Este lunes se ha aprobado una reducción del 25% en la tributación por módulos para los autónomos afectados por la DANA, así como un descuento del 25% en las cuotas correspondientes al régimen simplificado del IVA. Estas medidas beneficiarán a un mayor número de personas, ya que no será necesario que el domicilio fiscal esté ubicado en los municipios afectados, sino que bastará con que la actividad económica haya sufrido perjuicios debido a la catástrofe. Además, se ha habilitado una excepción para que autónomos y empresarios puedan renunciar al régimen de tributación por módulos en 2024, permitiéndoles regresar a este sistema en 2025 o 2026 si así lo prefieren.
Los afectados también estarán exentos de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2024 y recibirán una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del mismo ejercicio. Por otro lado, los autónomos dedicados a explotaciones agrarias en las zonas perjudicadas se beneficiarán de una rebaja en el IRPF y en el IVA aplicables a sus actividades. Asimismo, se incluye la exención del IBI de naturaleza rústica para 2024, afectando a cuotas sobre fincas, locales de trabajo y similares de agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas superiores al 40% de su producción.
Tal como se había planteado la semana pasada, los damnificados no tendrán que abonar las tasas de Tráfico para dar de baja vehículos dañados o reponer carnés de conducir perdidos o deteriorados. Esta exención también se extiende a documentos personales como el DNI.
Las ayudas por daños personales estarán exentas de IRPF, y el segundo pago del impuesto sobre la renta, cuyo vencimiento estaba fijado para el 5 de noviembre, se aplazará hasta 2025, beneficiando a aproximadamente 200.000 contribuyentes. Además, todas las ayudas serán inembargables.
Por último, se permitirá a los municipios destinar su superávit a inversiones que sean financieramente sostenibles y necesarias para la reparación de los daños causados por la DANA. También podrán atender necesidades financieras específicas en 2024 y 2025 utilizando recursos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son uno de los pilares esenciales para la recuperación de la provincia de Valencia tras el paso de la DANA. "El propósito es movilizar todos los recursos posibles para restablecer la normalidad rápidamente. El decreto ley destina 10.600 millones de euros, y contamos con la colaboración de Bruselas para evitar limitaciones fiscales, lo cual es fundamental. También es crucial el presupuesto, que se necesita, y creo inapropiado llamar a eso un chantaje", comentó este domingo en una entrevista con 'El País'.
Montero sostiene que "nadie" entendería que la Generalitat no destinara sus fondos públicos a la reconstrucción de Valencia y añade que tampoco se comprendería que el Gobierno no enfocara los PGE en resolver la situación con urgencia. "La emergencia lo demanda", enfatiza.
En esta línea, Montero aclara que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha condicionado los 10.600 millones de euros a la aprobación de los PGE, y pide "dejar de lado el politiqueo" porque "las grandes crisis son una medida de la fortaleza de un país". "Los presupuestos aún no están aprobados, pero las ayudas llegarán; se trata de un gasto extraordinario y Bruselas lo entiende", declara.
"Es necesario un presupuesto, y llamar a eso chantaje me parece inadecuado. Habrá tiempo para pedir explicaciones y para debatir, pero ahora es fundamental el presupuesto. Es inaceptable, poco empático y completamente desorientado hablar de chantaje", añadió. La ministra asegura que el Gobierno ha estado presente en Valencia "desde el primer momento" tras la DANA y reitera que era responsabilidad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, activar el máximo nivel de alerta "y no lo hizo".
"Desde el primer minuto estuvimos en Valencia, con todo el despliegue de fuerzas y el Ejército. Habría sido absurdo entrar en una disputa de competencias y enfrentamientos constantes", explicó. Montero también manifiesta su comprensión hacia la "indignación" de los vecinos de Paiporta, en relación a los incidentes que enfrentaron Sánchez, Mazón y el Rey Felipe VI. No obstante, subraya que el Gobierno ha estado ayudando y lamenta que "los extremistas se infiltraran en esas protestas".
"Comprendo la indignación de quienes han perdido su hogar, su negocio, su vehículo, incluso a seres queridos. La desesperación es comprensible cuando la ayuda no llega de inmediato, y eso no siempre es posible. Esa frustración puede transformarse en bronca cuando hay grandes concentraciones. Es lamentable que los extremistas aprovecharan para infiltrarse en estas protestas", afirmó.
Finalmente, Montero destaca que una de las "lecciones" que deja la DANA en España es que el cambio climático "no es una amenaza futura, sino una realidad inminente". Llama a la unidad de todo el Estado español y asegura que "habrá tiempo para evaluar cómo se tomaron las decisiones".
"Hemos centrado nuestros esfuerzos en ayudar a quienes lo necesitan, en proteger el tejido productivo y en desplegar las ayudas para reconstruir las zonas afectadas. Ya habrá tiempo para revisar cómo se tomaron las decisiones. Los valencianos no entenderían una confrontación constante. Este es el momento de la unidad, de emplear toda la fuerza del Estado y del Ejército, junto con el apoyo de la Generalitat", concluyó.
La falta de equilibrio en el Congreso amenaza con frustrar la reforma fiscal que el Gobierno se comprometió a implementar con la Comisión Europea como parte del plan estructural. La propuesta aún no tiene el respaldo suficiente para ser aprobada en el Parlamento. Hoy, la Comisión de Hacienda decidirá si continúa tramitando el texto -incluidas las enmiendas que los socialistas presentaron hace dos semanas- después de que los grupos parlamentarios no lograran avances la semana pasada. El acuerdo del Gobierno con Junts, que elimina la permanencia del impuesto a las energéticas, ha hecho que otros tres grupos necesarios para la aprobación -ERC, Podemos y Bildu, además de Sumar- retiren su apoyo.
Las formaciones de izquierda del PSOE insisten en que la reforma debe incluir "sí o sí" el gravamen a las eléctricas en el sistema tributario, una medida que, a su vez, enfrentaría la oposición de Junts, ya que podría poner en riesgo una inversión de 1.100 millones de euros de Repsol en Tarragona para construir una planta de conversión de residuos en combustible.
"Lo que propone el PSOE es solo un parche que no resuelve los problemas estructurales del sistema", afirman fuentes del socio de coalición, que ven necesaria una reforma "a fondo" que garantice mayores ingresos en periodos de desinflación, como recomiendan los expertos. Sumar presentó en la negociación presupuestaria de 2025 un paquete fiscal con el que aspiran a recaudar 26.800 millones de euros anuales, incluyendo la permanencia del impuesto a la banca y energéticas, lo cual permitiría un ingreso anual de unos 2.600 millones de euros. El destino del impuesto a las eléctricas podría terminar en manos del Partido Popular, que podría tener que decidir entre la postura del PSOE y Junts o la del resto de los partidos de investidura.
Entre las enmiendas socialistas también figura una transaccional acordada con el PNV para asegurar la continuidad del impuesto a la banca. Los nacionalistas vascos lograron que este gravamen se ajuste sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades, lo que permitirá su gestión por parte de las haciendas forales.
Los socialistas tampoco cuentan con apoyos sólidos para otras modificaciones, como el aumento del tipo máximo al 29% en el IRPF para rentas de capital superiores a 300.000 euros, con el objetivo de igualar este impuesto al que grava las rentas del trabajo. Sumar considera insuficiente esta propuesta, ya que había planteado un incremento al 33%, propuesta que fue discutida con la vicepresidenta María Jesús Montero semanas atrás.
El PSOE también propone impulsar en la Unión Europea una modificación de la Directiva del IVA para aplicar este impuesto a las plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, en zonas donde la alta demanda de estos alojamientos complica el acceso a la vivienda o en áreas sobresaturadas. Este paquete, conocido como ViDA (VAT in the Digital Age), es considerado "una prioridad" por el Gobierno.
La estrategia del PSOE es tramitar su reforma fiscal a través de enmiendas al proyecto de ley sobre el impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, que ya está en fase avanzada en el Parlamento. El objetivo es que todas estas medidas entren en vigor el 1 de enero de 2025.
Además, el PSOE propone crear un nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco, como vaporizadores o bolsas de nicotina, y actualizar la fiscalidad de los impuestos sobre labores del tabaco para encarecer estos productos y desincentivar su consumo.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, el PSOE busca una reforma en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente una modificación anterior hecha por el exministro Cristóbal Montoro. La reforma vuelve a imponer un límite a las grandes empresas para aplicar deducciones por bases imponibles negativas: un 50% para empresas con ingresos entre 20 y 60 millones de euros, y un 25% para aquellas que superen los 60 millones.
En otra enmienda, acordada con Junts, el PSOE propone reducir progresivamente el impuesto de sociedades para empresas con ingresos netos menores a un millón de euros. Actualmente, estas empresas tributan al 23%; sin embargo, el Grupo Socialista propone reducir la parte de base imponible hasta los 50.000 euros al 17% en 2027, y el resto al 20% en 2029. También plantean permitir que las empresas se deduzcan hasta un 20% del incremento de sus fondos propios, en lugar del 15% actual.
La Agencia Tributaria ha decidido mantener en pausa la obligación de que pymes y autónomos facturen electrónicamente. Fuentes fiables señalan que este proyecto, que aún no cuenta con el Real Decreto necesario para su desarrollo reglamentario, no se aplicará hasta, al menos, 2027 para aquellos que facturen menos de 8 millones de euros anuales. Esta normativa, originada en la Ley Crea y Crece de 2022, busca que todas las empresas y profesionales emitan facturas digitales para facilitar el seguimiento de los pagos y reducir la morosidad, dejando atrás el formato en papel.
Es importante distinguir esta medida de la establecida en la Ley Antifraude de 2021, que desde 2026 obligará a empresas y profesionales con ingresos inferiores a 6 millones de euros a compartir información de facturación y contabilidad con Hacienda en tiempo real. Mientras que esta última normativa no exige la digitalización de las facturas, sino solo enviar ciertos datos de las mismas (como el emisor, la fecha, el número de serie y el importe), la facturación electrónica sí obliga a que cada factura se elabore en formato digital con todos sus detalles.
Este proyecto de facturación digital está encabezado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, aunque su ejecución técnica recae en la Agencia Tributaria. Economía puso en audiencia pública un proyecto de Real Decreto en junio de 2023, pero aún no se ha aprobado. Dicho borrador establecía que las empresas con ingresos superiores a 8 millones de euros tendrían que implementar la facturación electrónica un año después de la aprobación del Decreto, mientras que aquellas con ingresos menores tendrían dos años para adaptarse. Por lo tanto, aunque se aprobara pronto, la exigencia para las empresas más pequeñas no entraría en vigor hasta 2027.
Las asociaciones de pymes y autónomos han criticado esta obligación debido al coste que implica adquirir un sistema de facturación electrónica. Para ayudar a mitigar este gasto, la Agencia Tributaria anunció en 2023 que planea desarrollar una aplicación gratuita destinada a estos profesionales, aunque no especificó qué condiciones deberían cumplir para acceder a ella, lo cual se interpretó como una opción solo disponible para negocios con menor volumen de facturación.
Recientemente, el PSOE ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Impuesto mínimo del 15% para Sociedades, a fin de impulsar el desarrollo de esta plataforma de facturación electrónica de la Agencia Tributaria. La propuesta plantea que la Administración fiscal "desarrollará y gestionará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, una solución pública de facturación electrónica". En esta ocasión, el texto no limita el acceso a empresas con baja facturación, lo cual sugiere que podría estar disponible para cualquier sociedad o profesional que desee utilizarla. El uso de esta plataforma pública será voluntario. No obstante, aquellos que prefieran una solución privada deberán enviar a Hacienda una copia exacta de cada factura emitida, además de informar si el pago ha sido realizado.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que existe abuso fiscal cuando una persona que previamente tributaba los dividendos en el IRPF crea una estructura empresarial bajo una sociedad holding o matriz a la cual transfiere sus acciones, de manera que esta entidad pasa a recibir los beneficios. Es importante recordar que los dividendos en el IRPF tienen un tipo impositivo entre el 19% y el 28%, mientras que, si los recibe una empresa, están casi exentos, pagando solo un 1,5% en el Impuesto sobre Sociedades.
José Antonio Marco, presidente del TEAC, participó el jueves en una jornada de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) sobre el régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores (FEAC), un régimen que permite diferir los costes fiscales para facilitar dichas operaciones. Sin embargo, Hacienda puede regularizar las plusvalías o beneficios que afloren en el proceso si considera que la operación se hizo únicamente para evitar impuestos, sin un propósito económico válido.
Marco destacó que si una persona que antes tributaba dividendos deja de hacerlo a través de un canje de acciones, eso constituye una "ventaja fiscal abusiva". Justificó así las resoluciones del TEAC, que respaldan la decisión de Hacienda de ajustar la ventaja fiscal obtenida, pero solo en cuanto a los dividendos distribuidos, eliminando la ventaja únicamente en casos donde se materialice un abuso.
Marco también defendió que estas resoluciones no causan inseguridad jurídica, ya que no se elimina el diferimiento fiscal en su totalidad, sino únicamente la ventaja específica. Maximino Linares, abogado del Estado en excedencia y miembro de Aedaf, cuestionó estas resoluciones, señalando que el TEAC las considera abusivas independientemente del destino de los dividendos, ya sea para crear una nueva empresa o para fines personales, como la compra de un yate para el uso del administrador.
Linares criticó que la posición del TEAC somete los dividendos a una constante revisión futura por parte de Hacienda. Según él, es incoherente aplicar el régimen fiscal a la operación y prever, al mismo tiempo, una futura eliminación de este beneficio. Bernardo Bande, presidente de Aedaf, añadió que estas resoluciones han frenado las operaciones de fusión y reorganización por los elevados costes fiscales que conllevaría una revocación del régimen FEAC.
Juan Manuel Herrero de Egaña, responsable de Estudios e Investigación y de Relaciones Institucionales de Aedaf, comentó que aunque el TEAC afirma que sus resoluciones se aplican a casos concretos, estas han generado incertidumbre en el sector. Aseguró que serán los tribunales quienes decidan finalmente. Ignacio Arráez, vicepresidente de Aedaf, apuntó que la Administración debería analizar el destino de los dividendos: si se utilizan para crear una empresa, no hay ventaja fiscal indebida; pero si se emplean para fines personales, como la compra de un yate, entonces solo ese monto debería ser regulado.
Bande también explicó que Aedaf ha denunciado ante la Comisión Europea el artículo 89 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que impide aplicar el régimen FEAC cuando la operación tiene como objetivo principal el fraude o la evasión fiscal. Tanto Bande como Herrero de Egaña afirmaron que España no está cumpliendo correctamente la Directiva europea de fusiones, que tiene como fin que la fiscalidad no sea un obstáculo para estas operaciones. Según Arráez, si la Comisión Europea respalda la denuncia, pedirá a España que modifique su normativa, y en caso de que no lo haga, llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Los bancos continúan su campaña en contra del impuesto propuesto por el Gobierno para el sector financiero. Confían en que, durante el proceso parlamentario, puedan suavizar algunos aspectos que consideran perjudiciales de la tasa o incluso lograr que se retire, tal como sucedió con el impuesto a las eléctricas. Para ello, las asociaciones del sector han intensificado sus contactos con diversos grupos parlamentarios, especialmente Junts y PNV, dado que los 12 diputados que suman son clave para bloquear el plan del Ejecutivo.
Hasta ahora, los intentos del sector financiero por evitar la extensión del impuesto, que se introdujo en 2022 y expira en diciembre, no han tenido éxito. La semana pasada, el PSOE acordó con PNV y Junts una enmienda para incorporar un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales, y al mismo tiempo, extendió el impuesto a la banca durante tres años. Este gravamen, que se aplica al margen bruto de los bancos (intereses más comisiones), ahora excluye a entidades con ingresos inferiores a 100 millones de euros e introduce un sistema progresivo: los bancos con mayores operaciones en España pagarán un porcentaje más alto, comenzando con un 1% para los primeros 750 millones de base liquidable y llegando hasta un 6% para cifras superiores a 3.000 millones.
Este enfoque ha suscitado fuertes críticas en el sector, especialmente por parte del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien lo denominó "tasa CaixaBank" debido al impacto significativo sobre su entidad, la de mayor tamaño en el mercado español. Las entidades critican la progresividad de la tasa, la exclusión de ciertos bancos y el hecho de que se aplique sobre ingresos y no sobre beneficios, como sucede en otras jurisdicciones europeas.
Según fuentes financieras, tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la CECA, que agrupa a las antiguas cajas, han intensificado sus conversaciones con partidos políticos coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario. El debate comenzará en la Comisión de Hacienda la próxima semana. Los bancos buscan suavizar los aspectos más controvertidos del impuesto y reducir su duración, aunque reconocen que la posibilidad de eliminarlo es escasa. Por su parte, el PNV afirma que tiene un pacto cerrado con el PSOE y que no presionará para cambiarlo, aunque estudiaría nuevas enmiendas. Además, el pacto permite a su hacienda foral ajustar el impuesto, lo cual beneficia a entidades como BBVA y Kutxabank.
Aunque la banca no ha logrado frenar el impuesto, como sí hicieron las energéticas, ha conseguido ciertas reducciones. Se ha pactado una deducción del 25% en el Impuesto sobre Sociedades para aliviar lo que consideran doble imposición, y un ajuste en la cuota en caso de disminución de la rentabilidad, como en una crisis financiera. Fuentes del sector confían en que el texto final aún pueda modificarse.
Los bancos han reiterado sus críticas en diversas ocasiones, destacando que el impuesto es discriminatorio y que reducirá la oferta de crédito y limitará su participación en operaciones de mayor riesgo, como el financiamiento a pequeñas empresas. Esta semana, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también se sumó a las críticas, argumentando que la extensión del impuesto por tres años es "una penalización ideológica" y que afectará el crédito, la competitividad del sector y la obra social de las antiguas cajas de ahorro.
No obstante, el impuesto cuenta con el respaldo de otros socios de la coalición gubernamental. Sumar, junto a Podemos, ERC, Bildu y BNG, han propuesto enmiendas para endurecer el impuesto y convertirlo en permanente, argumentando que las grandes empresas deben seguir contribuyendo debido a los beneficios obtenidos durante la crisis inflacionista y el alza de tipos de interés.
Estos impuestos extraordinarios se crearon en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios derivados de la situación económica, y han recaudado más de 2.800 millones de euros anuales, de los cuales 1.695 millones corresponden a la banca y 1.164 millones a las energéticas. Ahora, el Ministerio de Hacienda espera una recaudación similar bajo el nuevo esquema.
El Gobierno comenzó ayer a detallar los pormenores del paquete de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados por la DANA, que entrará en vigor hoy tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este plan beneficiará a unos 350.000 trabajadores, 30.000 autónomos y 65.000 empresas mediante la implementación de bajas especiales, prestaciones, ERTE, exenciones y aplazamientos fiscales, así como ayudas que Hacienda comenzará a distribuir a partir del 1 de diciembre.
Así lo explicaron el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, y la directora del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rosa Prieto, tras la reunión del comité de crisis de la DANA, presidida por Pedro Sánchez. En cuanto a las ayudas directas para empresarios, el plan incluye un pago único de 5.000 euros para los 30.000 autónomos de la región, con un costo de 325 millones de euros, y transferencias de 10.000 euros para las pymes con menos de un millón de euros de facturación en 2023, 20.000 euros para aquellas entre 1 y 2 millones, 40.000 euros para las de 2 a 6 millones, 80.000 euros para las de 6 a 10 millones, y 150.000 euros para empresas de mayor tamaño.
La asistencia a las 65.000 empresas afectadas supondrá un desembolso de 513 millones de euros. Para solicitar las ayudas, bastará con confirmar el número de cuenta bancaria en la web de la Agencia Tributaria entre el 19 de noviembre y el 31 de diciembre, y las transferencias comenzarán el 1 de diciembre. Estas ayudas estarán exentas de IRPF y del Impuesto de Sociedades, y no podrán ser embargadas.
Por otro lado, Hacienda reducirá los módulos tributarios para explotaciones agrícolas afectadas en IRPF e IVA, aplicará exenciones en el IBI y el IAE de 2024, así como en tasas por emisión del DNI, bajas de vehículos dañados, y certificación catastral de inmuebles. Además, se amplía hasta el 5 de febrero el plazo para el segundo pago del IRPF en Valencia y otros municipios afectados, lo que aplazará 300 millones de euros. También se extienden hasta el 30 de enero los plazos para trámites fiscales pendientes y se permitirá diferir hasta 24 meses (los primeros seis sin interés) el pago de 300 millones de euros en deudas tributarias.
A su vez, la Seguridad Social mejorará las prestaciones por Incapacidad Temporal para afectados con daños físicos o psicológicos, cubriendo hasta el 75% desde el primer día, reforzará las pensiones de incapacidad permanente, orfandad y viudedad, y aumentará un 15% el Ingreso Mínimo Vital por tres meses. También se implementará el cese de actividad total o parcial para autónomos, equivalente al 70% de su cotización y con exención total de cuotas, así como ERTE por fuerza mayor para trabajadores, exentos de cuotas y con el total de la cotización computada hasta febrero.
Desde la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) han valorado positivamente las medidas fiscales del Gobierno central para los afectados por la DANA. No obstante, advierten de la urgencia de que el Estado compense de manera rápida a las entidades locales, ya que la exoneración del IBI, el principal ingreso local, implica "un déficit de 13.500 millones de euros" para los municipios, lo que podría provocar problemas de liquidez en las próximas semanas, justo en un momento de gastos elevados debido a la emergencia.
La Dirección General de Tributos (DGT) ha determinado que no es posible aplicar la deducción por doble imposición internacional en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un tributo municipal extranjero. Esta posición se ha manifestado en una reciente consulta vinculante.
El caso plantea la situación de un residente fiscal en España, contribuyente del IRPF, que posee un inmueble en Italia y, por este, paga un impuesto municipal italiano llamado Imposta Municipale Propria (IMU). Como residente en España, debe declarar todos sus ingresos mundiales, incluyendo aquellos derivados de propiedades en el extranjero.
Según los expertos del Centro de Estudios Financieros (CEF), al ubicarse el inmueble en Italia, aplica el Convenio de Doble Imposición entre España e Italia, el cual establece que los ingresos provenientes de bienes inmuebles pueden ser gravados tanto en el país donde se encuentra el inmueble (Italia) como en el país de residencia del propietario (España).
Si la propiedad está alquilada sin constituir una actividad económica (es decir, sin empleados contratados a jornada completa), los ingresos se consideran rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF español. En caso de que no esté alquilada, se imputan rentas inmobiliarias basadas en los valores catastrales correspondientes. Además, el impuesto IMU en Italia se considera un tributo sobre la propiedad y no es equiparable al IRPF español. Por ello, no es elegible para la deducción por doble imposición, ya que la normativa del IRPF solo permite deducir impuestos extranjeros que sean de naturaleza idéntica o similar a este.
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, ha afirmado este martes que España podrá contar con cierta flexibilidad fiscal para enfrentar los efectos de la DANA que ha afectado gravemente al levante español. "Los servicios de la Comisión Europea ya están en contacto con las autoridades españolas para analizar las opciones y las necesidades. Sin duda, también utilizaremos herramientas fiscales para ayudar a España a gestionar esta complicada situación y las consecuencias de las inundaciones", explicó el letón en una rueda de prensa tras un Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, al que no asistió el ministro español, Carlos Cuerpo.
El Gobierno ha anunciado medidas equivalentes a un 0,7% del PIB, aunque esto no implica necesariamente una desviación de 0,7 puntos respecto al compromiso con Bruselas, ya que algunos gastos podrían no contabilizarse o reasignarse. "Es posible que las autoridades españolas reciban permiso para clasificar los gastos nacionales directamente vinculados con esta catástrofe natural como gastos excepcionales, que se tendrán en cuenta al evaluar cualquier desviación del objetivo de déficit del 3% o de la senda de gasto neto en el contexto de la revisión de la gobernanza económica", señaló un portavoz de la Comisión. Estos gastos nacionales incluyen préstamos del Fondo de Recuperación que el Gobierno podría redirigir a este objetivo.
Este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea y explorar otras opciones de apoyo financiero. Desde el inicio, el Ejecutivo comunitario ha señalado que España puede recurrir al Fondo de Solidaridad, que cubre gastos de reconstrucción, y a la flexibilidad de la Política de Cohesión. Dombrovskis también recordó la posibilidad de emplear cierta flexibilidad en los Fondos de Cohesión.
"Se considera que los gastos excepcionales no tienen un impacto duradero en los déficits o en el gasto público, por lo que no requieren medidas compensatorias. Dichos gastos deben estar bien delimitados en cuanto a alcance y duración en el presupuesto nacional", explicó el portavoz. En otras palabras, si un Gobierno tiene que asumir un gasto excepcional por una causa fuera de su control y este gasto es puntual, sin efectos prolongados sobre las cuentas públicas, la Comisión Europea podría no incluirlo en sus cálculos.
Además, el portavoz aclaró que el gasto financiado por fondos de la UE es neutral en términos de déficit y se excluye del crecimiento del gasto neto, de modo que usarlo para responder a esta catástrofe natural no afectará negativamente la situación fiscal de España. Esto implica que "las autoridades no necesitarían adoptar medidas de consolidación para compensar el impacto de estos gastos justificados". En resumen, si un Gobierno asume un gasto excepcional por una causa fuera de su control, y dicho gasto no tiene efectos a medio o largo plazo una vez pasada la emergencia, la Comisión Europea podría no considerarlo en su cálculo del 3% de déficit.
Dombrovskis señaló que las nuevas normas fiscales, acordadas por los Veintisiete durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, contemplan salvaguardias para los Estados miembros afectados por choques externos o eventos "fuera del control del Gobierno". Estas declaraciones se producen poco después de que la Autoridad Fiscal (AIReF) proyectara que el déficit fiscal de España en 2024 será del 3,5%, cinco décimas más que lo previsto por el Gobierno, estimación que sirvió para convencer a la Comisión Europea de eximir a España del procedimiento de déficit excesivo.
No solo está la posibilidad de que la Comisión no considere esos gastos extraordinarios en su cálculo del déficit, que según las reglas debe mantenerse por debajo del 3%, sino que también existe la opción de aplicar una cláusula nacional de escape. En ese caso, con una propuesta de la Comisión Europea, el Consejo (es decir, los Estados miembros) podría permitir que un país "se desvíe de su senda de gasto neto fijada por el Consejo cuando se presenten circunstancias excepcionales fuera del control del Estado miembro y que tengan un impacto significativo en las finanzas públicas, siempre que esa desviación no comprometa la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este martes sobre una primera fase de ayudas de 10.600 millones de euros, aprobadas en un decreto del Consejo de Ministros que declara como zona catastrófica a las provincias afectadas. Estas medidas incluyen una amplia gama de ayudas directas para familias y empresas con el objetivo de aliviar los daños, una nueva incapacidad temporal extraordinaria para trabajadores, 5.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) disponibles también para hogares, diversas ventajas fiscales y la cobertura total de los gastos que deberán asumir los ayuntamientos en la gestión de la emergencia.
El Gobierno implementará estas y otras acciones a través del Plan de respuesta inmediata de reconstrucción y relanzamiento de la Comunidad Valenciana, estructurado en tres etapas: una primera fase de respuesta inmediata en las próximas semanas, una segunda para la reconstrucción de las áreas afectadas y, finalmente, una tercera destinada a "adaptar el territorio a la emergencia climática", según expresó Sánchez. Todas las medidas se anunciarán en un banner que el Gobierno incluirá hoy mismo en su página oficial, lamoncloa.gob.es. Hasta ahora, estas son las iniciativas comunicadas por el presidente.
El Gobierno ha creado una figura de incapacidad temporal extraordinaria para aquellos afectados física o psicológicamente por las inundaciones, permitiendo cobrar el 75% del salario desde el primer día de concesión de la incapacidad. Además, según el Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones para zonas catastróficas, se otorgará una compensación de hasta 72.000 euros para quienes sufran una incapacidad permanente debido a la DANA.
Sánchez ha presentado también un paquete amplio de exenciones fiscales, similar a las implementadas durante la pandemia y la erupción en La Palma. Los afectados no deberán pagar el IBI de sus viviendas en 2024, ni las tasas por baja de vehículos inservibles o por reexpedición de documentos extraviados, y las ayudas por daños personales estarán exentas de tributar en el IRPF.
Las empresas que paralicen su actividad mediante expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) estarán exentas de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados hasta febrero de 2025. Además, estas empresas recibirán una reducción en el impuesto de actividades económicas en 2024, y se ha aprobado una reducción del IRPF y del IVA para las explotaciones agrarias de la zona afectada. El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha aplazado el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025, lo cual beneficiará a 200.000 contribuyentes afectados.
Las personas con hipoteca o créditos al consumo podrán suspender el pago íntegro durante tres meses y solo abonar los intereses en los nueve meses siguientes. Esto permitirá que los hipotecados no tengan pagos durante el primer trimestre y solo afronten unos 300 euros mensuales en los siguientes meses. Esta medida fue negociada con las entidades financieras.
El Gobierno reactivará los avales del ICO, lanzados inicialmente durante la pandemia, para facilitar a los afectados préstamos respaldados por el Estado en condiciones favorables. Se destinarán 5.000 millones de euros, activándose progresivamente. El primer tramo de 1.000 millones podrá solicitarse a partir de la próxima semana en diversas entidades financieras. A diferencia de la pandemia, estos préstamos no solo estarán dirigidos a pymes y autónomos, sino también a hogares para las tareas de limpieza y reparación. No obstante, las ayudas directas para arreglar viviendas y negocios serán la principal fuente de apoyo.
Sánchez ha anunciado que se cuadruplicarán las ayudas del Real Decreto 307/2025, destinado a emergencias y catástrofes, para reparar o reemplazar bienes dañados. Estas ayudas serán universales, sin importar el nivel de ingresos de los afectados.
Para la reparación de viviendas, las ayudas oscilarán entre 20.000 y 60.000 euros, y para el reemplazo de muebles, electrodomésticos y otros bienes serán de hasta 10.300 euros. Además, se habilitarán fondos para comunidades de vecinos, con un máximo de 37.000 euros para áreas comunes. Estas ayudas se entregarán en un máximo de 30 días y el Gobierno reducirá al mínimo el papeleo. Las personas con ingreso mínimo vital o prestaciones no contributivas verán un incremento del 15% en sus ayudas durante los próximos tres meses. Respecto a los vehículos siniestrados, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha iniciado los pagos, y el Gobierno aumentará la indemnización en un 20% sobre el valor de tasación.
Las ayudas para empresas también serán universales, aunque se priorizará a autónomos y pymes, que predominan en las áreas afectadas. En total, se destinan 838 millones de euros para estas ayudas, disponibles solo para empresas y autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas. Las ayudas individuales para autónomos serán de 5.000 euros, y para empresas, entre 10.000 y 150.000 euros, según su volumen de negocio. Las ayudas se entregarán en 30 días y sin trámites burocráticos, solo requerirán un número de cuenta para el cobro.
Las empresas podrán solicitar ERTE de fuerza mayor para sus empleados mientras permanezca la imposibilidad de reanudar sus actividades, con exención total de cotizaciones. Los autónomos podrán solicitar un cese de actividad extraordinario, incluso si no cuentan con el tiempo mínimo de cotización necesario, con una ayuda equivalente al 70% de su base reguladora.
El Gobierno asumirá la mayoría de los gastos de limpieza y reconstrucción, evitando que los costos recaigan sobre los ayuntamientos y diputaciones. El Estado cubrirá el 100% de los gastos de emergencia que realicen las corporaciones locales en limpieza, reparaciones de suministro de agua, alojamiento y manutención de la población afectada. Asimismo, el Estado asumirá el 50% del gasto en inversiones para la reparación de infraestructuras públicas locales.
Los municipios necesitarán refuerzos en juzgados y registros de propiedad para gestionar los trámites derivados de los daños por las riadas. Ante el daño en muchos de estos locales, el Gobierno se ha comprometido a reforzar estos servicios con nuevas oficinas y un portal de emergencias registrales.
Finalmente, el Ejecutivo ha solicitado ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y ha instado al Consejo Europeo y al Parlamento a aprobar un nuevo reglamento que permita reprogramar los fondos de cohesión destinados a España para dedicar parte de los recursos a la respuesta ante catástrofes naturales. "Apoyaremos a nuestra gente hasta el final para revitalizar las zonas afectadas y recuperar la normalidad", concluyó Sánchez.
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