Después de un tiempo de espera, la Agencia Tributaria ha confirmado oficialmente las fechas en las que comenzará a devolver entre 3.000 y 4.000 euros a los ciudadanos afectados por un error en sus cotizaciones de IRPF. Este reembolso corresponde a un grupo de mutualistas que, antes de 1979, realizaron contribuciones mayores de las debidas a ciertas entidades, ya que se les aplicó un tramo impositivo superior al que les correspondía.
En concreto, este grupo de contribuyentes pagó el 100% del IRPF cuando debían haber tributado solo el 75% entre los años 1967 y 1978. Este exceso ha llevado a los afectados a presentar diversas reclamaciones, y Hacienda ha terminado por reconocer el error y emprender el proceso de devolución. Según establece la sentencia 707/2023 del Tribunal Supremo, los contribuyentes afectados tienen derecho a recibir esta compensación, ya que el error no ha prescrito y la solicitud de devolución sigue siendo válida.
Los contribuyentes que tienen derecho a este reembolso son jubilados y pensionistas que cotizaron en mutualidades entre 1967 y 1978, en particular en aquellas que actuaban como sustitutas de la Seguridad Social, excluyendo a quienes cotizaron bajo el régimen de Clases Pasivas del Estado.
Para quienes presentaron sus reclamaciones durante la campaña de la Renta 2023, que finalizó el 1 de julio, Hacienda tiene un plazo de seis meses para procesar y efectuar la devolución. Esto implica que la mayoría de los afectados recibirán su compensación antes de finalizar el año, de aquí a diciembre. La devolución se llevará a cabo de manera escalonada, según la fecha de presentación de cada reclamación, y ya se ha iniciado el ingreso a algunos contribuyentes.
Aquellos que aún están a la espera del reembolso o que realizaron su solicitud después de la campaña de la Renta deben recordar que el plazo de devolución cuenta a partir de la fecha de su solicitud a la Agencia Tributaria. Los que hicieron el trámite a través de la sede electrónica pueden verificar en qué estado se encuentra el proceso y si la devolución está en curso.
Hay situaciones en las que los contribuyentes pueden vender su vivienda sin tener que pagar IRPF sobre la ganancia obtenida. Este beneficio aplica, por ejemplo, a personas mayores de 65 años y a quienes se encuentran en situación de dependencia, quienes no deben declarar la ganancia patrimonial por la venta. La Agencia Tributaria (AEAT) ha recordado a los propietarios que, al vender su inmueble, deben cumplir con ciertas obligaciones fiscales, incluyendo el pago de tres impuestos.
El primero es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el cual se reparte entre comprador y vendedor en proporción al tiempo que cada uno ha sido dueño de la propiedad. El segundo impuesto es la plusvalía municipal, la cual debe abonarse en un plazo de 30 días hábiles tras la venta. Finalmente, está el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que exige declarar posibles ganancias patrimoniales en la siguiente Declaración de la Renta.
Existen, sin embargo, excepciones para evitar el pago del IRPF, como en el caso de personas mayores de 65 años, personas dependientes y quienes reinviertan el dinero de la venta en la compra de otra vivienda en un plazo de dos años, tanto antes como después de la operación. Para esta opción de reinversión, tanto la vivienda vendida como la adquirida deben ser la vivienda habitual, y el vendedor debe haber residido en la propiedad vendida durante al menos tres años. Si la venta no genera ganancia patrimonial, no será necesario declararla en el IRPF.
Otras vías para evitar el pago del IRPF incluyen la dación en pago o la reinversión en vivienda habitual. En el caso de la dación en pago, el contribuyente debe acreditar tanto su situación de insolvencia como la falta de otros bienes. Para quienes opten por la reinversión, es importante manifestar la intención de acogerse a esta exención y asegurarse de que tanto la vivienda vendida como la nueva cumplan con los requisitos de vivienda habitual.
La AEAT ha aclarado en su página web que, si la reinversión es menor al total de la venta, solo quedará exenta la parte proporcional de la ganancia correspondiente al monto reinvertido. Además, en la Declaración de la Renta es importante completar correctamente las casillas correspondientes. La OCU señala que, en 2022, la casilla 1626 es donde debe incluirse la referencia catastral en caso de actividades económicas vinculadas a la vivienda transmitida.
En definitiva, los contribuyentes deben conocer sus obligaciones fiscales al vender una vivienda, como el pago proporcional del IBI, la plusvalía municipal y la declaración de las ganancias en el IRPF. No obstante, existen casos específicos para la exención, como en los mayores de 65 años, personas dependientes y aquellos que reinviertan en una nueva vivienda habitual. Es crucial informarse sobre los requisitos y completar correctamente la Declaración de la Renta para beneficiarse de estas exenciones.
La Agencia Tributaria postergará, al menos hasta enero de 2026, la obligación para que las empresas con ingresos anuales inferiores a 6 millones de euros envíen automáticamente sus datos de facturación con el propósito de combatir el fraude fiscal. Este lunes, el Ministerio de Hacienda publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden que establece las especificaciones técnicas y funcionales que deben cumplir los sistemas informáticos para permitir el intercambio inmediato de facturación. Además, la publicación establece una nueva fecha para que las empresas de software cumplan con estos requisitos, lo cual modifica el plazo inicialmente previsto para las empresas.
Según Èlia Urgell, responsable de producto del área Fiscal, Contable y de Facturación de Wolters Kluwer Tax & Accounting España, la orden destaca dos fechas clave: por un lado, el 29 de julio de 2025, cuando los desarrolladores de software deberán cumplir con los requisitos técnicos demandados por la Agencia Tributaria.
La otra fecha importante es el inicio de la obligatoriedad para que las empresas realicen el envío automático de sus facturas a la administración. Según Urgell, esta obligación sigue programada para el 1 de julio de 2025, de acuerdo con el Real Decreto de diciembre de 2024, que estableció el reglamento técnico para los sistemas informáticos. No obstante, debido a la incongruencia de fechas, se espera que la Agencia Tributaria realice una modificación normativa que postergue este plazo al menos un semestre, hasta enero de 2026.
Este retraso se debe a la cantidad de observaciones recibidas por Hacienda, que suman más de 200 páginas de alegaciones sobre esta normativa. Es importante recordar que esta medida afectará a empresas con una facturación inferior a los 6 millones de euros, ya que las de ingresos superiores reportan sus datos contables a la Agencia Tributaria desde 2017. La obligación se deriva de la Ley contra el Fraude Fiscal de 2021 y no debe confundirse con la Ley Crea y Crece de 2022, que establece la facturación digital obligatoria para autónomos y pymes, aunque esta última aún no ha entrado en vigor.
A partir de 2026, una vez Hacienda defina la fecha exacta, todas las facturas deberán incluir un código QR que permitirá tanto a los receptores (consumidores incluidos) como a la Agencia Tributaria acceder a un enlace con información sobre el NIF del emisor, el número de factura, la fecha de emisión y el importe total. Además, deberán incorporar la frase "Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT" o "Veri*factu".
Los sistemas de facturación tendrán que garantizar que no se puedan ocultar, manipular o alterar los datos contables de la empresa y, en caso de detectar modificaciones, emitir una alerta. También deberán asegurar la trazabilidad, conservación y legibilidad de los registros. La Agencia Tributaria planea desarrollar una aplicación gratuita para el intercambio de información, destinada a las empresas que emitan menos de cien facturas anuales.
El Ministerio de Hacienda podría aumentar el IVA de la electricidad si no consigue aprobar el impuesto permanente para las energéticas y la banca. Según el Plan fiscal presentado a la Comisión Europea, este impuesto ayudaría a compensar las reducciones aplicadas en el IVA de la electricidad y alimentos, la disminución del tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
Gran parte de estas medidas ya se han retirado, pero el Gobierno sigue defendiendo que busca un mayor esfuerzo de aquellos con mayor capacidad económica para así lograr una mayor equidad en el sistema tributario, aunque algunas empresas, como Cepsa, han sufrido pérdidas debido a este gravamen. El Gobierno ha señalado a Bruselas que la situación de inflación elevada que justificaba estas medidas coyunturales ha mejorado, permitiendo recuperar la recaudación fiscal sin alterar la estructura del sistema tributario.
Al adoptar una política de rebajas fiscales temporales en estos años de inflación elevada, se ha intentado proteger a los más vulnerables manteniendo la equidad y progresividad. Por esta razón, se optó por reducir los impuestos indirectos, que suelen ser más regresivos, en lugar de los directos. Durante la crisis inflacionaria, se aplicaron rebajas temporales en el IVA de la electricidad y alimentos, en el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la exoneración del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.
Actualmente, el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado una consulta pública para un Real Decreto que regularía una subvención directa destinada a mejorar la protección de los derechos de los consumidores vulnerables en el ámbito de la transición energética, aunque no se ha detallado en qué consistirá esta ayuda ni cómo se financiará.
España es uno de los países que más ha visto aumentar la pobreza energética, un problema que también recaerá sobre la próxima Comisión Europea encabezada por Teresa Ribera. Ayer, el precio del gas natural superó los 40 euros en España, lo que anticipa una temporada de precios elevados en la energía. Este año, si el precio medio en el mercado supera los 45 euros en los próximos dos meses, el IVA sobre la electricidad se mantendría reducido al 10%.
Estas medidas se han prorrogado hasta el miércoles, 30 de octubre, mientras el PSOE negocia su aprobación en el Congreso con los partidos de la mayoría de la investidura. Según fuentes cercanas a las conversaciones, algunas de las enmiendas propuestas incluyen imponer un tributo al vapeo basado en el contenido de nicotina, restablecer los límites a las deducciones de bases negativas anulados por el Tribunal Constitucional al estar en un decreto ley, y exigir a las empresas la devolución de las pérdidas fiscales internacionales anteriores a 2012, un intento ya realizado por el exministro Cristóbal Montoro. Esto también implicaría un aumento de los pagos fraccionados que las empresas adelantan a Hacienda por el impuesto de sociedades a partir de 2025. Asimismo, se estudia un incremento en los impuestos a los hidrocarburos, aunque el PNV ya rechazó en 2020 la idea de equiparar gradualmente la tributación del diésel a la de la gasolina, y Junts tampoco apoya esta medida sobre el gasóleo. Los votos de todos los socios parlamentarios, incluidos PNV y Junts, son imprescindibles para sacar adelante el paquete fiscal, lo que hace que la negociación sea especialmente delicada, en particular en lo referente a los impuestos sobre banca y energéticas.
El Libro Blanco de reforma fiscal de 2022 ya había recomendado gravar los cigarrillos electrónicos. Los expertos señalaban que, aunque estos productos pueden contener nicotina, solo tributan por IVA y no están sujetos al impuesto de labores de tabaco. En ese momento, catorce países europeos ya aplicaban impuestos sobre estos productos, y el Ministerio de Sanidad había propuesto un tributo de 0,15 euros por mililitro, en línea con la media de la UE, y de 0,006 euros por miligramo de nicotina. Esto situaría el tipo impositivo medio en un 35,6%, mientras que los cigarrillos tradicionales están sujetos a un 51% sobre el precio de venta y a un tipo específico de 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos.
En cuanto al impuesto sobre la banca, la propuesta es ajustarlo en función de los márgenes de rentabilidad sobre activos (ROA), estableciendo un umbral de rentabilidad por encima del cual se pagaría el impuesto completo, mientras que por debajo se aplicaría una reducción. Economía y Hacienda difieren en si este umbral debe fijarse por entidad o ser común para todo el sector. Además, Hacienda plantea que el pago del impuesto de sociedades pueda desgravarse tanto en el impuesto energético como en el bancario, para evitar la doble imposición. Sin embargo, algunas fuentes indican que estos dos impuestos podrían finalmente eliminarse de las enmiendas.
También se descarta por ahora aumentar la fiscalidad sobre los seguros de salud privados y aplicar un impuesto a los pisos turísticos, a la espera de una regulación a nivel europeo. Asimismo, se había considerado un impuesto sobre bebidas azucaradas que no se ha materializado. En este contexto, Sumar defiende un mínimo de tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, similar al gravamen de solidaridad sobre grandes fortunas implementado en 2022 para contrarrestar bonificaciones autonómicas. En contraste, Junts sugiere rebajar el impuesto sobre sociedades y aumentar el mínimo exento de patrimonio a nivel nacional, casi eximiendo de su pago. Todo el proceso es muy incierto, ya que el Gobierno está negociando en múltiples frentes y enfrentando vetos cruzados.
Jean-Baptiste Colbert decía que el arte de recaudar impuestos consiste en obtener el máximo de ingresos con el mínimo de quejas. Esta habilidad se complica cuando se deben conciliar distintas sensibilidades políticas y territoriales para asegurar una mayoría en el Parlamento. El Gobierno enfrenta serias dificultades para aprobar un paquete de reforma fiscal que logre dos objetivos: primero, aumentar el margen para el gasto del próximo año y cumplir con el ajuste solicitado por Bruselas; y segundo, cumplir con el compromiso de reforma fiscal necesario para acceder al quinto desembolso de los fondos europeos, con un valor de 6.500 millones de euros, el cual el Ejecutivo ha anunciado que solicitará próximamente.
Este último objetivo implica avanzar en la reforma fiscal siguiendo las recomendaciones del Libro Blanco, que incluía un aumento de los tipos reducidos del IVA y una serie de impuestos verdes, entre ellos una subida en los hidrocarburos y peajes. Aunque la mayoría de estas recomendaciones no están en la agenda actual del Gobierno, sí lo están los vapeadores y los carburantes, con el objetivo de hacer pequeños ajustes que incrementen las bases de forma gradual.
El Gobierno presentó hace dos semanas un plan fiscal que incluía una reforma fiscal valorada en un 0,3% del PIB, aproximadamente 4.500 millones de euros. En el plan, se anunciaban futuras medidas para aumentar la progresividad del sistema, incrementar la tributación corporativa de los grandes grupos y profundizar en la fiscalidad medioambiental y disuasoria de ciertos consumos.
El plan también prevé hacer permanentes los impuestos extraordinarios sobre banca y energéticas, cuya recaudación alcanzó los 2.800 millones el año pasado. Esta decisión ha provocado reacciones de empresas como Repsol, que cuestiona sus futuras inversiones en España, con el consejero delegado, Josu Jon Imaz, describiendo el impuesto como "demagogia fiscal". Cepsa también está en una situación similar, y la amenaza sobre las inversiones en el País Vasco y Cataluña ha impulsado movimientos en los partidos. Petronor, propiedad de Repsol, está ubicada en Vizcaya, mientras que Repsol tiene una presencia importante en el polo químico de Tarragona.
Estas circunstancias han provocado que el PNV y Junts reaccionen. Los nacionalistas vascos han acordado con el Ejecutivo que el impuesto se convierta en tributo para que pueda concertarse y quedar en su jurisdicción, permitiéndoles gestionarlo de forma independiente. Además, el Gobierno ha señalado su compromiso de desgravar las inversiones verdes en línea con lo pactado con el PNV. Todo esto reduciría la capacidad recaudatoria, lo cual el Ejecutivo planea compensar aplicando el gravamen a todas las energéticas y no solo a las grandes, medida que también podría extenderse al sector bancario.
La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte que la transferencia de la gestión tributaria a la Generalitat dificultará la supervisión sobre grandes patrimonios, empresas familiares, redes de fraude y multinacionales. Los inspectores señalan que el acuerdo de financiación especial para Cataluña "fragmenta el sistema tributario", "desarticula el modelo de financiación autonómica" y "divide la Agencia Tributaria", aumentando así el riesgo de evasión fiscal. Estas conclusiones se presentaron en el XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado el jueves y viernes en Córdoba, donde el colectivo identificó 17 "efectos negativos en la lucha contra el fraude fiscal" derivados de la cesión completa de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos a la Generalitat.
La situación es especialmente preocupante para el colectivo, que considera que el acuerdo entre PSC y ERC viola "cuatro principios clave": la existencia de un sistema de información único en la administración tributaria, una caja única para las comunidades de régimen común, una gestión centralizada de las retenciones, que representan el 80% de los ingresos, y un sistema integral de control sobre las actividades económicas.
Según los inspectores, esta vulneración de principios hará que al menos 17 medidas de los planes de inspección de la Agencia Tributaria se vuelvan ineficaces o de difícil aplicación. Por ejemplo, el traspaso de competencias a la Agencia Tributaria catalana impedirá a los inspectores estatales verificar cambios ficticios de residencia en otros países de contribuyentes domiciliados en Cataluña, especialmente en casos complejos, como los de "artistas o deportistas", que requieren "información nacional completa". Así lo explicó José María Peláez, portavoz de la Asociación, quien señala que estas investigaciones activan múltiples indagaciones, como comprobar la escolarización de los hijos del contribuyente o sus hábitos de consumo, información que la inspección nacional ya no podrá obtener en Cataluña. También se verán afectadas las inspecciones a grandes patrimonios.
Otro desafío se presentará en el control de sociedades cuando una empresa o sus socios estén ubicados en Cataluña y el resto en otras regiones. Además, los inspectores señalan que será inviable llevar a cabo el plan de control de grupos consolidados si la sociedad dominante o algunas de las dependientes están domiciliadas en Cataluña, afectando también la supervisión de multinacionales. El colectivo advierte además que el nuevo marco impedirá realizar inspecciones coordinadas a nivel nacional con empresas en Cataluña, dificultará la lucha contra redes de fraude de IVA, el combate al fraude organizado, la supervisión de casos de deslocalización empresarial en los impuestos al consumo y en la fiscalidad internacional.
Los inspectores también temen que la cesión de competencias a la Generalitat obstaculice los planes de investigación de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), los controles aduaneros y de contrabando, y que surjan problemas en el traspaso de funciones gestionadas por los servicios centrales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
Asimismo, prevén una disminución en los resultados anuales de las actuaciones de control, que suelen aflorar unos 15.000 millones de euros al año, y una reducción en la recaudación tributaria total. Las actividades de la Agencia Tributaria a nivel estatal, incluidas sus funciones de colaboración con la Unión Europea, también se verán afectadas. Finalmente, los inspectores temen que la Agencia deje de ser una herramienta eficaz para sostener las políticas sociales, como sucedió durante la pandemia, cuando la Agencia Tributaria facilitó la concesión de ayudas a diversos colectivos y aplicó la reducción fiscal en carburantes.
Los inspectores admiten que estas dificultades ya se observan en la relación con contribuyentes del País Vasco y Navarra, a los que consideran "zonas grises" de información, pues dependen de solicitudes puntuales a las administraciones forales, lo que impide activar alertas automáticas mediante una base de datos común.
Ante este panorama, Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, pidió "urgentemente un estatuto de la Agencia Tributaria que la blinde de interferencias políticas" para afrontar "el momento más crítico de la Agencia desde su creación".
"¿Qué medidas adoptará la Secretaría de Estado para proteger nuestra institución y evitar que se fragmente?", cuestionó el viernes Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), dirigiéndose al titular del departamento, Jesús Gascón, y expresando que la "gran inquietud" del colectivo es el acuerdo de financiación especial para Cataluña. Los más de 700 inspectores de Hacienda presentes en el XXXIV Congreso de la asociación respaldaron sus palabras con un extenso y fuerte aplauso.
El secretario de Estado de Hacienda, no obstante, se limitó a prometer avances hacia "un modelo en red entre administraciones". "Ir en solitario, en pleno siglo XXI, no lleva a ningún sitio", afirmó, asegurando que el modelo respetará la Constitución, se basará en "economías de escala" y promoverá el "intercambio de información".
"El modelo de Brasil es muy ilustrativo. Es un sistema que permite la coexistencia de diferentes niveles de gobierno, cada uno con sus competencias y unas reglas de colaboración cada vez más intensas, lo cual facilita una acción unificada y una mejor implementación del sistema tributario. Ese es el camino que concretaremos en los próximos meses y años", concluyó Gascón.
Sin embargo, sus palabras no lograron calmar a los inspectores, luego de una mesa redonda que destacó los riesgos del acuerdo de cesión fiscal a Cataluña. El inspector Francisco de la Torre advirtió que, aunque se niegue, este pacto representa un concierto que podría reducir en 14.000 millones de euros la recaudación.
El acuerdo implica que Cataluña gana mientras que el resto de los territorios, a excepción de los forales, pierden, y que la administración tributaria de España se debilita, resumió Ignacio Zubiri Oria, catedrático de la Universidad del País Vasco y experto en financiación foral. "Si Cataluña hubiera tenido esta financiación singular en 2017, habría sido más difícil frenar el intento de secesión. No es prudente darles ahora la herramienta para que lo intenten de nuevo", sentenció Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
La Dirección General de Tributos (DGT), dependencia del Ministerio de Hacienda, ha aclarado las consecuencias fiscales de que padres e hijos compartan una cuenta bancaria. En su respuesta del pasado 29 de agosto, la DGT atendió la consulta de un matrimonio que deseaba transferir su dinero a una cuenta de su hijo, ya que esta ofrecía un mayor rendimiento. Así, padre, madre e hijo figurarían como titulares de la cuenta, aunque el capital seguiría siendo propiedad exclusiva del matrimonio.
La DGT señala que los intereses generados por el dinero transferido deben declararse en el IRPF como rendimientos de capital mobiliario. Sin embargo, si el hijo no es el dueño de esos fondos, los padres deben demostrar ante la Agencia Tributaria que ellos son los únicos propietarios del dinero, evitando así que su hijo deba tributar por ello.
"El rendimiento a obtener debe atribuirse a quien sea el titular del activo que lo genera, es decir, a quien posea los capitales depositados en la entidad financiera. La titularidad de una cuenta bancaria generalmente implica la propiedad de los fondos en ella depositados, pero esto puede cambiar si se demuestra que la titularidad real corresponde a uno o varios de los cotitulares, lo cual deberá ser acreditado por quien desee hacer valer dicho derecho", explica el organismo.
En conclusión, la DGT considera que, en el caso de la consulta, la propiedad real del dinero corresponde al matrimonio, por lo que los intereses generados y sus efectos fiscales recaerían también sobre el matrimonio, como titulares del capital que genera esos rendimientos. No obstante, dado que el hijo también aparece como titular de la cuenta, "los interesados deberán demostrar que la titularidad de los fondos pertenece exclusivamente al matrimonio".
La posibilidad de que el Gobierno reanude su intención de aumentar la fiscalidad de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) ha vuelto a tomar relevancia, avivando la tensión en el sector. Actualmente, estas sociedades están exentas de tributar en el Impuesto de Sociedades si distribuyen al menos el 80% de sus beneficios en forma de dividendos. Este régimen especial fue instaurado en 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y se fortaleció tres años después bajo la administración de Mariano Rajoy, que eliminó la tributación en el Impuesto de Sociedades, dando un fuerte impulso a estos vehículos de inversión.
Este beneficio fiscal ha sido frecuentemente cuestionado por los partidos de izquierda, y recientemente ha vuelto a estar en el punto de mira. La propuesta de reforma ha sido impulsada por una proposición no de ley presentada por Sumar, uno de los dos partidos del actual Gobierno, que solicita una "revisión del régimen legal y fiscal de las socimis y propone modificarlo en el menor plazo posible". La iniciativa, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, también abarca otros vehículos de inversión inmobiliaria con ventajas fiscales en el impuesto de sociedades, tales como las EDAV (Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas) y las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
Esta propuesta ha generado preocupación en el sector, que teme que el Gobierno esté considerando seriamente eliminar las ventajas fiscales de estas entidades. Diversas fuentes expresan inquietud ante la posibilidad de que esta vez el cambio impositivo se materialice, llevando la tributación en el Impuesto de Sociedades a un rango del 15%-20%, alineado con el tipo inicial del 18% con el que se crearon en 2009. Desde otras fuentes empresariales, sin embargo, intentan rebajar el alcance de la amenaza, confiando en que no se llegue a concretar en gran medida. A la espera de novedades, esta modificación supondría la segunda reforma importante en tres años. Ni desde el Ministerio de Hacienda ni desde Vivienda han ofrecido comentarios sobre la posibilidad de que este nuevo tributo se aplique.
En diciembre de 2021 se implementó un nuevo impuesto del 15% sobre las ganancias no distribuidas de las socimis, relacionadas con rentas que no hayan tributado al tipo general del 25%. Esta medida, sin embargo, ha tenido un impacto recaudatorio mínimo. Durante la sesión de control del Gobierno de este miércoles, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no mencionó esta propuesta y la oposición tampoco la cuestionó sobre la tributación de las socimis. En las negociaciones que se mantienen desde diferentes sectores del Gobierno de Pedro Sánchez, se discute la posibilidad de excluir de la nueva fiscalidad a las socimis especializadas en vivienda, o al menos a las que estén dedicadas al alquiler asequible.
Estos movimientos también podrían ser una respuesta a la iniciativa de Sumar, que plantea "explorar nuevos modelos de inversión inmobiliaria para vivienda social que, evitando cualquier lógica especulativa, puedan acogerse a un régimen fiscal específico que favorezca la inversión en un parque público de alquiler". Además, Sumar propone "reducir el IVA al 4% para las promociones de VPO de alquiler gestionadas por la Administración o por entidades colaboradoras, siempre que el alquiler sea protegido y la actividad se mantenga al menos durante 75 años".
La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, ha adelantado que se intensificarán las inspecciones sobre "contribuyentes con mayor volumen de negocio", es decir, grandes empresas, así como las revisiones en impuestos como los de Hidrocarburos y el plástico. En su discurso de apertura en el XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebró en Córdoba, Fernández Doctor detalló que Hacienda centrará sus esfuerzos en fortalecer el control sobre grandes contribuyentes, las empresas, y las medidas de embargo sobre criptoactivos durante los próximos tres años.
"Es necesario reforzar las acciones sobre las actividades económicas y las empresas con mayor capacidad económica, especialmente en áreas vinculadas al fraude fiscal, aduanero y la recaudación", expresó, destacando que "esta nueva orientación del control se implementará de forma gradual".
El plan prevé que los documentos de planificación de Hacienda -el Plan de Objetivos, las Directrices Generales y el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero- estén alineados con el plan estratégico para el período 2025-2027. El primer paso será actualizar el Plan de Objetivos, que incluirá metas plurianuales para servir de guía constante.
La estrategia incluye que el área de Inspección Financiera y Tributaria incremente los controles sobre los contribuyentes con mayores volúmenes de negocio y riesgos complejos, mientras reduce el tiempo dedicado a infracciones menos elaboradas. Las unidades de Gestión de Grandes Empresas fortalecerán sus inspecciones en el Impuesto de Sociedades y el IVA, con énfasis en los grupos empresariales, dejando de lado otras revisiones menos relevantes.
En el ámbito de la Gestión Tributaria, se priorizará el control sobre los contribuyentes con actividades económicas, disminuyendo el enfoque en riesgos más generales. El área de Recaudación, por su parte, buscará una especialización en la derivación de responsabilidad, focalizándose en casos complejos. Finalmente, Aduanas e Impuestos Especiales aumentarán las revisiones intensivas, especialmente en el Impuesto de Hidrocarburos, el comercio exterior, y el impuesto a los envases de plástico.
Fernández Doctor insistió en que "debemos avanzar en esta dirección" y señaló la importancia de mejorar los resultados de la investigación mediante la coordinación de las distintas unidades.
En el ámbito de la Fiscalidad Internacional, recalcó la necesidad de incrementar controles multilaterales y realizar inspecciones conjuntas con otros países, ya que en una economía globalizada estas herramientas de cooperación son "totalmente indispensables" para optimizar la acción de control y reducir los costos indirectos para empresas multinacionales.
A su vez, Fernández Doctor destacó la importancia de reforzar las acciones de control, tanto individuales como colectivas, que han permitido descubrir fraudes durante la pandemia en la venta de material sanitario y detectar esquemas de fraude de IVA en hidrocarburos. Estas actuaciones, apuntó, son reportadas al Ministerio Fiscal para su procesamiento judicial, ya que buscan proteger los ingresos tributarios y combatir la competencia desleal en perjuicio de otros contribuyentes del mismo sector.
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