(El Economista, 24-01-2025) | Laboral

El Supremo veta el despido de un trabajador por ser "reivindicativo y molesto"

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado nulo el despido de un trabajador que presentó reiteradas quejas ante su empresa por incumplir la jornada laboral y exigir el pago de las horas extra realizadas. Según la sentencia, la compañía actuó con la intención de deshacerse de un empleado "incómodo y reivindicativo", vulnerando su derecho a la garantía de indemnidad. Por ello, el tribunal ordena su readmisión, el pago de los salarios no percibidos desde el despido y una indemnización de 6.000 euros por la violación de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En esta resolución, fechada el 20 de diciembre y redactada por el magistrado Ángel Antonio Blasco Peciller, el Supremo hace referencia, por primera vez, a la nueva Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, vigente desde el 6 de diciembre. Destaca que, con esta norma, las reclamaciones internas de los empleados en el ámbito laboral están protegidas por la garantía de indemnidad, lo que prohíbe cualquier represalia contra los trabajadores que defiendan sus derechos. Aunque esta ley no se aplica en el caso en cuestión por ser anterior a su entrada en vigor, el tribunal subraya su relevancia en situaciones similares futuras. El caso se originó cuando el empleado denunció ante la empresa el incumplimiento de la jornada laboral, reclamó el pago de horas extraordinarias y presentó quejas ante la Inspección de Trabajo. En un incidente concreto, el trabajador se negó a cumplir una orden que implicaba prolongar su jornada laboral, ya que ya había trabajado 12 horas ese día y aceptarla supondría exceder los límites legales. En respuesta, la empresa abrió un expediente disciplinario que culminó en su despido. El Tribunal Supremo concluyó que la empresa había vulnerado la garantía de indemnidad del trabajador, un principio que impide represalias contra empleados por ejercer sus derechos. Señaló que la compañía no presentó pruebas suficientes para justificar que el despido no estuviera relacionado con las reclamaciones legítimas del trabajador. Según el tribunal, "las circunstancias concurrentes evidencian que la orden empresarial era ilegítima y atentaba contra el derecho a la seguridad y salud del empleado". Además, destacó que el trabajador ya había manifestado de forma reiterada su desacuerdo con las condiciones laborales y había recurrido a las autoridades competentes. En base a estas evidencias, el Supremo determinó que no existe duda de que el despido fue una represalia para "silenciar las legítimas reclamaciones del empleado", calificándolo como un intento de eliminar a un trabajador considerado problemático por la empresa.

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(El País, 24-01-2025) | Laboral

El PSOE presenta una propuesta para regular la desconexión digital

El PSOE ha presentado este jueves una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de garantizar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, incluyendo posibles sanciones para las empresas que no cumplan con esta obligación. Este movimiento ha causado sorpresa en Sumar, principal socio de gobierno, ya que el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos sobre la reducción de la jornada laboral también contempla mecanismos para garantizar este derecho mediante multas a las empresas infractoras. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, "las sanciones ya están recogidas en el texto para asegurar el cumplimiento de las medidas". En el borrador del acuerdo, que busca reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales antes de finalizar 2025 y al que tuvo acceso El País, se establecen penalizaciones que oscilan entre 1.000 y 10.000 euros para las empresas que no respeten los descansos mínimos establecidos en la normativa laboral. Este registro se produce en un contexto de tensión evidente entre los Ministerios de Trabajo y Economía, lo que refleja también las diferencias entre el PSOE y Sumar. La PNL del PSOE no ha ayudado a calmar el ambiente, ya que la negociación sobre la jornada laboral, el teletrabajo y la desconexión digital había sido liderada por el equipo de Yolanda Díaz en el diálogo social con patronales y sindicatos. Desde el entorno de Díaz consideran que este movimiento responde a una "estrategia parlamentaria" del PSOE para forzar el debate en el Congreso, algo que ya sucedió anteriormente con la reducción de la jornada laboral. La propuesta del PSOE insta al Gobierno a adoptar medidas que garanticen el derecho de los trabajadores al descanso, la conciliación, la intimidad y la protección de su salud laboral. En este sentido, se plantea que las empresas elaboren, a través de la negociación colectiva, protocolos específicos para asegurar la desconexión digital. Dichos protocolos deberían incluir criterios sobre excepciones al derecho de desconexión, su compensación y herramientas automáticas como mensajes informativos sobre horarios, vacaciones o permisos de los empleados. La iniciativa también sugiere incluir, en el ámbito sancionador, infracciones relacionadas con la falta de respeto al derecho de desconexión digital o la no elaboración de los protocolos en las empresas, con las correspondientes sanciones. Además, se propone estudiar modificaciones legales en el marco del diálogo social para reforzar la normativa de prevención de riesgos laborales y el régimen sancionador en esta materia. Otro punto destacado en la PNL es la necesidad de realizar campañas de sensibilización en colaboración con agentes sociales para informar sobre el derecho a la desconexión digital y fomentar su cumplimiento, tanto a nivel organizativo como individual, para prevenir problemas de salud asociados a la falta de desconexión. El registro de esta propuesta llega justo antes de la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), programada para el lunes 27 de enero. En esta reunión se analizará el pacto alcanzado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, que el equipo de Díaz ha priorizado para su aprobación inmediata, a pesar de las reticencias de Economía, que defiende una implementación gradual y por sectores. El auge del teletrabajo ha transformado la organización laboral de muchas empresas, pero también ha incrementado la dificultad de los trabajadores para desconectar completamente una vez terminada su jornada. Según el texto registrado, la desconexión digital es el derecho del empleado a no usar dispositivos o aplicaciones relacionadas con su trabajo fuera de su horario laboral. Sin embargo, el cumplimiento de este derecho por parte de las empresas es aún limitado, ya que son pocas las que han desarrollado planes de desconexión en coordinación con los representantes de los trabajadores para prevenir la fatiga digital, facilitar el descanso y proteger la conciliación personal y familiar.

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(El País, 24-01-2025) | Laboral

Montero: "Vamos a buscar todas las fórmulas para sacar adelante la subida de la pensiones"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que el Gobierno de España está trabajando para sacar adelante las medidas del real decreto ley 'ómnibus' que cuenten con "mayor consenso", como la revalorización de las pensiones al 2,8%, la extensión de las ayudas al transporte público y nuevos paquetes de apoyo para los afectados por la DANA en Valencia. Sin embargo, no ha especificado una fecha para llevar estas iniciativas al Congreso de los Diputados. Estas medidas no lograron ser aprobadas debido al rechazo de los diputados del PP, Vox y Junts. "El Gobierno analizará nuevamente qué materias generan más consenso y cuáles no", ha señalado Montero. "Seguiremos gobernando, buscando el diálogo, el acuerdo y el consenso para sacar adelante estas iniciativas. No tenemos problema en presentar cuantas propuestas sean necesarias para que las cosas se aprueben. Lo hemos demostrado y seguiremos haciéndolo", ha declarado Montero durante su visita a la feria internacional de turismo (Fitur) en Madrid. Dentro del decreto rechazado también figuraba la cesión de un palacete en París, actual sede del Instituto Cervantes, al PNV, una cuestión que el PP utilizó para justificar su voto en contra. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha anunciado que presentarán en el Congreso una propuesta para revalorizar las pensiones y mantener las rebajas al transporte público si el PSOE no lo hace "en las próximas horas". Montero ha asegurado que el Gobierno continuará dialogando con Junts y con el resto de las formaciones políticas para buscar acuerdos. No obstante, el Ejecutivo no contempla convocar esta semana un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo decreto que permita mantener algunas de las medidas rechazadas, según han informado fuentes gubernamentales a EFE. "Un proyecto de ley, por muy urgente que sea, requiere su tiempo. Mientras tanto, los ciudadanos son víctimas de una oposición que no tiene en cuenta a la mayoría social del país", ha subrayado Montero. "En democracia, cada partido debe rendir cuentas del papel que desempeña y de los votos que emite, porque de lo contrario se desvirtúan las reglas del juego. Si alguien ha decidido votar en contra de la subida de las pensiones, tiene que explicarlo y justificar por qué prefirió infringir una derrota parlamentaria al Gobierno, algo que no beneficia a nadie", ha concluido la vicepresidenta.

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(El Periódico, 24-01-2025) | Laboral

CCOO y UGT convocan manifestaciones el domingo 2 de febrero contra el "no" de PP, Vox y Junts a revalorizar las pensiones

CCOO y UGT han convocado manifestaciones en las principales ciudades de España para el próximo domingo 2 de febrero en respuesta al rechazo de PP, Vox y Junts a la revalorización de las pensiones. Los sindicatos han decidido movilizarse tras la negativa de estas tres fuerzas políticas, que con su mayoría parlamentaria han bloqueado el macro decreto ley que también incluía medidas como la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) y las bonificaciones al transporte público. En un comunicado emitido este jueves, calificaron la decisión como un "acto de oportunismo político con consecuencias muy graves para la ciudadanía. Millones de personas se verán afectadas". En las últimas horas, el Gobierno ha arremetido duramente contra los partidos que rechazaron el 'decreto ómnibus'. Este decreto abarcaba una amplia variedad de medidas, desde garantizar el suministro básico de agua, luz y gas a consumidores vulnerables, hasta la obligación de declarar el IRPF en casos de varios pagadores, incluyendo también la prórroga de los ERTE para empresas afectadas por la erupción en La Palma. El diseño del decreto obligaba a las fuerzas políticas a aceptarlo en su totalidad o rechazarlo completamente, lo que ha llevado a situaciones como la de Junts, que a pesar de apoyar la subida de las pensiones, votó en contra por su desacuerdo con otras medidas incluidas en el paquete. Los sindicatos, que participaron en la negociación de varias de estas iniciativas, también se han posicionado contra los partidos que bloquearon el decreto: "Junts, Partido Popular y Vox", según señalaron expresamente en su comunicado. "Se trata de un ataque sin precedentes contra la mayoría social, especialmente contra los sectores más vulnerables, la clase trabajadora y las clases populares", denunciaron. Por ahora, las manifestaciones convocadas por CCOO y UGT no tienen detalles específicos por ciudades. En el caso de Barcelona, las centrales sindicales aún están decidiendo el horario y el lugar donde convocarán a quienes quieran unirse a la movilización.

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(El Periódico, 24-01-2025) | Laboral

Trabajo publica una orden para blindar el SMI en el nivel de 2024 tras decaer su prórroga en el Congreso

El Ministerio de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo que insta a las empresas a garantizar que ningún salario sea inferior a 1.134 euros brutos mensuales, a pesar de que actualmente no está vigente la norma que regula el salario mínimo interprofesional (SMI). Esto se debe a que el Congreso rechazó el pasado miércoles el denominado "decreto ómnibus" del Gobierno, que incluía la prórroga del SMI, así como medidas como la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte. La caída de esta norma deja legalmente sin efecto el umbral mínimo salarial, lo que podría permitir a las empresas establecer nuevos contratos con sueldos por debajo de lo estipulado anteriormente. Con el objetivo de evitar "cualquier perjuicio para los trabajadores", según declaró el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la Dirección General de Trabajo ha emitido este criterio interpretativo. En dicho documento, el Ministerio establece que el SMI sigue vigente, basándose en la interpretación de diversos artículos del Estatuto de los Trabajadores, la Constitución y la Carta Social Europea. Según este criterio, sería incompatible con los principios fundamentales de la legislación laboral la eliminación de un mínimo legal para los contratos laborales. En España, el SMI afecta directamente a 2,5 millones de trabajadores, de los cuales 300.000 están en Cataluña. Para aquellos empleados con contratos ya existentes, la pérdida de vigencia de la norma que regula el SMI no tendrá un impacto inmediato. Las empresas no pueden reducir los salarios de estos trabajadores sin justificar una modificación sustancial de las condiciones laborales, lo que requiere una argumentación jurídica y económica, además de un período de preaviso y negociación. Sin embargo, el riesgo es mayor en los casos de empresas no reguladas por convenios colectivos o particulares que contraten, por ejemplo, a personal del hogar. Para evitar posibles abusos en estas situaciones, el Ministerio de Trabajo ha tomado medidas y ha solicitado que se mantenga la referencia del SMI. Además, advierte que cualquier incumplimiento podría ser denunciado ante los tribunales, donde es probable que los trabajadores afectados obtengan un fallo favorable. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que la Inspección de Trabajo velará por el cumplimiento de esta obligación empresarial y se encargará de verificar que los empleados reciban el salario correspondiente. Los trabajadores que consideren que están percibiendo un salario inferior al que les corresponde pueden presentar una denuncia, ya sea de manera presencial en las oficinas de Trabajo o a través de medios telemáticos, siendo esta última opción generalmente más ágil.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

Luz verde a la reforma que permite cobrar un salario y el 100% de la pensión

Se ha validado el decreto que introduce mejoras en los incentivos para el retraso voluntario de la jubilación, además de incorporar cambios en la jubilación parcial y activa. Asimismo, se restablece el coeficiente multiplicador para calcular las prestaciones de los empleados fijos discontinuos. De los tres decretos aprobados a finales del pasado año, este es el único que ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados, gracias al apoyo del Partido Popular. Este decreto forma parte de la tercera etapa de la reforma de las pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social, que fue previamente negociada con la patronal y los sindicatos en la mesa de diálogo social en julio pasado. Sin embargo, su tramitación mediante decreto se debió a las discrepancias de algunos partidos políticos, incluyendo socios del Gobierno. De hecho, Bildu, Podemos, BNG y Vox votaron en contra. El decreto está enfocado en ampliar las opciones del sistema de Seguridad Social para compatibilizar trabajo y jubilación, buscando prolongar de manera voluntaria la edad efectiva de retiro. Entre las medidas aprobadas, se incluyen modificaciones en la jubilación parcial, la jubilación activa y los incentivos para retrasar el retiro. También se mejoran las condiciones de jubilación de los empleados fijos discontinuos, quienes recuperan el coeficiente multiplicador de 1,5 que se aplica para calcular el periodo de carencia necesario para acceder a pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Estas medidas son clave, ya que el retraso voluntario de la jubilación, y por ende el aumento de la edad efectiva de retiro, representa la única vía de ahorro en pensiones contemplada en el balance financiero de la Seguridad Social tras la reforma. La jubilación parcial permite una transición gradual del mercado laboral al retiro. Hay dos modalidades: con contrato de relevo y sin él. En el primer caso, el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo se amplía a tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, en lugar de los dos años actuales. Así, una vez que la edad de jubilación legal llegue a los 67 años en 2027 (o 65 años con 38 años y 6 meses cotizados), los trabajadores podrán acceder a esta modalidad hasta tres años antes, siempre que la empresa contrate a un trabajador para sustituir al jubilado. La jornada laboral para el jubilado parcial será del 25% al 75% (antes era hasta el 50%). No obstante, para anticipaciones superiores a dos años, la reducción de jornada durante el primer año será más limitada, entre el 20% y el 33%. Además, el contrato del relevista deberá ser indefinido y a tiempo completo, con la obligación de mantenerlo al menos dos años tras la extinción de la jubilación parcial. También se permite que los empleados fijos discontinuos actúen como relevistas. En cuanto a la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, desaparece el requisito de contar con una carrera completa de cotización. Ahora será suficiente cumplir con el periodo mínimo necesario (15 años cotizados, de los cuales 2 deben estar en los últimos 15 años previos a la jubilación). Esta modalidad también es compatible con los incentivos por demora de la jubilación, que se calcularán en función de los años de retraso: 1 año de demora: 45% de pensión. 2 años: 55%. 3 años: 65%. 4 años: 80%. A partir del quinto año: 100% de la pensión. El incentivo por retraso también podrá percibirse cada seis meses en lugar de un año completo, con un incremento del 4% por año de demora, lo que permitiría sumar hasta un 10% adicional tras tres años y medio de retraso. Además, los incentivos podrán recibirse en un pago único, que promediaría 12.000 euros anuales por cada año de demora. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas medidas buscan facilitar la compatibilización entre trabajo y pensión de manera voluntaria, sin obligar a nadie a retrasar su retiro.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

Gobierno y sindicatos rechazan, por insuficiente, el alza del 3% del SMI que plantea la CEOE

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que "un incremento del 3% no es una propuesta adecuada", mientras que los sindicatos mantienen su postura de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe seguir exento de tributar en el IRPF. En un contexto de inestabilidad política y decisiones legislativas apresuradas, el Gobierno afronta una situación peculiar. Mientras negociaba este miércoles con patronal y sindicatos la subida del SMI para 2025, el decreto ómnibus que prorrogaba el salario mínimo vigente fue rechazado en el Congreso. Esto ha dejado al SMI en un vacío legal, ya que, hasta que no se apruebe el nuevo incremento para 2025, técnicamente no hay un mínimo salarial aplicable en España. Aunque se prevé que este vacío no tenga efectos prácticos inmediatos, refleja el caos que atraviesa la gestión gubernamental, que ahora deberá agilizar la aprobación de la medida. En este contexto, la reunión entre el Gobierno, CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT concluyó sin un acuerdo definitivo. Los sindicatos rechazaron la propuesta de la patronal de un aumento del 3% (equivalente a 34 euros adicionales sobre los 1.134 euros mensuales vigentes en 2024), que además estaba condicionada a la vinculación del alza del SMI a los contratos públicos y a ayudas específicas para el sector agrícola. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, valoró positivamente que la CEOE haya presentado una propuesta concreta, pero fue tajante al señalar que "un incremento del 3% no es adecuado, ya que no cumpliría con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, asumido por este Gobierno con los ciudadanos". Pérez Rey también dejó claro que el Ejecutivo no apoyará un aumento inferior al rango recomendado por el Comité de Expertos de Trabajo, que oscila entre el 3,44% y el 4,41%. El Ministerio liderado por Yolanda Díaz se inclina por este último porcentaje, lo que supondría un incremento de 50 euros mensuales, situando el SMI en 1.184 euros por catorce pagas. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT defienden un aumento aún mayor, entre el 5% y el 6%, para alcanzar un SMI de alrededor de 1.200 euros al mes. Aunque no han definido un porcentaje exacto que estarían dispuestos a aceptar, sí han insistido en que el SMI debe permanecer exento de tributar en el IRPF, ya que consideran que estos salarios mínimos son fundamentales para garantizar la dignidad y suficiencia económica de los trabajadores. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda parecen reticentes a renunciar a la recaudación fiscal derivada del incremento del SMI. Los agentes sociales se reunirán nuevamente la próxima semana, posiblemente el miércoles 29, con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo. Desde Trabajo confían en que la patronal flexibilice su postura y facilite un entendimiento con los sindicatos, aunque lograr un consenso no se vislumbra como tarea sencilla.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

El remanente del Fondo de Reserva crecerá un 49% por los ingresos procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional

La reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 sigue generando impactos significativos, especialmente en el fortalecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Este aspecto es clave dentro de las medidas adoptadas en aquel periodo, cuyo objetivo principal es financiar el notable aumento del gasto en prestaciones contributivas y no contributivas. Este incremento se ha visto reforzado por la revalorización de las pensiones según el IPC y la decisión de no introducir ajustes en el sistema. Según fuentes consultadas por EXPANSIÓN, el Gobierno prevé que el Fondo de Reserva de las pensiones alcance los 14.000 millones de euros en 2025, lo que supondría un aumento del 49% respecto al cierre de 2024, cuando los remanentes rondaron los 9.300 millones de euros. Esta proyección implica multiplicar por seis los recursos acumulados en los primeros tres años de implementación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Este mecanismo, incluido en la reforma de las pensiones, tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el alto coste previsto por las jubilaciones masivas de la generación del baby boom. Según la normativa del MEI, el Gobierno no podrá utilizar los fondos acumulados a través de este mecanismo hasta 2033. Además de los rendimientos que genera el Fondo de Reserva, el principal aumento del capital acumulado proviene de las aportaciones realizadas mediante el MEI, que se aplica a todos los salarios sin importar su cuantía, incluyendo a los trabajadores autónomos. Para 2024, esta cuota se incrementó al 0,8% del sueldo bruto, con un aumento progresivo previsto hasta alcanzar el 1,2% en 2029. Las aportaciones son asumidas mayoritariamente por los empleadores (83%), mientras que los trabajadores aportan el 17%. Estas contribuciones, destinadas específicamente al Fondo de Reserva, permitirán financiar las prestaciones contributivas cuando sea necesario, consolidando así el objetivo finalista del mecanismo. En 2024, el MEI generó ingresos de 3.576 millones de euros para el Fondo de Reserva, y según estimaciones del Comité de Gestión del Fondo de Reserva, reflejadas en la memoria económica de la orden de cotizaciones para 2025, se espera que en este año las aportaciones alcancen los 4.400 millones de euros. Este incremento se debe principalmente al aumento del 0,1% aplicado en la cuota para este ejercicio. Por otro lado, el MEI también funciona como un mecanismo de corrección semiautomático para reducir el déficit de la Seguridad Social. En este sentido, organismos como la Airef y el Banco de España han advertido que, a partir de 2026, podría ser necesario un incremento adicional de la cuota o medidas alternativas para garantizar el equilibrio del sistema. Esto dependerá del análisis que realizará la Airef en la primavera de 2025, cuando evaluará la eficacia de la reforma de las pensiones y determinará si es necesario activar la cláusula de salvaguarda contemplada en el mecanismo de equidad, que permite tanto un aumento de ingresos como una reducción del gasto. No obstante, el Gobierno ha descartado por el momento esta posibilidad. Según declaraciones recientes de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista con EXPANSIÓN, no está previsto un aumento adicional en la tasa del MEI para el próximo año ni la implementación de otras medidas para reequilibrar el déficit del sistema.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

El sector que más nuevos empleados por cuenta propia aportaron en 2024 fue el de la información y comunicaciones

Los datos de autónomos al cierre de 2024, publicados por el Ministerio de Trabajo, reflejan que los sectores con mayor incremento en nuevos trabajadores por cuenta propia fueron información y comunicaciones, junto con actividades profesionales, científicas y técnicas. Estas áreas suelen asociarse con salarios más elevados y jornadas laborales más reducidas. Por el contrario, los sectores que más decrecieron fueron el comercio y la agricultura, caracterizados por menores ingresos y condiciones laborales más exigentes. Aunque a primera vista los datos parecen indicar una evolución positiva del tejido productivo, similar a la observada en el empleo asalariado, las principales asociaciones de autónomos advierten sobre una realidad distinta. Señalan que muchas de estas cifras esconden la proliferación de falsos autónomos, especialmente en actividades liberales, que son las que más crecen. Además, califican de "alarmante" el descenso en sectores tradicionales. A pesar de que el número total de autónomos ha alcanzado un récord histórico cercano a los 3,4 millones, representan solo el 15,9% del total de afiliados, el porcentaje más bajo registrado. En 2024, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas sumó 13.250 nuevos autónomos, un crecimiento del 4,1% respecto a diciembre de 2023, alcanzando un total de 336.377. Este sector incluye diversas ocupaciones de alta productividad, destacando publicidad y estudios de mercado, que incorporaron 3.462 autónomos (+8,6%), actividades jurídicas y contabilidad (+3.216), y consultoría (+2.198). También se registraron aumentos en investigación y desarrollo, con 1.158 nuevos trabajadores. El sector de información y comunicaciones fue el segundo con mayor crecimiento, con 7.623 nuevos autónomos (+9,6%). Dentro de este, las actividades relacionadas con programación e informática lideraron, sumando 5.874 autónomos (+13,8%). También destacaron las actividades cinematográficas, de vídeo y televisión, con 1.292 nuevos trabajadores (+8,8%). Otros sectores con incrementos significativos fueron la construcción (+6.844), actividades sanitarias y servicios sociales (+5.638), transporte y almacenamiento (+5.269), actividades administrativas y servicios auxiliares (+4.502), y educación (+3.967). En el lado opuesto, el comercio registró una pérdida de 8.854 autónomos, siendo los comercios minoristas los más afectados (-7.858, -1,6%), seguidos por los mayoristas (-1.466, -0,9%). La agricultura también disminuyó, con 4.076 autónomos menos, al igual que la industria manufacturera, que retrocedió en 2.190 trabajadores. Esta tendencia ya se había observado en 2023, con sectores como las actividades profesionales creciendo mientras que el comercio retrocedía. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la CEOE, subrayó que la "destrucción de autónomos" en sectores tradicionales como la agricultura, la industria y el comercio lleva años repitiéndose. Amor atribuye este fenómeno al impacto del aumento del salario mínimo, la inflación y una regulación más exigente. Destacó que el retroceso es especialmente grave en zonas rurales, con provincias como Lugo (-2,1%), Ávila (-2%) y Teruel (-1,5%) sufriendo fuertes caídas, mientras que regiones más dinámicas como Málaga (+3,8%), Las Palmas (+3%) y Madrid (+2,6%) registran incrementos.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

El sindicato CSIF llamará a la huelga a 600.000 funcionarios si el concierto de Muface queda desierto

El sindicato de funcionarios CSIF planea convocar una huelga el próximo lunes si el concierto sanitario para empleados públicos de Muface queda sin aseguradoras interesadas, cuyo plazo de licitación vence el 27 de enero. Aunque la fecha de la huelga aún no se ha concretado, se estima que más de medio millón de empleados públicos afectados por la crisis de la mutualidad sanitaria serán llamados a participar. Actualmente, solo Asisa está evaluando si participar en la licitación, mientras que Adeslas y DKV han decidido no hacerlo debido a las pérdidas que implicaría. Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, permite desde hace 50 años que sus afiliados (en su mayoría docentes) elijan entre sanidad pública o privada a través de un convenio con aseguradoras. Esta mutualidad cubre a 1,5 millones de personas, incluyendo a los empleados públicos y sus familiares, de los cuales el 70% optaron por la sanidad concertada en 2024. Si no se concreta el convenio, todos los afiliados tendrían que ser atendidos por el sistema nacional de salud, agravando su ya elevada saturación. CSIF ha advertido que, de no presentarse Asisa, la huelga será convocada para la primera quincena de febrero, afectando a diversos sectores estatales como educación, universidades, ministerios, organismos oficiales, delegaciones del Gobierno y Correos. Más de 600.000 funcionarios, excluyendo a jubilados y policías nacionales, podrían participar en el paro. La situación ha generado incertidumbre entre los empleados públicos, incrementando las consultas y reclamaciones por problemas en la atención sanitaria. Desde CSIF, aseguran estar apoyando a los funcionarios en sus quejas mientras informan sobre la gravedad de la situación a través de campañas en los centros de trabajo. La crisis de Muface comenzó en octubre, cuando las aseguradoras rechazaron participar en la primera licitación para el convenio 2025-2027, pese a que Función Pública ofreció un aumento del 17% en las primas. Una segunda licitación incrementó este porcentaje al 33,5% (4.500 millones de euros en tres años), pero Adeslas y DKV tampoco participaron, dejando a Asisa como única posible candidata. Esta situación es inédita en los 50 años de historia de Muface. Óscar López, ministro de Función Pública, ha intentado tranquilizar a los afectados asegurando que la prórroga del convenio actual (2021-2024) podría extenderse hasta septiembre, pero las aseguradoras se han mantenido firmes en su rechazo. Además, el Ministerio de Sanidad, bajo el control de Sumar, ha expresado su intención de integrar a los mutualistas en el sistema nacional de salud, cuestionando la viabilidad de la excepcionalidad de Muface. Las conversaciones entre el Gobierno y el sector asegurador han explorado compensaciones por las pérdidas acumuladas, que rondan los 600 millones de euros en los últimos tres años debido a la inflación y la insuficiente financiación del convenio. Adeslas calcula que habría perdido 250 millones de euros si hubiera participado en la licitación, y DKV estima pérdidas de entre 70 y 100 millones. La gran incógnita es si Asisa puede asumir el reto de presentarse en solitario al convenio, dado que hasta ahora gestionaba a 367.000 beneficiarios y tendría que ampliar su cobertura a más de un millón de personas, un desafío logístico y económico considerable.

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