GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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ÚLTIMAS NOTICIAS

(Cinco Días, 11-11-2026)

Las ayudas al coche eléctrico se agotan en medio de la incertidumbre electoral: queda dinero para menos de 14.000 solicitudes

El programa estatal Auto+, destinado a incentivar la compra de vehículos electrificados, se acerca a su agotamiento debido al ritmo de solicitudes y a la progresiva reducción de los fondos disponibles. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo, la semana pasada se habían registrado peticiones por valor de 305,6 millones de euros correspondientes a particulares y de 38,58 millones por parte de empresas y autónomos. Dado que las dotaciones iniciales ascienden a 350 y 50 millones, respectivamente, fuentes del sector calculan que el presupuesto podría agotarse durante la semana de las elecciones generales, previstas para el próximo 29 de noviembre. De cumplirse estas previsiones, las ayudas finalizarían aproximadamente un mes antes de la fecha establecida en el BOE, que fija el 31 de diciembre como límite del programa. Ese mismo día también concluye la vigencia de la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros por la adquisición de vehículos electrificados. Tomando como referencia el gasto medio por expediente, situado en 3.165 euros para los particulares, las fuentes consultadas estiman que todavía habría margen para atender algo más de 14.000 solicitudes. No obstante, esta cantidad ya sería inferior, puesto que durante la última semana se han seguido registrando nuevas peticiones. En el caso de empresas y autónomos, el importe medio por expediente alcanza los 4.297 euros, por lo que quedarían fondos para unas 2.658 solicitudes adicionales, aunque también se trata de una estimación basada en datos anteriores. Desde el Ministerio de Industria consideran que Auto+ ha sido un programa exitoso, pese al retraso en su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que no llegó hasta julio. Además, su duración está superando las previsiones iniciales del sector, que a principios de año esperaba que las ayudas se agotaran en verano. Esta estimación tenía en cuenta la experiencia del anterior plan Moves, cuyo presupuesto tuvo que duplicarse el pasado ejercicio para poder atender toda la demanda. En Industria dan por hecho que, si tras las elecciones del 29 de noviembre no se produce un cambio de Gobierno, los incentivos a la compra de vehículos eléctricos seguirán formando parte de las medidas previstas para los próximos años dentro del Plan España Auto 2030, la estrategia industrial y de apoyo económico al automóvil acordada entre el Ejecutivo y el sector. Sin embargo, los fabricantes y distribuidores temen que un cambio de Gobierno pueda provocar un periodo de hasta seis meses sin ayudas. En caso de prorrogarse, consideran necesario que los nuevos incentivos tengan carácter retroactivo para cubrir las compras realizadas durante el tiempo que transcurra hasta la aprobación de los siguientes fondos. También existe incertidumbre sobre el papel que podría desempeñar Vox, contrario a la transición ecológica, en un eventual Ejecutivo del PP, que necesitaría su apoyo para gobernar según los sondeos. La patronal de concesionarios Faconauto reclamó, durante la presentación de las matriculaciones de octubre, que se aclare cuanto antes si las ayudas al vehículo electrificado continuarán en 2027. La organización considera necesario garantizar su continuidad para mantener el impulso que han dado al mercado. En la misma línea se pronunciaron Ganvam, que representa a vendedores y reparadores, y Anfac, la asociación de fabricantes. Ganvam advirtió de que los incentivos deben mantenerse al margen de los calendarios electorales, ya que la incertidumbre administrativa puede acabar condicionando las decisiones de compra. Si el programa Auto+ continúa en los próximos ejercicios, también deberá adaptarse a los criterios de contenido local que establezca la Unión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial (IAA), actualmente en negociación entre los Veintisiete. En su configuración actual, el plan permite subvencionar vehículos eléctricos fabricados fuera de la UE, incluidos los procedentes de China. La nueva normativa comunitaria pretende limitar esta posibilidad con el objetivo de proteger a la industria automovilística europea.

(Expansión, 11-11-2026)

Rectificar impuestos sin miedo a multas: fin a las sanciones automáticas de Hacienda

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del sistema de autoliquidaciones rectificativas introducido por el Real Decreto 117/2024, pero ha establecido un criterio que refuerza las garantías de los contribuyentes frente a posibles sanciones de la Agencia Tributaria. En concreto, el Alto Tribunal descarta que Hacienda pueda imponer multas de forma automática cuando un contribuyente presenta una rectificación para recuperar cantidades previamente ingresadas, siempre que actúe de buena fe y aporte información completa y veraz. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Segunda, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) contra el citado real decreto. La organización cuestionaba la adaptación de los reglamentos del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los Impuestos Especiales y los impuestos sobre los gases fluorados al nuevo procedimiento de rectificación, al considerar que excedía los límites de la potestad reglamentaria y podía perjudicar los derechos de los contribuyentes. La controversia surgió tras la reforma de la Ley General Tributaria introducida por la Ley 13/2023, que sustituyó el procedimiento tradicional de solicitud de rectificación por un modelo basado en la presentación de una autoliquidación rectificativa. AEDAF advertía de que este cambio podía dejar a los contribuyentes expuestos a actuaciones sancionadoras cuando solicitaran devoluciones derivadas de discrepancias con los criterios de la Administración. El Supremo, sin embargo, considera que la Ley General Tributaria proporciona cobertura suficiente para desarrollar reglamentariamente este sistema y descarta que exista una vulneración de la reserva de ley. También aclara que la expresión «normativa propia» no se limita exclusivamente a las leyes en sentido estricto, sino que comprende el conjunto de disposiciones reguladoras de cada impuesto. Pese a rechazar la pretensión de nulidad de AEDAF, la sentencia introduce una interpretación especialmente relevante sobre las consecuencias sancionadoras de las autoliquidaciones rectificativas. El tribunal establece que, cuando un contribuyente ingresó inicialmente una deuda tributaria y posteriormente presenta una rectificación para solicitar su devolución, la Administración no puede imponer automáticamente una sanción por dejar de ingresar. Los magistrados recuerdan que el nuevo procedimiento obliga a identificar expresamente los datos modificados y explicar los motivos que justifican la rectificación. De este modo, Hacienda dispone desde el primer momento de la información necesaria para comprobar si la modificación resulta procedente. Además, el Supremo señala que la Agencia Tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación e investigación antes de efectuar la devolución si considera que existen dudas sobre su procedencia. La sentencia entiende que, cuando el contribuyente ha cumplido inicialmente con su obligación de pago y después expone de forma transparente las razones jurídicas y los datos que justifican la rectificación, no cabe presumir que haya cometido una infracción. Por tanto, la Administración no puede fundamentar una sanción en resoluciones genéricas o argumentos estandarizados sin acreditar las circunstancias concretas que permitan apreciar culpabilidad. El Alto Tribunal también eleva el nivel de exigencia para justificar una eventual sanción. En estos supuestos, la motivación de la culpabilidad debe ir más allá de la simple falta de diligencia, siguiendo el criterio recogido en la sentencia 96/1990 del Tribunal Constitucional. El pronunciamiento supone un respaldo para empresas y asesores fiscales que temían que el nuevo sistema pudiera desincentivar las reclamaciones frente a criterios de Hacienda. Una de las principales preocupaciones era que un contribuyente presentara una rectificación basada en una interpretación jurídica distinta de la mantenida por la Dirección General de Tributos o el Tribunal Económico-Administrativo Central, recibiera la devolución y, tiempo después, se enfrentara a una inspección con una propuesta de sanción por haber obtenido indebidamente esas cantidades. Con la nueva doctrina, el Supremo establece que una discrepancia interpretativa razonada, debidamente explicada y acompañada de información veraz no constituye por sí misma un motivo para sancionar. Hacienda podrá revisar la rectificación, rechazar el criterio aplicado y exigir la devolución de las cantidades correspondientes, junto con los intereses que procedan, pero no podrá imponer una multa de manera automática por el mero hecho de que el contribuyente haya defendido una interpretación diferente. Para Esaú Alarcón, socio de Gibernau, la sentencia constituye una buena noticia para los fiscalistas, ya que limita considerablemente la capacidad sancionadora de Hacienda cuando el contribuyente actúa de buena fe. El experto recuerda que el procedimiento tradicional permitía plantear discrepancias interpretativas sin el temor a que la posterior devolución derivara en una sanción. No obstante, advierte de que no puede descartarse que se produzcan actuaciones administrativas inadecuadas en determinados casos. En la práctica, el fallo refuerza la seguridad jurídica de quienes utilizan las autoliquidaciones rectificativas para defender criterios fiscales distintos de los sostenidos por la Agencia Tributaria. La clave estará en justificar adecuadamente los motivos de la modificación, facilitar todos los datos relevantes y actuar con transparencia, ya que estas circunstancias serán determinantes para valorar si existe o no responsabilidad sancionadora.

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