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(El Economista, 18-10-2024) | Laboral

El Gobierno creará una vía directa para poder pasar del subsidio de paro al IMV

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pondrá en marcha en noviembre una medida que facilitará el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellas personas que hayan agotado su subsidio por desempleo. Además, las rentas recibidas por los mayores de 52 años como subsidio por desempleo quedarán excluidas del cálculo necesario para solicitar el IMV, lo que simplifica el acceso a esta ayuda. Así lo informó este jueves Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión, en una rueda de prensa junto a la ministra Elma Saiz. Ambas explicaron que esta medida funcionará como una "pasarela" entre el IMV y el subsidio por desempleo, garantizando la colaboración entre el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social a través del SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El objetivo es evitar que las personas se queden sin recibir ayudas durante meses. Sin embargo, para recibir el IMV no será automático; se deberán cumplir ciertos requisitos. Esta herramienta, disponible desde el 22 de noviembre, nace del Real Decreto-ley aprobado en mayo, que incluyó los mecanismos para facilitar el tránsito entre ambas prestaciones y asegurar su coherencia. Además, se mejorará la coordinación entre las entidades que gestionan estas ayudas, eliminando cargas administrativas para quienes no hayan logrado reinsertarse en el mercado laboral tras agotar el subsidio de desempleo, siempre y cuando cumplan con los requisitos del IMV. El nuevo decreto modifica cómo se calculan los ingresos y patrimonio para el IMV, excluyendo del cómputo el subsidio por desempleo cuando la prestación ya se haya extinguido. También se ajusta el concepto de pareja de hecho para homogeneizarlo entre las dos ayudas. Uno de los mayores problemas del IMV es la baja tasa de cobertura, ya que más de la mitad de las personas elegibles no lo reciben, situación que también afecta a dos tercios de las familias que deberían percibirlo. Rodríguez destacó que el 40% de las personas que podrían beneficiarse del IMV aún no lo han solicitado, lo que les está haciendo perder ingresos. La mayoría de estos casos provienen del subsidio de desempleo. Además, la ministra Elma Saiz anunció que a partir de noviembre estará operativo el teléfono 020, que servirá para proporcionar información y resolver dudas sobre la prestación. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) propuso este verano algunas mejoras para aumentar el alcance del IMV y su proceso de adjudicación. Estas sugerencias incluían fijar objetivos cuantitativos de reducción de la pobreza, fortalecer las campañas de información y seguimiento personalizado, y asegurar la continuidad de la publicación de estadísticas comparables sobre rentas mínimas. Para ello, se necesitan mejores datos fiscales que permitan determinar con mayor precisión los ingresos de los solicitantes y mejorar la gestión de estas prestaciones. La normativa actual exime de hacer la declaración de la renta a aquellos con ingresos inferiores a 15.800 euros, pero el Ministerio de Hacienda ha introducido cambios para obligar a quienes perciben subsidios por desempleo a presentar la declaración, independientemente de si alcanzan o no ese umbral de ingresos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó este cambio al presentar el Congreso Laborista que se celebrará en Madrid el 13 y 14 de noviembre. El objetivo es obtener más y mejor información fiscal de los colectivos más vulnerables, asegurando que esta medida no pretende aumentar la recaudación, sino mejorar el control y la transparencia tributaria. Díaz también comentó que existe un debate sobre la posibilidad de que todos los ciudadanos deban realizar la declaración de la renta, lo que podría abrir la puerta a una futura reforma del IRPF.

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(El Economista, 18-10-2024) | Laboral

Trabajo retirará las bonificaciones a las pymes si no aceptan la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lanzó este jueves un nuevo desafío a la patronal, señalando que los incentivos propuestos por el Gobierno para ayudar a las pequeñas empresas a reducir la jornada laboral están supeditados a que la CEOE participe y acuerde en el marco del diálogo social. De lo contrario, se aplicará estrictamente la ley. Desde el Ministerio de Trabajo se reconoció que, debido a los plazos ajustados, será necesario legislar la medida por la vía de urgencia, mientras que los sindicatos insisten en reformar el tiempo de trabajo con o sin el acuerdo de los empresarios. Trabajo intentó atraer a la patronal con una nueva propuesta, que fue rápidamente rechazada por la CEOE. La oferta incluye bonificaciones para las contrataciones en micropymes en dos casos: contratos indefinidos para desempleados, ya propuestos en septiembre, y la conversión de empleados a tiempo parcial en trabajadores a jornada completa, como resultado de la reducción de jornada. La propuesta mantiene los incentivos para la contratación de mujeres, jóvenes menores de 30 años y trabajadores mayores de 55, con la condición de mantener el empleo durante tres años. Sin embargo, no se especifica el porcentaje de las cuotas que serían bonificadas. "Tiene que haber incentivos para el diálogo social y debe tratarse con respeto", expresó Díaz en una rueda de prensa durante la presentación del Congreso Internacional del Trabajo. En este sentido, subrayó que el diálogo social debe estar basado en la negociación, sin vetos. Además, enfatizó que las empresas pequeñas, con menos de cinco empleados, necesitan apoyo para implementar la reducción de jornada. Díaz también instó a la patronal a aclarar "al país y a los empresarios" si están dispuestos a seguir el camino del acompañamiento a las pymes para aplicar la reducción de jornada o si prefieren la "aplicación estricta de la ley". Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en la vía de los convenios colectivos como mecanismo para reducir el tiempo de trabajo. Díaz recordó que el Gobierno estaba dispuesto a apoyar un aumento del salario mínimo del 4% si se lograba un acuerdo con la patronal, pero esta última optó por no firmar, lo que llevó al Ejecutivo a implementar una subida mayor del salario mínimo. "Parece que la patronal no estaba interesada en beneficiar a los empresarios con ese acuerdo", señaló la vicepresidenta. Aunque Díaz cree que el acuerdo es posible, considera que la patronal debe demostrar si está "a la altura del país". "La cuestión es si la dirigencia de la patronal está dispuesta a negociar o a seguir perjudicando a las empresas", apuntó. "Sabemos lo que hay que hacer y que algunas medidas son muy beneficiosas para las empresas con menos de cinco trabajadores", añadió. Finalmente, Díaz recordó que el objetivo es que, para el 31 de diciembre de 2025, todos los trabajadores en España reduzcan su jornada a 37 horas y media, y lamentó que el país llega tarde en esta materia, con una jornada laboral que ha estado congelada durante 40 años.

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(El País, 18-10-2024) | Laboral

El Supremo respalda el preaviso de seis meses para los ERE en los cierres de centros de trabajo

La justicia ha respaldado uno de los cambios más debatidos que el Gobierno introdujo mediante el Real Decreto 608/2023, que regula el Mecanismo RED. Esta normativa modificó el reglamento sobre despidos colectivos, estableciendo que las empresas que planeen realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecte a 50 o más trabajadores, deben notificar su intención con seis meses de antelación tanto a la autoridad laboral estatal como a la autonómica, además de informar a los sindicatos, aunque no a los empleados directamente. Esta medida, que no fue acordada en el diálogo social, generó el malestar de la CEOE, que llevó el asunto al Tribunal Supremo. Los sindicatos UGT y CC OO se opusieron al recurso de la patronal, y el alto tribunal falló a favor de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo, considerando que la obligación impuesta a las empresas es razonable y proporcionada, y no altera el proceso de despido colectivo regulado por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. En la sentencia, a la que tuvo acceso EL PAÍS, el Tribunal Supremo aclara que, aunque la norma establece una obligación para las empresas respecto a un posible futuro despido, no constituye una vulneración del ordenamiento jurídico. Asimismo, defiende que la notificación anticipada de seis meses sobre un ERE no impone un procedimiento coercitivo, sino que pretende anticiparse a situaciones especialmente graves, como el cierre definitivo de centros de trabajo que afecten a 50 o más empleados. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subrayó que este mecanismo es beneficioso para las empresas y no restringe su actividad. También rechazó los argumentos de la CEOE sobre la incorporación de nuevos actores en el proceso de despido colectivo, como las autoridades laborales, y negó que la normativa modifique el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. El objetivo del Gobierno, y en particular del Ministerio de Trabajo, con esta cláusula es dar tiempo a las administraciones y sindicatos para explorar alternativas antes de que se formalice un ERE. Esto incluye la posibilidad de reindustrializar o reconvertir el centro afectado, encontrar nuevos inversores o compradores, o ajustar las condiciones laborales para mejorar la rentabilidad y competitividad de la empresa. No obstante, fuentes judiciales señalan que, aunque esta cláusula brinda tiempo para intentar evitar un ERE, la norma no detalla el procedimiento exacto a seguir, dejando en manos de la Administración y los sindicatos las acciones a tomar. Tampoco se especifican las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. La disposición adicional sexta del Real Decreto establece que las empresas que planeen cerrar uno o varios centros de trabajo, lo que implicaría el cese definitivo de la actividad y el despido de 50 o más empleados, deben notificarlo a la autoridad laboral competente y al Ministerio de Trabajo, con al menos seis meses de antelación, a través de medios electrónicos. El Mecanismo RED, introducido en la última reforma laboral, está diseñado para que las empresas puedan ajustarse internamente ante crisis, cambios en la demanda o transformaciones del modelo productivo. Tiene dos modalidades: la cíclica, ante situaciones macroeconómicas adversas, con una duración de un año; y la sectorial, ante necesidades de recualificación profesional, también de un año de duración, prorrogable dos veces por seis meses. Este proceso se inicia con la notificación de la empresa a la autoridad laboral y la representación de los trabajadores, y en el caso de la modalidad sectorial, debe incluir un plan de recualificación para los afectados.

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(El Confidencial, 18-10-2024) | Laboral

Bares, restaurantes y supermercados, entre los negocios más afectados por el absentismo laboral

Aseguran que las ausencias injustificadas son frecuentes y tienen un impacto negativo en su rendimiento. Por esta razón, llevan tiempo pidiendo a las autoridades que tomen medidas. La última esperanza les ha llegado con la reforma de las bajas laborales que el Ministerio de Seguridad Social ha propuesto, aunque actualmente enfrenta la oposición de los sindicatos. El principal inconveniente que enfrentan es que sus plantillas son muy reducidas, principalmente debido a la escasez de profesionales que quieran trabajar en estos sectores, afectados por malas condiciones laborales como horarios poco atractivos y salarios bajos. Fuentes del sector de la restauración y distribución señalan que esta situación hace que, cuando ocurre una baja injustificada, que generalmente dura un día, no sea posible encontrar un reemplazo, por lo que otro trabajador tiene que asumir las tareas del ausente. "No es como en una oficina, donde el trabajo puede aplazarse para el día siguiente", señalan. En un evento público, el presidente de AECOC, Ignacio González, denunció que hasta 1,3 millones de personas faltan a su puesto de trabajo diariamente -incluyendo tanto el absentismo como la incapacidad temporal- lo que representa el 7,2% de la población activa en España. "Es como si toda Galicia no trabajara en un día", comentó durante el congreso anual de la patronal del gran consumo, mostrando su disposición a "participar en un debate global sobre el futuro del empleo". Los últimos datos de Randstad son similares, indicando que 1,4 millones de personas faltaron a su trabajo cada día en el primer trimestre de 2024. Por su parte, Adecco registró una tasa de absentismo del 6,9% en el segundo trimestre de este año, lo que concuerda con estudios de otras empresas de recursos humanos. En los sectores de la restauración y los supermercados, señalan especialmente a los jóvenes como los más propensos al absentismo, que tiende a concentrarse los lunes y viernes. Esto se debe, según indican, a su desinterés por el trabajo y la falta de preocupación por perderlo, ya que muchos de ellos aún no se han independizado. Para muchos jóvenes, trabajar como camarero o dependiente es su primer empleo tras dejar los estudios, o bien una forma de ganar dinero mientras estudian. La reforma propuesta por el ministerio liderado por Elma Saiz plantea permitir que los trabajadores se reincorporen de manera gradual a sus puestos. Aunque no aborda directamente el absentismo, las fuentes del sector consideran que es una medida que ayudaría a reducir la sobrecarga de trabajo en plantillas tan reducidas: si los empleados pueden regresar de forma progresiva, las plantillas tendrían menos presión ante las ausencias repentinas. Siempre que haya un aval médico, la reincorporación gradual es vista como una buena opción para aquellos que se encuentran de baja por problemas traumatológicos, quienes a menudo retrasan su regreso al trabajo por la falta de alta médica debido a la saturación del sistema de salud pública. Por ejemplo, un empleado de supermercado que haya sufrido un esguince podría empezar con tareas menos exigentes físicamente, como trabajar en caja, antes de retomar la reposición de productos. Cada caso debería analizarse individualmente, sugieren las asociaciones del sector. En este contexto, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, expresó esta semana su intención de colaborar con las mutuas para acelerar los exámenes médicos en casos traumatológicos, aliviando la presión sobre la sanidad pública. Aunque es solo una propuesta inicial, ya ha sido rechazada por los sindicatos, que piden una propuesta más detallada. Por su parte, la patronal CEOE evaluará las medidas cuando se presenten de manera más específica.

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(Expansión, 17-10-2024) | Laboral

La afiliación a la Seguridad Social en términos desestacionalizados ha crecido en torno a 77.000 personas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha informado este miércoles que la afiliación a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados, ha aumentado en aproximadamente 77.000 personas hasta mediados de octubre, alcanzando un total de 21.272.000 trabajadores. A la espera de que mañana el Ministerio de Seguridad Social publique los datos detallados de afiliación correspondientes a la primera mitad del mes, el ministro adelantó esta cifra global sobre la evolución reciente del empleo durante su intervención en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Cuerpo destacó que los datos que se publicarán mañana indican un "fuerte y sólido crecimiento" del mercado laboral en octubre. Durante las últimas dos quincenas, la afiliación en términos desestacionalizados habrá crecido en torno a 77.000 nuevos afiliados respecto a las dos quincenas anteriores. De esta forma, el número total de afiliados en términos desestacionalizados alcanzaría los 21.272.000, mientras que en cifras brutas superaría los 21.300.000. "De hecho, estaríamos en 21.362.000 afiliados a mediados de octubre, batiendo nuevamente récords de afiliación", señaló el ministro. Asimismo, subrayó el "buen ritmo" de crecimiento de la economía española, que tras cerrar el año 2023 con un sólido avance del 2,7%, impulsado tanto por la demanda interna como por la externa, continúa mostrando señales de crecimiento en 2024. Cuerpo añadió que tanto los organismos nacionales e internacionales como los analistas están revisando al alza las previsiones económicas no solo para 2024, sino también para 2025 y los años siguientes. Con una previsión de crecimiento del 2,7% para 2024 y del 2,4% para 2025, el ministro aseguró que el crecimiento para 2024 está "prácticamente asegurado", dado que el impulso de los primeros trimestres es lo que más influye en la cifra final del año. La prioridad ahora, según Cuerpo, es mantener este ritmo de crecimiento en lo que queda de año, con miras a su impacto en la tasa de crecimiento de 2025.

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(El Economista, 17-10-2024) | Laboral

La falta de mano de obra y el coste de la vivienda mantienen vivo el pulso por los sueldos

La moderación de la inflación no ha suavizado significativamente la disputa entre empresas y trabajadores por los salarios, al menos no tanto como se podría haber esperado. Los análisis más recientes sobre la evolución salarial indican que la escasez de mano de obra y el elevado coste de la vivienda se han convertido en factores clave que impulsan subidas salariales que podrían cerrar el año 2024 con incrementos muy superiores al Índice de Precios al Consumo (IPC). Según el último informe de BBVA Research, los salarios seguirán creciendo entre un 3% y un 5% anual durante los próximos trimestres. De hecho, se prevé que la remuneración por trabajador aumente un 4,7% en promedio en 2024 y un 3,1% en 2025. Estos aumentos salariales superan los incrementos pactados en los convenios colectivos hasta la fecha, que, según los datos acumulados hasta septiembre, registran una subida del 3,04%. Sin embargo, es previsible que estos datos aumenten a finales de año. De hecho, los convenios más recientes ya reflejan un incremento del 3,96%, aunque solo afectan a un 13% de los trabajadores. Tanto los convenios colectivos como las proyecciones de BBVA Research muestran que los salarios están creciendo más rápido que la inflación. En septiembre, el IPC tuvo un aumento interanual del 1,5%, y se espera que el promedio anual se sitúe en torno al 3%, con BBVA estimando un incremento del 2,8%. Esto implicaría una ganancia de poder adquisitivo que varía entre unas décimas y más de dos puntos, dependiendo de la referencia utilizada. Las previsiones de BBVA Research son similares a las cifras registradas en las ofertas de empleo recopiladas por Indeed, que muestran subidas salariales del 4,6% hasta agosto, un nivel superior al de otras grandes economías de la eurozona como Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, estos aumentos aún no se reflejan plenamente en las nóminas, según los datos de CaixaBank. Su indicador de "ingresos salariales mensuales de personas físicas", basado en movimientos de cuentas corrientes, muestra un crecimiento del 3,1% en lo que va de año. La discrepancia entre las cifras se debe a que no están midiendo lo mismo. Aunque los convenios colectivos son una referencia importante, no reflejan necesariamente todas las subidas salariales, ya que solo recogen los incrementos negociados entre empresas y trabajadores, pero no impiden que se pacten aumentos superiores en algunos casos. Los datos de CaixaBank también revelan que los jóvenes son los más beneficiados por estos incrementos salariales, con una subida del 5,1% en septiembre, dos puntos por encima de la media general, y casi tres puntos más que los trabajadores mayores de 50 años. Por su parte, BBVA Research señala que el mercado laboral en España está "tenso", es decir, que la oferta de mano de obra no cubre la demanda en algunos sectores como el turismo y la construcción. La tasa de vacantes es la más alta desde 2007, excluyendo el sector público. En este contexto de crecimiento económico, la competencia por ciertos trabajadores sigue presionando al alza los salarios. Además de la falta de mano de obra, BBVA Research identifica otro factor que impulsa los sueldos: el coste de la vivienda en algunas regiones. La remuneración de los trabajadores debe compensar el incremento en estos costes, especialmente en comunidades autónomas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto insostenible para muchos jóvenes. Las estimaciones de BBVA Research se basan en variables macroeconómicas y fuentes como el INE, Hacienda o la Seguridad Social, lo que explica las diferencias con los datos de CaixaBank, que se basan en ingresos reales mensuales, afectados por factores como la creación de empleo, la estabilidad laboral o decisiones políticas como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este análisis también destaca que las nóminas de los trabajadores menores de 30 años han crecido un 5,1% hasta septiembre, manteniendo una brecha respecto a la media general, una tendencia que se observa desde el inicio de la serie en 2017.

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(El País, 17-10-2024) | Laboral

La Inspección de Trabajo recauda 15 millones de euros controlando horas extra desde 2015

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha informado que la Inspección de Trabajo ha incrementado en un 54% sus intervenciones para controlar las horas extra no pagadas desde 2015, lo que ha resultado en una recaudación de más de 15 millones de euros debido a incumplimientos por parte de las empresas. En respuesta a una pregunta del diputado de Bildu, Oskar Matute, en el pleno del Congreso, Díaz destacó que en 2015, con 15 millones de trabajadores asalariados, se registraban 3,5 millones de horas extra no remuneradas semanalmente. "Actualmente, con 18 millones de asalariados, hemos logrado reducir esa cifra en un millón, situándose en 2,5 millones de horas extra no pagadas por semana", añadió. Las medidas adoptadas por la Inspección, que ha hecho "un esfuerzo enorme", han reducido en 48,8 millones el número de horas extra realizadas por los trabajadores. "Estamos hablando no solo de tiempo de trabajo, sino también de productividad, irregularidades y la vulneración de derechos, donde la principal infracción está relacionada con el tiempo de trabajo", señaló la ministra, quien también mencionó la mesa de diálogo en la que se negocia con la patronal y los sindicatos la reducción de la jornada laboral. La reforma que se está discutiendo incluirá modificaciones en el control horario, permitiendo que la Inspección de Trabajo lo supervise de forma remota. Además, se implementarán cambios en las sanciones por incumplimientos laborales, que serán "individualizadas y disuasorias". Por su parte, Matute expresó dudas sobre si esta propuesta "será suficiente" y pidió al Gobierno que rompa con el "relato ideológico" que señala al absentismo como el principal problema. "Hay quienes creen que pueden pagar lo que consideren conveniente o, incluso, no pagar, priorizando sus beneficios sobre los derechos de las personas", criticó Matute, quien también instó a mejorar los recursos de la Inspección de Trabajo para que puedan identificar estos focos de irresponsabilidad.

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(El Confidencial, 17-10-2024) | Laboral

Aprobado nuevo convenio especial que permitirá a ciertos trabajadores sumar hasta cinco años adicionales de cotización

La Seguridad Social ha anunciado una nueva medida que permitirá a ciertos trabajadores añadir hasta cinco años de cotización a su historial laboral. Esta medida está pensada para aquellos que, durante su etapa de formación o prácticas, no pudieron cotizar, pero ahora tendrán la oportunidad de recuperar ese tiempo para mejorar su pensión futura. Se ha aprobado un convenio especial que ofrecerá a estos trabajadores la posibilidad de sumar hasta cinco años adicionales de cotización. Este beneficio está destinado a quienes realizaron prácticas no remuneradas o participaron en programas de investigación antes del 1 de noviembre de 2011, tanto en España como en el extranjero. También incluye a graduados universitarios que cursaron doctorados antes del 4 de febrero de 2006 y a estudiantes de formación profesional, enseñanzas artísticas superiores o deportivas. Los interesados deberán suscribir un convenio especial para poder recuperar esos años de cotización en la Seguridad Social. Tendrán la opción de pagar las cuotas pendientes de una sola vez o en varias partes, y dispondrán de un plazo de dos años, comenzando en abril de 2024, para formalizar su adhesión al convenio. Esta iniciativa responde a una demanda de varios colectivos que, durante su formación, no pudieron cotizar. Con este convenio, se pretende subsanar ese vacío en los historiales laborales de muchos profesionales, facilitando así un mejor acceso a la pensión contributiva. La medida también cubre a quienes realizaron doctorados oficiales antes de que la normativa exigiera cotización. Es importante que las prácticas no hayan generado cotización anteriormente para poder acceder a este beneficio, el cual se podrá solicitar hasta 2028, representando una ventaja significativa para quienes tienen lagunas en sus cotizaciones.

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(El Economista, 16-10-2024) | Laboral

Las pymes buscan mejorar el talento interno ante la dificultad de contratar

A pesar de las percepciones positivas que muestran las pymes, señalan diversas dificultades a la hora de incorporar nuevos empleados. Estas dificultades incluyen la escasez de candidatos cualificados cuando buscan talento en el mercado, la falta de motivación de los solicitantes y, finalmente, los altos costos laborales que implica una nueva contratación para las pequeñas y medianas empresas. Debido a la limitada oferta de personal, muchas pymes toman medidas para desarrollar el talento interno que ya tienen. En este sentido, el 81% de las pymes se enfoca en formar a sus propios empleados. Además, para atraer nuevo talento, el 40,6% de ellas firma convenios con instituciones, el 39,6% opta por la subcontratación de personal y el 56,3% busca candidatos externos, tanto en el mercado laboral nacional como internacional. Para retener a los empleados actuales, el 80,7% de las pymes mejoran las condiciones laborales, el 77,4% trabaja en optimizar el ambiente laboral, y solo el 28,3% implementa planes de carrera profesional. El estudio también identifica como principal barrera para las pymes la falta de un entorno competitivo que favorezca su actividad. Se critica la excesiva burocracia, la falta de estabilidad política y jurídica, y en menor medida, la situación económica general. El Informe Pyme 2024 también analizó la gestión interna de las pequeñas y medianas empresas en España, revelando que su antigüedad promedio es de 24 años. La mayoría (66%) tiene una estructura familiar, especialmente en los sectores de comercio (76,7%) e industria (75%). Otro dato relevante del análisis elaborado por el CGE y Faedpyme es que solo el 19% de las pymes están dirigidas por mujeres, destacando en las microempresas (23%) y en el sector servicios (24%). Además, solo el 23% de las pymes tiene presencia femenina en sus equipos directivos, y un 43% no cuenta con ninguna mujer en cargos altos. En cuanto a la innovación, las pymes han dado pasos significativos este año, con un 64,9% que ha implementado cambios o mejoras en sus productos o servicios, lo que supone un aumento de 17 puntos en comparación con el 47,7% del año anterior. En conjunto, las pymes españolas subrayan la importancia de contar con talento dentro de sus equipos, lo que les permite obtener mejores resultados y las hace optimistas respecto a los resultados del próximo año. De cara al ejercicio económico de 2024, las pymes españolas han empezado a sacar sus primeras conclusiones. El 53,9% prevé un aumento en sus ventas, el 36,3% espera mantenerlas y solo el 9,7% cree que disminuirán. Estos son algunos de los hallazgos del Informe Pyme 2024, elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación Faedpyme. Estas buenas expectativas en las ventas también se reflejan en el empleo. El 32,7% de las pymes cree que aumentará su capacidad de contratación, el 61,2% prevé mantenerla, y solo el 6,1% teme una reducción, lo que podría derivar en despidos.

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(El Periódico, 16-10-2024) | Laboral

El PP se inclina a apoyar la reforma de las pensiones si el Gobierno no introduce cambios

El Partido Popular está dispuesto a apoyar la última reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno, siempre y cuando no se realicen cambios que exijan los socios de investidura. Si el texto se mantiene tal y como ha sido acordado con la patronal y los sindicatos, el PP podría dar su respaldo en el Congreso. Según fuentes internas del partido, Alberto Núñez Feijóo valora positivamente la posibilidad de que el proyecto de ley, que incluye medidas como la jubilación parcial y activa, avance gracias al consenso logrado en el "diálogo social". Sin embargo, el Gobierno aún no cuenta con el respaldo seguro de sus socios habituales, como ERC, Junts o el PNV, lo que hace que el apoyo del PP sea fundamental. Este enfoque parece diferir del que adoptó el PP durante la reforma laboral de 2021. En esa ocasión, bajo el liderazgo de Pablo Casado, a pesar de que el texto también contaba con el acuerdo de la patronal y los sindicatos, el PP votó en contra, casi provocando el fracaso de la medida. Finalmente, la reforma fue aprobada por error, cuando un diputado del PP, Alberto Casero, votó favorablemente por equivocación. De no haber sido así, la norma habría sido rechazada. El 18 de septiembre, el presidente Pedro Sánchez presentó en La Moncloa el último paquete de reformas en materia de pensiones. Este acuerdo, que se cerró con los agentes sociales el 31 de julio tras varios meses de negociaciones, plantea cambios en áreas como la jubilación parcial y la activa. Algunas de las medidas pueden implementarse a través de reglamentos y órdenes ministeriales, pero otras requieren el apoyo del Parlamento, y ahí es donde el PP está dispuesto a colaborar. Aunque el pacto se alcanzó hace más de dos meses y se presentó públicamente hace un mes, el Gobierno aún no ha enviado el texto al Congreso. La frágil situación parlamentaria del PSOE en esta legislatura ya ha provocado que retire algunas propuestas antes de que sean votadas para evitar derrotas. Además, las recientes noticias sobre el caso Koldo, que implican al exministro José Luis Ábalos, han generado un ambiente aún más tenso en el Congreso, como se evidenciará en la próxima sesión de control al Gobierno. En la reunión más reciente de la comisión del Pacto de Toledo, celebrada el 12 de septiembre, los socios de investidura de Sánchez expresaron su descontento con el Ejecutivo. Algunos están insatisfechos con partes del acuerdo alcanzado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y los agentes sociales, dejando en duda su apoyo a la reforma. Uno de los puntos más controvertidos es el papel que se otorga a las mutuas en las revisiones médicas. El acuerdo permite que las mutuas, que colaboran con la Seguridad Social, realicen pruebas médicas y traten a trabajadores que sufran accidentes en su tiempo libre. El objetivo es reducir la presión sobre la sanidad pública y facilitar una reincorporación más rápida al trabajo. Sin embargo, algunos grupos consideran que esta medida otorga demasiada responsabilidad a las mutuas, mientras que otros opinan que es insuficiente, y quisieran que las mutuas pudieran gestionar directamente las altas y bajas médicas. Diputados como Jordi Salvador de ERC han manifestado su rechazo, subrayando la importancia de que sea el sistema público de salud el que mantenga el control total sobre las bajas laborales. Por su parte, Josep Maria Cervera de Junts defendió que las mutuas deberían tener más competencias en este proceso. Otros partidos, como el BNG y el PNV, también han expresado sus críticas por distintos motivos, dejando en duda su voto a la reforma.

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