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(Cinco Días, 15-05-2026)

Los datos de inflación de abril anticipan la desactivación de varias rebajas fiscales a partir del 1 de junio

El dato definitivo de inflación de abril publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) activa de forma parcial la cláusula prevista por el Gobierno dentro del plan de respuesta diseñado para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Este mecanismo vinculaba la continuidad de determinadas rebajas fiscales energéticas al comportamiento de los precios durante abril, de modo que las ayudas dejarían de aplicarse automáticamente a partir de junio si la inflación de cada componente se mantenía por debajo de ciertos límites. Los datos difundidos por el INE dibujan una situación desigual. Las medidas fiscales relacionadas con los carburantes continuarán vigentes, al menos hasta el 30 de junio, mientras que las ayudas vinculadas a la electricidad y al gas natural desaparecerán desde el 1 de junio. La inflación general se redujo en abril hasta el 3,2% interanual, dos décimas menos que en marzo, y la inflación subyacente descendió al 2,8%. El Ejecutivo atribuye esta moderación tanto al impacto de las medidas anticrisis como al peso creciente de las energías renovables en el sistema eléctrico español. Precisamente esa evolución de los precios es la que permite ahora retirar parte de las ayudas energéticas. En el caso de la electricidad y el gas, dejarán de aplicarse desde junio varias rebajas fiscales aprobadas durante la crisis. Entre ellas figuran la reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10%, el recorte del impuesto especial eléctrico hasta el 0,5% y el IVA reducido aplicado al gas natural, pellets, briquetas y leña. Sí continuará vigente, al menos hasta el 30 de junio, la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), el gravamen del 7% que soportan las compañías generadoras y que suele repercutirse en la factura final de la luz. La situación es distinta en los carburantes. Según el INE, el incremento anual del precio de los combustibles supera claramente el umbral del 15% fijado en el real decreto ley como límite para retirar las ayudas fiscales. Como consecuencia, seguirán aplicándose durante junio las principales medidas de apoyo sobre gasolina y diésel. Entre ellas se mantienen el IVA reducido al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes, la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y la devolución parcial del gasóleo profesional destinada al sector del transporte. El Gobierno sostiene que, sin estas medidas, la inflación de los carburantes habría alcanzado el 28,9% en abril y asegura que el plan ha permitido reducir ese impacto en más de 16 puntos porcentuales. Más allá de los cambios fiscales, el resto del paquete de ayudas seguirá en vigor. Continúan las ayudas directas dirigidas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas, así como el refuerzo del bono social eléctrico, que mantiene descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los considerados vulnerables severos. También se mantendrán las ayudas para la industria electrointensiva, las facilidades para modificar contratos energéticos y las deducciones fiscales vinculadas a proyectos de electrificación y energías renovables, como la instalación de placas solares, bombas de calor o puntos de recarga para vehículos eléctricos. Asimismo, seguirá aplicándose el límite al precio de la bombona de butano y continuará la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evitar que las rebajas fiscales sobre los carburantes no lleguen realmente al consumidor final.

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(El País, 15-05-2026)

España deberá hacer ajustes por valor de 15.000 millones hasta 2028 para cumplir con las reglas fiscales

La cláusula de escape solicitada recientemente por España a la Comisión Europea para excluir del cómputo fiscal el aumento del gasto en defensa aliviará parcialmente la presión sobre las cuentas públicas en el corto plazo, pero no bastará para cumplir los compromisos fiscales europeos en los próximos años. Así lo concluye la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras analizar el Informe de Progreso Anual enviado por el Gobierno a Bruselas hace unas semanas en el marco del nuevo sistema europeo de control de deuda y déficit. Según las estimaciones del organismo supervisor, España necesitará aprobar ajustes o medidas adicionales por unos 15.000 millones de euros hasta 2028, especialmente a partir del próximo ejercicio, para evitar desviaciones respecto a los objetivos pactados con la Unión Europea. La Airef calcula que el gasto primario neto de medidas de ingresos -el principal indicador utilizado por Bruselas tras la reforma de las reglas fiscales- crecerá de media un 5% anual entre 2025 y 2028, claramente por encima del 3,4% comprometido por el Ejecutivo en su plan fiscal. El organismo prevé desviaciones especialmente significativas en 2026 y 2027, con incrementos superiores en más de dos puntos porcentuales respecto a los objetivos marcados. Para 2028, la diferencia seguiría siendo superior a un punto. Como resultado, la denominada cuenta de control acumulada, utilizada por la Comisión para evaluar la sostenibilidad fiscal de los países, sobrepasaría los límites fijados desde este mismo año y alcanzaría el 2,1% del PIB en 2028. Con el objetivo de reducir esa desviación, el Gobierno solicitó activar la cláusula de escape nacional vinculada al gasto en defensa, un mecanismo al que ya han recurrido otros países europeos. Excluir del cálculo el incremento extraordinario de los desembolsos militares permitiría suavizar temporalmente las desviaciones fiscales. De hecho, la Airef reconoce que, aplicando esta flexibilidad, la cuenta de control acumulada se situaría en 2026 justo en el límite permitido del 0,6% del PIB. Sin embargo, el organismo advierte de que en 2027 y 2028 volverían a superarse los topes, alcanzando el 1,5% del PIB al final del periodo. Por ello, incluso teniendo en cuenta la cláusula de escape y el margen de flexibilidad contemplado por Bruselas, la Airef considera necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2027 y al 0,3% en 2028. Traducido a cifras absolutas, supondría aprobar ajustes cercanos a 10.000 millones de euros en 2027 y otros 5.000 millones un año después. El organismo presidido por Inés Olóndriz reclama al Ministerio de Hacienda una estrategia fiscal a medio plazo que considere "realista y creíble" y que permita compatibilizar el cumplimiento de las reglas fiscales españolas y europeas. Además, insiste en la necesidad de ampliar el contenido del informe remitido a Bruselas con un escenario presupuestario más completo que facilite la identificación de riesgos futuros. Pese a estas advertencias, la Airef considera que el documento enviado por el Gobierno cumple formalmente los requisitos exigidos por la Comisión al incluir previsiones macroeconómicas y presupuestarias actualizadas tanto de ejercicios ya cerrados como de 2026. No obstante, critica la escasa ambición del informe como herramienta de planificación a medio plazo. Entre otras cuestiones, el supervisor reprocha al Ejecutivo no haber revisado las variables reales de su escenario macroeconómico pese al contexto de incertidumbre derivado de la guerra en Oriente Próximo, lo que, a su juicio, genera problemas de coherencia interna en las previsiones. También señala que el informe incorpora las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a la crisis energética, aunque sin reflejar plenamente su impacto sobre las principales variables macroeconómicas. Días antes de remitir el documento a Bruselas, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, explicó que el Gobierno optaba por mantener sin cambios el cuadro macroeconómico, incluyendo una previsión de crecimiento del PIB del 2,2% para 2026. El Ejecutivo justificó esta decisión por la elevada incertidumbre asociada al conflicto en Oriente Próximo y admitió que el impacto económico de la guerra podría oscilar entre cuatro y ocho décimas del PIB. La Airef sí ha revisado sus previsiones y reduce una décima su estimación de crecimiento para 2026, hasta el 2,2%, coincidiendo finalmente con la cifra del Gobierno aunque con diferencias importantes en otros indicadores. La principal discrepancia se encuentra en la previsión de crecimiento del PIB nominal. Mientras el Ejecutivo espera un aumento del 5,3% en 2026, la Airef lo sitúa en el 4,8%. Esta diferencia es relevante porque un mayor crecimiento nominal facilita mejorar artificialmente las ratios de déficit y deuda sobre PIB. Para 2027 y 2028, la Airef mejora ligeramente sus previsiones económicas gracias al impacto positivo de los flujos migratorios, situando el crecimiento en el 2% y el 1,9%, respectivamente. A partir de 2030, el avance de la economía se moderaría hasta el 1,7%, aunque el organismo reconoce que persisten riesgos importantes a la baja, especialmente ligados a la situación geopolítica internacional. En materia de déficit público, la Airef prevé un repunte hasta el 2,6% del PIB en 2026 debido principalmente a las medidas temporales adoptadas para afrontar la crisis energética. Posteriormente, el desequilibrio volvería a reducirse al 2,2% en 2027, aunque a partir de 2028 volvería a aumentar por el impacto del envejecimiento de la población y del incremento del gasto en defensa.

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