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El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto anticrisis para contener el impacto de la escalada de los precios energéticos, con especial atención a los sectores más expuestos al encarecimiento de los carburantes. Durante los últimos días, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha reunido con organizaciones empresariales y sindicales y con representantes de la industria, el transporte, la logística, la distribución y el sector agroalimentario para concretar las nuevas medidas.
El margen presupuestario del Ejecutivo es limitado después de que los dos paquetes anticrisis aprobados en marzo y junio hayan supuesto un coste cercano a 10.000 millones de euros. Por ello, el nuevo decreto previsiblemente tendrá un alcance más selectivo. Entre las medidas que ya se dan prácticamente por confirmadas figura la ampliación hasta final de año de las ayudas al sector agroalimentario, incluidas las compensaciones fiscales por el incremento del coste del gasóleo agrícola. Las organizaciones agrarias, que habían amenazado con movilizaciones, consideran insuficiente mantener únicamente la actual bonificación de 20 céntimos por litro, que finaliza este miércoles.
El Ejecutivo también mantiene bajo vigilancia la evolución de los precios de los alimentos ante el riesgo de que el aumento de los costes energéticos termine trasladándose al conjunto de la cadena. Aunque los alimentos se encarecieron un 2,5% en agosto, por debajo del 4,3% de inflación general, el Gobierno pretende actuar especialmente sobre el sector agroalimentario y el transporte para limitar los efectos de segunda ronda. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha planteado además la posibilidad de establecer compensaciones fiscales para las explotaciones agroganaderas.
Entre las opciones que cuentan con menos posibilidades se encuentra la recuperación de la denominada excepción ibérica, que permitiría limitar el precio del gas utilizado para generar electricidad. Esta medida cuenta con el respaldo de Sumar y los sindicatos, pero genera reticencias en Bruselas por sus posibles efectos sobre el funcionamiento del mercado eléctrico europeo. La presión para adoptar medidas aumenta ante el encarecimiento previsto de la factura regulada del gas, que según la OCU podría superar el 50% desde el 1 de octubre si no se introducen nuevas medidas.
El nuevo paquete se sumará a otras actuaciones ya aprobadas para hacer frente a la crisis energética, entre ellas la reducción progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica, la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico y el mantenimiento de la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.
El Gobierno apura las negociaciones con los grupos parlamentarios para cerrar el nuevo paquete de medidas sobre vivienda que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros. Entre las propuestas que se están estudiando figuran una mayor protección frente a los desahucios, límites a la adquisición especulativa de viviendas por parte de grandes fondos de inversión, mecanismos para estabilizar los contratos de alquiler y ayudas dirigidas a personas que quieren comprar una vivienda pero no disponen de ahorros suficientes. El paquete también podría incluir cambios fiscales para propietarios e inquilinos, medidas para proteger el parque público, una regulación específica del alquiler de temporada, una mayor tributación de los pisos turísticos y una reducción del IVA para la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
PSOE y Sumar mantienen conversaciones con los partidos que respaldaron la investidura para tratar de cerrar un texto que incorpora novedades respecto a los proyectos que no prosperaron durante la primavera y el pasado mes de julio. El nuevo impulso a la norma coincide con el impacto social generado por el desahucio de Maricarmen, que ha convertido el problema de la vivienda en uno de los principales focos de atención política. Para facilitar el acuerdo, el Ejecutivo ha renunciado a incluir en esta ocasión la reforma de la Ley del Suelo que figuraba en el proyecto anterior y que pretendía agilizar los permisos y concesiones para construir nuevas viviendas.
La negociación contempla nuevas ayudas para jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda y medidas destinadas a preservar el parque público. También se estudia cómo limitar las compras de inmuebles residenciales por parte de grandes fondos de inversión sin afectar a las pequeñas y medianas empresas que desarrollan actividades inmobiliarias. A ello se añaden posibles incentivos fiscales para los inquilinos y para los propietarios que mantengan sus viviendas alquiladas sin incrementar las rentas, así como fórmulas para que los pisos turísticos tributen por IVA y una reducción de este impuesto en la construcción de vivienda protegida con calificación permanente.
Sumar considera que todavía quedan aspectos relevantes por cerrar y reclama que el texto garantice una protección efectiva frente a los desahucios, regule el alquiler de temporada y por habitaciones, establezca mecanismos para la prórroga de los contratos y refuerce la lucha contra el fraude relacionado con los pisos turísticos. El partido advierte de que no quiere que estos elementos pierdan peso durante las conversaciones con Junts y PNV, cuyos planteamientos han obligado a modificar algunas de las propuestas defendidas por los sectores más progresistas del Ejecutivo.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el Consejo de Ministros aprobará el decreto este martes, aunque no ha concretado qué medidas formarán finalmente parte del texto. Ha señalado que todas las opciones continúan sobre la mesa y ha situado entre los objetivos principales la protección de los colectivos vulnerables y la mejora del acceso de los jóvenes a la vivienda. También ha defendido las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Gobierno, entre ellas los programas del ICO y los proyectos España Crece destinados a aumentar el parque público de vivienda.
El texto que se manejaba en julio, y que no consiguió el respaldo parlamentario suficiente, ha sido reformulado con nuevas propuestas en un contexto de creciente movilización social. Las protestas por el acceso a la vivienda se han extendido durante el fin de semana por distintas ciudades y han desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El desahucio de una mujer de 87 años ha servido como catalizador de estas movilizaciones y el Gobierno pretende aprovechar el actual escenario para sacar adelante un decreto que introduzca cambios en algunos de los aspectos más conflictivos del mercado inmobiliario.
Una de las cuestiones más complejas es determinar cómo se limitará la adquisición de viviendas por parte de los grandes fondos. La prohibición general de que las personas jurídicas compren vivienda residencial ya había sido planteada por Sumar y posteriormente descartada por su dificultad de aplicación. Ahora se trabaja en una fórmula más específica que permita actuar sobre las operaciones consideradas especulativas de grandes inversores sin afectar al tejido de pequeñas empresas del sector.
También siguen abiertas las negociaciones sobre las ayudas a la compra y los incentivos fiscales. Algunos expertos han advertido de que las políticas destinadas a estimular la demanda pueden terminar contribuyendo al aumento de los precios si no van acompañadas de un incremento suficiente de la oferta. El Gobierno estudia, por ello, medidas dirigidas específicamente a jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda, además de posibles beneficios fiscales para los inquilinos. En paralelo, las ventajas fiscales para los propietarios que mantengan las rentas sin incrementos forman parte de las condiciones planteadas por Junts y aceptadas por Sumar como parte de la negociación.
La protección frente a los desahucios es otra de las propuestas que podría adquirir mayor relevancia, con el objetivo de evitar situaciones similares a la que ha provocado la actual movilización social. También se negocian mecanismos para dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler y reducir la incertidumbre de los hogares ante las renovaciones o posibles incrementos de las rentas. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de la regulación concreta que finalmente recoja el decreto.
El plan también contempla una serie de bonificaciones fiscales pensadas tanto para caseros como para inquilinos, y que elevan la presión del Gobierno para que las autonomías y ayuntamientos, con competencias en vivienda, declaren las zonas tensionadas. Para los arrendatarios, el paquete contempla una nueva deducción estatal en el IRPF del 10% del alquiler de la vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros anuales. Estos descuentos quedan acotados a las zonas de mercado caliente.
Para los caseros, el esquema es más amplio y no queda restringido a las zonas tensionadas, aunque las mayores ventajas fiscales sí se concentran en ellas. La reducción del rendimiento neto del alquiler puede llegar al 95% cuando se alquila a jóvenes de entre 18 y 35 años con una rebaja de la renta superior al 5%, y al 90% cuando esa rebaja se aplica a cualquier inquilino, siempre en zonas tensionadas. Fuera de ellas también se contemplan reducciones. Entre otras, se propone una del 100% en determinados nuevos contratos con el mismo inquilino o cuando la renta queda por debajo del índice de referencia. Además, se mantienen tramos de reducción inferiores, del 50% al 15%, en función de cómo evolucione el precio respecto al contrato anterior, con el objetivo de penalizar a los caseros que suban la renta.
Además, se mandata al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a crear una línea de préstamos para apoyar a los jóvenes a acceder a su primera vivienda. Los créditos públicos se destinarán a financiar al menos del 20% del valor de la vivienda hipotecada, o hasta 50.000 euros. Se concederán hasta 10 años, a un tipo de interés del 0% y sin comisiones, con un período de carencia igual al del plazo de la hipoteca, y por un máximo de 30 años. Los detalles se dejan para elaboración posterior.
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