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(El Confidencial, 25-10-2024) | Fiscal

El Ayuntamiento de Madrid califica de "sablazo" el nuevo tributo de basuras y acusa al Gobierno de "voracidad" fiscal

El Ayuntamiento de Madrid estima en promedio unos 140 euros la nueva tasa de basuras impuesta por el gobierno de Pedro Sánchez a partir de abril. José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de las ordenanzas fiscales, criticó severamente este nuevo impuesto y advirtió que afectará directamente al precio de los alquileres, ya que representará un costo adicional para los propietarios. "Es un golpe fiscal", afirmó el alcalde, quien asegura que el Ayuntamiento ha ajustado otros tributos para reducir el impacto, como la reducción del IBI, que bajará hasta el 0,428% en el tramo municipal. Desde el Área de Economía y Hacienda, dirigido por Engracia Hidalgo, se ha estructurado este impuesto anual en dos partes: una fija que representa el 81% y está vinculada al valor catastral de cada vivienda, y una variable del 19%, relacionada con la cantidad de residuos generados. Esto implica que la mayor parte de la tasa estará relacionada con las características de cada vivienda o barrio, con un aumento notable en las zonas más acomodadas. "Estamos en total desacuerdo", señalaron tanto Almeida como Hidalgo, quienes calculan que el Ayuntamiento recaudará unos 256 millones de euros. La tasa comenzará a aplicarse en 2025. Apodada el "tasazo de Sánchez", este impuesto supone un desafío para los ayuntamientos, que están obligados a instaurarlo según la Ley 7/2022 del 8 de abril sobre residuos y suelos contaminados, inspirada en una directiva de la UE. La ley, en su artículo 11, sigue el principio de "quien contamina, paga" y establece que en un plazo de tres años las entidades locales deben implementar una tasa para cubrir el coste real de la gestión de residuos, incluyendo recogida, transporte y tratamiento. Almeida recordó que la directiva europea no obliga a aplicar una tasa específica y acusó al gobierno de Sánchez de "voracidad fiscal". También advirtió sobre la "ambigüedad" de la norma y las posibles complicaciones legales que podría generar, mencionando el riesgo de reclamaciones masivas, similar a lo ocurrido con la modificación del cálculo de la plusvalía. Este riesgo ya fue señalado por la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local. El alcalde también mencionó que la tasa podría impactar el precio de los alquileres, ya que inicialmente será costeada por los propietarios, quienes probablemente la trasladarán a los inquilinos. "Que no nos hablen de topar los alquileres en Madrid, de regular precios en zonas tensionadas... Esta tasa incrementará notablemente el precio de los alquileres, ya que los arrendadores la trasladarán a los arrendatarios", afirmó. El Ayuntamiento defiende que este nuevo impuesto será compensado con otras reducciones fiscales y bonificaciones, como las dirigidas a familias numerosas. La principal medida en las ordenanzas fiscales es una nueva rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que descenderá casi al mínimo permitido en el margen aplicable por los municipios. Según Almeida, el IBI bajará hasta el 0,428% -anteriormente, con Manuela Carmena, era del 0,510%-, situando a Madrid como la tercera ciudad con el tramo municipal más bajo. "Por eso baja el IBI, mantenemos todas las exenciones y bonificaciones establecidas en los últimos años y las prorrogamos para 2025. Lamentablemente, debemos aprobar el 'sanchazo'", afirmó el alcalde, señalando que los madrileños se han ahorrado 1.025 millones de euros desde 2019, cuando el PP retomó la alcaldía.

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(El País, 25-10-2024) | Fiscal

Los contribuyentes podrán presentar vía Bizum la declaración de la renta el año que viene

Los contribuyentes en España podrán utilizar Bizum para presentar su declaración de la renta durante la campaña de 2025. Esta plataforma de pagos móviles, que ya es usada por cerca del 40% de la población, será una opción para aquellos que deban realizar pagos. Así lo confirmó Soledad Fernández Doctor, directora de la Agencia Tributaria, en el XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que tuvo lugar en Córdoba, donde se reunieron más de 700 funcionarios del Ministerio de Hacienda. Fernández también anunció que se están preparando nuevas funciones que permitirán hacer pagos con tarjeta bancaria para el impuesto sobre la renta. El objetivo es que ambas modalidades estén disponibles en la campaña que comenzará en la primavera de 2025, correspondiente a los ingresos obtenidos en 2024. La Agencia Tributaria tiene como prioridad facilitar los trámites a los contribuyentes, asegurando que el ciudadano esté "en el centro" de sus actividades de información y asistencia. Hasta ahora, los pagos del IRPF solo podían hacerse mediante domiciliación bancaria, un método que a veces resultaba inflexible. Con la incorporación de Bizum y la opción de pago con tarjeta, se busca ampliar las alternativas y adaptarse a las tecnologías actuales, en línea con el objetivo de optimizar la administración tributaria. Este esfuerzo de modernización forma parte de una estrategia más amplia para mejorar el servicio. Según Fernández, entre enero y octubre de 2024, la Agencia gestionó más de 14,4 millones de consultas, de las cuales 6,6 millones fueron presenciales y 4,5 millones se resolvieron a través de sistemas de autoservicio. También se atendieron 2,9 millones de consultas por medios remotos, como chat, correo electrónico, teléfono o videoasistencia. Estas cifras reflejan el compromiso de la Agencia por ofrecer un servicio más accesible y eficiente, complementado con medidas para facilitar la corrección de errores y evitar sanciones tributarias. De hecho, las sanciones por declaraciones fuera de plazo han disminuido un 36% entre 2021 y 2023, y las multas por errores en declaraciones informativas se han reducido en un 67%. En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal y aduanero, Fernández Doctor destacó que la Agencia está enfocando sus esfuerzos en sectores económicos más grandes y complejos, con especial atención en áreas con altos niveles de incumplimiento, como el fraude relacionado con material sanitario durante la pandemia o el IVA en el sector de carburantes. También se está vigilando el uso indebido de sociedades para deducir gastos personales. Combatir estas prácticas es fundamental para proteger los ingresos públicos y garantizar la equidad en el sistema fiscal, afirmó. Respecto al acuerdo fiscal catalán firmado entre el PSC y ERC, que ha generado preocupación entre los inspectores de Hacienda, Fernández Doctor señaló que la Agencia Tributaria está pendiente de cómo avanzarán las negociaciones. Aunque no ofreció detalles, instó a la calma mientras se espera el informe del comité de expertos que evaluará el pacto. Aclaró que es importante preservar el modelo único de gestión tributaria, aunque esto no impide avanzar en cooperación y corresponsabilidad institucional. Los inspectores de Hacienda, por su parte, se han mostrado críticos ante lo que se sabe del acuerdo, ya que prevé que una Agencia Tributaria catalana recaude todos los impuestos generados en la región y luego aporte una parte al Estado y a las demás comunidades. Para ellos, esto podría fragmentar el sistema actual, afectando la eficacia y coordinación del servicio público, tal como alertó Ana de la Herrán, presidenta de la asociación.

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(El País, 25-10-2024) | Fiscal

Hacienda busca blindar el impuesto a banca y energéticas con un nuevo diseño para evitar litigios

El Ministerio de Hacienda está trabajando intensamente para hacer permanentes los impuestos actuales sobre el sector bancario y energético, una tarea que busca concretar antes de finalizar el año, aunque se enfrenta a crecientes obstáculos. Actualmente, se manejan dos frentes principales: uno de carácter político y otro técnico. En el primer caso, el reto es convencer a socios reacios a esta medida, como el PNV y Junts, influenciados por empresas como Repsol. El segundo frente busca asegurar que los nuevos tributos, si se aprueban, no puedan ser impugnados posteriormente por cuestiones formales. Algunas empresas ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales. Al Gobierno le preocupan especialmente los problemas de competencia territorial que surgirían si los nuevos tributos fueran transferidos a los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra, así como el riesgo de doble imposición, que se presenta cuando un mismo hecho imponible se grava varias veces. Para mitigar este último, fuentes cercanas afirman que Hacienda está considerando incluir una cláusula que permita reducir parcialmente el impuesto de sociedades con lo abonado en el nuevo tributo. El Gobierno es consciente de las dificultades. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que será necesario un acuerdo con los socios parlamentarios para aprobar las nuevas figuras en el Congreso. "Ojalá consigamos los apoyos", señaló, añadiendo que "si el Gobierno no tiene mayoría suficiente, no podrá asegurar la permanencia de los impuestos en el tiempo", dejando entrever la incertidumbre en torno a esta medida. Entre las certezas de Hacienda está la conversión de los actuales gravámenes, considerados como prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, en impuestos formales dentro del sistema fiscal español. Esta diferencia es importante: las prestaciones patrimoniales deben destinarse a un fin específico, mientras que los impuestos financian el gasto público en general. Además, como impuestos, los gravámenes podrían transferirse al País Vasco y Navarra, una de las demandas del PNV, a la cual el Gobierno estaría dispuesto a acceder para obtener su apoyo. Los técnicos del ministerio también buscan evitar el riesgo de doble imposición. Si el sector bancario y energético enfrentan un nuevo impuesto sobre sus ingresos, es probable que aleguen estar pagando por el mismo hecho a través del impuesto sobre sociedades, lo que podría llevar el tema a los tribunales. Hacienda está considerando permitir una deducción parcial de este nuevo impuesto en el cálculo de la cuota del impuesto de sociedades, un esquema similar al del gravamen de solidaridad de grandes fortunas y el impuesto sobre el patrimonio. Los ministerios de Hacienda y Economía también evalúan cómo ajustar el impuesto a la banca al contexto económico actual, teniendo en cuenta los ciclos de crédito y los tipos de interés, dado que el entorno económico ha cambiado desde que se introdujeron los gravámenes temporales. Al mismo tiempo, se estudia la posibilidad de aplicar una deducción en el sector energético para inversiones en industria y descarbonización. A pesar de la incertidumbre, las patronales financieras AEB y CECA emitieron un comunicado expresando su "rechazo enérgico" a esta medida, señalando que su impacto podría ser perjudicial tanto para el sector como para la economía española. En un comunicado similar, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos advirtió que la permanencia de este tributo podría tener consecuencias de miles de millones en inversiones y capacidad de financiación, con un impacto total estimado en 66.000 millones de euros. "Si esta medida sigue adelante, España sería la única jurisdicción en Europa con un impuesto permanente de estas características, lo que supone una desventaja competitiva para las entidades españolas", señalaron la AEB y la CECA. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la de Bankinter, María Dolores Dancausa, también criticaron la medida, argumentando que va en contra del crecimiento económico. El sector bancario advierte que un impuesto permanente sobre sus ingresos "supone un obstáculo" para completar la Unión Bancaria y contradice las recomendaciones de organismos como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que aconsejan que estos recursos se mantengan dentro de las entidades para fortalecer su capital y apoyar el crédito a empresas y familias. Asimismo, el sector estima que el gravamen podría reducir su capacidad de financiación en unos 50.000 millones de euros en España. El Instituto Español de Analistas también advirtió que la permanencia del impuesto podría afectar la valoración de los tres principales bancos españoles en un 14%. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), por su parte, considera que un tributo indefinido "pondría en riesgo la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética". Solicita un "marco fiscal adecuado y estable" que permita realizar las inversiones necesarias para la descarbonización, estimadas en más de 16.000 millones de euros hasta 2030, inversiones que podrían verse afectadas negativamente por la medida.

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(El Periódico, 25-10-2024) | Fiscal

Montero asume que sin apoyos no habrá impuesto a banca y energéticas

El Gobierno reconoció ayer su debilidad parlamentaria y admitió por primera vez que la continuidad de los impuestos temporales sobre la banca y las empresas energéticas, incluidos en el pacto de coalición y en los compromisos con Bruselas para mejorar las finanzas públicas, no está garantizada. "Ojalá contemos con una mayoría suficiente para darles continuidad; pero, evidentemente, si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría, no podrá llevar a cabo su intención de que los impuestos a las energéticas y a la banca sean permanentes", declaró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante los medios. En los últimos días, Montero ha intensificado las negociaciones con diversos grupos parlamentarios, especialmente el PNV y Junts, para intentar acordar una reforma fiscal integral que se incluiría a través de enmiendas al proyecto de ley que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales, cuyo plazo concluye el próximo miércoles. Sin embargo, la oposición del sector energético ha influido en el PNV, que ya venía solicitando incentivos para las inversiones en electrificación y ahora aspira a gestionar el impuesto en su propio territorio. Además, la decisión de Repsol de desviar inversiones hacia Portugal y la amenaza de trasladar sus proyectos fuera de España si el tributo persiste ha generado rechazo en Junts, que teme que esta medida afecte a la zona de Tarragona. El miércoles, el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, reafirmó el compromiso del Gobierno de hacer permanentes estos dos impuestos a pesar de la pérdida de apoyos parlamentarios, recordando que esta medida forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar y del Plan Fiscal Estructural recién presentado ante la Comisión Europea. Ayer, sin embargo, Montero admitió que sin apoyo parlamentario será imposible impulsar esta medida, ya que aunque se apruebe mediante Real Decreto-ley, necesitaría luego la ratificación del Parlamento. "El Gobierno es muy consciente de que debe acordar este tipo de reforma con el conjunto de los grupos políticos, y estamos dialogando para intentar convencerlos de los beneficios de pedir un esfuerzo adicional a quienes han obtenido mayores beneficios, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de mejores políticas en vivienda, sanidad, dependencia y otros ámbitos que promueven la igualdad de oportunidades", señaló. Además, el Gobierno tiene el doble compromiso con la UE de aprobar una reforma fiscal que acerque la recaudación de España a la media europea, a fin de acceder a los 7.200 millones de euros del quinto pago de ayudas Next Generation, y de aumentar la recaudación en 4.500 millones a partir de 2025. Considerando que estos impuestos representan 2.800 millones de esa suma, perder esta herramienta complicaría la estrategia fiscal del Ejecutivo, que está negociando tanto con la UE como con los grupos parlamentarios. "Estamos haciendo todo lo posible: hablamos con Bruselas sobre los plazos de cumplimiento y con los grupos políticos para lograr consenso", explicó Montero, añadiendo que "estos debates requieren tiempo y un diálogo profundo". No obstante, el tiempo es limitado, y el Gobierno todavía tiene por delante la negociación sobre la senda de déficit y unos Presupuestos que le permitan consolidar la legislatura. Montero expresó su esperanza de que la situación se aclare tras los congresos políticos que Junts y ERC celebrarán en las próximas semanas.

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(El Economista, 25-10-2024) | Fiscal

Hacienda permite a los autónomos con empresa deducirse la nómina en el Impuesto de Sociedades

La Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Agencia Tributaria, ha aclarado que los autónomos que además son administradores de una empresa pueden deducir en el Impuesto de Sociedades el salario que perciben por su trabajo en la misma. Durante el mes de agosto, Tributos resolvió seis consultas de autónomos que querían saber si podían deducirse su salario en el impuesto, cuando también ejercen como administradores en la empresa, aunque no reciban remuneración específica por esa labor. El organismo aclara que cuando los autónomos son socios y administradores de una empresa, pero solo perciben una nómina por el trabajo que desarrollan en la misma (sea en transporte, hostelería, mecánica u otro sector) y no por su papel como administradores, ese salario es deducible en el impuesto, sin limitación. Tributos recuerda que el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sociedades especifica que entre los gastos no deducibles se encuentran los considerados como liberalidades, incluyendo "las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección". Así, siempre que el salario de los autónomos esté basado en su actividad como trabajadores y se valore a precio de mercado (como si trabajaran para una empresa ajena), el gasto será deducible fiscalmente en el Impuesto sobre Sociedades. Además, el Tribunal Supremo ha dictado en varias sentencias recientes que la remuneración del cargo de administrador, si responde a servicios necesarios para la generación de ingresos, no se considera liberalidad y puede deducirse en el Impuesto sobre Sociedades, incluso cuando los estatutos de la empresa no establezcan expresamente que el cargo sea remunerado. En consecuencia, dichas retribuciones no se consideran liberalidades no deducibles, ya que la relación entre el administrador y la empresa es de naturaleza mercantil. Además, los administradores tributan estos ingresos como rendimientos del trabajo en el IRPF, lo cual respalda que la empresa pueda deducir este gasto en Sociedades.

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(Expansión, 24-10-2024) | Fiscal

Hacienda trabaja a contrarreloj para diseñar una reforma fiscal que contente a la vez a Bruselas y a sus socios parlamentarios

Por el momento, el Gobierno ha conseguido ganar una semana más para intentar cuadrar su propuesta, después de que el Congreso de los Diputados extendiera hasta el 30 de octubre el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que implementa el tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades. Fuentes oficiales confirman que el plan principal del Ejecutivo es incluir como enmiendas a esta ley la conversión en permanentes de los impuestos a la banca y a las energéticas, así como una serie de medidas fiscales que acerquen la recaudación española a la media europea. Sin embargo, los detalles aún se están negociando con el PNV y Junts, lo que deja en el aire esta reforma tributaria. El Ministerio de Hacienda tiene un doble compromiso con Europa para llevar a cabo una reforma fiscal. Primero, el Plan de Recuperación establece como hito clave la aprobación de una reforma tributaria que eleve la recaudación a niveles europeos para desbloquear el quinto desembolso de los fondos Next Generation, por un valor de 7.200 millones de euros. Segundo, el pasado 15 de octubre, el Gobierno presentó a la Comisión Europea un plan para aumentar los ingresos públicos de forma estructural en unos 4.500 millones de euros (0,3% del PIB) a partir de 2025, como parte de un Plan Fiscal Estructural destinado a equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit y la deuda. El secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el paquete de medidas incluirá la conversión en permanentes de los impuestos a la banca y a las energéticas. Estos impuestos, que originalmente fueron introducidos como extraordinarios y temporales para los años 2022 y 2023, bajo la fórmula de "prestación patrimonial pública no tributaria", se prorrogó por un año más, pero caducarán el 31 de diciembre. El impuesto a la banca, que grava con un 4,8% el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a 800 millones en 2019, generó 1.695 millones de euros. El impuesto a las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero, que afecta a aquellas con facturaciones superiores a 1.000 millones en 2019, aplicando un tipo del 1,2% sobre su facturación, recaudó 1.164 millones. Desde su creación, el PNV ha insistido en modificar el impuesto a las energéticas para promover la electrificación, y el Gobierno se comprometió a incluir esta medida en la conversión a permanentes. No obstante, la redacción final de la ley se ha complicado por la presión de las grandes empresas energéticas, especialmente tras la decisión de Repsol de trasladar inversiones a Portugal como protesta por el impuesto, además de advertir que podría considerar otras deslocalizaciones. Este movimiento ha generado preocupación en Junts, que teme que inversiones en Cataluña estén en peligro, lo que ha llevado al partido a oponerse temporalmente a la permanencia del tributo. Por su parte, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, advirtió que "no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro". Al mismo tiempo, los bancos están presionando para suavizar el impuesto financiero, y hasta el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha sugerido que se busque su neutralidad, permitiendo deducir las provisiones. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo un llamamiento ayer a todos los grupos parlamentarios para participar en la triple negociación que afronta el Ejecutivo: la reforma fiscal, la senda de déficit y los Presupuestos. Junts le recordó ayer en el Congreso que "sin nuestros siete votos no hay Presupuestos", mientras el Gobierno intensifica el diálogo, abriendo la puerta a nuevas concesiones, como suavizar los nuevos impuestos para que se graven los beneficios en lugar de la facturación, por ejemplo. A la espera de ver si las modificaciones que se pacten reducen su capacidad de recaudación, los impuestos a la banca y a las energéticas han generado este año 2.859 millones de euros. Para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, Hacienda necesita aprobar medidas que incrementen la recaudación en al menos 1.650 millones más. Entre las opciones que se barajan está retomar la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, algo que España debe abordar como parte de sus compromisos con la UE en materia de fiscalidad verde. Además, los socios de la coalición de Gobierno coinciden en impulsar una armonización autonómica del Impuesto de Sucesiones (siguiendo el modelo del Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas), aunque difieren en cuanto a los plazos: Sumar propone implementarla de inmediato, mientras que el sector socialista prefiere enmarcarla dentro de una reforma integral del sistema de financiación autonómica. En cualquier caso, el plan del Gobierno es incluir parte de estas nuevas medidas junto a los impuestos a la banca y energéticas en el proyecto de ley que implementa la directiva europea sobre el tipo mínimo global del 15% para las grandes empresas, una normativa que España debería haber adoptado antes de finales de 2023. Bruselas, de hecho, ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su retraso, y el país se enfrenta a una posible multa comunitaria. El objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo con el PNV y Junts antes del miércoles para incluir el grueso de su reforma fiscal como enmienda en este proyecto de ley, como ya se hizo en su momento con el impuesto a las grandes fortunas al incorporarlo como enmienda a los tributos a la banca y energéticas. Si no logra el respaldo necesario, se asume que el Parlamento podría rechazar las enmiendas, lo que mantendría vivo el proyecto exigido por la UE, dejando al Ejecutivo con un plan B: continuar negociando un poco más antes de aprobar la reforma fiscal a través de un Real Decreto-ley, confiando en lograr el apoyo necesario antes de su convalidación para impulsar la reforma, la senda fiscal y los Presupuestos.

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(Expansión, 24-10-2024) | Fiscal

El TEAC aclara cuándo Hacienda puede exigir deudas

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha bloqueado la posibilidad de que Hacienda cobre deudas vencidas y no pagadas dentro del plazo voluntario, siempre que Hacienda no haya respondido previamente a un recurso de reposición presentado por el contribuyente en relación con ese expediente. En particular, el TEAC establece que "la Administración no puede emitir la providencia de apremio mientras no cumpla con su obligación de resolver de manera expresa, en tiempo y forma, el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación que se pretende cobrar, y esa obligación no se cumple únicamente con la emisión de la resolución administrativa, sino que también requiere su notificación al interesado". Asimismo, el TEAC ha aprovechado este fallo para aclarar cuándo se considera que la Administración ha respondido al contribuyente, resolviendo así muchas dudas sobre este tipo de situaciones. En la resolución, emitida el 15 de octubre, se señala que, en los casos donde es aplicable el artículo 104.2 de la Ley General Tributaria (LGT), la Administración cumple con su deber con el intento de notificación o la puesta a disposición electrónica de la resolución del recurso de reposición, de acuerdo con los términos establecidos en dicho artículo, independientemente de que la notificación de ambos actos administrativos -la resolución del recurso y la providencia de apremio- pueda ocurrir de manera simultánea.

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(El País, 24-10-2024) | Fiscal

El Gobierno retrasa la reforma de los impuestos a banca y energéticas ante la presión de sus socios y empresas

El Ministerio de Hacienda ha decidido retrasar la reforma que convertiría en permanentes los gravámenes extraordinarios sobre los sectores bancario y energético. Es necesario aprobar esta medida antes del 31 de diciembre para que estos grandes grupos tributen por los beneficios obtenidos durante este año. Inicialmente, el Gobierno consideraba incluir esta reforma en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima para las multinacionales. Sin embargo, el plazo para introducir modificaciones a esta normativa se ha extendido nuevamente hasta el 30 de octubre, lo que otorga al Ejecutivo unos días más para intentar concluir una negociación que se ha complicado. Si no se consigue avanzar por esta vía, Hacienda aprobaría la medida a través de un real decreto ley, que posteriormente tendría que ser ratificado en el Congreso, según fuentes del departamento que lidera María Jesús Montero. No obstante, esta opción sería inconstitucional a menos que solo se trate de una prórroga del gravamen, y aun así, se enfrentaría a la complicada aritmética parlamentaria. Para aprobar los impuestos se necesitan los apoyos del PNV y Junts, mientras que empresas como Repsol ejercen presión para bloquearlos. La banca, por su parte, busca suavizarlos, proponiendo que se basen en los beneficios y no en los ingresos por intereses y comisiones. Estos gravámenes deben integrarse en el sistema tributario español para que Hacienda pueda recaudar sobre los ingresos de 2024 en 2025, y así sucesivamente. Este fue el acuerdo alcanzado en diciembre pasado entre el PSOE y Sumar, cuando se aprobó el decreto anticrisis, y el compromiso que el Gobierno también asumió recientemente con Bruselas en su plan fiscal. No obstante, el desafío de su tramitación es enorme. Dentro del Ejecutivo, las posiciones entre el PSOE y Sumar son cada vez más divergentes: mientras los primeros buscan un enfoque más flexible, los segundos abogan por mantener e incluso endurecer la medida. Entre los habituales aliados del Gobierno, Bildu, ERC y BNG respaldan la postura de Sumar, pero la situación es más complicada con el PNV y Junts, cuyos votos son cruciales. En una tribuna publicada el martes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, criticó duramente la posibilidad de hacer permanentes los gravámenes, calificándolo de "demagogia fiscal", y advirtió que la inversión en el sector energético en España "se reducirá al mínimo", desviando miles de millones de euros a otros países. Imaz explicó que Repsol tiene previstas inversiones de 10.000 millones de euros en refinerías, generando más de 200.000 empleos, y advirtió que un gravamen discriminatorio pondría en peligro estas inversiones. Estas declaraciones también han causado revuelo en Cataluña, donde Repsol planea invertir más de 1.000 millones de euros en el polo químico de Tarragona. Fuentes de Junts han indicado que aún no han decidido su voto y que la posición del partido probablemente se hará pública cuando se acerque la votación. El futuro de estos gravámenes depende en gran medida de Junts. En cuanto al impuesto a la banca, fuentes del sector financiero opinan que la actual situación -con los tipos de interés a la baja y los márgenes de interés más moderados- ha dejado obsoletos los argumentos que justificaron la introducción de esta tasa. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya señaló que el nuevo gravamen tendría en cuenta los ciclos de crédito y las variaciones en los tipos de interés. El sector bancario ha propuesto que el impuesto grave únicamente los beneficios y no los ingresos por intereses y comisiones, y también han solicitado medidas especiales para evitar que la tasa limite el acceso al crédito para las pymes. Asimismo, han sugerido un esquema similar al del Fondo de Garantía de Depósitos, que se ajuste según el ciclo económico, propuesta que el ministerio ha rechazado. Mientras tanto, Hacienda ha revisado los pagos de esta tasa y considera que los bancos han pagado menos de lo que les correspondía. La Agencia Tributaria está analizando aspectos como el negocio en el extranjero, las comisiones por ventas de seguros, las deducciones por los bonos "cocos" y los activos fiscales diferidos, lo que podría desencadenar una nueva batalla legal con el sector bancario. Estos gravámenes extraordinarios se crearon para estar vigentes en 2023 y 2024, gravando los ingresos de 2022 y 2023, bajo la figura de prestación patrimonial no tributaria. Esto permitió al Gobierno evitar problemas como la doble imposición, recaudando más de 5.700 millones de euros en los dos primeros años. Ahora, en el rediseño en curso, el Gobierno debe decidir si mantiene este enfoque, como exige Sumar, o si opta por una versión más suave, como proponen Hacienda y el PNV.

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(El Economista, 24-10-2024) | Fiscal

El retraso del fallo del Constitucional sobre el Impuesto de Patrimonio deja en vilo devoluciones por 4.500 millones

El retraso del Tribunal Constitucional (TC) en pronunciarse sobre la legalidad del Impuesto de Patrimonio, tras haber admitido el recurso hace más de tres años y medio, ha dejado en suspenso posibles devoluciones a los contribuyentes por un monto superior a los 4.500 millones de euros, correspondientes a lo recaudado en 2021, 2022 y 2023, luego de que las liquidaciones fueran impugnadas durante esos tres años. Además, los contribuyentes se ven obligados a pagar también el Impuesto de Patrimonio de 2024, cuya liquidación se hará en la primavera de 2025, coincidiendo con la campaña de la Renta. Esto aumentaría el total de posibles devoluciones por parte de la Agencia Tributaria a alrededor de 6.500 millones de euros, si finalmente el Tribunal lo declara inconstitucional. El Impuesto de Patrimonio afecta a las fortunas superiores a los dos millones de euros. La controversia surgió con la Ley de Presupuestos de 2021, donde el Gobierno hizo permanente este tributo, que originalmente era temporal desde su reactivación en 2010, y elevó el tipo máximo para los patrimonios mayores a 10,6 millones, del 2,5% al 3,5%. El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por estas modificaciones, el cual fue admitido en abril de 2021. Aunque diversas fuentes señalaron que el TC resolvería el asunto primero en el verano de 2023 y luego antes de finalizar el año, la incertidumbre persiste, y los contribuyentes se ven obligados a impugnar las liquidaciones anualmente para asegurar una posible devolución en caso de que el impuesto sea declarado inconstitucional. Cabe recordar que, en el caso del impuesto de la plusvalía municipal, el Constitucional limitó las devoluciones solo a aquellos que habían impugnado su liquidación y cuyo procedimiento administrativo o judicial seguía en curso. Ignacio Arraez, socio de Fiscal en MAIO Legal, explica que existen varias razones para impugnar el Impuesto de Patrimonio. La primera, según indica, está relacionada con la manera en que el impuesto fue introducido de forma indefinida. "El deber de tributar de forma indefinida por este impuesto debería aprobarse mediante una ley ordinaria, no a través de una ley de presupuestos. Este es el único procedimiento que garantiza los trámites de audiencia y solicitud de informes propios de una modificación importante en un impuesto; de lo contrario, se vulnera el principio de seguridad jurídica y se afecta la confianza de los ciudadanos en la estabilidad del marco normativo", afirma. Además, recuerda que el impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, cuyas competencias normativas deben modificarse mediante una ley orgánica. "El restablecimiento permanente del Impuesto de Patrimonio, junto con la creación del Impuesto sobre Grandes Fortunas, deja sin efecto las decisiones de las CCAA, lo que implica una armonización de la fiscalidad autonómica sin modificar el marco constitucional de la financiación autonómica", advierte Arraez. Finalmente, Arraez señala que un tercer motivo de impugnación es que el Constitucional ya estableció, al resolver sobre el impuesto de la plusvalía municipal, que los tributos deben gravar manifestaciones reales de riqueza y no imponer cargas que agoten el patrimonio del contribuyente. "El Impuesto de Patrimonio no solo grava fortunas ya sometidas a otros impuestos como el IRPF o el de Sucesiones y Donaciones, sino que también se aplica a patrimonios sin rentabilidad", añade. Concluye que este impuesto se ha introducido "vulnerando el procedimiento legal, permitiendo que se grave de manera periódica un patrimonio ya sometido a otros impuestos, y atendiendo a un crecimiento irreal y desproporcionado respecto a lo que un inversor medio podría obtener, lo que lleva a una disminución del patrimonio año tras año para poder pagar el impuesto".

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(El Confidencial, 24-10-2024) | Fiscal

Hacienda comunica a Eurostat una desviación de 5.500M del déficit de CCAA y ayuntamientos

La liquidación extraordinaria de los sistemas de financiación de 2022 ha generado una importante inyección de recursos, pero las cuentas de las entidades locales y comunidades autónomas no han evolucionado como el Ministerio de Hacienda esperaba. Ambas administraciones acumulan una desviación presupuestaria de 5.500 millones de euros en el ejercicio actual, según lo informado por Hacienda a Eurostat en la notificación de déficit que los países de la UE deben realizar cada otoño. En primavera, el Gobierno estimaba que estas administraciones generarían un superávit de 4.400 millones de euros a lo largo del año, pero ahora proyecta un déficit conjunto de 1.100 millones. Las comunidades autónomas son las principales responsables de esta diferencia: mientras que se esperaba que cerraran el año con un superávit de casi 800 millones, el ritmo del gasto ha llevado a prever un déficit de 3.500 millones. En el caso de los ayuntamientos, la previsión de superávit ha sido ajustada de 3.600 a 2.400 millones. Este desajuste de 5.500 millones de euros respecto a las previsiones de primavera es inusual en ausencia de crisis o cambios imprevistos en la financiación, ya que el Estado ha cumplido con el pago de las entregas a cuenta a las CCAA. Sin embargo, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas están utilizando sus ingresos récord para incrementar significativamente el gasto, lo que ha desbordado las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda. Ni la activación de las reglas fiscales ni el riesgo de que España no cumpla el objetivo de déficit del 3% han sido suficientes para frenar a alcaldes y presidentes autonómicos en su gestión del gasto. A pesar de todo, Hacienda sigue confiando en alcanzar el objetivo del 3%, que es necesario para evitar que la Comisión Europea incluya a España en el procedimiento de déficit excesivo. Aunque la previsión ha empeorado ligeramente, pasando del 2,95% del PIB en abril al 3,02% actual, esta variación es mínima. El Estado, por su parte, ha hecho un esfuerzo para compensar el déficit de las administraciones territoriales. Mientras que se preveía que la Administración Central cerraría el año con un déficit de 47.000 millones de euros, esta cifra se ha reducido a 42.800 millones, mejorando el saldo en 4.200 millones y compensando en parte la desviación de las administraciones locales y autonómicas. Además, la revisión al alza del PIB realizada recientemente por el INE ha permitido moderar la ratio de déficit, ya que el PIB actual es 43.600 millones superior a lo estimado anteriormente. Sin esta actualización, el déficit de España rondaría el 3,1%, lo que podría desencadenar el procedimiento de déficit excesivo. Este inusual cambio refleja el elevado ritmo de gasto en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hasta agosto, las CCAA han aumentado su gasto en un 5,5%, a pesar de haber reducido su inversión en casi un 12%. El gasto corriente ha crecido significativamente, con un aumento del 6,7% en el capítulo de personal y un incremento del 16% en bienes y servicios. Además, los intereses de la deuda han subido un 20%.

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