(El Economista, 13-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha evitado dar detalles sobre cómo planea reducir en un 25% los costos administrativos para las empresas en Europa. En respuesta a una consulta presentada por el partido Vox en el Parlamento Europeo, Bruselas ha reconocido que no dispone de cifras concretas para calcular dicha reducción en la carga burocrática de las compañías. Así se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso este medio, en la que la Comisión se limita a señalar que los organismos responsables están "trabajando en ello".
El partido liderado por Santiago Abascal sostiene que los porcentajes anunciados por la Comisión son "inventados" y representan simplemente "una cifra arbitraria sin sustento real". Además, argumenta que, según un informe del Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida del Parlamento Europeo, las principales fuentes de costos burocráticos para las pymes provienen de normativas medioambientales como la CSRD (Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad) o la PPWR (Reglamento de Envases y Residuos de Envases). Estas regulaciones, según Vox, imponen una carga excesiva a las empresas, obligándolas a destinar tiempo y recursos a trámites administrativos en lugar de centrarse en su actividad productiva.
Por su parte, Bruselas ha asegurado en la misma documentación que la Comisión no renunciará a sus políticas climáticas ni a los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo. No obstante, afirma que se busca alcanzar dichos objetivos "de la manera más sencilla y práctica posible". En su respuesta al grupo parlamentario, el comisario europeo de Economía y Simplificación, Valdis Dombrovskis, indicó que la Comisión evaluará medidas para reducir la burocracia y facilitar el cumplimiento de los objetivos de la UE.
Cabe recordar que, en febrero pasado, la Unión Europea anunció su compromiso de reducir en un 25% las obligaciones de reporte para las empresas y en un 35% para las pymes, en línea con las recomendaciones del informe Draghi. Este documento enfatizaba la necesidad de aliviar la carga burocrática para mejorar la competitividad de Europa frente a economías como Estados Unidos y China. Según cálculos de la Comisión, esta simplificación supondría un ahorro de 37.500 millones de euros en los próximos cinco años, mediante la implementación de cinco propuestas para hacer más eficientes algunas regulaciones de la UE. Sin embargo, Vox considera que estas cifras son arbitrarias.
Bruselas ha propuesto simplificar normativas en materia de sostenibilidad, la Política Agraria Común y la digitalización. Asimismo, según Dombrovskis, la Comisión estudia facilitar el acceso a los programas de inversión del presupuesto europeo y reducir el arancel climático de la UE (CBAM). A pesar de ello, la Comisión no parece dispuesta a flexibilizar los estándares medioambientales comunitarios. Desde la formación política insisten en que el exceso de regulación es un obstáculo para el crecimiento empresarial en España, afectando especialmente a las pymes, que constituyen el 94% del tejido empresarial del país y no cuentan con los mismos recursos que las grandes corporaciones.