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(El País, 23-12-2024) | Fiscal

El Gobierno aprueba hoy la prórroga del gravamen a las energéticas

Este lunes 23 de diciembre, el Gobierno celebrará el último Consejo de Ministros del año, donde se espera aprobar un conjunto de medidas económicas, que incluyen la extensión del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025, la prórroga de las bonificaciones al transporte público y el incremento de las pensiones. Entre las medidas previstas, se encuentra un real decreto ley que extenderá el gravamen a las grandes energéticas durante 2025. Este compromiso del Gobierno con sus socios (ERC, Bildu y BNG) podría no recibir el respaldo del Congreso debido a la oposición de PNV y Junts. Tras la reciente derogación del gravamen con los votos de PP, Junts, PNV y Vox, el Ejecutivo se ve obligado a aprobarlo nuevamente en lugar de prorrogarlo, como inicialmente había planeado. Por otro lado, aún no está confirmada la subida de la fiscalidad del diésel para igualarla con la de la gasolina, un ajuste que el Gobierno planea incluir en un decreto independiente que todavía está en negociación con sus socios. Según Ione Belarra, líder de Podemos, el Consejo de Ministros aprobará también la prórroga de las ayudas al transporte público durante el primer semestre de 2025. Esto incluirá la gratuidad de los abonos de Renfe en Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional por seis meses más. Además, se mantendrán las bonificaciones para determinadas líneas ferroviarias, la gratuidad de los autobuses estatales para viajeros frecuentes, los descuentos en los abonos de transporte en Canarias y Baleares, y las ayudas para reducir al menos un 50% el coste de los abonos y títulos multiviaje en transporte colectivo urbano e interurbano. El Gobierno seguirá subvencionando una rebaja del 30% en el transporte público para aquellas comunidades autónomas y entidades locales que completen los descuentos hasta alcanzar al menos el 50% en los servicios de su competencia. Otra medida destacada será la prórroga durante todo 2025 de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, una iniciativa que se implementó en 2020 como respuesta a la pandemia. Sin embargo, no está claro si se extenderá la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables ni si se ajustará el calendario para reducir progresivamente el bono social eléctrico, cuya cobertura actual disminuiría en julio de 2025. Además, se aprobará un real decreto de prórroga presupuestaria para ajustar las cuentas de 2023, vigentes debido a la falta de aprobación de nuevos presupuestos para 2024. Aunque la prórroga es automática, requiere ajustes técnicos y políticos. En este caso, queda descartado incluir un incremento salarial para los empleados públicos, cuya negociación comenzará en enero. En cuanto a las pensiones, se prevé una revalorización del 2,8% para 2025, basada en la inflación interanual de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Sin embargo, aún no se ha detallado el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, que deberían incrementarse en mayor medida según la última reforma. También queda pendiente la actualización del ingreso mínimo vital (IMV) y la definición del salario mínimo interprofesional (SMI), que será prorrogado temporalmente hasta establecer una nueva cuantía con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En el ámbito de la movilidad, el Plan Moves III, que promueve la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga, finalizará el 31 de diciembre si no se prorroga. La patronal Anfac señala que el Gobierno trabaja en una posible extensión de estas ayudas y solicita también prolongar la desgravación del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, parece poco probable que se mantengan más allá de este año las rebajas del IVA aplicadas a alimentos básicos y electricidad, dado que estas medidas han ido ajustándose conforme el precio mayorista de la electricidad se normalizaba.

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(El Periódico, 23-12-2024) | Fiscal

Moncloa subirá el mínimo exento del IRPF a 15.876 euros en el escudo social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto extender durante 2025 al menos cinco medidas del decreto anticrisis implementado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Entre estas se encuentran el aumento del mínimo exento para declarar el IRPF a 15.876 euros, la renovación escalonada del bono social eléctrico, la reducción del IVA del aceite de oliva al 4%, la suspensión de los desahucios para familias vulnerables y la prolongación por seis meses de los descuentos al transporte, medidas negociadas recientemente con Podemos. Estas iniciativas, dirigidas a los sectores más vulnerables, se anunciarán hoy y buscan aliviar el impacto sobre las cuentas públicas, que este año asumieron un gasto cercano a los 3.000 millones de euros debido a los paquetes de ayudas vigentes. El contenido del nuevo escudo social ya ha comenzado a perfilarse. Desde 2025, el límite exento en el IRPF será de 15.876 euros anuales, tras el ajuste vinculado al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), según lo aprobado en junio por el Consejo de Ministros. Esta medida beneficiará a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas y medias, incluidos asalariados y pensionistas, generando un ahorro fiscal de 1.385 millones de euros, según Hacienda. En 2023, este umbral ya había subido de 14.000 a 15.000 euros. Asimismo, Podemos consiguió que se prolongara la suspensión de los desahucios durante todo 2025. Aunque el Congreso ya aprobó en junio extender esta medida para las familias vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028, algunos socios de investidura de Sánchez han solicitado convertirla en una norma permanente para evitar que futuros gobiernos puedan eliminarla. "El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el Banco Central Europeo", señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el debate parlamentario sobre esta legislación, que contó con el apoyo mayoritario salvo la abstención de Vox. Por otra parte, la prohibición de cortes en los suministros básicos aún no está garantizada. Aunque Bildu logró negociar una prórroga de seis meses, esta medida caducará el próximo 31 de diciembre si el Ejecutivo no impulsa una nueva moratoria, como exige el partido. Dado que Hacienda está en plena negociación presupuestaria, Bildu podría utilizar esta situación para presionar y asegurar su extensión mediante decreto antes de fin de año. La renovación del bono social eléctrico sí está definida, pero con modificaciones. Los descuentos en la factura de la luz seguirán vigentes en 2025, aunque se reducirán gradualmente. Al inicio del año, los usuarios vulnerables recibirán una rebaja del 50%, y los vulnerables severos del 65%. Estas reducciones disminuirán un 7,5% cada trimestre hasta quedar en el 35% y el 50%, respectivamente. En comparación, hasta septiembre de 2024, los descuentos eran del 65% y 80%, respectivamente. En el ámbito fiscal, el IVA del aceite de oliva permanecerá reducido al 4%, una medida que inicialmente fue temporal pero que ahora se integrará en el sistema tributario, manteniendo este tipo impositivo por debajo del 10% que tenía anteriormente. Finalmente, el Gobierno también planea mantener las ayudas al transporte público, con descuentos del 50% en el metro y gratuidad en el Cercanías, tras llegar a un acuerdo con Podemos. Este pacto incluyó el compromiso del partido de no respaldar el veto del PP a la Ley de Eficiencia en la Justicia en el Senado.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Prospera el impuesto a la banca y decae el energético

El Parlamento dio ayer su aprobación final a la reforma fiscal promovida por el Gobierno, tras una ardua negociación con sus aliados parlamentarios, que dejó fuera varias medidas clave de recaudación. Además, se rechazaron la mayoría de las propuestas de rebajas fiscales impulsadas por el PP durante su paso por el Senado. No obstante, los populares consiguieron el respaldo del PNV y Junts para derogar formalmente el impuesto a las empresas energéticas, asestando un golpe al Ejecutivo. La reforma aprobada incluye un amplio paquete de medidas tributarias, como se refleja en su nombre oficial: "Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco". Una de las novedades destacadas fue el apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP que elimina el gravamen sobre las entidades energéticas, impuesto que el Gobierno planea prorrogar por decreto durante un año. Esta votación refleja el rechazo de PNV y Junts a dicho tributo, que podría quedar eliminado definitivamente. El núcleo de la ley parte de la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional de la OCDE conocido como Pilar 2. Esta medida busca evitar que las grandes corporaciones eludan impuestos operando en territorios con bajas tasas fiscales. La demora en la adaptación de esta norma a la legislación española ya había llevado a la UE a demandar al país ante el TJUE. Además, se introdujeron cambios mediante enmiendas, como la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituirá al actual durante 2024-2026. Este gravamen, que afecta al margen de intereses y comisiones de las entidades, aplicará tasas progresivas según los ingresos, y su recaudación será distribuida entre las comunidades autónomas según su PIB. También se incrementó el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro del 28% al 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. Entre las medidas de mayor impacto recaudatorio destaca la reactivación del alza en el Impuesto de Sociedades, que permitirá limitar la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición en empresas con grandes volúmenes de negocio. Sin embargo, para las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, se prevé una reducción progresiva del tipo impositivo, que alcanzará el 17% sobre los primeros 50.000 euros en 2027. El paquete también incluye un impuesto al vapeo, incrementos en los tributos sobre el tabaco, medidas contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y ajustes en la tributación de los artistas según sus ingresos reales. Durante la tramitación en el Senado, el PP intentó introducir enmiendas como una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años y beneficios fiscales para las pymes y los afectados por la DANA. Aunque muchas no prosperaron, sí se aprobaron algunas excepciones, como la exención tributaria para ayudas a damnificados y la reducción del IVA en productos como yogures. El PP, que calcula que la reforma aumentará la presión fiscal en 8.800 millones de euros, celebró haber evitado subidas adicionales por 6.500 millones. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el respaldo mayoritario, tanto de la izquierda como de la derecha, a la reforma fiscal.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen. Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España. El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada. Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.

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(El País, 20-12-2024) | Fiscal

Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal al diésel

El Gobierno español debía aprobar más de una decena de normas con rango de ley para asegurar los próximos pagos de los fondos europeos. Entre estas se encuentran la ley de familias, la de servicios sociales, la reforma de beneficios fiscales, la ley de industria, un conjunto de reformas en el ámbito sanitario y farmacéutico, una normativa para reorganizar las subvenciones relacionadas con el ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga, aceptando retrasos en algunas de estas normativas a cambio de adelantar otros objetivos ya cumplidos, como inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, investigación y desarrollo, y ciberseguridad. Como contrapartida, Bruselas exige incluir el aumento de la fiscalidad sobre el diésel como un nuevo requisito vinculado a estos fondos. Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta subida del impuesto al gasoil se ha incorporado como un compromiso para el quinto desembolso, en el que el Gobierno solicitará alrededor de 8.000 millones en ayudas directas y otros 16.000 millones de préstamos, sumando un total de más de 20.000 millones de euros. Si no se aprueba antes de marzo este incremento en la tributación del diésel, parte de estos recursos podrían ser retenidos por la Unión Europea. El acceso a los fondos europeos está condicionado al cumplimiento de metas específicas de reformas e inversiones. Una de ellas, la reforma fiscal conocida como hito 388, debía haberse implementado a principios de 2023 según las recomendaciones de un comité de expertos, quienes propusieron, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos del IVA y aumentar los impuestos medioambientales. Aunque esta reforma no se cumplió, ahora el texto incluye expresamente la entrada en vigor de un aumento en el impuesto al diésel como condición para acceder a los fondos. Este cambio implicaría un aumento de unos 11 céntimos por litro, lo que encarecería llenar un depósito de 50 litros en casi seis euros. El Gobierno ya intentó incluir esta medida en su paquete tributario reciente, pero la oposición de Podemos, que la consideró regresiva por afectar más a familias de bajos ingresos con vehículos de gasoil, bloqueó su aprobación. La fragmentación en el Parlamento complica su tramitación, pero ahora Bruselas ejerce presión adicional al vincular este requisito al acceso a los fondos. Si no se implementa antes de marzo, se retendría una parte de los recursos del quinto pago. En cuanto a los compromisos iniciales, se han reprogramado varias medidas. Por ejemplo, la ley de servicios sociales se sustituye por acuerdos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y una futura regulación ministerial, la ley de familias se retrasa al séptimo pago, y los cambios en beneficios fiscales se trasladan al octavo desembolso. También se eliminan ciertas iniciativas, como la inclusión de pymes en proyectos de hidrógeno verde, en favor de otros enfoques que no exijan la participación de pequeñas empresas. El plazo límite para ejecutar estos fondos es mediados de 2026. Si no se utilizan para entonces, podrían perderse. Esta es la tercera modificación del plan, y se prevé una cuarta en breve para reasignar recursos hacia territorios afectados por las inundaciones de la DANA, dentro de lo que se denomina el "componente Valencia", destinado a financiar la reconstrucción. El tiempo apremia, y el cumplimiento de los compromisos será clave para evitar perder estos recursos europeos esenciales.

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(Expansión, 19-12-2024) | Fiscal

El Gobierno promete prorrogar un año el impuesto energético por decreto el lunes aunque el Congreso lo tumbe

El impuesto a las empresas energéticas parece haber quedado definitivamente desahuciado tras el nuevo fracaso del Gobierno para alcanzar un consenso entre sus aliados parlamentarios en ambos extremos del Hemiciclo. La convocatoria del Ministerio de Hacienda para una nueva reunión destinada a redefinir el gravamen, buscando satisfacer tanto a partidarios como a detractores, se vio marcada por la ausencia de Junts y PNV. Ante esta situación, Unidas Podemos también decidió no participar en un encuentro que, sin el quórum necesario, difícilmente garantizaría la continuidad del tributo. La comisión encargada de rediseñar el impuesto sobre petroleras, gasistas y eléctricas, que recaudó unos 1.200 millones de euros el año pasado, había sido una exigencia de Unidas Podemos para respaldar la reforma fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, la primera reunión de dicha comisión, celebrada la semana pasada, ya contó con la ausencia de Junts y PNV. En esa ocasión, Podemos expresó que la reunión carecía de sentido. "Es imprescindible que Junts y PNV, como representantes de las energéticas en el Congreso, participen para avanzar en la negociación", declaró la formación morada a través de Efe, consciente de que sin sus votos cualquier acuerdo quedaría en el aire. A pesar de esto, otros socios de izquierda del Gobierno sí asistieron al encuentro, alcanzando un acuerdo simbólico. ERC, EH Bildu y BNG anunciaron en un comunicado conjunto que habían pactado con el Ejecutivo la aprobación, antes de fin de año, de un Real Decreto que prolongará el gravamen a las energéticas. Este se someterá luego a convalidación en el Congreso, donde será tramitado como Proyecto de Ley para transformarlo en un impuesto. El Gobierno ha confirmado su compromiso con estas fuerzas, así como con Podemos, de aprobar la prórroga del gravamen en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el lunes. No obstante, la vía del Real Decreto-ley requiere ser convalidada posteriormente por el Parlamento, donde el Ejecutivo y sus aliados no cuentan con los apoyos necesarios. Salvo un cambio inesperado, la oposición de Junts y PNV impedirá que el decreto prospere en el Congreso dentro de un mes, lo que implicará su derogación. En un intento por atraer a Junts y PNV, el Gobierno y sus aliados anunciaron ayer que incluirán bonificaciones a proyectos de energías renovables en el diseño del texto, mostrando su disposición para alcanzar un consenso amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas. Además, aseguraron que la fórmula pactada, que combina decreto y tramitación posterior, es la única viable para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2025, se convierta en un impuesto en pocas semanas y se coordine con las Haciendas forales vasca y navarra. Estas promesas buscan sortear las reticencias de Junts, que rechaza un gravamen que podría llevar a Repsol a deslocalizar inversiones en Tarragona, y de PNV, que exige control foral total sobre cualquier figura impositiva de este tipo. Sin embargo, ambas formaciones siguen sin mostrar interés en las propuestas del Ejecutivo, mientras que las demandas de Podemos y sus críticas hacia otros partidos, a los que tacha de "defensores de Repsol", han acentuado las tensiones dentro del ya frágil bloque de investidura. Hacienda, por otro lado, confía en que el decreto para equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina, que también se aprobará el lunes, tenga más posibilidades de ser convalidado.

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(El Economista, 19-12-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la inspección a los grupos por las operaciones con sus socios y filiales

La Agencia Tributaria ha intensificado y endurecido las inspecciones a los grupos empresariales y a las empresas familiares en relación con los precios de transferencia, es decir, los valores económicos a los que realizan operaciones con filiales o socios. Los expertos advierten que estos controles pueden derivar en ajustes fiscales significativos, incrementando considerablemente los impuestos que deben pagar las empresas. Además, estas inspecciones no tienen límites claros: se revisan todas las operaciones vinculadas, llegando incluso a entrevistar a empleados y clientes para determinar si los precios están correctamente pactados. Los precios de transferencia son los importes que las empresas establecen en las transacciones con entidades relacionadas, como filiales o socios, y abarcan desde préstamos entre compañías hasta ventas o prestación de servicios. Según Antonio Puentes, socio del área fiscal de BDO Abogados, este tema es una prioridad en las inspecciones y figura cada vez más en los planes anuales de control tributario. Explica que Hacienda supervisa que estas operaciones se realicen a precios de mercado, como si se tratara de acuerdos con terceros independientes, con el objetivo de evitar que las empresas trasladen sus bases imponibles a territorios con menor carga fiscal. Por ejemplo, una matriz española con una filial en zonas de baja tributación, como Canarias o Irlanda, podría reducir su tributación efectiva si incrementa las operaciones o transfiere elementos clave del negocio a estas regiones. Flavio Sánchez, responsable de Precios de Transferencia en BDO Abogados, señala que anteriormente las inspecciones solían centrarse en temas como el uso de vehículos de empresa o gastos deducibles, cuyos ajustes fiscales eran predecibles. Sin embargo, los ajustes relacionados con precios de transferencia pueden ser mucho más significativos, llegando incluso a comprometer la rentabilidad de la empresa. Sánchez también advierte que 2024 será un año con numerosas inspecciones, ya que prescribirá el ejercicio fiscal de 2020, marcado por el impacto del Covid-19 y las pérdidas sufridas por muchas compañías. En este contexto, Hacienda está poniendo especial énfasis en cuestionar si las pérdidas de grupos con filiales en España deben permanecer en el territorio nacional. "En el fondo, lo relevante es cuánta base fiscal se deja en cada país", afirma. Las empresas que realizan operaciones vinculadas están obligadas a informar anualmente a través del modelo 232, que se presenta en noviembre. Es fundamental que la información proporcionada sea completa y esté actualizada, ya que una vez que la Agencia Tributaria accede a la documentación, comienza a realizar consultas a las compañías para verificar si las transacciones se ajustan a los precios de mercado. Antonio Puentes subraya la importancia de una estrategia preventiva. "Las empresas deben contar con una documentación adecuada sobre precios de transferencia, que es obligatoria, y cumplir con las obligaciones informativas, como el modelo 232. Esto requiere trabajar con asesores especializados para diseñar una estrategia sólida que cumpla con la normativa nacional e internacional", destaca. Además, en caso de una inspección, es crucial tener un respaldo legal robusto para resolver las disputas, ya sea en el ámbito nacional o a través de procedimientos internacionales como arbitrajes o acuerdos amistosos entre países. "Las empresas que hayan hecho un buen trabajo previo pueden afrontar la inspección de manera razonablemente favorable", añade. Por último, Sánchez concluye que la vigilancia sobre las operaciones vinculadas es una tendencia global, no exclusiva de España, ya que los grandes grupos empresariales tienen un peso significativo en la economía. No obstante, en España el impacto es mayor debido a la abundancia de empresas familiares.

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(El País, 19-12-2024) | Fiscal

España dejó de recaudar 4.443 millones de euros por fraude del IVA en 2022

España dejó de ingresar 4.443 millones de euros en 2022 debido a fraudes, evasión y elusión fiscal del IVA, así como por quiebras no fraudulentas o errores en los cálculos. Este monto representa una brecha fiscal del 4,59% entre los ingresos de IVA teóricos y lo efectivamente recaudado, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea. A nivel europeo, los países miembros dejaron de recaudar aproximadamente 89.000 millones de euros en IVA ese año, aunque el informe destaca una mejora notable respecto a los 121.000 millones perdidos en 2018. Aunque España tuvo en 2022 una brecha del IVA inferior al promedio de la Unión Europea, esta aumentó 0,5 puntos porcentuales en comparación con 2021, cuando era del 4,1%. Sin embargo, el dato de 2022 es el segundo mejor desde 2018, cuando se registró un 6,5%, con picos del 7,9% en 2019 y una reducción al 6,1% en 2020. El estudio también subraya que la recaudación del IVA en España creció un 12,3% en 2022, impulsada por el aumento del PIB, el consumo final de los hogares y una considerable subida en la inversión durante 2021 y 2022. En el contexto europeo, España ocupó el décimo lugar entre los países con menor brecha del IVA, superada por Chipre, que incluso recaudó más de lo estimado (-0,67%), y por otros países como Portugal (1,30%), Irlanda (1,17%) y Alemania (4,23%), entre otros. En contraste, Rumanía lideró la lista con la mayor brecha del IVA (30,59%), seguida de Malta (25,89%) y Eslovaquia (14,62%). "El déficit de recaudación del IVA alcanzó casi 90.000 millones de euros en 2022", declaró Wopke Hoekstra, comisario europeo de política fiscal. Lamentó esta "oportunidad perdida", destacando que esa enorme suma podría haberse destinado a financiar servicios y bienes públicos esenciales como escuelas, hospitales o infraestructuras.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

El Senado avala la reforma fiscal con los cambios del PP

El Senado aprobó ayer la reforma fiscal promovida por el Gobierno y sus aliados parlamentarios, tras incorporar una serie de rebajas y deducciones tributarias propuestas por el Partido Popular, que utilizó su mayoría en la Cámara Alta para influir en el texto. Entre las medidas añadidas destacan una reducción del IRPF para jóvenes, la bonificación de hasta el 100% del impuesto a la banca para aquellas entidades que faciliten el acceso a la vivienda, la aceleración de las rebajas fiscales a pequeñas y medianas empresas (pymes) y ayudas tributarias para los afectados por la DANA. Ahora, el texto vuelve al Congreso, donde mañana se decidirá su versión final. El movimiento del PP forma parte de su nueva estrategia, que evita oponerse de manera frontal a una reforma que considera un "hachazo fiscal" de 8.770 millones de euros. En su lugar, han optado por apoyarla para introducir enmiendas. Su objetivo es que algunas de estas propuestas logren el respaldo de partidos como Junts o PNV en la votación definitiva en la Cámara Baja. Una de las propuestas estrella del PP es una reducción del Impuesto sobre la Renta para jóvenes de entre 18 y 35 años que inicien su vida laboral. El propósito es que estos ahorros tributarios se destinen a facilitar el acceso a una vivienda, fomentar la formación de familias, mejorar su formación académica o iniciar proyectos empresariales. La iniciativa contempla una bonificación del IRPF del 100% durante el primer año, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Según el PP, esta medida supondría un ahorro total de 2.100 millones de euros para los jóvenes, con beneficios individuales de entre 10.000 y 12.000 euros. Además, ante la certeza de que el Gobierno sacaría adelante el nuevo impuesto a la banca, el PP ha propuesto bonificarlo completamente. La idea es que las entidades financieras puedan evitar hasta el 100% del pago si reducen el coste de las hipotecas o financian la construcción de viviendas a precio tasado, ya sea directamente o mediante acuerdos con las comunidades autónomas. En busca de apoyo por parte de Junts, el PP también ha planteado adelantar la aplicación completa de una de las medidas ya incluidas en la reforma fiscal. Actualmente, el texto prevé que las pymes con facturación inferior a un millón de euros vean reducido progresivamente el Impuesto de Sociedades hasta 2027, con una tasa del 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible y del 20% a partir de esa cifra. La enmienda del PP propone que esta reducción total se implemente desde el 1 de enero de 2025, dos años antes de lo previsto. Por último, el PP ha añadido medidas específicas para los afectados por la DANA. Estas incluyen la exención del IVA y del impuesto de matriculación para quienes adquieran un vehículo en sustitución de uno perdido, un IVA del 0% en las obras de rehabilitación de viviendas dañadas, la prórroga de la suspensión del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante 2025, así como la exención fiscal para las ayudas de las empresas a sus empleados afectados. El Congreso decidirá si mantiene estas enmiendas o si aprueba la reforma fiscal en los términos originales planteados por el Gobierno.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

Polémica campaña en prensa internacional contra Hacienda

La controversia se propagó rápidamente entre abogados y expertos en fiscalidad en los últimos días. En la edición de fin de semana del Financial Times, un anuncio a página completa realizado por un bufete de abogados lanzaba duras críticas contra la Hacienda española. El impactante titular rezaba: "¡Peligro! Rateros españoles operando en esta área". Justo debajo, una referencia directa a los "Servicios Tributarios Españoles", acompañada de un lema provocador: "explotar, especular, discriminar". El responsable de esta polémica campaña es el despacho Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington D.C. Desde la firma explican: "Nuestro objetivo es desarrollar una respuesta colectiva para exponer prácticas engañosas e injustas y defender los derechos de quienes han sido perjudicados por la Ley Beckham en España". Según el bufete, un grupo de personas afectadas contactó con ellos para representar a aquellos que se sienten víctimas de auditorías arbitrarias, investigaciones cuestionables y reclamaciones financieras desmesuradas por parte de la Agencia Tributaria española. Aseguran que estas acciones carecen de fundamento. Los abogados señalan que "muchos ejecutivos extranjeros decidieron trasladarse a España junto a sus familias atraídos por la Ley Beckham, que ofrecía un tipo fijo de tributación sobre sus ingresos. Sin embargo, tras instalarse, las reglas cambiaron, lo que generó problemas para numerosos residentes". En su opinión, la Agencia Tributaria (AEAT) "ha mostrado un patrón de discriminación y persecución hacia residentes extranjeros con altos ingresos, vulnerando potencialmente sus derechos legales según varios tratados internacionales". El anuncio, que incluye el mensaje "No estás solo. Tienes derechos", ha generado un intenso debate en torno a la ética profesional. Expertos en derecho y fiscalidad consultados por EXPANSIÓN consideran inusual que un despacho utilice este tipo de estrategias publicitarias. Además, otros bufetes que trabajan con clientes acogidos a la Ley Beckham afirman no haber enfrentado los problemas que describe Amsterdam & Partners. Pese a ello, la firma insiste en sus acusaciones. "Lo que comenzó como una estrategia ingeniosa para atraer a trabajadores con altos ingresos se ha convertido en una campaña de engaño de enormes proporciones", asegura Robert Amsterdam, socio principal del despacho. Según él, el sistema fiscal español "viola principios fundamentales de justicia, derechos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Añade que el modelo actual está diseñado únicamente para maximizar los ingresos gubernamentales, dejando de lado la equidad, la proporcionalidad y el acceso a recursos legales. Aunque otros bufetes minimizan la relevancia de este conflicto, considerando que no ha causado una preocupación significativa más allá de las tensiones habituales, Robert Amsterdam subraya: "La respuesta a nuestra campaña ha sido abrumadora. Hay muchas personas afectadas por este régimen fiscal injusto". Por otro lado, es importante señalar que el Reino Unido eliminará su histórico régimen de impatriados, conocido como non-dom, vigente desde 1799. Este sistema, que protegió a 74.000 contribuyentes en el ejercicio 2022-2023, será derogado el 6 de abril de 2025 y reemplazado por un modelo basado en la residencia. Este cambio podría incrementar el atractivo de la Ley Beckham en España, consolidando su relevancia para atraer grandes patrimonios y profesionales de alto nivel.

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