(El Periódico, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La obligatoriedad de la cita previa tiene los días contados. Según las previsiones del Govern, en un año debería entrar en vigor una ley que asegure el derecho a recibir atención presencial en cualquier administración pública de Cataluña sin necesidad de solicitar una cita previa. "Si antes de la pandemia era posible atender sin cita previa, ahora también debe serlo", afirmó el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al presentar el plan de reforma de la administración pública que el president Salvador Illa le encargó acelerar en los primeros 100 días de gobierno. Se espera que un 14% de los empleados de la Generalitat se jubilen en 2030, lo que ha llevado al ejecutivo a impulsar esta reforma para rejuvenecer el personal, atraer talento y eliminar normativas obsoletas.
Este plan, que será formalmente aprobado en la próxima reunión del Consell Executiu, estará listo para implementarse en 10 meses. Una comisión de expertos, liderada por el catedrático Carles Ramió, se encargará de su contenido e incluirá un plan de choque con medidas de "aplicación urgente", entre las que destaca la eliminación de la cita previa obligatoria. La idea es mejorar la atención presencial, acercar a los ciudadanos a las administraciones y reducir la brecha digital que dificulta el acceso a los trámites en línea para algunos sectores de la población.
El anterior Govern ya había aprobado en julio la eliminación de la cita previa obligatoria, junto con otras medidas destinadas a mejorar la atención. Ahora, el compromiso del ejecutivo de Illa es garantizar este servicio presencial en todas las administraciones, tanto de la Generalitat como en diputaciones y ayuntamientos, además de mejorar el sistema de cita previa para quienes deseen utilizarlo. "Cualquier ciudadano debe poder acceder a los servicios públicos sin necesidad de una cita previa", defendió Dalmau, aclarando que la regulación para poner fin a esta obligatoriedad se incluirá en la ley de medidas fiscales y financieras que acompañará los presupuestos de 2025, actualmente en negociación.
Por el momento, el Govern no planea un incremento en el número de funcionarios, aunque está dispuesto a analizar áreas que presenten "tensiones". Dalmau también señaló la necesidad de dialogar con los empleados públicos sobre su organización laboral, que actualmente permite dos días de teletrabajo, destacando que hay funciones que no pueden realizarse a distancia, como es el caso de los Mossos d'Esquadra o el personal médico. En este sentido, la Generalitat ha detectado carencias de servicio en comisarías y consorcios públicos.
Otra medida que se implementará próximamente es la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes, con el objetivo de incentivar nuevas vocaciones en el sector público. Además, se rediseñará el papel de la Escola d'Administració Pública para facilitar el relevo generacional, dado que 27.000 empleados se jubilarán en los próximos seis años y 77.000 de los 258.000 trabajadores actuales superan los 50 años.
Para atraer talento, la ley que acompañará los presupuestos también incluirá medidas para "profesionalizar" los altos cargos en la Generalitat, lo que significará que los puestos directivos se cubrirán mediante concursos. Dalmau calificó esta medida como "importante y esperada", y añadió que se introducirán nuevos métodos de selección para garantizar que los candidatos estén capacitados para asumir sus responsabilidades.
Estas medidas urgentes se irán implementando en los próximos meses en paralelo al trabajo del grupo de expertos que definirá la estrategia de transformación de la administración y la mejora de los servicios públicos. Como adelantó el conseller en su intervención en el Parlament el 16 de septiembre, habrá 12 grupos de trabajo que abordarán temas como la simplificación normativa, la digitalización completa y la garantía de atención presencial.