La Dirección General de Tributos (DGT) ha establecido en dos nuevas consultas que una sociedad arrendadora puede subcontratar con terceros la gestión de sus activos sin ser considerada una sociedad patrimonial. En estos casos, se aclara que cumple con los requisitos legales para ser considerada una entidad que desarrolla una actividad económica y, por lo tanto, no se clasifica como una sociedad patrimonial, lo que le permite aplicar la exención en la renta positiva obtenida por la venta de sus acciones.
"Estas dos consultas consolidan la doctrina retomada en la consulta V0090-24 y la aplican a dos situaciones diferentes en cuanto a la tipología de activos y de arrendamiento. No obstante, hay un elemento común y diferenciador en estos tres casos: la naturaleza del inversor. En todos los casos, se trata de inversores profesionales que realizan inversiones inmobiliarias significativas y que, por razones económicas, deciden externalizar la gestión de sus activos con terceros especializados por motivos de eficiencia, organización y gestión", destacan los expertos consultados de Ashurst.
"En estos casos, a pesar de la exigencia legal de contar con un empleado a jornada completa, es evidente que dichos inversores desarrollan una verdadera actividad económica, un punto que parece ser compartido por la Dirección General de Tributos", añaden los especialistas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido que los contribuyentes que se acogen a la Ley Beckham no deben tributar por su vivienda habitual. Este régimen especial permite que aquellos que trasladan su residencia a España (sean extranjeros o españoles que hayan vivido fuera en los últimos cinco años) puedan tributar bajo el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) en lugar del IRPF durante los primeros seis años, beneficiándose de un tipo fijo del 24% sobre las rentas del trabajo, hasta los 600.000 euros.
No obstante, hay una diferencia significativa en cuanto a la tributación de la vivienda habitual según se tribute por el IRPF o por el IRNR. La Ley del IRPF exime la vivienda habitual de la base imponible del impuesto, mientras que para una segunda vivienda o una vacacional, aunque no genere rentas, se debe incluir en la base imponible y pagar un 2% del valor catastral o un 1,1% si este valor fue revisado a partir de 2012. Por otro lado, la Ley del IRNR, al asumir que el contribuyente no reside en España, no menciona ninguna exención para la vivienda habitual y obliga a tributar por cualquier inmueble que posea en el país.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en una sentencia del 6 de mayo con el magistrado Luis Manuel Ugarte Oterino como ponente, ha cambiado este criterio y ha dictaminado que los acogidos a la Ley Beckham tienen "derecho a la exención de la imputación de renta inmobiliaria por la vivienda habitual". La sentencia argumenta que, aunque es "lógico" que la Ley del IRNR no contemple la exención de la vivienda habitual debido a que está destinada a personas que no residen en España, las personas acogidas a la Ley Beckham "precisamente adquieren la residencia fiscal en España". Así, se señala que la Ley Beckham no es una normativa independiente, sino un régimen especial recogido en el artículo 93 de la Ley del IRPF.
Por lo tanto, el fallo anula la liquidación que la Agencia Tributaria pasó al contribuyente por su vivienda habitual en España. Actualmente, en España hay casi 10.000 contribuyentes impatriados acogidos a la Ley Beckham, lo que supone que Hacienda deja de recaudar unos 134 millones de euros al año por ellos, según el informe "Evasión fiscal global 2024" del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. En otras palabras, cada uno de estos contribuyentes se ahorra unos 13.600 euros al año en impuestos. Este régimen especial lleva el nombre del futbolista David Beckham, quien fue uno de los primeros en acogerse a él, y su objetivo es atraer talento extranjero a España mejorando la fiscalidad.
Junts ha demostrado este martes su poder -o la debilidad del Gobierno con su minoría parlamentaria- al anunciar que votará en contra de la nueva senda fiscal del Ejecutivo, bloqueando el primer paso para tramitar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. En medio de las negociaciones entre PSC y ERC sobre la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, el partido de Carles Puigdemont -quien desde Bélgica reclama el cargo mientras permanece prófugo por el procés- ha dado un golpe sobre la mesa para recordar su importancia en la ajustada aritmética parlamentaria que sostiene la legislatura nacional.
El inesperado revés parlamentario, revelado pocos minutos antes de la votación (que resultó en 171 votos a favor y 178 en contra), obligará al Gobierno a aprobar una nueva senda fiscal para apoyar el proyecto presupuestario o, en su defecto, a impulsar las cuentas bajo los objetivos de déficit actuales, lo que podría complicar el cumplimiento de las reglas fiscales. En cualquier caso, más allá del retraso en la tramitación o su adaptación a la senda anterior, la decisión de Junts evidencia que la aprobación de los Presupuestos de 2025 está en riesgo.
La nueva senda fiscal fue defendida ante el Congreso de los Diputados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien la calificó como "un paso muy importante para la futura aprobación de los Presupuestos de 2025". "Ofrezco mi mano para mantener debates y reuniones que permitan avanzar, para presentar las nuevas cuentas a tiempo y en forma", solicitó a la Cámara Baja.
Los objetivos de estabilidad y el propio proyecto presupuestario, añadió, forman parte de "la hoja de ruta comprometida con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez, y continúa su curso, haciendo realidad esta España diversa y plural", expuso al pedir el apoyo de sus socios tradicionales.
"Este es un paso previo para la elaboración y presentación, espero que a tiempo, de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, unas cuentas públicas con las que queremos seguir consolidando derechos y libertades, fortaleciendo a la clase media y trabajadora y reforzando el modelo productivo, para continuar el progreso", destacó Montero.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027 que Montero presentó este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, junto con el nuevo límite de gasto no financiero para 2025, fueron aprobados por el Consejo de Ministros hace una semana. En ese momento, el Gobierno se comprometió a reducir el déficit público del límite comunitario del 3% del PIB, que espera alcanzar este año, al 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. Paralelamente, el Ejecutivo proyectó una reducción progresiva de la deuda pública desde el 105,1% esperado para finales de este año al 103,6% en 2025, el 101,7% en 2026 y el 99,7% en 2027.
Al ser rechazada por el Congreso de los Diputados, la senda fiscal que sigue vigente es la anterior, que requiere reducir el déficit del 3% al 2,7% el próximo año y al 1,8% en el siguiente ejercicio. Paralelamente, se establece como regla de gasto para el periodo un aumento límite del 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027. "Las reglas que proponemos están en línea con las que vienen de Europa", explicó Montero, añadiendo que "si hasta ahora el objetivo de déficit y deuda pública era lo prioritario en el control de las cuentas públicas, ahora el principal factor será el gasto primario neto". Además, recordó que las nuevas reglas fiscales europeas obligarán a España a enviar en septiembre u octubre un plan de ajuste fiscal plurianual, de cuatro a siete años, junto con el plan presupuestario.
En esta línea, Montero informó al Parlamento del nuevo techo de gasto previsto para 2025, que no está sujeto a votación, con un crecimiento de los recursos nacionales del 3,2% hasta los 195.353 millones. Sumando las ayudas europeas del programa Next Generation, el límite de gasto no financiero total ascendería a 199.171 millones, un 0,03% más que en 2024.
Paradójicamente, el revés parlamentario sufrido por el Gobierno en su primer paso para impulsar los Presupuestos de 2025 llegó el mismo día en que sus socios parlamentarios apoyaron su iniciativa de eliminar el derecho de veto del Senado -controlado por el PP- sobre la senda fiscal, lo que en principio despejaba el camino para tramitar nuevas cuentas.
El golpe, finalmente, vino de parte de Junts, cuyo portavoz parlamentario Josep Maria Cervera acusó al Gobierno de "vivir en una burbuja" al sostener que "España vive el mejor momento de su historia". El diputado argumentó que los ciudadanos "catalanes son los terceros que más pagan en impuestos, pero los últimos en ejecución presupuestaria" del Estado. "Si España es el país que vive el mejor momento de su historia, es porque es un país decrépito que vive a costa de Cataluña", "expoliando fiscalmente" a la comunidad.
A la espera de ver si Junts mantiene su bloqueo al proyecto presupuestario, el resto de los grupos comenzó ayer a esbozar sus condiciones para apoyar las nuevas cuentas públicas. Varios de los socios clave del Ejecutivo coincidieron en reclamar una "reforma fiscal". Sumar pidió gravar más a "ricos, especuladores y evasores", e introducir un "gravamen para reducir los márgenes excesivos de cadenas de producción y distribución de alimentos". Bildu instó a aumentar la presión sobre banca, energéticas y plataformas logísticas o comerciales. Por su parte, el PNV abogó por "generar ingresos públicos de forma estructural para garantizar el Estado del bienestar y el crecimiento económico".
La debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos quedó evidente este martes cuando su propuesta de senda presupuestaria fue rechazada por los seis votos de Junts, poniendo en riesgo la estabilidad de la legislatura. Asimismo, su intento de reformar la ley de extranjería no prosperó debido a la oposición del PP y Junts.
El resultado para el Gobierno podría haber sido aún peor. Solo un acuerdo de última hora con Unidas Podemos para extender el bono social permitió la convalidación del Real Decreto-ley de medidas contra el aumento de los precios, cuya caída habría eliminado una rebaja fiscal de 3.000 millones de euros y el aumento salarial de los funcionarios.
Evitando un mayor revés, incluso el PP se abstuvo de votar en contra, y la norma fue aprobada con 178 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, con la condición de tramitarla como proyecto de ley para incluir enmiendas. Este paquete incluye la extensión de la rebaja del IVA al 0% en alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, hasta octubre, cuando subirá al 2%, y volverá al 4% en enero.
También se prorroga la rebaja del IVA sobre otros aceites y pastas al 5% hasta otoño, al 7,5% después, y regresando al 10% en 2025. El decreto también incorpora una rebaja del IRPF que exime de su pago a los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), elevado a 15.786 euros, beneficiando a 5,2 millones de contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros, con una reducción de 1.385 millones de euros.
Además, la norma incluye un aumento salarial del 2% para los funcionarios, retroactivo desde enero (pendiente de un 0,5% adicional dependiendo del IPC); 154.467 millones de euros en entregas a cuenta para las regiones; la extensión del veto al corte de suministros básicos en hogares vulnerables; el bono social; el Plan Moves III y otras ayudas para vehículos eléctricos.
El Tribunal Supremo (TS) sigue delimitando las acciones de la Agencia Tributaria en las entradas a domicilios para realizar registros. En una sentencia del 25 de junio, redactada por el magistrado Dimitry Teodoro Berberoff, el Alto Tribunal establece que la inspección de Hacienda necesita una autorización judicial específica para acceder al contenido de los datos informáticos que se hayan incautado durante la entrada en el domicilio de un contribuyente, sea una persona física o una empresa.
El Supremo señala que el juez de lo contencioso-administrativo, en el auto que autoriza a la Agencia Tributaria a entrar en un domicilio, debe también autorizar y justificar de manera motivada el acceso a los datos informáticos que recopile la inspección.
"El acceso a la información contenida en equipos o repositorios informáticos de datos que se encuentren en un domicilio constitucionalmente protegido o sean accesibles desde este, requiere que el auto que autoriza la entrada en dicho domicilio razone de manera específica la justificación del acceso a esa información, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales del artículo 18 de la Constitución que pudieran resultar eventualmente afectados", señala la sentencia.
El fallo también establece que el juez debe ponderar en su auto "la necesidad y proporcionalidad del acceso a tales datos, su naturaleza, la afección a la actividad empresarial o profesional de los equipos o servidores que los contengan, así como los derechos de su titular, según sea una persona física o jurídica". El fallo recuerda que las personas jurídicas, como las empresas, no tienen derecho a la intimidad, ya que este derecho solo es aplicable a las personas físicas.
El Tribunal Supremo resuelve así el caso de una compañía que denunció que la inspección de la Agencia Tributaria, en un registro a su sede, realizó un volcado "total" e "indiscriminado" de toda la información contenida en los dispositivos informáticos y en la nube y, posteriormente, utilizó esos datos para dictar liquidaciones vinculadas a un delito y activar las actuaciones de las autoridades competentes en materia penal. La empresa argumentó que el juez debería incluir en su auto un razonamiento específico sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cuando invada derechos fundamentales protegidos en la Constitución.
En este caso, el Supremo valida la solicitud de Hacienda para entrar al domicilio y la autorización del juez para hacerlo, ya que considera que estaba justificado dado que la compañía negó al fisco la información requerida, pero exige una autorización expresa para que, una vez incautados los datos informáticos, se pueda acceder a ellos.
El Alto Tribunal ha aclarado en varias sentencias de los últimos años los límites de Hacienda en las inspecciones a sedes físicas. Una de las últimas sentencias es del 2 de julio, redactada por el magistrado Luis María Díez-Picazo. En este caso, el Supremo concluyó que los funcionarios de la Agencia Tributaria no pueden realizar interrogatorios a los contribuyentes durante la entrada en el domicilio y registro del mismo.
El Gobierno central se verá obligado a realizar un ajuste extraordinario de aproximadamente 3.000 millones de euros debido al aumento del déficit que tendrán las comunidades autónomas (CCAA) -un 0,3%- en 2024, dos décimas por encima de lo previsto en los límites establecidos por la senda fiscal diseñada para cumplir con el 3% comprometido con Bruselas. Este desajuste en las cuentas autonómicas provendrá de una disminución en los ingresos, pero, sobre todo, de un aumento del gasto mayor al previsto. "Se observa que el gasto computable crecerá en todas las CCAA por encima de la tasa de referencia del 2,6% fijada para 2024", estima la AIReF, señalando que las variaciones calculadas oscilarán -según la región- entre el 4% en el País Vasco y el 11% en regiones como Baleares, Cantabria o Navarra. Las medidas permanentes de gasto adoptadas o previstas por las autonomías incrementarán en 1.300 millones de euros el gasto del subsector en 2024, 500 millones más de lo esperado por la autoridad fiscal en su informe anterior.
Sin embargo, según las previsiones del organismo, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia encabezarán la lista de las seis autonomías que incumplirán este año los objetivos de estabilidad presupuestaria. Carlos Mazón sigue sin poder controlar las cuentas valencianas, que concluirán con un desequilibrio del 1,9%. Parte de la responsabilidad recae en la política fiscal llevada a cabo por el presidente popular. Según la autoridad fiscal, Valencia dejará de recaudar 495 millones de euros debido a las rebajas fiscales aprobadas por el gobierno autonómico. Solo las deducciones, recortes y bonificaciones del IRPF y el impuesto de Sucesiones y Donaciones restarán 482 millones a los ingresos tributarios, en un año crucial en el que la región debía intensificar sus esfuerzos para equilibrar las cuentas. Mazón elaboró sus presupuestos para 2024 con una regla de déficit de tan solo el 0,1%.
Murcia también cerrará el año muy lejos de la meta establecida. La administración de López Mirás se desviará otro 1,6% en 2024. Este desvío se deberá, según la AIReF, a un aumento extraordinario del gasto de 130 millones de euros. Junto a ellas, otras cuatro regiones incumplirán la senda fiscal: Cataluña y Castilla-La Mancha cerrarán con déficit del 0,4%, mientras que Madrid y Andalucía lo harán con un saldo negativo del 0,2%, el doble de lo fijado por las reglas presupuestarias. En total, las CCAA dejarán de recaudar 200 millones de euros debido a las medidas fiscales impulsadas por sus gobiernos. La administración de Isabel Díaz Ayuso reducirá 317 millones por las rebajas del IRPF, aunque compensará esa pérdida de ingresos con un aumento de la recaudación por Patrimonio. La Comunidad de Madrid implementó en abril una modificación legal para cobrar el gravamen -anteriormente bonificado al 100%- a las fortunas de más de 3 millones de euros, en una maniobra para evitar que el Estado se haga con la recaudación del impuesto a las Grandes Fortunas que se paga en la región.
Sin embargo, las medidas fiscales impulsadas por los gobiernos autonómicos tendrán un impacto no solo en la recaudación, sino también en la financiación procedente del Estado. Según la AIReF, la administración central podrá compensar el sobreesfuerzo derivado de la indisciplina fiscal de las regiones. La menor recaudación derivada de las medidas fiscales no registrada en las entregas a cuenta de 2022 impactará a través de la liquidación en 2024, lo que resultará en una merma cercana a los 3.000 millones en los ingresos de este año para las regiones.
En el otro lado de la balanza se situarán once autonomías que lograrán terminar con equilibrio presupuestario, o incluso con superávit. Asturias y La Rioja se destacan como las regiones con mejor salud financiera, estimando un saldo positivo del 1,1% para 2024. También destacan Navarra y Baleares, con un 0,8%, y Canarias y Cantabria, con excedentes del 0,5% y el 0,4%, respectivamente. No obstante, la AIReF señala varios riesgos que podrían desmoronar el éxito de la senda fiscal, como la incertidumbre geopolítica y el deterioro de la productividad en España.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha invalidado un recargo "pionero" en Europa implementado por el Ayuntamiento de Barcelona en marzo de 2023. Este recargo, conocido popularmente como la tasa Amazon, se aplicaba a las plataformas de reparto de mercancías debido al uso intensivo del espacio público que hacen.
Aunque esta medida surgió durante el segundo y último mandato de Ada Colau (2019-2023), fue el PSC de Jaume Collboni quien la promovió, tras tres años de estudios e informes. En ese momento, los socialistas dirigían áreas clave como comercio, promoción económica y hacienda.
El Ayuntamiento argumentaba que era "de justicia" que las plataformas contribuyeran al fisco, de la misma manera que el comercio tradicional paga el IBI o la tasa de recogida de basuras. El recargo estaba destinado a los operadores postales que realizan el reparto de comercio electrónico, y se esperaba recaudar 2,3 millones de euros.
Sin embargo, en octubre de 2023, medio año después de su implementación, el recargo se vio afectado cuando Amazon, el gigante del comercio electrónico, quedó exento. La Audiencia Nacional dictaminó que Amazon no era un operador postal, que era el tipo de empresas a las que la ordenanza municipal afectaba.
La normativa restringía el recargo a los operadores postales que facturaran más de un millón de euros en la ciudad, lo cual incluía a 25 empresas adicionales como DHL, UPS, Seur, MRW y Correos Exprés. El tipo impositivo era del 1,25% sobre sus ingresos en la ciudad, excluyendo las operaciones no sujetas a tributación.
Las excepciones contempladas en la norma "discriminaban sin una base sólida", según declaró Francisco Aranda, presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España UNO. Esta entidad, junto con la Asociación Española de Empresas de Mensajería (AEM), presentó un recurso contencioso-administrativo que finalmente ganó.
UNO también criticó que la recaudación se destinara a políticas de apoyo al comercio local, considerándola una "ayuda ilegal" encubierta. La sentencia no es firme e incluye un voto discrepante de una magistrada. El fallo apoya a los demandantes al considerar discriminatorio aplicar el recargo "solo para los envíos de bienes adquiridos por comercio electrónico", y no a las ventas a distancia realizadas por otras vías.
En cuanto a la clasificación tributaria del recargo, el fallo concluye que "más que una verdadera tasa, es un auténtico impuesto". Además, la sala no descarta que la tasa barcelonesa constituya un caso de doble imposición, ya que los centros de almacenamiento y empaquetado ya pagan IBI, y los vehículos de reparto, el impuesto de circulación.
La deuda pública europea vuelve a aumentar en medio de la reactivación de las normas fiscales, el marco presupuestario rediseñado para controlar las cuentas públicas comunitarias tras el gran gasto ocasionado por la pandemia de Covid. En este contexto, España ha reducido su déficit hasta igualarlo con la media de la eurozona, pero su deuda ha vuelto a crecer, situándose como la cuarta más alta de toda la Unión Europea. En este escenario, el Gobierno español presenta hoy ante el Parlamento la nueva senda fiscal que ha propuesto para fundamentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025 y abordar la necesaria consolidación fiscal.
El incremento de la deuda pública ha sido una constante en toda Europa al inicio de 2024. Según los datos publicados ayer por Eurostat, la ratio de deuda pública en relación con el PIB de la zona euro aumentó en el primer trimestre del año a una media del 88,9%, medio punto por encima de los 88,4% registrados a finales de 2023. El aumento fue similar en toda la Unión Europea, donde la ratio de endeudamiento pasó del 81,5% al 82% entre enero y marzo de este año. Durante este periodo, solo ocho países lograron reducir su nivel de deuda entre 0,2 y 2,1 puntos. Estos países son Bulgaria, Alemania, Irlanda, Grecia, Chipre, Países Bajos, Suecia y Noruega.
España, como ya había señalado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), rompió este invierno una racha de 11 trimestres consecutivos de reducción del peso de la deuda pública en relación con el conjunto de la economía y concluyó marzo con una deuda pública del 108,9% de su PIB, frente al 107,7% registrado a finales de 2023. Este es el cuarto porcentaje más elevado de toda la Unión Europea, por detrás del 159,8% de Grecia, el 137,7% de Italia y el 110,8% de Francia.
En total, la deuda de la eurozona ya asciende a 12,92 billones de euros, frente a los 12,73 billones de finales de 2023, mientras que en toda la Unión Europea alcanza los 14,1 billones, en comparación con los 13,88 billones del trimestre anterior. Paralelamente, los datos de Eurostat muestran que el desequilibrio presupuestario de la eurozona se redujo en ocho décimas en el primer trimestre del año, pasando del 4% del PIB al 3,2% de media, mientras que en la Unión Europea el déficit fiscal bajó del 3,9% al 3%.
En el caso de España, el gasto público superó en 3,2 puntos del PIB al conjunto de los ingresos, situando el déficit en la media de la eurozona y a dos décimas del límite comunitario del 3% que el Gobierno se ha comprometido a alcanzar este año. Hoy, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados para presentar la nueva senda fiscal diseñada por el Gobierno para seguir saneando las cuentas públicas españolas.
El plan del Ejecutivo, que sustentará los Presupuestos de 2025, incluye reducir el déficit del 3% al 2,5% el próximo año, al 2,1% en 2026 y al 1,8% del PIB en 2027, cuando se espera reducir la deuda pública por debajo del 100%. Hacienda confía en sacar adelante la nueva senda fiscal con el apoyo de los socios parlamentarios del Ejecutivo, una vez que se elimine el derecho de veto del Senado, controlado por el PP. Además, Montero informará al Parlamento sobre el nuevo techo de gasto para 2025, que ascenderá a 199.171 millones de euros (incluyendo un aumento del 3,2% en recursos nacionales) y que no se someterá a votación.
El Gobierno solicita a la Comisión que libere los fondos debido a las medidas ya implementadas, argumentando que ha reducido a la mitad la brecha de ingresos con la UE, mientras Bruselas se centra en la fiscalidad medioambiental. Tras desbloquearse el cuarto pago de los fondos Next Generation -con una reducción de 168 millones de euros sobre los 10.000 del lote por no cumplir un objetivo-, el Gobierno está negociando con la Comisión Europea para acceder al quinto de los 10 desembolsos semestrales ligados al Plan de Recuperación.
En esta ocasión, con 7.200 millones en juego, la prueba clave será la reforma fiscal comprometida, cuyo alcance está en debate. Mientras el Gobierno intenta considerarla completada con las medidas ya adoptadas en los últimos años, alegando que han permitido reducir a la mitad la brecha de recaudación con la Unión Europea, Bruselas examina qué parte del logro es estructural, enfocándose en compromisos pendientes, especialmente en la tributación medioambiental.
"En el ámbito de la reforma fiscal y de los hitos relacionados con el quinto desembolso, creemos que ya se han tomado medidas ambiciosas que se reflejan en el incremento estructural de nuestra ratio de ingresos respecto al PIB, y esto es un elemento que estamos presentando a la Comisión Europea para valorar el cumplimiento de estos hitos", declaró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el día en que Bruselas emitió su valoración sobre el cuarto pago.
Los datos de Eurostat muestran que la diferencia entre el nivel de ingresos públicos sobre PIB de España en 2019 (39,2%) y la media de los Veintisiete países de la Unión Europea (46,1%) se ha reducido de siete puntos a solo 3,1 puntos en 2023, cuando España recaudó el 42,8% de su PIB, frente al 45,9% de media comunitaria. Según las previsiones macroeconómicas y fiscales enviadas por el Gobierno a la Comisión Europea en abril, se espera que el nivel de ingresos públicos sobre PIB alcance en España el 42,9% para 2025 de manera inercial. Sin embargo, queda por ver qué parte del cierre de la brecha es estructural y cuál ha sido propiciada por la inflación.
El listado de iniciativas presentadas a Bruselas incluye: nuevos impuestos a entidades financieras, empresas energéticas y grandes fortunas; el tributo sobre los negocios digitales (Tasa Google); el gravamen a las transacciones financieras (Tasa Tobin); el impuesto a los envases de plástico de un solo uso; el gravamen a los residuos en vertederos y la incineración; el endurecimiento de la regulación contra el fraude fiscal; la subida de los tipos sobre los rendimientos del capital y el IRPF a las rentas altas; la creación del tipo mínimo nacional del 15% sobre el Impuesto de Sociedades y la transposición en marcha de su versión global; y la subida al 21% del IVA de las bebidas azucaradas.
Montero confía en que esta lista de logros y el nuevo umbral de ingresos conseguidos sean suficientes "para dar por cumplido el hito de la reforma fiscal", aunque se muestra abierta a "incorporar algún elemento que les parezca de especial interés", refiriéndose a los miembros de la Comisión Europea. Fuentes conocedoras de la negociación admiten que buena parte del enfoque europeo está en la fiscalidad medioambiental. En este ámbito, queda pendiente la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, después de descartar la idea de que sea menos contaminante, lo cual, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), podría generar 2.400 millones de euros adicionales anualmente.
La medida es una de las recomendaciones del Libro Blanco para la reforma fiscal encargado por Hacienda a un grupo de expertos académicos, que el Plan de Recuperación exigía redactar, pero no aplicar íntegramente, y que quedó archivado tras la invasión rusa a Ucrania. Montero ha subrayado que "todavía estamos trabajando en ese entorno, porque los efectos de la crisis de Ucrania aún no han pasado". De hecho, el Gobierno acaba de anunciar una nueva prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos debido a la persistencia de la inflación, por lo que la vicepresidenta considera que "la Comisión es consciente de esta circunstancia y está abordando la fiscalidad con los Estados miembros dentro de este contexto".
El problema de fondo para determinar el alcance de la reforma fiscal necesaria para desbloquear los fondos europeos es que la redacción del Plan de Recuperación es muy vaga en este aspecto, a diferencia de otros (España acaba de perder parte del cuarto pago por no completar el 30% de una inversión de 300 millones en digitalización de pymes). Así, además de algunas reformas específicas mencionadas, el texto pactado con la UE se limita a exigir la elaboración del Libro Blanco y, a partir de él, impulsar una reforma fiscal "para acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media europea", sin especificar cuánto; fijar el tipo mínimo societario; desarrollar "la fiscalidad medioambiental"; la "tributación de la economía digitalizada" y "las actividades emergentes"; o "la armonización de la tributación patrimonial".
La Estrategia de Inteligencia Artificial de la Agencia Tributaria 2024-2027 contempla un esfuerzo notable en la utilización de la inteligencia artificial (IA) para la prevención y combate del fraude fiscal. Esto implica que tanto la Inspección como el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria (Aeat) emplearán esta potente herramienta para detectar el fraude.
En su Plan, la Aeat declara que "debe aprovechar las oportunidades que ofrecen estos avances tecnológicos para aplicarlos a un mejor cumplimiento de su misión en todos los ámbitos de su actividad, aumentando la eficacia y eficiencia de las actuaciones tributarias y aduaneras, en la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente y en la prevención, así como en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero".
Es natural que exista desconfianza respecto al uso de IA en diversos ámbitos, y más aún en el tributario, donde las interpretaciones de las actuaciones de los funcionarios de la Aeat suelen ser percibidas como rigurosas y extremas. En su Plan Estratégico, la Aeat asume "el reto de adoptar la IA, aprovechando plenamente la IA generativa, impulsando un enfoque formalizado, estructurado, controlado y sujeto a un proceso de mejora continua que garantice que su aplicación respeta plenamente las garantías y derechos de los ciudadanos".
Conforme a lo regulado en el Real Decreto 817/2023, la Aeat indica en su nuevo Plan que "con la utilización de la IA se busca incrementar la eficacia y eficiencia de las actuaciones tributarias y aduaneras, priorizando su uso en la información y asistencia al contribuyente y en el ámbito de la prevención", todo ello alineado con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y el Plan Digital del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Una de las grandes controversias sobre el Plan es el nivel de transparencia que habrá respecto a los algoritmos empleados, ya que actualmente la legislación solo exige publicidad sobre las publicaciones utilizadas en decisiones automatizadas, sin necesidad de divulgar sus características técnicas y funciones.
La Aeat ha estado utilizando sistemas informáticos y tecnológicos para establecer procedimientos de verificación, que se inician aleatoriamente o mediante la detección de discrepancias específicas en las declaraciones, según el filtrado de la información disponible a través del tratamiento informático del 'Big Data' (machine learning y deep learning). Ahora estos sistemas se refuerzan con la IA, permitiendo obtener diferentes perfiles de riesgo fiscal y evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, verificando si las predicciones se ajustan finalmente a la realidad de los hechos.
Para 2024, la Aeat planea impulsar, entre otros, intercambios de información sobre los datos censales más relevantes a través del Censo Único Compartido; los suministrados por las Comunidades Autónomas sobre familias numerosas y grados de discapacidad, así como sobre fianzas derivadas del arrendamiento de inmuebles y sobre los certificados de eficiencia energética registrados en 2023 y las resoluciones definitivas de ayudas concedidas para mejoras de la eficiencia energética de viviendas, junto con la relación de referencias catastrales correspondientes.
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