GABINETE ASESOR FERNANDEZ

Asesoría a empresas

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Asesoría Fiscal

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece un asesoramiento y gestión completa en todas sus obligaciones tributarias y contables antes las diferentes administraciones. Asegurando, gracias a su experiencia y equipo, que sus clientes disfruten de una óptima planificación fiscal y de las herramientas contables necesarias para la toma de decisiones y análisis de resultados

Asesoría Laboral

Este departamento se encargará de darle solución a todas las necesidades que se den en el ámbito sociolaboral de la empresa, poniendo a su disposición un equipo de profesionales (formado por Graduados Sociales, Diplomados en Relaciones Laborales y Abogados Laboralistas) con una amplia experiencia práctica, ofreciendo servicios de ámbito administrativo, jurídico, consultoría, y auditoria socio-laboral interna.

Asesoría Jurídica

El departamento jurídico de Gabinete Asesor Fernández, S.L. cuenta con profesionales de la abogacía, especializados en distintos campos que afectan al ámbito civil y mercantil, siendo su principal activo de cara a cumplir con las exigencias de sus clientes.

Estancos

A lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, Gabinete Asesor Fernández, S.L se ha especializado, además de en sus actividades principales, en el asesoramiento a Expendedurías de Tabacos (Estancos) y a receptores de Loterías y Apuestas del Estado.

ERE

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. asesora y propone a sus clientes soluciones para superar las crisis empresariales pero también para prevenirlas.

Auditoria Laboral

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. está especializado en la realización de auditorias laborales de empresa revisando la correcta aplicación de la normativa laboral.

Outsourcing

A través de un su equipo de profesionales repartidos en las diferentes áreas Gabinete Asesor Fernandez, S.L. ofrece a sus clientes la externalización de tareas y servicios en un contexto de optimización de costes buscando la mejora de su competitividad y liberarse de tareas poco rentables.

Empresa

Gabinete Asesor Fernandez, S.L. inicia sus actividades el año 1972, orientando su actividad a la asesoría de la pequeña y mediana empresa. Nuestro equipo de profesionales garantiza en todo momento un trato humano y directo que nos permite cumplir con nuestro principal objetivo que es ofrecer un servicio personalizado, ágil, completo y de calidad.

Gestión, concesión y transmisión de Expendedurías de Tabacos (estancos) y Loterias.
Intervención en situaciones de ajustes laborales y financieras, (ERE,s , Concurso de Acreedores).
Auditorias laborales
Implementación de practicas de Outsourcing.

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(Expansión, 20-10-2026)

Amor (ATA): "Termina una legislatura nefasta, hay autónomos que ganan a final de mes menos que su propio trabajador"

La organización denuncia que el 63% de los autónomos obtiene ingresos inferiores al salario mínimo, mientras las cotizaciones han aumentado un 36% y disminuye el número de profesionales que contratan trabajadores. A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha presentado un balance crítico de la legislatura en materia de trabajo por cuenta propia. Su presidente, Lorenzo Amor, cuestionó este lunes la política económica y laboral del Gobierno dirigida al colectivo durante la entrega de los XXV Premios Autónomo del Año. Según denunció, aunque ha aumentado el número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la situación económica de muchos profesionales se ha deteriorado. «¿Hay más autónomos? Sí, pero más pobres», afirmó. Amor señaló que los trabajadores por cuenta propia soportan una carga creciente de obligaciones administrativas, trámites y exigencias normativas que dificulta el desarrollo de sus negocios. Según las estimaciones de ATA, los autónomos dedican unas 200 horas al año a tareas burocráticas ajenas a su actividad productiva, lo que representa un coste medio de 3.000 euros por negocio y un impacto total de 10.300 millones de euros para el conjunto del tejido empresarial. El presidente de la asociación también advirtió de que la incertidumbre fiscal está llevando a muchos profesionales a renunciar a deducir determinados gastos por temor a posibles inspecciones. «Los autónomos ya no deducen los gastos porque estamos en el ojo del que te pueda revisar», lamentó. A estas dificultades se añade el incremento de los costes laborales, que, según ATA, reduce los márgenes de los negocios y limita su capacidad para contratar personal y ampliar sus plantillas. Amor destacó que las cotizaciones han aumentado un 36% entre 2018 y 2025, en parte por la evolución de las bases y cuotas y la aplicación del mecanismo de equidad intergeneracional. A su juicio, este encarecimiento no se corresponde con el crecimiento de la actividad de muchos trabajadores por cuenta propia. «¿A qué autónomo le ha subido entre 2018 y 2025 un 36% su actividad?», planteó. Los datos de la Seguridad Social citados por ATA reflejan, según la organización, las dificultades económicas del colectivo: el 63% de los autónomos declara rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta situación provoca que algunos profesionales obtengan al final de mes menos ingresos que los trabajadores que tienen contratados. La asociación relaciona esta pérdida de rentabilidad con la reducción del número de autónomos empleadores y del empleo generado por sus negocios. La organización también cuestiona la protección social disponible para los trabajadores por cuenta propia. Amor denunció que siete de cada diez solicitudes de prestación por cese de actividad son rechazadas y criticó que los autónomos no puedan acceder al subsidio asistencial para mayores de 52 años en las mismas condiciones que otros colectivos. Frente a lo que considera una falta de avances por parte del Ejecutivo central, el presidente de ATA destacó las iniciativas impulsadas por varias comunidades autónomas. Como ejemplos, mencionó las ayudas a la consolidación de negocios y la cuota cero en Castilla-La Mancha, así como las bonificaciones durante los periodos de incapacidad temporal en Murcia. También señaló el caso de Canarias, donde los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros están exentos del IGIC, el impuesto indirecto autonómico. En este ámbito, Amor reclamó que España aplique la directiva europea que permite establecer un régimen de franquicia del IVA para pequeños negocios. Según denunció, la falta de adaptación de esta medida obliga a los autónomos españoles que no están acogidos a un régimen equivalente a presentar declaraciones trimestrales, mientras que en otros países europeos los procedimientos pueden ser más sencillos. «Es insoportable que en este país los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no puedan tener el IVA franquiciado como en el resto de Europa», afirmó. A su juicio, la aplicación de esta medida reduciría las cargas administrativas y facilitaría la gestión fiscal de los pequeños negocios.

(Expansión, 20-10-2026)

Subida salarial del 5% para los funcionarios

El Gobierno mantiene contactos con los sindicatos que representan a los empleados públicos para estudiar la posibilidad de aprobar la subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El calendario contempla que a comienzos de 2027 se haga efectivo el incremento adicional del 0,5% correspondiente a 2026, vinculado a la evolución del IPC, así como la subida del 4,5% prevista para el próximo ejercicio. Después de confirmar que elevará el salario mínimo interprofesional para beneficiar a 2,5 millones de trabajadores antes de las elecciones y que actualizará las pensiones de los 9,5 millones de perceptores antes de finalizar el año, el Ejecutivo también estudia adelantar la subida salarial de los funcionarios y del resto del personal público. Este colectivo agrupa a unos 3,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió recientemente a hacer todo lo posible para aplicar el incremento salarial acordado con los sindicatos a finales de noviembre de 2025. A raíz de estas declaraciones, CSIF, la principal organización sindical entre los empleados públicos, ha trasladado su intención de acelerar la aplicación de los dos aumentos previstos para los primeros meses de 2027. El primero de ellos corresponde al incremento adicional del 0,5% sobre la subida del 1,5% aplicada en 2026. Según el acuerdo alcanzado, esta revisión debe aprobarse durante el primer trimestre del próximo año y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, siempre que la inflación media anual supere el 1,5%. Las previsiones de los principales servicios de estudios sitúan el IPC medio de este ejercicio entre el 3,6% y el 3,7%, por lo que se cumplirían las condiciones para activar este aumento complementario. No obstante, la principal reivindicación de los representantes de los funcionarios se centra en la subida del 4,5% prevista para 2027. Este porcentaje representa casi la mitad del incremento salarial acumulado del 11% acordado para el periodo 2026-2028, que incluye también una subida pendiente del 2% para 2028. Su aplicación permitiría compensar, al menos parcialmente, el impacto del encarecimiento de los precios y contribuiría a preservar el poder adquisitivo de los empleados públicos. Fuentes del Gobierno señalan que la senda retributiva ya fue pactada con los sindicatos y suscrita por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que no sería necesario volver a negociar sus términos. Las organizaciones sindicales, por su parte, insisten en la conveniencia de agilizar los trámites para que los incrementos puedan aplicarse dentro de los plazos establecidos. Tradicionalmente, las subidas salariales de los funcionarios se incorporaban a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Ejecutivo ha tramitado las últimas actualizaciones al margen de las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023. Ante la ausencia de nuevos presupuestos, la subida tendría que aprobarse mediante un instrumento normativo específico, ya fuera por el Gobierno actual en funciones después del 29 de noviembre o por el Ejecutivo que se constituya tras las elecciones. El objetivo es que el incremento previsto para 2027 entre en vigor en enero. CSIF ha reclamado que el Gobierno apruebe mediante real decreto, a través de la Diputación Permanente, antes de los comicios generales del 29 de noviembre, tanto el aumento del 4,5% para 2027 como el 0,5% adicional correspondiente a 2026. CCOO también respalda esta petición de cara a la reunión de la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio de Función Pública. Las reivindicaciones sindicales incluyen, además, la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación de las retribuciones entre las distintas administraciones, el refuerzo de los servicios públicos y la recuperación de la estructura salarial anterior a los recortes aplicados desde 2010. La aplicación de ambos incrementos supondría un desembolso conjunto de unos 10.000 millones de euros para las administraciones públicas. El pago del 0,5% adicional de 2026, con carácter retroactivo, tendría un coste aproximado de 1.000 millones de euros para las nóminas de los empleados públicos. A esta cantidad se sumarían otros 9.000 millones derivados de la subida del 4,5% prevista para 2027, lo que elevaría la factura total de las dos medidas hasta los 10.000 millones de euros.

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