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(Expansión, 10-02-2026)

¿Un impuesto para las empresas "tecnofeudales" que usan la IA para reemplazar trabajos?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha planteado este lunes la creación de un nuevo gravamen dirigido a las empresas que ha calificado como "tecnofeudales", aquellas que recurren de forma intensiva a la robotización y a la Inteligencia Artificial (IA) para sustituir empleo humano. El objetivo, ha explicado, es repartir de manera más equitativa los beneficios que generan y avanzar hacia un sistema fiscal más justo. La iniciativa enlaza con una propuesta similar defendida anteriormente por el senador estadounidense Bernie Sanders y se ha debatido durante la jornada ¿Gravar a los robots? Fiscalidad y empleo en la era de la Inteligencia Artificial, celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados. García ha defendido que, aunque la tecnología, los algoritmos y la automatización están reemplazando cada vez más puestos de trabajo, la sociedad no está percibiendo el retorno económico que produce este cambio. "No se trata de poner impuestos a los robots como tal, sino a una tecnología que está desmontando el modelo tradicional de redistribución de la riqueza, del trabajo y del funcionamiento de la economía", ha señalado la ministra durante su intervención. Asimismo, ha subrayado que la Inteligencia Artificial no debería suponer el fin del empleo, sino convertirse en una herramienta que esté necesariamente al servicio de la ciudadanía. En este sentido, ha advertido de que la regulación y la acción política avanzan con retraso respecto al ritmo al que se producen los cambios tecnológicos. Desde Más Madrid, la diputada integrada en Sumar Tesh Sidi ha apuntado que cada vez es más habitual encontrar sistemas de autocobro, mientras que las grandes empresas tecnológicas anuncian fuertes inversiones en IA y automatización al mismo tiempo que ejecutan despidos a gran escala. "Nos encaminamos hacia un modelo económico en el que los beneficios aumentan gracias a nuestros datos, nuestra atención y nuestro tiempo, pero no revierten en la sociedad", ha afirmado Sidi, quien ha instado a pensar alternativas en las que la Inteligencia Artificial se ponga al servicio del interés general y de políticas públicas como las ayudas a la crianza o una sanidad pública sólida. En la misma línea se ha expresado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, quien ha advertido de que la IA está provocando una transformación profunda del mercado laboral y de la economía, generando incrementos muy elevados de productividad que, sin embargo, se distribuyen de manera profundamente desigual. Maestre ha denunciado que, en las últimas décadas, los beneficios empresariales y los ingresos de las compañías han crecido de forma notable, mientras que los salarios reales de los trabajadores no lo han hecho en la misma proporción. En este contexto, Mónica García también ha dirigido duras críticas a los grandes empresarios del sector tecnológico, señalando de forma expresa al fundador de Meta, Mark Zuckerberg. "No solo concentran una parte enorme de la riqueza mundial, sino que además aspiran a concentrar poder democrático, y eso no podemos permitirlo", ha afirmado. Por su parte, Maestre ha recordado que muchas de estas compañías gestionan infraestructuras clave relacionadas con la seguridad y los datos, por lo que ha insistido en la necesidad de exigirles una fiscalidad justa y de frenar el poder de los multimillonarios tecnológicos y de los responsables políticos que, según ha dicho, les extienden la "alfombra roja".

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(El País, 10-02-2026)

La brecha salarial entre hombres y mujeres se estanca en el 20%

La Comisión Europea entiende la brecha salarial de género como la diferencia proporcional entre los ingresos brutos medios de hombres y mujeres en el conjunto de la economía. En España, esta distancia se sitúa en torno al 20% a favor de los hombres y, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes a 2024, no ha registrado avances significativos respecto al año anterior, manteniéndose prácticamente sin cambios en todos los niveles del empleo femenino. Así lo recoge el informe Brecha de género, síntoma de la desigualdad estructural, elaborado por Comisiones Obreras y presentado este lunes por su secretario general, Unai Sordo, junto a la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal. El estudio señala que en 2024 el salario medio anual del empleo principal fue de 31.116 euros en el caso de los hombres y de 25.958 euros entre las mujeres, lo que supone una diferencia de 5.158 euros al año. En términos relativos, esto implica que los salarios femeninos deberían incrementarse alrededor de un 20% para equipararse a los masculinos. El documento analiza las causas que explican esta desigualdad retributiva y concluye que más de la mitad de la brecha, un 55%, se debe al mayor peso del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres. Se trata, en muchos casos, de una jornada reducida no deseada que, según denunció Vidal, acaba convirtiéndose en una trampa laboral y salarial prolongada en el tiempo, ya que muchas trabajadoras no pueden acceder a empleos a jornada completa debido a sus responsabilidades de cuidado. La sobrecarga de tareas de cuidados que asumen las mujeres es uno de los factores clave que explica esta situación. Los datos lo confirman: el 75% de las personas con contrato a tiempo parcial en España son mujeres y, de ellas, tres de cada cuatro trabajan así de manera involuntaria. En 2024, 385.000 mujeres tenían jornada parcial por atender a personas dependientes, frente a solo 28.000 hombres, lo que supone que esta situación es trece veces más frecuente entre las trabajadoras. Además, existen alrededor de dos millones de mujeres inactivas que ni siquiera buscan empleo por tener que ocuparse de cuidados familiares, frente a 394.000 hombres en la misma situación. Junto al trabajo a tiempo parcial, otro 39% de la brecha salarial se explica por los complementos salariales que perciben mayoritariamente los hombres y que suelen premiar la presencia física y la disponibilidad horaria, algo a lo que ellos pueden acceder con más facilidad debido, nuevamente, a un reparto desigual de las tareas domésticas y de cuidados. Tras analizar estas causas, CC OO ha alertado del freno en la reducción de la desigualdad salarial. Según Sordo, existen señales claras de estancamiento y todo apunta a que la brecha se ha enquistado en torno al 20%. De no revertirse esta tendencia, advirtió, podrían ser necesarias más de dos décadas para cerrar esta diferencia. El estudio se apoya en datos de la Encuesta de Estructura Salarial y del salario principal recogido en la EPA, ambas elaboradas por el INE. La metodología utilizada calcula la brecha a partir de la diferencia entre los salarios medios de hombres y mujeres en relación con el salario femenino, lo que arroja un porcentaje más elevado que otras fórmulas estadísticas que reflejan desigualdades menos pronunciadas. Con este enfoque, se observa que el avance logrado desde 2018 se ha frenado. Ese año, la brecha alcanzaba el 27%, bajó hasta el 19% en 2022 y desde entonces apenas ha seguido reduciéndose. Uno de los factores decisivos en esa mejora fue el aumento continuado del salario mínimo interprofesional, que tiene un impacto mayor sobre las mujeres. En 2025, el 57% de las personas beneficiadas por la subida del SMI fueron mujeres. La última actualización del salario mínimo benefició a más de dos millones de trabajadores, lo que representa el 11,8% del total de ocupados. Entre quienes trabajan a jornada completa, el 15,6% de las mujeres se vio favorecida por tener salarios más bajos, una proporción que se incrementa notablemente si se incluyen los contratos a tiempo parcial. Por este motivo, además de seguir elevando el salario mínimo -que ha aumentado un 61% desde 2019 y para el que se prevé una nueva subida del 3,1% en 2026-, CC OO reclama medidas adicionales. Entre ellas, una reforma del contrato a tiempo parcial y de las horas complementarias, así como un pacto de Estado que garantice un reparto equilibrado de los cuidados entre hombres y mujeres y ofrezca una respuesta común y homogénea desde los poderes públicos.

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