(Expansión, 06-09-2024) | Fiscal
El 60% del incremento de los impuestos en casi treinta años se ha concentrado en los seis años de mandato de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018, llevando la presión fiscal en España a niveles históricos. A pesar de que en 2024 no se aprobaron nuevos Presupuestos y el Gobierno gestiona con las cuentas prorrogadas de 2023, la carga fiscal ha seguido aumentando. Esto se debe, por un lado, a que el Gobierno no ha ajustado las tarifas del IRPF para adaptarlas a la inflación, lo que ha supuesto un aumento de impuestos en términos reales para muchos ciudadanos.
Por otro lado, han entrado en vigor aumentos fiscales aprobados previamente, como la subida de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para sostener las pensiones, que ha pasado del 0,6% al 0,7% este año. Además, se han mantenido impuestos elevados a la banca, las energéticas y el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas.
Así, aunque 2024 ha sido un año de transición en términos fiscales, se espera que las subidas de impuestos se reanuden con fuerza en 2025 si Sánchez logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese año, algo que aún no cuenta con apoyo parlamentario firme. El presidente ha declarado que su intención es avanzar hacia una fiscalidad más progresiva, poniendo el foco en gravar a "quienes más tienen", especialmente a las élites con grandes fortunas.
Con la posibilidad de nuevas subidas fiscales en el horizonte, la gestión de los gobiernos de Sánchez ha dejado una marcada tendencia al aumento de la carga impositiva. Desde 2018 hasta 2024, sus ejecutivos han aprobado al menos 69 incrementos fiscales, lo que equivale a un promedio de una subida mensual, según datos del Instituto Juan de Mariana.
Este think tank ha contabilizado ocho subidas del IRPF, tanto en los tramos de renta como en los de ahorro; cuatro aumentos en el Impuesto de Sociedades, incluyendo el tipo general y el tratamiento de los beneficios en el extranjero; una subida del Impuesto sobre el Patrimonio, que pasó del 2,5% al 3,5%; el incremento del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%; y aumentos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También se han creado nuevos impuestos, como las tasas Google y Tobin, y los gravámenes a bancos y energéticas.
A esto se suman 17 aumentos en las cotizaciones sociales, incluyendo el MEI, los cambios en las cuotas de autónomos y el incremento de las bases máximas de cotización, además de otras 17 modificaciones fiscales que afectan desde el canon digital hasta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el IRPF a través de los valores catastrales.
Como resultado, la presión fiscal en España ha aumentado 6 puntos entre 1995 y 2022, pasando del 32% al 38% del PIB, y la mayor parte de este aumento, el 60%, se ha producido durante los mandatos de Sánchez, lo que supone un incremento de tres puntos y medio en menos de cinco años.
La previsión para 2024 es que la presión fiscal alcance el 38,6%, lo que representaría un incremento de 7.000 millones de euros para los ciudadanos. En julio de 2023, la Comisión Europea destacó que España fue el país de la UE donde más creció la presión fiscal entre 2019 y 2022, con un aumento de casi tres puntos del PIB, en contraste con el 0,2% del promedio de la UE, el 0,5% en Italia y el 0,7% en Alemania. Alcanzar la media de presión fiscal de la UE, como defiende Sánchez, implicaría recaudar 39.000 millones adicionales.