(Cinco Días, 28-09-2026)
España busca arañar margen fiscal en Bruselas para el nuevo paquete contra la crisis energética
El Gobierno afronta la recta final de septiembre con un margen fiscal muy reducido para aprobar un nuevo paquete de medidas contra el encarecimiento de la energía sin alejarse de los compromisos asumidos con Bruselas. El Ejecutivo prevé aprobar este martes un nuevo escudo anticrisis junto al decreto de vivienda y estudia solicitar a la Comisión Europea una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas fiscales para disponer de capacidad adicional de gasto. Desde el inicio de la escalada del precio del petróleo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, España ha puesto en marcha dos paquetes de medidas. El primero, aprobado en marzo, incluyó importantes reducciones fiscales y ayudas sobre los carburantes, mientras que el segundo, aprobado posteriormente, prorrogó parte de estas actuaciones con un alcance menor. En conjunto, ambos programas han movilizado alrededor de 10.000 millones de euros. Este esfuerzo ha reducido de forma considerable el margen disponible dentro de la senda fiscal pactada con Bruselas para el periodo 2025-2031. El acuerdo establece un crecimiento medio anual del 3% del gasto público neto, una magnitud que excluye, entre otros conceptos, los intereses de la deuda y determinados gastos extraordinarios. España ya se encontraba cerca del límite de cumplimiento antes de que fuera necesario plantear un nuevo paquete de ayudas. Las primeras medidas se diseñaron bajo la expectativa de que el conflicto de Oriente Próximo tendría una duración limitada y de que los precios energéticos comenzarían a normalizarse después del verano. Por este motivo, la prórroga aprobada en julio eliminó algunas actuaciones, como determinadas rebajas del IVA de la electricidad, y redujo otras, entre ellas las bonificaciones aplicadas al diésel. Sin embargo, la prolongación del conflicto ha cambiado el escenario. Los precios del gas mantienen una trayectoria ascendente y podrían terminar trasladando nuevas presiones al mercado eléctrico. La inflación española cerró agosto en el 4,3% y las previsiones apuntan a que podría aproximarse al 5% en septiembre. Bruselas ya había advertido durante la primavera de que España se encontraba en riesgo de incumplir los compromisos fiscales asumidos para los próximos ejercicios. El cumplimiento se vio facilitado por la activación de una excepción parcial de las reglas fiscales destinada exclusivamente al incremento del gasto en Defensa entre 2025 y 2028. Esta primera flexibilización dejó a España un margen adicional equivalente a unas dos décimas de PIB, alrededor de 3.400 millones de euros. Después de la aprobación del segundo paquete de medidas y ante la necesidad de poner en marcha un tercero, el Gobierno busca ahora ampliar ese espacio. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló recientemente en el Congreso que el Ejecutivo estaba negociando con Bruselas la flexibilidad adicional necesaria para mantener el cumplimiento del marco fiscal europeo. La vía que estudia el Gobierno pasa por utilizar una segunda cláusula nacional de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, independiente de la excepción ya activada para Defensa. Si España pudiera acogerse a este mecanismo para determinadas actuaciones relacionadas con la crisis energética, dispondría de un margen acumulado de hasta el 0,6% del PIB hasta 2028. La cifra rondaría los 10.000 millones de euros, aunque no podría utilizarse íntegramente en un solo ejercicio. El límite anual se situaría en tres décimas de PIB, unos 5.000 millones. La utilización de esta excepción, además, estaría condicionada al tipo de medidas que se financien. La Comisión Europea ha establecido que las actuaciones deben contribuir a la transición energética y reforzar la resiliencia del sistema energético europeo. Entre las iniciativas que pueden quedar cubiertas figuran las ayudas a las energías renovables, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, las inversiones en redes eléctricas o determinadas actuaciones relacionadas con la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Por el contrario, las orientaciones comunitarias excluyen expresamente medidas como las reducciones de impuestos sobre los combustibles fósiles, las ayudas directas a estos productos, los precios regulados o determinadas subvenciones destinadas exclusivamente a compensar el impacto de los elevados precios energéticos sin generar mejoras estructurales en el sistema. Esta limitación condiciona las opciones del Ejecutivo para diseñar el nuevo paquete. El Gobierno está negociando con Bruselas qué actuaciones podrían acogerse a la cláusula de salvaguardia antes de comprometer un mayor gasto, ya que solicitar más margen fiscal no permitiría posteriormente utilizarlo para medidas que queden fuera de las condiciones fijadas por la Comisión. Entre las propuestas que presentan más dificultades se encuentra la recuperación de mecanismos destinados a limitar directamente el precio del gas. La denominada excepción ibérica, que actuaba sobre el mercado mayorista para evitar que el encarecimiento del gas se trasladara íntegramente al precio de la electricidad, vuelve a estar sobre la mesa, aunque existen dudas sobre su compatibilidad con las exigencias europeas y sobre sus posibles efectos en el sector fotovoltaico. El funcionamiento actual del mercado hace que el gas determine el precio de la electricidad únicamente durante determinadas horas, principalmente al final de la tarde. Sin embargo, esas horas tienen importancia para las instalaciones renovables, ya que permiten compensar parcialmente los precios más bajos registrados durante las horas de mayor producción solar. Otra de las alternativas que se estudian es limitar el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas. Esta medida tendría impacto sobre los aproximadamente tres millones de consumidores acogidos a esta tarifa y permitiría amortiguar la subida prevista para los próximos meses, ante el riesgo de que el precio regulado del gas aumente de forma significativa durante el otoño. El Ejecutivo afronta así una doble restricción: por un lado, la necesidad de responder al repunte de los precios energéticos y evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo; por otro, el reducido margen presupuestario disponible y las condiciones que Bruselas impone para flexibilizar temporalmente las reglas fiscales. La composición final del nuevo paquete de ayudas dependerá en buena medida de qué medidas puedan ser aceptadas dentro de este marco europeo.
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