GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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ÚLTIMAS NOTICIAS

(El País, 15-09-2026)

Las comunidades autónomas recaudan por partida doble en el impuesto de patrimonio

Las comunidades autónomas obtienen ingresos por el impuesto sobre el patrimonio a través de dos vías distintas. En 2024, último ejercicio con datos disponibles, las comunidades de régimen común recibieron un total de 5.601 millones de euros: 3.447 millones procedieron de la compensación estatal vinculada a la antigua supresión del tributo y otros 2.154 millones correspondieron a la recaudación directa del impuesto. Se trata de un mecanismo que se remonta a 2008, cuando el Gobierno decidió eliminar el impuesto sobre el patrimonio y estableció una compensación para evitar que las autonomías perdieran los recursos que hasta entonces obtenían de este tributo. Aunque el impuesto fue recuperado tres años después, la compensación se mantuvo vigente. Actualmente, las 15 comunidades de régimen común reciben simultáneamente ambas cantidades. Durante algunos años, Madrid quedó al margen de la recaudación efectiva al aplicar una bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto, aunque continuó percibiendo la compensación. La creación en 2022 del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas modificó este escenario y terminó presionando a las comunidades que mantenían o estudiaban aplicar importantes beneficios fiscales en Patrimonio. Como consecuencia, todas ellas vuelven a obtener ingresos tanto por la recaudación del tributo como por la compensación. Además, estos recursos permanecen íntegramente en las haciendas autonómicas y no forman parte de la cesta común del sistema de financiación. La explicación de esta situación se encuentra en la decisión adoptada en 2008 de suprimir un impuesto cuya gestión y recaudación estaban cedidas a las comunidades. Para evitar el impacto presupuestario de su desaparición, el sistema de financiación incorporó una compensación estatal. Sin embargo, cuando el Gobierno recuperó el tributo en 2011, inicialmente con carácter temporal, no eliminó el mecanismo compensatorio. Desde entonces, este ha continuado integrado en el sistema de financiación autonómica y su importe se actualiza en función del indicador de ingresos tributarios del Estado (ITE), en lugar de permanecer limitado a la cantidad inicialmente establecida. La complejidad del sistema hace que esta compensación se haya convertido en uno de los elementos menos visibles de la financiación autonómica. Para calcularla se toma como referencia la recaudación que cada comunidad tenía asociada al impuesto en 2011 y posteriormente se actualiza mediante la evolución del ITE. Según los cálculos citados en el análisis, el procedimiento requiere además determinados ajustes correspondientes al periodo transcurrido desde 2011, lo que termina generando un mecanismo difícil de seguir para ciudadanos y contribuyentes. Esta situación refleja cómo determinadas medidas fiscales planteadas inicialmente como temporales pueden terminar consolidándose durante años dentro de sistemas de financiación cada vez más complejos. El reparto de la compensación también presenta importantes diferencias entre territorios porque parte de la situación existente cuando se eliminó el impuesto. Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se encuentran entre las comunidades que reciben mayores cantidades por esta vía, con alrededor de 1.039, 883 y 581 millones de euros, respectivamente. El sistema toma como referencia la estructura de ingresos existente hace años y no actualiza las bases imponibles que dieron origen a aquel reparto, por lo que las comunidades que entonces concentraban una mayor recaudación mantienen también las compensaciones más elevadas. La situación de Madrid y Cataluña permite apreciar con claridad el efecto de esta doble fuente de ingresos. Cataluña obtuvo en 2024 unos 766 millones de euros mediante la recaudación del impuesto y otros 883 millones a través de la compensación, alcanzando aproximadamente 1.649 millones en total. Madrid, por su parte, ingresó cerca de 643 millones por Patrimonio y recibió otros 1.039 millones de compensación, hasta sumar alrededor de 1.682 millones. En el extremo contrario se sitúan comunidades como La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria o Extremadura. En estos casos, las cantidades son considerablemente menores y, en Cantabria y Extremadura, no existe información completa sobre la recaudación debido al secreto estadístico. En el conjunto de las comunidades, la compensación representa la mayor parte de los ingresos vinculados a este impuesto, ya que solo el 38,5% de los 5.601 millones obtenidos en 2024 procedió directamente de su recaudación.

(Expansión, 15-09-2026)

El gasto en bajas aumenta cuando baja el paro: ya absorbe el 10,4% de las cotizaciones

El aumento del gasto en pensiones no es el único factor que está elevando la presión financiera sobre la Seguridad Social. El fuerte crecimiento de las prestaciones por incapacidad temporal, vinculadas a las bajas laborales, se ha convertido en otro de los elementos que están tensionando las cuentas del sistema. Según un estudio de Fedea, entre 2020 y 2025 el desembolso destinado a estas prestaciones aumentó en más de 6.500 millones de euros, hasta alcanzar los 18.413 millones en 2025. Una evolución especialmente significativa en un periodo en el que, además, la tasa de paro se ha reducido de forma considerable. El informe elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad Social, pone de manifiesto que el gasto en incapacidad temporal no solo ha crecido en términos absolutos, sino también en relación con los ingresos obtenidos mediante las cotizaciones sociales. En 2025, las prestaciones por incapacidad temporal representaron el 10,4% de la recaudación procedente de las cuotas de empresarios y trabajadores, el porcentaje más elevado de toda la serie histórica. Esta proporción es medio punto superior a la registrada en 2020 y cuatro puntos mayor que la de hace quince años. La intensidad del incremento resulta aún más evidente al comparar distintos periodos. Entre 2020 y 2025, el gasto en incapacidad temporal aumentó en unos 6.525 millones de euros, frente a los 5.155 millones en los que se incrementó durante la década anterior. El comportamiento de esta partida guarda, además, una relación inversa con la evolución del desempleo. Durante el periodo 2010-2015, cuando la tasa de paro superaba el 20%, el gasto permaneció relativamente estable, en niveles de entre 5.000 y 6.000 millones. En cambio, entre 2020 y 2025, coincidiendo con una reducción del desempleo desde el 16,1% hasta el 9,9%, el desembolso creció en más de 6.500 millones. Fedea señala que esta relación entre empleo e incapacidad temporal se observa de forma generalizada en territorios, grupos de edad y sectores profesionales. El estudio apunta que, cuando disminuye el desempleo, aumenta el recurso a las bajas laborales, mientras que sucede lo contrario cuando el paro se eleva. Entre las posibles explicaciones se encuentra el diferente nivel de protección económica asociado a la prestación, especialmente en colectivos como los trabajadores autónomos, cuya base de cotización no siempre refleja el 100% de sus rendimientos y para los que el coste de abandonar temporalmente la actividad puede ser mayor. El informe también recoge otra posible explicación vinculada al comportamiento de los trabajadores durante las etapas de mayor incertidumbre laboral. Cuando existe una elevada destrucción de empleo y mantener el puesto de trabajo adquiere una importancia mayor, determinados trabajadores pueden continuar desempeñando su actividad pese a encontrarse en un estado de salud deficiente. La mejora del mercado laboral y la mayor estabilidad del empleo pueden favorecer, por el contrario, que se haga un mayor uso de las prestaciones cuando realmente existe una situación que impide trabajar. Ante este escenario, Fedea plantea distintas vías para contener el crecimiento de esta partida sin limitar la protección de los trabajadores. Una de ellas consiste en homogeneizar los criterios de cálculo de las prestaciones derivadas de contingencias comunes, contingencias profesionales, mutualismo administrativo y Seguridad Social, de manera que exista una tasa de reemplazo común para las distintas enfermedades. Otra de las propuestas pasa por impulsar fórmulas de reincorporación progresiva al empleo mediante altas parciales. El objetivo sería permitir que determinados trabajadores puedan compatibilizar la recuperación de su estado de salud con una vuelta gradual a su puesto cuando la naturaleza de la enfermedad lo permita. El informe plantea comenzar esta experiencia en aquellos sectores en los que exista acuerdo entre las partes. La salud mental constituye otro de los ámbitos sobre los que Fedea reclama una actuación específica. El aumento de las bajas relacionadas con trastornos psicológicos y el prolongado periodo de recuperación asociado a muchas de ellas hacen necesario, según el estudio, reforzar los mecanismos de seguimiento y rehabilitación. Entre las alternativas propuestas figura que las bajas de larga duración por este tipo de patologías sean sometidas a una supervisión especializada y que incorporen programas de rehabilitación, incluso mediante la colaboración con las mutuas cuando la capacidad de los servicios públicos resulte insuficiente. El estudio propone asimismo reforzar el papel de las mutuas en el tratamiento de las patologías musculoesqueléticas, mediante acuerdos con los servicios de salud de las comunidades autónomas. A ello añade una revisión de los complementos salariales que numerosos convenios colectivos establecen durante las situaciones de incapacidad temporal. La propuesta consiste en establecer una sobrecotización para aquellas empresas y trabajadores cuyos convenios garanticen el mantenimiento íntegro del salario durante una baja, siempre que se constate un nivel de absentismo anormalmente elevado respecto de actividades comparables. El objetivo sería evitar que determinados costes derivados de la negociación colectiva terminen trasladándose al conjunto de la Seguridad Social. Finalmente, Fedea plantea potenciar la adaptación de los puestos de trabajo y la recolocación de trabajadores frente a su salida definitiva del mercado laboral. Para ello propone extender a las enfermedades comunes mecanismos de adaptación que actualmente se utilizan principalmente ante accidentes laborales. En las microempresas, incluso se plantea sustituir determinadas situaciones de incapacidad permanente o bajas cronificadas por incentivos a la cotización destinados a facilitar la recolocación. El crecimiento de la incapacidad temporal introduce así una nueva presión sobre las cuentas de la Seguridad Social en un momento en el que el sistema ya afronta un fuerte incremento del gasto en pensiones. El problema no se limita, por tanto, al número de pensionistas o al importe de las prestaciones de jubilación: la evolución del absentismo y de las bajas laborales se ha convertido también en un factor relevante para la sostenibilidad financiera del sistema. La reducción del desempleo, aunque positiva desde el punto de vista económico y laboral, está coincidiendo con un aumento de esta otra factura, lo que obliga a buscar fórmulas que permitan contener el gasto sin reducir la protección de quienes realmente necesitan abandonar temporalmente su actividad.

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