(El Economista, 30-12-2024) | Fiscal
La llamada financiación singular de Cataluña, que emula al modelo del concierto económico vigente en el País Vasco y Navarra, se ha convertido en el eje central del gobierno de Salvador Illa. ERC condicionó la investidura del líder socialista a la reforma del sistema de financiación autonómica, un compromiso que el Govern ha asegurado cumplir a pesar del rechazo evidente por parte de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Aunque el nuevo modelo llevará años en implementarse, el ejecutivo catalán ha fijado como primer objetivo gestionar la Campaña de la Renta de 2025.
Para alcanzar esta meta, será necesario establecer a lo largo del próximo año las bases legales y técnicas que permitan a los contribuyentes presentar sus declaraciones en 2026 ante la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en lugar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Sin embargo, fuentes consultadas por elEconomista.es destacan los importantes retos que supone este cambio en el control de los ingresos fiscales, especialmente considerando los ajustados plazos disponibles.
La ATC enfrenta no solo una falta de personal -Illá ha reconocido que será necesario cuadruplicar los recursos humanos de la Hacienda catalana, que actualmente cuenta con solo 852 empleados, de los cuales solo el 34% pertenece a cuerpos tributarios-, sino también que las retenciones actuales no se ingresan en una cuenta bajo control de la Generalitat.
Además, hasta el momento no se ha desarrollado ninguna campaña informativa dirigida ni a los trabajadores de la ATC ni a las empresas sobre cómo adaptarse a la futura Campaña de la Renta autonómica. Esto ha llevado a que tanto la IHE como Gestha -organizaciones que agrupan a inspectores y técnicos de Hacienda- critiquen duramente los acuerdos de financiación pactados entre PSC y ERC.
Ambas entidades han advertido de los riesgos que podría generar este modelo, como dificultar la lucha contra el fraude fiscal al fragmentar la base de datos única de Hacienda, considerada una de las instituciones más eficientes del Estado. También alertan de que este cambio podría complicar las devoluciones del IRPF y obstaculizar el control sobre grandes patrimonios, multinacionales y contribuyentes relevantes.
Estas preocupaciones fueron resaltadas por la IHE durante un congreso celebrado en octubre, donde se expuso que la desconexión de la administración tributaria en Cataluña agravaría los problemas de gestión. La oposición de los inspectores es tan contundente que han planteado la posibilidad de recurrir a los tribunales para frenar cualquier intento de romper la estructura tributaria estatal.
Un desafío adicional radica en la dificultad para atraer a los trabajadores más cualificados de la AEAT hacia la Generalitat. Según las fuentes consultadas, la mayoría prefiere mantenerse en la Administración General del Estado para tener la opción de trasladarse a otras comunidades autónomas si lo consideran necesario. Además, estos profesionales perciben salarios elevados, lo que complica seducirlos con ofertas económicas más atractivas. Cabe recordar que la Generalitat ya intentó en el pasado facilitar el traslado de inspectores y gestores a la ATC mediante un mecanismo que tuvo escasa acogida y que, para colmo, fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015.