(El País, 08-06-2026)
Hacienda pide a los ministerios enviar sus propuestas para los Presupuestos antes del 29 de junio
Hasta hace pocos días, los responsables económicos del Gobierno seguían defendiendo públicamente que el Ejecutivo presentaría unos Presupuestos Generales del Estado para 2026. Sin embargo, en privado reconocían que la posibilidad era cada vez más remota debido al calendario y a la fragilidad de los apoyos parlamentarios. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por superada esa fase y anunció que el Ejecutivo comenzaría a trabajar ya en las cuentas públicas correspondientes a 2027. La decisión se formalizó este viernes con la publicación en el BOE de la orden ministerial de Hacienda que pone en marcha el proceso presupuestario. La orden fija las directrices que deberán seguir los distintos ministerios y organismos públicos para elaborar sus propuestas de gasto y, de forma implícita, confirma un escenario que ya se daba prácticamente por hecho: los Presupuestos aprobados en 2023 permanecerán vigentes al menos durante cuatro años consecutivos. El calendario previsto obliga a los departamentos ministeriales a remitir antes del 29 de junio sus previsiones de gasto y los informes sobre impacto transversal. Todo este procedimiento se desarrollará además en paralelo a la reforma del sistema de financiación autonómica. Según recoge el documento, las futuras cuentas para 2027 buscarán reforzar el Estado del bienestar mediante medidas orientadas a fortalecer la atención primaria sanitaria y ampliar la oferta de vivienda asequible, especialmente enfocada a facilitar la emancipación de los jóvenes. También se plantea impulsar una política industrial verde basada en la descarbonización y en el fortalecimiento de la autonomía estratégica mediante energías renovables. La elaboración de estos Presupuestos coincidirá además con la entrada en vigor del nuevo marco europeo de gobernanza económica. Hacienda incorporará por primera vez el análisis de la llamada "dimensión marrón", destinado a identificar partidas con impacto ambiental negativo, y aplicará de forma obligatoria las evaluaciones de eficiencia del gasto elaboradas por la Autoridad Fiscal bajo el principio de "cumplir o explicar". Pese al inicio formal del procedimiento, nada garantiza todavía que España vaya a disponer finalmente de nuevos Presupuestos. Ni siquiera está asegurado que el Gobierno llegue a registrar el proyecto en el Congreso. El Ejecutivo encadena ya tres ejercicios consecutivos sin presentar nuevas cuentas públicas y, en todos esos casos, también se publicó previamente una orden ministerial similar a la difundida este viernes. Durante este tiempo, el Gobierno ha argumentado distintas razones para justificar la prórroga presupuestaria, desde procesos electorales hasta las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales, como la guerra en Irán. Sin embargo, el principal obstáculo ha sido la dificultad para reunir mayorías parlamentarias estables en un clima político cada vez más polarizado. De hecho, ya en septiembre de 2025, Pedro Sánchez defendió que los Presupuestos eran "un instrumento y no un fin en sí mismo", descartando adelantar elecciones en caso de no lograr apoyos suficientes y dejando abierta la puerta a nuevas prórrogas de las cuentas de 2023. El arranque del proceso presupuestario implica no solo recopilar las peticiones de los ministerios, sino también actualizar el cuadro macroeconómico que servirá de base para calcular las previsiones de crecimiento, empleo y déficit, elementos clave para fijar el techo de gasto. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, deberá además establecer una nueva senda fiscal que determine el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas. Ese objetivo necesitará el respaldo del Congreso, algo especialmente complejo dada la actual fragmentación parlamentaria, y posteriormente tendrá que trasladarse a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes gubernamentales señalan que estos pasos llegarán más adelante. Por ahora, el Ejecutivo trabaja en la actualización de las previsiones económicas oficiales, que considera desfasadas. Hace apenas un mes, en el Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, el Gobierno estimaba un crecimiento del PIB del 2,2% para 2026, aunque esa previsión quedó condicionada por la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Próximo y las tensiones sobre los mercados energéticos. El Ministerio de Economía ya reconoció entonces que el impacto del conflicto geopolítico podría reducir el crecimiento económico hasta en ocho décimas. Además de revisar el cuadro macroeconómico, la aprobación de unos nuevos Presupuestos requiere superar varias etapas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tras aprobar los objetivos de déficit y deuda pública y fijar el límite de gasto no financiero -el conocido techo de gasto-, el Ejecutivo deberá presentar el proyecto presupuestario en el Congreso antes del 30 de septiembre para permitir su tramitación parlamentaria y una eventual aprobación antes del inicio de 2027. Este jueves, durante su primera comparecencia en la Comisión de Hacienda desde que asumió el cargo, Arcadi España aseguró que el Gobierno pretende negociar previamente con los grupos parlamentarios el contenido de las cuentas antes incluso de registrar el proyecto en el Congreso. Consciente de la presión de sus socios, el ministro insistió en la necesidad de dialogar antes de cerrar definitivamente el denominado "libro amarillo" presupuestario.
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