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(Cinco Días, 24-12-2024) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una subida del 2,8% de las pensiones contributivas

Las pensiones no contributivas subirán un 9% a partir del 1 de enero de 2025. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, el último del año aún vigente, la revalorización de las prestaciones sociales que cobran aquellas personas más vulnerables del sistema asistencial español. Algo más de 450.000 personas se verán directamente beneficiadas de dicho incremento, la mayoría de ellas mujeres. El Consejo de Ministros, además, ha formalizado la subida del 2,8% de las pensiones contributivas en 2025, de acuerdo a la inflación media de los 12 últimos meses, hasta noviembre pasado. Esa será la subida general. En particular las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán un 9%. Si bien, con carácter general, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, no obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros). La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que uno de los pilares de la labor del Ejecutivo ha sido el fortalecimiento del estado de bienestar. "En el ámbito educativo, la inversión pública ha crecido de manera constante. Hemos alcanzado un récord histórico en la asignación de becas y hemos impulsado la formación profesional", ha afirmado. En lo que respecta a las universidades, Sánchez ha recordado la firma de un acuerdo con las comunidades autónomas para ampliar las plantillas de docentes en los centros públicos y aumentar las ayudas para estudiantes. "La universidad pública es fundamental para garantizar una sociedad basada en la meritocracia y en la igualdad de oportunidades". El presidente también destacó el refuerzo al sector cultural y aseguró que se han fortalecido tanto los servicios públicos como los servicios sociales. "Hemos protegido el poder adquisitivo de las personas mayores y, hoy mismo, hemos aprobado un incremento del 2,8% en las pensiones contributivas". Sin embargo, Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, como los altos niveles de pobreza infantil, que calificó de inaceptables. "Debemos seguir avanzando. La prosperidad solo tiene sentido si es compartida por todos", concluyó.

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(El Economista, 24-12-2024) | Laboral

Un tercio de los despidos colectivos incluye prejubilaciones a los 55 años

Las prejubilaciones han adquirido un papel central, aunque poco discutido, en las políticas de empleo destinadas a los trabajadores de mayor edad. Este mecanismo, que facilita la salida anticipada del mercado laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación, resulta poco compatible con la creciente oposición social al "edadismo" y con las iniciativas gubernamentales para fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. A pesar de ello, sigue siendo una práctica común y, según un estudio de Cuatrecasas, está presente en el 30% de los despidos colectivos, afectando especialmente a empleados mayores de 55 años. El análisis de Cuatrecasas muestra que en el 62% de los procesos de despido colectivo, anteriormente conocidos como ERE, las prejubilaciones representan entre el 16% y el 24% del total de afectados. En un 31% de los casos, este porcentaje es inferior al 15%, y solo en un 8% supera la cuarta parte del total de trabajadores despedidos. De media, las prejubilaciones impactan a dos de cada diez empleados en los despidos colectivos donde se aplican. Aunque las prejubilaciones no están reguladas de forma específica ni cuentan con estadísticas públicas detalladas, desempeñan un rol clave en los ajustes de plantilla. Según el informe, esta medida permite a las empresas gestionar la salida de los trabajadores mayores de forma más ordenada y menos conflictiva, al tiempo que promueve la renovación generacional y la adaptación de las plantillas a las necesidades actuales. El estudio también señala que las prejubilaciones suelen recibir más atención que los despidos ordinarios en los anuncios públicos, dado que se consideran opciones más aceptables debido a los beneficios que ofrecen a los afectados. Sin embargo, no todas las empresas tienen capacidad para ofrecer condiciones atractivas. Estas prejubilaciones suelen ser voluntarias, con el trabajador aceptando su inclusión en el proceso de despido colectivo a cambio de una compensación económica que asegura un nivel de ingresos hasta la jubilación, asimilándose en ocasiones a las bajas incentivadas. En los casos de despidos colectivos, las prejubilaciones incluyen planes de rentas que garantizan un porcentaje del salario neto, generalmente alrededor del 80%. Estos ingresos suelen complementarse con prestaciones y subsidios por desempleo abonados por el SEPE, lo que convierte a los prejubilados en parados registrados. Además, los convenios especiales con la Seguridad Social permiten mantener las cotizaciones y garantizar los derechos de jubilación futuros, en ocasiones combinados con el subsidio para mayores de 52 años, mejorando así las futuras pensiones. La edad media de acceso a estas prejubilaciones es de 55 años, extendiéndose hasta los 63, lo que facilita la transición hacia una jubilación anticipada involuntaria con menores penalizaciones en la pensión, una ventaja que no tienen quienes no han pasado por un despido colectivo. Cabe destacar que los convenios con la Seguridad Social son obligatorios en despidos colectivos de mayores de 55 años, incluso cuando no incluyen planes de rentas. Según Cuatrecasas, un 49% de estos despidos suscriben convenios, y aunque un 19% de los procesos no contempla prejubilaciones, es habitual que ambos mecanismos se combinen, incrementando así el porcentaje de trabajadores mayores afectados.

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(El País, 23-12-2024) | Laboral

Las aseguradoras tendrán hasta el 15 de enero para presentarse al concierto de Muface

La administración pública ha reactivado los esfuerzos para garantizar la continuidad del modelo Muface, que ofrece atención médica privada a cerca de un millón y medio de funcionarios y sus familias. Tras el anuncio del Gobierno de incrementar un 33,5% el importe que perciben las aseguradoras por este servicio, se ha dado un nuevo paso con la publicación de los pliegos de condiciones en el Portal de Contratación del Estado. Este es el segundo intento de licitación, ya que el convenio inicial, publicado el pasado 5 de noviembre, quedó desierto porque las aseguradoras consideraron insuficiente el aumento propuesto. Ahora, las compañías tendrán hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas. El nuevo convenio, que tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, abarca un periodo de 33 meses. Durante el primer trimestre de 2025, las aseguradoras actuales (Adeslas, Asisa y DKV) seguirán prestando el servicio bajo una prórroga forzosa, aunque se les aplicará la nueva propuesta de incremento, que contempla una mejora del 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. El contrato tiene un presupuesto total de 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de 957 millones respecto al periodo anterior. La duración también se extiende de dos a tres años, distribuyendo los costos anuales en 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027. La prima por mutualista subirá un 33,5% a lo largo del periodo, casi el doble del 17,12% inicialmente propuesto por el Gobierno. De este modo, pasará de 1.032 euros actuales a 1.262 euros en 2027. Entre las novedades, destaca un cambio en el cálculo de la prima, que ahora será incremental según tramos de edad: se pagará más por asegurar a personas mayores y menos por las más jóvenes. Este modelo beneficia a 1,5 millones de personas, incluyendo titulares y beneficiarios, siendo el 65% docentes de distintos niveles educativos y el 17% funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado. El futuro de Muface ha generado preocupación entre los empleados públicos, habituados a elegir cada año entre sanidad pública y privada. La retirada inicial de las tres aseguradoras principales en noviembre provocó movilizaciones de sindicatos representativos de profesores, policías, funcionarios de prisiones y personal de Hacienda y Aduanas, quienes presionaron al Ministerio de Función Pública y a las aseguradoras para alcanzar un acuerdo. Además de la inquietud entre los mutualistas, la situación ha evidenciado tensiones dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar, elaboró un informe que sugería integrar a los funcionarios de Muface en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el ala socialista del Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad, defendiendo la continuidad del modelo actual.

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(El Confidencial, 24-12-2024) | Laboral

El Gobierno duplica sus subvenciones a los sindicatos

La relación entre los sindicatos y el Gobierno de Pedro Sánchez es tan cercana que incluso el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha viajado a Waterloo para intentar mediar con Carles Puigdemont. La financiación pública destinada a las organizaciones sindicales ha experimentado un notable incremento desde que el líder socialista asumió la presidencia. A partir de 2022, el Ejecutivo se posicionó como el que más recursos asigna anualmente a subvencionar estas entidades. En una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros, se aprobó una partida de 32 millones de euros para 2025, casi duplicando los 17 millones actuales y alcanzando un récord histórico. Nunca antes un Gobierno había destinado tal cantidad anual a financiar sindicatos. La cifra supera ampliamente los precedentes históricos, siendo equivalente a cuatro años del mandato de Mariano Rajoy. Entre 2015 y 2018, durante el Gobierno del PP, se destinaron 35,5 millones de euros a estas organizaciones, una cantidad similar a la que el Ejecutivo actual prevé asignar solo en 2025. Bajo la gestión de Rajoy, en un contexto marcado por la crisis económica, las ayudas anuales a los sindicatos rondaban los 8,8 millones, lo que implica que el presupuesto actual representa un incremento del 263% respecto a esa etapa. Este crecimiento no tiene precedentes en la historia reciente de España. En comparación, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, las subvenciones sindicales se situaban en torno a los 15 millones anuales, y en el periodo de José María Aznar fueron de 10 millones. Estas cifras contrastan con las asignaciones actuales. CCOO y UGT son los principales beneficiados, en parte gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Las subvenciones sindicales comenzaron en 1982, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Desde que Sánchez asumió la presidencia, el gasto total en subvenciones sindicales asciende a 114,6 millones de euros. El presupuesto destinado a este fin creció significativamente en 2021 con la aprobación de los nuevos presupuestos. Las asignaciones pasaron de 8,8 millones anuales a 13,8 millones, y en 2022 subieron a 17 millones. La estrecha relación entre las organizaciones sindicales y Moncloa quedó reflejada en 2022, cuando el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, destinó 4,5 millones de euros a la reforma de la sede de UGT en Madrid. Además, el Ejecutivo reservó 100 millones de euros de los fondos europeos para la modernización de 42 sedes sindicales. CCOO y UGT han sido un pilar fundamental para el Gobierno de Sánchez en los últimos años, respaldándolo en negociaciones clave como la reducción de la jornada laboral, los ERTE durante la pandemia, el aumento de las pensiones y la subida del salario mínimo. Durante el 44º Congreso de UGT, Pepe Álvarez elogió a Sánchez, calificándolo como una persona "de palabra y de fiar", mientras el presidente era ovacionado con proclamas de "¡aguanta, Pedro!". El más reciente acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría ser una de las pocas victorias parlamentarias del PSOE en esta legislatura. Al igual que ocurrió con el Estatuto del Becario en 2023, este pacto fue alcanzado sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

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(El Economista, 23-12-2024) | Laboral

Díaz da un año de margen para adaptar la reducción de la jornada en los convenios

El acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales abre un plazo de un año para que sindicatos y patronal definan cómo implementar esta medida, siempre que el texto obtenga el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados. La firma oficializada este viernes marca el inicio de una nueva etapa en la negociación, que ahora se traslada al ámbito político. En este contexto, las partes involucradas esperan que se incluyan ayudas adicionales para las pymes como estrategia para ganar el apoyo de los siete diputados de Junts. Tras la reciente disputa entre los ministerios de Economía y Trabajo, se presentó el texto final, que incorpora una disposición transitoria clave. Según esta disposición, las comisiones negociadoras de convenios colectivos con jornadas superiores a 37,5 horas semanales dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus acuerdos y cumplir con la nueva normativa. La transición gradual ya había sido un tema central en las discusiones entre patronal y sindicatos, cerradas a principios de año tras la convocatoria de un diálogo tripartito por parte del Ministerio de Trabajo. Según fuentes sindicales citadas por elEconomista.es, la inclusión de esta cláusula no responde a una imposición del Ministerio de Trabajo, sino a una propuesta de los propios representantes de los trabajadores, quienes buscan evitar fracturas en la negociación colectiva. Por su parte, tanto la CEOE como Cepyme habían rechazado una imposición directa de la reducción de jornada mediante ley, alegando su impacto en convenios vigentes con aumentos salariales ya pactados. Aunque los empresarios proponían extender el plazo de adaptación hasta el final del periodo económico de cada convenio, los sindicatos rechazaron esta opción porque, en la práctica, pospondría la reducción de jornada hasta 2028 o 2029 en ciertos casos, afectando incluso a convenios en ultraactividad. El texto acordado finalmente da un margen de unos meses para la implementación, si se cumple el objetivo del Gobierno de aprobarlo en primavera. Esta postura, defendida públicamente por el Ministerio de Economía, fue bien recibida por los empresarios, quienes consideran que una aplicación gradual tiene mayor coherencia que una entrada en vigor inmediata tras su publicación en el BOE, como planteaba inicialmente la ministra Díaz. Aun así, la redacción actual permite ambas interpretaciones. Sin embargo, fuentes empresariales afirman que el margen establecido no es suficiente para que respalden la medida, pues sigue siendo una imposición a la negociación colectiva. Tampoco convence a los diputados de Junts, cuyo apoyo será decisivo en el Congreso. Por ello, se prevé que se introduzcan nuevas medidas en el documento, como ayudas específicas a pymes y un plan de acompañamiento, similar al ofrecido en las primeras negociaciones a las patronales dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. La posición de Foment del Treball está alineada con la CEOE, y fuentes empresariales aseguran contar con el compromiso de que el grupo de Miriam Nogueras votará en contra. No obstante, los acercamientos de la ministra Díaz a Pimec, patronal catalana integrada en Conpymes, han generado inquietud en sectores empresariales con sede en Madrid. Temen que Junts pueda cambiar su postura y apoyar la reducción de jornada a cambio de incentivos para las pymes. Aunque Pimec no mostró inicialmente mayor disposición que otras organizaciones empresariales, mantiene una actitud más abierta a negociar medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas durante la tramitación parlamentaria. Fuentes cercanas a Díaz creen que Junts cometería un error al alinearse con "la patronal española en Cataluña" y aseguran que se están manteniendo conversaciones "al más alto nivel" para garantizar el apoyo del partido catalán al proyecto de ley.

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(El Economista, 23-12-2024) | Laboral

El coste laboral ha subido en 15 trimestres

El coste laboral de las empresas en España lleva acumulando incrementos anuales durante 15 meses consecutivos, pero su evolución muestra grandes diferencias territoriales. En este periodo, Baleares ha registrado un aumento del 32% y Canarias del 25,9%, mientras que en Madrid y Cantabria el crecimiento ha sido del 12,2%, menos de la mitad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta evolución ha contribuido a reducir la brecha entre las comunidades con los mayores y menores costes laborales. Mientras que en el primer trimestre de 2021 la diferencia era del 55,3%, a septiembre de 2023 se ha reducido al 41,7%. Excluyendo los casos extremos de los dos archipiélagos, por un lado, y Madrid y Cantabria, por otro, el incremento en el resto del país se ha mantenido dentro de un margen de cinco puntos porcentuales por encima o por debajo de la media nacional. El INE explica que los costes laborales incluyen las remuneraciones de los asalariados, las cotizaciones sociales a su cargo, así como gastos relacionados con formación profesional, impuestos y otros costes vinculados al empleo. Por comunidades autónomas, el coste laboral ha crecido un 19% en Extremadura, un 18,9% en La Rioja, un 18,8% en Andalucía, un 18,5% en Aragón, un 18,4% en Galicia, un 16,7% en Murcia, un 16,4% en Navarra y un 16,3% en la Comunidad Valenciana. Por debajo de la media nacional (15,9%), se encuentran Castilla y León con un 15,8%, Castilla-La Mancha con un 15,5%, Cataluña con un 15,4%, Asturias con un 14,3% y Euskadi con un 13,6%. En comparación con la media, Baleares ha registrado un aumento 16,1 puntos porcentuales superior, y Canarias, 9,9 puntos. Comunidades como Extremadura y La Rioja superan la media por 3 puntos, mientras que Andalucía, Aragón y Galicia lo hacen por entre 2,5 y 2,9 puntos. Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana están menos de un punto por encima. Por otro lado, Madrid y Cantabria se encuentran 3,7 puntos por debajo de la media, el País Vasco 2,4 puntos, Asturias 1,6, mientras que Cataluña y las dos Castillas están menos de un punto por debajo. Estos cambios han reducido las diferencias entre regiones y han modificado parcialmente el ranking por coste laboral, aunque las primeras posiciones siguen lideradas por Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, las únicas comunidades que superan tanto la media nacional (3.020,71 euros) como los 3.000 euros. Madrid se mantiene a la cabeza con un coste laboral de 3.536,52 euros mensuales por trabajador, seguida por País Vasco con 3.532,78 euros, Navarra con 3.263,19 euros y Cataluña con 3.203,59 euros. En el extremo opuesto, Baleares, que en 2021 ocupaba la antepenúltima posición, ha escalado diez lugares gracias a su incremento del 32%, situándose ahora en el quinto puesto con 2.974,42 euros. Por el contrario, Castilla y León y Castilla-La Mancha han descendido tres posiciones, ocupando ahora el decimotercer lugar (2.701,41 euros) y el decimoquinto (2.667,50 euros), respectivamente. Cantabria ha bajado dos puestos, quedando octava con 2.790,56 euros, y Murcia, también con dos posiciones menos, es ahora undécima con 2.730,11 euros. Extremadura ha caído al último puesto, con el coste laboral más bajo del país, 2.490,56 euros al mes. Asturias (sexta con 2.945,08 euros) y la Comunidad Valenciana (novena con 2.764,38 euros) también han retrocedido un lugar. Por el contrario, Galicia ha subido al décimo puesto con 2.752,57 euros, y Canarias, tras un notable incremento, ha dejado de ocupar el último lugar, alcanzando los 2.553,91 euros mensuales.

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(El País, 23-12-2024) | Laboral

Los trabajadores ganarán poder adquisitivo el año que viene con una subida media cercana al 4%

Con un IPC más controlado que en los últimos tres años (la tasa anual de variación fue del 2,4% en noviembre), los salarios en 2024 experimentarán un aumento promedio del 4%, según Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. Esto permitirá una recuperación del poder adquisitivo que no se veía desde entonces. Aunque esta mejora no compensará totalmente las pérdidas acumuladas desde 2021, los sindicatos buscarán profundizar en esta recuperación mediante la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). "Finalmente se produce una recuperación del poder de compra. Además, esta vez se distribuye de manera más equitativa, en lugar de concentrarse en los directivos, como suele ser habitual", señala Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de AON. Las perspectivas para 2025 también son positivas. Las estimaciones más optimistas prevén un aumento similar del 4%, mientras que las más conservadoras sitúan el incremento en torno al 3,3%. El informe sobre incrementos salariales 2024-2025 de la consultora Peoplematters, elaborado por Victoria Gismera, apunta a una subida cercana al 3,5%, alineándose con las previsiones de Mercer, mientras que AON estima un incremento en la banda más alta. Sin embargo, los aumentos variarán según el sector. La industria farmacéutica liderará con incrementos promedio del 10%, seguida por el comercio con un 5%, mientras que en otros sectores las subidas serán más moderadas, según Randstad Research. "Estamos regresando a la normalidad. La etapa de congelación salarial y aumentos limitados tras la covid ha dado paso a una recuperación. Este año se han registrado incrementos promedio del 4,16% en el 96% de las empresas, y el próximo año también habrá subidas significativas", explica Susana Marcos, consejera delegada de Peoplematters. "La bonanza económica es real, aunque se perciba inestabilidad. Las empresas están adoptando una gestión más estratégica de la retribución, con una política conservadora pero efectiva", añade. Un ejemplo es Tabacalera, donde las revisiones salariales abarcan tanto el salario fijo como el variable, así como incentivos a largo plazo, explica María Martín, directora de Compensación y Movilidad Global. En 2025, estos conceptos aumentarán cerca del 6% en España, superando la media del mercado, que se estima en un 3,9%. "En los últimos tres años hemos duplicado nuestro negocio, y queremos que la compensación refleje este crecimiento y nos haga más competitivos en el mercado laboral", afirma. La mayoría de las empresas, alrededor del 60%, realizan las revisiones salariales durante el primer trimestre del año. Este ejercicio los incrementos han oscilado entre el 4% para administrativos y el 4,35% para técnicos cualificados, una diferencia mínima que se mantendrá en 2025. Según Peoplematters, las subidas oscilarán entre el 3,04% para operarios y el 3,48% para comerciales. Marcos destaca que el poder adquisitivo de la clase media ha disminuido considerablemente en los últimos años, pero los convenios colectivos están impulsando mayores subidas para este segmento. "El último acuerdo nacional se está cumpliendo e incluso superando", valora Mari Cruz Vicente, quien subraya que en 2025 los aumentos salariales deberían situarse a partir del 3% e ir acompañados de un incremento del salario mínimo.

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(Cinco Días, 20-12-2024) | Laboral

Las consultoras acuerdan con los sindicatos una subida salarial de hasta el 10% en tres años

La patronal del sector y los sindicatos han logrado un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo que beneficiará a más de 280.000 trabajadores. El acuerdo, alcanzado entre la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y los representantes de los empleados, será aplicable para los años 2025, 2026 y 2027. Tras meses de negociaciones iniciadas en primavera, la patronal, que reúne a empresas como EY, KPMG, Accenture y Deloitte, ha acordado con los sindicatos un incremento salarial acumulado del 10% en tres años: un 4% para 2025 y un 3% para 2026 y 2027. Este convenio colectivo impacta no solo en el sector de la consultoría, sino también en los trabajadores de empresas dedicadas a estudios de mercado y opinión pública. El preacuerdo no solo contempla las subidas salariales, sino también mejoras en las compensaciones económicas relacionadas con el teletrabajo, las dietas y el kilometraje. Además, se ha decidido crear un área funcional específica para la "consultoría en ciberseguridad", un ámbito en crecimiento constante. José María Beneyto, presidente de la AEC, calificó el acuerdo como "una excelente noticia" para el sector y sus trabajadores. Según Beneyto, las empresas buscan promover el empleo de calidad, el bienestar laboral, la diversidad y la formación de talento, todo ello manteniendo la competitividad de un sector clave para la modernización y transformación digital de la economía española. Por primera vez, este convenio, el número 19, abarcará un periodo de tres años, a diferencia de los anteriores que solían ser bienales. El convenio anterior, firmado en abril de 2023, estaba vigente hasta diciembre de este año, lo que motivó a ambas partes a sellar un nuevo acuerdo antes de que comenzara 2025. A diferencia del proceso anterior, que tardó casi tres años en concretarse, este nuevo texto fue negociado y acordado en solo seis reuniones. Desde CCOO celebraron que, por primera vez en el sector TIC, se haya alcanzado un convenio con mejoras considerables y sin retrasos respecto al vencimiento del anterior. El nuevo convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y beneficiará especialmente a los empleados del sector de consultoría, que a finales de 2023 contaba con 281.367 profesionales, un 6,3% más que el año anterior. Cabe destacar que casi el 30% de las nuevas contrataciones correspondieron a jóvenes recién graduados.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

Muface aplicará a la prórroga del seguro de salud

El incremento total previsto para los tres años del próximo concierto será del 33,5%, distribuido de la siguiente manera: un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. Según la propuesta enviada el pasado martes a las aseguradoras, las compañías que participan en el concierto actual recibirán, el día 1 de cada mes durante la prórroga, la prima establecida para las entidades que formen parte del nuevo acuerdo, que en 2025 será del 19,37%. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido extender el concierto vigente hasta la entrada en vigor del nuevo, añadiendo un mes adicional para que los mutualistas puedan cambiar de aseguradora o elegir la sanidad pública, como informó ayer el diario EXPANSIÓN. Aunque no se ha especificado una fecha concreta para la ampliación, se prevé que esta cobertura se extienda desde el 1 de enero de 2025 hasta, al menos, finales de febrero, dependiendo de cuándo se firme el nuevo convenio, algo que podría ocurrir en enero. El concierto actual finaliza el próximo 31 de diciembre y, como de costumbre, los mutualistas dispondrán del mes de enero para decidir si permanecen con su aseguradora, eligen otra o optan por la sanidad pública. El retraso en la renovación del nuevo concierto ha afectado a los plazos habituales. El ministro Óscar López aseguró ayer que la prórroga del seguro de salud tiene como objetivo garantizar que "nadie quede sin cobertura" mientras se resuelve la licitación. La normativa de contratos del Estado permite prorrogar servicios públicos esenciales hasta nueve meses si no hay otra alternativa. Esta medida se ha activado después de que la primera licitación, lanzada en octubre con un aumento de la prima del 17,12% para 2025 y 2026, quedara desierta. Aunque algunas aseguradoras expresaron dudas sobre la legalidad de la prórroga aplicada al concierto actual, han descartado emprender acciones legales al respecto. Tras esta situación, el Gobierno ha presentado una nueva oferta. "Estoy convencido de que habrá un acuerdo para renovar el concierto de Muface por tres años más", afirmó López, quien envió un mensaje de tranquilidad a los mutualistas durante la presentación de la nueva versión de la Carpeta Ciudadana. El convenio establece que, aunque una aseguradora decida no participar en el nuevo concierto, deberá garantizar las prestaciones a sus asegurados hasta el 31 de enero de 2025. Además, deberá continuar brindando asistencia hospitalaria y para embarazos con fecha prevista de parto en febrero. En caso de hospitalizaciones prolongadas, la cobertura se extenderá hasta finales de marzo de 2025, momento en que la nueva aseguradora elegida por el mutualista asumirá la responsabilidad. Hoy se darán a conocer los detalles del nuevo concierto para los próximos tres años, incluyendo las condiciones para las aseguradoras interesadas y el plazo que tendrán para analizar los términos y decidir si participan o no.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

La Audiencia Nacional ratifica el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico de los trabajadores con la finalidad de controlar el uso profesional del mismo

La irrupción del teletrabajo durante la pandemia de Covid se dio de forma repentina, lo que llevó a que muchos acuerdos laborales relacionados con esta modalidad terminaran en los tribunales. En muchos casos, estos acuerdos no cumplían con la normativa vigente o incluían cláusulas que resultaban abusivas para los empleados. Diversos niveles judiciales, incluida la Audiencia Nacional (AN), han tenido que pronunciarse sobre estas disputas. Un ejemplo es el caso de un sindicato gallego que demandó el contenido de un acuerdo de teletrabajo de una empresa de telemárketing. Según la demanda, el acuerdo no se había negociado con la representación legal de los trabajadores (RLT) y contenía cláusulas que debían considerarse nulas por ser abusivas o contrarias a la Ley de Trabajo a Distancia. La sala de lo social de la AN comenzó examinando si la empresa cumplió con la consulta a la RLT. El sindicato argumentaba que la empresa solo informó sobre las cláusulas estándar que se aplicarían en los contratos individuales, sin tener en cuenta las aportaciones de la parte social. Sin embargo, la AN concluyó que, de acuerdo con los artículos 64.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, el deber de la empresa se limita a informar y consultar, pero no obliga a negociar los términos concretos de los acuerdos de teletrabajo. Por otro lado, la sala también evaluó la legalidad de ciertas cláusulas incluidas en el acuerdo. En cuanto a la devolución de los medios proporcionados por la empresa al finalizar la relación laboral, la AN determinó que esta práctica no es abusiva, ya que la retención en el finiquito, en caso de no devolver dichos medios, es legítima. Sin embargo, consideró que el plazo de 24 horas para la restitución era excesivamente breve y, por tanto, lo declaró nulo. Respecto a la cláusula sobre los medios de control de la actividad, la AN avaló el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico corporativo de los trabajadores para garantizar su uso profesional, siempre que exista una política que prohíba expresamente el uso personal del ordenador. Según la sala, esta medida respeta el derecho a la intimidad y se enmarca en las facultades de dirección y control de la empresa. En resumen, este fallo de la Audiencia Nacional busca equilibrar el control empresarial con la protección de los derechos laborales en el contexto del teletrabajo, proporcionando pautas claras para que las empresas elaboren acuerdos ajustados a la normativa vigente, según explica Silvia Palacios, socia directora del área laboral de Selier Abogados.

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