(El País, 20-12-2024) | Fiscal
El Gobierno español debía aprobar más de una decena de normas con rango de ley para asegurar los próximos pagos de los fondos europeos. Entre estas se encuentran la ley de familias, la de servicios sociales, la reforma de beneficios fiscales, la ley de industria, un conjunto de reformas en el ámbito sanitario y farmacéutico, una normativa para reorganizar las subvenciones relacionadas con el ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga, aceptando retrasos en algunas de estas normativas a cambio de adelantar otros objetivos ya cumplidos, como inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, investigación y desarrollo, y ciberseguridad. Como contrapartida, Bruselas exige incluir el aumento de la fiscalidad sobre el diésel como un nuevo requisito vinculado a estos fondos.
Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta subida del impuesto al gasoil se ha incorporado como un compromiso para el quinto desembolso, en el que el Gobierno solicitará alrededor de 8.000 millones en ayudas directas y otros 16.000 millones de préstamos, sumando un total de más de 20.000 millones de euros. Si no se aprueba antes de marzo este incremento en la tributación del diésel, parte de estos recursos podrían ser retenidos por la Unión Europea.
El acceso a los fondos europeos está condicionado al cumplimiento de metas específicas de reformas e inversiones. Una de ellas, la reforma fiscal conocida como hito 388, debía haberse implementado a principios de 2023 según las recomendaciones de un comité de expertos, quienes propusieron, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos del IVA y aumentar los impuestos medioambientales. Aunque esta reforma no se cumplió, ahora el texto incluye expresamente la entrada en vigor de un aumento en el impuesto al diésel como condición para acceder a los fondos. Este cambio implicaría un aumento de unos 11 céntimos por litro, lo que encarecería llenar un depósito de 50 litros en casi seis euros.
El Gobierno ya intentó incluir esta medida en su paquete tributario reciente, pero la oposición de Podemos, que la consideró regresiva por afectar más a familias de bajos ingresos con vehículos de gasoil, bloqueó su aprobación. La fragmentación en el Parlamento complica su tramitación, pero ahora Bruselas ejerce presión adicional al vincular este requisito al acceso a los fondos. Si no se implementa antes de marzo, se retendría una parte de los recursos del quinto pago.
En cuanto a los compromisos iniciales, se han reprogramado varias medidas. Por ejemplo, la ley de servicios sociales se sustituye por acuerdos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y una futura regulación ministerial, la ley de familias se retrasa al séptimo pago, y los cambios en beneficios fiscales se trasladan al octavo desembolso. También se eliminan ciertas iniciativas, como la inclusión de pymes en proyectos de hidrógeno verde, en favor de otros enfoques que no exijan la participación de pequeñas empresas.
El plazo límite para ejecutar estos fondos es mediados de 2026. Si no se utilizan para entonces, podrían perderse. Esta es la tercera modificación del plan, y se prevé una cuarta en breve para reasignar recursos hacia territorios afectados por las inundaciones de la DANA, dentro de lo que se denomina el "componente Valencia", destinado a financiar la reconstrucción. El tiempo apremia, y el cumplimiento de los compromisos será clave para evitar perder estos recursos europeos esenciales.