News

(Expansión, 23-10-2024) | Fiscal

El Gobierno plantea un impuesto al beneficio de todas las energéticas

El Gobierno está considerando una reforma completa del conocido como impuestazo energético para que, en lugar de aplicarse solo a los principales grupos empresariales (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa), abarque a todo el sector o a un grupo más amplio de compañías. Asimismo, para hacerlo permanente, está evaluando que el gravamen se base en un porcentaje sobre los beneficios operativos, en vez de sobre las ventas, como ha sido el caso con las grandes energéticas hasta ahora. Paralelamente, estudia mecanismos que permitan a las empresas deducir parte de esa carga fiscal, pero siempre a cambio de reinvertir ganancias en proyectos de transición ecológica y sostenibilidad, y con un límite de hasta el 30% de la base imponible. Esta información proviene de diversas fuentes involucradas en las negociaciones políticas y empresariales que se están llevando a cabo en España, marcadas por complejos intereses económicos. Este impuesto fue propuesto hace dos años por el actual Gobierno del PSOE, afectando principalmente a grandes energéticas y bancos. El Gobierno justificó la creación de este impuesto como una forma de redistribuir parte de las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas debido al incremento de los precios energéticos y de los tipos de interés. En el caso de las energéticas, el gravamen se aplicaba a grupos con más de mil millones de euros en facturación, con una tasa del 1,2% sobre las ventas, sin tener en cuenta los beneficios, y se liquidaba en 2023 y 2024 sobre los resultados de 2022 y 2023, respectivamente. En 2023, las compañías más afectadas (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy) pagaron un total de 1.355 millones de euros, mientras que en 2024 abonaron 1.055 millones. Repsol es la que más contribuye, cubriendo un tercio de ese total, por lo que también es la que más se ha quejado. Sin embargo, se presentan situaciones paradójicas, como la de Cepsa, que a pesar de registrar pérdidas, también debe pagar el impuesto. Este gravamen fue inicialmente planteado como temporal, y si no se toman medidas, caducaría el 31 de diciembre de este año, lo cual era el deseo de una parte del Gobierno. La primera en anticipar esta situación fue Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, quien ha mostrado especial sensibilidad hacia las empresas energéticas. No obstante, para equilibrar las cuentas públicas, el Gobierno ahora busca hacerlo permanente, ya que necesita ingresos para Hacienda. Actualmente, están estudiando cómo evitar que las demandas judiciales, que ya han comenzado, se conviertan en una avalancha de litigios por parte de las empresas. O peor aún: que el impuesto se enfrente a un bloqueo por parte de partidos como PNV y Junts, aliados del Gobierno, pero que también protegen a las empresas de sus regiones. Iberdrola tiene su sede en el País Vasco, y Repsol cuenta con refinerías en esa comunidad y en Cataluña, donde tiene inversiones millonarias paralizadas desde hace meses como medida de protesta. Además de las tensiones políticas, existe un conflicto abierto entre las energéticas. Las grandes empresas del sector no comprenden por qué son ellas las únicas afectadas por esta tasa, considerándola discriminatoria, lo que refuerza su argumentación legal. También existen rivalidades entre estas compañías. Las eléctricas sostienen que la tasa limita su capacidad de inversión, argumentando que son fundamentales en la transición ecológica, en contraste con grupos como Repsol, que, a pesar de sus esfuerzos por presentarse como una empresa "verde", sigue produciendo hidrocarburos contaminantes. De hecho, Iberdrola mantiene un litigio contra Repsol por greenwashing (ecopostureo). Extender la tasa sobre las ventas en el tiempo también daría nuevas herramientas legales a las empresas, ya que el Gobierno habría transformado una tasa en un impuesto, lo que podría violar la normativa europea.

READ MORE

(Expansión, 23-10-2024) | Fiscal

Castigo de Hacienda a las obras y las reformas de viviendas

Las obras y reformas en viviendas están siendo objeto de especial atención por parte de la Agencia Tributaria (AEAT). Los expertos fiscales advierten sobre las dificultades que enfrentan los propietarios para deducir las reparaciones efectuadas en inmuebles alquilados, así como para descontar las mejoras realizadas en propiedades vendidas, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para residentes, como en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para aquellos que viven fuera del país. Los abogados señalan que Hacienda está llevando a cabo comprobaciones masivas de las declaraciones de los contribuyentes, interpretando de manera diferente los mismos conceptos. En el caso de revisar los ingresos por alquileres donde se han deducido gastos de conservación y mantenimiento, la AEAT argumenta que esas deducciones no son válidas, ya que considera que se trata de mejoras. Por otro lado, cuando se evalúan las ganancias obtenidas por la venta de una propiedad, donde se ha tenido en cuenta el dinero invertido en mejoras, la AEAT sostiene que se trata de simples reparaciones, aumentando así la ganancia a declarar. Los especialistas de DMS Legal Intelligence, firma con sede en Mallorca, conocen bien este problema. Alejandro del Campo Jiménez, abogado de la firma, explica: "Nos llegan casos de personas que gastan pequeñas cantidades en un inmueble alquilado, realizando trabajos de albañilería, fontanería o electricidad. Estos gastos se deducen en su declaración de IRPF para reducir el rendimiento neto de los alquileres cobrados". Sin embargo, Hacienda revisa esas declaraciones y determina que esas facturas no son deducibles como gastos de reparación o conservación. "La AEAT sostiene que, debido al coste total de la reforma, estas obras representan una mejora, lo que no es deducible directamente, sino que solo se puede aplicar la amortización de la mejora, generalmente al 3% anual", añade del Campo. Otro aspecto clave de este problema es cuando los propietarios invierten grandes sumas en reformar una vivienda. En muchos casos, las reformas pueden llegar a igualar el precio de compra del inmueble. No obstante, al vender la propiedad, Hacienda realiza nuevamente comprobaciones. "Tenemos ejemplos en los que una persona compra una vivienda, invierte hasta un millón de euros en reformas y, poco tiempo después, la vende. Al declarar la ganancia por la venta, esa persona intenta deducir el dinero gastado en la reforma, pero Hacienda lo clasifica como reparaciones y no como mejoras, lo que impide deducir ese importe en el cálculo de la ganancia patrimonial", comenta el abogado. Según del Campo, la AEAT analiza cada factura de manera individual sin considerar el conjunto de las obras, algo que contrasta con su enfoque en el caso de denegar la deducibilidad de gastos de alquiler. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha respaldado este criterio durante años, según del Campo. Sin embargo, en una resolución reciente, aunque no establece claramente cuándo se pueden considerar las obras como mejoras, ofrece algo más de claridad al indicar que una inversión significativa y el hecho de que una vivienda sea vendida a un precio mucho mayor pocos años después son indicios de que los trabajos realizados pueden ser calificados como mejoras.

READ MORE

(El País, 23-10-2024) | Fiscal

El PNV reclama el traspaso al País Vasco del gravamen a banca y energéticas

Si se convierten en permanentes, como quiere el Gobierno de Pedro Sánchez, ambos impuestos deberían ser competencia de las Diputaciones forales, como IRPF y Sociedades. Y éstas estarían abiertas a suavizarlos para impulsar la industria vasca. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha hecho este martes un llamamiento a tener "cuidado" con el impuesto a las compañías energéticas y a los bancos para "no matar a la gallina de los huevos de oro". El dirigente nacionalista ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que tenga cuidado y sea razonable a la hora de exigir este gravamen, cuya continuidad podría poner en la cuerda floja varias a industrias en Euskadi, a la vista de la paralización de inversiones anunciada, entre otras empresas, por Repsol y su filial Petronor. Como ya han hecho en otras ocasiones responsables del Gobierno vasco y de las Diputaciones forales, Ortuzar ha recordado que estos gravámenes son "bastante irregulares", ya que no son impuestos. En su opinión, primero deben convertirse en tributos y, después, concertarse con Euskadi en función del Concierto Económico. En función de esta norma, las Diputaciones vascas tienen capacidad para regular los impuestos directos; y los actuales gravámenes a bancos y energéticas también lo serían. Así, las instituciones forales podrían decidir en su momento qué hacer con ambos tributos y, presumiblemente, optar por suavizarlos con deducciones o exonerar directamente a las empresas afectadas. En declaraciones a TVE, Ortuzar no ha dado detalles, pero sí ha dejado claro que las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa (las 3 gobernadas por PNV y PSE) articularán el impuesto "de acuerdo con nuestra realidad fiscal e industrial" si asumen la capacidad para regularlos. Hoy por hoy, la refinería Petronor es el principal contribuyente a las arcas vizcaínas. Sus responsables han paralizado el proyecto de poner en marcha un electrolizador de 100 megavatios en sus instalaciones de Muskiz, en línea con la decisión de Repsol de dejar en stand by varias inversiones por el impuestazo a las energéticas. El líder jeltzale ha insistido en que Euskadi tiene "una realidad muy industrial", y que el gravamen a las energéticas afecta a los planes inversores de las compañías, y también a sus proveedores en la industria vasca. Desde Madrid, el lehendakari Imanol Pradales ha insistido en que Euskadi reclamará el traspaso a las instituciones vascas de ambos gravámenes si éstos se convierten en impuestos permanentes. "A mí me parece que gravar las ventas y no los beneficios no es el mejor modelo", ha apuntado el jefe del Gobierno vasco. "Las decisiones futuras que se tomen sobre estos tributos tendrán en cuenta que gravan sectores que generan mucho empleo en Euskadi", ha dicho.

READ MORE

(El País, 23-10-2024) | Fiscal

Las comunidades con más peso turístico y exportador liderarán el crecimiento económico

BBVA Research ha ajustado al alza sus previsiones de crecimiento económico para España, mejorando las estimaciones para la mayoría de las comunidades autónomas. Según su análisis, el PIB aumentará un 2,9% en 2024, lo que representa un incremento de cuatro décimas con respecto a su proyección anterior. Varios territorios superarán este crecimiento, impulsados principalmente por el turismo y las exportaciones. Entre estas comunidades se encuentran Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Aragón, de acuerdo con el Observatorio Regional correspondiente al tercer trimestre de 2023. El informe destaca que las comunidades con un mayor peso del turismo internacional y las exportaciones no relacionadas con el turismo serán las que lideren el crecimiento en 2024. Baleares y Canarias crecerán un 3,1%, al igual que Castilla y León, mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana experimentarán un crecimiento del 3%. Murcia, por su parte, será la región que más aumente su previsión, con un avance del 3,4%, impulsado por el consumo público. Galicia también alcanzará el 2,9%. En el otro extremo, comunidades como La Rioja, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Asturias, Cantabria, País Vasco y Extremadura registrarán un crecimiento menor al del conjunto del país. En particular, La Rioja y Navarra verán reducidas sus previsiones. El menor avance en el norte de España está relacionado con la debilidad del sector industrial, un problema que afecta a toda la Unión Europea. No obstante, el informe subraya que regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura mostrarán una mejora con respecto a las previsiones anteriores, gracias al buen comportamiento del empleo y al menor impacto de la sequía. Además, se espera que las áreas más turísticas y algunas regiones como Aragón y Castilla y León lideren la creación de empleo. El sector público también será un factor clave en este crecimiento, ya que la creación de empleo público ha acelerado en casi todas las comunidades, con Murcia, La Rioja, Madrid, Castilla y León y Canarias destacando en este ámbito. Sin embargo, se advierte de una disminución en la afiliación a la Seguridad Social en el tercer trimestre debido al menor dinamismo en comercio y hostelería. En cuanto a la inflación, el estudio prevé que los precios se estabilicen en torno al 2%, en consonancia con los datos del INE. Por otro lado, se recalca la insuficiente construcción de viviendas, especialmente en comunidades con alta demanda como Madrid y País Vasco. Mirando hacia 2025, BBVA Research también ha revisado al alza sus previsiones, aunque anticipa una desaceleración del crecimiento, que se situará en un 2,4% de media. El crecimiento será más fuerte en el norte de España y en áreas con mayor presencia del sector primario. En este periodo, se espera que el crecimiento se desplace desde las regiones más orientadas a los servicios hacia aquellas con mayor inversión y exportaciones de bienes, como el norte de España. A pesar de la desaceleración, el turismo continuará siendo un motor clave para regiones como Baleares y Canarias, mientras que el aumento de la inversión, favorecido por la bajada de los tipos de interés, beneficiará a Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. El norte también experimentará un sólido crecimiento gracias a las exportaciones y la inversión, con incrementos del 2,8% en País Vasco y Navarra, y del 2,5% en Galicia. En contraste, Asturias y Cantabria crecerán por debajo de la media nacional, con un 2,1%. Finalmente, el sur de España podría superar el crecimiento promedio debido a la mejora en las condiciones climáticas, favoreciendo a regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, que podrían crecer un 2,7%.

READ MORE

(El Economista, 23-10-2024) | Fiscal

Los fiscalistas ven difícil que los ciudadanos recuperen lo pagado de más por el impuesto a la gasolina

Los especialistas en fiscalidad consideran que será complicado para los consumidores, ya sean empresas de transporte, de renting o particulares, recuperar lo que pagaron de más por el impuesto autonómico a los hidrocarburos, que estuvo vigente entre 2013 y 2018 y que el Tribunal Supremo declaró nulo en tres sentencias emitidas en septiembre. Aunque este impuesto no fue aplicado directamente a los consumidores, sino a las petroleras, estas lo trasladaron a las gasolineras mediante un incremento en el precio de los combustibles, lo que a su vez afectó a los clientes finales. Según los expertos fiscales consultados, las sentencias dejan a los consumidores finales en una posición complicada, ya que no pueden solicitar la devolución del impuesto a la Agencia Tributaria, dado que no fueron los sujetos pasivos del mismo, rol que recayó en las petroleras, y tampoco fueron los destinatarios directos del cargo, ya que este fue repercutido en las estaciones de servicio. Por lo tanto, se cierra la posibilidad de reclamar directamente al fisco. El Tribunal ofrece dos posibles vías para que los consumidores soliciten la devolución: una es iniciar una acción civil contra los proveedores de combustible por enriquecimiento injusto, y la otra es reclamar responsabilidad patrimonial al Estado por haber aprobado una normativa que ha sido declarada nula. Sin embargo, ambas opciones resultan complicadas. En el caso de optar por la vía civil, los consumidores deberán demostrar cómo el impuesto autonómico sobre los hidrocarburos les fue trasladado, lo cual es difícil ya que este concepto no aparece especificado en las facturas de las estaciones de servicio. Asimismo, será necesario probar que las petroleras se enriquecieron de manera ilícita al trasladar el impuesto a los consumidores y, paralelamente, reclamar la devolución a la Agencia Tributaria. En cuanto a la reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado, también es un proceso largo. Los particulares tienen un año para presentar esta solicitud, contando a partir del 30 de mayo, fecha en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal este impuesto autonómico. Para iniciar el procedimiento, los afectados deberán primero dirigirse al Consejo de Ministros, que probablemente rechace la reclamación, tal como ocurrió con el caso del impuesto de plusvalía municipal, obligando a los reclamantes a acudir al Tribunal Supremo. Por otro lado, tanto las petroleras como las gasolineras también pueden solicitar la devolución del impuesto a las Haciendas autonómicas, pero no recibirán el reembolso si se demuestra que trasladaron el impuesto a los clientes. En este caso, la carga de la prueba recaerá en las agencias tributarias. Los expertos fiscales indican que las grandes petroleras, bien asesoradas, probablemente impugnaron las liquidaciones del impuesto en su momento, lo que congeló el plazo de prescripción de cuatro años. De no haberlo hecho, este habría prescrito en 2022, ya que el último pago del impuesto fue en 2018. Aun así, tanto petroleras como gasolineras también pueden reclamar responsabilidad patrimonial al Estado. El TJUE declaró ilegal la modificación del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) que permitió a las comunidades autónomas aplicar un recargo sobre este tributo entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018. Según el TJUE, la directiva europea que regula la imposición de productos energéticos y la electricidad no permite que un país, como España, grave de manera distinta un mismo producto en función de la región o comunidad autónoma, ya que esto podría afectar al mercado interior y a la libre circulación de mercancías. El Ministerio de Hacienda estimó que las posibles devoluciones por este fallo, ratificado por el Supremo, podrían ascender a 5.800 millones de euros. Sin embargo, los expertos fiscales creen que, debido a la dificultad de que estas devoluciones se materialicen, el impacto en las arcas públicas será mucho menor.

READ MORE

(El Periódico, 23-10-2024) | Fiscal

Impuestos sí, pero sin poner en peligro la competitividad del tejido empresarial

Eso ha expresado el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, durante el cierre del XXVII Congreso de Empresas Familiares, celebrado este lunes y martes en Santander. En este evento se ha mostrado la armonía entre estas empresas y el Gobierno. La próxima edición anual se llevará a cabo en Burgos. "Los empresarios también estamos para contribuir con el pago de impuestos, ya que esto genera bienestar social, pero debemos tener en cuenta la competitividad de las empresas. Si hemos avanzado en aspectos medioambientales, salariales y fiscales, hay que reconocer que todo tiene un límite. No podemos avanzar en todas las áreas al mismo tiempo", señaló Rivera, quien también es presidente de Hijos de Rivera, la compañía propietaria de la cervecera Estrella Galicia. Posteriormente, en declaraciones a los medios, Rivera aclaró que lo que preocupa a los empresarios no es pagar impuestos, sino la pérdida de competitividad. "Nos preocupa que España tenga la mayor carga fiscal y, al mismo tiempo, la mayor complejidad normativa en comparación con otros países. No nos quejamos de tributar, sino de cómo esto afecta nuestra competitividad. Si las regulaciones sobre energía verde y la presión fiscal condicionan nuestra capacidad para competir, debemos revisarlo, ya que competimos con otros países que no enfrentan estas regulaciones", explicó. El representante de las empresas familiares pidió "consenso" a los partidos políticos para no complicar aún más la situación. "No nos lo pongan más difícil", insistió el dirigente gallego, en presencia de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, quien también participó en la clausura del foro junto al Rey Felipe VI, el presidente del Instituto Jacques Delors y ex primer ministro italiano, Enrico Letta, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Por su parte, la ministra Saiz reiteró el respaldo del Gobierno español, anticipado el lunes por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a las empresas familiares, a las que describió como "el alma del tejido productivo de España" y "una prioridad para el Gobierno". Además, destacó que más de un tercio del Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido destinado a pymes, a las que han llegado dos de cada cinco euros de las convocatorias ya resueltas. "No bajaremos la guardia", aseguró. El Rey Felipe VI agradeció a las empresas familiares su "compromiso" y "esfuerzo", destacando que son "un pilar fundamental" de la economía y la sociedad. "Son el motor que impulsa nuestra economía y el mayor empleador del sector privado. Esta realidad refleja su importancia no solo para el crecimiento económico, sino también para las personas", añadió. Felipe VI resaltó también el compromiso de estas compañías con su territorio y su visión a largo plazo, lo que convierte a los municipios donde están presentes en polos de progreso y crecimiento, además de su "creciente presión" por adaptarse y diferenciarse en un "contexto económico extremadamente complejo". Por otro lado, Enrico Letta, ex primer ministro italiano y autor de un informe sobre la mejora de la competitividad europea, instó a acelerar la integración de sectores como finanzas, telecomunicaciones y energía, que quedaron fuera del mercado único, para competir de igual a igual con Estados Unidos y China. "El soberanismo nacional está beneficiando a Wall Street y a los países BRIC. Tenemos que ser conscientes de esto. Es el momento de actuar y de integrarnos para ser más competitivos en el ámbito de la innovación", afirmó Letta, quien también preside el Instituto Jacques Delors. En este sentido, Letta abogó por superar el "obstáculo del sistema regulatorio" proponiendo la creación de un "estado virtual 28" con su propia ley de sociedades. "No es una idea muy original, es similar a un 'Delaware europeo', pero de forma virtual. Me alegró mucho que Carlos Cuerpo lanzara la idea de tener una comunidad virtual de 18 para España", comentó, en referencia a la propuesta del secretario general del Tesoro para superar las diferencias entre las regiones españolas.

READ MORE

(La Razón, 23-10-2024) | Fiscal

El "cheque-bebé" de Almeida: 500 euros por el primer hijo y ayudas ascendentes para los siguientes

Una de las promesas electorales de Martínez-Almeida en las elecciones de mayo de 2023 fue la implementación de un proyecto destinado a abordar un "problema" que no solo afecta a Madrid, sino a todo el país: el déficit de nacimientos. Según el alcalde, un dato preocupante es que desde 2021 hay más fallecimientos que nacimientos en la ciudad. Para contrarrestar esta tendencia, y junto a José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, y la vicealcaldesa Inma Sanz, presentó en la Escuela Infantil Municipal Muñeco de Nieve, en Vicálvaro, el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación del Ayuntamiento. Este plan incluye 50 medidas y cuenta con un presupuesto de 675 millones de euros, destacando nueve iniciativas principales que ya han sido anunciadas. En la elaboración del plan participaron representantes de todas las áreas municipales, así como de la Comunidad de Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Foro de Empresas por Madrid y expertos del ámbito académico. De hecho, la Fundación Universidad Autónoma de Madrid fue la encargada de la redacción del documento. Tras la presentación, la próxima semana se abrirá un periodo de alegaciones, y el texto definitivo será aprobado por la Junta de Gobierno antes de finalizar el año. A partir de entonces, la Comisión del Plan de Fomento de la Natalidad será responsable de su seguimiento y evaluación, ya que se trata de un "documento vivo" que podría incorporar nuevas medidas en el futuro. Martínez-Almeida, acompañado por José Fernández, destacó en primer lugar las "ayudas directas por nacimiento o adopción" que se otorgarán a partir del 1 de junio de 2025. Estas ayudas serán de 500 euros para el primer hijo, 750 para el segundo y 1.000 para el tercero y siguientes. La ayuda podrá solicitarse desde noviembre de 2025, con carácter retroactivo al 1 de junio, y será universal, sin restricciones de renta o edad. El único requisito será que el solicitante esté empadronado en la ciudad al menos durante los últimos cinco años. El Ayuntamiento también incrementará la oferta de plazas en escuelas infantiles para facilitar la conciliación y asegurar el acceso de los niños de 0 a 3 años a una educación temprana de calidad. En enero abrirá una nueva escuela infantil en el paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán, sumándose a las 75 ya existentes, lo que permitirá alcanzar las 8.618 plazas en el curso 2024-2025. Para 2029, Madrid contará con 80 centros gracias a las nuevas aperturas previstas en los distritos de Usera, Retiro, y otros aún por definir. La Beca Infantil, que ayuda a las familias con hijos de 0 a 3 años matriculados en escuelas privadas a pagar la matrícula, mensualidades y comedor, verá aumentado su presupuesto. En el curso actual 2024-2025, esta ayuda se ha incrementado a 4,2 millones de euros, y para 2025-2026, alcanzará los 5,1 millones, con un aumento progresivo hasta llegar a ocho millones en el curso 2028-2029. Además, a partir del curso 2025-2026, la beca se abonará cada dos meses para evitar que las familias deban adelantar las mensualidades. También se ha incrementado en un 10 % el importe mensual que se transfiere a las familias, elevando las ayudas de 100 a 118 euros, de 200 a 220 euros y de 350 a 385 euros. Por otro lado, se ha ampliado el límite de renta per cápita anual para ser beneficiario hasta los 30.000 euros.

READ MORE

(Expansión, 22-10-2024) | Fiscal

La Justicia pone coto a las inspecciones fiscales subcontratadas a empresas privadas

La Justicia está poniendo freno a la subcontratación de empresas privadas por parte de ayuntamientos para realizar inspecciones tributarias. Aunque las entidades locales y diputaciones provinciales tienen la facultad de apoyarse en empresas para tareas auxiliares en sus investigaciones fiscales, los jueces han establecido límites y anulan sanciones cuando la delegación de funciones excede lo permitido. El más reciente revés a esta práctica lo ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el Ayuntamiento de Barcelona, calificando el caso como "un ejemplo claro de cesión ilegal de la función inspectora a una entidad privada", lo que podría llevar a la anulación de miles de multas. El caso involucra a la empresa ferretera Hágalo S.A., ubicada en la Zona Franca de Barcelona, que solicita la nulidad de las sanciones tributarias impuestas por el Ayuntamiento tras una inspección que denuncia como irregular, debido a la subcontratación a una empresa privada. El Ayuntamiento rechazó la impugnación, alegando que la inspección fue realizada por el Instituto Municipal de Hacienda, que solo había contratado externamente a la empresa Colaboración Tributaria S.L. para tareas auxiliares. A partir de este punto, se inicia un proceso administrativo y judicial que inicialmente favorece a la administración, pero que finalmente culmina con un fallo contundente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en contra del Ayuntamiento de Barcelona, cuestionando la legalidad de la subcontratación de inspecciones tributarias. La sentencia concluye que, en lugar de limitarse a tareas auxiliares, se ha producido "una privatización total de la función pública inspectora". Según el fallo, la totalidad de la labor inspectora, que conduce a liquidaciones y sanciones, recae en personas que no son funcionarios ni empleados de la Administración tributaria. El tribunal critica la "dejación" del Ayuntamiento, que ha delegado funciones reservadas a personal público a una empresa privada. El fallo detalla que las actividades encomendadas a la empresa contratada no se limitan a tareas menores, sino que incluyen desde concertar visitas con los contribuyentes hasta redactar informes, realizar propuestas de regularización y revisar alegaciones, dejando al inspector público solo la tarea de revisar y firmar el documento final, comparándolo con un "director ejecutivo" que simplemente sanciona lo que le presenta la empresa. La sentencia también resalta que el contrato de la empresa privada incluye un pago fijo de 200.000 euros más un porcentaje de cada liquidación (12% en periodo voluntario y 9% en pagos fraccionados), lo que indica que la empresa no solo presta apoyo técnico, sino que se le ha delegado la función inspectora de manera amplia. Además, señala que la intervención de la empresa privada no queda debidamente documentada en el expediente, lo que evidencia un intento de ocultar irregularidades por parte del Ayuntamiento. Finalmente, la sentencia concluye que esta operativa vulnera gravemente las garantías de los contribuyentes, delega por completo el proceso en una entidad ajena a la función pública y facilita la entrega de datos tributarios confidenciales a una empresa privada. Este fallo, que sigue la línea de decisiones anteriores de tribunales como el del País Vasco, Madrid y el Tribunal Supremo, declara la nulidad de las liquidaciones y sanciones impuestas, lo que podría llevar a la anulación de miles de procedimientos similares subcontratados por otros ayuntamientos.

READ MORE

(Expansión, 22-10-2024) | Fiscal

Los inspectores de haciendas locales cargan contra la externalización

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) lleva tiempo alertando sobre los peligros que conlleva la externalización de las inspecciones fiscales. En declaraciones a este diario, la asociación aclara que no se opone a la "colaboración público-privada" siempre y cuando se limite a un verdadero apoyo y asistencia a los servicios públicos de inspección, y no a reemplazar la labor inspectora, como está ocurriendo en algunos casos de contratación que pueden calificarse de fraudulentos. Para la asociación, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma que "la completa privatización de una función reservada a la administración pública supone una grave violación del derecho administrativo" que afecta a los contribuyentes. Los inspectores fiscales de los entes locales señalan que este fallo es el más reciente en una serie de decisiones judiciales en contra de la privatización de las inspecciones, que comenzó con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2015, siguió con el de Madrid en 2020, y ha contado con el respaldo del Tribunal Supremo. Añaden que la subcontratación de los servicios de inspección es especialmente frecuente en ayuntamientos pequeños y diputaciones provinciales, que a su vez ofrecen este servicio a los municipios más pequeños de su región. Las razones principales son "la falta de recursos" humanos y materiales en las localidades de menor tamaño, así como la necesidad de mantener cierta distancia entre la administración y el sector empresarial local en municipios pequeños, donde suelen existir vínculos cercanos.

READ MORE

(El Economista, 22-10-2024) | Fiscal

Las petroleras paralizarán su proyectos industriales al prorrogarse el "impuestazo"

El Gobierno está listo para aprobar, previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros, el Real Decreto que hará permanentes los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca. Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca asegurar el respaldo de Sumar, sus socios de coalición, con quienes acordó extender esta medida, a pesar de que ya no cuenta con el apoyo de Bruselas y contraviene la promesa inicial de que sería solo temporal. Carlos Cuerpo, secretario de Estado de Economía, defiende que estos impuestos han permitido financiar el llamado "escudo social", que se está desmantelando progresivamente con la retirada de las ayudas. El Gobierno ha recaudado cerca de 2.400 millones de euros de las principales compañías energéticas tras la entrada en vigor del gravamen entre 2023 y 2024, un pago que se liquida al año siguiente. La extensión de este impuesto será un golpe para los proyectos industriales de las principales petroleras en España, como Repsol, Cepsa y BP. Repsol, que ha aportado alrededor de 800 millones en los últimos dos años, y Cepsa, que cerró 2023 con pérdidas de 233 millones por el impacto en sus ingresos, se verán afectadas. Esta prórroga supondrá una carga importante para las refinerías situadas en Tarragona, Bilbao, Huelva, Castellón, Cartagena, Puertollano y La Coruña. Los directivos han advertido, tanto en público como en privado, que podrían verse obligados a frenar sus planes de reindustrialización. Este gravamen se introdujo en 2022 y 2023 como respuesta a la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Durante el peor momento de la crisis, los precios de la gasolina y el diésel superaron los dos euros por litro, mientras que ahora rondan los 1,5 euros/litro para la gasolina y 1,38 euros/litro para el diésel, según datos recientes del Boletín Petrolero de la UE. Asimismo, el precio de la electricidad alcanzó un récord de 544,98 euros/MWh, mientras que actualmente se sitúa en 80,18 euros/MWh. Además de la disminución en los precios, las empresas energéticas critican el diseño del impuesto, que grava las ventas en lugar de los beneficios. Actualmente, las compañías con una facturación superior a 1.000 millones de euros anuales pagan el 1,2% de sus ingresos por ventas. Dado el cambio en el escenario, muchos analistas y directivos del sector creían que el gravamen se eliminaría este año. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, expresó esta opinión durante una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados semestrales del grupo. De forma similar, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya señaló en noviembre pasado que el Gobierno es consciente de que se necesitarán grandes inversiones para la descarbonización, por lo que no esperaba que el impuesto a las energéticas y la banca continuara. "Estamos alineados con la política energética del Gobierno, pero necesitamos liquidez", advirtió. Por último, las críticas hacia este "impuestazo" son generalizadas. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, se opuso el pasado 24 de febrero, argumentando que mantener este gravamen "no tiene sentido" y lamentó la elevada carga fiscal que enfrentan las empresas en España.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF