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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Prospera el impuesto a la banca y decae el energético

El Parlamento dio ayer su aprobación final a la reforma fiscal promovida por el Gobierno, tras una ardua negociación con sus aliados parlamentarios, que dejó fuera varias medidas clave de recaudación. Además, se rechazaron la mayoría de las propuestas de rebajas fiscales impulsadas por el PP durante su paso por el Senado. No obstante, los populares consiguieron el respaldo del PNV y Junts para derogar formalmente el impuesto a las empresas energéticas, asestando un golpe al Ejecutivo. La reforma aprobada incluye un amplio paquete de medidas tributarias, como se refleja en su nombre oficial: "Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco". Una de las novedades destacadas fue el apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP que elimina el gravamen sobre las entidades energéticas, impuesto que el Gobierno planea prorrogar por decreto durante un año. Esta votación refleja el rechazo de PNV y Junts a dicho tributo, que podría quedar eliminado definitivamente. El núcleo de la ley parte de la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional de la OCDE conocido como Pilar 2. Esta medida busca evitar que las grandes corporaciones eludan impuestos operando en territorios con bajas tasas fiscales. La demora en la adaptación de esta norma a la legislación española ya había llevado a la UE a demandar al país ante el TJUE. Además, se introdujeron cambios mediante enmiendas, como la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituirá al actual durante 2024-2026. Este gravamen, que afecta al margen de intereses y comisiones de las entidades, aplicará tasas progresivas según los ingresos, y su recaudación será distribuida entre las comunidades autónomas según su PIB. También se incrementó el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro del 28% al 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. Entre las medidas de mayor impacto recaudatorio destaca la reactivación del alza en el Impuesto de Sociedades, que permitirá limitar la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición en empresas con grandes volúmenes de negocio. Sin embargo, para las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, se prevé una reducción progresiva del tipo impositivo, que alcanzará el 17% sobre los primeros 50.000 euros en 2027. El paquete también incluye un impuesto al vapeo, incrementos en los tributos sobre el tabaco, medidas contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y ajustes en la tributación de los artistas según sus ingresos reales. Durante la tramitación en el Senado, el PP intentó introducir enmiendas como una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años y beneficios fiscales para las pymes y los afectados por la DANA. Aunque muchas no prosperaron, sí se aprobaron algunas excepciones, como la exención tributaria para ayudas a damnificados y la reducción del IVA en productos como yogures. El PP, que calcula que la reforma aumentará la presión fiscal en 8.800 millones de euros, celebró haber evitado subidas adicionales por 6.500 millones. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el respaldo mayoritario, tanto de la izquierda como de la derecha, a la reforma fiscal.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen. Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España. El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada. Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.

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(El País, 20-12-2024) | Fiscal

Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal al diésel

El Gobierno español debía aprobar más de una decena de normas con rango de ley para asegurar los próximos pagos de los fondos europeos. Entre estas se encuentran la ley de familias, la de servicios sociales, la reforma de beneficios fiscales, la ley de industria, un conjunto de reformas en el ámbito sanitario y farmacéutico, una normativa para reorganizar las subvenciones relacionadas con el ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga, aceptando retrasos en algunas de estas normativas a cambio de adelantar otros objetivos ya cumplidos, como inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, investigación y desarrollo, y ciberseguridad. Como contrapartida, Bruselas exige incluir el aumento de la fiscalidad sobre el diésel como un nuevo requisito vinculado a estos fondos. Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta subida del impuesto al gasoil se ha incorporado como un compromiso para el quinto desembolso, en el que el Gobierno solicitará alrededor de 8.000 millones en ayudas directas y otros 16.000 millones de préstamos, sumando un total de más de 20.000 millones de euros. Si no se aprueba antes de marzo este incremento en la tributación del diésel, parte de estos recursos podrían ser retenidos por la Unión Europea. El acceso a los fondos europeos está condicionado al cumplimiento de metas específicas de reformas e inversiones. Una de ellas, la reforma fiscal conocida como hito 388, debía haberse implementado a principios de 2023 según las recomendaciones de un comité de expertos, quienes propusieron, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos del IVA y aumentar los impuestos medioambientales. Aunque esta reforma no se cumplió, ahora el texto incluye expresamente la entrada en vigor de un aumento en el impuesto al diésel como condición para acceder a los fondos. Este cambio implicaría un aumento de unos 11 céntimos por litro, lo que encarecería llenar un depósito de 50 litros en casi seis euros. El Gobierno ya intentó incluir esta medida en su paquete tributario reciente, pero la oposición de Podemos, que la consideró regresiva por afectar más a familias de bajos ingresos con vehículos de gasoil, bloqueó su aprobación. La fragmentación en el Parlamento complica su tramitación, pero ahora Bruselas ejerce presión adicional al vincular este requisito al acceso a los fondos. Si no se implementa antes de marzo, se retendría una parte de los recursos del quinto pago. En cuanto a los compromisos iniciales, se han reprogramado varias medidas. Por ejemplo, la ley de servicios sociales se sustituye por acuerdos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y una futura regulación ministerial, la ley de familias se retrasa al séptimo pago, y los cambios en beneficios fiscales se trasladan al octavo desembolso. También se eliminan ciertas iniciativas, como la inclusión de pymes en proyectos de hidrógeno verde, en favor de otros enfoques que no exijan la participación de pequeñas empresas. El plazo límite para ejecutar estos fondos es mediados de 2026. Si no se utilizan para entonces, podrían perderse. Esta es la tercera modificación del plan, y se prevé una cuarta en breve para reasignar recursos hacia territorios afectados por las inundaciones de la DANA, dentro de lo que se denomina el "componente Valencia", destinado a financiar la reconstrucción. El tiempo apremia, y el cumplimiento de los compromisos será clave para evitar perder estos recursos europeos esenciales.

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(Cinco Días, 20-12-2024) | Laboral

Las consultoras acuerdan con los sindicatos una subida salarial de hasta el 10% en tres años

La patronal del sector y los sindicatos han logrado un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo que beneficiará a más de 280.000 trabajadores. El acuerdo, alcanzado entre la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y los representantes de los empleados, será aplicable para los años 2025, 2026 y 2027. Tras meses de negociaciones iniciadas en primavera, la patronal, que reúne a empresas como EY, KPMG, Accenture y Deloitte, ha acordado con los sindicatos un incremento salarial acumulado del 10% en tres años: un 4% para 2025 y un 3% para 2026 y 2027. Este convenio colectivo impacta no solo en el sector de la consultoría, sino también en los trabajadores de empresas dedicadas a estudios de mercado y opinión pública. El preacuerdo no solo contempla las subidas salariales, sino también mejoras en las compensaciones económicas relacionadas con el teletrabajo, las dietas y el kilometraje. Además, se ha decidido crear un área funcional específica para la "consultoría en ciberseguridad", un ámbito en crecimiento constante. José María Beneyto, presidente de la AEC, calificó el acuerdo como "una excelente noticia" para el sector y sus trabajadores. Según Beneyto, las empresas buscan promover el empleo de calidad, el bienestar laboral, la diversidad y la formación de talento, todo ello manteniendo la competitividad de un sector clave para la modernización y transformación digital de la economía española. Por primera vez, este convenio, el número 19, abarcará un periodo de tres años, a diferencia de los anteriores que solían ser bienales. El convenio anterior, firmado en abril de 2023, estaba vigente hasta diciembre de este año, lo que motivó a ambas partes a sellar un nuevo acuerdo antes de que comenzara 2025. A diferencia del proceso anterior, que tardó casi tres años en concretarse, este nuevo texto fue negociado y acordado en solo seis reuniones. Desde CCOO celebraron que, por primera vez en el sector TIC, se haya alcanzado un convenio con mejoras considerables y sin retrasos respecto al vencimiento del anterior. El nuevo convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y beneficiará especialmente a los empleados del sector de consultoría, que a finales de 2023 contaba con 281.367 profesionales, un 6,3% más que el año anterior. Cabe destacar que casi el 30% de las nuevas contrataciones correspondieron a jóvenes recién graduados.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

Muface aplicará a la prórroga del seguro de salud

El incremento total previsto para los tres años del próximo concierto será del 33,5%, distribuido de la siguiente manera: un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. Según la propuesta enviada el pasado martes a las aseguradoras, las compañías que participan en el concierto actual recibirán, el día 1 de cada mes durante la prórroga, la prima establecida para las entidades que formen parte del nuevo acuerdo, que en 2025 será del 19,37%. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido extender el concierto vigente hasta la entrada en vigor del nuevo, añadiendo un mes adicional para que los mutualistas puedan cambiar de aseguradora o elegir la sanidad pública, como informó ayer el diario EXPANSIÓN. Aunque no se ha especificado una fecha concreta para la ampliación, se prevé que esta cobertura se extienda desde el 1 de enero de 2025 hasta, al menos, finales de febrero, dependiendo de cuándo se firme el nuevo convenio, algo que podría ocurrir en enero. El concierto actual finaliza el próximo 31 de diciembre y, como de costumbre, los mutualistas dispondrán del mes de enero para decidir si permanecen con su aseguradora, eligen otra o optan por la sanidad pública. El retraso en la renovación del nuevo concierto ha afectado a los plazos habituales. El ministro Óscar López aseguró ayer que la prórroga del seguro de salud tiene como objetivo garantizar que "nadie quede sin cobertura" mientras se resuelve la licitación. La normativa de contratos del Estado permite prorrogar servicios públicos esenciales hasta nueve meses si no hay otra alternativa. Esta medida se ha activado después de que la primera licitación, lanzada en octubre con un aumento de la prima del 17,12% para 2025 y 2026, quedara desierta. Aunque algunas aseguradoras expresaron dudas sobre la legalidad de la prórroga aplicada al concierto actual, han descartado emprender acciones legales al respecto. Tras esta situación, el Gobierno ha presentado una nueva oferta. "Estoy convencido de que habrá un acuerdo para renovar el concierto de Muface por tres años más", afirmó López, quien envió un mensaje de tranquilidad a los mutualistas durante la presentación de la nueva versión de la Carpeta Ciudadana. El convenio establece que, aunque una aseguradora decida no participar en el nuevo concierto, deberá garantizar las prestaciones a sus asegurados hasta el 31 de enero de 2025. Además, deberá continuar brindando asistencia hospitalaria y para embarazos con fecha prevista de parto en febrero. En caso de hospitalizaciones prolongadas, la cobertura se extenderá hasta finales de marzo de 2025, momento en que la nueva aseguradora elegida por el mutualista asumirá la responsabilidad. Hoy se darán a conocer los detalles del nuevo concierto para los próximos tres años, incluyendo las condiciones para las aseguradoras interesadas y el plazo que tendrán para analizar los términos y decidir si participan o no.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

La Audiencia Nacional ratifica el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico de los trabajadores con la finalidad de controlar el uso profesional del mismo

La irrupción del teletrabajo durante la pandemia de Covid se dio de forma repentina, lo que llevó a que muchos acuerdos laborales relacionados con esta modalidad terminaran en los tribunales. En muchos casos, estos acuerdos no cumplían con la normativa vigente o incluían cláusulas que resultaban abusivas para los empleados. Diversos niveles judiciales, incluida la Audiencia Nacional (AN), han tenido que pronunciarse sobre estas disputas. Un ejemplo es el caso de un sindicato gallego que demandó el contenido de un acuerdo de teletrabajo de una empresa de telemárketing. Según la demanda, el acuerdo no se había negociado con la representación legal de los trabajadores (RLT) y contenía cláusulas que debían considerarse nulas por ser abusivas o contrarias a la Ley de Trabajo a Distancia. La sala de lo social de la AN comenzó examinando si la empresa cumplió con la consulta a la RLT. El sindicato argumentaba que la empresa solo informó sobre las cláusulas estándar que se aplicarían en los contratos individuales, sin tener en cuenta las aportaciones de la parte social. Sin embargo, la AN concluyó que, de acuerdo con los artículos 64.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, el deber de la empresa se limita a informar y consultar, pero no obliga a negociar los términos concretos de los acuerdos de teletrabajo. Por otro lado, la sala también evaluó la legalidad de ciertas cláusulas incluidas en el acuerdo. En cuanto a la devolución de los medios proporcionados por la empresa al finalizar la relación laboral, la AN determinó que esta práctica no es abusiva, ya que la retención en el finiquito, en caso de no devolver dichos medios, es legítima. Sin embargo, consideró que el plazo de 24 horas para la restitución era excesivamente breve y, por tanto, lo declaró nulo. Respecto a la cláusula sobre los medios de control de la actividad, la AN avaló el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico corporativo de los trabajadores para garantizar su uso profesional, siempre que exista una política que prohíba expresamente el uso personal del ordenador. Según la sala, esta medida respeta el derecho a la intimidad y se enmarca en las facultades de dirección y control de la empresa. En resumen, este fallo de la Audiencia Nacional busca equilibrar el control empresarial con la protección de los derechos laborales en el contexto del teletrabajo, proporcionando pautas claras para que las empresas elaboren acuerdos ajustados a la normativa vigente, según explica Silvia Palacios, socia directora del área laboral de Selier Abogados.

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(El Economista, 20-12-2024) | Laboral

El SEPE francés ofrece 2,7 millones de puestos de trabajo a sus parados, 21 veces más que el español

En el tercer trimestre del año, France Travail, el servicio público de empleo francés, registró 2,68 millones de nuevas ofertas laborales destinadas a desempleados, una cifra que supera ampliamente las 126.993 gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el mismo periodo en España. Este desfase, que multiplica por 21 la actividad de Francia en comparación con España evidencia un déficit informativo que limita la eficacia de las políticas activas de empleo y afecta negativamente la percepción de las oficinas públicas encargadas de ejecutarlas. La diferencia también es evidente en datos en tiempo real: mientras que la plataforma francesa muestra 1,3 millones de ofertas activas, el portal público español, Empléate, solo refleja 51.530 puestos disponibles. A pesar de que el PIB español registra un crecimiento más fuerte y el empleo alcanza cifras históricas, con más de 21 millones de trabajadores, el paro en España se sitúa en el 11,2%, frente al 7,4% de Francia. Aunque las ofertas en France Travail han disminuido un 2,9% en el último año, siguen siendo significativamente superiores a las del SEPE, lo que pone de manifiesto la escasa visibilidad de las vacantes en el sistema público español. En noviembre, se firmaron 1,3 millones de contratos en España, pero solo 33.000 fueron gestionados a través de las oficinas públicas de empleo. Esto explica la percepción generalizada entre los desempleados de que estas oficinas son poco útiles. Los responsables del SEPE insisten en que las políticas activas de empleo incluyen medidas más amplias, como formación y orientación, pero reconocen que la falta de información sobre las vacantes dificulta la valoración positiva de su labor. France Travail obtiene sus ofertas a través de empresas (35,1%) y socios colaboradores (65,9%). En el caso español, el SEPE y los servicios autonómicos recopilan ofertas registradas por empresas y, en menor medida, de portales privados y empleo público a través de Empléate. Sin embargo, la desconexión entre los servicios estatales y autonómicos, además de la falta de participación de grandes portales privados, como ETTs, agrava la brecha. La gestión de las políticas activas de empleo en Francia está centralizada en un único organismo, lo que facilita la integración y efectividad de las acciones. En España, estas competencias están descentralizadas en las comunidades autónomas, con el SEPE actuando como coordinador. Esta fragmentación complica la consolidación y difusión de las ofertas. En 2014, el Gobierno español lanzó el portal Empléate, inspirado en el modelo francés, para centralizar las ofertas laborales de entidades públicas y privadas. No obstante, más de una década después, las cifras de vacantes disponibles siguen siendo similares a las iniciales, a pesar de las quejas de muchas empresas sobre la dificultad para cubrir puestos. En 2023, el Ejecutivo español presentó una nueva reforma que pretende transformar el SEPE en una Agencia Nacional de Empleo y mejorar la digitalización del servicio. Asimismo, la Ley de Empleo establece la obligación de que las empresas comuniquen sus vacantes para acceder a servicios públicos de empleo. Sin embargo, estas medidas, que buscan fortalecer la intermediación laboral, aún no se han desarrollado reglamentariamente, lo que deja sin resolver los problemas estructurales del sistema.

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(El País, 20-12-2024) | Laboral

Los expertos aconsejan a Trabajo una subida del salario mínimo de entre el 3% y el 4% en 2025

La comisión asesora encargada de analizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se reunió nuevamente este jueves y ha propuesto que este ingreso se incremente entre un 3% y un 4% en 2025, según fuentes consultadas por El País. Este ajuste, según los expertos, no solo permitiría mantener el poder adquisitivo del SMI, sino también garantizar que equivalga al 60% del salario medio en España, en cumplimiento de lo establecido por la Carta Social Europea, objetivo que persigue el Gobierno. Con esta estimación, el SMI, que actualmente asciende a 1.134 euros al mes en 14 pagas, se situaría en 2025 en una horquilla de entre 1.168 y 1.179 euros mensuales, también en 14 pagas. Tras la formalización de la propuesta por parte de los técnicos, esta será entregada a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien elaborará la propuesta definitiva del ministerio para presentarla a la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. Para determinar esta recomendación, los expertos han considerado factores como la inflación, que en los últimos 12 meses ha registrado un promedio del 2,8%, y el incremento de los salarios, reflejado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, que muestra un alza del 4,1%, y en los convenios colectivos, con una subida del 3,8%. Aunque la legislación no obliga al Gobierno a negociar con los agentes sociales la subida del SMI, sí establece que debe consultarles. En este sentido, Díaz afirmó este jueves en una entrevista en La Sexta que respetará la propuesta de los técnicos como base para el diálogo social. Según la ministra, su método se basa en permitir que los expertos trabajen con total independencia y en asumir sus recomendaciones, incluso cuando difieren de sus propias posturas. Sin embargo, se prevé que las negociaciones sean complicadas. La banda propuesta por los expertos (3%-4%) está por debajo de las demandas de los sindicatos CC OO y UGT, que solicitan un aumento del 5% al 6% para garantizar no solo el mantenimiento del poder adquisitivo, sino también el cumplimiento del objetivo del 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea. Por otro lado, aunque los empresarios no han expresado formalmente su postura, es previsible que su propuesta se sitúe por debajo del 3%, alineándose con el promedio de inflación del último año, que fue del 2,8%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones. En este contexto, desde el Ministerio de Trabajo se subraya la importancia de alcanzar un acuerdo tripartito sobre la subida del SMI. Esta posición quedó clara el año pasado, cuando, en ausencia de una recomendación de los expertos, Díaz ofreció un aumento del 4% del SMI (en línea con el IPC promedio, que creció un 3,8%) a cambio del respaldo de la patronal. Sin embargo, al no lograrse consenso, el salario mínimo terminó subiendo un 5%. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó recientemente que la falta de acuerdo en la negociación puede derivar en incrementos mayores del SMI, como ocurrió en 2023. Esto pone de relieve la relevancia de alcanzar consensos en la próxima mesa de diálogo social.

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(El País, 20-12-2024) | Laboral

Trabajo y los sindicatos sellan este viernes el acuerdo para la reducir la jornada a 37,5 horas antes de fin de 2025

Los representantes del Ministerio de Trabajo y los sindicatos ultimaron en la noche de este jueves el texto definitivo del acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, calculadas en promedio anual, sin que ello implique una reducción salarial. Finalmente, se alcanzó un consenso, y el documento será formalizado este viernes por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT). La patronal, por su parte, se ha opuesto de manera unánime y no participará en la firma del pacto. Díaz ha logrado avanzar en esta primera fase, asegurando que la normativa obligará a todas las empresas a implementar esta reducción en las jornadas laborales antes del 31 de diciembre de 2025. Así, las compañías tendrán desde la aprobación de la ley en el Parlamento hasta final de ese año para adaptar sus horarios y convenios colectivos. Este avance adquiere relevancia en el contexto de las reticencias expresadas por el ala socialista del Gobierno, encabezada por el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo. Desde el PSOE se ha sugerido públicamente flexibilizar la aplicación de esta medida, proponiendo su entrada en vigor en 2026 o más adelante, con el argumento de asegurar los apoyos parlamentarios necesarios, especialmente ante las dudas de Junts sobre respaldar la reforma. El acuerdo contempla una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, reduciendo la jornada máxima semanal de 40 a 37,5 horas en promedio anual, dejando claro que el salario no puede ser reducido. Las horas que excedan ese límite serán consideradas horas extra. Además, se establece un sistema más riguroso para el registro de la jornada laboral diaria, asegurando que sea fiable, accesible y trazable. También se endurecen las sanciones para las empresas que incumplan, de modo que las multas se aplicarán por cada trabajador afectado y no de manera global por empresa, lo que incrementará considerablemente las penalizaciones. Asimismo, el texto incluye disposiciones más amplias sobre el derecho a la desconexión digital. El Ministerio de Trabajo prevé que esta reforma se tramite mediante un proyecto de ley que será presentado en una única lectura al Consejo de Ministros. Antes, el texto deberá pasar por los trámites obligatorios, incluidos informes como el del Consejo Económico y Social, para luego ser remitido al Parlamento. La intención del equipo de Díaz es agilizar el proceso, pero se estima que podrían transcurrir entre dos y tres meses hasta que el Consejo de Ministros lo evalúe, y otros tres meses adicionales para completar el trámite parlamentario. En este escenario, la ley podría entrar en vigor en el último trimestre del año, una vez publicada en el BOE.

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(El Periódico, 20-12-2024) | Laboral

La justicia europea obliga a que las trabajadoras del hogar registren su jornada laboral

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España debe modificar su normativa para garantizar que las empleadas del hogar puedan registrar su jornada laboral. Según el fallo emitido este jueves, los empleadores estarán obligados a implementar un sistema que permita a estos trabajadores registrar de forma clara cuándo inician y finalizan su jornada. El tribunal advierte que, sin este sistema, los empleados domésticos quedan desprovistos de una herramienta que les permita determinar de manera objetiva y fiable las horas trabajadas y su distribución a lo largo del tiempo. Esto afecta negativamente a su capacidad para reclamar derechos como indemnizaciones por despido, pagos por horas extra o compensaciones por vacaciones no disfrutadas, tal como subraya la sentencia. En la actualidad, la normativa española exige a empresas y profesionales establecer mecanismos de registro de jornada para sus empleados. Sin embargo, existen excepciones, como en el caso del servicio doméstico, que no está obligado a cumplir con este requisito. El TJUE ha señalado que esta excepción contradice la Directiva europea sobre la ordenación del tiempo de trabajo. El tribunal también ha recordado un fallo anterior, de 2019, que obligaba a España a implantar sistemas de registro horario en todos los sectores de actividad, tras una denuncia presentada por CCOO. En el presente caso, el TJUE recalca que eximir a los empleadores de hogar de registrar la jornada laboral constituye una violación clara de dicha Directiva. No obstante, el fallo contempla la posibilidad de excepciones limitadas, como en casos de contratos a tiempo parcial o respecto al registro de horas extraordinarias, siempre y cuando estén justificadas. Además, dado que la mayoría de las empleadas del hogar son mujeres, el TJUE advierte que la normativa española que exime a sus empleadores de registrar la jornada laboral podría considerarse discriminatoria por razones de género, salvo que se demuestre que dicha exención está suficientemente justificada, una tarea que corresponde evaluar a los jueces españoles.

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