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Gabinete Asesor Fernandez S.L was founded in 1972 and it started focusing its activity on small and medium companies. We are a team of professionals that guarantee along the process a personal and direct treatment that allows us to reach our main goal which is to offer a complete service that is individualized, swift and of high quality.

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(Expansión, 20-12-2024)

Prospera el impuesto a la banca y decae el energético

El Parlamento dio ayer su aprobación final a la reforma fiscal promovida por el Gobierno, tras una ardua negociación con sus aliados parlamentarios, que dejó fuera varias medidas clave de recaudación. Además, se rechazaron la mayoría de las propuestas de rebajas fiscales impulsadas por el PP durante su paso por el Senado. No obstante, los populares consiguieron el respaldo del PNV y Junts para derogar formalmente el impuesto a las empresas energéticas, asestando un golpe al Ejecutivo. La reforma aprobada incluye un amplio paquete de medidas tributarias, como se refleja en su nombre oficial: "Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco". Una de las novedades destacadas fue el apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP que elimina el gravamen sobre las entidades energéticas, impuesto que el Gobierno planea prorrogar por decreto durante un año. Esta votación refleja el rechazo de PNV y Junts a dicho tributo, que podría quedar eliminado definitivamente. El núcleo de la ley parte de la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional de la OCDE conocido como Pilar 2. Esta medida busca evitar que las grandes corporaciones eludan impuestos operando en territorios con bajas tasas fiscales. La demora en la adaptación de esta norma a la legislación española ya había llevado a la UE a demandar al país ante el TJUE. Además, se introdujeron cambios mediante enmiendas, como la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituirá al actual durante 2024-2026. Este gravamen, que afecta al margen de intereses y comisiones de las entidades, aplicará tasas progresivas según los ingresos, y su recaudación será distribuida entre las comunidades autónomas según su PIB. También se incrementó el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro del 28% al 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. Entre las medidas de mayor impacto recaudatorio destaca la reactivación del alza en el Impuesto de Sociedades, que permitirá limitar la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición en empresas con grandes volúmenes de negocio. Sin embargo, para las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, se prevé una reducción progresiva del tipo impositivo, que alcanzará el 17% sobre los primeros 50.000 euros en 2027. El paquete también incluye un impuesto al vapeo, incrementos en los tributos sobre el tabaco, medidas contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y ajustes en la tributación de los artistas según sus ingresos reales. Durante la tramitación en el Senado, el PP intentó introducir enmiendas como una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años y beneficios fiscales para las pymes y los afectados por la DANA. Aunque muchas no prosperaron, sí se aprobaron algunas excepciones, como la exención tributaria para ayudas a damnificados y la reducción del IVA en productos como yogures. El PP, que calcula que la reforma aumentará la presión fiscal en 8.800 millones de euros, celebró haber evitado subidas adicionales por 6.500 millones. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el respaldo mayoritario, tanto de la izquierda como de la derecha, a la reforma fiscal.

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(Expansión, 20-12-2024)

Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen. Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España. El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada. Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.

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