(El País, 12-09-2024) | Laboral
El bono social eléctrico es una herramienta útil, pero menos efectiva de lo esperado: cerca del 80% de los potenciales beneficiarios no lo reciben. Aunque la cobertura ha mejorado en los últimos tres años, sigue siendo muy baja en los hogares con menores ingresos, donde solo llega al 20%. En cambio, su presencia es más notable entre las familias numerosas, muchas de ellas con ingresos medios o altos. Según un informe publicado por EsadeEcPol y Oxfam Intermón, el 45,5% de las familias con tres o más hijos accedieron a este descuento, siendo más frecuente en las de rentas medias o altas que en las de ingresos bajos.
El estudio, elaborado por Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, destaca que una parte significativa de los beneficiarios no son familias vulnerables. El informe propone reformar el bono social para enfocarlo mejor en las familias más necesitadas, trasladando la carga de la solicitud a la Administración y coordinándolo más eficazmente con otras ayudas públicas. De hecho, una tercera parte de quienes reciben el bono no pertenecen a hogares de bajos ingresos, y más del 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos lo perciben, frente al 40% de aquellas con menores ingresos.
El estudio revela que ser familia numerosa aumenta un 27% las probabilidades de obtener el bono, mientras que pertenecer a un hogar de bajos ingresos solo incrementa la posibilidad en un 4%. Por otro lado, las familias con al menos un miembro nacido fuera de España tienen un 12% menos de opciones de recibirlo, y los hogares monoparentales también presentan una menor tasa de cobertura, a pesar de que son reconocidos como más vulnerables.
El tipo de vivienda y el lugar de residencia también influyen en la posibilidad de recibir el bono. Aunque existe una correlación significativa entre la propiedad de la vivienda y los ingresos -cuanto mayores son los ingresos, más probable es que se viva en propiedad-, quienes residen en alquiler tienen una tasa de cobertura nueve puntos menor (17,4% frente a 26%).
Desde 2017, el bono social está diseñado para hogares con una renta máxima de 8.106 euros, familias numerosas o jubilados con pensión mínima, con un consumo eléctrico inferior a 10 kW y estando en el mercado regulado. El descuento puede oscilar entre el 25% y el 40%, o incluso alcanzar el 100% para familias en riesgo de exclusión social. En abril de 2022, 1,45 millones de hogares recibían esta ayuda.
En 2023, según Eurostat, casi el 20% de los hogares españoles no pudo mantener una temperatura adecuada, lo que coloca a España, junto con Portugal, entre los países de la UE con mayor aumento de pobreza energética. Además, el estudio señala que una de cada diez familias tuvo retrasos en el pago de facturas, y que el número de viviendas con consumo energético insuficiente -debido a la falta de recursos- se duplicó entre 2020 y 2022.
El informe sugiere tres medidas inmediatas para mejorar el bono social: que la Administración colabore con las eléctricas para identificar a los beneficiarios mediante los datos de Hacienda y la Seguridad Social, que se agilice la concesión del bono a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que se establezca un límite de ingresos para las familias numerosas que lo soliciten, excluyendo a aquellas que claramente no necesitan ayuda.
Aunque el Gobierno, a través de la ministra Teresa Ribera, anunció en marzo de 2022 la introducción de criterios de renta para las familias numerosas, esta medida aún no se ha implementado. En un enfoque más amplio, el informe de Esade y Oxfam Intermón aboga por políticas fiscales más eficaces, como impuestos negativos sobre la renta, que permitan abordar la pobreza de manera integral y con menos burocracia. Asimismo, insta a las Administraciones a identificar activamente a los hogares vulnerables que podrían beneficiarse de ayudas para mejorar la eficiencia energética, lo que además contribuiría a los objetivos de descarbonización.