comité de expertos precisamente para evitar que el salario mínimo quede sujeto a tributación. En este contexto, Hacienda estudia actualizar la deducción de manera que ningún beneficiario del SMI tenga que pagar IRPF, incluso en aquellos casos en los que, por su situación personal o familiar, se supere el mínimo exento. En la práctica, estos trabajadores soportan retenciones durante el año y posteriormente, al presentar la declaración de la renta, recuperan lo ingresado, con un límite que el pasado ejercicio alcanzó los 340 euros anuales. La intención ahora es elevar esa cuantía hasta alrededor de 600 euros, de forma que todas las situaciones de los perceptores del salario mínimo sigan quedando libres de impuestos en la próxima campaña. Esta modificación requiere una norma con rango de ley, ya que no puede aprobarse únicamente mediante un real decreto como el que dará cobertura a la subida del SMI. Aprovechando esta necesidad, la patronal reclama que se incluya también en esa futura ley una flexibilización de las normas de desindexación que impiden a las empresas trasladar a los contratos públicos el aumento de los costes salariales derivados del salario mínimo. Sin embargo, en este punto no existe el mismo consenso dentro del Gobierno. Trabajo comparte desde hace años la tesis de permitir total o parcialmente esa indexación, pero tanto Hacienda como el Ministerio de Economía se han opuesto de forma reiterada, defendiendo la aplicación estricta de la Ley de Desindexación aprobada en 2015. Esa norma tenía como objetivo romper la vinculación automática de precios, salarios, contratos públicos, tasas y pensiones con el IPC para evitar dinámicas inflacionistas persistentes. Aunque posteriormente se ha corregido en algunos ámbitos, como el de las pensiones, cuya revalorización volvió a ligarse por ley a la evolución media del IPC, la contratación pública ha permanecido al margen de estos cambios. La propia Yolanda Díaz reconoció este lunes, en una entrevista en TVE, que mantiene una discrepancia con el PSOE en relación con esta demanda empresarial, que cuenta con el respaldo tanto de Trabajo como de los sindicatos. La falta de acuerdo dentro del Ejecutivo complica que la patronal apoye la subida del salario mínimo del 3,1% prevista para 2026, ya que, junto con la exención fiscal, la flexibilización de la desindexación es una de las condiciones que considera imprescindibles para dar su respaldo. Así lo trasladó Joaquín Pérez Rey tras la reunión con los agentes sociales, en la que aseguró que Trabajo estudiará con Hacienda y Economía la posibilidad de introducir cambios en esta materia, aunque todo indica que, por ahora, esa opción resulta poco viable.
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