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(El País, 15-07-2024) | Fiscal

Reunión del Consejo de Política Fiscal con la singularidad catalana en el foco

Hacienda y las comunidades autónomas se reúnen para debatir la nueva senda fiscal del Gobierno, la financiación específica que reclama Cataluña y la reforma del sistema común, conocido como el "sudoku autonómico". Los participantes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes acuden con tres agendas distintas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca principalmente cumplir con el trámite de presentar la nueva senda fiscal del Gobierno a las comunidades autónomas, como paso previo al nuevo techo de gasto para los Presupuestos de 2025 en el Consejo de Ministros de mañana. La consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña en funciones, Natàlia Mas (ERC), asiste para reivindicar la propuesta de "financiación singular" para Cataluña. Los consejeros de Hacienda del PP, que gobiernan en una docena de regiones y conforman la mayoría del cónclave, se preparan para enfrentarse a las concesiones que los socialistas negocian con los grupos independentistas catalanes en el marco de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Dada la importancia de la reunión en múltiples frentes, se echa en falta una agenda común de consenso y visión a largo plazo que responda a las necesidades de la ciudadanía. En juego están la política de ajustes presupuestarios de los próximos años y el futuro de un sistema de financiación autonómico que lleva 10 años caducado y que perjudica claramente a varias regiones. La convocatoria enviada por Montero a los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda contiene ocho puntos en el orden del día. El primero es la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 11 de diciembre, en la que el Gobierno presentó de manera tardía la senda fiscal para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, que fue abortado debido a la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. Luego se procederá a la elección, por cinco años, de la presidencia de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las comunidades, y a la aprobación de la memoria de actuaciones del Consejo correspondiente al ejercicio 2023. Hasta aquí, la liturgia habitual. La reunión, convocada a las 12.30, aumentará en intensidad a partir del cuarto punto, una aparentemente anodina modificación reglamentaria que esconde la intención de las regiones del PP de quitar a Hacienda su poder decisorio. Actualmente, cada comunidad y ciudad autónoma tiene un voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Hacienda disfruta del otro 50%, por lo que le basta el apoyo de una sola autonomía afín para aprobar sus propuestas. Abrir el debate sobre la modificación de este sistema para restar peso al Estado en las votaciones ha sido exigido por el PP, que al gobernar una docena de autonomías ha cumplido holgadamente el tercio de miembros del Consejo necesario para forzar la inclusión de nuevos puntos en el orden del día. Aunque han logrado introducir varios puntos al solicitarlo formalmente por carta, incluyendo este, la propia naturaleza del sistema de voto actual hace casi imposible que su propuesta prospere. A partir de ahí, en quinto lugar, la vicepresidenta analizará la evolución de las cuentas públicas autonómicas durante el año pasado. La idea es preparar el terreno para el sexto punto, en el que Montero informará de la propuesta de Hacienda sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las autonomías en el periodo 2025-2027. Simplificando, se trata del reparto del déficit en el que podrán incurrir las regiones durante los próximos años, un dato clave para que los territorios preparen sus propios presupuestos autonómicos. Se da la circunstancia de que la hoja de ruta presupuestaria debe ajustarse a las nuevas reglas fiscales europeas, que imponen a los países con un déficit superior al 3% del PIB o una deuda superior al 60% -España ronda el 108%- la presentación en septiembre de un plan de ajustes plurianual (a cuatro años, o siete si incluye reformas estructurales). Hacienda, que ha prometido reducir el déficit al 3% este año y al 2,5% en 2025, necesitará la colaboración de las comunidades autónomas para cumplir con la UE, por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le ha reclamado que negocie las cifras con los territorios, en lugar de imponerlas, y que se abra a dar objetivos personalizados a cada una. Sin embargo, Hacienda no ha dejado margen para negociar la senda, que quiere aprobar en el Consejo de Ministros de mañana, y el Gobierno se ha apoyado en sus socios parlamentarios para arrebatar al Senado -en manos del PP- el poder de veto que tenía sobre ella. A partir de ahí, la reunión promete extenderse en torno al séptimo punto del orden del día (el octavo son ruegos y preguntas), otro de los impuestos por los territorios del PP aprovechando su mayoría: la exigencia de que la vicepresidenta informe "sobre la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica". Esta debería ser la piedra angular de la reunión, el momento en el que el Ejecutivo tome la iniciativa de promover una reforma integral del sistema de financiación autonómica, pendiente de abordarse desde 2014, para reequilibrar un modelo que infrafinancia claramente a la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, que reciben hasta 726 euros menos por habitante que sus regiones vecinas, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Pero recordemos que el debate ha sido introducido a la fuerza en el orden del día, no por Hacienda, sino a su pesar. Montero, que ya abrió el debate en otoño de 2021 con una propuesta de revisión de la población ajustada que no fue bien recibida, ha estado reclamando al PP que presente una postura común que satisfaga a todos sus territorios para empezar a negociar, mientras que las autonomías argumentan que es al Gobierno central a quien le corresponde tomar la iniciativa y buscar consensos. La confrontación dejará el espacio libre para que el protagonismo vuelva a recaer en Cataluña, cuya representante en funciones exigirá la cesión del 100% de los impuestos y un cupo al estilo vasco, que las comunidades del PP amenazarán con impugnar ante los tribunales por inconstitucional y con el que Montero hará malabares, combinando particularidades con un marco común, mientras PSOE y ERC siguen negociando la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El papel que cada uno se ha autoasignado está escrito para contentar a sus propias filas temporalmente, pero es de un cortoplacismo miope que, si nadie recapacita, volverá a postergar el necesario trabajo en equipo que exige reequilibrar las cuentas públicas y resolver el complicado "sudoku autonómico".

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(El Periódico, 12-07-2024) | Fiscal

La OCDE constata que la rebaja fiscal a las empresas se ha frenado a escala global

Menos beneficios fiscales para las empresas. La tendencia a la disminución de la fiscalidad empresarial se desaceleró a nivel mundial entre 2021 y 2024, después de un período marcado por recortes. A pesar de esto, el tipo efectivo al que tributan las empresas sigue disminuyendo, según la OCDE, que agrupa a los países más industrializados del mundo. El tipo nominal del impuesto sobre sociedades se mantuvo relativamente estable en ese período dentro de los 133 países y jurisdicciones para los que existen datos, según el informe de este organismo. Esa estabilización llega tras un período de fuerte descenso de este gravamen, del 28% de media en el año 2000 al 21,7% en 2019. Posteriormente, hubo un leve descenso adicional hasta el 21,1% en 2021. Sin embargo, el tipo medio efectivo, que mide lo que realmente pagan las empresas después de aplicar incentivos y exenciones fiscales, continuó bajando entre 2017 y 2023, último año con datos concretos. Esa tasa pasó de una media del 21,6% en 2017 al 20,9% en 2019, para situarse en el 20,2% en 2023. Los países con un tipo nominal más elevado en 2024 eran Colombia y Malta (35%), seguidos de Brasil (34%), mientras que 11 jurisdicciones, generalmente paraísos fiscales, tenían una tasa del 0%. España, donde se han implementado impuestos específicos a la banca y a las compañías energéticas, tenía un 25%, similar a otros países de su entorno, como Alemania y Austria (30%), Italia (28%), Francia y Países Bajos (26%) o Reino Unido (25%). El informe señala que muchas empresas siguen erosionando las bases de recaudación, trasladando beneficios a otras jurisdicciones más favorables para pagar menos impuestos, aunque apunta a que hay "algunos signos" de "reducción modesta en los últimos años".

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(Expansión, 11-07-2024) | Fiscal

Hacienda estudia un castigo fiscal a los pisos turísticos en las zonas tensionadas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ayer a la propuesta de Sumar y mostró su disposición a imponer un gravamen fiscal a los pisos turísticos en las zonas de alta demanda. El socio minoritario de la coalición gubernamental presentó un paquete fiscal, que incluye aumentos en el IVA, IRPF, Sociedades y gravámenes a Socimis, con la intención de incorporarlo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. En respuesta, Montero aclaró que la regulación del IVA depende de la Unión Europea, aunque admitió que la nueva directiva comunitaria podría permitir actuar en este sentido y consideró la posibilidad de implementar medidas tributarias específicas en áreas con dificultades de acceso a la vivienda. "Estamos trabajando en el tema de vivienda, es uno de los pilares de esta legislatura, y nuestro objetivo es tener más de 180.000 viviendas asequibles para que las familias no tengan que hipotecar su vida para acceder a una vivienda", declaró Montero en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. Habló de soluciones como el fomento del "alquiler social a través de préstamos ICO o el bono social joven", una "política prioritaria" que se discutirá en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Al ser consultada sobre las propuestas de Sumar, la ministra de Hacienda se mostró abierta a considerar medidas fiscales. "En concreto, el tema del IVA debe estar armonizado con el resto de Europa. No es un impuesto que cada Estado miembro pueda regular a su antojo, hay unos márgenes dentro de los cuales debemos actuar, y justamente se está trabajando en una nueva directiva de IVA que podría permitir gravar este tipo de cuestiones", señaló. Actualmente, los pisos turísticos en España no están sujetos al IVA, pero la directiva plantea la posibilidad de aplicarlo a nuevos modelos de negocio basados en plataformas digitales. Mientras se espera el complejo consenso unánime necesario en la UE, Sumar aspira a aplicar un gravamen del 21% a los pisos turísticos en general y del 10% a aquellos donde el propietario resida habitualmente y alquile solo durante ciertos periodos. "Vayamos paso a paso. Primero es el debate en Europa", pidió ayer Montero, insistiendo en la necesidad de conocer la redacción final de la directiva antes de tomar medidas relacionadas con el IVA. Además, la vicepresidenta primera señaló que "tenemos que considerar la posibilidad de que, si las fuerzas políticas lo apoyan, podamos en España establecer" medidas tributarias específicas "en las zonas tensionadas". "Insisto en esto, porque el problema del piso turístico surge en lugares donde las familias se ven obligadas a mudarse porque no encuentran un alquiler asequible", afirmó. La Ley de Vivienda define como "zona tensionada" aquellas áreas donde las familias deben destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, incluyendo los gastos básicos. Alternativamente, se consideran zonas tensionadas aquellas donde el precio del alquiler ha subido tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años. "En las zonas tensionadas se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas, pero hay otras también en consideración", explicó Montero sin dar más detalles. Por su parte, Sumar propuso una serie de medidas fiscales adicionales. La presentación la realizaron ayer su portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, y el de turismo, Alberto Ibáñez, como proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda. El objetivo es que la mayor presión fiscal sobre los alquileres turísticos ayude a reducir los precios de mercado de la vivienda. Para ello, instan a Hacienda a incluir en los Presupuestos de 2025 el mencionado aumento del IVA; a suprimir las deducciones de gastos financieros de amortización y mejora de viviendas sobre IRPF en zonas tensionadas; elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en periodos de no ocupación; eliminar las deducciones en Sociedades en ciudades de más de 200.000 habitantes con tasas superiores a 10 turistas por habitante; y a introducir un gravamen específico del 25% sobre beneficios de las Socimis que realicen actividades de arrendamiento turístico durante el ejercicio fiscal.

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(El Economista, 11-07-2024) | Fiscal

El Supremo aclarará la tributación del Impuesto de Sucesiones por la renuncia de herencias

El Tribunal Supremo (TS) mantiene a la Agencia Tributaria en vilo por el pago del Impuesto de Sucesiones cuando se renuncia a una herencia. El Alto Tribunal analizará, para crear jurisprudencia, cuál es el parentesco por el que debe tributar una persona cuando recibe un legado porque el heredero directo ha renunciado al mismo. Hasta el momento, Hacienda considera que el beneficiario de la renuncia (es decir, quien se queda con el bien) debe tributar con el parentesco de la persona que rechaza la herencia. Una cuestión relevante fiscalmente y más habitual de lo que parece porque si un nieto recibe la herencia de un abuelo porque el padre ha renunciado a ella, según el fisco, debe tributar como padre en vez de como nieto. La diferencia es relevante ya que, aunque un padre por cercanía de parentesco tendría una mayor deducción fiscal, en la mayoría de Comunidades Autónomas (el impuesto está cedido a las regiones) la cuota a pagar cuando se tiene menos de 21 años es cero. El Alto Tribunal, en un auto del 12 de junio del que fue ponente el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, analizará el caso de una menor que recibió una herencia de su abuela por valor de 184.600 euros, tras renunciar el padre a ella, y que tributó por Sucesiones cero euros al tener menos de 21 años. Sin embargo, Hacienda le pasó una liquidación de 26.154 euros al considerar que debía tributar con el parentesco del renunciante, es decir, del padre, a pesar de que también se le aplicaba una deducción por ser familiar de primer grado. El magistrado señala en el auto que "no existe jurisprudencia de este Tribunal Supremo que haya analizado la controversia jurídica aquí suscitada, siendo manifiesta la virtualidad expansiva de la doctrina que eventualmente se fije en resolución de la cuestión". El Supremo analizará si en estos casos hay que aplicar el artículo 26 o el 28 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El artículo 26 de la norma, en el apartado 'f', establece que en la sustitución vulgar de la herencia se entiende que el beneficiario (en este caso la nieta) hereda directamente del causante (la abuela), por lo que se entiende que tributará en calidad de nieta. El artículo 28, apartado 1, de la misma Ley, en cambio indica que los beneficiarios de la renuncia de una herencia tributarán conforme al parentesco del renunciante. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), de donde procede el litigio, dio la razón a Hacienda en su sentencia del 5 de mayo de 2023. El tribunal aplicó el fallo del Supremo del 25 de septiembre de 1998 en el que indicó que, en materia de fiscalidad, aplicar el grado de parentesco del que renuncia a la herencia "está plenamente justificado como medida razonable a fin de evitar que las renuncias o repudiaciones den lugar a reducciones del tipo impositivo que resultaría aplicable si no se hubieran producido, evitando asimismo cualquier posible actuación de los contribuyentes orientada a reducir aquel tipo impositivo". No obstante, el auto de junio del Supremo advierte que el objeto de análisis de esa sentencia era diferente al actual y no resolvía sobre la aplicabilidad en los casos de sustitución vulgar y, por tanto, es necesario que fije doctrina.

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(El País, 11-07-2024) | Fiscal

Una veintena de exlíderes mundiales piden a Biden y al G-20 aprobar un impuesto global a los superricos

En una iniciativa sin precedentes, cerca de veinte exjefes de Estado y de Gobierno de diversos países han dirigido una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a otros líderes del G-20, solicitando apoyo formal para un ambicioso plan fiscal que pretende imponer un gravamen especial sobre las 3.000 personas más ricas del mundo. Entre los firmantes se encuentran los expresidentes españoles Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como otros destacados exmandatarios internacionales. La misiva, a la que ha tenido acceso El País y que ha sido coordinada por el Club de Madrid y Oxfam Intermón, argumenta que gravar a los ultrarricos cuenta con un amplio respaldo popular y es una medida estratégicamente necesaria para combatir la extrema desigualdad. "Los multimillonarios pagan una tasa impositiva más baja que maestros y limpiadores", afirman los exlíderes en el documento. En concreto, los superricos contribuyen con menos del 0,5% de su riqueza a las arcas públicas, lo que resulta en una acumulación improductiva de recursos que podrían destinarse a educación, salud e infraestructuras. Hace unas semanas, la presidencia brasileña del G-20 presentó las conclusiones de un informe encargado al economista francés Gabriel Zucman, quien dirige el Observatorio Fiscal de la Unión Europea. El informe propone que aquellos con una riqueza superior a 1.000 millones de dólares paguen al menos un 2% de su patrimonio total, lo que podría generar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Países como España, Francia, Brasil, Sudáfrica, Colombia y Bélgica ya han mostrado su respaldo a esta medida. El gravamen se calcularía sobre la riqueza total de los individuos, incluyendo inmuebles, acciones y otros bienes, para evitar manipulaciones y ocultamientos. De esta manera, se espera que los ultrarricos paguen, en promedio, 80 millones de dólares cada uno. Además, si el marco se ampliara a personas con un patrimonio neto superior a 100 millones de dólares, la recaudación adicional podría oscilar entre 100.000 y 140.000 millones de dólares anuales. La carta subraya la importancia de la coordinación global, tomando como ejemplo el acuerdo sobre el mínimo global del 15% para las multinacionales alcanzado en el marco de la OCDE. "La acción nacional es indispensable, pero por sí sola no es suficiente debido a la naturaleza global del capital y las prácticas de evasión y elusión fiscal de los ultrarricos", explican los firmantes. Los exlíderes reconocen las dificultades y presiones que enfrentan los actuales mandatarios, pero insisten en la necesidad de un liderazgo mundial para alcanzar un nuevo consenso sobre la tributación de las grandes fortunas. "Estamos listos para apoyarlos en esta agenda", concluyen.

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(El Periódico, 11-07-2024) | Fiscal

Cataluña regresa al Consejo de Política Fiscal y Financiera

La consejera de Economía en funciones de Cataluña, Natàlia Mas (ERC), confirmó ayer que asistirá a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda para todas las comunidades autónomas el próximo lunes a las 12:30. Esto ocurre tras varias ausencias de la Generalitat en citas anteriores, incluida una a la que la propia Mas no asistió en diciembre. "Acudiremos para presentar nuestra propuesta de financiación singular, que es viable tanto desde el punto de vista jurídico como económico. Es hora de salir de un sistema que perjudica a Cataluña", declaró Mas ayer ante los medios. Añadió que es "urgente e inaplazable" que Cataluña abandone el régimen común de financiación y consiga el traspaso del 100% de los impuestos o la creación de un modelo similar al cupo vasco. Esta demanda se ha convertido en un elemento crucial en las negociaciones para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En respuesta, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), acusó al Gobierno central de intentar "comprar" el puesto ofreciendo un trato "especial" a Cataluña, lo que, según él, sería un "robo" para el resto de las regiones, que deberían recurrir. En el mismo sentido, los gobiernos del PP en Cantabria y Andalucía han amenazado con adoptar una postura "beligerante" y acudir a los tribunales si Cataluña recibe un trato de favor. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lamentó desde Santander que Cantabria amenace con recurrir "antes siquiera de empezar a hablar". "Lo que se defiende en Cantabria no es lo mismo que se defiende en Andalucía ni en Madrid", subrayó. Montero instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una propuesta común respaldada por las doce regiones que gobierna su partido, para iniciar una negociación con el Gobierno central sobre una reforma integral del sistema de financiación autonómica que está pendiente desde 2014.

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(Expansión, 10-07-2024) | Fiscal

Nuevo espaldarazo del Tribunal Supremo a las empresas por las bases imponibles negativas

El Tribunal Supremo refuerza su doctrina sobre la regularización íntegra, destacando que puede implicar la rectificación de liquidaciones de ejercicios prescritos en beneficio del contribuyente. "En las actuaciones de regularización tributaria, la Administración debe considerar todas las consecuencias derivadas de sus potestades y funciones de comprobación e investigación sobre ejercicios tributarios prescritos, independientemente de que sean favorables o desfavorables para el contribuyente". Con esta afirmación, el Tribunal Supremo (TS) refuerza su postura sobre la regularización íntegra y proporciona un nuevo respaldo a las empresas en la compensación de bases imponibles negativas. En esta sentencia, los magistrados aplican su consolidada jurisprudencia a la persecución de Hacienda hacia las empresas por las bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades. El Supremo destaca que "si la regularización tributaria afecta al importe de bases imponibles negativas, debido a la proyección sobre un ejercicio no prescrito de una deducción aplicada incorrectamente en un ejercicio prescrito, la Administración también debe considerar en el ejercicio regularizado las consecuencias de la ausencia de ingresos incorrectamente registrados en esos ejercicios prescritos, siempre que las deducciones estén vinculadas a dichos ingresos, conforme al principio de regularización íntegra". De esta manera, el Supremo pone freno a la Administración, que negaba la regularización íntegra argumentando que "los ejercicios están prescritos, no se solicitó en las actuaciones inspectoras y no guardan relación con la regularización". No obstante, el Supremo rechaza este argumento, afirmando que "al considerar que los ejercicios están prescritos, ya que lo que la Administración regularizó fue la aplicación de bases imponibles negativas de ejercicios prescritos en un ejercicio no prescrito, se desconoció el correcto entendimiento de las facultades de comprobación e investigación y el alcance del principio de regularización íntegra. La sentencia de instancia no analizó la valoración fáctica en torno a la realidad y cuantificación de los ingresos acreditados y contabilizados en los ejercicios prescritos, ni la relación entre las deducciones rechazadas y los ingresos". El Supremo subraya que la regularización íntegra tiene como objetivo dejar indemne al contribuyente de los efectos colaterales de la regularización tributaria. "De esta manera, dicha finalidad converge con el objetivo de las potestades de comprobación e investigación: el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual requiere evitar situaciones de infraimposición y sobreimposición, que perturbarían principios estructurales como el de la capacidad económica, fundamento y límite de un sistema tributario justo que rechaza la confiscatoriedad", explica. El fallo concluye que la Administración debe considerar todos los elementos obtenidos en el ámbito de ejercicios prescritos que deban proyectarse y producir efectos en una regularización tributaria, pues solo así se garantiza el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

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(Expansión, 10-07-2024) | Fiscal

Hacienda permite mantenerse en el régimen "Beckham" pese a abandonar la empresa

Los trabajadores impatriados que llegan a España bajo el régimen Beckham no perderán sus beneficios fiscales si dejan la empresa en la que trabajaban al llegar para iniciar un negocio propio. Así lo ha decidido la Dirección General de Tributos (DGT) en una consulta vinculante, indicando que el cese voluntario en la relación laboral que permitió acogerse al régimen especial de trabajadores desplazados -conocido como régimen Beckham- no necesariamente implica la exclusión de dicho régimen. Según los especialistas de Audiconsultores ETL Global, la consulta aborda el caso de un contribuyente británico residente fiscal en España, que tributa bajo el régimen especial de trabajadores desplazados, y que ha constituido una sociedad limitada en España junto a un socio minoritario. La DGT concluye que, aunque se haya producido un cese voluntario de la relación laboral inicial -que motivó su desplazamiento a España- y, tras un breve periodo, se haya iniciado una nueva relación laboral como administrador de la nueva sociedad constituida en España, este cambio no implica la exclusión del régimen especial. Esta consulta se suma a otra reciente, obtenida por el equipo de Montero Aramburu Abogados, que pone fin a la penalización fiscal que enfrentaban empleados y directivos expatriados, así como teletrabajadores, que llegaban o regresaban a España en la segunda mitad del año, entre julio y diciembre. La Dirección General de Tributos ha eliminado en este segundo caso el obstáculo fiscal al que se enfrentaban estos profesionales, a quienes la Agencia Tributaria podía exigir tributar como no residentes por sus rendimientos del trabajo durante los meses del año en que se trasladaban, generando una doble imposición al tener que tributar simultáneamente como residentes en su país de origen.

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(Expansión, 10-07-2024) | Fiscal

Andalucía es la región líder en ganancias con criptomonedas y Madrid en pérdidas

Los andaluces obtienen las mayores ganancias patrimoniales en criptomonedas, con un beneficio neto total de 94 millones de euros, operando la mitad que los madrileños, quienes registran pérdidas por 22 millones de euros, siendo los más afectados del país. El 82% de las transacciones son por menos de 3.000 euros, mientras que un 3% supera los 50.000 euros. La creciente vigilancia de Hacienda sobre las operaciones con criptomonedas ha permitido al Fisco recopilar los datos necesarios para crear un mapa autonómico de las inversiones en monedas virtuales, revelando notables diferencias entre regiones. Así, los datos oficiales muestran que Andalucía es la región con mayores ganancias patrimoniales declaradas por criptomonedas, mientras que Madrid es la comunidad con mayores pérdidas acumuladas. Durante la Campaña de IRPF del ejercicio 2022, la más reciente con datos completos de la Agencia Tributaria, los españoles declararon haber realizado 165.229 operaciones con monedas virtuales, obteniendo unas ganancias patrimoniales netas de 36,2 millones de euros, con una media de 219 euros en positivo. Los datos indican que los contribuyentes españoles realizaron un 23% más de operaciones que el año anterior, pero sus beneficios se desplomaron un 95%, debido principalmente a la evolución del mercado de criptoactivos, donde el Bitcoin pasó de valer 26.493 a 41.976 euros en 2021, pero terminó 2022 bajando hasta los 15.409 euros (actualmente supera los 53.000 euros). De las operaciones realizadas en 2022, 2.513 no generaron beneficio alguno, mientras que 59.649 reportaron 253,7 millones de euros en ganancias (un 66% menos), con una media de 4.254 euros; y otras 103.067 arrojaron 217,56 millones en pérdidas (casi el triple que el año anterior), con una media de 2.111 euros. Por regiones, los resultados más destacables son los de Andalucía, donde se declararon 127,5 millones en ganancias a través de 7.495 operaciones (con una media de 17.017 euros), y 33,5 millones en pérdidas en otras 2.784 compraventas (con una media de 4.375 euros), resultando en un saldo neto de 94 millones en ganancias patrimoniales con 20.776 operaciones (con una media de 4.526 euros cada una). En contraste, Madrid registró el doble de operaciones que Andalucía, con un total de 40.315 y un saldo neto de 22 millones en pérdidas (con una media de 546 euros), como resultado de 37,7 millones en ganancias y 59,7 millones en pérdidas acumuladas. Por saldo medio, la peor parte corresponde a Murcia, con pérdidas netas de 2,5 millones y un resultado neto de 737 euros negativos por operación. En todo caso, solo los contribuyentes de tres comunidades autónomas terminaron 2022 con ganancias patrimoniales netas por criptomonedas: Andalucía, Asturias y La Rioja. El resto de las regiones concluyó el año con pérdidas. Por volumen, el 83% de las operaciones con criptomonedas declaradas a Hacienda en 2022 fueron inferiores a 3.000 euros, con un saldo neto de 57,7 millones en pérdidas. Otro 10% correspondió a transacciones entre 3.000 y 15.000 euros, un 3,9% a las de 15.000 a 50.000 euros y solo un 3% superó los 50.000 euros, siendo este último grupo el único con ganancias netas, por 115 millones. Hacienda exige declarar las ganancias y pérdidas patrimoniales obtenidas con monedas virtuales desde la Campaña de la Renta de 2021. En la Campaña de este año, Hacienda ha enviado 948.000 avisos a contribuyentes informándoles de que posee constancia de que tienen monedas virtuales e instándoles a declararlas, mientras que solicita información a los intermediarios sobre sus clientes.

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(Expansión, 09-07-2024) | Fiscal

Hacienda ampliará el techo de gasto pero se verá limitada por las reglas fiscales

Hacienda está trabajando en el diseño de unos Presupuestos Generales del Estado expansivos para 2025, con el objetivo de contentar a los socios parlamentarios y consolidar la legislatura. Sin embargo, las nuevas reglas fiscales europeas limitarán su margen de maniobra. El primer paso, según fuentes conocedoras del plan, será aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un nuevo techo de gasto para 2025 que, dentro de los límites impuestos por la Comisión Europea, se eleve por encima del de las cuentas públicas de 2023, prorrogadas este año. Ayer, Hacienda terminó de recopilar las peticiones de gasto del resto de ministerios del Ejecutivo de coalición formado por PSOE y Sumar. Con esta información, las solicitudes ya planteadas por otras fuerzas políticas a un Gobierno en minoría parlamentaria, y la trayectoria de referencia del gasto trasladada por Bruselas a finales de junio a cada Estado miembro, el departamento dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, está trabajando en el diseño de unas cuentas que permitan cumplir los planes de la coalición, obtener los apoyos necesarios para su aprobación y respetar los compromisos comunitarios. Es importante recordar que el límite de gasto no financiero inicialmente previsto para el proyecto presupuestario de 2024 implicaba un incremento interanual del 0,5% hasta los 199.120 millones de euros, incluyendo las ayudas europeas del programa Next Generation. Sin embargo, el aumento de recursos nacionales previsto -que es el que vigilará Europa- era del 9,3%, hasta los 189.215 millones, una magnitud a la que previsiblemente el Gobierno tenga que renunciar esta vez. Las nuevas reglas fiscales mantienen los límites tradicionales de déficit en el 3% del PIB -que España se ha comprometido a alcanzar este mismo año- y 60% de deuda -frente al 108% actual-. No obstante, la nueva variable de control es el gasto neto de medidas de ingresos, que debe modularse para garantizar una senda de consolidación presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que, para cumplir con el nuevo marco, Bruselas exigirá a España que limite el incremento del gasto al 2,7%, después de años superando el 4,5% y frente al 3,8% actual. Sin embargo, el Gobierno tendrá margen para ir más allá si lo compensa con aumentos de impuestos. En este contexto, el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, recordó ayer que los nuevos Presupuestos servirán para hacer permanentes los impuestos temporales a banca y energéticas (con algunos ajustes), mientras que el Gobierno ya ha puesto en marcha un calendario para la eliminación de las rebajas fiscales sobre energía y alimentos para 2025. La AIReF calcula que la inercia provocaría un crecimiento del gasto de 26.000 millones de euros que el Gobierno deberá recortar en 10.000 millones anuales a partir de 2025, mediante la presentación en septiembre a Bruselas de un plan de ajustes interanual a cuatro años (por 0,63 puntos del PIB al año) o de cerca de 7.000 millones a siete años (0,43 puntos) si compromete reformas estructurales. El Gobierno obtendrá algo de margen adicional, ya que aprovechará el Consejo de Ministros del próximo martes para revisar al alza el cuadro macroeconómico situando el crecimiento del PIB de 2024 "más cerca de ese 2,5% al que tienden los analistas nacionales e internacionales que del 2% actual", anunció ayer Cuerpo en un desayuno informativo de Europa Press. Cuerpo se mostró "optimista" sobre las opciones del Gobierno de sacar adelante el nuevo proyecto presupuestario, a pesar de que será elaborado en paralelo a la negociación de investidura del presidente de la Generalitat, que difícilmente permitirá contentar a la vez a ERC y a Junts, cuyo respaldo necesitará en el Parlamento nacional para aprobar las cuentas. "Nos encontramos ante una excelente oportunidad, en un punto de inflexión para nuestra economía", defendió ayer Cuerpo. "Superada la crisis del Covid, recuperada la senda de crecimiento previa y afrontando la segunda parte del Plan de Recuperación, tenemos que asegurarnos de que nuestro modelo de crecimiento equilibrado perdure en los próximos años, que tengamos una economía que crezca de manera fuerte, generando nuevos empleos y reforzando la cohesión social, de manera sostenible desde el punto de vista medioambiental y fiscal", añadió. Los planes del Gobierno, anticipó, incluyen enfrentar los retos comunes con Europa ("mantenimiento del Estado del bienestar, descarbonización de nuestras economías y adaptación al rápido cambio tecnológico") y los particulares del país, como "alcanzar el pleno empleo, superando el paro estructural del 12%, y cerrar la histórica brecha de productividad con los líderes europeos y mundiales".

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