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(El Economista, 15-11-2024) | Fiscal

El golpe a las socimis pone en riesgo el 61% de la inversión inmobiliaria en España

La propuesta del Gobierno para eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) en España pone en peligro una parte significativa de la inversión inmobiliaria en el país. Según alertan los principales actores del sector, un cambio de esta magnitud podría "espantar al capital internacional". Desde 2014, la inversión extranjera representa, en promedio, el 61% del volumen total de transacciones en el mercado inmobiliario español, según datos de la consultora Savills. En lo que va de año, aunque este porcentaje ha bajado, todavía un 40% de los cerca de 9.000 millones de euros invertidos en bienes inmuebles corresponde a capital extranjero, lo que equivale a 3.533 millones de euros provenientes de inversores internacionales. El anuncio de esta medida coincide con un momento de recuperación del sector inmobiliario a nivel global, que se había visto paralizado en 2023 por la subida de los tipos de interés. Savills estima que la inversión en los principales 16 mercados inmobiliarios del mundo alcanzará este año los 747.000 millones de dólares, un aumento del 7% respecto a 2023. Además, proyecta que la inversión global se acerque al billón de euros en 2025, con un crecimiento del 25%. El impacto de la medida no solo afectaría a la inversión futura, sino también a la ya realizada por las socimis, que cuentan con una capitalización conjunta de más de 24.000 millones de euros repartidos entre más de 124 sociedades. Las dos mayores socimis del país, Merlin Properties y Colonial, ambas cotizadas en el Ibex 35, ya han advertido que considerarían trasladar sus sedes fuera de España si esta reforma se aprueba. La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) advierte que esta reforma fiscal podría poner en riesgo hasta 15.000 millones de euros de inversión acumulada en el sector desde 2014. "El Gobierno debería replantearse este cambio en el sistema tributario para no comprometer el éxito alcanzado por las socimis en España. Esta decisión podría llevar a estas sociedades a buscar otros países donde cotizar y desarrollar nuevos proyectos", afirmó Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la ACI. Merlin Properties, por su parte, compara el régimen de las socimis en España con los REITs (fondos de inversión inmobiliarios) internacionales y denuncia que las modificaciones propuestas suponen, en la práctica, la eliminación de este modelo fiscal. "El régimen de las socimis es un activo clave para el crecimiento económico de España", asegura la compañía dirigida por Ismael Clemente, que rechaza los argumentos que vinculan a las socimis con la problemática de la vivienda. En la misma línea, Juan José Brugera, presidente de Colonial, calificó la posible eliminación del régimen de las socimis como "muy grave" y advirtió que, de concretarse, España se convertiría en un "territorio prohibido" para la inversión internacional. "Este régimen es una adaptación al contexto español de estándares internacionales. Cambios de esta naturaleza hacen que el mercado español pierda atractivo para los inversores extranjeros", concluyó.

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(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

La CNMV pide “extremar la cautela” ante el cambio en el régimen fiscal de las socimis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo encargado de supervisar la Bolsa y las empresas cotizadas, ha instado a actuar con prudencia al abordar posibles cambios en el régimen fiscal de las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en los mercados. Esta semana, los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, han anunciado su intención de eliminar las ventajas fiscales de estas entidades, aunque no han especificado los detalles. Actualmente, las socimis disfrutan de un tipo del 0% en el impuesto de sociedades siempre que coticen en Bolsa y distribuyan el 80% de sus ingresos en forma de dividendos, un beneficio que se propone suprimir en los presupuestos de 2025, si estos son aprobados. En este contexto, la CNMV ha subrayado la importancia de valorar las posibles repercusiones de estas medidas. "Aunque desconocemos el detalle del debate, pedimos que se extremen las precauciones antes de modificar el régimen fiscal de las socimis", indican fuentes del organismo. También han recordado que este tipo de vehículo de inversión no es exclusivo de España, ya que existe en otros países europeos con características similares, concretamente en 14 jurisdicciones de la Unión Europea. La CNMV ha señalado el riesgo de deslocalización, un aspecto que han planteado también las principales socimis del país, Merlin y Colonial. "Un cambio en las condiciones fiscales podría tener un impacto considerable en el negocio e incentivar la salida de estas empresas a otros países", advierten desde el organismo. Este planteamiento coincide con el de las propias compañías, que han manifestado estar evaluando la posibilidad de trasladar sus sedes sociales si se concretan los cambios fiscales. En España, unas 120 empresas cotizan bajo el régimen de socimis, la mayoría en el mercado alternativo BME Growth, aunque solo Colonial y Merlin forman parte del Ibex 35. Estas dos compañías sufrieron importantes caídas en Bolsa el pasado martes y, aunque han recuperado algo de terreno, los analistas alertan de las consecuencias que estos cambios podrían tener en sus resultados financieros. La situación recuerda a lo ocurrido con las Sicavs, vehículos de inversión para grandes patrimonios que se beneficiaban de una tributación reducida del 1% en las plusvalías. En aquel caso, la CNMV también abogó por mantener su régimen fiscal para evitar la deslocalización, pero finalmente, en 2022, el Tribunal Supremo estableció que era la Agencia Tributaria, y no el supervisor, la encargada de determinar qué empresas podían acogerse a este régimen. Esto, sumado a nuevos requisitos como que los socios invirtieran al menos 2.500 euros, provocó que el 86% de las Sicavs optaran por disolverse o cambiar al régimen tributario general. Desde el sector financiero, se advierte que cualquier decisión sobre las socimis podría tener repercusiones importantes en el mercado de la vivienda, ya que estas no son simples vehículos de inversión, sino actores clave en el desarrollo inmobiliario. Por su parte, la CNMV se alinea con la estrategia de supervisores y reguladores europeos que buscan fortalecer los mercados de capitales para afrontar las crecientes necesidades de financiación planteadas en iniciativas como el plan Draghi.

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(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

Las dos grandes socimis del país preparan planes legales ante la reforma fiscal y apuntan a salir de España

El sector inmobiliario enfrenta una fuerte sacudida tras la propuesta del PSOE y Sumar de eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Dos de las principales compañías de este tipo en España, Merlin Properties y Colonial, están a la expectativa de si el Gobierno conseguirá los apoyos necesarios para implementar esta medida y, como consecuencia, consideran trasladar sus sedes fuera del país. Merlin Properties, la mayor socimi del Ibex 35, informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está evaluando "todas las medidas legales a medio y largo plazo para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados". Según fuentes cercanas a la empresa, una de las opciones contempladas es trasladar su sede a otro país europeo, similar a lo que hizo Ferrovial al mudarse a los Países Bajos. Colonial, también presente en el Ibex 35, ha expresado su rechazo a la propuesta y estudia modificaciones en su estrategia, incluyendo un posible cambio de sede. Su presidente, Juan José Brugera, afirmó que si se aprueba la reforma del régimen fiscal de las socimis, la compañía analizará su estrategia de inversión, así como la ubicación de sus operaciones y estructura jurídica, para minimizar cualquier impacto negativo en la sociedad. Brugera ya lideró en su momento el traslado de la sede de Colonial de Barcelona a Madrid tras la crisis independentista de 2017. La incertidumbre generada por esta propuesta tuvo un impacto inmediato en la Bolsa: el martes, Merlin perdió un 7,3% de su valor y Colonial un 5,03%, aunque ambas experimentaron ligeras subidas del 0,5% al día siguiente. Merlin destacó en su comunicado que, a corto plazo, está evaluando el impacto en su flujo de caja, que considera limitado debido a otras normas fiscales. Sin embargo, a medio y largo plazo no descarta ninguna opción legal para salvaguardar sus intereses. La compañía, dirigida por Ismael Clemente, defendió el modelo de las socimis como una adaptación del régimen REIT internacional. Este sistema, señala Merlin, fomenta la creación de empresas activas con personal y recursos para desarrollar infraestructuras modernas y sostenibles en sectores clave como oficinas, centros comerciales, logística, hoteles y tecnología. Además, asegura que elimina la doble imposición fiscal, garantiza un nivel equilibrado de tributación efectiva y promueve la distribución de beneficios, contribuyendo al ahorro y a la inversión de fondos de pensiones, aseguradoras y particulares. Por su parte, Brugera calificó de "muy grave" la propuesta, argumentando que convertiría a España en un destino poco atractivo para la inversión internacional. Destacó que el régimen actual no solo atrae capital extranjero, sino que también es compatible con objetivos sociales importantes. No obstante, reconoció que la propuesta aún no tiene garantías de ser aprobada y subrayó que su viabilidad depende del respaldo de socios parlamentarios como ERC, PNV y Junts. Colonial, que opera gran parte de su negocio en París a través de su filial SFL, podría ver facilitado un eventual traslado de sus operaciones principales a Francia si se aprueba la reforma. Este vínculo con el mercado parisino de oficinas refuerza su capacidad para desvincularse del entorno español en caso necesario.

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(Expansión, 14-11-2024) | Fiscal

Trump quiere aprobar una rebaja fiscal histórica en sus primeros 100 días

El futuro presidente de Estados Unidos ha movilizado a los legisladores republicanos para acelerar la implementación de una de sus principales promesas de campaña: una reforma fiscal con un impacto total estimado en 9 billones de dólares y un ahorro de 200.000 millones para las empresas. Esta ambiciosa medida, valorada en más de 9 billones de dólares (equivalentes a 8,5 billones de euros), busca consolidar su retorno al poder con un golpe de efecto en los primeros 100 días de su mandato. Dado lo complicado de cumplir con otras promesas, como la deportación masiva de inmigrantes en tan poco tiempo, Trump apuesta por materializar la mayor rebaja fiscal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, este plan podría llevar el déficit público a niveles sin precedentes. Tras asegurar el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso, Trump ha dado instrucciones a Mike Johnson, portavoz de la Cámara de Representantes, para garantizar la unidad entre los congresistas republicanos y aprobar la reforma fiscal en un plazo de tres meses desde su toma de posesión. Incluso se especula que el anuncio de esta reforma podría realizarse el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025. El Congreso, controlado ahora por los republicanos, entrará en funciones el 6 de enero. Esto brinda tiempo suficiente para unificar a las filas republicanas, que han estado divididas en los últimos años. Con el regreso de Trump al poder, se espera que estas disputas internas lleguen a su fin. En términos prácticos, gran parte del trabajo ya está avanzado. Trump planea extender la reforma fiscal que implementó en 2017 y que expira en 2025, considerada uno de los principales logros de su mandato anterior. Antes de las elecciones, los demócratas aspiraban a negociar ajustes en la reforma para aumentar los impuestos a las grandes fortunas y las multinacionales. Sin embargo, tras la victoria republicana, estas propuestas han quedado fuera de discusión. Aunque la reforma contempla una reducción general de impuestos, para la mayoría de los ciudadanos sería simplemente una extensión de los beneficios actuales, evitando que sus impuestos regresen a los niveles previos a Trump. Para las empresas, en cambio, se abre un panorama más favorable, incluso mitigando el impacto de aranceles y guerras comerciales. El núcleo de la propuesta es la reducción del Impuesto de Sociedades, que pasaría del 21% al 15%, lo que supondría un ahorro de 200.000 millones de dólares para las empresas. En contraste, los demócratas habían planteado subir este impuesto al 28%. Cabe recordar que en 2017 Trump ya lo redujo del 35% al 21%, posicionando a Estados Unidos como uno de los países con impuestos corporativos más bajos. A pesar de contar con una mayoría republicana en el Congreso, Trump aún necesita el respaldo de todos los legisladores de su partido para aprobar el plan. Sin embargo, la facción más conservadora podría oponerse si no se presentan medidas claras para contrarrestar el aumento del déficit público, que se estima en más de 5 billones de dólares solo por la extensión de las medidas actuales. A esto se suman otros 4 billones derivados de nuevas promesas. Entre estas nuevas medidas destacan la eliminación de impuestos sobre las horas extra, lo que añadiría 2 billones de dólares al déficit en una década, y la ampliación de créditos fiscales por hijos. Además, se propone eximir de impuestos las pensiones, las ayudas de la Seguridad Social y las propinas de sectores como la hostelería y el transporte, lo que implicaría un coste adicional de 1,6 billones de dólares. El plan no está exento de críticas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha alertado sobre los riesgos de aumentar el gasto público de forma descontrolada. Aunque evita comentar directamente sobre políticas específicas, Powell advirtió que el déficit actual sigue una trayectoria insostenible, lo que podría amenazar el crecimiento económico. Sin embargo, Trump parece estar dispuesto a ignorar estas advertencias, tal como hizo en 2017, cuando fue acusado de favorecer a las grandes fortunas con su reforma fiscal. Aunque las rentas más altas se beneficiaron significativamente, también lo hicieron los hogares con ingresos más bajos, que experimentaron reducciones fiscales en seis de cada diez casos. Queda por determinar dónde se aplicarán los recortes en el gasto público para compensar la caída de ingresos. Este desafío recaerá en Elon Musk, a quien Trump ha asignado la tarea de supervisar la reducción del gasto gubernamental. Áreas como educación y sanidad podrían enfrentar importantes ajustes presupuestarios.

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(El Economista, 14-11-2024) | Fiscal

Hacienda intensifica el control sobre los autónomos: pedirá a la banca los cobros que reciben cada mes

La Agencia Tributaria intensifica su vigilancia sobre autónomos y empresarios en su lucha contra la economía sumergida. Hacienda está preparando una reforma en las obligaciones de los bancos para informar sobre las cuentas y movimientos de sus clientes. Con este cambio, las entidades financieras deberán enviar información sobre los ingresos de los profesionales de manera mensual, en lugar de anual, incluyendo datos relacionados con pagos realizados mediante tarjetas, Terminales de Punto de Venta (TPV), datáfonos o aplicaciones como Bizum. El Ministerio de Hacienda argumenta que disponer de esta información con mayor frecuencia, como mensualmente, permitirá una evaluación más eficaz del riesgo recaudatorio, una investigación más ágil y la adopción más eficiente de medidas como embargos o cautelares. Según la propuesta, esta periodicidad será clave para detectar a tiempo actividades fraudulentas o ingresos ocultos por parte de empresarios y autónomos. La modificación estará en consulta pública hasta el 28 de noviembre. Además de aumentar la frecuencia de los reportes, Hacienda busca ampliar estas obligaciones a entidades no tradicionales que operan en España gracias a internet. Esto incluye entidades de pago, empresas de dinero electrónico y bancos extranjeros que ofrezcan sus servicios en el país. Estas entidades deberán informar sobre la titularidad de las cuentas de clientes españoles, los pagos realizados con tarjetas o aplicaciones como Bizum, los movimientos de efectivo y los cobros recibidos por profesionales y autónomos. Aunque este reporte sigue siendo anual para la mayoría de transacciones, los pagos a profesionales pasarán a ser mensuales según la propuesta. Hacienda también quiere supervisar los movimientos asociados a tarjetas menos tradicionales, como las de prepago o virtuales usadas para compras en línea. Las entidades tendrán que identificar a los titulares de estas tarjetas y reportar pagos o compras realizadas con ellas, especialmente si son de alto valor. Sin embargo, el borrador no especifica a partir de qué importe será obligatoria esta comunicación. El Ministerio liderado por María Jesús Montero señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información de entidades financieras extranjeras que operan en España y combatir la evasión fiscal derivada del uso de entidades no obligadas hasta ahora a reportar datos. Con esta reforma, Hacienda pretende cerrar brechas en el control financiero y garantizar una mayor transparencia en las operaciones económicas realizadas en el país.

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(El Economista, 14-11-2024) | Fiscal

Hacienda extiende a 2025 la reducción del 5% en el IRPF para los autónomos que tributan por módulos

La Agencia Tributaria mantendrá en 2025 la reducción del 5% en el IRPF para los autónomos que tributan bajo el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El Ministerio de Hacienda ya está elaborando la nueva Orden que regulará esta reducción para el próximo año, la cual, según reconoce la propia Administración, es prácticamente idéntica a la aplicada este año, sin cambios significativos. El Gobierno había reducido previamente esta bonificación del 10% al 5%, tras considerar superada la situación extraordinaria de la pandemia, retornando así a los niveles previos. Según las previsiones, esta medida permitirá a los autónomos beneficiarse de un ahorro total de 85,3 millones de euros en el IRPF durante el próximo ejercicio. La única novedad introducida en esta nueva normativa es la aplicación de una reducción de hasta el 25% en el IRPF para los autónomos que tributen por módulos y se hayan visto afectados por la DANA. Esta medida, anunciada recientemente por Hacienda, forma parte del paquete de acciones fiscales destinadas a paliar los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico. Actualmente, alrededor de 430.000 autónomos utilizan el régimen de módulos, diseñado para negocios que manejan un alto volumen de efectivo, como tiendas o bares. Debido a la dificultad para la Agencia Tributaria de determinar con precisión sus ingresos reales, este sistema permite calcular los impuestos a través de parámetros objetivos, como el número de empleados, los metros cuadrados del local o la ubicación del negocio. A esta base estimada de ingresos se aplica directamente la reducción del 5%. Cabe destacar que el régimen de módulos solo está disponible para autónomos cuyos ingresos anuales no superen los 250.000 euros o que emitan facturas a otros profesionales o empresas por un importe inferior a 125.000 euros al año.

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(El Confidencial, 14-11-2024) | Fiscal

La reforma fiscal incluye una limitación al uso de deducciones por los dividendos repatriados que no podrá superar el 50% del impuesto

El Ministerio de Hacienda y Sumar han alcanzado un acuerdo para restringir los vacíos fiscales que existen en el impuesto sobre sociedades aplicado a las grandes empresas. El objetivo principal es reducir las actuales fugas de ingresos en este tributo, que sigue siendo el único cuya recaudación no ha recuperado los niveles de hace quince años. Según fuentes parlamentarias, no se busca eliminar las deducciones, sino establecer límites a la cantidad que las empresas pueden aplicar anualmente para reducir su base imponible. Aunque Hacienda aún no ha presentado un análisis detallado de estas medidas a los diputados, se prevé que su impacto sea notable. La medida central consiste en reintroducir los límites que el Gobierno de Mariano Rajoy implementó en 2016, pero que fueron posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional. Este fallo no cuestionó la esencia de las normas, sino la forma en que se aprobaron, mediante un real decreto-ley, un instrumento que no puede utilizarse para modificar sustancialmente los impuestos. Para sortear este obstáculo, el actual Ejecutivo incluye las reformas dentro de la tramitación de la directiva europea sobre el tipo mínimo del 15%, dándoles así rango de ley. Entre las medidas retomadas se encuentra la limitación al uso de bases imponibles negativas acumuladas de años anteriores y las deducciones por dividendos repatriados desde el extranjero, dirigidas exclusivamente a las grandes empresas. Estas medidas, introducidas inicialmente por el exministro Cristóbal Montoro, buscaban adelantar el pago del impuesto sin alterar la cantidad total adeudada. En cuanto a las bases imponibles negativas, las nuevas reglas establecen que las empresas con una facturación de entre 20 y 60 millones de euros podrán compensar hasta un 50%, mientras que aquellas que superen los 60 millones tendrán un límite del 25%. Por otro lado, para las multinacionales, se ha acordado que la reducción de la base imponible derivada de deducciones no podrá exceder el 50% de la cuota íntegra. Esto implica que las deducciones por dividendos provenientes del extranjero estarán limitadas al 50% del impuesto total que corresponda a cada empresa. Esta restricción aplicará únicamente a empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros. Aunque no se eliminan estas deducciones, el límite reducirá significativamente los beneficios fiscales para las grandes multinacionales españolas. En 2022, último ejercicio con datos disponibles, las deducciones por doble imposición alcanzaron los 1.400 millones de euros, de los cuales 1.200 millones correspondieron a grupos consolidados, lo que equivale a un ahorro del 13% en el impuesto sobre sociedades. En años previos, este ahorro llegó a representar hasta un 40% del tributo. Sin embargo, con la reforma fiscal pactada, esta cifra disminuirá sustancialmente. Otra medida destacada es la restricción en el uso de bases imponibles negativas dentro de los grupos empresariales. Actualmente, las empresas pueden emplear las pérdidas de sus filiales para reducir el impuesto de la matriz. Según la nueva normativa, esta práctica se limitará al 50% durante los ejercicios 2024 y 2025, ampliando el sistema implantado en 2023. No obstante, se ha decidido excluir a las fundaciones que formen parte de grupos empresariales, para garantizar que estas puedan seguir financiando sus proyectos sociales.

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(El Periódico, 14-11-2024) | Fiscal

Foment del Treball se ha sumado a la oleada de críticas a la política tributaria del Gobierno

La patronal liderada por Josep Sánchez Llibre ha reiterado sus duras críticas al "infierno fiscal" que, según su opinión, el Gobierno del PSOE y Sumar ha instaurado y que estaría perjudicando a la economía española. Esta organización ya había mostrado una postura muy crítica con el anterior Govern de la Generalitat por su política tributaria. El motivo de la nueva alarma es la reciente propuesta presentada en el Congreso de los Diputados que incluye medidas como "la eliminación de la exención fiscal de los seguros sanitarios, el incremento de la carga fiscal sobre las socimis, la imposición de un IVA del 21% a los pisos turísticos y la subida de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, llevándolas al 30%". Esta situación ha llevado a grandes socimis, como Merlin y Colonial, a amenazar con trasladar su sede fuera de España como respuesta a los cambios fiscales. Estas medidas se incorporarán al proyecto de ley que busca establecer una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales, recuerda Foment. Ante este escenario, la patronal catalana insta a las fuerzas políticas a apoyar "propuestas que favorezcan la economía productiva", como las promovidas por Junts o el PNV, y les pide que no respalden las iniciativas del Ejecutivo en la próxima votación en el Congreso. Por su parte, el PNV ya expresó este martes que ve "muy complicado e incluso imposible" que la norma prospere, al mantener un gravamen para la banca, pero no para las energéticas, lo que genera tensiones entre los distintos partidos. Los acuerdos entre el PSOE y Sumar chocan con las demandas de otras formaciones como ERC y EH Bildu, lo que complica la aprobación de estas medidas. En este contexto, se están llevando a cabo negociaciones entre varias partes. Una de ellas incluye al PSOE y Junts, que discuten una enmienda para suavizar el impuesto aplicado a la banca, especialmente en lo que respecta a CaixaBank y sus aportaciones a su fundación principal accionista. Foment ya advirtió hace días que este gravamen podría poner en riesgo la Obra Social de La Caixa, mientras que Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, calificó el impuesto como la "tasa CaixaBank".

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(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal

Las Socimis se ponen en pie de guerra ante el órdago fiscal del Gobierno

Asombro, indignación y preocupación en el sector inmobiliario tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, que plantea eliminar las exenciones fiscales a las Socimis. Este anuncio ya ha tenido repercusiones en los mercados, con una caída significativa en las acciones de las principales empresas del sector. En un solo día, Merlin Properties y Colonial, dos gigantes del Ibex, han perdido 590 millones de euros en capitalización bursátil. Desde Merlin Properties, se asegura que están evaluando "diversos escenarios y planes de contingencia" para proteger los intereses de accionistas, clientes y empleados, en caso de que la propuesta se materialice. Según la compañía, en el corto plazo el análisis está enfocado en determinar el impacto en el flujo de caja, que esperan sea limitado gracias a otras normativas fiscales. A mediano y largo plazo, las medidas estarán orientadas a garantizar la sostenibilidad y competitividad, explorando todas las opciones legales disponibles. Merlin también defiende el papel clave de las Socimis en el desarrollo de infraestructuras modernas y sostenibles, desde oficinas y centros comerciales hasta hoteles y torres de telecomunicaciones. Además, destacan que estas sociedades permiten una "forma de ahorro accesible" para los pequeños inversores. Sin embargo, los expertos advierten que el impacto potencial de este cambio va más allá de la caída en bolsa. Modificar las reglas fiscales a mitad de camino podría desalentar la inversión extranjera y poner en desventaja a las empresas españolas frente a sus competidores en Europa y Estados Unidos. Esta incertidumbre ya está llevando a algunas compañías a considerar un posible cambio de sede social. Fuentes de otras Socimis cotizadas expresan su inquietud, aunque prefieren esperar a los resultados de la reunión de la comisión de Hacienda este jueves y a conocer el texto definitivo de la propuesta. No obstante, coinciden en que este tipo de "ruido" no favorece la imagen de España ni su seguridad jurídica. Antonio Fernández Hernando, presidente de Armanext, firma especializada en la cotización de Socimis, destaca que la mayoría de los países de la OCDE cuentan con figuras similares. "¿España será el único país de la UE sin REIT? Una medida así provocaría la fuga de capital y obligaría a las pocas empresas que permanezcan a aumentar los alquileres para compensar el impacto fiscal", advierte. Las Socimis, conocidas internacionalmente como REIT (Real Estate Investment Trust), surgieron en Estados Unidos en los años 60 y se expandieron a Europa manteniendo características comunes: están centradas en el alquiler de inmuebles, cotizan en bolsa para facilitar el acceso a pequeños inversores y deben repartir la mayor parte de sus beneficios en dividendos, al menos un 80% en España. Sumar, en su enmienda al proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global del 15% para multinacionales, argumenta que, ante el déficit de vivienda y el aumento de costos, las exenciones fiscales de las Socimis deben eliminarse para fomentar un mercado más equilibrado. Señalan que esta medida busca desincentivar la especulación y priorizar el uso de inmuebles con fines residenciales permanentes, con un impacto social positivo al facilitar el acceso a la vivienda para quienes más la necesitan. Por su parte, la enmienda del PSOE plantea una postura más moderada, proponiendo modificaciones en el régimen fiscal de las Socimis para aumentar la oferta de viviendas a corto plazo y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

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(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal

Hacienda fía 16.000 millones del ajuste fiscal a la no deflactación del IRPF

La reforma fiscal que PSOE y Sumar negocian actualmente con otros grupos parlamentarios se perfila como un pilar fundamental en el plan para equilibrar las cuentas públicas, un compromiso asumido con la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito tributario no solo importan las medidas que se implementan, sino también aquellas que se dejan de aplicar. En este sentido, además de las nuevas subidas impositivas y tributos planteados, el Gobierno prevé destinar 16.000 millones de euros del ajuste presupuestario comprometido hasta 2031 a los ingresos extra derivados de su decisión de no ajustar el IRPF según la evolución de precios y salarios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado este impacto en su informe sobre el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028. Este documento, requerido por las nuevas reglas fiscales de la UE, detalla cómo los países con desequilibrios presupuestarios planean corregir sus finanzas. Según la AIReF, la falta de actualización del IRPF generará 15.900 de los 25.800 millones de euros que el Gobierno espera recaudar entre 2024 y 2031 mediante medidas discrecionales de ingresos. Este concepto representa el 62% de la recaudación adicional proyectada, superando incluso los ingresos previstos por la reforma de pensiones. Este fenómeno, conocido como "progresividad en frío" o "rémora fiscal", consiste en un aumento implícito de la presión tributaria cuando los tramos del IRPF no se ajustan a la inflación o a la subida salarial. Como resultado, aunque un trabajador reciba un aumento salarial y suba de tramo fiscal, podría terminar pagando más impuestos sin mejorar su poder adquisitivo. Este efecto ha sido especialmente notable durante años de alta inflación, como destaca el Banco de España, que atribuye a esta causa más de la mitad del aumento extraordinario de la recaudación. A pesar de esto, Hacienda ha rechazado actualizar el IRPF, argumentando que beneficiaría también a las rentas altas y que es preferible centrarse en medidas para las rentas bajas. Esta postura contrasta con la práctica en territorios forales como el País Vasco y Navarra, donde sí se ha ajustado regularmente. Recientemente, varias comunidades autónomas, especialmente gobernadas por el PP, han seguido el mismo camino. Aunque el impacto de la progresividad en frío ha disminuido con la moderación de la inflación, la AIReF estima que en 2024 esta medida generará 3.400 millones de euros adicionales para el Estado. La cifra bajará a 1.800 millones en 2025 y se mantendrá alrededor de esa cantidad hasta 2031. Esta estrategia es crucial para que la Comisión Europea apruebe el plan gubernamental de limitar el crecimiento del gasto público al 3% anual una vez descontadas las medidas de ingreso. Sin embargo, la AIReF advierte que, si la UE no considera la progresividad en frío como una medida discrecional de ingresos, el Gobierno podría enfrentarse a la necesidad de aplicar recortes adicionales o aumentar otros impuestos. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma tributaria que espera generar 4.500 millones de euros anuales adicionales a partir de 2025. Inicialmente, buena parte de este monto dependía de la consolidación de los impuestos a banca y energéticas. No obstante, la oposición de Junts y ERC a prolongar los gravámenes sobre el sector energético, tras las amenazas de deslocalización de empresas como Repsol, ha obligado a buscar alternativas. Entre las medidas en negociación se incluyen un tributo temporal suavizado a la banca, la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, el aumento del IRPF sobre el ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, un IVA del 21% para viviendas turísticas, el fin de las exenciones fiscales de las Socimis y las primas de seguros médicos, así como nuevos impuestos al lujo y al vapeo. Este paquete no solo busca fortalecer la consolidación fiscal, sino también desbloquear los 7.200 millones de euros del quinto tramo de ayudas Next Generation, que requiere avanzar en la convergencia tributaria de España con Europa.

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