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(Expansión, 22-11-2024) | Fiscal

Se caen de la reforma fiscal las subidas al diésel y las Socimis pero se aprueba el tipo mínimo en Sociedades del 15%

Los socios parlamentarios del Gobierno que ayer respaldaron la reforma fiscal criticaron duramente el modo en que esta fue gestionada, señalando que se realizó "por la puerta de atrás". La normativa se articuló mediante enmiendas al proyecto de ley para la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global para multinacionales. También cargaron contra el "esperpento" que supuso el mercadeo de medidas con los distintos grupos políticos, llegando al punto de que algunos diputados confesaron no tener claro qué estaban votando. Como resultado de este desordenado proceso, el texto aprobado por el Congreso incorpora una decena de medidas tributarias clave, pero deja fuera unas seis que en algún momento se presentaron como definitivas. La principal novedad de la votación fue la incorporación de un nuevo impuesto a las entidades financieras, que reemplazará al actual con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Aunque ERC y Bildu votaron en contra el lunes para presionar por la prórroga del impuesto a las energéticas, el compromiso de mantener este más adelante y endurecer el impuesto bancario permitió consolidar una mayoría a favor. El nuevo tributo gravará, durante tres años, el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras con una escala progresiva: un 1% sobre los primeros 750 millones de euros; un 3,5% hasta los 1.500 millones; un 4,8% hasta los 3.000 millones; un 6% hasta los 5.000 millones; y, finalmente, un 7% a partir de esa cantidad. Además, Hacienda acordó repartir los ingresos generados por este impuesto entre las comunidades autónomas, de acuerdo con su PIB. La reforma busca atender dos prioridades del Gobierno. En primer lugar, transponer antes de fin de año la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros. No hacerlo permitiría a otros países reclamar la diferencia tributaria a empresas españolas, además de que España enfrenta un posible expediente sancionador por parte de la UE tras un año de retraso en la implementación. En segundo lugar, se reactiva el triple incremento del Impuesto de Sociedades aprobado en 2016 por Cristóbal Montoro, que fue anulado por el Tribunal Constitucional en enero debido a su tramitación mediante Real Decreto-ley. Hacienda debía subsanar esta situación antes de fin de año para evitar la pérdida de toda la recaudación de 2024, valorada en unos 5.000 millones de euros. En cuanto al Impuesto de Sociedades, se incluye también una reducción fiscal progresiva para pymes y cooperativas: del 23% al 17% sobre los primeros 50.000 euros y del 20% a partir de esa cifra. Por otro lado, la reforma incrementa el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro, que sube al 30% para rendimientos de capital superiores a 300.000 euros; introduce un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos; aumenta los impuestos sobre el tabaco; y establece medidas para combatir el fraude en los hidrocarburos. Como compromisos pendientes, se mantiene la intención de desarrollar un impuesto a las energéticas que excluya las inversiones en descarbonización y de promover en la UE la aplicación del IVA a los pisos turísticos. Sin embargo, la reforma deja fuera varias propuestas significativas: la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis, el fin de la exención fiscal a las primas de seguros sanitarios y la creación de un impuesto sobre bienes de lujo como yates y jets privados.

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(Cinco Días, 22-11-2024) | Fiscal

El nuevo diseño del impuesto a la banca disparará la factura fiscal

El nuevo esquema del impuesto a la banca añade un obstáculo adicional a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. El PSOE ha acordado con Junts una enmienda que altera el pacto previo alcanzado semanas atrás respecto al gravamen. La modificación principal introduce un nuevo tramo: los bancos con ingresos superiores a 5.000 millones de euros enfrentarán un tipo impositivo del 7%. Esto afectará a entidades como CaixaBank, Santander y BBVA, mientras que los bancos con ingresos entre 3.000 y 5.000 millones seguirán pagando un 6%. El Banco Sabadell, con 4.811 millones de ingresos provenientes del margen de intereses y comisiones en 2023, se encuentra por debajo del umbral de los 5.000 millones. Sin embargo, si la opa del BBVA prospera y ambos bancos se fusionan, la entidad resultante superaría ampliamente ese límite, aumentando significativamente su factura fiscal. El diseño de esta nueva tasa, que extiende el gravamen introducido en 2022 por tres años más con ajustes, aún no está definido. En un primer momento, el PSOE acordó con Junts y el PNV una estructura progresiva en la que los bancos con mayores ingresos pagarían más. En ese esquema inicial, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell enfrentaban un tipo del 6% por ingresos superiores a 3.000 millones. Posteriormente, se introdujo una enmienda que incorporaba el tramo del 7% para los bancos más grandes. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en la comisión de Hacienda. El desenlace final sobre el impuesto se decidirá en el Pleno del Congreso de este jueves. Actualmente, los socialistas están negociando con Junts y otros socios para reintroducir la enmienda. No obstante, dado que fue desestimada en comisión, solo podrá someterse a votación en el Pleno si cuenta con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, algo improbable debido a la oposición del PP y Vox. En este contexto, el Gobierno planea aprobar inicialmente el gravamen en su forma original y luego modificarlo mediante un decreto ley, que también incluirá la extensión del impuesto a las empresas energéticas. Con este procedimiento, el incremento para los bancos más grandes podría instaurarse definitivamente, sujeto a la ratificación del Congreso. El diseño del impuesto parece particularmente favorable para el Banco Sabadell, que, con 4.811 millones de ingresos, pagaría un 6% (unos 289 millones de euros). En cambio, el BBVA, con 7.784 millones de ingresos, afrontaría un 7%, equivalente a 545 millones. Si la fusión entre ambas entidades se concreta, la nueva entidad superaría los 12.600 millones de ingresos, lo que resultaría en una carga fiscal de 880 millones, solo superada por CaixaBank, que pagaría 913 millones. Esta situación refuerza los argumentos de la dirección del Banco Sabadell, liderada por Josep Oliu y César González-Bueno, que defiende la independencia del banco frente a la opa del BBVA. Según su postura, el valor del Sabadell como entidad independiente supera la oferta del BBVA, que incluye una acción del banco vasco y un dividendo de 0,29 euros por cada 5,02 acciones del Sabadell. Además, el banco catalán confía en sus perspectivas de crecimiento y ha prometido repartir 2.900 millones de euros entre sus accionistas en 2024 y 2025. El menor impacto fiscal del Sabadell en solitario es un punto a su favor. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre en octubre, los principales bancos españoles criticaron duramente el impuesto, salvo González-Bueno, quien pidió tiempo para analizar el texto definitivo. Por su parte, el Gobierno, representado por el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado contrario a la fusión entre BBVA y Sabadell, señalando que podría endurecer las condiciones regulatorias o incluso vetar la operación. Queda por ver si el PNV, socio clave del Gobierno, decidirá apoyar al BBVA y oponerse al diseño del gravamen, no solo por el impacto negativo sobre el banco vasco, sino también porque la propuesta actual no contempla ceder la recaudación a las haciendas forales. Esto impediría que el Gobierno vasco bonifique la tasa y exima al BBVA de pagarla. Independientemente del diseño final, el sector bancario ya prepara una respuesta legal contra el impuesto, como ocurrió en 2022. Las patronales AEB y CECA, junto con algunos bancos a título individual, planean presentar recursos basándose en que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, y en su posible impacto sobre la rentabilidad. Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, ha reiterado que este impuesto reduce la capacidad competitiva del sector financiero, que financia el 75% de las inversiones en Europa, y ha solicitado al Gobierno procesos normativos más transparentes y ordenados.

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(El País, 22-11-2024) | Fiscal

La presión fiscal cae en España más que en la media de la OCDE

La presión fiscal en las economías avanzadas ha disminuido por segundo año consecutivo. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraron una leve caída en la relación entre ingresos tributarios y PIB, pasando del 34% en 2022 al 33,9% en 2023, según datos publicados este jueves por el organismo con sede en París. Este retroceso, que también se observó el año anterior, refleja los desafíos derivados de la pandemia y la inflación generada por la guerra en Ucrania. En España, la tendencia es aún más pronunciada: en dos años, la presión fiscal ha bajado medio punto, situándose en un 37,3% en 2023, aunque sigue superando la media de la OCDE. Este bloque incluye países con alta carga impositiva, como los de la Unión Europea, y otros con sistemas fiscales más limitados, como México o Turquía. El informe Revenue Statistics 2024 señala que, aunque ha habido una caída reciente, la presión fiscal del grupo sigue siendo superior a los niveles de 2019. También destaca los desafíos que han marcado los últimos años, como la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la inflación más alta en tres décadas. Frente a este escenario, los países de la OCDE han recurrido a políticas fiscales para aliviar los costos de vida en 2023, mientras enfrentan presiones de gasto crecientes relacionadas con retos como el cambio climático y el envejecimiento poblacional, que demandarán mayores ingresos en el futuro. El comportamiento actual contrasta con el período 2008-2022, donde solo hubo dos años de disminución en la presión fiscal: 2017 y 2019. La reciente caída no necesariamente implica modificaciones fiscales, ya que puede estar vinculada al crecimiento del PIB nominal, que incluye inflación, superando el incremento en los ingresos tributarios. En la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo España, ambos indicadores crecieron en 2023, pero el mayor avance del PIB, junto con las rebajas fiscales para combatir la inflación, contribuyó a la reducción de la ratio. A pesar de esta disminución, España ha experimentado un aumento notable en la presión fiscal a largo plazo, subiendo siete puntos entre 2010 y 2023. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar la media de la UE, que supera el 40%. Este dato es frecuentemente utilizado por el Gobierno para justificar una mayor carga fiscal en ciertos sectores. El incremento de la presión fiscal en el largo plazo es un fenómeno global. En la OCDE, ha pasado del 31,5% en 2010 al 34% actual, con aumentos en 29 de los 36 países analizados, destacando Japón, Eslovaquia y Grecia. Desde 1965, el alza ha sido de 9,2 puntos, reflejo de la creciente necesidad de financiar gastos públicos como sanidad, educación y pensiones, y controlar los déficits presupuestarios. En 2023, 18 países de la OCDE aumentaron su ratio de ingresos tributarios sobre PIB, mientras que en 17 hubo caídas y en uno (Italia) se mantuvo estable. Luxemburgo, Colombia y Turquía lideraron los incrementos, mientras que Chile, Corea del Sur, Israel y Estados Unidos registraron las mayores disminuciones. A pesar de estos cambios, Francia sigue siendo el país con mayor presión fiscal (43,8%), seguido por Dinamarca (43,4%). En el extremo opuesto, México registra la carga más baja, con un 17,7%.

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(El País, 22-11-2024) | Fiscal

Los ingresos por IRPF suponen un 9,1% del PIB, casi tres puntos más con respecto al año 2000

El informe Revenue Statistics 2024 ofrece también una visión detallada de la estructura tributaria de los países miembros de la OCDE, destacando la proporción que cada tipo de impuesto representa en relación con el total de la economía. Aunque han ocurrido algunos cambios en el largo plazo, la configuración general de los sistemas fiscales ha permanecido relativamente estable. Las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta continúan siendo las principales fuentes de recaudación respecto al PIB, seguidas por el IVA, según datos de 2022. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que es el más relevante en varios países, incluyendo España, representó en promedio el 23,6% de los ingresos totales en la OCDE, ligeramente por debajo del 24,1% registrado en el año 2000. Este descenso se atribuye, en parte, a la incorporación de nuevos miembros, principalmente de Europa del Este y América Latina, cuyos sistemas fiscales generan menos ingresos por renta y para los cuales no se dispone de datos completos en las series históricas. En términos de PIB, el peso del IRPF bajó del 8,5% en 2010 al 8,2% en 2022, mientras que los ingresos por el impuesto de sociedades pasaron del 3,1% al 3,9% del PIB en el mismo periodo. En el caso de España, la situación presenta algunas diferencias. Los ingresos por IRPF representan un 9,1% del PIB, casi tres puntos más en comparación con el año 2000 y por encima del promedio de la OCDE. Sin embargo, el impuesto sobre sociedades muestra una ligera caída, pasando del 2,8% al 2,7% del PIB, situándose por debajo de la media del bloque. Las cotizaciones a la Seguridad Social representan el 24,8% de los ingresos fiscales en la OCDE. España se distingue como uno de los países donde las empresas asumen una mayor parte de esta carga, junto con Estonia y la República Checa: las contribuciones de los empleadores alcanzan el 25,2% del total de ingresos fiscales y un 9,5% del PIB. Los impuestos al consumo han incrementado su relevancia, pasando de cerca del 12% al 21,4% del total de la recaudación, siendo el IVA el principal protagonista. Este impuesto representó en 2022 el 20,8% de la recaudación total y el 7% del PIB, una cifra que coincide con la registrada en España.

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(El Economista, 22-11-2024) | Fiscal

Los caseros podrán desgravarse en la Renta los electrodomésticos que compren para la vivienda que alquilan

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, autoriza a los contribuyentes que alquilan una vivienda a deducir en la declaración de la Renta el coste de los electrodomésticos adquiridos para equipar dicha propiedad. En una consulta emitida el 23 de septiembre, Tributos explica que los ingresos obtenidos por el alquiler de un inmueble se califican en la Renta como rendimientos de capital inmobiliario. De acuerdo con la Ley del IRPF y su reglamento, existen diversos gastos que pueden deducirse de estos rendimientos, entre ellos el coste de los electrodomésticos incluidos en la vivienda. Estos electrodomésticos se consideran "bienes de naturaleza mobiliaria" y, según el reglamento, pueden deducirse en la declaración de la Renta siempre que cumplan dos condiciones: que su uso esté previsto para un periodo superior a un año y que sean cedidos junto con el inmueble alquilado. Cumpliendo estos requisitos, los contribuyentes pueden deducir anualmente un 10% del coste de los electrodomésticos, hasta completar su amortización en un máximo de 20 años desde la fecha de adquisición.

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(Expansión, 21-11-2024) | Fiscal

Las energéticas condicionan 30.000 millones de inversión al impuestazo

La posibilidad de que el Gobierno mantenga el impuesto a las grandes compañías energéticas, conocido como "impuestazo", ha desatado una reacción sin precedentes en el sector. A pesar de que hace unos días parecía improbable, las principales energéticas, agrupadas en la asociación Enerclub, han tomado una postura conjunta y emitido un comunicado en el que alertan que, de persistir este gravamen, se paralizarán inversiones de 30.000 millones de euros en España. Enerclub, que agrupa a las cinco mayores empresas energéticas del país (Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Moeve), además de otras como EDP, TotalEnergies y Acciona Energía, también incluye a entidades estatales como Adif y Red Eléctrica, dado su elevado consumo de electricidad y su papel en la gestión de infraestructuras clave. Además, participan otras compañías nacionales e internacionales como Vitol, Viscofan, Vinci, Redexis, Samca, RWE, Alcoa y Alpic. Esta acción conjunta refleja la magnitud de la preocupación en el sector ante la posible extensión de un impuesto que, inicialmente, se planteó como temporal. El "impuestazo", que también afecta a los bancos, fue introducido por el Gobierno con el objetivo de reducir lo que consideraba beneficios extraordinarios derivados del aumento de los precios de la energía y los tipos de interés. Para las energéticas, este gravamen se aplica a las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales y equivale al 1,2% de sus ventas. Originalmente, estaba previsto que tuviera vigencia hasta diciembre de este año. Entre las empresas más afectadas, Repsol lidera con pagos de 443 millones de euros en 2022 y 350 millones en 2023. Iberdrola abonó 216 millones por el ejercicio de 2022 y 160 millones por el de 2023, mientras que Endesa pagó 208 millones en 2022 y 202 millones en 2023. La incertidumbre generada en los últimos días se debe al cambio constante en la posición del Gobierno, que en apenas cuatro semanas ha modificado su postura en varias ocasiones. Inicialmente, el pasado 30 de octubre, el Ejecutivo acordó con Junts y PNV eliminar el impuesto. Sin embargo, un acuerdo posterior con ERC, EH Bildu y BNG buscó mantenerlo. Hoy, el Congreso decidirá el futuro de este gravamen. Desde Enerclub se ha destacado la necesidad de garantizar un entorno estable que promueva la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y fiscal, elementos esenciales para concretar los 308.000 millones de euros en inversiones previstas para la transición energética en España, de los cuales un 82% deberá ser aportado por el sector privado. La asociación advierte que prolongar o añadir nuevas cargas fiscales sobre el sector energético pondrá en riesgo la realización de inversiones necesarias, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como la viabilidad económica y financiera de los proyectos relacionados con la transición energética.

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(El Economista, 21-11-2024) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas se repartirán los ingresos de la tasa bancaria según su PIB

El Gobierno y Junts han propuesto un modelo de distribución del impuesto a la banca que favorece a las comunidades autónomas con mayor PIB, beneficiando especialmente a regiones como Cataluña. Según una enmienda transaccional, que se votará este jueves en el Congreso y a la que ha accedido elEconomista.es, los ingresos se repartirán entre las comunidades de régimen común en función de su Producto Interior Bruto. Esto significa que regiones como Madrid, Cataluña o Andalucía concentrarán más del 50% de la recaudación, mientras que otras, como La Rioja, Cantabria o Extremadura, recibirán menos recursos. Sin embargo, el Ejecutivo podría optar por un reparto basado en el PIB per cápita, similar al criterio empleado en el sistema de financiación autonómica, lo que también aseguraría mayores fondos a Madrid, Cataluña y Baleares. Esta fórmula requeriría regular el impuesto como un tributo cedido, según explica Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea. Este planteamiento surge en medio del debate sobre la reforma de la financiación autonómica y las concesiones específicas a Cataluña. Según cálculos de Funcas, una financiación singular basada en el PIB trasladaría a las arcas catalanas 2.641 millones de euros, cifra que ascendería a 4.519 millones si el criterio fuese la población. A esto se añadirían los ingresos derivados del nuevo impuesto, cuya recaudación, según el documento, estará disponible anualmente para las comunidades de régimen común a través de operaciones de tesorería. Junts, uno de los impulsores de esta enmienda, refuerza así su posición en Cataluña, al igual que el PNV logró ventajas para las haciendas forales, como gestionar el impuesto directamente. Esto permitirá al Gobierno vasco modificar tipos, exenciones y bonificaciones, una opción que, según Onrubia, los nacionalistas vascos podrían usar para excluir de la tributación a entidades como BBVA o Kutxabank. Hasta ahora, la Agencia Tributaria ha recaudado 1.695 millones de euros en 2024 con el gravamen temporal a las entidades financieras, que no incluía asignación para las comunidades autónomas. Este monto podría incrementarse si prospera el acuerdo entre Moncloa y Junts. El nuevo modelo establece un sistema progresivo de tipos que llega al 7% para bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a 5.000 millones de euros, afectando a CaixaBank, Santander y BBVA. Otros tramos incluyen un 6% para bases mayores a 3.000 millones, un 4,8% a partir de 1.500 millones, un 3,5% desde 750 millones y un 1% para cifras inferiores. Esto supone una ampliación del gravamen temporal, que aplicaba un único tipo del 4,8% a partir de los 850 millones de ingresos anuales. Además, el nuevo impuesto incluye a bancos extranjeros con actividad en España, como BNP Paribas, que genera más de 800 millones de ingresos en el país.

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(El Economista, 21-11-2024) | Fiscal

Hacienda podrá gravar la compra de una vivienda "okupada" a valor de mercado

La compra de una vivienda okupada suele implicar una rebaja significativa en su precio, que puede oscilar entre el 30% y el 50% respecto a su valor de mercado. Sin embargo, esta reducción no conlleva necesariamente beneficios fiscales al momento de tributar la operación. Según la Dirección General de Tributos (DGT), la base imponible para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (con tipos que varían entre el 6% y el 10% según la comunidad autónoma) puede ser el valor de mercado del inmueble, incluso si el precio pagado es inferior. En una resolución emitida el 18 de septiembre, Tributos aclara que, según la Dirección General del Catastro, un inmueble okupado no tiene un precio de referencia cuando no existe una relación legal regulada, como un contrato de alquiler, que permita al propietario disponer libremente de la vivienda. Por ello, en ausencia de un valor de referencia, la base imponible del impuesto será la mayor de tres opciones: el valor declarado por las partes, el precio de compraventa o el valor de mercado. En el caso de viviendas okupadas, el valor de mercado suele ser el más alto. A pesar de esto, los contribuyentes tienen opciones para impugnar el valor atribuido al inmueble si consideran que no es correcto. La primera opción es recurrir la liquidación del impuesto tras la compra. En este caso, la Agencia Tributaria solicitará al Catastro que confirme o rectifique el valor a la luz de las pruebas y alegaciones presentadas por el comprador. La segunda alternativa consiste en presentar alegaciones a los valores de referencia de los inmuebles, los cuales son determinados anualmente por el Catastro y publicados en su sede electrónica antes del 30 de octubre. Antes de esta publicación, se abre un trámite de audiencia colectiva, anunciado en el BOE, que permite a los ciudadanos presentar sus objeciones durante un período de 10 días. Finalmente, en los primeros 20 días de diciembre, el Catastro publica en el BOE la resolución definitiva sobre los valores de referencia, los cuales pueden ser impugnados en un plazo de un mes ante los tribunales económico-administrativos.

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(El Periódico, 21-11-2024) | Fiscal

Montero cifra en 5.000 millones el coste de la anulación de la reforma de sociedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimó este miércoles en 5.000 millones de euros el impacto económico derivado de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades implementadas durante el gobierno del PP. Este coste, según Montero, se busca compensar con las medidas fiscales incluidas en el paquete que será sometido a votación en el Congreso este jueves. Montero calificó la situación como una consecuencia de las decisiones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, cuya reforma anulada por el Tribunal Constitucional "regalaría 5.000 millones de euros este año a las grandes empresas". En respuesta, el Gobierno ha propuesto ajustes en el impuesto de sociedades dentro del nuevo paquete fiscal, ya aprobado por la Comisión de Hacienda y pendiente de la decisión del Pleno del Congreso. Durante la sesión de control, Montero criticó la postura del PP, que ha anunciado su voto en contra del paquete fiscal, el cual también incluye medidas como un aumento del IRPF para las rentas del capital más altas, una reducción del impuesto de sociedades para las pymes y acciones para combatir el fraude en el sector de los hidrocarburos. Montero subrayó que la aprobación de estas reformas fiscales es crucial no solo para garantizar el equilibrio presupuestario, sino también para desbloquear el quinto tramo de fondos europeos comprometidos con la UE. Sin embargo, la ministra reconoció que la votación en el Congreso no está asegurada. Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, criticó duramente lo ocurrido en la Comisión de Hacienda el lunes, que se caracterizó por interrupciones y largas pausas. Gamarra acusó al Gobierno de generar inseguridad jurídica al pactar con diferentes socios el mantenimiento por un año más del impuesto a las energéticas, mientras dejaba caer otras propuestas. "Esto ahuyenta la inversión", afirmó Gamarra. La portavoz del PP también instó a Montero a "dejar de subir impuestos" y centrarse en las necesidades de los afectados por la DANA en Valencia. En respuesta, Montero aseguró que la reforma fiscal permitirá financiar emergencias y garantizar los salarios de los empleados públicos que trabajan en las zonas afectadas. El diputado del PP Jaime de Olano acusó al Gobierno de ser "una banda" y de escatimar en ayudas para los valencianos, alegando que el Ejecutivo valenciano solo ha movilizado 250 millones frente a los más de 14.000 millones aprobados por el Gobierno central. Montero respondió señalando que, además, se han adjudicado contratos relacionados con la DANA a empresas vinculadas a casos de corrupción del PP, lo que, según ella, resta credibilidad a las críticas de la oposición.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

El G20 insiste en la creación de un impuesto global a las grandes fortunas

Los países del G20 expresaron este lunes su respaldo a la implementación de una "tributación progresiva" que permita que las personas más ricas contribuyan de manera más efectiva al pago de impuestos. Asimismo, acordaron continuar analizando la propuesta de Brasil para la posible creación de un impuesto global dirigido a los superricos. "Respetando plenamente la soberanía fiscal, buscaremos colaborar para asegurar que quienes poseen un patrimonio neto extremadamente elevado tributen de forma efectiva", señala la declaración final del foro, publicada al término del primer día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Esta mención, de carácter general, hace referencia a la iniciativa presentada por Brasil, que propone la negociación de un acuerdo o tratado internacional para evitar que los multimillonarios evadan impuestos transfiriendo sus fortunas a países con legislaciones fiscales más laxas. De acuerdo con la propuesta brasileña, un impuesto global del 2 % aplicado a las fortunas de aproximadamente 3.300 multimillonarios podría generar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Estos fondos se destinarían a programas para combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático. "Esperamos seguir discutiendo estos temas en el G20 y en otros foros relevantes, contando con el apoyo técnico de organizaciones internacionales, la academia y especialistas", afirmaron los líderes en el documento. Brasil ya ha iniciado conversaciones con un grupo de trabajo de la ONU sobre fiscalidad justa, con los países miembros de la OCDE y con Sudáfrica, que asumirá la presidencia del G20 en diciembre, para garantizar que el debate continúe en el foro. La inclusión de este tema en la agenda del G20 y el eventual inicio de negociaciones, que podrían extenderse durante años, fueron considerados un logro por la presidencia brasileña del foro. Los líderes del G20 destacaron que la cooperación en esta materia podría incluir el intercambio de mejores prácticas, el diseño de mecanismos para combatir la evasión fiscal y el análisis de prácticas fiscales perjudiciales. Coincidieron en que la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir desigualdades, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar un crecimiento económico inclusivo y equilibrado, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea, felicitaron a países como España por implementar reformas fiscales enfocadas en disminuir desigualdades y promover sistemas tributarios más equitativos. La redacción general y flexible de la propuesta permitió su aprobación, pese a la oposición de países como Estados Unidos y Alemania a la creación del impuesto global. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien también se ha mostrado contrario a esta medida y a cualquier tipo de intervención estatal en la economía, aclaró en un comunicado que apoyó la declaración únicamente para no bloquear el consenso, aunque no está de acuerdo con varios puntos del texto.

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