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(El Economista, 06-11-2024) | Fiscal

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) han respaldado la nueva fiscalidad para las plataformas digitales

Tras múltiples intentos y meses de negociaciones, la UE ha aprobado finalmente una normativa que exige a plataformas digitales como Airbnb, Uber o Booking recaudar el IVA y transferirlo a las autoridades fiscales. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) dieron su apoyo a esta medida después de que Estonia decidiera levantar su bloqueo. El cambio de postura de Tallin tuvo un costo: los veintisiete Estados miembro acordaron retrasar la entrada en vigor de la directiva hasta 2030, cinco años después de lo propuesto inicialmente por la Comisión Europea. Este acuerdo fue promovido por la presidencia húngara del Consejo de la UE en el semestre en curso. El acuerdo del Ecofin no dejó satisfechos a todos. Aunque la norma incluye un periodo transitorio desde julio de 2028, en el cual los países podrán aplicarla de forma voluntaria, España ha manifestado su intención de implementarla antes de esa fecha, aunque sin especificar cuándo. La normativa establece que las plataformas de alquiler a corto plazo, ya sea de viviendas o vehículos, serán responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales, especialmente en los casos en los que los proveedores de servicios, como hoteles o particulares, no lo hagan directamente. La intención de Bruselas con esta medida es nivelar la competencia entre plataformas digitales y negocios tradicionales y combatir el fraude fiscal. En el actual contexto legislativo, el IVA de estos servicios a menudo no se declara, lo que genera una situación de ventaja desleal para las plataformas frente a los servicios convencionales de hoteles o taxis. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, celebró el acuerdo en la red social X, destacando que la medida "ayudará a los gobiernos a recuperar ingresos de IVA, mejorar la lucha contra el fraude fiscal y aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Un buen ejemplo de simplificación y un gran paso hacia una fiscalidad justa". El paquete incluye la creación de un registro único de IVA para toda la UE, además de un sistema de facturación electrónica en tiempo real para empresas. Con estas tres iniciativas, la Comisión Europea estima que se podrían recaudar hasta 18.000 millones de euros anuales adicionales en concepto de IVA. Estonia, que llevaba meses bloqueando la directiva debido a la necesidad de unanimidad entre los Estados miembro, se oponía a imponer el IVA a pequeñas y medianas empresas, argumentando que ello aumentaría su carga administrativa. Por ello, defendía que su implementación fuera voluntaria y no obligatoria para cada Estado.

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(Expansión, 05-11-2024) | Fiscal

Hacienda aplaza el cobro del segundo pago del IRPF para los contribuyentes de Valencia afectados por la DANA

El Consejo de Ministros planea aprobar mañana el aplazamiento del segundo pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a la declaración de la Renta de 2023 para los contribuyentes de la provincia de Valencia, la zona más afectada por la DANA que impactó fuertemente en la costa mediterránea de España la semana pasada. Según una nota del Ministerio de Hacienda, esta medida, impulsada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca aliviar la situación financiera de los ciudadanos perjudicados por este desastre natural, que ha dejado al menos 200 fallecidos y daños materiales todavía incalculables. La suspensión será incluida en un decreto que evitará los cobros para aquellos contribuyentes de Valencia cuya declaración de la Renta de 2023 -realizada en 2024- resultó en un pago fraccionado en dos plazos. Esta medida beneficiará a aproximadamente 200.000 personas, según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Para implementar esta medida, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comunicado a los bancos la orden de detener los cobros previstos para los ciudadanos de Valencia que debían realizar el segundo pago este 5 de noviembre. En caso de que los bancos ya hayan efectuado el cobro, el decreto que aprobará el Consejo de Ministros también contemplará la devolución de las cantidades en el menor tiempo posible. Además, para gestionar las consultas sobre las medidas tributarias relacionadas con la DANA, la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana establecerá un punto de atención especial para los profesionales del ámbito tributario afectados. Asimismo, se habilitará un número telefónico y una dirección de correo electrónico específicos para que estos profesionales puedan contactar directamente con la Agencia en caso de dudas o consultas adicionales. Esta medida de alivio fiscal de Hacienda se sumará a otras que está preparando el Gobierno. Según ha informado Podemos tras una reunión entre su líder, Ione Belarra, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el Consejo de Ministros de este martes aprobará "un decreto de ayudas similar al implementado tras la erupción del volcán en La Palma". La reunión, de unos 15 minutos, forma parte de las sesiones informativas que Bolaños ha mantenido con los grupos parlamentarios para informarles sobre la situación en Valencia. Podemos, por su parte, ha afirmado que "el Gobierno no tiene intención de declarar el Estado de Alarma", una decisión que consideran "un error" y "una evasión de la responsabilidad del Ejecutivo". Su propuesta incluía esa declaración junto con medidas como una moratoria en los alquileres, límites a los precios de alimentos y una renta básica universal en las zonas afectadas por la DANA. En su lugar, añade Podemos, "el Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros un decreto centrado en ofrecer ayudas y subvenciones para la reconstrucción de viviendas y negocios, similar al que se aprobó tras la crisis volcánica en La Palma".

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(El País, 05-11-2024) | Fiscal

Hacienda eximirá del pago del IBI a los afectados por la DANA y les permitirá aplazar varios impuestos

El Ministerio de Hacienda está trabajando en un conjunto de medidas fiscales urgentes para ofrecer un alivio inmediato a la población afectada por la destrucción causada por la DANA en varias provincias españolas, especialmente en Valencia. Estas medidas incluyen exenciones de impuestos, aplazamientos y otras iniciativas. Se prevé la suspensión de algunos tributos, como el IBI, y el aplazamiento de ciertas obligaciones fiscales. La catástrofe ha golpeado duramente a comunidades en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, dejando un saldo provisional de más de 200 fallecidos, numerosos desaparecidos y daños materiales aún incalculables. Fuentes gubernamentales indican que este martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil" y activará las ayudas necesarias. En el ámbito fiscal, fuentes de Hacienda informan que se seguirá el ejemplo de las medidas aplicadas en La Palma en 2021, tras la erupción volcánica. Se implementarán exenciones, reducciones y aplazamientos en varios impuestos para aliviar la carga tributaria de los residentes de las zonas afectadas por las inundaciones. El Gobierno también está preparando otras medidas de apoyo en los ámbitos económico y laboral, que se incluirán en un real decreto ley previsto para aprobarse este martes, según confirmó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En relación con Hacienda, se aprobará una exención del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para el año 2024, similar a la que se otorgó en La Palma tras el volcán. En esa ocasión, la exención benefició a viviendas dañadas, así como a establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, portuarios, profesionales, y explotaciones agrarias y forestales. Se espera que las nuevas medidas ofrezcan un nivel de cobertura similar para los inmuebles afectados por la DANA. Además, los Ayuntamientos no verán afectados sus ingresos, ya que serán compensados a través de los Presupuestos Generales del Estado. Se planean también reducciones en el impuesto sobre actividades económicas (IAE) para industrias de diferentes sectores, establecimientos comerciales, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales. Aquellos contribuyentes que ya hayan pagado estos impuestos y tengan derecho a las reducciones podrán solicitar la devolución de lo abonado. Además, Hacienda, dirigida por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, aprobará aplazamientos de deudas fiscales para personas y empresas con domicilio fiscal en la zona afectada, y se estudian bonificaciones fiscales adicionales para ciertas actividades profesionales. En el decreto de 2021 también se otorgaron exenciones de tasas de tráfico para vehículos dañados, y duplicados gratuitos de permisos de circulación y licencias de conducción extraviados o destruidos. Este tipo de medidas también se está considerando ahora, dado que se estima que más de 100.000 vehículos resultaron afectados por la DANA.

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(Cinco Días, 04-11-2024) | Fiscal

La banca rechaza el nuevo formato del impuesto al sector financiero

El sector bancario rechaza firmemente la decisión de extender el impuesto al sector financiero por tres años más. Tanto la AEB como CECA, las principales asociaciones del sector, consideran que esta medida perjudicaría el crecimiento económico. En caso de que se apruebe según los términos anunciados, ambas entidades contemplan llevar el asunto a los tribunales, ya que, según Europa Press, persisten algunos problemas de inconstitucionalidad en el gravamen actual. La banca advierte que este nuevo impuesto reducirá el crédito disponible para familias y empresas, afectando especialmente a las pymes, que constituyen el núcleo del tejido productivo y son fundamentales para la creación de empleo en España. En su comunicado, subrayan que "en un contexto de tensiones geopolíticas a nivel global y la necesidad de grandes inversiones en España y Europa, la financiación bancaria es indispensable para lograr estos objetivos". Asimismo, la AEB y CECA manifiestan su total rechazo a un impuesto que consideran discriminatorio, ya que "estigmatiza" y afecta la competitividad de los bancos españoles. También señalan que esta medida va en contra de las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el BCE, y recuerdan que España es el único país que ha creado un impuesto adicional de estas características sobre el margen bancario. Tras el cierre del plazo de enmiendas al proyecto de ley sobre el tipo mínimo global este miércoles, se añadió una enmienda que extiende la aplicación del impuesto durante tres años más, haciéndolo progresivo con un tipo impositivo entre el 1% y el 6%, según informa Servimedia.

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(El Economista, 04-11-2024) | Fiscal

Los consejeros o administradores de una compañía deben cobrar aparte su trabajo en sociedades vinculadas

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha complicado la aplicación de las exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Grandes Fortunas a las empresas familiares. En una resolución del pasado 24 de septiembre, el TEAC estableció que los consejeros o administradores de una empresa deben recibir una remuneración adicional por su trabajo en otras sociedades vinculadas, además de su salario como directivos en la empresa principal. En el caso examinado, una empresa abonaba el sueldo de su consejero delegado, quien además representaba a la compañía en otras dos empresas participadas sin recibir remuneración adicional, al considerar que esta función estaba incluida en su salario principal. El TEAC interpretó que esta situación constituía una operación vinculada y determinó que el trabajo del consejero en las empresas filiales debía valorarse a precio de mercado. En este caso específico, el valor ascendía a 1,1 millón de euros, cantidad por la que el consejero tendría que tributar en el IRPF, descontando su salario como consejero, y que además sería deducible en el Impuesto sobre Sociedades para la empresa que le pagaba. Siro Barro, socio a cargo del Departamento de Derecho Fiscal en Escalona & de Fuentes, explica que esta decisión del TEAC "puede tener gran impacto en el cumplimiento de los requisitos para acceder a las exenciones fiscales de la empresa familiar". Es importante recordar que Hacienda permite eximir del Impuesto sobre el Patrimonio (y, desde 2022, también del Impuesto de Grandes Fortunas) a quienes participan directamente en una empresa familiar y desempeñan un cargo de dirección o administración en ella, siempre que el salario recibido por esas funciones sea su principal fuente de ingresos, superando el 50% del total de sus rendimientos laborales y de actividades económicas. Como ejemplo, Siro Barro menciona que si una persona recibe 100 euros por su función directiva en una compañía y ese es su único ingreso, cumple con el requisito. Sin embargo, si también representa a esa empresa en una sociedad participada, Hacienda podría exigir una retribución separada para esa labor, valorándola en 110 euros adicionales. De esta forma, el salario principal dejaría de ser la mayor parte de sus ingresos, lo que podría hacer que pierda la exención. "Esto puede afectar seriamente a estructuras de empresas familiares donde el administrador de la empresa principal representa a esta en sus filiales sin recibir remuneración adicional", señala el socio de Escalona & de Fuentes. Además de aumentar la base imponible del IRPF del representante o socio, esta interpretación podría impedir la aplicación de la exención en Patrimonio y Grandes Fortunas para toda la familia que tenga participación en la empresa familiar. La resolución del TEAC, que es vinculante para la Agencia Tributaria, abre la puerta a inspecciones fiscales para verificar la actuación de los administradores en empresas vinculadas y regularizar sus funciones en el IRPF.

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(El País, 04-11-2024) | Fiscal

Podemos advierte de que tumbará la reforma que elimina el impuesto energético

Podemos lanza un nuevo aviso al Gobierno: con los votos del PP y Vox descartados, sus cuatro escaños son esenciales para aprobar cualquier reforma en el Congreso. El partido liderado por Ione Belarra anunció este jueves que rechazará la reforma del impuesto de sociedades propuesta por el PSOE para implementar una directiva europea que establece un tipo mínimo, si el acuerdo incluye finalmente eliminar el impuesto extraordinario a las grandes energéticas, tal como lo pactaron el miércoles los socialistas con el PNV y Junts. Este acuerdo ha sido rechazado también por Sumar, socio minoritario de la coalición, junto a EH Bildu, ERC y BNG, quienes presentaron sus propias enmiendas defendiendo la permanencia del tributo. Las modificaciones fueron registradas el último día del plazo de tramitación del proyecto de ley para adaptar la directiva europea, que busca establecer un impuesto mínimo a las multinacionales. Horas después del acuerdo, Podemos emitió un comunicado en el que advirtió que sus cuatro diputados no respaldarán la reforma si se plantea eliminar el impuesto extraordinario. "El gravamen a las energéticas debe ser permanente y su eliminación constituiría una reforma fiscal encubierta y regresiva para el país", señaló el partido. Podemos subraya que estas empresas obtuvieron en 2022, coincidiendo con el inicio de la invasión rusa en Ucrania, beneficios "extraordinarios" gracias al alza en los precios de la energía provocada por la guerra en Europa del Este. "Este crecimiento no es coyuntural, ya que compañías como Naturgy o Iberdrola incrementaron sus ganancias en 2023, con aumentos cercanos al 20% y 10%, respectivamente, y la distribución de dividendos sigue siendo la norma en el sector", continúa el comunicado. "Estos beneficios provienen del bolsillo de las familias, que deben asumir precios abusivos fijados por las eléctricas". El partido considera "imperativo que esos beneficios que acaparan año tras año vuelvan a la sociedad mediante un impuesto estructural". Según Podemos, el sector energético acumuló más de 10.000 millones de euros en beneficios en 2023, mientras que solo contribuyó al fisco con unos 1.200 millones de euros. Desde su ruptura con Sumar y el paso al Grupo Mixto del Congreso en diciembre pasado, Podemos ha acentuado sus diferencias con el Gobierno, del cual formó parte en la legislatura anterior. Aseguran que sus cuatro votos, aunque pocos, son cruciales dada la ajustada mayoría en el Congreso. La formación afirma que, como Junts, ya no se considera un socio del Ejecutivo, y que negociará el respaldo a cada ley, descartando apoyar medidas de carácter regresivo. Esta misma semana, el partido comunicó que sus bases respaldan condicionar el apoyo a los próximos Presupuestos a que el Gobierno rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y apruebe una reducción del 40% en los alquileres por ley. En este caso, su oposición a la eliminación del impuesto a las energéticas coincide con otras formaciones de izquierda. El acuerdo no contó con el visto bueno de Sumar, que desde hace meses ha abogado por convertir en permanentes tanto este tributo como el de la banca (que sí fue extendido). Reaccionaron el miércoles afirmando que el acuerdo no es definitivo, pues las negociaciones siguen en curso en el Congreso. Más allá de la polémica sobre los impuestos a las energéticas y la banca, los grupos políticos han presentado enmiendas adicionales, en su mayoría con propuestas tributarias. Sumar, por ejemplo, propone un impuesto a grandes herencias y un gravamen sobre bienes de lujo, así como una ampliación del impuesto a grandes fortunas a patrimonios de más de un millón de euros y un ajuste específico para cooperativas. También plantea varias medidas fiscales para fomentar el alquiler estable, como endurecer el régimen de las Socimis, aplicar un recargo para viviendas vacías y eliminar las exenciones fiscales para los inmuebles de la Iglesia Católica. Por su parte, el BNG aboga por ampliar el impuesto a grandes fortunas y reducir el IVA en servicios como peluquerías, productos culturales y productos de higiene femenina. Bildu y ERC, que presentaron enmiendas conjuntas, defienden la necesidad de gravar los seguros de salud privados y proponen cambios en la directiva del IVA para aplicar un impuesto a los alquileres turísticos (iniciativa también planteada por el PSOE), así como un impuesto específico a los residuos en viviendas turísticas. Finalmente, Junts señaló que algunas de las enmiendas presentadas por el PSOE fueron acordadas con ellos, como el impuesto bancario, la reducción del impuesto de sociedades para pequeñas empresas y la exención de cotizaciones sociales para la contratación de entrenadores o monitores de menores en entidades deportivas sin ánimo de lucro.

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(El País, 04-11-2024) | Fiscal

España deberá abordar un ajuste de unos 5.000 millones en tres meses para cumplir el límite de déficit

Las administraciones públicas en España llevan tres años trabajando intensamente para reducir el déficit público. Durante el primer año de la pandemia, implementaron un gran paquete de ayudas para mitigar el impacto de la crisis en hogares y empresas, lo cual elevó el déficit a 111.897 millones de euros, equivalente al 9,91% del PIB. A pesar de los retos posteriores, como la guerra en Ucrania, la crisis energética y la alta inflación, las administraciones lograron reducir el déficit hasta el 3,32% del PIB, gracias en parte al aumento de ingresos fiscales por la inflación y la recuperación económica tras la pandemia. Durante este periodo, la Comisión Europea suspendió las normas fiscales, permitiendo a los estados flexibilidad en sus cuentas públicas. Sin embargo, las autoridades europeas han revisado las normas de control fiscal, y ahora los países deben reducir las ayudas de emergencia para reequilibrar sus cuentas y reducir la deuda acumulada. En los últimos meses, las administraciones en España han frenado su ritmo de reducción del déficit. Los datos hasta septiembre muestran un aumento leve en el déficit en comparación con el año anterior, lo que aleja la meta de reducir el desequilibrio al 3% del PIB comprometido con Bruselas. Para cumplir el límite de déficit pactado, las administraciones españolas deben reducir el déficit en unos 5.000 millones de euros antes de final de año. Hasta septiembre, el déficit del Estado representaba el 2,17% del PIB, en contraste con el 1,75% del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un aumento de 8.000 millones. Este incremento se atribuye en parte al ajuste en las liquidaciones del sistema de financiación autonómica y local que se realizaron en julio. El sistema de financiación tiene un desfase de dos años; si la recaudación real supera las previsiones, las administraciones locales reciben una compensación a favor, y en caso contrario, en contra. Dado el incremento en la recaudación de los últimos años, las comunidades y ayuntamientos han recibido fondos adicionales, pero aún no han reducido de forma significativa su déficit presupuestario. Hacienda advierte que, sin embargo, el déficit regional se sitúa en torno a los 20.578 millones de euros, un 57,7% más que el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. Un análisis del déficit hasta fin de año sugiere que será difícil reducirlo significativamente sin una reducción del gasto en los últimos meses del año. Si no se alcanza el objetivo del 3% de déficit, Bruselas podría aplicar medidas de austeridad. Hacienda reconoce la dificultad de la situación, aunque señala que ciertos gastos extraordinarios, como reembolsos judiciales, podrían no repetirse en el próximo año, y confía en que la Comisión Europea no los tome en cuenta para el cálculo del déficit. Los ayuntamientos, tradicionalmente las administraciones más equilibradas, presentaban superávit desde 2012 (con la excepción de 2020). Se esperaba que este año también contribuyeran positivamente, pero los primeros informes indican que apenas alcanzarán el equilibrio. Aunque el Gobierno anticipaba que las comunidades cerrarían el año con sus cuentas equilibradas gracias a mayores recursos de financiación, los datos sugieren que el Estado central enfrentará el mayor peso del déficit, un 3% del PIB, a menos que se reduzcan los gastos en los últimos meses del año. Según Hacienda, el déficit de caja no financiero del Estado hasta septiembre ha sido de 47.054 millones, un 46,6% más que en 2023, aunque factores como las liquidaciones negativas y los fondos Next Generation afectan la comparación. Descontando estos elementos, el déficit se habría reducido en un 9,7%. Con todo, el margen para alcanzar la meta de déficit es reducido, y probablemente ni los ayuntamientos ni las comunidades podrán compensar el desajuste en las cuentas del Estado.

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(Expansión, 30-10-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid lanza unos presupuestos récord de 28.662 millones junto a rebajas fiscales en vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentará este miércoles sus segundos presupuestos bajo mayoría absoluta, lo que le permite aprobar sus iniciativas sin depender de acuerdos con otros partidos y establecer su propio ritmo de gobierno. El Consejo de Gobierno de Madrid aprobará el plan presupuestario de 2025, con una cifra récord de 28.662 millones de euros, un 4% más que el año anterior. Este presupuesto histórico estará destinado principalmente a servicios públicos esenciales como sanidad, educación, vivienda, políticas sociales y transporte, que recibirán 22.889 millones de euros, 764 millones más que en 2024. Además de fortalecer el gasto social, el gobierno de Ayuso mantendrá su enfoque en medidas para estimular la economía, especialmente mediante incentivos fiscales en el ámbito de la vivienda, un sector crítico debido a la falta de oferta frente a la alta demanda. Fuentes del ejecutivo madrileño destacan que el presupuesto de 2025 reflejará los efectos de las siete leyes autonómicas y 21 reducciones fiscales aprobadas desde 2019, incluyendo una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF autonómico, lo que ha supuesto un ahorro total de 31.300 millones de euros para los madrileños. Junto a los presupuestos, la Comunidad también tramita nuevas reducciones fiscales, destacando medidas enfocadas en la vivienda y el alquiler, áreas donde la oferta es limitada y los precios siguen aumentando. Como incentivo, se reducirá 1.000 euros en el IRPF a pequeños propietarios que arrienden viviendas vacías con contratos de más de tres años. Este beneficio aplicará a inmuebles en desuso durante al menos un año y solo para propietarios con hasta cinco propiedades. El gobierno de Ayuso apuesta por estas medidas de fomento de la oferta de viviendas frente a las propuestas de intervención en los precios del alquiler, defendidas por Podemos y otros sectores de izquierda, que plantean una reducción del 40% en el precio de los alquileres por ley, lo que, según el gobierno madrileño, podría reducir aún más la oferta. Adicionalmente, para aliviar el aumento de cuotas hipotecarias a tipo variable debido al alza del euríbor, se ofrecerán bonificaciones de hasta 300 euros anuales. También se incentivará a los madrileños a trasladarse a municipios menos poblados, con el fin de descongestionar las grandes ciudades y luchar contra la despoblación en áreas rurales. Se aplicará una reducción de hasta 1.000 euros en el IRPF para jóvenes menores de 35 años que establezcan su residencia en localidades con menos de 2.500 habitantes y permanezcan al menos tres años. Para quienes compren una vivienda habitual en estos municipios, se ofrecerá una deducción del 10% del precio de compra, hasta un máximo de 1.546 euros anuales durante diez años. Además, se aplicará una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para compras de viviendas de segunda mano y en el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para viviendas nuevas. Aunque estas medidas fiscales se implementan junto con el presupuesto, los presupuestos de 2025 incluirán específicamente ayudas para los afectados por el derrumbe de edificios debido a la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares. Además de las indemnizaciones, el proyecto contempla una bonificación del 100% en los impuestos aplicables a la compra de nuevas viviendas: el ITP para vivienda nueva y el AJD para viviendas de segunda mano. Para apoyar a las empresas afectadas por la situación de la Línea 7B, el gobierno también ha incluido una línea de ayudas de 500.000 euros para pymes y negocios, destinada a inversiones en infraestructura y equipamiento para impulsar la recuperación de sus actividades. En 2025, junto con el aumento del 34% en políticas de vivienda, se implementará la ampliación del 25% al 50% en la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Además, se tramita una deducción del 20% en el IRPF para extranjeros y españoles residentes en el exterior que decidan establecer su residencia en Madrid e invertir en la región.

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(El País, 30-10-2024) | Fiscal

El Supremo obliga a bajar al 4% el IVA de los panes especiales

El Tribunal Supremo ha ordenado reducir el IVA del 10% al 4% en los panes denominados especiales, aplicándoles el tipo superreducido. En una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha dictaminado que estos productos deben recibir el mismo tratamiento fiscal que el pan común. "No existe ningún tipo de pan como bien de primera necesidad al que la ley fiscal pretenda aplicar un trato diferente y desfavorable respecto al pan común", ha afirmado el tribunal. Según la normativa española en materia sanitaria y alimentaria, el pan especial incluye ingredientes adicionales a los necesarios para ser clasificado como pan común. En esta categoría se incluye el pan elaborado con otras harinas además de la de cereal, pan de masa blanda de trigo que contenga azúcares, leche, grasas o aceites, pan tostado, biscotes, pan de molde, pan con gluten, entre otros. El IVA, impuesto que grava el consumo de bienes y servicios en España desde 1986, es de tipo indirecto, ya que la Agencia Tributaria no lo recauda directamente de los consumidores. Son las empresas y profesionales quienes lo cobran a lo largo del proceso de producción y comercialización, liquidándolo periódicamente con Hacienda. La mayoría de bienes y servicios están sujetos al tipo general del 21%, pero algunos bienes básicos tienen tipos reducidos. Esto busca hacer más asequibles ciertos productos esenciales. Existe un tipo reducido del 10% que aplica a productos alimenticios y farmacéuticos específicos, y el tipo superreducido del 4%, que beneficia a alimentos de primera necesidad como el pan, huevos, verduras, frutas y, recientemente, el aceite de oliva. El Tribunal Supremo considera que excluir estos panes del IVA superreducido va en contra de las normas de la Unión Europea, ya que sus diferencias con el pan común no son fácilmente identificables para el consumidor medio. De esta manera, el Supremo ha dado la razón a una empresa catalana que fabrica y vende baguettes (con gluten de trigo y malta añadidos), tras apelar una sentencia de la Audiencia Nacional que había respaldado la decisión de la Agencia Tributaria de aplicarles el 10% de IVA. La empresa argumentó que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige un tratamiento fiscal uniforme para productos similares. Según los magistrados del Supremo, en el caso de la baguette, utilizada como referencia en esta disputa, "no hay una diferencia sustancial, reconocida por la administración, que justifique negar el tipo superreducido de gravamen que la empresa incluyó en su autoliquidación, en comparación con el pan común". La sentencia también subraya que una pequeña cantidad de gluten en la masa, "sin una acreditación en contra", no es un factor relevante para el consumidor, ni justifica un trato fiscal diferenciado. Además, el tribunal señala que la ley del IVA no distingue entre pan común y pan especial, por lo que "no se puede crear una diferencia que no está claramente especificada en la ley". Según la sentencia, "la ley no define el pan común ni lo contrapone a un supuesto pan especial, ni establece características que permitan distinguirlos, dándole a este último un régimen tributario desfavorable".

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(El Economista, 30-10-2024) | Fiscal

Hacienda incrementa la petición de ayuda a otros países para embargar bienes de morosos en el extranjero

En el último año, la Agencia Tributaria ha incrementado las solicitudes de asistencia a otros países para embargar bienes de contribuyentes españoles con deudas fiscales en el extranjero. Este aumento en las peticiones ha sido posible gracias a la creación del Equipo Nacional de Cobro Internacional (ENCI) en mayo de 2023. Según un comunicado de la Administración, el número de solicitudes enviadas ha crecido, al igual que el de las solicitudes recibidas de otros países para ayudar en el control de bienes que extranjeros tienen en España. Este esfuerzo, explica el fisco, ha generado un doble beneficio: por un lado, ha mejorado la recaudación al identificar bienes en el extranjero de residentes españoles; y por otro, ha reforzado la percepción entre los deudores de que la Agencia Tributaria realiza regularmente controles para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Agencia reconoce que uno de los principales obstáculos para cobrar estas deudas era que algunos contribuyentes trasladaban sus bienes a otras jurisdicciones fiscales, dificultando así las acciones de embargo. Ante esta situación, la Agencia Tributaria ha intensificado la cooperación internacional para facilitar el cobro de deudas. "La creación del ENCI responde a la necesidad de abordar este desafío", afirma el fisco. La Agencia busca así garantizar que todos los contribuyentes con obligaciones fiscales en España estén sujetos a un control efectivo y uniforme, sin importar si sus bienes están en el extranjero. Además, la Agencia menciona que se está trabajando para fortalecer la colaboración de sus funcionarios en las gestiones recaudatorias que realizan otras administraciones tributarias.

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