(Expansión, 17-06-2026)
Bruselas busca una fiscalidad para la electricidad que sean sustancialmente inferior a la del gas natural
La Unión Europea prepara una profunda transformación de su política energética y fiscal con el objetivo de abaratar la factura de la luz y acelerar la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes. La Comisión Europea trabaja en una propuesta legislativa que modificará tanto la fiscalidad energética como los costes asociados al uso de las redes eléctricas, buscando reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la competitividad de la electricidad frente al gas natural. La iniciativa llega en un contexto marcado por la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales. Las tensiones derivadas de la guerra en Irán han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Europa ante las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas, dos materias primas de las que el bloque comunitario sigue siendo altamente dependiente. Bruselas considera que esta situación refuerza la necesidad de acelerar la electrificación de actividades como el transporte, la calefacción o determinados procesos industriales. Según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso Reuters, la Comisión pretende que los Estados miembros apliquen una fiscalidad claramente más favorable a la electricidad que al gas natural. El objetivo es doble: reducir los costes energéticos de hogares y empresas y, al mismo tiempo, impulsar la adopción de tecnologías como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, cuya expansión se ha visto limitada en parte por el elevado coste de la electricidad. La futura normativa permitirá que cada país mantenga cierto margen para fijar sus propios impuestos energéticos, aunque todos deberán respetar el principio general de otorgar un tratamiento fiscal preferente a la electricidad. De esta forma, Bruselas pretende crear señales económicas que favorezcan la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. La reforma también contempla medidas dirigidas a modificar los patrones de consumo energético. En concreto, se impulsarán incentivos para que los consumidores trasladen parte de su demanda eléctrica a los momentos en los que la energía sea más abundante y económica, normalmente coincidiendo con los periodos de mayor producción renovable. Esta estrategia busca aprovechar mejor la generación procedente de fuentes solares y eólicas, reduciendo la presión sobre el sistema eléctrico y mejorando su eficiencia. Para facilitar este cambio, la Comisión plantea que al menos la mitad de los consumidores europeos dispongan de contadores inteligentes antes de 2030. Estos dispositivos permiten monitorizar el consumo en tiempo real y acceder a tarifas adaptadas a las distintas franjas horarias, ofreciendo mayores posibilidades de ahorro. La medida cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que los costes de red representan aproximadamente una cuarta parte del importe de una factura eléctrica media en la Unión Europea. Sin embargo, la tramitación política de esta reforma no estará exenta de dificultades. El texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría experimentar modificaciones antes de su presentación definitiva. Además, para convertirse en legislación comunitaria necesitará el respaldo tanto del Parlamento Europeo como de los Estados miembros. Precisamente en el ámbito nacional comienzan a surgir las primeras resistencias. Algunos gobiernos consideran que cualquier modificación relacionada con la fiscalidad debería aprobarse por unanimidad y no mediante mayorías cualificadas. Estos países advierten de que una reforma de este tipo podría abrir la puerta a futuras injerencias en competencias que consideran exclusivas de los Estados. El núcleo de esta transformación se encuentra en la revisión de la Directiva de Fiscalidad de la Energía, una normativa que Bruselas considera desfasada respecto a los actuales objetivos climáticos. La principal novedad consistirá en abandonar el sistema que grava los combustibles en función de su volumen para sustituirlo por otro basado en su contenido energético y en el impacto ambiental que generan. Este nuevo modelo aplicará de forma más estricta el principio de que quien más contamina debe asumir una mayor carga fiscal. Como consecuencia, los combustibles fósiles soportarán impuestos más elevados, mientras que la electricidad procedente de fuentes limpias disfrutará de una tributación más reducida. Con ello, la Comisión Europea aspira a orientar las decisiones de inversión y consumo hacia alternativas más sostenibles y acelerar la descarbonización de la economía comunitaria.
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