GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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(Expansión, 12-05-2026)

La Comunidad de Madrid dispara a 12.367 millones la deuda del Estado con la región

La Comunidad de Madrid advierte de que la deuda acumulada que, según denuncia, mantiene el Gobierno central con la región por servicios públicos, prestaciones e inversiones comprometidas ya equivale al 40% del presupuesto autonómico previsto para 2026. En octubre del año pasado, el Ejecutivo madrileño calculaba en torno a 10.500 millones de euros la cantidad pendiente de recibir del Estado desde 2019. Siete meses después, esa cifra se ha elevado hasta los 12.367 millones, lo que supone un incremento de 1.867 millones, cerca de un 18% más. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, calificó esta situación de "ruptura de la lealtad institucional" durante un encuentro informativo. Según explicó, el problema se ha agravado en los últimos tres años debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, un periodo en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera ha presentado proyectos de cuentas públicas, algo que definió como una situación "sin precedentes". Solo en lo que va de año, Madrid asegura haber dejado de percibir 750 millones de euros destinados a servicios esenciales por la falta de presupuestos estatales. Aunque el Ejecutivo regional sostiene que ha aprendido a gestionar en un contexto marcado por retrasos e incertidumbre, subraya que la deuda reclamada equivale prácticamente al presupuesto anual de la sanidad pública madrileña y representa cerca del 40% de las cuentas autonómicas previstas para 2026, que ascienden a 30.663 millones de euros. La Comunidad acusa además al Gobierno central de utilizar la liquidez de las autonomías como herramienta de presión en áreas fundamentales como sanidad o educación. Más de un tercio de la deuda corresponde, según Madrid, al Fondo de Competitividad, con 4.513 millones de euros pendientes entre 2019 y 2023. Otros 2.668 millones derivan, según la región, del incumplimiento de la financiación comprometida en la Ley de Dependencia, ya que el Estado asumió cubrir el 50% del sistema pero actualmente solo aporta el 27,9%. A ello se suman 2.785 millones de euros vinculados a inversiones hidráulicas y depuradoras pendientes de ejecución. De esa cantidad, 1.580 millones corresponderían al tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y cerca de 1.200 millones a actuaciones pendientes en las estaciones depuradoras de La China, Butarque y Sur. El Gobierno madrileño también denuncia una infrafinanciación de 993 millones de euros en el reparto de fondos europeos, al considerar que es la comunidad que menos recursos recibe por habitante. La lista de reclamaciones incluye además 765 millones de euros por el retraso en las entregas a cuenta correspondientes a 2026, un capítulo que representa aproximadamente el 77% de los ingresos autonómicos. Dentro de esa cuantía se incluyen 4,7 millones derivados de los intereses pagados por la financiación extraordinaria utilizada para compensar la falta de recursos y por la pérdida de rentabilidad financiera. En este contexto, Rocío Albert remitió a finales de abril una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para exigir la actualización inmediata de las entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas. Según el Ejecutivo regional, la misiva no ha recibido respuesta y los fondos continúan bloqueados. La consejera también criticó que el Gobierno central adopte decisiones de manera unilateral cuyos costes terminan asumiendo las autonomías, muchas veces sin consulta previa ni informes económicos que evalúen el impacto sobre las cuentas regionales. Entre esas medidas citó la subida salarial de los funcionarios, que supondrá para Madrid un coste de 888 millones de euros entre 2025 y 2026 y cerca de 2.000 millones hasta 2028. También mencionó el decreto anticrisis relacionado con la guerra en Irán, cuyo impacto para las arcas madrileñas calcula en 206 millones, además de la regularización masiva de inmigrantes y otras medidas como la reducción de la jornada laboral a 35 horas o los cambios en horarios lectivos y ratios escolares. Junto a estas partidas, Madrid sostiene que el Estado mantiene pendientes otros 417 millones de euros correspondientes al Consorcio Regional de Transportes, 149 millones en Sanidad, 61 millones en Justicia y 10 millones en Educación. Pese a todo, la Comunidad de Madrid mantiene su intención de reducir en 2027 medio punto adicional todos los tramos autonómicos del IRPF, al considerar que las rebajas fiscales han permitido aumentar la recaudación en los últimos años.

(Expansión, 12-05-2026)

Cómo fijan honorarios los despachos, ¿adiós a facturar por horas?

¿Cuánto cuesta realmente un servicio jurídico? Durante décadas, la respuesta habitual de los grandes despachos ha sido la misma: la hora facturable. Este sistema no solo ha servido para fijar honorarios, sino también para medir el rendimiento de los abogados y determinar ascensos o bonus. Sin embargo, algunas firmas comienzan a replantearse este modelo y están incorporando profesionales especializados exclusivamente en estrategias de precios. Varios bufetes internacionales lideran este cambio mediante la creación de departamentos específicos de pricing y el desarrollo de herramientas capaces de calcular la rentabilidad de un asunto antes incluso de aceptar el encargo. Uno de los ejemplos es Eversheds Sutherland. Según explica Jacobo Martínez, socio director en España, la firma dispone de equipos especializados en precios tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, que colaboran en operaciones internacionales. En la oficina de Madrid, esta función la asumen el director financiero y los responsables de desarrollo de negocio, coordinados con los equipos globales para elaborar la propuesta económica de cada cliente. Martínez destaca que el despacho cuenta con un sistema propio obligatorio para todos los asuntos. Esta herramienta permite simular distintos escenarios y estudiar la rentabilidad neta antes de asumir un mandato. El modelo incorpora variables como el alcance del trabajo, las horas previstas, la ubicación, la composición del equipo, las tarifas pactadas y el denominado write-off, es decir, el porcentaje de horas trabajadas que finalmente podrían no facturarse. Aunque la facturación por horas continúa siendo el sistema más extendido, los modelos alternativos han ganado peso en el sector. Entre ellos destacan las tarifas con límite máximo y las igualas, basadas en cuotas fijas periódicas. Estas fórmulas permiten que el cliente pague en función del valor aportado, de determinados hitos o incluso de los resultados obtenidos, como ocurre con las tarifas a éxito, dejando atrás el criterio exclusivo de las horas trabajadas. Fuentes del sector jurídico señalan que los presupuestos cerrados son cada vez más habituales, ya que las empresas buscan conocer con antelación el coste final de los servicios. En el caso de Eversheds Sutherland, la rentabilidad se revisa cada mes mediante una calculadora específica que activa mecanismos de control cuando existen write-offs elevados o márgenes insuficientes. Los indicadores analizan el beneficio neto por asunto, área de práctica y cliente. No obstante, no todos los despachos evolucionan hacia un mismo sistema. Algunas grandes firmas nacionales consideran poco viable implantar un modelo centralizado de pricing en oficinas repartidas por distintos países y ciudades. Por ello, mantienen cierto margen de autonomía en cada departamento, aunque aplican directrices comunes para coordinar políticas comerciales y descuentos. Otros bufetes internacionales presentes en España también cuentan con equipos globales de pricing, generalmente integrados en el área financiera y coordinados estrechamente con desarrollo de negocio. El sistema de la hora facturable ha resistido durante años porque resulta sencillo de aplicar. Así lo explica Miguel Ángel Pérez de la Manga, profesor de gestión de la Universidad de Navarra y socio de la consultora BlackSwan. Según señala, el mecanismo tradicional consiste simplemente en registrar horas trabajadas y multiplicarlas por una tarifa determinada. Sin embargo, este modelo también genera una contradicción de fondo: mientras el despacho tiene incentivos para dedicar más tiempo a un asunto, el cliente no siempre sabe qué valor real obtiene por el dinero invertido. Para Pérez de la Manga, el cambio está impulsado tanto por los despachos como por los propios clientes. A los abogados les interesa cobrar por el valor que aportan y no únicamente por el tiempo invertido, mientras que las empresas rechazan pagar por horas tareas que consideran de escaso valor añadido. Esa coincidencia de intereses está favoreciendo, aunque lentamente, la transición hacia sistemas de pricing basados en el valor y en el impacto real del asesoramiento sobre el negocio del cliente.

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