(El País, 21-01-2025) | Fiscal
El Gobierno está trabajando en el diseño de una medida que eximiría a los propietarios de pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el alquiler de sus inmuebles, siempre que respeten los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia desarrollado por el Ministerio de Vivienda. Este índice fija precios significativamente más bajos que los del mercado. La propuesta, anunciada recientemente por el presidente Pedro Sánchez como parte de un conjunto de iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las clases trabajadoras, busca incentivar a los arrendadores a ofrecer alquileres más asequibles. Aunque aún se están definiendo los detalles, el esquema planteado propone que la reducción inicial de ingresos se compense con los beneficios fiscales derivados de la exención.
De acuerdo con estimaciones del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), esta medida podría resultar rentable para casi dos tercios de los arrendadores. Los cálculos, basados en datos de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que los propietarios con ingresos anuales entre 12.000 y 21.000 euros ahorrarían, de media, 67,65 euros al año. Los arrendadores con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros podrían reducir su carga fiscal en 184,47 euros, mientras que aquellos que ganan entre 30.000 y 60.000 euros ahorrarían alrededor de 347,23 euros anuales. En total, la medida beneficiaría a cerca de 1,4 millones de propietarios de los más de dos millones que alquilan viviendas habituales.
Sin embargo, los cálculos preliminares de Gestha revelan que algunos grupos no se verían beneficiados. Por ejemplo, los arrendadores con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, que ya están exentos de tributar, no obtendrían ningún ahorro. Asimismo, aquellos con ingresos superiores a 60.000 euros probablemente no encontrarían atractiva la bonificación, ya que el importe de la exención no compensaría la reducción de las rentas de alquiler. Según la Agencia Tributaria, los propietarios con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros perderían unos 540 euros anuales si optan por la exención, mientras que los que superan este rango podrían dejar de ganar hasta 13.800 euros en casos extremos.
Es importante destacar que estos cálculos se realizaron considerando una declaración individual sin cargas familiares ni deducciones adicionales. Por tanto, el ahorro real podría variar en función de la redacción definitiva de la norma, que podría incluir restricciones para ciertos perfiles de propietarios.
La propuesta actual recuerda a las bonificaciones fiscales introducidas en la Ley de Vivienda, que buscaban fomentar el alquiler asequible en zonas declaradas como tensionadas. Por ejemplo, esa normativa redujo la deducción general del IRPF del 60% al 50%, con la posibilidad de incrementarla hasta el 90% si los propietarios reducían la renta al menos un 5% respecto al contrato anterior. Sin embargo, estas bonificaciones dependían de que las comunidades autónomas declararan zonas tensionadas, algo que, hasta ahora, solo Cataluña ha hecho. La nueva propuesta, en cambio, busca superar este obstáculo, aplicándose a nivel nacional, independientemente de la postura de los gobiernos regionales.
El impacto fiscal de la medida aún no ha sido calculado por el Ejecutivo, pero se espera que tenga repercusiones significativas en Hacienda. La intención es aliviar las tensiones en el mercado de alquiler y promover un acceso más equitativo a la vivienda en todo el país.