(Cinco Días, 16-09-2024) | Fiscal

El Eurogrupo admite retrasos en los planes fiscales, pero confía en que serán “creíbles y exhaustivos”

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) se comprometieron este viernes a elaborar planes fiscales para los próximos años que sean "creíbles y completos", aunque reconocieron que habrá demoras respecto a la fecha orientativa del 20 de septiembre para enviarlos a Bruselas. "Es crucial que estos planes sean creíbles y exhaustivos para alcanzar los objetivos gemelos de permitir el crecimiento de nuestras economías y garantizar finanzas públicas sostenibles, seguras y sanas", declaró en rueda de prensa el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. El irlandés fue cuestionado sobre el hecho de que algunos países ya han indicado que no podrán cumplir con el compromiso de presentar sus trayectorias fiscales a medio plazo el 20 de septiembre debido a diversos motivos. Estos planes son fundamentales para la elaboración de los presupuestos de 2025 y marcan el inicio de las nuevas reglas fiscales acordadas a principios de año. Donohoe respondió que "todos los Estados miembros están haciendo todo lo posible" para cumplir con sus compromisos en este proceso, pero reconoció que "también es cierto que hay situaciones políticas en algunos países" que son consecuencia del "inevitable" proceso democrático, algo que está contemplado en el nuevo marco fiscal y también por la Comisión Europea. El presidente del Eurogrupo señaló que la mayor parte de la reunión se dedicó a discutir el inicio de las nuevas reglas presupuestarias, en un encuentro que duró apenas dos horas y donde solo siete países estuvieron representados a nivel ministerial (Eslovenia, Malta, Luxemburgo, Italia, Chipre, Bélgica y Croacia), según fuentes comunitarias. Desde antes de la reunión, se sabía que el encuentro sería de baja participación, en parte debido al boicot de algunos países hacia Budapest por la cercanía del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con el presidente ruso Vladímir Putin, y su ruptura con la postura común de la UE tras una visita a Moscú al comienzo de la presidencia húngara. Otros ministros, como el español Carlos Cuerpo y el alemán Christian Lindner, justificaron su ausencia por problemas de agenda. El Eurogrupo, cuya organización depende de su presidente y no de la presidencia rotativa, se vio afectado por estas circunstancias, pero Donohoe defendió la convocatoria en la capital húngara, afirmando que "el trabajo de la eurozona debe continuar". Además, destacó que "todos los países estuvieron representados", aunque algunos no lo hicieron a nivel ministerial, y calificó el encuentro como "productivo".

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(Expansión, 16-09-2024) | Fiscal

Hacienda pone la lupa sobre el efectivo y endurece el control sobre los autónomos

Hacienda intensifica su control sobre el uso del dinero en efectivo, enfocándose especialmente en los sectores que más emplean este método de pago, con especial atención a los autónomos. La Agencia Tributaria (AEAT) ha reforzado la vigilancia sobre establecimientos, empresas y profesionales, poniendo el foco en aquellos negocios más susceptibles de participar en la economía sumergida. Según los abogados y fiscalistas consultados por EXPANSIÓN, este año se percibe un aumento en los requerimientos y comprobaciones por parte de la AEAT. La propia Agencia confirma la implementación de un plan de inspección específico como parte de su Plan de Control Tributario y Aduanero. "La Agencia Tributaria mantendrá su presencia en aquellos sectores y modelos de negocio con mayor riesgo de economía sumergida, prestando especial atención al uso intensivo de efectivo y a los métodos electrónicos de pago ubicados en el extranjero que dificulten las obligaciones de información. También se vigilará el uso de efectivo por encima de los límites legales", subraya la AEAT. En este contexto, la Inspección ha incrementado el control sobre tres tipos de contribuyentes. En primer lugar, aquellos que no aceptan pagos mediante medios bancarios y no disponen de datáfono. También se vigila a los autónomos que reciben ingresos a través de la venta de bienes o prestación de servicios directamente al consumidor final, ya que estos negocios presentan mayor riesgo de irregularidades en las formas de pago. Además, se supervisa a los ciudadanos cuyos signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad no coinciden con las rentas declaradas. En 2021, Hacienda redujo el límite de pagos en efectivo, pasando de 2.500 a 1.000 euros. En operaciones donde alguna de las partes actúe como empresario o profesional, no se pueden realizar pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 1.000 euros (o su equivalente en moneda extranjera). Para personas físicas sin residencia fiscal en España, el límite es de 10.000 euros. Este límite está bajo estrecha vigilancia, aunque los pagos inferiores también son objeto de control. "El control de las transacciones en efectivo es prioritario, ya que suelen estar vinculadas a la economía sumergida. Por ello, independientemente de los límites cuantitativos vigentes, las operaciones en efectivo seguirán siendo un punto de atención para la Administración tributaria", afirma la AEAT. Este año, Hacienda también llevará a cabo acciones específicas para controlar los movimientos de efectivo con el objetivo de neutralizar las estructuras económicas y financieras de organizaciones criminales y evitar que el blanqueo de capitales o el fraude fiscal se faciliten a través de grandes sumas de dinero en efectivo. "Se pretende identificar nuevos métodos de ocultación de efectivo, mejorar la información sobre sus movimientos y verificar el cumplimiento de las sanciones por infracciones a las limitaciones de pagos en efectivo cuando alguna de las partes sea un empresario o profesional", añade la AEAT. La Agencia también subraya que los neobancos, entidades de pago electrónico y sistemas de pago virtual, que han ganado terreno en el mercado, representan un nuevo reto para el control fiscal. "Estos neobancos están ganando una cuota creciente del mercado de pagos y de inversión directa. Aunque su clientela aún no es masiva, su uso sigue en aumento", indican. Finalmente, la Inspección ha intensificado la supervisión de estas entidades, que suelen estar registradas en algún Estado miembro de la Unión Europea y, gracias a los derechos de libre establecimiento y prestación de servicios, pueden ofrecer servicios financieros en España sin necesidad de una presencia física en el país.

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(Expansión, 16-09-2024) | Fiscal

Foco en la creación de sociedades para rebajar la factura fiscal

Desde el año pasado, Hacienda ha centrado su atención en los contribuyentes que utilizan sociedades unipersonales, patrimoniales o familiares para canalizar rentas a través del Impuesto sobre Sociedades (IS) con el fin de reducir su carga fiscal. La Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado las inspecciones sobre aquellos ciudadanos sospechosos de beneficiarse del tratamiento favorable del IS para disminuir su obligación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La Inspección vigila con especial atención algunas operaciones que generan alertas en los sistemas de la AEAT. Las actividades típicas de cualquier sociedad de capital, como la constitución, aumentos o reducciones de capital, disoluciones, liquidaciones o la separación de socios, están siendo objeto de un seguimiento específico. El plan de inspección busca garantizar que estas sociedades no se utilicen para ocultar la verdadera capacidad económica de sus propietarios en el IRPF, ni como refugio para rentas no declaradas. Los inspectores se enfocan en analizar de manera exhaustiva los casos en los que las sociedades están completamente controladas por una sola persona o por un grupo familiar. Este análisis es crucial, ya que podrían detectarse incumplimientos o irregularidades fiscales significativas, como la reducción indebida de la correcta tributación de las actividades realizadas.

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(El Periódico, 16-09-2024) | Fiscal

¿Hay alguna cantidad límite de dinero que se pueda almacenar en casa?

El uso de efectivo está cada vez más en desuso debido al auge de los teléfonos móviles, la rapidez y las tarjetas de crédito, lo que ha llevado a la desaparición del ritual de ir al banco a retirar dinero físico. Sin embargo, aún hay personas que rechazan las opciones digitales y prefieren manejar billetes y monedas en su vida cotidiana, así como guardar una parte en casa para emergencias. Según el Banco de España en su sitio web, el uso del efectivo está "al alcance de todos", especialmente para aquellos que "no tienen cuentas bancarias o tienen acceso limitado a otros métodos de pago". Además, el organismo ofrece recomendaciones sobre la cantidad de dinero que se debería tener reservado (preferiblemente en una cuenta bancaria accesible) para cubrir posibles gastos imprevistos. El Banco de España aclara que no existe un límite máximo para la cantidad de dinero que se puede guardar en casa, siempre que el origen del dinero sea legal y se haya declarado previamente a la Agencia Tributaria. Sin embargo, Hacienda también está interesada en este dinero, en el contexto de su lucha contra el fraude fiscal. El organismo financiero ha sugerido una cantidad óptima para tener reservada en caso de emergencias o imprevistos, como una "red de seguridad". Según el Banco de España, no es necesario guardar dinero en efectivo en casa, a pesar de lo que algunos medios puedan sugerir. La recomendación es tener una suma que cubra entre 3 y 6 meses de gastos fijos mensuales. Para determinar esta cantidad, es importante evaluar las necesidades personales y los gastos fijos en áreas como vivienda, alimentación y transporte. Guardar dinero en casa es totalmente legal, pero hay que tener en cuenta que el dinero almacenado puede perder valor debido a la inflación.

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(El Economista, 16-09-2024) | Fiscal

Hacienda prevé que aún le queda por devolver 700 millones más a los antiguos mutualistas

La Agencia Tributaria aún tiene pendiente devolver alrededor de 700 millones de euros en concepto de IRPF a pensionistas que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades. Hasta ahora, la Administración ha reembolsado 1.091 millones de euros a estos afectados en los primeros siete meses del año. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha destinado un total de 1.700 millones para cubrir estas devoluciones, según lo detallado en la Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2023, publicada en agosto. La entidad dirigida por María Jesús Montero ha reservado 15.300 millones de euros para diversas devoluciones a contribuyentes, siendo la mayor parte (11.271 millones) correspondientes a la declaración de la Renta de 2023, presentada esta primavera. Dentro de esta cantidad, se incluyen los 1.700 millones de euros relacionados con el IRPF de pensionistas que contribuyeron a mutualidades. La Agencia Tributaria está gestionando estas devoluciones a través de tres mecanismos. En primer lugar, mediante la declaración de la Renta, que en 2023 ya incorporó por primera vez el ajuste del IRPF por mutualidades. En segundo lugar, a través de la vía judicial, cuando recibe sentencias en su contra o cuando acepta las reclamaciones de los contribuyentes. Finalmente, habilitó en marzo un formulario en línea para que los afectados soliciten la devolución correspondiente a los últimos años no prescritos (2020, 2021, 2022 y 2023), siempre y cuando el ajuste no se haya incluido en la declaración de la Renta por falta de información. Aitor Fernández, asesor fiscal de TaxDown, señala que Hacienda ha acelerado las devoluciones solicitadas mediante este formulario desde el mes pasado. "A finales de agosto, nuestros clientes comenzaron a recibir las devoluciones", comentó. Fernández también menciona que, a pesar de los mecanismos establecidos por Hacienda para devolver el dinero cobrado en exceso, aún hay mucha incertidumbre entre los contribuyentes sobre si tienen derecho a recibir estas devoluciones. "Algunas personas recuerdan claramente que cotizaron a una mutualidad, mientras que otras no tienen claro dónde cotizaba la empresa que les pagaba. En esos casos, recomendamos solicitar la devolución a través del formulario en línea, para que sea la Agencia Tributaria quien determine si les corresponde o no", explicó. Además, existe confusión sobre el plazo en el que Hacienda debe realizar la devolución del IRPF solicitado. Según el asesor fiscal, Hacienda tiene un plazo de seis meses para responder. Si pasado este tiempo no se ha recibido la devolución, desde TaxDown sugieren presentar un escrito a la Agencia solicitando información sobre el estado del proceso. En caso de retraso de más de seis meses, Hacienda deberá pagar intereses de demora del 4,06%. Estas devoluciones se están llevando a cabo porque los pensionistas que en su momento cotizaron a mutualidades laborales tributaron en exceso por dichas aportaciones. El Tribunal Supremo ha ido aclarando en varias sentencias, desde febrero de 2023, cómo deben aplicarse las reducciones en el IRPF por estas contribuciones. Para aquellos que hicieron aportaciones entre 1967 y 1978, se debe deducir el 25% de la pensión relacionada con dichas aportaciones en el IRPF. Por otro lado, quienes cotizaron antes de 1967 pueden deducirse el 100% de la parte de la pensión correspondiente a esas aportaciones.

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(Expansión, 13-09-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid amplía al 50% la bonificación de Sucesiones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que este mismo año se ampliará de 35 a 40 años la edad máxima para acceder a la deducción en el IRPF por el alquiler de la vivienda habitual, que puede llegar hasta los 1.234 euros. Además, Ayuso incrementará al 50% la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, el primero desde su victoria por mayoría absoluta en las elecciones de mayo de 2023, Ayuso ha presentado una serie de medidas fiscales de gran impacto, reafirmando su postura de reducir los impuestos y desafiando las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. "Seguiremos bajando los impuestos", declaró, subrayando que es un compromiso adquirido con los madrileños y no una forma de beneficiar a los socios del gobierno nacional. Las nuevas medidas sobre el alquiler de vivienda entrarán en vigor este año, mientras que las bonificaciones en Sucesiones y Donaciones se implementarán en 2025, haciendo de Madrid la primera región en aplicar un descuento de tal magnitud en estos impuestos. Ayuso considera este tributo "anacrónico" e "injusto", y que apenas tiene presencia en la Unión Europea, argumentando que penaliza el ahorro y afecta especialmente a aquellos que tienen más dificultades para heredar. Además, el gobierno de Madrid eliminará los impuestos sobre donaciones esporádicas inferiores a 1.000 euros entre particulares y simplificará los requisitos para aplicar las bonificaciones ya existentes del 99%. Estas reformas fiscales, diseñadas para impulsar el crecimiento y el empleo, beneficiarán a unos 13.000 contribuyentes y representarán un ahorro de cerca de 130 millones de euros anuales. La Comunidad de Madrid ya bonifica el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y, en 2025, esta bonificación alcanzará el 50% entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que reducirá considerablemente los impuestos para futuros herederos. Asimismo, Ayuso ha anunciado la ampliación de la franja de edad para deducirse el alquiler de vivienda habitual en el IRPF, de 35 a 40 años, beneficiando a unos 45.000 contribuyentes adicionales y generando un alivio fiscal anual de 50 millones de euros. Durante su intervención, la presidenta madrileña recordó las iniciativas de su gobierno en apoyo a las pymes, como los 9 millones de euros destinados a la digitalización de más de un centenar de pequeñas y medianas compañías; los 7 millones que se invertirán en la formación digital de cerca de 2.500 profesionales del sector turístico; o la nueva línea de ayudas para las empresas que tienen entre 50 y 1.000 empleados dirigida a la adquisición de medios productivos como maquinaria y vehículos industriales o material para talleres y de la que ha anunciado que "vamos a duplicar su presupuesto". Además, el ejecutivo autonómico destinará 20 millones a la revitalización del pequeño comercio tradicional y de proximidad, especialmente en los pueblos. A estas iniciativas se unen otras destinadas a reducir las trabas burocráticas, como la futura Ley contra la Hiperregulación, que buscará "revisar y simplificar" las regulaciones existentes, " comprometiéndonos a eliminar todas las innecesarias; la aceleradora de inversiones puesta en marcha por la Comunidad, que "también ayuda a simplificar trámites" y que cuenta ya con una cartera de proyectos por valor de 4.500 millones y que, según los cálculos del gobierno regional, generará 3.000 empleos. A ello se añade el nuevo Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, "que ha ahorrado a la justicia madrileña 300 millones de euros", o la nueva posibilidad de pagar tasas e impuestos por Bizum. La presidenta regional también anunció la intensificación de sus actuaciones contra la despoblación que sufren muchos municipios de la Comunidad (de los 179 municipios de la región, 73 tienen menos de 2.500 habitantes). Junto a las rebajas fiscales anunciadas para quienes trasladen su residencia a pueblos pequeños y despoblados, Díaz Ayuso ha anunciado este jueves la puesta en marcha de nuevas ayudas para impulsar el comercio y la hostelería en las localidades de menos de 1.000 habitantes. En concreto, se ofrecerán subvenciones de hasta 3.000 euros a comercios, bares y restaurantes que ya están funcionando, con el objetivo de que puedan mantener e impulsar su negocio, y ayudas de hasta 10.000 euros para la apertura de nuevos establecimientos en esas localidades.

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(Expansión, 13-09-2024) | Fiscal

Ayuso anuncia la creación de la Ley de Defensa del Contribuyente

La importancia que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso otorga a la fiscalidad se refleja en su constante política de reducción de impuestos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid busca ir más allá, fortaleciendo la relación entre su Administración y los contribuyentes. Hoy ha anunciado que en 2025 se aprobará la Ley de Defensa del Contribuyente, con el objetivo de agilizar trámites, mejorar la atención al ciudadano y, sobre todo, garantizar una mayor protección de sus derechos. Según la Comunidad de Madrid, esta nueva normativa pretende crear "un marco de seguridad real y efectivo", fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, facilitar la corrección de errores cometidos de buena fe, establecer un sistema completo de información y asistencia, y promover la simplificación de los procesos administrativos. "Queremos que quienes pagan sus impuestos en la Comunidad de Madrid lo hagan con las máximas garantías y tengan una mejor relación con la Administración Tributaria madrileña, tanto en situaciones normales como en casos de posibles litigios", expresó Ayuso durante su intervención. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los madrileños. En este sentido, el gobierno regional pondrá en marcha una "carpeta fiscal" que permitirá a los ciudadanos acceder rápidamente a toda su información tributaria. Además, la normativa prestará especial atención a las alegaciones, discrepancias o reclamaciones que los ciudadanos puedan presentar ante las resoluciones de la Administración tributaria. Para ello, se contempla la creación de una figura independiente que apoyará a los contribuyentes en caso de desacuerdo con las decisiones de la Administración.

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(El Economista, 13-09-2024) | Fiscal

El Impuesto de Patrimonio pierde contribuyentes por primera vez

El Impuesto de Patrimonio registró en 2022, por primera vez en su historia, una reducción en el número de declarantes. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, 1.002 personas dejaron de presentar esta declaración, lo que redujo el número total de contribuyentes de 231.367 en 2021 a 230.365 en 2022. Es importante recordar que este impuesto grava las fortunas superiores a los dos millones de euros desde 2011. En los tres años anteriores (2008-2010), no existía, y antes de 2007 se aplicaba a patrimonios superiores a 601.000 euros, por lo que no es posible hacer una comparación directa. Esta disminución de declarantes coincide con dos eventos clave en el ámbito fiscal. Por un lado, la Junta de Andalucía, tras la llegada del Partido Popular, anunció en septiembre de 2022 una bonificación del 100% del impuesto, lo que en la práctica significa que los contribuyentes en esa comunidad autónoma dejaron de pagarlo. En respuesta, el Gobierno central anunció la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, para que quienes tuvieran más de 3,5 millones de euros y no pagaran el Impuesto de Patrimonio en sus comunidades por estar bonificado, lo hicieran directamente al Estado. A pesar de la bonificación en Andalucía, los contribuyentes con patrimonios superiores a dos millones aún deben presentar la declaración, aunque la cuota a pagar sea cero. Sin embargo, expertos fiscales indican que es difícil determinar con exactitud las razones de la caída en el número de declarantes a nivel nacional. La hipótesis más probable es que muchos de ellos, al no tener que pagar o enfrentarse a cuotas muy bajas debido a bonificaciones o pérdidas, optaron por no presentar la declaración, alejándose del radar de la Administración en un momento de mayor escrutinio fiscal hacia los más ricos. Esaú Alarcón, abogado fiscalista y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, comenta que algunos contribuyentes con cuotas pequeñas deciden no declarar para evitar quedarse permanentemente en el sistema de control fiscal. Añade que las comunidades autónomas disponen de menos recursos que la Agencia Tributaria estatal para realizar inspecciones, por lo que no les resulta rentable iniciar procedimientos por cuotas bajas de 200 o 300 euros. Por su parte, Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal, recuerda que cualquier persona con más de dos millones de euros en patrimonio debe presentar la declaración, aunque algunos prefieren afrontar la multa de 200 euros por no hacerlo. Siro Barro, socio del Departamento de Derecho Fiscal de Escalona & de Fuentes, coincide en que la bonificación en Andalucía ha llevado a que muchos contribuyentes opten por pagar la sanción en lugar de presentar la declaración. A pesar de esta reducción en el número de declarantes en 2022, el Gobierno sigue poniendo el foco en las grandes fortunas. El presidente Pedro Sánchez anunció recientemente que planea aumentar los impuestos a los más ricos con el fin de financiar el transporte público y evitar el lujo excesivo, como los "lamborghinis". España es el único país de la Unión Europea que grava el patrimonio, y varias organizaciones de expertos fiscales han solicitado en repetidas ocasiones la eliminación de este impuesto para alinearse con las políticas fiscales de la UE y evitar la fuga de contribuyentes. De no eliminarse, sugieren al menos reducir los tipos impositivos, que actualmente llegan al 3,5%, a un máximo del 1%.

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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

La recaudación de impuestos deja 12.500 millones extra hasta julio

La eliminación progresiva de las rebajas fiscales en el sector energético ha generado 1.223 millones de euros adicionales, mientras que el aumento de los tipos impositivos sobre el ahorro ha aportado otros 222 millones. Esto contrasta con los 253 millones que las comunidades autónomas han rebajado del IRPF y los 778 millones devueltos debido a la sentencia que anuló el decreto de Montoro. En los primeros siete meses del año, la recaudación tributaria ha aumentado un 8,2% interanual, alcanzando los 164.477 millones de euros, lo que supone un incremento de 12.500 millones respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos ayer por la Agencia Tributaria. Casi la mitad de este crecimiento proviene del IRPF, que ha subido un 7%, alcanzando los 81.158 millones de euros, lo que representa un aumento de unos 5.200 millones. En julio se empezaron a notar los efectos de dos medidas opuestas: por un lado, el Gobierno central incrementó la presión fiscal sobre las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros, lo que generó 222 millones; por otro lado, las rebajas de tarifas aplicadas por las autonomías para contrarrestar la inflación redujeron la recaudación en 253 millones. Además, la reversión de las rebajas fiscales en el IVA y el Impuesto Especial sobre la energía ha incrementado los ingresos en 1.223 millones. En conjunto, la recaudación del IVA ha crecido un 8,1%, alcanzando los 57.974 millones, mientras que los Impuestos Especiales han subido un 4,2%, con una recaudación de 12.292 millones. En cuanto al Impuesto de Sociedades, se han recaudado 5.416 millones, a pesar de que las devoluciones relacionadas con la sentencia que anuló el aumento fiscal impulsado por Cristóbal Montoro en 2016 ya suman 778 millones hasta julio. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda informó que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, excluyendo las corporaciones locales, cerró el primer semestre del año en el 1,88% del PIB, lo que representa un 10,5% menos que el mismo período del año anterior. En el caso del Estado, el déficit fiscal hasta julio fue del 2,71% del PIB, cifra que Hacienda atribuye a la liquidación definitiva de 2021, que inyectó 25.322 millones de euros a las comunidades autónomas y ayuntamientos, en comparación con los 11.799 millones del año anterior. En total, los ingresos del Estado crecieron un 4,7% hasta julio, mientras que el gasto público aumentó un 5,7%. El objetivo es cerrar el año con un déficit global dentro del límite europeo del 3%.

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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

El Supremo frena la negación sistemática de Hacienda a ampliar plazos

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto freno a la práctica habitual de Hacienda de negar sistemáticamente las solicitudes de ampliación de plazos. Según el alto tribunal, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) rechace una prórroga, debe justificar adecuadamente su decisión, y no basta con argumentar que se superaría el plazo legal establecido al concederla. El Supremo ha establecido que, en virtud del principio de buena administración y los principios que rigen el sistema tributario, la denegación de una ampliación de plazo no puede ser un acto discrecional de la Administración. Es necesario que esté debidamente motivada, valorando las circunstancias específicas del caso, y considerando si la negativa perjudica o limita la capacidad de defensa del contribuyente. Este fallo interpreta el artículo 150 de la Ley General Tributaria (LGT), que en su versión actual modificó de forma sustancial la regulación de los plazos y eliminó la posibilidad de descontar dilaciones no atribuibles a la Administración. También tiene en cuenta el artículo 91 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regula la ampliación de los plazos de tramitación. El tribunal concluye que esta práctica de Hacienda incumple el deber de motivación, va en contra de los principios de buena administración y genera indefensión en los contribuyentes.

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