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(Expansión, 22-11-2024) | Laboral

El Gobierno da carpetazo a la negociación con CEOE y Cepyme sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Ejecutivo ha decidido proseguir la negociación de esta reforma únicamente con los sindicatos. En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que el acuerdo con CCOO y UGT es "inminente". Sin embargo, los representantes sindicales, Carlos Gutiérrez y Fernando Luján, moderaron este optimismo, reconociendo que, aunque las posturas con el Gobierno están muy próximas, aún quedan asuntos por resolver. Entre ellos, destaca la eliminación de las ayudas para las empresas que reduzcan la jornada laboral y generen empleo, tras la retirada de la patronal de la mesa de negociación. Pérez Rey coincidió con esta postura al señalar que "no tiene sentido" mantener esas ayudas si los empresarios se han apartado del diálogo sobre la reducción de la jornada sin afectar los salarios. Horas antes, en declaraciones a RNE, acusó a la CEOE de actuar con "cálculo político" al rechazar la propuesta, sugiriendo que buscan debilitar al Gobierno de coalición de cara a un posible adelanto electoral. La semana pasada, los empresarios ya expresaron su rechazo absoluto a la propuesta gubernamental. Según CEOE y Cepyme, reducir la jornada laboral sin recortar salarios debe ser competencia exclusiva de la negociación colectiva entre trabajadores y empresas. Asimismo, critican la creciente intervención del Ejecutivo en las relaciones laborales, ejemplificada, según ellos, en el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 54% desde 2018, situándose en 1.134 euros mensuales. También rechazan la intención del Gobierno de permitir que la Inspección de Trabajo acceda directamente a los registros de las empresas para detectar posibles fraudes en el control horario. Por último, denuncian que los sindicatos incumplen el último acuerdo de negociación colectiva, que no contemplaba una reducción legal de la jornada a 37,5 horas semanales. En este contexto, Pérez Rey anunció que el Gobierno comenzará de inmediato la tramitación interna y el proceso de audiencia pública del proyecto de ley. Además, retomará las negociaciones con CCOO y UGT y buscará el apoyo de diversos grupos políticos para asegurar la aprobación parlamentaria de la reforma. Trabajo confía en lograr un respaldo mayoritario en el Congreso, salvo por parte de Vox. Por su parte, los empresarios confían en que el PP y Junts, tradicionalmente cercanos al sector privado, frenen la medida. Ante el estancamiento de las negociaciones, el Gobierno ha decidido avanzar directamente hacia la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin pasar previamente por un recorte intermedio a 38,5 horas. Pérez Rey criticó la actitud de los empresarios, acusándolos de no presentar propuestas concretas en 11 meses de negociación. Además, rechazó su argumento de que esta medida sólo pueda implementarse a través de la negociación colectiva, considerando que con los avances tecnológicos y de productividad, es momento de actualizar la jornada laboral, que no ha cambiado en 40 años. Según Pérez Rey, la postura de la patronal busca beneficiar únicamente a las grandes empresas, dejando fuera sectores como la agricultura, la hostelería, la limpieza y otros servicios, afectando a 12 millones de trabajadores. "¿Cómo es posible que, en la era de Internet, la informática y la Inteligencia Artificial, no podamos reducir el tiempo de trabajo?", cuestionó. Para él, la mesa de negociación con la patronal está cerrada. Por su parte, los representantes sindicales Fernando Luján (UGT) y Carlos Gutiérrez (CCOO) advirtieron que no solo apoyarán la eliminación de las ayudas para empresas en las propuestas recientes, sino que también impulsarán un aumento del 25% en las cotizaciones por horas extra como respuesta al rechazo de la CEOE. "Si la patronal se ha retirado de la discusión, no tiene sentido negociar medidas destinadas a las empresas, ya que son ellas las destinatarias de esas ayudas", concluyeron.

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(El Economista, 22-11-2024) | Laboral

El Supremo abre la puerta a una indemnización mayor si se incumple con el nuevo despido disciplinario

El Tribunal Supremo ha establecido un nuevo criterio que podría llevar a las empresas a pagar mayores indemnizaciones a los trabajadores en caso de despido disciplinario. En un fallo del 18 de noviembre, el tribunal modifica una doctrina de cuatro décadas y exige que las empresas celebren una audiencia previa antes de proceder al despido disciplinario, con el objetivo de permitir al empleado defenderse. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no contempla esta obligación, el Supremo argumenta que, al estar recogida en el Convenio de la OIT aplicado en España desde 1986, la normativa internacional prevalece sobre la nacional. A pesar de esta exigencia, el tribunal no especifica las consecuencias para las empresas que no cumplan con la audiencia previa. Blanca Liñán, abogada laboralista y socia de Ceca Magán Abogados, considera que este incumplimiento probablemente resultará en la declaración de improcedencia del despido. Además, estima que el fallo abre la posibilidad de que el trabajador afectado reclame una indemnización adicional por el incumplimiento de este requisito formal. La abogada también señala que lo que el empleado declare en esta audiencia previa podría influir en su defensa durante un eventual juicio. Por otro lado, si la empresa no celebra dicho trámite, el despido podría declararse improcedente, lo que permitiría al trabajador reclamar una compensación adicional. Liñán añade que el Supremo no aclara cómo debe implementarse esta audiencia previa, lo que deja un aspecto importante sin resolver. Cristina Grande, directora del área de Derecho Laboral y Protección de Datos de Ashurst España, menciona que el tribunal no establece de forma explícita las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Según Grande, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró la improcedencia del despido en el caso que dio origen al fallo, otros tribunales, como los de Madrid, País Vasco y Galicia, han dictaminado que la falta de audiencia previa no necesariamente implica esta consecuencia. Grande explica que, según ciertas sentencias, si el despido se declara improcedente por motivos que el trabajador podría haber argumentado en una audiencia previa, se genera un daño indemnizable que podría calcularse en función de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la resolución judicial. Ante esta situación, varios expertos consideran necesario que el legislador modifique el Estatuto de los Trabajadores para regular este nuevo criterio y ofrecer claridad tanto a empresas como a empleados.

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(El Periódico, 22-11-2024) | Laboral

Ampliación de la garantía de indemnidad del empleado ante un posible despido de la empresa

El Estatuto de los Trabajadores, la normativa que regula las relaciones laborales entre empresas y empleados, incorporará a partir de diciembre un nuevo derecho que beneficiará tanto a los trabajadores como a sus familiares. Este cambio entrará en vigor el 4 de diciembre, con la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2024, que introduce una ampliación de la protección frente a despidos como parte de la garantía de indemnidad del empleado. Actualmente, el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que son nulas "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que impliquen un trato desfavorable hacia los trabajadores en respuesta a una reclamación dentro de la empresa o a una acción judicial o administrativa para exigir la igualdad de trato y la no discriminación". Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2024, esta garantía de indemnidad, que protege a los empleados frente a posibles represalias tras realizar reclamaciones laborales, se ampliará para incluir a familiares que trabajen en la misma empresa. Según la nueva normativa, la protección se extiende al cónyuge, pareja de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluso si estos no han realizado ninguna reclamación o ejercicio de derechos laborales. Esto significa que ni el trabajador ni sus familiares podrán ser objeto de sanciones, castigos o despidos relacionados con el ejercicio de derechos laborales o con denuncias presentadas en el ámbito laboral. Si se producen represalias o despidos en estas circunstancias, estos serían declarados nulos, incluso cuando afecten a familiares que no participaron en dichas acciones. Sin embargo, para que se declare la nulidad, será necesario que el empleado afectado demuestre que las medidas adoptadas en su contra, o contra sus familiares, derivan directamente del ejercicio o reclamación de un derecho laboral.

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(Expansión, 21-11-2024) | Laboral

Muface pide información al mercado, lo que retrasa la renovación del concierto

Los plazos se alargan. Muface informó el pasado 5 de noviembre que convocaría con urgencia una nueva licitación para el seguro que garantiza la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Sin embargo, ayer comunicó la apertura de un plazo, que no estaba previsto, para realizar una consulta al mercado, lo que retrasa la renovación del acuerdo que regula esta cobertura. Las aseguradoras tienen 10 días hábiles, hasta el 4 de diciembre, para presentar sus propuestas, tras lo cual la Administración elaborará un informe final que será publicado, según lo indicado por Muface. Esto deja 17 días hábiles para que se complete el informe, se diseñe un nuevo acuerdo que, en teoría, incorporará las aportaciones de las compañías, y se otorgue un tiempo suficiente a las aseguradoras interesadas para estudiar y decidir su adhesión. En el convenio anterior contaron con tres semanas para este análisis. Todo este proceso debe completarse antes del 31 de diciembre, cuando vence la cobertura actual. Enero es el mes en el que los mutualistas tienen la posibilidad de cambiar de aseguradora o optar por la sanidad pública. La Administración ya ha señalado que, en caso de no lograrse una renovación a tiempo, el convenio actual podría prorrogarse hasta nueve meses por tratarse de un contrato de interés público. Esta opción resulta más plausible ahora, considerando lo ajustado del calendario, aunque también se contempla una prórroga breve si las propuestas de Muface logran convencer a las aseguradoras para que permanezcan en el convenio. El Gobierno ha solicitado a Adeslas, Asisa, DKV y otras aseguradoras interesadas que detallen sus condiciones para adherirse al acuerdo. Esta iniciativa se produce tras quedar desierta la licitación anterior, convocada el 5 de noviembre, debido a que estas tres compañías no participaron por considerar insuficiente la prima ofrecida, pese al incremento del 17% fijado por la Administración para 2025 y 2026, con un presupuesto total de 2.681 millones de euros. Las aseguradoras demandan un incremento de hasta el 40% en la prima bianual. El uso de una consulta de mercado en este tipo de procesos está previsto en la legislación vigente. En este caso, Muface solicita a las aseguradoras que presenten sus precios estimados para 2025, 2026 y 2027, ampliando el periodo de cobertura un año más respecto a la licitación anterior. El convenio actual, que abarca desde 2022 hasta 2024, tiene una duración de tres años. Según Muface, esta consulta preliminar tiene como objetivo preparar adecuadamente la nueva licitación y asegurar que el presupuesto base se ajuste a los precios de mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La norma establece que los presupuestos de licitación deben alinearse con los precios reales del mercado. La información requerida incluye la prima media que la Administración debería pagar a las aseguradoras en siete rangos de edad durante los próximos tres años, así como un desglose de los costes totales estimados para establecer estos valores. Los sindicatos CCOO y UGT solicitaron ayer al Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, que acelere los trámites para formalizar el nuevo concierto "lo antes posible" y pidieron a las aseguradoras que actúen con "responsabilidad". Este proceso también afecta a la cobertura sanitaria de aproximadamente 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero y no tienen acceso a la sanidad pública, a diferencia de los mutualistas de Muface que sí cuentan con esa opción. Hasta el 31 de diciembre, estos empleados están cubiertos por DKV.

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(El País, 21-11-2024) | Laboral

Los salarios de la eurozona suben a su mayor nivel impulsados por el tirón alemán

Los salarios negociados en los convenios colectivos dentro de la eurozona registraron un incremento del 5,42% durante el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó este miércoles el Banco Central Europeo (BCE). Este aumento representa la mayor subida desde 1992 y supera en casi un punto porcentual el crecimiento observado en el segundo trimestre del año. El BCE destacó que los salarios negociados en la eurozona crecieron interanualmente un 5,42% entre julio y septiembre, en contraste con el 3,54% del segundo trimestre y el 4,77% registrado en los tres primeros meses de 2024. Este incremento se debe en gran medida al impulso de Alemania, donde los salarios pactados, incluyendo acuerdos adicionales, aumentaron un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la tasa más alta desde 1993, según datos del Bundesbank. No obstante, el Banco Central Alemán advirtió que este periodo podría marcar el punto más alto en los incrementos salariales, previendo un ritmo más moderado en el futuro. De hecho, el reciente acuerdo de IG Metall para el sector manufacturero estipula aumentos salariales más contenidos para los próximos dos años. Este repunte salarial, que rompe la tendencia bajista del segundo trimestre, alcanza niveles no vistos desde finales de 1992, cuando el incremento fue del 6,6%. La publicación de estos datos coincide con la proximidad de la última reunión del año del BCE, prevista para dentro de menos de un mes, en la que se espera una nueva reducción de los tipos de interés, la cuarta consecutiva. Sin embargo, el BCE proyecta una desaceleración significativa en los aumentos salariales para 2025 y 2026, lo que contribuiría a una estabilización de la inflación en torno al objetivo del 2%. Este crecimiento de los salarios, impulsado desde 2022 por la inflación y la falta de mano de obra en algunos sectores, ya había llevado a aumentos del 2,95% en 2022 y del 4,44% en 2023. En su reunión de octubre, el BCE subrayó que, aunque los salarios seguían creciendo a un ritmo elevado, las presiones sobre los costes laborales se están moderando paulatinamente, con las empresas absorbiendo parte del impacto en sus márgenes de beneficios. Philip Lane, economista jefe del BCE, señaló en ese encuentro que un mercado laboral más sólido podría facilitar la consecución del objetivo de inflación y que los aumentos salariales previstos para los próximos años serán más acordes con este propósito que los registrados antes de la pandemia.

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(El País, 21-11-2024) | Laboral

Casi 11.000 afectados han presentado ya las solicitudes para cobrar las ayudas directas por la DANA

El Ministerio de Hacienda abrió este martes, 19 de noviembre, el plazo para que empresas y autónomos soliciten ayudas económicas destinadas a paliar los daños provocados por la DANA. En tan solo 24 horas, se han recibido cerca de 11.000 solicitudes, según informó la Agencia Tributaria este miércoles. Este plazo estará disponible hasta el 31 de diciembre, y el real decreto ley que regula estas ayudas prevé beneficiar a más de 100.000 autónomos y empresas, lo que sugiere que las solicitudes seguirán incrementándose en los próximos días. La Agencia Tributaria, con el objetivo de agilizar el proceso, ha habilitado un formulario electrónico donde los solicitantes pueden indicar su cuenta bancaria para recibir los fondos. A partir del 1 de diciembre, las ayudas comenzarán a transferirse y estarán exentas tanto de IRPF como del impuesto sobre sociedades. El real decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre, destina un presupuesto total de 10.600 millones de euros en ayudas directas y préstamos. Los beneficiarios serán autónomos y empresas cuyos negocios hayan sufrido daños, incluso si no están ubicados fiscalmente en los municipios afectados. En el caso de las empresas, el importe de las ayudas se determinará según el volumen de operaciones de 2023: Facturación menor a 1 millón de euros: 10.000 euros; Entre 1 y 2 millones: 20.000 euros; De 2 a 6 millones: 40.000 euros; Entre 6 y 10 millones: 80.000 euros y Más de 10 millones: 150.000 euros. Estas ayudas alcanzarán a más de 33.800 empresas de las zonas afectadas. Para los autónomos, se ha fijado una cuantía de 5.000 euros, beneficiando a más de 70.000 personas. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estimó que la DANA impactó en unos 70 municipios clave para la economía regional y nacional, que representan el 34,5% del PIB provincial y el 22% de la Comunidad Valenciana. Esto afecta directamente a más de 400.000 trabajadores y equivale a un PIB de 28.000 millones de euros, superando la riqueza de comunidades como Extremadura, La Rioja o Asturias. Además de las ayudas económicas, el decreto incluye medidas fiscales como exenciones y devoluciones del IBI y el IAE para inmuebles dañados, flexibilización de plazos tributarios hasta el 30 de enero de 2025 y aplazamientos de pagos sin intereses durante los primeros seis meses. También se ha aprobado una reducción del 25% en la tributación por módulos para los autónomos, lo que supondrá un ahorro medio de 400 euros para más de 22.600 contribuyentes, así como un descuento similar en las cuotas del régimen simplificado de IVA, beneficiando a otros 4.900 autónomos. De forma excepcional, los autónomos podrán renunciar al régimen de módulos en 2024 y optar por la estimación directa, con la posibilidad de volver al régimen original en 2025 o 2026 si así lo desean.

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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

Trabajo busca el acuerdo con CCOO y UGT para llevar cuanto antes al Congreso la rebaja de la jornada

El Ministerio de Trabajo ha programado para mañana jueves, a las 16:00 horas, una nueva reunión de la mesa de diálogo social centrada en la reducción de la jornada laboral. La reunión anterior, que estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida debido a la DANA y la necesidad de priorizar la gestión de la emergencia. Trabajo había establecido el 11 de noviembre como fecha límite para que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme dieran una respuesta definitiva, aceptando o rechazando su propuesta de reducir la jornada laboral semanal de las actuales 40 horas a 37,5 mediante una ley. Sin embargo, CEOE y Cepyme ya han manifestado su rechazo a esta medida, calificándola como una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva", según lo estipulado en el artículo 37.1 de la Constitución. Pese a la oposición empresarial, la vicepresidenta segunda ha garantizado que la jornada de 37,5 horas será implementada "antes de que finalice el próximo año". Con la negativa de las patronales, el Ministerio dirigirá sus esfuerzos hacia un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, con el objetivo de presentar la propuesta en el Congreso lo antes posible. Para ello, será crucial asegurar el apoyo político necesario para su aprobación. En este sentido, los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han iniciado contactos con formaciones políticas como el PNV y Bildu, buscando respaldos para la medida. Además, la postura de CEOE y Cepyme podría tener consecuencias adicionales, ya que las ayudas propuestas para apoyar a las pequeñas empresas en la transición hacia la jornada reducida podrían ser eliminadas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido que algunos elementos de la propuesta podrían modificarse si la patronal no aceptaba el acuerdo. Los sindicatos, por su parte, han adoptado una postura firme y no están dispuestos a hacer concesiones a las patronales si no se suman al pacto. El líder de UGT, incluso, ha instado al Ministerio a aprobar la reducción de la jornada "sin condiciones", sin ofrecer compensaciones a las empresas. Tanto CCOO como UGT han dejado claro que, en la reunión de mañana, pedirán a Trabajo que avance en la legislación para reducir la jornada laboral. Además de las reuniones con partidos políticos, los sindicatos han adelantado que podrían organizar movilizaciones en las próximas semanas para presionar en favor de la jornada de 37,5 horas, según afirmó Unai Sordo. En la última reunión de la mesa de diálogo, el Ministerio había incluido en su propuesta nuevas medidas con el objetivo de atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo. Entre estas, destacaba un programa de ayudas directas de hasta 375 millones de euros destinado a microempresas con menos de cinco empleados en sectores como hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías. Trabajo también propuso dos nuevos programas de apoyo, inspirados en el Kit Digital y el Kit Consulting, que ofrecían hasta 6.000 euros por empresa, siempre que estas mantuvieran el nivel y la calidad del empleo durante tres años. Estas iniciativas se sumaban al 'Plan Pyme 375', diseñado para empresas con menos de diez trabajadores, que incluía asesoramiento y bonificaciones para fomentar el empleo fijo y convertir contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo derivados de la reducción de la jornada. Estas bonificaciones, cuyo alcance aún no había sido definido, podrían oscilar entre el 20% y el 100% de las cotizaciones empresariales, con incentivos adicionales para la contratación de jóvenes y mujeres, siempre y cuando el Ministerio mantenga estas medidas tras el rechazo de CEOE. Finalmente, además de la reducción de la jornada semanal, el Ministerio busca incluir en la legislación el derecho a la desconexión digital y establecer un registro horario digital e interoperable, supervisado por la Inspección de Trabajo, para garantizar el cumplimiento de la normativa.

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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

La Seguridad Social calcula que a partir de febrero los sectores con muchas bajas podrán pedir la jubilación anticipada

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha fijado febrero de 2025 como fecha para la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Este reglamento permitirá que las organizaciones patronales y sindicales, en representación de los trabajadores de actividades con alta siniestralidad o numerosas bajas, puedan solicitar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Según las estimaciones, algunos trabajadores podrían beneficiarse de esta medida hacia finales del verano, ya que el proceso entre la solicitud y su resolución toma aproximadamente seis meses. Cabe destacar que no se aplicará a sectores completos, sino únicamente a las ocupaciones consideradas más exigentes. "El pasado 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó esta normativa mediante tramitación urgente. Posteriormente, se sometió a audiencia pública como muestra de transparencia. Actualmente, los servicios técnicos y jurídicos están evaluando las alegaciones presentadas, y después se enviará al Consejo de Estado para que emita su dictamen en un plazo de 15 días", explicó Saiz, quien reiteró que el objetivo es implementar la norma lo más pronto posible, con vistas a febrero de 2025. La ministra subrayó que estos coeficientes reductores aportarán "certeza" y ampliarán los derechos laborales, avanzando en protección social. Según Saiz, es "prioritario" que cualquier colectivo que considere tener derecho a la jubilación anticipada pueda solicitarlo y obtener una respuesta objetiva, considerando tanto las exigencias físicas y psíquicas de ciertas ocupaciones como la perspectiva de género. Esta medida forma parte de la última reforma de pensiones, que fue aprobada con el respaldo de sindicatos y patronales. Su finalidad es reducir la edad de acceso a la jubilación para ocupaciones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, caracterizadas por altos índices de morbilidad o mortalidad. Para determinar estos índices se considerarán todas las bajas laborales, no solo aquellas derivadas de contingencias profesionales, en respuesta a las demandas de los representantes de los trabajadores. La norma abarcará tanto a empleados por cuenta ajena como a autónomos, exceptuando a aquellos que ya cuentan con sistemas propios de coeficientes reductores, como policías, marineros o mineros. No obstante, los beneficios se aplicarán únicamente a ciertas actividades dentro de cada sector, dependiendo de las características específicas de cada ocupación. Además, solo se activarán en los casos en los que no sea posible adaptar el puesto de trabajo. Durante su intervención en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre la inclusión de cuidadores de personas con alto grado de dependencia en este sistema. Vaquero recordó que estas personas quedan excluidas porque la penosidad no deriva de una relación laboral, sino del cuidado en sí. Aunque insistió en la necesidad de buscar soluciones para quienes compatibilizan trabajo y cuidados, Saiz no ofreció una respuesta concreta al respecto. El proceso de solicitud se iniciará a instancia de los sindicatos o patronales representativos del sector, ya sea de forma conjunta o por separado. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá un plazo de seis meses para resolver cada caso. Se espera que, una vez en vigor, el Ministerio reciba numerosas solicitudes de colectivos que llevan tiempo reclamando estos coeficientes, como transportistas, trabajadoras de ayuda a domicilio o camareras de piso. Si el reglamento comienza a aplicarse en febrero de 2025, los primeros beneficios podrían concederse entre agosto y septiembre. Según establece la normativa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe que evaluará la morbilidad y siniestralidad del colectivo, identificará los indicadores básicos, determinará sus umbrales y analizará el impacto del trabajo, considerando especialmente factores como la edad y el género.

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(El Periódico, 21-11-2024) | Laboral

Cataluña simplificará los trámites online para pedir las ayudas a la dependencia o el reconocimiento de una discapacidad

Solo el 4% de las personas que inician el trámite de solicitud de una pensión por invalidez en línea logra completarlo con éxito en el primer intento. Las cifras no son mucho mejores para quienes tramitan un título de familia numerosa (7%) o una prestación social para personas con discapacidad (10%). Realizar gestiones administrativas puede convertirse en un desafío, y los portales online a menudo se perciben más como barreras que como soluciones. Ante esta problemática, la Generalitat de Cataluña ha decidido tomar medidas. Como parte del plan de modernización de los servicios públicos impulsado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la Generalitat se ha comprometido a reformular en los próximos 12 meses los 10 trámites administrativos más demandados. Entre ellos se incluyen solicitudes como el reconocimiento del grado de discapacidad, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ayudas a la dependencia, al alquiler, y la matrícula universitaria, entre otros. Estas gestiones, que en conjunto sumaron más de medio millón de usuarios el año pasado, serán las primeras en ser revisadas. Este miércoles, el Govern reunió a 68 expertos, organizados en 12 comisiones, para lanzar oficialmente este proceso de reforma. "Existe un consenso entre la ciudadanía y el sector privado de que hay una desconexión con la administración", afirmó Dalmau durante el acto de presentación. La reforma busca simplificar, agilizar y hacer más accesibles los trámites. Aunque todavía no hay un plan cerrado, los cambios se centrarán en modificar los procesos y mejorar la información que reciben los usuarios sobre el estado de sus solicitudes. Para identificar áreas de mejora, se llevará a cabo una encuesta durante el primer trimestre de 2025, dirigida a 120.000 personas que hayan realizado trámites recientemente, con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias. Además, la Generalitat pondrá en marcha un observatorio de la administración digital, que publicará indicadores clave para medir la eficiencia de los servicios públicos. Entre estos, se incluirán datos como el tiempo promedio de respuesta, la cantidad de trámites que pueden realizarse online, el número total de solicitudes gestionadas y la valoración ciudadana de la atención recibida. Aunque los 10 trámites priorizados son solo el inicio, la reforma abarcará también gestiones dirigidas a empresas. Los expertos tienen un plazo de 10 meses para presentar propuestas, que incluirán desde cambios en el silencio administrativo para trámites empresariales, hasta la modernización del proceso de selección de empleados públicos, que actualmente puede demorar hasta dos años desde la convocatoria hasta la incorporación del funcionario. Otras áreas de mejora incluirán la actualización de normativas como la ley de urbanismo, vigente desde 2002, y la despolitización del nombramiento de directivos públicos, priorizando criterios de mérito y capacidad sobre designaciones partidistas. "Esta vez va en serio", aseguró Dalmau, reforzando el compromiso de llevar adelante una transformación profunda de la administración catalana.

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(El País, 20-11-2024) | Laboral

Trabajo abre expediente a 106 empresas por obligar a ir a trabajar durante una alerta meteorológica

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado procedimientos sancionadores contra 106 empresas por presuntas infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales durante la reciente DANA. Las acusaciones apuntan a que estas compañías obligaron a sus empleados a trabajar a pesar de las alertas naranjas o rojas por fenómenos meteorológicos extremos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes en Valencia que la normativa de prevención de riesgos laborales, de carácter estatal, se aplica en todo el país sin excepciones. "No hay ningún salvoconducto que permita eludir la ley", enfatizó Díaz durante su visita para abordar las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido días atrás sobre empresas que emitieron salvoconductos para justificar que sus empleados se desplazaran al trabajo pese a las alertas climáticas. Según trascendió, la Consejería de Interior y Justicia de Valencia habría emitido estos permisos a trabajadores de empresas como Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otras. Díaz recordó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, establece claramente que un trabajador puede interrumpir su actividad o evitar desplazarse si considera que su salud o vida están en peligro. Asimismo, destacó que las recomendaciones de las autoridades no solo buscan garantizar la seguridad individual, sino también la colectiva. "Al desplazarse en alerta roja, no solo se pone en riesgo la vida propia, sino también la de los demás", añadió. Pese a estas sanciones, la ministra destacó que la mayoría de las empresas cumplen con la normativa, calificando esta conducta general como "muy positiva". Sin embargo, animó a los trabajadores que enfrenten situaciones de riesgo a denunciar ante la Inspección de Trabajo. Recordó la existencia de herramientas como el buzón de fraude del Ministerio, que permite realizar denuncias de forma completamente anónima, y aseguró que los empleados no pueden ser represaliados por defender su seguridad. "En una democracia, ni trabajadores ni empresas están por encima de la ley", afirmó. Además, Díaz indicó que los despidos realizados como consecuencia de esta catástrofe ambiental serán considerados nulos, lo que implica la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados. En relación con el impacto laboral de la DANA, el Ministerio informó que hasta el momento se han registrado en la Comunidad Valenciana 1.490 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que están ofreciendo protección a más de 18.600 personas. Este mecanismo, según la ministra, se está gestionando con un seguimiento diario y riguroso. Durante su visita a Valencia, Díaz mantuvo reuniones con sindicatos, empresarios, autoridades locales y alcaldes de los municipios más afectados. Además, mencionó el plan dotado con 50 millones de euros destinado a la contratación de personas desempleadas en las zonas más perjudicadas, una medida que será gestionada directamente por los ayuntamientos de estas áreas.

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