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(El País, 18-12-2024) | Fiscal

La Autoridad Fiscal dice que el Gobierno “se aparta” de su recomendación de facilitarle más información

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que el Gobierno no le ha proporcionado información suficiente o lo ha hecho de manera incompleta para cumplir con su labor de supervisar las cuentas públicas. En un comunicado emitido este martes, la AIReF destacó que el Ejecutivo "se apartó de la recomendación de facilitar más información [...] durante el proceso de aval" del plan de ajuste enviado a Bruselas. Este organismo, liderado por Cristina Herrero, basa su labor en el principio de "cumplir o explicar", lo que implica que las Administraciones deben acatar sus recomendaciones o justificar por qué no lo hacen. Durante el tercer trimestre de este año, la AIReF emitió nueve nuevas recomendaciones al Gobierno, sumando un total de 43 al considerar las dirigidas a diferentes entidades. Más de 30 estuvieron destinadas al Ministerio de Hacienda, mientras que el resto se repartieron entre el Ministerio de Economía, el INE y diversos ayuntamientos. Estas recomendaciones buscaban reforzar el cumplimiento de la regla de gasto -un compromiso con la UE para garantizar la estabilidad fiscal-, mejorar la transparencia y ajustar los calendarios de publicación al ciclo presupuestario. Según la AIReF, el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, solo aceptó parcialmente la recomendación relacionada con la regla de gasto. El INE accedió a adelantar algunas publicaciones, pero la mayoría de las sugerencias dirigidas tanto a Hacienda como al Ministerio de Economía fueron rechazadas. El organismo recomendó a ambos ministerios proporcionar más detalles sobre las medidas presupuestarias y fiscales que acompañan al escenario macroeconómico del plan de ajuste a medio plazo, un requisito de las nuevas reglas fiscales europeas. Este plan, presentado en Bruselas en octubre, no desglosaba las acciones específicas para controlar el crecimiento del gasto público. El Gobierno había asegurado que estas medidas se detallarían en el Plan Presupuestario, pero este documento y el proyecto de Presupuestos de 2025 aún no se han presentado. Ante esta falta de información, la AIReF propuso un proceso de aval en dos etapas: primero, abordar el cuadro macroeconómico sin medidas fiscales y, después, incluir las acciones concretas. No obstante, los ministerios respondieron que un procedimiento de este tipo no es compatible con la normativa actual y se comprometieron a trabajar con los datos disponibles. La AIReF insistió en que contar con información completa sobre las medidas es clave para garantizar la coherencia del escenario fiscal. En relación con los calendarios de publicación, la AIReF pidió al INE adelantar las estimaciones económicas de las comunidades autónomas para que estas pudieran planificar mejor sus presupuestos. El INE solo pudo adelantar los datos a octubre, lo que la AIReF considera insuficiente. Tampoco accedió a anticipar las cifras de contabilidad nacional, argumentando que el actual calendario asegura la consistencia de los resultados. Sin embargo, ofreció al Ministerio de Economía una estimación preliminar para el 1 de septiembre de cada año, bajo embargo. La AIReF también recomendó activar medidas preventivas para comunidades autónomas y 13 ayuntamientos con riesgo de incumplir la regla de gasto, además de proponer comparecencias en el Congreso para explicar posibles desviaciones. Hacienda respondió que ya realiza un seguimiento continuo y destacó los beneficios de las entregas a cuenta del sistema de financiación. A pesar de esto, la AIReF considera que el riesgo de incumplimiento sigue presente en varias comunidades y municipios. Finalmente, la AIReF sugirió que Hacienda publicara una guía para calcular el gasto neto conforme al nuevo marco europeo. El ministerio argumentó que es pronto para elaborar manuales, ya que el nuevo marco permite utilizar indicadores diversos. Sin embargo, la AIReF insistió en que ya se conocen los elementos fundamentales y que disponer de una guía es esencial para el primer año de aplicación.

(El Periódico, 18-12-2024) | Fiscal

La factura electrónica no será obligatoria para los autónomos "hasta 2027", según Upta

La facturación electrónica no será obligatoria para los trabajadores autónomos hasta, al menos, el año 2027, según ha afirmado este martes Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). La organización, presidida por Eduardo Abad, ha criticado a la Agencia Tributaria por generar confusión e incertidumbre entre los autónomos al no aclarar que la plena aplicación de la Ley Crea y Crece aún se encuentra a varios años vista. Upta ha explicado que la obligación de implementar la facturación electrónica se aplicará de manera progresiva. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar un reglamento que regule el proceso. Una vez aprobado, las primeras en adaptarse serán las empresas con una facturación anual igual o superior a ocho millones de euros, que dispondrán de un año para cumplir con la normativa. Posteriormente, los trabajadores autónomos tendrán un plazo de dos años para adaptarse, contado a partir de la entrada en vigor del reglamento. Cabe destacar que dicho reglamento aún no ha sido aprobado. El presidente de Upta, Eduardo Abad, ha subrayado la importancia de transmitir los cambios tributarios con la máxima transparencia y claridad. Según Abad, cualquier falta de información o interpretación errónea puede causar perjuicios económicos y burocráticos a los autónomos, que en su mayoría son pequeños empresarios. Por ello, ha instado a las administraciones a comunicar las modificaciones con mayor precisión. La introducción de la facturación electrónica tendrá un impacto significativo entre los autónomos, ya que, en su mayoría, siguen utilizando facturas en papel. Según un estudio realizado por TeamSystem, empresa especializada en software de facturación, el 69% de los autónomos y el 45% de las micropymes aún trabajan con facturas manuales, lo que refleja el retraso en la digitalización de este colectivo. Upta ha insistido en que es fundamental dar a los autónomos tiempo suficiente para adaptarse a esta nueva obligación y facilitar recursos que les permitan cumplir con la normativa sin que esto suponga una carga excesiva. La organización también ha señalado que es necesario un acompañamiento claro por parte de la Administración para evitar posibles problemas derivados de la implementación de la facturación electrónica.

(Expansión, 17-12-2024) | Fiscal

Hacienda se da una semana para pactar el impuesto a las energéticas

El Gobierno enfrenta una semana decisiva para definir el nuevo marco tributario en España. Mientras el contenido final de la reforma fiscal se resolverá entre el miércoles en el Senado y el jueves en el Congreso de los Diputados (ver detalles en la información adjunta), el Ejecutivo avanza en la propuesta de incrementar la fiscalidad sobre el diésel y mantiene su intención de impulsar el impuesto a las energéticas. En este sentido, Hacienda se ha fijado un plazo de una semana para buscar un consenso, intentando sumar el apoyo de PNV y Junts. Si no lo consigue, el Gobierno ha prometido al ala izquierda del Parlamento aprobar la prórroga del impuesto energético mediante un decreto en el último Consejo de Ministros del año, programado para el lunes 23 de diciembre, a pesar de ser consciente de que probablemente no será convalidado. Por ahora, las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre el impuesto energético parecen escasas, aunque el Ejecutivo no pierde la esperanza. Así lo expresó ayer desde Bruselas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien señaló que el debate sobre la continuidad del gravamen sigue abierto. Según Aagesen, "la prioridad es asegurar un presupuesto que fortalezca la estructura económica del país", y destacó que se están buscando "las mejores soluciones", aunque el respaldo de Unidas Podemos a los Presupuestos sigue condicionado a la aprobación del tributo energético. La primera tentativa de Hacienda para consensuar una propuesta tuvo lugar el miércoles pasado, pero la ausencia de Junts y PNV en la reunión convocada con los socios parlamentarios evidenció las dificultades para lograr un pacto. Ambos partidos han condicionado su apoyo a la eliminación del impuesto que afecta a los sectores petrolero, eléctrico y gasista. Sin embargo, frente a la presión de ERC, Bildu y BNG, que amenazaron con bloquear el paquete fiscal, el Gobierno optó por comprometerse a prorrogar el gravamen. Paralelamente, se acordó con Junts incluir incentivos para las inversiones en electrificación. En vísperas de la votación en el Congreso, Unidas Podemos consiguió que el Gobierno aceptara crear una comisión con los socios parlamentarios para rediseñar el impuesto antes de fin de año o, en su defecto, aprobar una prórroga temporal mediante un Real Decreto-ley. No obstante, la primera reunión de esta comisión, celebrada la semana pasada, no logró avances significativos. Ahora, el Ejecutivo intenta que PNV y Junts asistan a una nueva reunión programada para mañana con el objetivo de explorar un posible consenso. Entre las propuestas para atraer su apoyo destacan la inclusión de bonificaciones para proyectos de electrificación y descarbonización, con el fin de reducir costes para las empresas y mitigar el riesgo de deslocalización, así como la posible cesión del gravamen a los territorios forales, permitiéndoles adaptarlo a sus necesidades. El plazo para alcanzar un acuerdo concluye el próximo lunes, cuando está previsto el último Consejo de Ministros del año, según fuentes oficiales. El compromiso con Unidas Podemos establece que, de no lograrse un consenso, el gravamen será prorrogado por decreto. Sin el respaldo de PNV y Junts, esta decisión tendría un impacto limitado, ya que el Congreso podría rechazar su convalidación el mes siguiente, invalidando el impuesto. Paralelamente, el Gobierno planea compensar la posible pérdida de ingresos igualando la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, sin afectar al transporte profesional, con el objetivo de recaudar 1.500 millones de euros adicionales al año, según lo comprometido con Bruselas. Aunque esta medida se tramitaría en un decreto separado, Unidas Podemos ha advertido que retirará su apoyo si el Ejecutivo no cumple sus exigencias, lo que podría poner en riesgo la aprobación de los Presupuestos si el impuesto energético decae.

(Expansión, 17-12-2024) | Fiscal

La fiscalidad supone entre el 30% y el 50% de la factura energética en España

En estos momentos, la situación es tan incierta en relación con el futuro de algunos tributos que incluso los políticos, en sus declaraciones públicas, llegan a generar confusión mezclando unos impuestos con otros. Un ejemplo de esto es la identificación errónea de Repsol como la empresa más perjudicada por la tasa a la generación eléctrica, cuando en realidad dicho gravamen afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy. Estas confusiones podrían considerarse simples anécdotas políticas, pero adquieren mayor relevancia debido a que hay miles de millones de euros en juego. Esta incertidumbre crea un impacto significativo en las empresas, poniendo en riesgo la continuidad de sus inversiones en España. La fiscalidad, que incluye impuestos indirectos como el IVA y otros gravámenes menos visibles, representa entre el 30 % y el 50 % del costo de la energía en España. En conjunto, con precios de la energía moderados, hay más de 40.000 millones de euros en disputa. El sector de los hidrocarburos, por sí solo, genera una recaudación anual superior a 23.000 millones de euros (13.000 millones provienen del impuesto sobre hidrocarburos y cerca de 10.000 millones del IVA). En el ámbito eléctrico, el IVA aporta entre 5.000 y 10.000 millones dependiendo de la volatilidad del precio de la luz. A esto se suman aproximadamente 8.000 millones provenientes de medio centenar de tasas adicionales, como el impuesto a la producción eléctrica (unos 1.400 millones), el impuesto especial de electricidad (1.200 millones) o la tasa nuclear (más de 300 millones anuales). En el caso del gas natural, la fiscalidad ronda los 5.000 millones, a los que se añaden otros tributos sobre fuentes energéticas menores, como el butano o el gasóleo de calefacción. En el trasfondo del debate político subyace la necesidad de rediseñar completamente la fiscalidad energética en España tras dos años marcados por medidas excepcionales. Estas incluyen la reducción del IVA de luz y gas, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica debido a la crisis, y la creación del gravamen adicional a las energéticas, conocido como "impuestazo", que ha recaudado más de 3.000 millones de euros en dos años. La posible continuidad del impuestazo ha llevado, por primera vez, a una unión entre todas las compañías energéticas. Grandes proyectos de empresas como Repsol o Moeve (antigua Cepsa) están en pausa hasta que se decida si este gravamen continuará. Estos proyectos, centrados en nuevas energías sostenibles como el hidrógeno y los biocombustibles, tienen el potencial de posicionar a España como líder energético en Europa. Sin embargo, la situación también se ha complicado para las eléctricas debido a la tasa a la generación de electricidad. Esta semana será decisiva. El Gobierno ha convocado a sus socios parlamentarios a una reunión mañana con el objetivo de buscar consenso. El tema principal será el impuestazo, aunque también se abordará la posible subida del impuesto al diésel y la tasa a la generación eléctrica. Tanto los grupos energéticos como la Bolsa siguen atentos, ya que las acciones de estas compañías han experimentado caídas en las últimas semanas.

(Expansión, 17-12-2024) | Fiscal

El tributo a la banca, en vilo hasta el jueves

El destino de los gravámenes temporales extraordinarios aplicados a la banca y a las energéticas se definirá esta semana, aunque con distintos niveles de incertidumbre. Estas figuras, que generaron una recaudación conjunta de 2.860 millones de euros en el último ejercicio, fueron creadas como "prestación pública patrimonial no contributiva" para los años 2022 y 2023, prorrogándose para 2024, pero expiran el 31 de diciembre. Inicialmente, el Gobierno buscaba aprovechar la reforma fiscal para convertirlos en impuestos permanentes, pero su posición de minoría parlamentaria le ha obligado a moderar sus aspiraciones. El gravamen a las empresas energéticas se ha desligado de la reforma fiscal, y Hacienda trabaja contrarreloj para intentar asegurar su continuidad antes del próximo lunes (ver detalles en información adjunta). Por otro lado, el tributo a la banca sigue en proceso de votación parlamentaria hasta el jueves. En el marco de la reforma fiscal, el Gobierno ha planteado reemplazar el actual gravamen por un nuevo impuesto progresivo que se aplicará durante los años 2024, 2025 y 2026. Este impuesto gravará el margen de intereses y las comisiones de las entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, de forma escalonada: un 1% para los primeros 750 millones; un 3,5% hasta los 1.500 millones; un 4,8% hasta los 3.000 millones; un 6% hasta los 5.000 millones, y un 7% a partir de esa cifra. Sin embargo, en su paso por el Senado, el PP ha utilizado su mayoría para introducir enmiendas que incluyen la bonificación de hasta el 100% del nuevo tributo para las entidades que reduzcan los intereses de las hipotecas o financien la construcción de viviendas con precio regulado. Estas enmiendas, junto con otras propuestas del PP, como una rebaja del IRPF para jóvenes, deducciones fiscales para los afectados por la DANA y una aceleración en las reducciones tributarias para las pymes previstas en el proyecto, serán sometidas a votación en el Senado mañana. Una vez aprobadas, el paquete será devuelto al Congreso de los Diputados para su votación final el jueves. En esta instancia, el PP buscará el apoyo de PNV y Junts para que algunas de sus modificaciones permanezcan en la versión final de la norma. Por su parte, desde el ala socialista del Gobierno confían en que PNV y Junts respeten el acuerdo previo alcanzado en torno a la reforma fiscal y rechacen las modificaciones introducidas por el PP en el Senado, permitiendo recuperar la versión inicial del proyecto para su aprobación definitiva.

(El Confidencial, 17-12-2024) | Fiscal

El Gobierno llevará al Congreso el cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, paso previo para condonar parte del FLA a las CCAA

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará ante el Congreso de los Diputados una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el propósito de cumplir el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC para condonar el 20% del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En la reciente cumbre de presidentes autonómicos ya se ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para poner en marcha esta mutualización de la deuda autonómica. Desde el Ministerio de Hacienda, no se han emitido comentarios al respecto. Fuentes próximas a la financiación autonómica explican que la modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria es necesaria para implementar este pacto, que fue clave para garantizar el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez. Aunque su aplicación llega con un año de retraso, la razón de fondo radica en que la ley actual prohíbe rescates entre administraciones. Aunque contempla excepciones para mecanismos extraordinarios de liquidez como el FLA, los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda prefieren optar por un cambio normativo antes que forzar la interpretación de la ley. El acuerdo es especialmente relevante para Cataluña. Según ERC, implicaría transferir al Estado 14.662 millones de euros de deuda de la Generalitat, lo que supondría un ahorro de unos 300 millones de euros anuales en intereses. Sin embargo, el beneficio no será exclusivo para Cataluña, ya que se aplicará el principio de "café para todos", incluyendo a comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía y la Comunidad Valenciana. De acuerdo con los cálculos de FEDEA, Andalucía podría transferir al Tesoro español 16.437 millones de euros, mientras que Valencia lo haría con 9.750 millones. Así, un acuerdo impulsado por ERC beneficiaría indirectamente a los gobiernos autonómicos liderados por Juan Manuel Moreno Bonilla y Carlos Mazón. Por el contrario, Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, no se vería afectada ya que no cuenta con deuda vinculada al FLA. Galicia, también gobernada por el PP, podría aliviarse de 5.757 millones de deuda. La reforma de una ley orgánica como la Ley de Estabilidad Presupuestaria no será una tarea sencilla. Requerirá el respaldo de todos los grupos que apoyan la investidura de Pedro Sánchez, incluyendo a Junts, partido que en los últimos meses ha bloqueado diversas iniciativas del Gobierno. La aprobación de esta reforma exige mayoría absoluta en una votación final sobre el texto completo, lo que otorga a Junts un papel clave. Este partido, liderado por Carles Puigdemont, podría intentar obstaculizar la propuesta como parte de su estrategia para debilitar políticamente a Sánchez y a ERC. Además, Junts plantea la condonación del 100% del FLA exclusivamente para Cataluña, argumentando la compensación por inversiones en infraestructuras prometidas pero no ejecutadas en la región durante más de una década. Esta demanda, sin base técnica o económica, podría complicar aún más las negociaciones.

(Expansión, 16-12-2024) | Fiscal

El Senado devuelve esta semana la reforma fiscal al Congreso con las enmiendas del PP

Esta semana será clave para determinar el alcance final de la reforma fiscal que se encuentra en trámite en el Parlamento. Tras una intensa negociación en el Congreso de los Diputados que permitió al Gobierno sacar adelante la mayor parte de su paquete tributario, el PP ha aprovechado su mayoría en el Senado para introducir varias enmiendas propias. Estas modificaciones serán aprobadas por la Cámara Alta el miércoles, antes de que el texto regrese al Congreso para su votación definitiva el jueves. Los populares esperan obtener el respaldo de Junts o del PNV a algunas de sus propuestas, con el objetivo de preservar parte de las rebajas fiscales que han planteado. El proyecto de reforma fiscal llegó al Senado como parte de la trasposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades para multinacionales. Sin embargo, el Gobierno y sus aliados parlamentarios añadieron a través de enmiendas varias medidas significativas: un nuevo impuesto temporal a la banca por tres años, un aumento del tipo marginal del IRPF para rendimientos del capital superiores a 300.000 euros, la recuperación de la triple subida del Impuesto de Sociedades anulada anteriormente por el Tribunal Constitucional, un impuesto sobre los dispositivos de vapeo, incrementos tributarios al tabaco, medidas contra el fraude en hidrocarburos y una reducción progresiva de la carga fiscal para las pymes. Aunque el PP ha calificado estas medidas como un "hachazo fiscal" de 8.700 millones de euros, en lugar de oponerse a la reforma, que asume que el Gobierno logrará aprobar de todas formas en el Congreso, ha optado por usar su mayoría en el Senado para introducir cambios. Entre las propuestas del PP destacan una serie de rebajas fiscales para jóvenes de entre 18 y 35 años, que podrían ahorrar hasta 12.000 euros en el IRPF; incentivos fiscales para las entidades financieras que reduzcan los costes de las hipotecas o financien viviendas de precio tasado; la activación inmediata de las rebajas fiscales para pymes, inicialmente previstas para aplicarse de forma progresiva en tres años; y una serie de beneficios y exenciones fiscales dirigidas a los afectados por la DANA. La votación en el Senado del próximo miércoles aprobará el texto con las enmiendas introducidas por el PP, lo que obligará a devolverlo al Congreso para su ratificación definitiva. Se prevé que la Cámara Baja celebre la votación el jueves, momento en el que los populares buscarán asegurar el apoyo de Junts o PNV para incorporar sus propuestas en la versión final de la ley.

(El Economista, 16-12-2024) | Fiscal

Los pescadores estarán exentos de pagar IRPF los días que faenen en aguas internacionales

Una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Galicia marca un precedente favorable para patrones, pescadores y trabajadores que operan a bordo de embarcaciones en alta mar durante largas temporadas. Contradiciendo el criterio mantenido hasta ahora por la Agencia Tributaria, el tribunal reconoce que estos tripulantes no están obligados a tributar por el IRPF en España por los días trabajados en aguas internacionales, siempre que el buque tenga bandera extranjera. El fallo establece que, al operar en aguas internacionales, los tripulantes se rigen por la jurisdicción del país de abanderamiento del buque. Por lo tanto, si la embarcación enarbola una bandera distinta a la española, los trabajadores pueden beneficiarse de una exención del IRPF por los ingresos generados en el extranjero, siempre que dicho territorio no sea considerado un paraíso fiscal, disponga de un impuesto sobre la renta similar al español o cuente con un convenio de doble imposición firmado con España. En estas condiciones, la exención aplica por un máximo de 60.100 euros al año. Elisa Martín del Yerro y Ángel Prats, expertos de Deloitte Legal, firma que defendió el caso, explican que la Ley del IRPF no exige que estos ingresos tributen en el país de la bandera para beneficiarse de la exención en España. Solo es necesario que dicho país tenga un impuesto similar al IRPF o un convenio para evitar la doble imposición con España. "Es una cuestión de gran relevancia, ya que el tribunal, en contra del criterio tradicional de la Administración, reconoce que la jurisdicción aplicable para el trabajo en alta mar es la del país de abanderamiento del buque", señalan los abogados. Este enfoque abre una nueva posibilidad para que patrones y tripulantes de buques con banderas extranjeras puedan aplicar esta exención en el IRPF por los días trabajados fuera de las aguas españolas. Hasta ahora, estos trabajadores debían tributar tanto en España como en el país de la bandera del buque, pudiendo únicamente aplicar una deducción por doble imposición internacional en su declaración de la Renta. Sin embargo, este procedimiento generaba conflictos con la Agencia Tributaria, que cuestionaba tanto la autoridad de los países extranjeros para gravar a contribuyentes españoles como la validez de las pruebas presentadas para justificar los impuestos pagados en el exterior. Con esta resolución, el tribunal invoca por primera vez la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, concluyendo que la jurisdicción aplicable en aguas internacionales es la del país de la bandera del buque. Además, Martín del Yerro y Prats subrayan que esta resolución permite a los trabajadores afectados rectificar sus declaraciones de la Renta de los últimos cuatro años, solicitando la devolución de los impuestos pagados en exceso. Sin embargo, advierten que si el país de la bandera del buque no cuenta con un impuesto similar al IRPF o no tiene un convenio con España, no se cumplirían los requisitos necesarios para aplicar la exención por los días trabajados en aguas internacionales.

(El Confidencial, 16-12-2024) | Fiscal

El Gobierno reunirá en enero a las comunidades para negociar la quita de la deuda autonómica

En la antesala de la XXVII Conferencia de Presidentes, la primera en tres años, las perspectivas de alcanzar un consenso eran prácticamente nulas. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó la importancia de la "unidad territorial" que proyecta esta reunión con los líderes autonómicos, incluyendo al lehendakari, Imanol Pradales, y al presidente de Cataluña, Salvador Illa. Aunque Sánchez no presentó documentos previos a los mandatarios regionales para estructurar el encuentro, reservó un anuncio significativo que desató la controversia: en enero convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de que el Estado asuma parte de la deuda de las comunidades autónomas, incorporando en esta medida el concierto catalán pactado con ERC durante las negociaciones de su investidura. Sánchez aprovechó este foro multilateral para abordar la problemática de la financiación autonómica. Los presidentes autonómicos del PP se opusieron frontalmente a cualquier tipo de privilegio fiscal para Cataluña y defendieron la necesidad de evitar negociaciones bilaterales. En la misma línea se posicionaron los líderes socialistas, con Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, como uno de los más críticos hacia los acuerdos del Gobierno con el independentismo catalán. Salvador Illa, por su parte, subrayó: "Queremos un modelo de financiación solidario para toda España. No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes fomentan la insolidaridad fiscal". Cabe recordar que, hace casi un año, el Gobierno acordó con Oriol Junqueras condonar 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con la Administración Central a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Sánchez. Desde entonces, no se han ofrecido más detalles sobre cómo se concretará este alivio financiero. Según reveló El Confidencial, el Ejecutivo pretende utilizar esta condonación como herramienta para garantizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y atraer tanto a ERC como a Junts. Este anuncio, impulsado por las exigencias del independentismo catalán, reaviva el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión que inquieta particularmente a las regiones con mayores niveles de endeudamiento, como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, todas gobernadas por el PP. A este grupo se suma Castilla-La Mancha. En este contexto, Feijóo ha pedido a los presidentes autonómicos del PP evitar negociaciones bilaterales sobre la condonación de deuda, aunque algunas comunidades del partido estarían dispuestas a aceptar un alivio financiero siempre que se aplique de forma equitativa a todas las regiones. Sánchez trasladó a los líderes autonómicos su compromiso de impulsar un "nuevo modelo de financiación" que combine multilateralidad y bilateralidad, siguiendo la línea planteada en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Según el presidente, esta reforma debe garantizar la solidaridad entre territorios y aumentar los recursos que reciben las comunidades autónomas. Además, propuso reprogramar parte de los fondos europeos para crear una línea adicional de ayudas destinada a los territorios afectados por la DANA, especialmente la Comunidad Valenciana.

(Expansión, 13-12-2024) | Fiscal

El PNV rechazará el decreto de prórroga del impuesto energético

La ampliación mediante decreto del gravamen a las empresas energéticas, comprometida por el Gobierno con sus socios de izquierda, perderá vigencia al mes de ser aprobada debido a la negativa anticipada del PNV a convalidarla. Para evitar que la medida quede totalmente desactivada, Hacienda impulsará por separado un decreto que contemple un incremento fiscal sobre el diésel. El plan del Gobierno de extender por un año más el impuesto extraordinario a las compañías energéticas mediante un Real Decreto-ley, anunciado el miércoles a sus aliados de izquierda, corre el riesgo de quedar como un simple gesto simbólico. Desde el inicio, el PNV ha manifestado su oposición a esta figura fiscal, argumentando que no encaja en el régimen foral vasco. Ayer mismo, el partido reiteró que votará en contra de la convalidación del decreto, lo que implicaría que el gravamen expire un mes después de ser aprobado. Pese a esto, Hacienda continuará negociando con el PNV y Junts en los próximos días para intentar garantizar su apoyo, mientras trabaja ya en una subida fiscal al diésel que espera aprobar antes de finalizar el año. El rechazo del PNV al impuesto, que afecta a empresas petroleras, gasistas y eléctricas y cuya vigencia actual concluye el 31 de diciembre, ha sido una constante desde el inicio de las negociaciones fiscales. Ante las advertencias de deslocalización de inversiones por parte de Repsol, tanto el PNV como Junts se han opuesto tajantemente a la intención inicial del Gobierno de convertir este gravamen temporal en un impuesto permanente. Esta postura ha generado tensiones entre los socios parlamentarios del Ejecutivo, quienes consideran la reforma fiscal una prioridad tanto para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea, en el marco de los fondos Next Generation, como para equilibrar las cuentas públicas. En este contexto, el PSOE se comprometió con ERC, Bildu y BNG a prolongar el gravamen un año más, al tiempo que ofrecía a Junts incentivos fiscales para proyectos de descarbonización. Además, Unidas Podemos exigió la creación de una comisión destinada a rediseñar el impuesto con el objetivo de convertirlo en una figura permanente en el sistema tributario español. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos instaba a presentar una nueva proposición de ley para establecer un impuesto a las empresas energéticas, consensuado en una comisión negociadora con la participación de todos los partidos necesarios para su aprobación. Como alternativa, en caso de no alcanzarse un consenso, el Gobierno se comprometía a prorrogar el gravamen existente mediante un decreto antes de fin de año. En cumplimiento de este compromiso, el Ministerio de Hacienda convocó el miércoles a una comisión con PSOE, Sumar, Podemos, Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria para debatir sobre el rediseño del impuesto. Sin embargo, la ausencia del PNV y Junts en esta reunión anticipó el estancamiento de las negociaciones. Aun así, el Ejecutivo reiteró a los socios presentes que aprobaría por decreto la extensión del tributo antes de que termine el año. Ayer, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, confirmó en la red social X (antes Twitter) que su partido se opondrá frontalmente al decreto. "Advertimos el 27 de noviembre que no apoyaríamos la prórroga de un 'gravamen' que las haciendas forales no pueden recaudar. De ahí nuestro rechazo", explicó. No obstante, dejó abierta la posibilidad de respaldar un impuesto diseñado específicamente para que las haciendas forales puedan gestionarlo y derogarlo si lo consideran necesario. Este punto, junto con las bonificaciones para proyectos de descarbonización, podría ser clave en las conversaciones que Hacienda mantendrá con el PNV y Junts en los próximos días. Sin un acuerdo, el decreto que apruebe el Consejo de Ministros perderá su vigencia tras un mes, al no ser convalidado por el Congreso. Mientras tanto, Hacienda busca asegurar los 1.500 millones de euros de recaudación prometidos a la UE mediante un decreto independiente que iguale la fiscalidad entre diésel y gasolina, el cual confía en que sea aprobado y convalidado.

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