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(El País, 21-01-2025) | Fiscal

Casi el 65% de los caseros de vivienda que hay en España podrían beneficiarse de la rebaja del 100% en el IRPF

El Gobierno está trabajando en el diseño de una medida que eximiría a los propietarios de pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el alquiler de sus inmuebles, siempre que respeten los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia desarrollado por el Ministerio de Vivienda. Este índice fija precios significativamente más bajos que los del mercado. La propuesta, anunciada recientemente por el presidente Pedro Sánchez como parte de un conjunto de iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las clases trabajadoras, busca incentivar a los arrendadores a ofrecer alquileres más asequibles. Aunque aún se están definiendo los detalles, el esquema planteado propone que la reducción inicial de ingresos se compense con los beneficios fiscales derivados de la exención. De acuerdo con estimaciones del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), esta medida podría resultar rentable para casi dos tercios de los arrendadores. Los cálculos, basados en datos de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que los propietarios con ingresos anuales entre 12.000 y 21.000 euros ahorrarían, de media, 67,65 euros al año. Los arrendadores con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros podrían reducir su carga fiscal en 184,47 euros, mientras que aquellos que ganan entre 30.000 y 60.000 euros ahorrarían alrededor de 347,23 euros anuales. En total, la medida beneficiaría a cerca de 1,4 millones de propietarios de los más de dos millones que alquilan viviendas habituales. Sin embargo, los cálculos preliminares de Gestha revelan que algunos grupos no se verían beneficiados. Por ejemplo, los arrendadores con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, que ya están exentos de tributar, no obtendrían ningún ahorro. Asimismo, aquellos con ingresos superiores a 60.000 euros probablemente no encontrarían atractiva la bonificación, ya que el importe de la exención no compensaría la reducción de las rentas de alquiler. Según la Agencia Tributaria, los propietarios con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros perderían unos 540 euros anuales si optan por la exención, mientras que los que superan este rango podrían dejar de ganar hasta 13.800 euros en casos extremos. Es importante destacar que estos cálculos se realizaron considerando una declaración individual sin cargas familiares ni deducciones adicionales. Por tanto, el ahorro real podría variar en función de la redacción definitiva de la norma, que podría incluir restricciones para ciertos perfiles de propietarios. La propuesta actual recuerda a las bonificaciones fiscales introducidas en la Ley de Vivienda, que buscaban fomentar el alquiler asequible en zonas declaradas como tensionadas. Por ejemplo, esa normativa redujo la deducción general del IRPF del 60% al 50%, con la posibilidad de incrementarla hasta el 90% si los propietarios reducían la renta al menos un 5% respecto al contrato anterior. Sin embargo, estas bonificaciones dependían de que las comunidades autónomas declararan zonas tensionadas, algo que, hasta ahora, solo Cataluña ha hecho. La nueva propuesta, en cambio, busca superar este obstáculo, aplicándose a nivel nacional, independientemente de la postura de los gobiernos regionales. El impacto fiscal de la medida aún no ha sido calculado por el Ejecutivo, pero se espera que tenga repercusiones significativas en Hacienda. La intención es aliviar las tensiones en el mercado de alquiler y promover un acceso más equitativo a la vivienda en todo el país.

(Expansión, 20-01-2025) | Fiscal

El FMI eleva al 2,3% su previsión de crecimiento para España este año

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española en 2025, incrementándolas en dos décimas. Según el organismo, el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá un 2,3% este año, mientras que las perspectivas para la Unión Europea se deterioran, con recortes en países como Alemania, Francia e Italia. España sigue recibiendo respaldo en el ámbito internacional, y el FMI es el último en destacar su desempeño económico. En su reciente actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), el organismo señala que el crecimiento del PIB español supera las expectativas previas gracias a una recuperación en el consumo. Sin embargo, para 2026 se anticipa una ralentización, con una previsión de crecimiento del 1,8%, cifra que permanece sin cambios respecto a anteriores estimaciones. En contraste, los principales países de la eurozona enfrentan un panorama más desfavorable. Alemania y Francia, entre otros, han visto revisiones a la baja no solo para 2025, sino también para 2026. A pesar de estas dificultades, Alemania logrará salir de la recesión este año, aunque su PIB solo crecerá un 0,3%, mientras que Francia e Italia registrarán incrementos del 0,8% y 0,7%, respectivamente. Con un crecimiento proyectado del 2,3%, España se consolida como líder económico en la eurozona, según el FMI. Sin embargo, este dinamismo no es suficiente para compensar los recortes en otras economías importantes, lo que ha llevado al FMI a reducir las previsiones de crecimiento para toda la zona euro en dos décimas, situándolas en el 1% para este año y en el 1,4% para 2026. El informe del FMI apunta a un impulso más débil en el sector manufacturero y a la creciente incertidumbre política como factores clave detrás de las revisiones a la baja en la eurozona. Para 2026, se espera un leve repunte en el crecimiento gracias a una mayor demanda interna, impulsada por condiciones financieras más relajadas, mayor confianza y una disminución de la incertidumbre. A nivel mundial, el FMI destaca la sólida evolución de la economía de Estados Unidos, cuya previsión de crecimiento para este año ha sido revisada al alza hasta el 2,7%. Esto amplía la brecha económica entre ambas orillas del Atlántico de cara a 2025. En cuanto a las economías emergentes, las previsiones se mantienen estables, con un crecimiento promedio del 4,2%, liderado por China e India. Para América Latina, las estimaciones tampoco han cambiado, con un avance del 2,5% en la región, destacando los casos de Brasil y México, que crecerán un 2,2% y un 1,4%, respectivamente. El informe también alerta sobre varios riesgos a nivel global. Aunque el crecimiento económico sigue por debajo del promedio histórico, las diferencias regionales se acentúan. La inflación persiste como un desafío significativo, generando discrepancias en las políticas monetarias y fiscales. Asimismo, los riesgos geopolíticos, como la guerra en Ucrania y la incertidumbre en Oriente Medio, junto con problemas financieros como la apreciación del dólar, representan retos adicionales para la estabilidad económica global.

(El Economista, 20-01-2025) | Fiscal

La falta de nuevos Presupuestos bajará en 22.200 millones el gasto público previsto

Renunciar a las nuevas cuentas públicas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, que ascendía a 195.353 millones de euros, excluyendo las transferencias de los fondos europeos. Esta cifra supera con creces los 173.065 millones establecidos como límite en los Presupuestos vigentes desde hace dos años. Extenderlos por otro año implicaría un ahorro superior a los 22.200 millones de euros según las previsiones de gasto. Además, mantener un límite de gasto inferior contribuiría a que España cumpla con las normativas europeas. Es importante recordar que el Gobierno había proyectado realizar un ajuste mínimo del 0,8% del PIB hasta 2027. Esta cifra podría haber aumentado considerablemente si las negociaciones con Junts hubieran prosperado, ya que el partido de Puigdemont demandaba una senda fiscal que permitiera a las comunidades autónomas alcanzar un déficit del 0,8%, siete décimas más de lo que inicialmente proponía el Ejecutivo. Esa diferencia habría tenido que ser absorbida por el Estado, dificultando el cumplimiento de los compromisos fiscales con la Unión Europea. Pese a este escenario, el Gobierno no da por perdida la relación con Junts, que ha exigido una reunión urgente en Suiza con los socialistas. El PSOE ha confirmado su disposición a asistir, aunque aún no se ha concretado la fecha ni la identidad de los representantes que participarán en el encuentro. Por ahora, se desconoce si el presidente Pedro Sánchez liderará la delegación. Puigdemont, por su parte, ha insistido en la gravedad de la situación y ha presionado al PSOE para que tome una decisión respecto a la iniciativa que Junts ha registrado en el Congreso, la cual busca forzar una cuestión de confianza sobre Sánchez. El pasado jueves, la Mesa del Congreso decidió aplazar nuevamente la calificación de dicha propuesta. Según Puigdemont, esta inacción parlamentaria marca un "punto de no retorno" en la relación entre ambos partidos. El Gobierno, sin embargo, ha respondido de manera cauta. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aseguró que algunos acuerdos con Junts ya están en marcha, mientras que otros están en proceso de negociación. Fuentes parlamentarias interpretan las exigencias de Puigdemont como un intento de resolver su situación personal, ya que la ley de amnistía aún no le permite regresar a Barcelona. Consideran que mientras esto no se solucione, el líder de Junts seguirá aumentando la presión sobre el Gobierno. Aun así, Puigdemont ha admitido que su postura supone "una apuesta arriesgada", aunque mantiene abierta la posibilidad de provocar un colapso legislativo. Al mismo tiempo, ha rechazado respaldar la moción de censura planteada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al no querer alinear sus votos con los de Vox. Una prórroga presupuestaria definitiva supondría un revés político para Sánchez, al evidenciar por segundo año consecutivo que carece de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el principal proyecto legislativo. Este contexto añade presión al Ejecutivo, ya que los Presupuestos actuales provienen de la legislatura anterior. En este complejo panorama, Sumar, socio de coalición, busca mediar en el conflicto. Desde la formación aseguran que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear los Presupuestos de 2025. Según fuentes de Sumar, mantener el apoyo de Junts es clave para aprobar varias leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Mientras tanto, las comunidades autónomas se enfrentan a la incertidumbre presupuestaria. Once gobiernos regionales ya han comenzado a trabajar bajo la premisa de un déficit del 0,1%, conforme al techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, otras comunidades, como Baleares, Murcia, Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana, esperan el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para planificar sus cuentas.

(El Periódico, 20-01-2025) | Fiscal

Hacienda pone Bizum en su punto de mira sobre autónomos y empresarios

El Ministerio de Hacienda está trabajando en un real decreto que introducirá nuevas medidas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Entre los cambios más significativos se encuentra la obligación para las entidades emisoras de tarjetas de presentar una nueva declaración a partir del próximo año, siempre que los movimientos superen los 25.000 euros anuales. Sin embargo, estas medidas no se limitarán únicamente a las tarjetas físicas. También se incluirán herramientas de pago como Bizum, un servicio que permite realizar pagos instantáneos a través de una aplicación móvil utilizando únicamente el número de teléfono de los usuarios. En este sentido, Hacienda planea otorgar especial relevancia a la declaración de ingresos de empresarios y autónomos que utilicen este tipo de sistemas de pago. Con el objetivo de identificar y evitar operaciones en efectivo no declaradas, Hacienda está revisando la normativa vigente, que actualmente establece un límite de 3.000 euros para la declaración anual de cobros realizados con tarjeta por parte de autónomos y empresarios. Este umbral será eliminado, y las entidades estarán obligadas a remitir esta información con periodicidad mensual. Además, la nueva normativa ampliará la obligación de informar a los pagos efectuados mediante Bizum y otros sistemas de pago móvil, sin importar si las transacciones tienen origen en la Unión Europea o fuera de ella. La información que las entidades deberán facilitar a Hacienda incluirá datos de identificación completos de los empresarios o profesionales, el importe mensual percibido a través de Bizum y las cuentas bancarias en las que se han recibido dichos fondos. Estas medidas buscan incrementar la transparencia y mejorar el control de las operaciones financieras.

(Expansión, 17-01-2025) | Fiscal

La rebaja de IRPF por abaratar alquileres dejará fuera los pisos amplios o nuevos

Uno de los ejes principales del nuevo plan de vivienda presentado por el Gobierno esta semana es la introducción de incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan el precio del alquiler de sus inmuebles. En particular, el Ejecutivo se ha comprometido a implementar una bonificación en el IRPF de hasta el 100% para quienes alquilen respetando los límites del Índice de Precios de Referencia oficial, sin importar si la vivienda está en una zona tensionada o si la comunidad autónoma aplica la Ley de Vivienda. Sin embargo, este beneficio fiscal no será generalizado, ya que se establecerán restricciones para evitar que beneficie a los propietarios de viviendas de lujo o de gran tamaño, como los inmuebles más nuevos o de mayor amplitud. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta medida el pasado lunes durante el acto Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar celebrado en Madrid. Según Sánchez, esta propuesta busca beneficiar tanto a propietarios como a inquilinos, al incentivar una mayor oferta de alquiler asequible y de calidad. Además, destacó que esta iniciativa forma parte de un paquete que incluye sistemas de garantías públicas y ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler. No obstante, fuentes oficiales del Gobierno han confirmado que esta ventaja fiscal estará limitada para excluir a los inmuebles más exclusivos. El objetivo principal es beneficiar a las clases medias y no a los propietarios de viviendas de lujo en zonas exclusivas, como La Moraleja en Madrid. Para ello, se aplicarán los parámetros ya definidos por el Índice de Precios de Referencia, que establece un rango de precios basado en características como la ubicación, superficie y antigüedad de los inmuebles. Por ejemplo, quedan fuera de este índice las viviendas de más de 150 metros cuadrados o aquellas construidas en los últimos cinco años. Estas restricciones son coherentes con los límites ya vigentes en los beneficios fiscales previstos en la Ley de Vivienda, los cuales varían según el tipo de inmueble y el perfil del propietario. Actualmente, la Ley ofrece tres tipos de reducciones fiscales en el IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas. Entre estas, destaca una reducción del 90% para nuevos contratos en zonas tensionadas que incluyan una rebaja del 5% en comparación con el contrato previo. En las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda, la nueva bonificación del 100% en el IRPF busca sustituir los incentivos fiscales existentes. A pesar de ello, el Gobierno está trabajando en la definición de los requisitos específicos para activar esta nueva medida, evaluando aspectos como el ajuste sobre el contrato anterior o su aplicación en zonas tensionadas. Por último, la normativa vigente también contempla otras reducciones en el IRPF, como el 70% para propietarios que alquilen a jóvenes de entre 18 y 35 años, a la administración pública o a entidades sin ánimo de lucro, y el 60% cuando se hayan realizado obras de rehabilitación en los dos años previos al contrato de alquiler.

(El Economista, 17-01-2025) | Fiscal

Hacienda suprime la declaración simplificada de alta en el censo de empresarios para autónomos y empresarios

La Agencia Tributaria ha eliminado el modelo 037 de declaración censal simplificada para altas, modificaciones y bajas en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Esta decisión se ha adoptado mediante la Orden HAC/1526/2024, de 11 de diciembre, que introduce actualizaciones en los modelos 030, 036 y 037, ajustándolos a las novedades legislativas que entraron en vigor con el inicio del ejercicio fiscal de 2025. La principal razón detrás de esta supresión es que las nuevas herramientas de asistencia en materia censal, junto con las mejoras implementadas en los programas de ayuda para la cumplimentación, permiten que la funcionalidad simplificada del modelo 037 sea asumida directamente por el modelo 036, ofreciendo así el mismo nivel de facilidad para los contribuyentes. En este contexto, la Orden modifica las Órdenes EHA/1274/2007, de 26 de abril, y EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, que regulan el modelo 030. En cuanto al modelo 036, se incorpora una nueva obligación para las personas jurídicas y entidades: la comunicación a la Administración Tributaria de la identificación de los titulares reales. Para cumplir con este requerimiento, se ha añadido una página 10 al modelo 036 destinada específicamente a este fin. Adicionalmente, el Real Decreto 117/2024, de 30 de enero, introduce cambios en el modelo 036 relacionados con la solicitud de rehabilitación del número de identificación fiscal. Según la modificación de la letra u) del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, esta solicitud deberá realizarse a través de la declaración de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores. Por ello, se ha incluido una nueva casilla en el modelo 036 para reflejar esta causa de presentación. Por otro lado, la Orden HAC/1504/2024, de 26 de diciembre, implementa modificaciones técnicas en diversos modelos, como el 194, 346, 192, 198, 182, 193, 289, 345, 721 y 172. Entre estas, destaca el modelo 345, relacionado con la declaración informativa sobre planes y fondos de pensiones. Los ajustes realizados buscan evitar duplicidades en la información sobre planes de pensiones de empleo simplificados para trabajadores autónomos, que solo deberán ser declarados por el responsable correspondiente.

(El País, 17-01-2025) | Fiscal

La Airef cifra en seis décimas del PIB el impacto fiscal de la DANA, casi 9.500 millones de euros

España no logró cumplir el objetivo de déficit público previsto para 2024, registrando un desvío de tres décimas del PIB, según las estimaciones actualizadas este jueves por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El déficit fiscal se situó en el 3,3% del PIB, un aumento de 0,3 puntos atribuido exclusivamente al impacto de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales de octubre, causando más de 200 fallecidos. "Sin este efecto, el déficit de 2024 habría sido cercano al 3% del PIB", subrayó la Airef, en línea con el objetivo inicial del Gobierno. Según el organismo, las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la catástrofe natural tendrán un impacto fiscal total del 0,6% del PIB entre 2024 y 2025, lo que equivale a cerca de 9.500 millones de euros, repartidos equitativamente entre ambos años. El Gobierno central, bajo la dirección de Cristina Herrero, ha aprobado medidas por valor de aproximadamente 16.650 millones de euros mediante tres reales decretos leyes, mientras que la Comunidad Valenciana ha destinado unos 1.300 millones adicionales en gasto y ha anunciado medidas de ingresos con un impacto limitado. Además, las administraciones locales también han implementado iniciativas propias. A pesar de este esfuerzo conjunto, el peso principal de las medidas recae en la Administración central. Aunque algunas de estas medidas incluyen aplazamientos tributarios, como el pago de impuestos, la mayor parte corresponde a gastos. La diferencia entre los más de 18.000 millones en ayudas anunciadas y el impacto real en el déficit, de 9.500 millones, se debe a varios factores. En primer lugar, la Airef calcula que 4.700 millones corresponden a la línea de avales ICO, cuyo impacto en las cuentas públicas será de solo 300 millones, atribuibles al coste de las garantías. Además, el aplazamiento de impuestos, como el segundo plazo del IRPF y los tributos de pymes y autónomos, no afecta la Contabilidad Nacional. Asimismo, el coste inicial estimado de algunas medidas ha disminuido tras ajustarse a los datos reales de los bienes y personas afectadas. Por ejemplo, aunque inicialmente se preveía que los ERTE beneficiarían a 400.000 trabajadores, finalmente se aplicaron a casi 32.000 empleados, reduciendo significativamente el gasto asociado. Entre las principales medidas de gasto, destacan los 4.000 millones destinados a asistencia a los hogares, de los cuales 3.500 millones corresponden al Consorcio de Compensación de Seguros. En cuanto a las ayudas a empresas, la Administración central aportará 1.967 millones, incluyendo 930 millones en ayudas directas y 309 millones en avales del ICO. Por otro lado, la Comunidad Valenciana contribuirá con 503 millones adicionales para los hogares y 305 millones para las empresas. Los ERTE por fuerza mayor supondrán un desembolso de 204 millones. Por subsectores, la Airef ha ajustado sus previsiones de déficit para 2024, elevando en una décima el desequilibrio de la Administración central, hasta el 2,5% del PIB, y reduciendo en una décima el déficit de la Seguridad Social. Las comunidades autónomas cerrarán con un déficit del 0,4% del PIB, mientras que las entidades locales registrarán un superávit del 0,1%. En cuanto a las previsiones macroeconómicas, la Airef ha revisado al alza las estimaciones de crecimiento del PIB para España. Se espera un crecimiento del 3,1% en 2024 y del 2,5% en 2025, lo que representa incrementos de 0,2 y 0,21 puntos, respectivamente, respecto a las proyecciones de octubre. Este ajuste se debe a un mayor dinamismo de la demanda interna y a una revisión al alza del consumo público y privado. Además, la estabilización de los precios se mantiene, y se prevé que el IPC cierre 2025 en un 2,1%, tras haber alcanzado el 2,8% en 2024.

(El País, 17-01-2025) | Fiscal

¿Por qué la subida del SMI tributará a más del 40% en el IRPF si Hacienda no adapta el impuesto?

El Ministerio de Hacienda ha generado controversia al anunciar que evalúa no ajustar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando este se implemente, algo que sí hizo con las subidas anteriores. De no realizarse esta adecuación, por primera vez, algunos beneficiarios del SMI podrían enfrentar un tipo impositivo superior al 40% por la parte de sus ingresos que supere el actual mínimo exento de 15.876 euros. Esta anomalía provocaría un coste fiscal de 43 céntimos por cada euro adicional y afectaría también a rentas bajas de hasta 21.000 euros anuales. De acuerdo con las recomendaciones de los expertos del Ministerio de Trabajo, el SMI alcanzará en 2025 entre 16.422 y 16.576 euros anuales, repartidos en 14 pagas. Este incremento, de entre 546 y 700 euros al año, implicaría que, sin un ajuste del mínimo exento del IRPF, los trabajadores que perciban el nuevo SMI tendrían que abonar entre 233 y 300 euros más a Hacienda, dependiendo del incremento final. Esto equivaldría a perder casi el 43% de la mejora salarial debido a las retenciones aplicadas por el empleador, dado que la obligación de presentar la declaración de la renta no se activa hasta ingresos de 22.000 euros anuales. Este tipo marginal del 43%, inusualmente alto para rentas bajas, es el máximo permitido por la ley y se debe al diseño del IRPF, que presenta irregularidades en los tramos inferiores. Estas distorsiones se hacen evidentes cuando un contribuyente supera ciertos umbrales, lo que genera un aumento desproporcionado en la carga tributaria por cada euro adicional. El problema surge de la interacción entre dos elementos clave: el mínimo exento, que define el umbral a partir del cual se tributa, y las reducciones aplicables a los rendimientos del trabajo. Actualmente, el mínimo exento está fijado en 15.876 euros, equivalente al SMI vigente. Sin embargo, Hacienda plantea mantener este límite sin ajustarlo al incremento del SMI. Las reducciones por rendimientos del trabajo agravan esta situación. La deducción general es de 2.000 euros para todos los asalariados, a la que se suman reducciones adicionales de hasta 7.302 euros para quienes ganan 14.852 euros o menos al año. Estas disminuyen progresivamente y desaparecen a partir de los 19.747,5 euros, generando un aumento abrupto del tipo marginal. Si Hacienda no actualiza el mínimo exento, los trabajadores con el nuevo SMI (16.422 o 16.576 euros) tributarán por entre 546 y 700 euros de ingresos, con retenciones de 233 o 300 euros. Este efecto también afectará a otras rentas bajas: un asalariado con 17.000 euros pagará 1.124 euros en impuestos y tendrá retenciones de 483 euros; alguien con 18.000 euros abonará 913 euros; con 19.000, 1.343 euros; y con 20.000, 1.773 euros. Estas anomalías en el IRPF no son nuevas. En subidas previas del SMI, Hacienda ajustó el mínimo exento para reducir el impacto en las rentas más bajas, como ocurrió en 2024, cuando el SMI y el mínimo exento pasaron de 15.000 a 15.876 euros. Sin embargo, la posibilidad de no repetir este ajuste ha desatado críticas y podría abrir un nuevo frente político. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya exigió en el pasado que las subidas del SMI fueran acompañadas de modificaciones en el IRPF para evitar que los trabajadores perdieran poder adquisitivo debido a un aumento en la carga fiscal.

(El Confidencial, 17-01-2025) | Fiscal

Los sindicatos exigen a Hacienda dejar exento de IRPF el nuevo salario mínimo y presionan para elevarlo a 1.200 euros

El Ministerio de Trabajo ha planteado este miércoles a sindicatos y patronal una propuesta para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros para 2025, lo que supondría pasar de los actuales 1.134 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros. Este incremento, que representa un 4,4%, se alinea con una de las opciones sugeridas por los expertos en un informe presentado ese mismo día. Sin embargo, los sindicatos han rechazado la oferta gubernamental y mantienen su exigencia de que el SMI suba hasta los 1.200 euros, lo que implicaría un aumento cercano al 5,8%. Por su parte, la patronal ha recibido la propuesta, pero no tomará una decisión hasta que sea debatida en su junta directiva el próximo 22 de enero, día en el que está previsto un nuevo encuentro con el Ministerio para intentar cerrar la negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a ser "flexible" con el objetivo de alcanzar un consenso con los interlocutores sociales. Esto incluye la posibilidad de ajustar la propuesta inicial y considerar un aumento diferente al planteado. No obstante, alcanzar un acuerdo tripartito parece complicado. Los empresarios consideran excesiva la propuesta mínima del 4,4%, mientras que los sindicatos aseguran que con ese incremento el SMI seguiría sin representar el 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea. Otro punto de discordia es la fiscalidad del SMI. Los sindicatos han insistido en que el salario mínimo debe quedar exento de tributación. UGT ya adelantó que no apoyaría un acuerdo que no incluya esta exención, mientras que CC OO ha subrayado la importancia de un incremento del SMI de entre el 5% y el 6% para alcanzar los 1.200 euros. Ambas organizaciones han exigido que el Ministerio de Trabajo negocie con Hacienda para garantizar esta exención y acuda a la mesa de negociación del día 22 con el tema resuelto. Como es habitual, los sindicatos han pedido una subida mayor, del 5,8%, lo que supondría aumentar el SMI en 66 euros al mes y alcanzar los 1.200 euros mensuales. Aunque esta cifra es compartida tanto por UGT como por CCOO, cada uno mantiene una postura respecto al pago del IRPF, un aspecto que no se ha aclarado en la reunión y que condiciona las negociaciones. El Ministerio de Hacienda ha manifestado su intención de que los contribuyentes que perciben el salario mínimo comiencen a tributar por IRPF en 2025, algo que se produciría si no se eleva el mínimo exento actual, de 15.876 euros (el SMI de 2024), pero la decisión todavía no está oficialmente tomada. Según ha defendido Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, su organización sostiene que la subida propuesta del 5,8% garantizaría que el salario mínimo neto se queda en el 60% del salario medio neto en el escenario de que Hacienda no aumente el mínimo exento en el IRPF. "La propuesta que hacemos nos colocaría en que pase lo que pase se garantiza el 60%. Nos gustaría tener todos los datos encima de la mesa y lo vamos a seguir pidiendo, pero para nosotros no es tanto la exención fiscal, sino que el 60% se garantice", ha explicado Vicente. La postura de UGT difiere. Según ha incidido Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical, para UGT "es vital que el SMI esté exento" de pagar IRPF. "Cuando lleguemos a un acuerdo, si llegamos, queremos tener encima todos los elementos que influyen y este (el IRPF) es uno de ellos", ha añadido. Además, UGT considera que el SMI aún no ha llegado al 60% del salario medio neto porque defiende usar una estadística de Eurostat. Desde Trabajo, Pérez Rey ha señalado que su departamento no tiene competencias en materia fiscal, aunque defiende que el SMI debería ser el umbral a partir del cual se comience a tributar. Por ello, ha instado a Hacienda a elevar el mínimo exento de tributación en función del nuevo salario mínimo que se acuerde. Este aspecto podría ser determinante para un posible acuerdo con los sindicatos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recibió este miércoles el informe elaborado por un grupo de expertos sobre el SMI. Este informe propone dos escenarios de aumento: uno del 3,44% (39 euros) y otro del 4,41% (50 euros). Díaz calificó los avances logrados en los últimos años, con un aumento acumulado del SMI del 54% desde 2018, como "una historia de éxito", destacando su impacto positivo en la reducción de la desigualdad salarial y la mejora de las condiciones laborales, especialmente para las mujeres. Díaz cree que aún hay margen para un acuerdo entre empresarios y sindicatos, aunque reconoce que este año la negociación es más compleja debido a la simultaneidad de otras discusiones, como la reducción de la jornada laboral. Desde 2019, los incrementos del SMI se han acordado únicamente con los sindicatos, sin la participación de la patronal, que el año pasado propuso un aumento del 3% pero no ha repetido ese gesto en esta ocasión. El próximo 22 de enero podría repetirse una situación similar a la del año pasado, cuando Trabajo ofreció una subida menor del SMI (del 4% frente al 5% inicial) si la patronal firmaba el acuerdo. En esta ocasión, el Gobierno podría flexibilizar su propuesta del 4,4% o incluso reducirla ligeramente, en línea con las recomendaciones de los expertos, para buscar el apoyo empresarial. Sin embargo, si la patronal rechaza nuevamente la oferta, es posible que el incremento supere el 5%, en respuesta a las demandas sindicales.

(El Confidencial, 17-01-2025) | Fiscal

Los sindicatos exigen a Hacienda dejar exento de IRPF el nuevo salario mínimo y presionan para elevarlo a 1.200 euros

El Ministerio de Trabajo ha planteado este miércoles a sindicatos y patronal una propuesta para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 50 euros para 2025, lo que supondría pasar de los actuales 1.134 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros. Este incremento, que representa un 4,4%, se alinea con una de las opciones sugeridas por los expertos en un informe presentado ese mismo día. Sin embargo, los sindicatos han rechazado la oferta gubernamental y mantienen su exigencia de que el SMI suba hasta los 1.200 euros, lo que implicaría un aumento cercano al 5,8%. Por su parte, la patronal ha recibido la propuesta, pero no tomará una decisión hasta que sea debatida en su junta directiva el próximo 22 de enero, día en el que está previsto un nuevo encuentro con el Ministerio para intentar cerrar la negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado que el Gobierno está dispuesto a ser "flexible" con el objetivo de alcanzar un consenso con los interlocutores sociales. Esto incluye la posibilidad de ajustar la propuesta inicial y considerar un aumento diferente al planteado. No obstante, alcanzar un acuerdo tripartito parece complicado. Los empresarios consideran excesiva la propuesta mínima del 4,4%, mientras que los sindicatos aseguran que con ese incremento el SMI seguiría sin representar el 60% del salario medio neto, tal y como establece la Carta Social Europea. Otro punto de discordia es la fiscalidad del SMI. Los sindicatos han insistido en que el salario mínimo debe quedar exento de tributación. UGT ya adelantó que no apoyaría un acuerdo que no incluya esta exención, mientras que CC OO ha subrayado la importancia de un incremento del SMI de entre el 5% y el 6% para alcanzar los 1.200 euros. Ambas organizaciones han exigido que el Ministerio de Trabajo negocie con Hacienda para garantizar esta exención y acuda a la mesa de negociación del día 22 con el tema resuelto. Como es habitual, los sindicatos han pedido una subida mayor, del 5,8%, lo que supondría aumentar el SMI en 66 euros al mes y alcanzar los 1.200 euros mensuales. Aunque esta cifra es compartida tanto por UGT como por CCOO, cada uno mantiene una postura respecto al pago del IRPF, un aspecto que no se ha aclarado en la reunión y que condiciona las negociaciones. El Ministerio de Hacienda ha manifestado su intención de que los contribuyentes que perciben el salario mínimo comiencen a tributar por IRPF en 2025, algo que se produciría si no se eleva el mínimo exento actual, de 15.876 euros (el SMI de 2024), pero la decisión todavía no está oficialmente tomada. Según ha defendido Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, su organización sostiene que la subida propuesta del 5,8% garantizaría que el salario mínimo neto se queda en el 60% del salario medio neto en el escenario de que Hacienda no aumente el mínimo exento en el IRPF. "La propuesta que hacemos nos colocaría en que pase lo que pase se garantiza el 60%. Nos gustaría tener todos los datos encima de la mesa y lo vamos a seguir pidiendo, pero para nosotros no es tanto la exención fiscal, sino que el 60% se garantice", ha explicado Vicente. La postura de UGT difiere. Según ha incidido Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical, para UGT "es vital que el SMI esté exento" de pagar IRPF. "Cuando lleguemos a un acuerdo, si llegamos, queremos tener encima todos los elementos que influyen y este (el IRPF) es uno de ellos", ha añadido. Además, UGT considera que el SMI aún no ha llegado al 60% del salario medio neto porque defiende usar una estadística de Eurostat. Desde Trabajo, Pérez Rey ha señalado que su departamento no tiene competencias en materia fiscal, aunque defiende que el SMI debería ser el umbral a partir del cual se comience a tributar. Por ello, ha instado a Hacienda a elevar el mínimo exento de tributación en función del nuevo salario mínimo que se acuerde. Este aspecto podría ser determinante para un posible acuerdo con los sindicatos. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, recibió este miércoles el informe elaborado por un grupo de expertos sobre el SMI. Este informe propone dos escenarios de aumento: uno del 3,44% (39 euros) y otro del 4,41% (50 euros). Díaz calificó los avances logrados en los últimos años, con un aumento acumulado del SMI del 54% desde 2018, como "una historia de éxito", destacando su impacto positivo en la reducción de la desigualdad salarial y la mejora de las condiciones laborales, especialmente para las mujeres. Díaz cree que aún hay margen para un acuerdo entre empresarios y sindicatos, aunque reconoce que este año la negociación es más compleja debido a la simultaneidad de otras discusiones, como la reducción de la jornada laboral. Desde 2019, los incrementos del SMI se han acordado únicamente con los sindicatos, sin la participación de la patronal, que el año pasado propuso un aumento del 3% pero no ha repetido ese gesto en esta ocasión. El próximo 22 de enero podría repetirse una situación similar a la del año pasado, cuando Trabajo ofreció una subida menor del SMI (del 4% frente al 5% inicial) si la patronal firmaba el acuerdo. En esta ocasión, el Gobierno podría flexibilizar su propuesta del 4,4% o incluso reducirla ligeramente, en línea con las recomendaciones de los expertos, para buscar el apoyo empresarial. Sin embargo, si la patronal rechaza nuevamente la oferta, es posible que el incremento supere el 5%, en respuesta a las demandas sindicales.

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