(El País, 12-06-2026)
El Consejo Fiscal Europeo ve “muy cuestionable” permitir que los países gasten más para afrontar la crisis energética
El Consejo Fiscal Europeo ha mostrado su desacuerdo con la propuesta planteada por la Comisión Europea para flexibilizar temporalmente las normas fiscales y permitir a los Estados miembros disponer de un mayor margen de gasto público con el fin de afrontar las consecuencias de la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Próximo. A juicio de este organismo independiente encargado de supervisar las finanzas públicas de la Unión Europea, la medida resulta discutible y podría generar efectos contraproducentes. En un informe presentado recientemente, el Consejo Fiscal advierte de que esta nueva flexibilidad presupuestaria podría favorecer incrementos discrecionales del gasto que no siempre estarían justificados, especialmente en un contexto en el que la inflación vuelve a mostrar una tendencia ascendente. El presidente de la institución, Pieter Hasekamp, expresó abiertamente sus reservas respecto a la iniciativa de Bruselas, al considerar que transmite un mensaje equivocado sobre la disciplina fiscal. La propuesta de la Comisión contempla que los países puedan destinar hasta un 0,3% de su producto interior bruto a inversiones y medidas orientadas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles. Esta posibilidad se integraría dentro del margen excepcional ya aprobado para incrementar el gasto en defensa. Desde 2025, los Estados miembros pueden superar temporalmente los límites fiscales pactados con la Unión Europea hasta un máximo equivalente al 1,5% del PIB sin exponerse a procedimientos sancionadores, siempre que esos recursos se destinen a determinadas prioridades estratégicas. La nueva propuesta permitiría utilizar una parte de ese margen para actuaciones vinculadas a la seguridad energética. Aunque el importe adicional no supone una ampliación del límite global ya autorizado, el Consejo Fiscal considera que existe una diferencia relevante entre ambas situaciones. Mientras que la flexibilización aprobada para defensa respondía a circunstancias geopolíticas excepcionales y urgentes, la institución teme que la incorporación de nuevas excepciones pueda generar la percepción de que cualquier crisis justifica modificar las reglas presupuestarias. Según el organismo, repetir este tipo de medidas extraordinarias durante años consecutivos puede erosionar la credibilidad del marco fiscal europeo y debilitar la confianza en las normas que regulan la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros. Además, el informe advierte de que un incremento del gasto público en el actual contexto económico podría contribuir a mantener las presiones inflacionistas. Un mayor desembolso por parte de las administraciones podría estimular la demanda y dificultar el proceso de moderación de los precios que persiguen las autoridades monetarias. Las críticas del Consejo Fiscal Europeo no se dirigen únicamente a la propuesta de la Comisión. También cuestionan la forma en que muchos gobiernos europeos han respondido al encarecimiento de la energía. Según sus estimaciones, cerca de dos tercios de las medidas aprobadas para aliviar el impacto de la crisis consisten en reducciones generalizadas de impuestos sobre los combustibles, en lugar de ayudas dirigidas específicamente a los colectivos más afectados. Esta estrategia se aleja de las recomendaciones formuladas tanto por la Comisión Europea como por diversos organismos internacionales, que defendían la aplicación de medidas temporales, focalizadas y adaptadas a las necesidades de los sectores más vulnerables. Las rebajas fiscales generalizadas, aunque alivian el coste energético para todos los consumidores, no cumplen plenamente con esos criterios de selectividad. No obstante, el informe reconoce que el volumen total de ayudas desplegadas hasta ahora sigue siendo relativamente moderado y que la mayoría de ellas tienen una duración limitada en el tiempo. Por este motivo, el Consejo Fiscal considera que, en principio, estas medidas no deberían generar efectos significativos sobre las cuentas públicas europeas a partir de 2027. En el caso de España, por ejemplo, algunas de las medidas adoptadas para contener el impacto de la crisis energética tienen una fecha de finalización próxima, salvo que el Gobierno decida prorrogarlas nuevamente. Esta naturaleza temporal reduce el riesgo de que se conviertan en gastos estructurales permanentes para las administraciones públicas.
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