(El Periódico, 24-10-2024) | Laboral

La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado una amnistía para condonar las deudas de los cobros indebidos de la Renta Garantizada de Ciudadanía. El Govern calcula que hay más de 12.000 expedientes bajo sospecha, y más de 2.000 personas con deudas ya activas. Las personas y familias vulnerables que, a pesar de tener una deuda, puedan acreditar que siguen siendo vulnerables y no hayan obrado con mala fe, se podrán acoger a esta medida. "Los recobros a estas personas son una doble condena y son incompatibles con el objetivo de la prestación", ha señalado la consellera, quien ha insistido que el problema ocurrido se debe a una falta evidente de medios técnicos. "La gestión informativa se hace con bloc de notas", ha manifestado.

En total, según ha expuesto la consellera en sede parlamentaria, hay 12.503 expedientes, familias, que están bajo sospecha y han recibido cartas. A estos, 2.829, la Generalitat ya ha reclamado deudas por pagos indebidos. A estas familias, de media, Drets Socials les solicita 7.500 euros por persona, ya que la mayoría de estos casos han sido revisados desde 2020. La mitad, el 51%, son personas que han recibido el Ingreso Mínimo Vital de forma retroactiva y el 29% son usuarios que han trabajado, a pesar, en muchos casos, de haber avisado de ello.

Bravo ha explicado que fue consciente de esta realidad el 12 de agosto, justo el día del traspaso de cartera con el conseller Carles Campuzano. Y ha insistido en que el problema es cómo está diseñada la gestión de la prestación. "El sistema no está acompasado al volumen que la prestación genera: faltan infraestructura digital y recursos humanos informáticos. La gestión es manual y, para hacerlo así, habría que contratar 2.000 personas. Ahora tenemos un centenar", ha explicado la consellera, que se ha comprometido a buscar herramientas digitales y bancos de datos que permitan revisar las cuantías de forma automática cada tres meses. "No es un error administrativo ni de los funcionarios, es un problema de diseño de una prestación que no tiene ningún sentido en el siglo XXI".

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