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(Cinco Días, 21-02-2025) | Fiscal

El Supremo abre la puerta a que los ayuntamientos eviten pagar los intereses de demora de las deudas con proveedores

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la constructora Copcisa para reclamar los intereses de demora derivados del impago de una factura relacionada con trabajos ejecutados en el Mercado de Abastos para el Ayuntamiento de Lugo. La sentencia, cuyo ponente fue José Manuel Bandrés, reconoce el derecho de la empresa a percibir intereses de demora desde que la factura fue registrada oficialmente en el sistema administrativo, pero desestima su solicitud de cobrar dichos intereses desde el momento en que obtuvo la certificación de obra y abonó el IVA correspondiente. Copcisa sostiene que el Ayuntamiento de Lugo utilizó su posición dominante como uno de sus principales clientes para obstaculizar el registro de la factura, argumentando que la administración local atravesaba dificultades de tesorería en ese momento. Según la versión de la empresa, aunque contaba con la certificación de obra y había pagado el IVA, optó por no registrar la factura de inmediato debido a la situación del consistorio. Sin embargo, lo hizo posteriormente, aunque la sentencia no especifica la fecha exacta. A pesar de ello, la constructora reclamó los intereses de demora correspondientes al periodo en el que, según su criterio, el Ayuntamiento impidió la inscripción de la factura hasta que finalmente pudo hacerlo. La empresa presentó su demanda inicial el 18 de noviembre de 2020 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, y posteriormente interpuso un recurso ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, seguido de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su fallo definitivo, el Alto Tribunal respalda la postura del Ayuntamiento de Lugo y rechaza los argumentos de la constructora. La sentencia señala que las alegaciones de la empresa no pueden ser aceptadas, ya que la administración municipal asegura desconocer tales hechos y, además, la supuesta actuación coercitiva por parte del Ayuntamiento no ha sido acreditada ni en el expediente administrativo ni en el procedimiento judicial. Por su parte, Copcisa argumenta que demostrar una "actuación coactiva" de la Administración es una prueba extremadamente difícil de aportar. La empresa considera que la documentación presentada, que incluye la falta de liquidez del consistorio, la conformidad en la entrega de las obras varios meses antes, las certificaciones de obra firmadas por el Ayuntamiento y el director del proyecto, los comprobantes de pago del IVA y los prolongados plazos de demora deberían ser suficientes para justificar el derecho a percibir los intereses de demora desde la certificación de obra. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), advierte que esta sentencia sienta un precedente peligroso, ya que podría fomentar prácticas similares en otras administraciones públicas. Según Cañete, este fallo abre la puerta a que las administraciones retrasen deliberadamente la inscripción de facturas en sus registros con el fin de no afectar su liquidez y financiarse a costa de los proveedores. Considera especialmente preocupante que la justicia no contemple esta práctica como una prueba de mala gestión, lo que podría convertirla en un patrón de conducta. En su opinión, esto permitiría a las administraciones públicas cumplir formalmente con la normativa de plazos de pago a proveedores, que establece un máximo de 30 días, pero al mismo tiempo incumplirla de manera encubierta al postergar la inscripción de facturas. Esta discrepancia explicaría la diferencia entre los datos oficiales del Gobierno sobre los plazos de pago a proveedores y los reportados por entidades privadas como la PMCM o Intrum. Según la última encuesta realizada por la PMCM a sus asociados, el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas cerró 2023 en 55 días, muy por encima de los 30 días estipulados por la ley. En contraste, el informe del Ministerio de Hacienda sobre el mismo período situaba el tiempo medio de pago en 30,1 días para las comunidades autónomas, 28,89 días para la administración local y 18,09 días para la administración estatal.

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(Expansión, 21-02-2025) | Fiscal

Sumar urge al Gobierno a acometer una reforma fiscal "que achicharre a impuestos a los rentistas"

Después del enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo respecto a la reducción de la jornada laboral, y en medio de la crisis aún sin resolver por el aumento del SMI y la no exención del IRPF en el nuevo salario mínimo-que la semana pasada provocó una escena inusual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con Yolanda Díaz criticando abiertamente a la ausente vicepresidenta primera, María Jesús Montero-ayer se produjo un nuevo choque entre el PSOE y Sumar, esta vez en torno a la vivienda. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, rechazó de plano la propuesta de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, de bonificar el IRPF a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler en zonas no tensionadas. Además, instó al Gobierno a llevar a cabo una reforma fiscal que imponga una mayor carga impositiva a los rentistas. Ibáñez fue aún más allá al arremeter directamente contra la ministra de Vivienda: "La ministra Isabel Rodríguez propone, una vez más, premiar a los rentistas", escribió en su cuenta de X, acusándola de querer "perdonar impuestos a quienes se enriquecen con el derecho a la vivienda, pero subirlos a quienes trabajan por el SMI. Una estafa". Resulta paradójico que el partido que ha generado un conflicto con el PSOE por la decisión de gravar el salario mínimo con IRPF ahora abogue por aumentar los impuestos a los propietarios de viviendas en alquiler. Las declaraciones de Ibáñez, que reflejan la creciente fractura entre PSOE y Sumar en materia de vivienda y otros ámbitos, se produjeron poco después de que Isabel Rodríguez anunciara que ultima una medida para aplicar una bonificación del 100% en el IRPF a los arrendadores que reduzcan el precio del alquiler. En particular, se contempla que los pequeños propietarios (con menos de diez inmuebles) puedan beneficiarse de esta deducción si rebajan aproximadamente un 5% el precio de sus alquileres. Esta medida, que aún debe pasar por el Congreso, no será obligatoria, sino un incentivo para fomentar la reducción de los precios de alquiler. "No es obligatorio, los propietarios pueden decidir si bajan o no el precio, pero yo les animo a hacerlo. Si lo reducen, hay un beneficio y el inquilino también gana", afirmó Rodríguez. El tema de la vivienda ha sido un punto de fricción constante entre el PSOE y su socio de coalición, primero con Podemos y ahora con Sumar. Aunque la Ley de Vivienda introdujo regulaciones en el mercado, la formación de Yolanda Díaz siempre la ha considerado insuficiente. De hecho, Sumar ha presionado al Gobierno para que recorte fondos a aquellas comunidades autónomas que no apliquen la ley en lo relativo a las zonas tensionadas, algo que los gobiernos autonómicos del PP han rechazado de manera contundente. En contraste, el PSOE ha optado por una estrategia diferente: incentivar a quienes cumplan con la normativa, teniendo en cuenta que las competencias en vivienda están en manos de las comunidades autónomas. Las diferencias entre ambos partidos no terminan ahí. En mayo del año pasado, el Gobierno tuvo que retirar del orden del día del Congreso la reforma de la Ley del Suelo por falta de apoyos, incluyendo el de Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, calificó la norma de "especulativa", a pesar de que su objetivo es precisamente dotar de mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos y evitar que sean anulados por errores formales. Tras ese fracaso, el PSOE acordó recuperar la medida con el PNV, que la próxima semana presentará en el Congreso una propuesta para reformar la Ley del Suelo en términos similares al texto original, aunque con algunas modificaciones que puedan atraer el apoyo de ERC o Junts. Entre estos cambios, se destaca que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán ajustarse a las normativas autonómicas y que podrán ser modificados o sustituidos según lo dispongan dichas normativas.

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(El Economista, 21-02-2025) | Fiscal

Los ingresos fiscales crecen cinco veces más que la media de la UE por no deflactar tipos

Entre 2021 y 2023, en plena crisis inflacionaria, los ingresos públicos en España aumentaron alrededor de 3,7 puntos porcentuales del PIB, un incremento significativamente superior al de la media de la Unión Europea, que fue de 0,7 puntos porcentuales. Según un informe del think tank estadounidense Tax Foundation, especializado en fiscalidad, esta subida redujo a la mitad la diferencia de presión fiscal entre España y el promedio europeo, pasando de aproximadamente seis puntos del PIB a menos de tres en solo tres años. El estudio, elaborado por los economistas españoles Santiago Calvo y Diego Sánchez de la Cruz, atribuye este fenómeno a la menor aplicación de medidas fiscales por parte del Gobierno español para mitigar el impacto del aumento del IPC en comparación con otros países europeos. Desde 2021, el Ejecutivo limitó su intervención a reducciones específicas del IVA en electricidad y gas, a las que posteriormente sumó rebajas destinadas a atenuar el encarecimiento de los alimentos básicos. En el caso del IRPF, Hacienda implementó una rebaja enfocada en los hogares con rentas más bajas, dejando sin modificaciones los demás tramos impositivos. Aunque estas medidas provocaron una pérdida de recaudación superior a los 3.000 millones de euros anuales, el buen desempeño del empleo y el efecto de la inflación sobre los contribuyentes fuera del escudo social hicieron que los ingresos por IRPF aumentaran un 7,5% hasta noviembre. Según el informe, si se hubieran ajustado automáticamente todos los componentes del IRPF, los contribuyentes españoles habrían ahorrado de media 220 euros en 2021 y 217 euros en 2022. Si se suma 2023, con una inflación más moderada, el impacto fiscal medio de la subida de precios alcanzó los 557 euros por hogar. Algo similar ocurrió con el IVA: el alza de los precios impulsó la recaudación un 7,6% en el mismo período. Los hogares con un nivel de gasto medio soportaron un sobrecoste de 175 euros debido al incremento del IVA. Sumando el impacto del IRPF en 2022, que ascendió a 217 euros, los contribuyentes españoles afrontaron un coste adicional de 392 euros en el peor año de la crisis. En total, la Agencia Tributaria recaudó 273.993 millones de euros hasta noviembre de 2024, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La estrategia de España para combatir la inflación difiere de la adoptada en otros países europeos, como Alemania. Berlín, afectada por su dependencia del gas ruso, implementó en 2022 una amplia reducción de impuestos por valor de más de 10.000 millones de euros, beneficiando a 48 millones de ciudadanos. El entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner, elevó el umbral mínimo de ingresos para declarar impuestos a 10.347 euros y aplicó una deflactación del IRPF para evitar que la inflación aumentara la carga fiscal sobre los hogares de rentas medias y bajas. También se introdujeron reducciones en el IVA del gas y la calefacción, así como una rebaja del impuesto de Sociedades y otras exenciones fiscales por 7.000 millones de euros en 2023. En total, Alemania destinó 32.000 millones de euros en cinco años para contrarrestar el impacto de la pandemia y la inflación. España, en cambio, optó por un enfoque basado en el gasto público. El Gobierno aprobó bonificaciones en el combustible, ayudas al transporte (vigentes hasta julio) y revalorizaciones de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Mínimo, medidas que continuarán en los próximos años pese a la estabilización de los precios. A nivel global, solo unos pocos países ajustan automáticamente sus tramos de IRPF en función de la inflación. De 160 economías analizadas, 131 no aplican ningún ajuste. Entre las que sí lo hacen, solo nueve tienen normativas explícitas al respecto. En la Unión Europea, Austria, Dinamarca y los Países Bajos cuentan con un sistema de indexación automática, mientras que otros países, como Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia, lo aplican sin reglas fijas. El informe de Tax Foundation destaca que vincular los impuestos a la inflación beneficia a los contribuyentes, ya que evita un aumento desproporcionado de la carga fiscal. Sin embargo, señala que esta medida enfrenta obstáculos políticos, ya que limita la capacidad de los gobiernos para ajustar la política tributaria según las circunstancias económicas y las preferencias del electorado. Por ello, concluye que la indexación automática de impuestos suele quedar en un segundo plano frente a medidas fiscales discrecionales con mayor visibilidad política.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Fiscal

El alcalde de Barcelona y otros 11 alcaldes europeos piden suspender las reglas fiscales de la UE para invertir en viviendav

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con otros 11 alcaldes de ciudades europeas, ha hecho público este jueves en Bruselas un manifiesto en el que solicitan a la Comisión Europea que proponga la suspensión de las normas fiscales para permitir que los gobiernos incrementen la inversión en vivienda, de manera similar a lo que se está considerando para el sector de la defensa. Collboni ha subrayado que, si bien la seguridad y la protección de las fronteras orientales son un desafío clave para la Unión Europea, la crisis de la vivienda representa la principal urgencia dentro de las grandes ciudades del continente. "Es imprescindible movilizar recursos de forma rápida y eficaz para abordar este problema", ha declarado ante los medios tras la presentación del manifiesto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso recientemente excluir el gasto en defensa del cálculo del déficit y la deuda con el objetivo de facilitar a los gobiernos mayor margen fiscal para aumentar las inversiones en este ámbito. Siguiendo esta misma lógica, los alcaldes de ciudades como Atenas, Ámsterdam, Budapest, Roma, París, Lisboa, Varsovia, Gante, Leipzig, Lyon, Bolonia y Viena solicitan que se adopte un enfoque similar en materia de vivienda. Los firmantes del manifiesto consideran "urgente" implementar soluciones para paliar la crisis habitacional. Por ello, han acordado elaborar una propuesta con medidas concretas, que presentarán a la Comisión Europea en primavera. Aunque el Ejecutivo comunitario incluyó esta cuestión en su plan de trabajo, su implementación se ha postergado hasta 2026. Durante su visita a Bruselas, Collboni ha mantenido diversas reuniones con el objetivo de impulsar iniciativas en este ámbito. El miércoles se reunió con la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, quien también ha dialogado informalmente con el grupo de alcaldes este jueves. Además, está previsto que el grupo se reúna con Dan Jorgensen, comisario de Energía y Vivienda. Entre las opciones que está evaluando la Comisión, se encuentra la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales para facilitar una mayor inversión pública en vivienda. El alcalde de Barcelona ha instado a la Comisión Europea a no relegar la política de vivienda a un segundo plano ni tratarla como una simple política social. Ha destacado que la coalición de alcaldes reúne ciudades de diversas regiones del continente y de distintos signos políticos, lo que refuerza la importancia de su petición. "La vivienda debe ser una prioridad", ha insistido Collboni, quien ha reclamado a las instituciones europeas que asignen los recursos necesarios para abordar esta problemática de manera inmediata. Además de la suspensión de las reglas fiscales, los alcaldes proponen incluir la vivienda como eje central en la próxima política de cohesión de la UE y aprovechar los fondos de recuperación no utilizados, medida que también está siendo considerada para el gasto en defensa. El aumento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda asequible son preocupaciones crecientes entre los ciudadanos europeos. La Comisión es consciente de ello y, en su plan político para los próximos cinco años, Von der Leyen se comprometió a buscar soluciones a nivel europeo. En este sentido, encargó a Jorgensen la elaboración de un Plan Europeo de Vivienda Asequible y la creación de una plataforma de inversión en vivienda. Con la publicación de su manifiesto, los alcaldes buscan asegurar su participación en el proceso de toma de decisiones. Aunque tienen previsto presentar una propuesta específica en primavera, solicitan a la Comisión la creación de un espacio de diálogo permanente entre las instituciones europeas y las ciudades, con el fin de desarrollar políticas efectivas en materia de vivienda. Los alcaldes han argumentado que los habitantes de las ciudades son los más afectados por la crisis habitacional, por lo que consideran fundamental que las administraciones municipales participen en la definición de las políticas europeas en este ámbito. "La contribución y el criterio de los ayuntamientos son esenciales para garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real sobre el terreno", concluyen en su declaración conjunta.

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(El País, 20-02-2025) | Fiscal

El discurso contra el “infierno fiscal” une a todas las derechas en el Congreso

María Jesús Montero ya había debatido intensamente con cuatro diputados del PP, y el tono del discurso de la oposición se mantenía similar cuando llegó el turno de José María Figaredo, representante de Vox. En ese momento, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se dirigió directamente a Figaredo, una de las figuras jóvenes a las que Santiago Abascal ha dado protagonismo en el Congreso tras la sucesión de deserciones en su partido. Montero tuvo que compensar este miércoles su ausencia en la sesión de control de la semana anterior, cuando justificó su falta por motivos de salud, algo que la oposición cuestionó. Su comparecencia coincidió con la reciente tensión dentro del Gobierno sobre la aplicación del IRPF al salario mínimo, enfrentamiento que la había puesto en el foco junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras Montero respondió a seis preguntas en una intensa jornada parlamentaria, Díaz solo tuvo que enfrentar una. No obstante, ni sus palabras ni las imágenes captadas desde el banco azul evidenciaron signos del desacuerdo que las ha separado en los últimos días. El debate dejó clara una cuestión: las diferentes corrientes de la derecha, ya sean de ámbito nacional o catalán, han intensificado su discurso contra la presión fiscal. Aunque nadie llevó la crítica tan lejos como Figaredo, los dirigentes del PP, Cuca Gamarra y Juan Bravo, hicieron referencia al "infierno fiscal", mientras que Junts optó por el término "expolio fiscal" en Cataluña, una expresión repetida por su portavoz, Míriam Nogueras, y su responsable económico, Josep Maria Cruset. Nogueras acusó al Gobierno de utilizar Hacienda para castigar a Cataluña con más inspecciones y notificaciones que en otras regiones, perjudicando a "quienes representan la cultura del esfuerzo", mientras que "otros se benefician sin trabajar". Sin embargo, no especificó a quiénes se refería con la expresión catalana "penques", que tradujo como "jetas". La ofensiva contra Montero terminó eclipsando el intercambio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde también se abordó la cuestión fiscal. A diferencia de la semana pasada, cuando el líder del PP evitó centrarse en la controversia sobre el IRPF del salario mínimo, en esta ocasión fue directo y acusó al presidente de "saquear a los trabajadores españoles". Con ironía, afirmó que bajo el Gobierno de Sánchez, "los mileuristas son ahora los nuevos ricos". Esto dio pie a un cruce de cifras: mientras Feijóo enumeraba gastos que consideraba innecesarios en lo que calificó como "el Gobierno más costoso de la democracia", Sánchez respondía comparando el incremento del salario mínimo, las pensiones y el número de cotizantes a la Seguridad Social con los datos de la gestión del PP. El debate parlamentario no estuvo exento de declaraciones polémicas. Feijóo exageró al afirmar que en España "es más fácil conseguir una vivienda si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honestamente". Sánchez, por su parte, recurrió a una comparación inesperada para atacar al PP: "Usted es para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los argentinos: un gran engaño". Pero la crítica más punzante de Sánchez a Feijóo llegó cuando este ya no estaba en el hemiciclo. Aprovechando la intervención de Oskar Matute, de EH Bildu, sobre la crisis de vivienda, Sánchez atacó a los populares al insinuar que solo les preocupan dos viviendas en particular: "Un ático en Chamberí [residencia de Isabel Díaz Ayuso y su pareja] y un chalé en Moaña con acceso privado a la playa [propiedad de la pareja de Feijóo]". Montero, por su parte, defendió con insistencia la tributación del salario mínimo, argumentando que no se trata de recaudar más, sino de evitar una pérdida de 2.000 millones en ingresos públicos. Rechazó además la acusación del PP de haber aumentado la carga fiscal a las clases medias y trabajadoras. Junts continuó con sus críticas a través de Cruset, quien enumeró una serie de impuestos sobre servicios como peluquerías y funerales. Montero replicó que, si realmente se hubieran incrementado los impuestos a las clases medias, habría sido con el apoyo de Junts, cuyo respaldo es clave para la mayoría gubernamental en el Congreso. Esta jornada parlamentaria dejó entrever una dinámica que probablemente se repetirá en los próximos meses: la ofensiva del PP contra Montero no solo buscaba debilitar su gestión en Hacienda, sino también desgastar su figura de cara a su futuro liderazgo en el PSOE andaluz. En esta estrategia se implicó especialmente Elías Bendodo, quien lanzó comentarios sarcásticos sobre los conflictos internos que, según él, Montero enfrentará en el PSOE andaluz. La ministra respondió con contundencia y levantó las protestas del PP al acusar a Bendodo de mantener con ella y con Yolanda Díaz una actitud "machista". Mientras tanto, el Gobierno cerró filas ante los intentos de la oposición de explotar sus discrepancias internas. Miguel Tellado, portavoz del PP, intentó provocar a Yolanda Díaz con una pregunta condescendiente: "¿Cree que le merece la pena seguir en el Ejecutivo?". La vicepresidenta segunda esquivó el golpe recurriendo a datos para contrastar su política laboral con la del PP y remató con una respuesta firme: "Siempre merece la pena mejorar la vida de la gente".

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

Hacienda pone el foco en reestructuraciones y fusiones

Las operaciones de reestructuración y fusión están bajo una estricta vigilancia por parte de Hacienda. La aplicación del régimen fiscal especial para fusiones, escisiones y otras reorganizaciones societarias (FEAC), regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y con impacto en todo el sistema tributario, ha sido motivo de frecuentes discrepancias interpretativas desde su creación. En particular, la valoración de la existencia de motivos económicos válidos en estas operaciones ha sido un punto de fricción constante entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. En relación con este asunto, Natalia Jaquotot, subdirectora general de impuestos sobre personas jurídicas de la Dirección General de Tributos (DGT), ha señalado un cambio relevante en la postura de la Administración. "Hemos decidido suspender todas las consultas vinculadas a operaciones de canje de valores o aportaciones no dinerarias de participaciones realizadas por personas físicas", afirma. La razón de esta pausa radica en que el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) sobre estas operaciones aún no está completamente definido. El principal desafío radica en la interpretación de lo que constituye una "ventaja fiscal abusiva" dentro de estas operaciones. Jaquotot explica que el TEAC ha ido modificando su postura y ampliando el concepto de ventajas fiscales consideradas abusivas. Mientras que las primeras resoluciones se centraban en reservas expresas, decisiones posteriores han extendido este análisis a las plusvalías tácitas. Joaquín Arroyo, inspector de Hacienda y titular de la Vocalía 6ª de apoyo a impuestos directos, también ha abordado la polémica y ha sido tajante: "El objetivo es corregir una ventaja fiscal indebida, no el diferimiento legítimo". Según Arroyo, las resoluciones recientes no introducen cambios en la definición de "motivo económico válido", sino que interpretan la cláusula antiabuso. Uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento de los dividendos percibidos por sociedades hólding. En un principio, se consideraba que, siempre que los dividendos permanecieran dentro del ámbito empresarial, no se impediría la aplicación del régimen especial. Sin embargo, en resoluciones más recientes, el TEAC ha rechazado este criterio, concluyendo que si los dividendos se utilizan para financiar otras sociedades o crear nuevas empresas, podría interpretarse como una ventaja fiscal abusiva. Los expertos advierten que el régimen FEAC se perfila como el nuevo foco de conflicto tributario, con el riesgo de generar incertidumbre y litigios en los próximos años. "Nos enfrentamos a una controversia fiscal que promete prolongarse en el tiempo", señala Ignacio Quintana, socio de PwC Tax & Legal. Ante esta situación, la DGT ha optado por la prudencia y ha decidido suspender la emisión de consultas sobre estas operaciones hasta que el TEAC fije una posición definitiva. Según Jaquotot, "el diferimiento fiscal es una característica intrínseca del régimen de neutralidad y no debe considerarse, por sí solo, una ventaja fiscal abusiva que deba ser regularizada". Otro aspecto que genera debate es la eliminación de sociedades hólding dentro de estructuras empresariales. La DGT ha aclarado que la reducción de carga fiscal derivada de la supresión de un hólding no implica necesariamente la inaplicación del régimen FEAC, siempre que se analicen las circunstancias concretas de cada operación. "El simple ahorro fiscal no es un motivo suficiente para excluir la aplicación del régimen", subraya Jaquotot. La incertidumbre en torno al régimen FEAC quedó patente en la reciente jornada "Novedades en fiscalidad empresarial para 2025", organizada por APD y PwC, donde se destacó la complejidad del tema y la necesidad de que las empresas sean extremadamente cautelosas al planificar sus reestructuraciones. La decisión de la DGT de frenar la emisión de consultas refleja la falta de claridad en la interpretación del régimen y la expectativa de que el TEAC consolide su postura en el futuro. Ignacio Quintana advierte que la interpretación del concepto de "ventaja fiscal abusiva" sigue siendo un tema recurrente en el ámbito fiscal, con cambios que reabren debates que se creían cerrados. "Estamos ante un nuevo episodio de un largo culebrón fiscal", comenta. Además, destaca la falta de uniformidad en los criterios aplicados al diferimiento fiscal, aspecto sobre el cual el TEAC ha emitido resoluciones contradictorias. El experto también plantea la posibilidad de que el criterio del TEAC sobre el diferimiento fiscal pueda extenderse a la eliminación de sociedades hólding, lo que implicaría considerar la reducción del Impuesto sobre el Patrimonio como una ventaja fiscal cuestionable. "Ante este panorama, las empresas deberán actuar con extrema prudencia al diseñar sus estrategias de reestructuración, anticipándose a posibles interpretaciones desfavorables de la Administración", concluye. Se vislumbra, así, un futuro complejo y lleno de posibles conflictos en materia tributaria.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

El Tribunal Supremo ha fijado un nuevo criterio sobre el IVA reducido en la compra de viviendas

El Tribunal Supremo ha determinado que no es obligatorio contar con la cédula de habitabilidad en el momento de la compra de un inmueble para beneficiarse del tipo reducido de IVA del 7%, siempre que la construcción esté finalizada y destinada a ser utilizada como vivienda. Este caso surge a raíz de un recurso de casación presentado por una empresa contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le denegaba la devolución de ingresos indebidos por IVA. La empresa había abonado un IVA del 16% al adquirir varios edificios en 2007 y reclamaba la aplicación del tipo reducido al considerar que los inmuebles eran viviendas. El Supremo ha señalado que lo verdaderamente relevante es la naturaleza del inmueble como vivienda, es decir, que esté terminado y pueda ser habitado, sin que la falta de la cédula de habitabilidad suponga un impedimento. El tribunal argumenta que exigir este documento supondría condicionar la aplicación del IVA a normativas que varían según cada comunidad autónoma, lo que generaría desigualdades. Este fallo aporta claridad sobre los requisitos para aplicar el IVA reducido en la compraventa de viviendas, destacando que lo fundamental es la realidad física y el destino del inmueble, por encima de los trámites administrativos. Además, el TS busca evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración en aquellos casos en los que se haya pagado un IVA superior de manera indebida. La sentencia enfatiza que el concepto de vivienda debe interpretarse de manera objetiva, considerando si el inmueble es adecuado para alojar a personas. Aunque la cédula de habitabilidad es un documento útil para demostrar esta condición, no es el único medio de acreditación, lo que abre la posibilidad de utilizar otras formas de prueba.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

La Unión Europea mantiene a Rusia en su "lista negra" de paraísos fiscales

Según la Unión Europea, Rusia es uno de los once territorios, entre ellos Panamá, que no cumplen con los estándares en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. La Federación Rusa fue incluida en la lista negra de paraísos fiscales del bloque comunitario en febrero de 2023, un año después de la invasión de Ucrania, aunque ya en 2022 había sido añadida a la lista gris, que engloba a países que no cumplen las normativas europeas en materia tributaria pero han manifestado su intención de realizar cambios. Tres años después del inicio de la guerra, las relaciones económicas, comerciales y políticas entre la UE y Rusia están prácticamente suspendidas, en un contexto de sanciones impuestas por los Estados europeos en respuesta a la agresión de Moscú. En este escenario, la UE actualizó ayer su listado de jurisdicciones con baja tributación y falta de cooperación fiscal, manteniendo a Rusia en la lista negra. La decisión, más simbólica que práctica, refuerza la postura europea de aislamiento hacia el régimen de Putin, dado que la cooperación entre ambas partes se ha reducido al mínimo. El mantenimiento de Rusia en la lista negra coincide con el creciente protagonismo de Estados Unidos en el conflicto, con la intención de negociar unilateralmente el fin de la guerra, sin involucrar plenamente a la UE ni al Gobierno ucraniano. Para el bloque europeo, esta decisión refuerza su mensaje de que sigue manteniendo una postura firme frente a Rusia, pese al cambio de rumbo en la política exterior estadounidense con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Junto con Rusia, la UE ha decidido mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales, junto a otros nueve territorios que siguen sin cumplir con las exigencias europeas en materia tributaria. Panamá, un país que aparece frecuentemente en esta clasificación, ha estado recientemente en el centro de la atención internacional tras las declaraciones de Donald Trump, quien antes de asumir la presidencia insinuó la posibilidad de "recuperar" el Canal de Panamá, un enclave estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Además de Rusia y Panamá, la lista negra de la UE, creada en 2017 y revisada cada seis meses, incluye a Anguila, Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Aunque el bloque reconoce ciertos avances en algunas de estas jurisdicciones, considera que aún persisten áreas de preocupación que deben abordarse. Por otro lado, la lista gris de la UE recoge a ocho países: Antigua y Barbuda, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darusalam, Eswatini, Seychelles, Turquía y Vietnam. Estos territorios aún no cumplen plenamente los estándares europeos, pero han expresado su compromiso de realizar cambios para mejorar su nivel de cooperación. En la última actualización, Costa Rica y Curaçao han salido de la lista gris tras implementar reformas tributarias consideradas satisfactorias por la UE. En cambio, Brunei Darusalam ha sido incorporado a este grupo debido a su régimen de exención fiscal para ingresos extranjeros, que se ha comprometido a modificar o eliminar antes de finales de 2026.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

Bruselas promete "años" de flexibilidad fiscal para elevar el gasto militar

La Comisión Europea tiene previsto presentar en marzo una propuesta para permitir la activación de la cláusula de escape nacional en las reglas fiscales, con el fin de facilitar el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, la reunión del Ecofin concluyó sin un acuerdo para financiar de manera conjunta este incremento, como propone España. Apenas unos meses después de reinstaurar las restricciones presupuestarias para controlar el déficit y la deuda pública, flexibilizadas durante la pandemia de Covid-19, Bruselas estudia ahora la posibilidad de permitir mayor margen de gasto, esta vez centrado en la inversión en defensa. "Una paz duradera solo puede lograrse desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Está claro que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad. Necesitamos incrementar el gasto en defensa, y con ese objetivo hemos estado dialogando con la Comisión Europea y los Estados miembros sobre la posibilidad de excluir estas inversiones del cálculo del déficit y la deuda", explicó Andrzej Domanski, ministro de Finanzas de Polonia y actual presidente rotatorio del Consejo de la UE, tras la reunión del Ecofin. Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió que la implicación de Estados Unidos en la seguridad europea es ahora menos previsible con el regreso de Donald Trump a la presidencia. En este contexto, coincidió en la necesidad de que los 27 refuercen su gasto militar. Para facilitarlo, adelantó que la Comisión trabaja en una propuesta que permitiría a los países que lo necesiten activar cláusulas de escape nacionales, de modo que la inversión en defensa no se compute como déficit y sea compatible con el reequilibrio de las cuentas públicas. "Estamos trabajando en los detalles, pero está claro que esto no se resolverá en un año, ya que nuestras preocupaciones en materia de seguridad y el desarrollo de nuestras capacidades de defensa requieren más tiempo", afirmó. Bruselas espera presentar un primer borrador en la reunión del Ecofin de marzo, con el objetivo de alcanzar un consenso en mayo. Esta iniciativa permitiría a los países con menor inversión en defensa aumentar su gasto sin comprometer la estabilidad fiscal. No obstante, deja en manos de cada Estado la responsabilidad de financiarlo, en contraposición a la propuesta de España, que aboga por una estrategia de financiación conjunta a nivel europeo. En los últimos días, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la emisión de deuda común, la movilización de fondos del BEI y la activación del MEDE para afrontar el desafío. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo entre los Estados miembros para asumir el esfuerzo de manera colectiva.

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(El Economista, 19-02-2025) | Fiscal

El Supremo endurece las pruebas que reportar a Hacienda para deducir en el IRPF pérdidas en bolsa

El Tribunal Supremo (TS) ha endurecido los requisitos que los contribuyentes deben cumplir para que la Agencia Tributaria acepte la deducción en el IRPF de las pérdidas derivadas de inversiones en bolsa. Según la nueva doctrina, los ciudadanos deberán acreditar el motivo específico de la pérdida, ya sea por la venta de las acciones, la disolución o la liquidación de la empresa en la que invirtieron. Además, si los datos reflejados en su declaración no coinciden con los que dispone Hacienda, deberán aportar información adicional que respalde su solicitud. En una sentencia del 20 de enero, cuyo ponente fue la magistrada María de la Esperanza Córdoba Castroverde, el Supremo establece los criterios para que los contribuyentes puedan justificar adecuadamente las pérdidas que afecten a su patrimonio. El fallo resuelve un litigio entre un ciudadano y la Agencia Tributaria, en el que el contribuyente intentó deducirse una pérdida de 8.080 euros en su declaración de la Renta, alegando la desaparición de ciertos títulos de su cartera de valores. Como prueba, presentó un certificado bancario que indicaba la baja de las acciones en su cuenta de valores. Sin embargo, Hacienda consideró insuficiente esa justificación y abrió una inspección para solicitar información adicional. Ante la falta de más pruebas, el fisco le giró una liquidación del IRPF. El contribuyente, tras perder en primera y segunda instancia, recurrió al Supremo argumentando que el certificado bancario debía ser suficiente y que Hacienda ya cuenta con información sobre las cuentas de valores, ya que los bancos la reportan anualmente. Sin embargo, el Supremo recuerda que el artículo 33.5 de la Ley del IRPF establece que las pérdidas patrimoniales solo son deducibles si están debidamente justificadas. La sentencia explica que esta exigencia busca evitar que los contribuyentes declaren pérdidas basadas únicamente en su propia voluntad, cerrando así la puerta a posibles estrategias de elusión fiscal. Asimismo, el tribunal señala que, en el ámbito tributario y judicial, la carga de la prueba recae sobre quien alega su derecho. En este caso, el contribuyente es quien solicita la deducción y, por tanto, le corresponde demostrar la existencia real de la pérdida, ya que la Administración tributaria no dispone de esa información por sí sola. El Supremo respalda así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que había considerado insuficiente el certificado bancario como prueba. Según el TSJA, la baja de los títulos en la cuenta del contribuyente no demuestra por sí sola que se haya producido una pérdida patrimonial, ya que las acciones podrían haberse transferido a otra entidad. Por ello, el tribunal exige que el contribuyente demuestre si la pérdida se debe a una venta por debajo del precio de adquisición o a la desaparición de la empresa en la que se invirtió. Con esta resolución, el Supremo refuerza la obligación de los contribuyentes de aportar pruebas sólidas para justificar la deducción de pérdidas en bolsa y evita posibles maniobras de optimización fiscal que no estén debidamente acreditadas.

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