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(El País, 17-07-2024) | Fiscal

Hacienda proyecta que la recaudación crezca el doble que el gasto en 2025

El Gobierno empezó ayer a delinear el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, aprovechando el limitado margen que las nuevas reglas fiscales europeas permiten para aprobar un techo de gasto récord, cercano a los 200.000 millones de euros. De hecho, Hacienda reveló que su compromiso de reducir el déficit público al 2,5% del PIB el próximo año depende de aumentar la recaudación de impuestos el doble que el gasto público, cuyo incremento está ya sujeto a los nuevos límites comunitarios. Específicamente, según detalló ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el techo de gasto nacional, sin fondos europeos, se situará en 195.353 millones de euros, un 3,2% más que los 189.215 millones de 2024. Esta cifra incluye una inyección a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros (7% más) para cubrir sus gastos impropios, como exige el Pacto de Toledo. "Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y con el refuerzo de los servicios públicos, la sanidad, las pensiones o la dependencia", sostuvo Montero. De hecho, sumando los 3.818 millones previstos en ayudas europeas (el grueso de los fondos Next Generation para 2025 son ya créditos blandos), el límite de gasto no financiero total alcanza los 199.171 millones de euros, apenas un 0,03% más que los 199.120 millones de 2024. Por otro lado, Hacienda ha proyectado un incremento del 6,5% en la recaudación tributaria de 2025, incluyendo la conversión en perpetuos de los impuestos a la banca y a las energéticas, y un aumento del 5,4% en el conjunto de ingresos del Estado. Montero recordó que, bajo las nuevas reglas fiscales, el gasto primario neto de medidas de ingresos "pasa a tener una importancia predominante dentro del control de nuestras finanzas" y "marcará la capacidad de gasto de las administraciones para lograr la sostenibilidad de las cuentas públicas". En este sentido, explicó que la nueva norma impuesta por Bruselas limita el margen de aumento del gasto público al 3,2% en 2025, al 3,3% en 2026 y al 3,4% en 2027. Por este motivo, los incrementos de gasto son ahora más moderados que los previstos para el proyecto presupuestario de 2024, en el que Hacienda proyectó un aumento del gasto nacional del 9,3%, hasta los 189.215 millones de euros, y del 0,5%, hasta los 199.120 millones, teniendo en cuenta los fondos europeos. Hacienda confía en que el equilibrio entre gastos e ingresos proyectados le permita cumplir la nueva senda fiscal que se ha trazado, por la que se compromete a reducir el déficit público del 3% al 2,5% del PIB en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. "Se trata de una senda más exigente que la del último Plan de Estabilidad de 2023, que es la actualmente vigente", después de que el PP aprovechara su capacidad de veto en el Senado para tumbar la última propuesta del Gobierno, recordó Montero. La nueva senda -no el techo de gasto- deberá ser aprobada por el Parlamento, si bien el Ejecutivo y sus socios están ultimando arrebatar definitivamente a la Cámara Alta su poder de bloqueo. La senda vigente, destacó Montero, preveía un déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. El mayor esfuerzo que supone la nueva, se comprometió la vicepresidenta, "será asumido en su totalidad por el Gobierno" y "no se pedirá un esfuerzo adicional a las administraciones territoriales". Es más, las autonomías tendrán dos décimas más de margen de gasto que ahora, además de unas entregas a cuenta récord. Lo mismo ocurre con los municipios. Así, la Administración Central tendrá que reducir su déficit al 2,2% en 2025, al 1,8% en 2026 y al 1,5% en 2027. A su vez, la Seguridad Social mantendrá durante toda la senda un objetivo de déficit del 0,2%, compatible con la actualización de las pensiones; las autonomías podrán incurrir en una décima de déficit, y los ayuntamientos deberán alcanzar el equilibrio presupuestario los tres años. "Este es un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para 2025, que esperamos presentar en tiempo y forma para tenerlas aprobadas antes del 31 de diciembre", anticipó Montero, asegurando que "las nuevas cuentas respetarán las nuevas reglas fiscales, preservando la sostenibilidad presupuestaria" de forma "compatible con el crecimiento y el impulso del Estado del bienestar". Consciente de la minoría parlamentaria del Gobierno, y de que unas nuevas cuentas públicas serían claves para dar estabilidad a la legislatura, Montero anunció que comenzará a reunirse con los grupos parlamentarios para incorporar sus demandas al proyecto, a fin de captar los apoyos necesarios, y se mostró confiada en que un pacto PSC-ERC evite que unas nuevas elecciones en Cataluña vuelvan a poner en jaque sus Presupuestos.

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(El País, 17-07-2024) | Fiscal

El Gobierno sube el techo de gasto un 3,2% hasta los 195.000 millones para 2025

El Gobierno anunció este martes un incremento del techo de gasto para los Presupuestos de 2025, alcanzando un récord de 195.353 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,2% y 6.138 millones adicionales sin contar los fondos europeos. Incluyendo estos fondos, el gasto se mantiene igual, ya que, según explicó la ministra de Hacienda, se están reduciendo las transferencias de fondos europeos mientras aumentan los créditos, que se contabilizan en el capítulo financiero y no en el de gasto. El techo de gasto determina cuánto pueden aumentar los desembolsos del Estado, se calcula a partir del crecimiento previsto de los ingresos y marca el inicio de la elaboración de los Presupuestos. Quedan fuera de este cálculo los presupuestos de la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las entidades locales, aunque se incluyen las transferencias de impuestos que Hacienda entrega para financiar las pensiones y el desempleo. Aunque esta cifra da una indicación importante sobre la evolución del gasto, hay porciones significativas que no se incluyen y el Gobierno puede luego dejar algunas partidas sin ejecutar. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que este incremento del gasto es compatible con la responsabilidad fiscal, el fortalecimiento del Estado del Bienestar y el cumplimiento del nuevo marco fiscal europeo. La principal novedad para estas cuentas es que en 2025 entrarán en vigor las nuevas reglas fiscales europeas, que impondrán un límite anual al aumento del gasto. Este nuevo límite no se aplicará a los intereses, los fondos cofinanciados por Europa y se ajustará según las subidas de impuestos. Es decir, si el Gobierno decide aumentar los ingresos, tendrá más margen para el presupuesto. Este concepto, llamado gasto primario neto, se calcula para asegurar que la deuda pública siga una trayectoria descendente con alta probabilidad hasta 10 años después de concluir el ajuste. Montero también anunció la senda de incrementos del gasto primario neto comprometidos con Bruselas: un 3,2% en 2025; un 3,3% en 2026, y un 3,4% en 2027. Estos límites son bastante exigentes debido a que hay partidas importantes, como las pensiones, que representan más de un tercio del gasto público y podrían aumentar alrededor del 5% el próximo año, reduciendo el margen disponible. También aumentarán las transferencias a comunidades y ayuntamientos. Para el próximo año, se prevé eliminar las ayudas a la inflación y hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas para equilibrar las cuentas. Según las previsiones del Ejecutivo, los ingresos totales de las Administraciones aumentarán más de un 5% este año y la recaudación tributaria, un 6,5%. El plan fiscal que España presentará con estos compromisos de subidas máximas del gasto se elaborará a cuatro años y se presentará en septiembre, aunque el ajuste requerido se podrá hacer en siete años a cambio de las reformas del Plan de Recuperación. La idea es que los ingresos suelen crecer al mismo ritmo que el PIB con la inflación. Si el gasto público crece menos que esto, entonces se producirá una corrección de las cuentas. El Gobierno entregará este año más recursos que nunca a las comunidades: un 9,5% más, hasta los 147.412 millones. Además, contarán con otros 11.000 millones de la liquidación de hace dos años. Sin embargo, considerando la liquidación, el incremento de la financiación es realmente del 2,5% porque la devolución del año anterior fue muy alta debido al rebote post-pandemia. También dispondrán de más margen al poder mantener un déficit del 0,1% del PIB durante los próximos tres años, en lugar de alcanzar el superávit del 0,1% que se les iba a exigir anteriormente. Es decir, tendrán dos décimas más del PIB para gastar. Las entidades locales recibirán un 13% más de transferencias, aunque en la práctica su financiación solo subirá un 1,3% debido a la liquidación. Bastará con que alcancen el equilibrio presupuestario en vez de tener que presentar un superávit del 0,2% del PIB, como se les exigía antes. La Seguridad Social mantendrá un déficit del 0,2% del PIB todos los años. El Gobierno también presentó su cuadro macroeconómico. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aumentó la previsión de crecimiento para este año en cuatro décimas, del 2% al 2,4%, y para el próximo año en tres décimas, del 1,9% al 2,2%. En 2026 y 2027, el crecimiento se situará en el 2% gracias a una mejora del crecimiento potencial. Al final de la legislatura, la deuda habrá bajado ligeramente del 100% del PIB, volviendo a los niveles pre-pandemia, y el empleo llegará a 23 millones de ocupados a tiempo completo. Entre 2024 y 2025 se crearán más de un millón de puestos de trabajo. Este crecimiento se basará en mejoras significativas de la productividad, en el aumento de la población activa y en la reducción del desempleo hasta el 8,9%, que el Gobierno considera pleno empleo. El sector exterior seguirá generando superávits del 2% del PIB y la inversión será uno de los motores de la economía, apoyada en los fondos europeos, que tendrán su máximo impacto en 2024 y 2025.

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(El Economista, 17-07-2024) | Fiscal

El Supremo aclarará la prevalencia del convenio de doble imposición sobre las leyes internas de tributos

El Tribunal Supremo (TS) decidirá la primacía de los convenios de doble imposición (CDI) frente a la normativa interna de un tributo. El Alto Tribunal ha aceptado un recurso para establecer jurisprudencia sobre si, cuando una empresa no puede beneficiarse de la exención en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) según las exigencias de la Directiva europea, se debe aplicar el beneficio fiscal del CDI o el tipo impositivo nacional. En el litigio en cuestión, la diferencia es significativa porque el CDI fija un tipo del 6% sobre las rentas pagadas por una empresa residente en España a otra en Países Bajos, en contraste con el 24,5% del IRNR. El Supremo, según un auto reciente del 5 de julio del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, resolverá el caso de una empresa española que pagó cánones a una sociedad en Países Bajos. Esta última pretendía aplicar la exención del IRNR, en línea con la Directiva de la UE de intereses y cánones, para las rentas pagadas por una empresa española a otra en un Estado miembro. Sin embargo, la Agencia Tributaria denegó la exención, argumentando que la verdadera beneficiaria de las rentas era una entidad en Curaçao, fuera de la UE. Al no aplicarse la exención, la empresa solicitó el tipo del 6% del CDI entre España y Países Bajos, lo cual también fue rechazado. La Agencia Tributaria argumentó que, al no aplicar la exención de la Directiva, prevalece el principio de primacía del Derecho de la UE y se debe aplicar la normativa española del IRNR al tipo del 24,5%. El Supremo considera que el tema tiene interés casacional para determinar si "resultan de aplicación las previsiones contenidas en el convenio de doble imposición sobre el tipo de retención aplicable a dichos pagos con prevalencia al tipo regulado en la normativa interna". El Alto Tribunal subraya que "no existe jurisprudencia que interprete los preceptos controvertidos" a pesar de su fallo del 23 de septiembre de 2020 sobre un caso similar con Suiza, país no miembro de la UE. En ese fallo, el Supremo criticó a la Hacienda española por ignorar el CDI en favor de la ley interna sobre retenciones de cánones, calificándolo de "enriquecimiento insólito, injustificado y anómalo". "A la vista de lo expuesto, se considera suficientemente acreditada la concurrencia del caso de interés casacional [...] y se aprecia la conveniencia de un nuevo estudio del Tribunal Supremo que, complementando la doctrina jurisprudencial ya existente", concluye el auto del tribunal.

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(Cinco Días, 16-07-2024) | Fiscal

Hacienda anticipa recursos récord a las autonomías y les da más margen de déficit

El Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas tener un déficit del 0,1% durante los próximos tres años, hasta 2027, lo que supone dos décimas más de lo estipulado en el plan de estabilidad acordado con Bruselas. El Ministerio de Hacienda ha informado a los consejeros autonómicos sobre el reparto del esfuerzo fiscal que se incluye en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Esta norma permitirá a las regiones elaborar presupuestos más expansivos, a costa del Estado, que asumirá todo el ajuste fiscal comprometido con Bruselas, llevando el déficit público al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Los ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario hasta 2027. "Espero que sea bien recibido por las administraciones", ha afirmado María Jesús Montero, después de un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por un nuevo enfrentamiento sobre la financiación especial propuesta para Cataluña. El intento de Montero de contentar a las autonomías con un mayor margen fiscal ha tenido poco éxito. La discordia generada por la financiación especial para Cataluña ha socavado la paz que la ministra buscaba, a pesar de haber anunciado que las regiones recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que en 2024. "Durante el Gobierno del PP, cuando las Comunidades Autónomas necesitaban más recursos, el Ministerio de Hacienda les concedía préstamos que luego tenían que devolver con intereses", recordó Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión. A pesar de ello, el debate sobre la financiación especial planteado por Natàlia Mas, de ERC, perturbó una reunión que terminó con reproches. La consejera catalana utilizó su turno de palabra para explicar una propuesta de financiación que Montero intentó evitar repetidamente. La ministra se limitó a asegurar, según los consejeros del PP, que el acuerdo no afectará al resto de regiones y que la financiación extraordinaria será proporcionada por el Estado. "La propuesta defendida por ERC es una especie de concierto económico para Cataluña, que yo no comparto. Eso es lo más destacado del documento presentado", reveló Montero. "En esa singularidad nosotros solo vemos un cupo", denunció la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, al final del encuentro. Muchos consejeros criticaron la maniobra surgida en torno a las negociaciones para asegurar la presidencia de la Generalitat, lo que llevó a que, por primera vez en cinco años, el Ejecutivo catalán decidiera enviar a su consejera para tener derecho a voto en el CPFF. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP rechazaron en bloque que el Gobierno intente manipular el sistema de financiación autonómica para "comprar" la presidencia de Illa, a pesar de que Montero intentó suavizar el debate. La ministra ha tratado de incluir este punto dentro de la reforma del sistema de financiación y ha llamado repetidamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse para renovar el modelo. "Visto lo visto, no creo que podamos avanzar realmente en un corto plazo de tiempo", dijo la vicepresidenta primera. "Hace diez años que finalizó el modelo actual y nos da la impresión de que está habiendo una negociación con una parte de los partidos separatistas sin que el Gobierno tenga intención de dar información ni participación al conjunto de las comunidades autónomas, porque no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación autonómica ni para informarnos sobre su posición", insistió el consejero de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.

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(Expansión, 16-07-2024) | Fiscal

Hacienda tumba el intento de las regiones del PP de restarle poder decisorio

La docena de regiones gobernadas por el PP le permitió reunir el tercio de participantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera necesario para incluir en el orden del día un punto destinado a modificar el sistema de voto. Actualmente, cada comunidad y ciudad autónoma tiene un voto, y Hacienda posee el 50% restante, lo que permite al Gobierno aprobar sus propuestas con solo el apoyo de una región afín. Las comunidades del PP propusieron que la validación de las medidas requiera el respaldo del Ministerio y la mayoría simple de las comunidades. Irónicamente, el sistema de votación vigente permitió a Hacienda rechazar la propuesta con el apoyo de Castilla-La Mancha, que en asuntos de financiación autonómica se había alineado con las regiones del PP. La vicepresidenta, que como consejera de Andalucía en 2016 solicitó cambiar el sistema, argumenta ahora que no se puede dejar en manos de las regiones decidir sobre competencias estatales. Así, el reparto de la senda fiscal del Gobierno fue aprobado a pesar de las críticas de las regiones del PP, que señalaron que el Gobierno central se reserva el 96% del déficit mientras ellas asumen el 35% del gasto público. La senda tampoco podrá ser rechazada por el PP en el Senado, ya que el Gobierno y sus aliados parlamentarios han eliminado su poder de veto.

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(El Periódico, 16-07-2024) | Fiscal

Montero niega el cupo pero se abre a una agencia tributaria catalana bajo el Estatut

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó ayer de manera tajante la solicitud del Govern de la Generalitat en funciones de ERC de transferir el 100% de los impuestos a Cataluña a cambio de un sistema similar al cupo vasco. No obstante, se mostró abierta a desarrollar fórmulas contempladas en el Estatut, como la creación de una agencia tributaria catalana. Montero, que no cumplió con las expectativas de Cataluña ni del resto de las comunidades autónomas de presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, trató de calmar los ánimos concediendo recursos récord y mayor margen presupuestario a las regiones y ayuntamientos a pesar de la reactivación de las reglas fiscales europeas. La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat en funciones, Natàlia Mas, asistió por primera vez a la reunión para reclamar un "modelo de financiación singular", similar al federal alemán, que implica la cesión del 100% de los tributos a la región a cambio de un cupo al Estado por los servicios recibidos. "Es un modelo que no perjudica a ningún otro territorio" ya que "requiere que el Estado reequilibre su proporción de ingresos", que ha crecido un 90% en la última década, frente al 40% de incremento que han obtenido las comunidades autónomas, sostuvo. La consejera, que había remitido su propuesta previamente al resto de autonomías y aprovechó el encuentro para presentarla, admitió tras la reunión que la vicepresidenta había manifestado que "hay ciertas partes de la propuesta con las que coincide y otras con las que no". "Yo no comparto el concierto económico para Cataluña", aclaró Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo, asegurando que rechaza de plano la propuesta central de ERC. Sin embargo, matizó que "se pueden dar pasos importantes" en la "mejora de la financiación de Cataluña" a partir del cumplimiento del estatuto de autonomía de la región. El texto, de 2006, contempla la constitución "en el plazo de dos años" de un "Consorcio o un ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña", que "podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña". Cuestionada específicamente sobre esta posibilidad, Montero defendió que cumplir el estatuto "es obligatorio porque es una ley orgánica". Más allá, Montero recordó que el catalán no es el único estatuto que recoge esa opción, ya que figura en otros estatutos como el de Andalucía, y que el reconocimiento de las singularidades financieras de Cataluña no sería excepcional, pues ya se hace con la insularidad canaria o balear u otros fondos. Con todo, Montero aseguró que esta es una discusión entre ERC y el PSC en el marco de la negociación de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, y que le es completamente ajena. De hecho, defendió que el CPFF no es el marco para discutir las propuestas concretas de un territorio. Es más, aunque la mayoría de la que gozan las regiones del PP le obligó a incluir en el orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica, Montero se limitó a anunciar que retomará la discusión del cálculo de población ajustada como punto de partida, pero reclamó al Partido Popular una propuesta común que contente a la docena de regiones que gobierna para iniciar la negociación de la reforma. Tanto las regiones del PP como la socialista Castilla-La Mancha -que forma el grupo de infrafinanciadas junto a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía- mostraron su descontento por la falta de una propuesta de Hacienda, a la que reclamaron que tome la iniciativa y ponga en marcha un fondo de compensación. La vicepresidenta, sin embargo, trató de apaciguar los ánimos anunciando un reparto histórico de fondos a autonomías y municipios en 2025, así como mayor margen fiscal para los próximos tres años. El Gobierno, anunció, aprobará en el Consejo de Ministros de hoy, junto al techo de gasto, una nueva senda fiscal que compromete la rebaja del déficit público del 3% al que se espera que cierre este año al 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. Los objetivos son más ambiciosos que los de la senda vigente (que marcaba 2,7% en 2025), pero el esfuerzo extra recaerá en el Gobierno central, dijo, mientras que las regiones podrán cerrar los tres próximos ejercicios con una décima de déficit (frente a la décima de superávit que se les pedía). En cuanto al reparto de recursos, Montero detalló a las regiones que en 2025 recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (9,5% más), y otros 11.692 millones de la liquidación fiscal, alcanzando los 158.167 millones, un nuevo récord histórico. Paralelamente, en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montero comunicó a los ayuntamientos que en 2025 recibirán entregas a cuenta por 26.893 millones (13,1% más), que ascenderán a 28.935 millones con la liquidación, propiciando la mayor financiación de su historia. A su vez, Hacienda, que venía exigiendo un superávit de dos décimas a los municipios este año, una décima el próximo y otras dos en 2026, flexibiliza ahora la senda fiscal local para limitarse a reclamarles el equilibrio presupuestario en 2025, 2026 y 2027.

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(El Economista, 16-07-2024) | Fiscal

Hacienda obligará a destapar quiénes son los dueños reales de las empresas a partir de febrero de 2025

A partir del 3 de febrero de 2025, Hacienda exigirá revelar la identidad de los propietarios reales de las empresas. Las compañías deberán informar sobre los titulares reales al registrarse, darse de baja o modificar cualquier dato en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. La información requerida incluirá el DNI o número de identificación extranjero si el titular no es español, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de expedición del número de identificación y país de residencia. Esta nueva obligación surge de la Ley del 24 de mayo de 2023, que transpuso la Directiva europea sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (DAC 7) para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Además, esta ley obliga a plataformas digitales como Wallapop a informar al fisco sobre las ventas realizadas por los usuarios. Las empresas deberán proporcionar esta información sobre los titulares reales a través del Modelo 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Para ello, Hacienda ha presentado este lunes a audiencia e información pública el Proyecto de Orden para modificar el Modelo 036, permitiendo a los afectados e interesados presentar observaciones hasta el 5 de agosto. El nuevo Modelo 036 incluirá una página adicional para informar sobre los titulares reales de las empresas. La Orden entrará en vigor el 3 de febrero de 2025, y a partir de esa fecha se aplicará el nuevo Modelo 036. Esta obligación afectará a todos los empresarios que desarrollen actividades empresariales en España, a quienes paguen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta, a los no residentes que operen en el país mediante un establecimiento permanente, y a socios, herederos o partícipes de entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades empresariales. Por otro lado, la Agencia Tributaria también modificará los Modelos 036 y 030 (Censo de obligados tributarios) para mejorar el sistema de avisos. El año pasado, Hacienda permitió a los contribuyentes autorizar a los órganos económico-administrativos a utilizar el número de teléfono y correo electrónico proporcionado para enviar notificaciones, y ahora extiende esta autorización a la Dirección General de Tributos (DGT).

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(Expansión, 15-07-2024) | Fiscal

Los altos patrimonios españoles encuentran un escudo en el private equity para sus activos financieros

En el último año, las grandes fortunas han impulsado la creación de sociedades de capital riesgo a niveles históricos en España, buscando refugio ante el aumento de impuestos. Las bancas privadas y los family offices han aumentado la popularidad de estas sociedades al recomendar a sus clientes más adinerados que inviertan en ellas, principalmente como una estrategia para reducir su carga fiscal tras la implementación del impuesto de solidaridad por el Gobierno de Pedro Sánchez y como una alternativa ante la disminución del uso de las Sicav como el vehículo preferido por los grandes patrimonios para canalizar inversiones. Durante 2023, el último año con datos disponibles, se registraron en España 117 nuevas sociedades de capital riesgo, alcanzando un total de 423 al final del año. En 2024, hasta la fecha, se han sumado 45 más, totalizando 468 sociedades en el mercado, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos números indican que la creación de este tipo de sociedades ha aumentado un 51% solo en el último año y medio. Según los registros del supervisor, son la categoría de vehículos que ha registrado más nuevas entidades en el mercado español en los últimos años. El dato de 2023 y 2024 no es un hecho aislado. Durante 2022, los registros de la CNMV muestran la creación de 84 nuevas sociedades. Para poner en perspectiva lo que significan 225 nuevas sociedades en dos años y medio, es relevante saber que hasta entonces había en España 231 firmas de este tipo. En 2021 se crearon 54 sociedades, en 2020 fueron 44 y en 2019 se dieron de alta 32. El incremento notable en la creación de nuevas sociedades en el último año y medio coincide con la entrada en vigor del impuesto de solidaridad para grandes fortunas diseñado por el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de María Jesús Montero. Para beneficiarse de la favorable fiscalidad de las sociedades de capital riesgo y reducir el impacto del impuesto, la inversión debe ser superior al 5% de la sociedad. "En la medida en que las inversiones en dichas entidades se realicen para cumplir con el 60% de coeficiente obligatorio de inversión (acciones, otros instrumentos financieros, préstamos participativos, etc.), podrán considerarse afectas a una actividad económica y quedarán exentas", explica Jauma Alarcón, socio especializado en derecho fiscal de Andersen. Además, la exención del impuesto solo se aplica en el caso de inversiones en sociedades de capital riesgo y no en fondos de private equity, lo que contribuye al aumento en la creación de firmas en lugar de aportaciones a fondos, un procedimiento mucho más sencillo. El capital mínimo para establecer una entidad de este tipo se fija en 1,2 millones de euros, una cifra fuera del alcance de un inversor minorista.

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(El Economista, 15-07-2024) | Fiscal

Moncloa proyectará un crecimiento del PIB cercano al 2,5% y ganará margen fiscal

El Gobierno se enfrenta a la elaboración del techo de gasto más ambicioso de la historia reciente, con varios factores que influirán en las finanzas públicas españolas. El crecimiento del PIB, impulsado por un turismo mejor de lo esperado, dará a Moncloa mayor margen para aumentar su techo de gasto. De hecho, el Gobierno cuenta con mantener los impuestos extraordinarios a las empresas de banca y energía. Considerando que las reglas fiscales obligarán a un ajuste del déficit, la autoridad fiscal prevé un incremento del techo de gasto del 2,7%, lo que supondría unos 5.100 millones adicionales sobre los actuales 189.000 millones (sin contar los fondos europeos) propuestos por el Gobierno hace menos de siete meses. Ese límite de gasto no financiero sería lo máximo que podría incrementar el desembolso el Gobierno para cumplir con las nuevas exigencias de la Comisión Europea, según la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Aunque un aumento del 2,7% en el techo de gasto ya indica un cambio de ciclo, históricamente ha crecido un 4,5%, señalaba Herrero en Santander. "No debería sobrepasar esa cifra", confirma también el Inspector de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre. El Gobierno también cuenta con los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, dos tributos que se implementaron como respuesta a la pandemia y que podrían convertirse en permanentes, aportando alrededor de 3.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas. "Estamos en un momento de impasse debido al boom económico imprevisto, la no deflactación del IRPF (ajustar el tipo de un impuesto a la evolución de los precios para evitar la pérdida de poder adquisitivo) que ha mejorado la recaudación tributaria y por los impuestos solidarios", analiza el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich. La no deflactación del IRPF ha permitido una mayor recaudación, facilitando el gasto. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, prepara esta semana la presentación del techo de gasto que será el inicio para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, tras el fracaso de este curso. El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno español proyectará un crecimiento más cercano al 2,5% que al 2% actual, en línea con los principales organismos y servicios de estudios nacionales e internacionales. Esto implicaría un crecimiento adicional de unos 7.000 millones respecto al escenario actual. De la Torre señala otro aspecto a considerar para el gasto público del próximo ejercicio: la evolución de los gastos impropios de la Seguridad Social que asume la Administración General del Estado a través de créditos, es decir, los traspasos del Tesoro mediante impuestos o aumento de deuda. La partida de las pensiones es la más elevada, y la evolución demográfica genera una creciente carga presupuestaria. Además del aumento natural de las partidas consideradas "impropias" de la Seguridad Social (gastos en prestaciones asistenciales, sanitarias, Clases Pasivas...), la ministra de la Seguridad Social ha manifestado su intención de culminar la separación de fuentes de financiación, consiguiendo que las pensiones se financien más a través de impuestos o deuda. Esto, además de romper el principio de contributividad del sistema, reduciría el espacio fiscal para otras partidas presupuestarias, considerando que las transferencias ya representan el 3% del PIB. La Comisión Europea ha diseñado unas reglas fiscales adaptadas a la situación de cada país. En el caso español, la AIReF menciona dos vías para retomar la responsabilidad en el gasto. La primera sería más agresiva, reduciendo el déficit primario (excluyendo el coste de intereses por deuda pública) durante cuatro años en unos 10.000 millones anuales. Este camino, el más complejo, podría aligerarse si el tándem de Economía y Hacienda convence a los técnicos de Bruselas con un plan de medidas a siete años, reduciendo el esfuerzo anual a unos 6.000-7.000 millones de euros.

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(El Economista, 15-07-2024) | Fiscal

El Eurogrupo debate la dirección de la política fiscal para el próximo año

En un contexto incierto para la segunda economía del euro tras unos resultados electorales que sugieren un aumento del déficit en Francia, los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reunirán este lunes para discutir la política fiscal del próximo año. En este encuentro, los países deberán delinear sus planes estructurales y presupuestarios para recibir la aprobación de Bruselas en el próximo otoño. Se anticipa una relajación de las indicaciones acordadas por los Veinte en marzo, cuando el Eurogrupo defendía una política fiscal restrictiva para reducir el déficit y la deuda públicos. Aunque se mantendrá la idea de disciplina fiscal, se espera que el ajuste sea menos severo de lo inicialmente previsto, según informan fuentes diplomáticas. El momento es propicio. En septiembre, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión Europea sus planes estructurales a cuatro años, extendibles a siete si se justifican con reformas e inversiones. Estos planes se basarán en las nuevas reglas fiscales cuya reforma fue aprobada en abril. Además, antes del 20 de octubre deberán presentar sus planes presupuestarios para el próximo ejercicio, cuando la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplicará plenamente. La idea es que los Veinte lleguen a un consenso sobre la dirección que deberá tomar la política fiscal en 2025. Esto es crucial, ya que Bruselas lleva más de un año pidiendo a los países que retiren las medidas de apoyo implementadas para mitigar el impacto de la guerra en Ucrania y el aumento de los precios de la energía. Hace seis meses, los ministros de Economía y Finanzas abogaban por una estrategia de "consolidación fiscal determinada, gradual y realista", que "refuerce la sostenibilidad fiscal, reconstruya colchones fiscales", contribuya a generar un "crecimiento sostenible" e impulse "la resiliencia de la zona euro ante futuros retos, incluida la equidad generacional". En este contexto, instaban a evitar "medidas permanentes de aumento del déficit para facilitar una reducción duradera del déficit y de la deuda", según una declaración conjunta que proponía una "orientación fiscal restrictiva" en 2024 para todos los países de la zona euro. Recientemente, la Junta Fiscal Europea ha solicitado a países con altos niveles de deuda, como España, un "ajuste fiscal extra". El informe del organismo, que será discutido entre los Veinte, señala que "los Estados miembros con niveles de deuda alta como Bélgica, Grecia, España, Francia e Italia, clasificados como de alto riesgo a medio plazo, deberían aprovechar la oportunidad para hacer un esfuerzo adicional para reducir sus déficits presupuestarios". Los llamamientos de Bruselas para retirar las medidas energéticas destinadas a suavizar el impacto del aumento de los precios buscan una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria del BCE. La intención es que no sean contradictorias y que la subida de tipos de interés logre llevar la inflación al 2%, objetivo del organismo liderado por Christine Lagarde. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no asistirá a la reunión debido a problemas de agenda. Los ministros de Economía y Finanzas del euro también discutirán los avances en la unión de mercados de capitales, mantendrán una conversación más profunda sobre la estrategia de competitividad del bloque para la próxima legislatura y tratarán la entrada de Bulgaria en la eurozona el próximo año. En la reunión del Ecofin del martes, que incluye a toda la UE, los ministros debatirán sobre la recomendación de Bruselas de abrir procedimientos por déficit excesivo a siete países. Aunque no se espera una decisión inmediata, España ha evitado formar parte de este grupo, que incluye a Francia, Italia y Bélgica, aunque la Comisión Europea ha advertido que el gasto en 2024 superará el límite del 2,6% recomendado, alcanzando el 3,8%.

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