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(El Economista, 13-09-2024) | Laboral

Los jóvenes logran más empleos fijos pero su carrera se "estrella" con 50 años

Un análisis frecuente en el mercado laboral español sostiene que los trabajadores 'seniors' son un obstáculo para la entrada de los jóvenes en el empleo, relegándolos a puestos de menor calidad. Sin embargo, los datos del SEPE contradicen esta idea, ya que muestran que los menores de 30 años tienen más probabilidades de firmar un contrato indefinido en comparación con los mayores de 50 años. No obstante, es evidente que, a partir de los 50 años, las oportunidades laborales disminuyen considerablemente. En agosto de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal registró la firma de 1,04 millones de contratos. Los trabajadores menores de 30 años firmaron el 41,09% de esos contratos, mientras que los mayores de 50 solo el 16,81%, a pesar de que hay más desempleados en este último grupo. Este dato por sí solo podría sugerir que los jóvenes sufren más precariedad, ya que firman más contratos, pero la realidad es más compleja. Del total de contratos firmados en agosto, 389.375, es decir, el 37,5%, fueron indefinidos. Los jóvenes firmaron el 41,01% de esos contratos, mientras que los mayores de 50 solo el 15,6%. Este patrón de contratación ha sido consistente, ya que antes de la reforma laboral los porcentajes eran similares. En agosto de 2019, los jóvenes representaban el 37,29% de los contratos totales y el 41,32% de los indefinidos, mientras que los 'seniors' obtenían el 14,98% de los contratos totales y el 17,98% de los indefinidos. La gran diferencia entre estos datos radica en el incremento de los contratos indefinidos tras la reforma laboral. Hace cinco años, solo el 8,11% de los contratos eran indefinidos, mientras que en agosto de 2022, esta cifra aumentó al 37,5%. Tanto los jóvenes como los mayores de 50 años se han beneficiado de este aumento: el 37% de los contratos para menores de 30 años son ahora indefinidos, y para los mayores de 50, la cifra es del 34%. Antes de la reforma, estos porcentajes eran significativamente más bajos (7,2% y 7,8%, respectivamente). Pese a esta mejora en la contratación indefinida, persisten algunas incógnitas. La Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que los trabajadores jóvenes (aquellos en sus primeros 15 años de vida laboral) enfrentan una tasa de paro del 19%, mientras que los mayores de 50 años tienen una tasa del 9,7%. Esto se debe, en parte, al envejecimiento de la población: hay 8,41 millones de personas activas mayores de 50 años, en comparación con 3,98 millones de menores de 30. Aunque el número de parados 'seniors' es mayor que el de los jóvenes (820.500 frente a 786.000), las tasas de empleo difieren: el 80,24% de los menores de 30 años está ocupado, mientras que en los mayores de 50 la cifra asciende al 90,2%. Otra disparidad significativa se observa en los contratos temporales. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2022, el 15,95% de los ocupados tenía un contrato temporal, pero esta cifra aumentaba al 33% entre los menores de 30 años, en contraste con el 9,77% entre los mayores de 50. A pesar de que los trabajadores menores de 30 son la mitad que los mayores de 50 (2,9 frente a 6,03 millones), el número de contratos temporales es mucho mayor entre los jóvenes: 1 millón frente a 589.000 en los 'seniors'.

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(El País, 12-09-2024) | Laboral

España se pone a la cola de Europa en el índice de calidad de las jubilaciones

La calidad de vida y la expectativa de vida, junto con el acceso a la atención sanitaria, son factores que hacen que jubilarse en España sea relativamente atractivo. Sin embargo, aspectos como la precariedad laboral y las desigualdades de ingresos generan incertidumbre sobre las futuras jubilaciones, lo que ha llevado a España a ocupar el último puesto entre los países de la Unión Europea en el Índice Global de Jubilación de 2024, elaborado por Natixis Investment Managers, una gestora de fondos francesa. Este índice evalúa las condiciones de vida de los jubilados en 44 países a partir de la opinión de más de 8.000 inversores particulares. En esta edición, España ha descendido dos puestos, situándose en el lugar 39, el último entre los países de la UE. Encabezando la lista están Suiza, Noruega e Islandia, mientras que en las posiciones más bajas figuran Turquía, Colombia e India, siendo este último el país menos favorable para jubilarse. A pesar de que España ocupa el sexto lugar en esperanza de vida -gracias, según los analistas, a su sistema sanitario público universal y a la dieta mediterránea-, la baja renta per cápita y la inestabilidad laboral perjudican las futuras pensiones, lo que explica su baja puntuación en el índice. El estudio evalúa cuatro grandes áreas relacionadas con la jubilación: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. En una escala del 0 al 100%, España obtiene una puntuación global del 49%, lo que la coloca en el puesto 39 de los 44 países analizados. En contraste, Suiza encabeza el ranking con un 82%, desplazando a Noruega como el mejor país para retirarse. España obtiene buenas puntuaciones en el acceso a la sanidad (85%) y en la calidad de vida diaria (75%, ocupando el puesto 19 por tercer año consecutivo), y se encuentra entre los 20 mejores países en factores como la gestión del agua (puesto 15), el entorno ambiental (puesto 17) y la calidad del aire (puesto 22). No obstante, el país tiene un mal desempeño en educación y prácticas financieras para la jubilación (58%, ocupando el puesto 33) y en bienestar material, donde solo logra un 16% y cae al puesto 41. Este último indicador se ve gravemente afectado por el alto desempleo y la precariedad laboral, lo que genera inseguridad para los futuros jubilados y acentúa las desigualdades de ingresos entre trabajadores y pensionistas. España ocupa el último lugar (puesto 44) en cuanto a niveles de empleo. El informe señala que "España sigue enfrentando el problema de los contratos temporales en sectores como el turismo y la hostelería, además de una baja productividad en general, cuestiones que las reformas laborales en curso aún no han resuelto plenamente". En el ámbito financiero, España ha empeorado este año, descendiendo del puesto 33 al 36 debido a una leve caída en su puntuación global. Aunque la inflación ha mejorado, otros países han logrado avances más significativos. Además, el indicador de presión fiscal ha variado en siete puntos porcentuales, debido a la inminente introducción de un nuevo tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales en España.

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(El País, 12-09-2024) | Laboral

Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo reciben

El bono social eléctrico es una herramienta útil, pero menos efectiva de lo esperado: cerca del 80% de los potenciales beneficiarios no lo reciben. Aunque la cobertura ha mejorado en los últimos tres años, sigue siendo muy baja en los hogares con menores ingresos, donde solo llega al 20%. En cambio, su presencia es más notable entre las familias numerosas, muchas de ellas con ingresos medios o altos. Según un informe publicado por EsadeEcPol y Oxfam Intermón, el 45,5% de las familias con tres o más hijos accedieron a este descuento, siendo más frecuente en las de rentas medias o altas que en las de ingresos bajos. El estudio, elaborado por Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, destaca que una parte significativa de los beneficiarios no son familias vulnerables. El informe propone reformar el bono social para enfocarlo mejor en las familias más necesitadas, trasladando la carga de la solicitud a la Administración y coordinándolo más eficazmente con otras ayudas públicas. De hecho, una tercera parte de quienes reciben el bono no pertenecen a hogares de bajos ingresos, y más del 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos lo perciben, frente al 40% de aquellas con menores ingresos. El estudio revela que ser familia numerosa aumenta un 27% las probabilidades de obtener el bono, mientras que pertenecer a un hogar de bajos ingresos solo incrementa la posibilidad en un 4%. Por otro lado, las familias con al menos un miembro nacido fuera de España tienen un 12% menos de opciones de recibirlo, y los hogares monoparentales también presentan una menor tasa de cobertura, a pesar de que son reconocidos como más vulnerables. El tipo de vivienda y el lugar de residencia también influyen en la posibilidad de recibir el bono. Aunque existe una correlación significativa entre la propiedad de la vivienda y los ingresos -cuanto mayores son los ingresos, más probable es que se viva en propiedad-, quienes residen en alquiler tienen una tasa de cobertura nueve puntos menor (17,4% frente a 26%). Desde 2017, el bono social está diseñado para hogares con una renta máxima de 8.106 euros, familias numerosas o jubilados con pensión mínima, con un consumo eléctrico inferior a 10 kW y estando en el mercado regulado. El descuento puede oscilar entre el 25% y el 40%, o incluso alcanzar el 100% para familias en riesgo de exclusión social. En abril de 2022, 1,45 millones de hogares recibían esta ayuda. En 2023, según Eurostat, casi el 20% de los hogares españoles no pudo mantener una temperatura adecuada, lo que coloca a España, junto con Portugal, entre los países de la UE con mayor aumento de pobreza energética. Además, el estudio señala que una de cada diez familias tuvo retrasos en el pago de facturas, y que el número de viviendas con consumo energético insuficiente -debido a la falta de recursos- se duplicó entre 2020 y 2022. El informe sugiere tres medidas inmediatas para mejorar el bono social: que la Administración colabore con las eléctricas para identificar a los beneficiarios mediante los datos de Hacienda y la Seguridad Social, que se agilice la concesión del bono a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que se establezca un límite de ingresos para las familias numerosas que lo soliciten, excluyendo a aquellas que claramente no necesitan ayuda. Aunque el Gobierno, a través de la ministra Teresa Ribera, anunció en marzo de 2022 la introducción de criterios de renta para las familias numerosas, esta medida aún no se ha implementado. En un enfoque más amplio, el informe de Esade y Oxfam Intermón aboga por políticas fiscales más eficaces, como impuestos negativos sobre la renta, que permitan abordar la pobreza de manera integral y con menos burocracia. Asimismo, insta a las Administraciones a identificar activamente a los hogares vulnerables que podrían beneficiarse de ayudas para mejorar la eficiencia energética, lo que además contribuiría a los objetivos de descarbonización.

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(El Economista, 12-09-2024) | Laboral

La solución al "error" de la Ley de Paridad no aclara si alcanza a los que ya han sido despedidos

El Gobierno y el Ministerio de Igualdad consideran que han solucionado el error en la Ley de Paridad que permitía despedir a quienes solicitasen una adaptación de su jornada laboral para conciliar o el permiso de cinco días para cuidar a un familiar enfermo. Sin embargo, las dudas sobre el alcance de esta corrección aún no están resueltas. Fuentes parlamentarias indican que la enmienda ya ha sido introducida en una ley que se tramita en el Congreso, pero no se espera su publicación en el BOE hasta dentro de dos meses, o incluso hasta 2025, lo que genera incertidumbre sobre si tendrá carácter retroactivo desde el 22 de agosto, fecha en que el error entró en vigor. La situación afecta a todas las personas despedidas desde esa fecha que hubieran solicitado o ya tuvieran una modificación de su jornada laboral (incluido el teletrabajo) o el permiso por enfermedad de un familiar. Aunque el Ejecutivo no ha mencionado que la corrección sea retroactiva, argumenta que los despedidos estarían protegidos por una interpretación favorable de la jurisprudencia laboral. Sin embargo, expertos legales advierten que esto no siempre es así, y señalan que el problema quedó patente cuando el Ministerio de Trabajo tuvo que regular específicamente la nulidad de estos despidos en el Estatuto de los Trabajadores en junio de 2023. Dicha norma fue derogada un año después por el error en la Ley de Paridad, dejando a los trabajadores despedidos desde el 22 de agosto en un limbo legal. Los laboralistas insisten en que la falta de claridad prolongada aumentará la incertidumbre tanto para los trabajadores como para los abogados y jueces. Además, recuerdan que la introducción del "blindaje" frente al despido por solicitar un cambio de jornada ya generó controversia en el ámbito laboral, y su derogación ha causado aún más confusión. Una de las principales preguntas es qué ocurrirá con las denuncias ya presentadas o en proceso, ya que los casos siguen produciéndose y la protección varía dependiendo de la situación legal. Un cambio con carácter retroactivo obligaría a revisar numerosos casos abiertos. El martes, se incorporó una enmienda a la Ley de Eficiencia del Sistema de Justicia con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que rectifica los errores de la Ley de Paridad, recuperando también la protección frente al despido para víctimas de violencia sexual que la Ley Trans había derogado accidentalmente en 2023. No obstante, el texto no menciona la retroactividad, ya que esta suele añadirse en una disposición final que requeriría otra enmienda. Durante los debates parlamentarios, esta modificación no fue abordada. Tampoco se discutió en la Comisión posterior, donde se trataron las enmiendas no consensuadas previamente. Dado que la norma tiene carácter de ley orgánica, los plazos de aprobación son más complejos, especialmente en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. Algunos parlamentarios estiman que el trámite podría tardar "cinco o seis meses", mientras que otros recuerdan el precedente de la propia Ley de Paridad, que fue aprobada en mes y medio tras su paso por el Senado. En cualquier caso, los laboralistas y los trabajadores afectados consideran que este plazo es demasiado largo, ya que llevan esperando desde agosto una solución a la incertidumbre generada por el error en la Ley de Igualdad.

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(El Economista, 12-09-2024) | Laboral

Los sindicatos "calientan" la reducción de la jornada: protestarán ante sedes de la patronal el día 26

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado concentraciones frente a las sedes de la patronal en todas las capitales de provincia de España para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2025. Las movilizaciones están programadas para el 26 de septiembre, aunque previamente se celebrarán asambleas en todas las comunidades autónomas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado en un video dirigido a los medios que la negociación para reducir la jornada laboral "está estancada" y ha entrado en un "bucle" del que los sindicatos buscan salir mediante protestas en la calle. Sordo ha enfatizado que están distribuyendo información y materiales en los lugares de trabajo, especialmente en aquellos donde los empleados se verían más beneficiados por la reducción de la jornada. Ha subrayado que no cesarán en su esfuerzo por llevar esta reducción al Boletín Oficial del Estado y al Estatuto de los Trabajadores. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confía en que la CEOE podría sumarse al acuerdo, aunque les ha instado a posicionarse pronto. "Estamos en la recta final; es crucial que este compromiso llegue al Parlamento lo antes posible. Estoy convencido de que conseguiremos el acuerdo de los empresarios", ha afirmado. Pérez Rey ha destacado que el Ministerio está "dedicado al acuerdo", dado que la reducción de jornada no se ha implementado en España en 40 años. Esta medida afectará "a toda una generación" y se considera una política para "lo que queda del siglo". El Ministerio enviará pronto un borrador para que los interlocutores sociales puedan revisarlo y proponer modificaciones. Sordo ha añadido que reducir la jornada laboral es necesario para generar más empleo, distribuir los beneficios empresariales acumulados en los últimos años, y que ahora también se necesita hacer presión en la calle. "El 26 de septiembre nos veremos frente a las organizaciones empresariales", ha concluido. Desde UGT se ha destacado que casi 13 millones de trabajadores del sector privado se beneficiarán al reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado en un video que los partidos políticos deben saber que la mayoría de los ciudadanos desea una mejor calidad de vida mediante la reducción del tiempo de trabajo, lo que también mejorará la eficacia económica y la creación de empleo. "Por eso, el 26 de septiembre estáis todos convocados a participar en las movilizaciones que vamos a organizar", ha añadido Álvarez. Los sindicatos sostienen que es el momento de legislar la reducción de la jornada laboral en España, ya que han pasado más de 40 años desde la instauración de las 40 horas semanales. UGT considera que esta medida es de "justicia social" y contribuirá a una distribución más equitativa de la riqueza. Además, argumentan que trabajar menos horas tiene beneficios para la salud física y mental, y que las empresas también se beneficiarán en términos de costes y productividad. La reducción de la jornada laboral también tendría un impacto positivo en la economía del país, el medio ambiente y la igualdad de género, concluye UGT.

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(El País, 10-09-2024) | Laboral

Trabajo quiere bonificar contratos a las pymes para impulsar la reducción de la jornada laboral

Las bonificaciones estarán dirigidas exclusivamente a nuevos contratos indefinidos y se complementarán con un plan de apoyo que incluirá asesoramiento y formación. La CEOE cree que esta propuesta "profundiza en el intervencionismo" en las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo ha propuesto bonificaciones para las nuevas contrataciones que deban realizar las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas con menos de 10 empleados, como resultado de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, adelantó en La Sexta que en España existen 1.300.000 empresas con menos de 10 trabajadores, que emplean a 3,5 millones de personas. "En la medida en que estas empresas necesiten contratar personal debido a la reducción de la jornada, bonificaremos esas contrataciones", señaló. Desde el Ministerio aclaran que los criterios definitivos aún no se han establecido y que están abiertos a recibir propuestas de las organizaciones empresariales. Estas bonificaciones se limitarán a los nuevos contratos indefinidos y estarán acompañadas por el plan "Pyme 375", que incluirá medidas de asesoramiento y formación. Con este plan, el Ministerio busca involucrar a la CEOE en el acuerdo. La propuesta se presentó hoy en la mesa de diálogo social, donde Gobierno, patronal y sindicatos discuten la reducción de jornada. El Ministerio se comprometió a enviar un documento detallado para que todas las partes lo analicen. "La patronal tiene una actitud constructiva y analizará el documento", añadió Pérez Rey, expresando su confianza en que se logre un acuerdo. Además, insistió en que se mejorará el sistema de registro horario con una herramienta electrónica accesible para la Inspección de Trabajo, que garantice la desconexión digital y evite manipulaciones. También destacó la importancia de una distribución flexible de la jornada, pero dejó claro que la reducción no será "falsa". "Queremos que aporten nuevas ideas al plan de acompañamiento", subrayó Pérez Rey. Desde la CEOE han señalado que la propuesta del Ministerio, que evaluarán cuando la reciban por escrito, "profundiza en el intervencionismo" en las relaciones laborales y "desprecia" la negociación colectiva. La patronal argumenta que el plan pretende que el SEPE se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada, cuando no logra reincorporar ni al 3% de los desempleados al mercado laboral. Defienden que ya existen despachos, consultoras y empresas cualificadas para esa labor. Además, critican que el plan de apoyo a las pymes es "impreciso" y creen que el Gobierno está reconociendo implícitamente que sus continuos anuncios están obstaculizando la creación de empleo.

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(El País, 10-09-2024) | Laboral

Casi el 30% de los empleos mundiales dependientes de las exportaciones

Casi un 30% de los empleos a nivel mundial están vinculados a las exportaciones, según el informe de 2024 sobre el comercio global publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) este lunes. Sin embargo, los beneficios de este fenómeno no se distribuyen de manera equitativa, y el incremento de políticas restrictivas está amenazando el crecimiento económico. El proteccionismo ha resurgido con fuerza, intensificado por la pandemia y la guerra en Ucrania, lo que ha provocado un aumento de la intervención gubernamental. Algunas naciones, como México y Vietnam, han sabido sacar provecho de estas tensiones, incrementando sus exportaciones a Estados Unidos luego de que este último impusiera más restricciones a China. Las cifras más recientes de la OMC indican que entre 1995 y 2019 el porcentaje de empleos ligados a las exportaciones creció cinco puntos porcentuales a nivel global, alcanzando casi tres de cada diez empleos. En ciertos países, esto ha permitido aumentar los ingresos de los trabajadores menos cualificados y reducir los precios para los consumidores. El informe abarca tanto los trabajos en industrias exportadoras como los creados en etapas anteriores en más de 60 países, y excluye el año 2020 por los efectos de la pandemia. El documento subraya que la liberalización comercial ha contribuido a mejorar el bienestar económico en general, impulsando el crecimiento y creando empleos bien remunerados. Los sectores en expansión ofrecen nuevas oportunidades laborales, incluso para los trabajadores con menos habilidades, ayudando a mitigar la desigualdad salarial en algunas naciones. Por ejemplo, en Alemania, la brecha de ingresos entre los trabajadores más y menos remunerados se redujo un 10% entre 2022 y 2023. A nivel global, la diferencia de ingresos entre trabajadores altamente cualificados y los menos cualificados también ha disminuido, lo que sugiere una reducción de la desigualdad en varias economías. A pesar de estos avances en el mercado laboral, la OMC reconoce que algunas personas pierden sus empleos o ven reducidos sus salarios debido a la competencia extranjera. Por ejemplo, las regiones de Estados Unidos especializadas en manufactura vieron una disminución relativa de los ingresos tras el aumento del comercio con China, mientras que las áreas centradas en agricultura y servicios experimentaron mejoras. De manera similar, en Alemania, las zonas con una alta concentración de empresas textiles sufrieron pérdidas de empleo debido a los lazos comerciales con China y Europa central, mientras que las áreas dedicadas a la industria automovilística se beneficiaron. En China, el sector agrícola también registró pérdidas de empleo. Los más afectados por la apertura comercial suelen ser las personas de bajos ingresos, los trabajadores menos cualificados, los pequeños empresarios y las mujeres. Además, los mayores beneficiarios de la globalización siguen siendo los países ricos. Las economías de bajos ingresos, que agrupan a más de 880 millones de personas, representan solo el 1% del comercio mundial, una cifra que se ha mantenido sin cambios desde 1995. Otro problema importante es el aumento del proteccionismo. Según la OMC, "hay una creciente competencia global por los subsidios, lo que está distorsionando los mercados y favoreciendo a las economías de altos ingresos y emergentes". Si esta tendencia continúa, la falta de inclusión en el comercio global podría frenar el crecimiento sostenido y aumentar las disparidades económicas a largo plazo. Esta advertencia llega en un momento de crecientes tensiones entre China y la Unión Europea por los subsidios a los coches eléctricos. La decisión de Bruselas de aumentar los aranceles a estas importaciones ha llevado a Pekín a iniciar una investigación sobre los subsidios a los productos lácteos europeos, como el queso fresco y azul, la leche y la nata. Para España, esto podría derivar en represalias contra las exportaciones de carne de cerdo, un sector que genera miles de millones de euros y numerosos empleos. Este temor ha sido uno de los temas clave en la reunión que tuvo lugar el lunes entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo chino Xi Jinping. "Una guerra comercial no beneficiaría a nadie", afirmó el gobierno español en un foro con empresarios chinos y españoles.

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(El Economista, 10-09-2024) | Laboral

Los indefinidos que firman más de un contrato al mes se multiplican por cinco tras la reforma laboral

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informa que en agosto pasado se firmaron 1.040.159 contratos por parte de 861.386 personas, lo que equivale a un promedio de 1,12 contratos por persona. Esto significa que el 21% (20,79%) de los trabajadores firmaron más de un contrato, es decir, un total de 178.773 personas. Este dato refleja una mejora significativa en comparación con el 33% de agosto de 2021 y el 37% del mismo mes de 2019, que representa el máximo histórico. Para encontrar una proporción similar a la de este año, hay que remontarse a 2006, lo que indica un impacto positivo de la reforma laboral. Sin embargo, surgen interrogantes cuando se analizan los diferentes tipos de contratos. En agosto, 370.863 personas firmaron 389.735 contratos indefinidos, lo que da un promedio de 1,05 contratos por persona, o lo que es lo mismo, el 5% de los trabajadores con contratos indefinidos firmaron más de uno al mes. Por otro lado, 510.096 empleados suscribieron 650.424 contratos temporales, con una media de 1,28 contratos por persona, lo que representa un 28% de los asalariados (140.328 personas). Llama la atención que la suma de personas que firman contratos, tanto indefinidos como temporales, supera el total general en un 2,23%, es decir, 19.573 personas adicionales. Esto se debe a que son personas que firmaron contratos de ambos tipos en el mismo mes, pero no se cuentan dos veces en el total agregado. En agosto de 2019, esta diferencia era solo del 0,5%, equivalente a 6.703 personas. El aumento de este porcentaje tras la reforma laboral podría deberse a varias razones, como más conversiones de contratos temporales a indefinidos o situaciones en las que, tras la pérdida de un contrato indefinido (por no superar el periodo de prueba, por ejemplo), los trabajadores pasan a tener un contrato temporal. En cualquier caso, esto evidencia un aumento en la volatilidad de los contratos indefinidos desde la implementación de la reforma. Este cambio es consistente con lo observado en los contratos indefinidos, ya que el 5% de los trabajadores firmaron más de un contrato fijo en agosto, en comparación con la media histórica del 1% desde 2006. Este incremento ya se había registrado en 2022, el primer año de la reforma, y en agosto de 2023 llegó al 6%. El Gobierno atribuyó este aumento a la adaptación de las empresas al nuevo marco legal, especialmente en un contexto de recuperación económica post-pandemia, y al hecho de que más personas estaban firmando contratos indefinidos que nunca (el número de agosto triplica el de 2019). Sin embargo, esta explicación no parece del todo válida, ya que la relación entre personas y contratos no depende del volumen total, sino de la proporción entre ambos. Además, el aumento se mantiene en el tercer año de aplicación de la reforma, lo que contrasta con la afirmación del Ejecutivo de que la reforma no ha introducido cambios significativos en los contratos indefinidos. Un factor que sí ha cambiado es la figura de los contratos fijos discontinuos, una modalidad de contrato indefinido que alterna periodos de actividad e inactividad, durante los cuales los trabajadores pueden firmar otros contratos. La reforma laboral promovió el uso de esta figura en distintos tipos de empresas, incluidas las ETTs. Aunque los datos del SEPE no especifican los detalles sobre estos contratos, esto sugiere la posibilidad de que parte de la volatilidad antes asociada a los contratos temporales se haya trasladado a los contratos indefinidos ordinarios. En cualquier caso, la volatilidad de los contratos temporales ha disminuido claramente tras la reforma. El 28% de los nuevos asalariados temporales firmaron más de un contrato al mes, una mejora con respecto al récord del 41% alcanzado en agosto de 2018. Esto es coherente con la disminución en la firma de contratos temporales y con la eliminación de los contratos por obra y servicio, lo que ha endurecido las condiciones de los trabajos temporales.

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(La Vanguardia, 10-09-2024) | Laboral

Los consejeros delegados del Ibex cobran de media 53 veces más que los empleados

A medida que las corporaciones crecen, también aumenta la brecha salarial entre los altos ejecutivos y el resto de la plantilla. Según el informe anual de gobierno corporativo y remuneraciones publicado por la CNMV este lunes, los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, en su mayoría consejeros delegados o presidentes con funciones ejecutivas, ganaron el año pasado un salario promedio 53 veces superior al de sus empleados, en comparación con las 19 veces del resto de empresas cotizadas. El informe destaca el crecimiento en la retribución de estos altos cargos, que superó tanto al aumento del salario medio (4,7% en 2023, según el INE) como a la inflación (3,5%). En 2023, la remuneración de los consejeros ejecutivos, tanto en las empresas del Ibex como en el resto de cotizadas, creció un promedio del 7%. En términos absolutos, la retribución media de los consejeros ejecutivos en el conjunto de las empresas cotizadas fue de 1,8 millones de euros, excluyendo componentes extraordinarios. Sin embargo, cuando se incluyen estos factores adicionales, surgen casos excepcionales como los 23,7 millones de euros que recibió el consejero delegado de Cie Automotive, Jesús María Herrera, el año pasado. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, la remuneración media fue de 160.000 euros, un 4,6% más que el año anterior, mientras que el salario promedio de los consejos de administración se mantuvo estable en 4,1 millones de euros. Si no se consideran los componentes extraordinarios, los consejeros ejecutivos de empresas cotizadas ganaron el año pasado 31,5 veces más que el salario medio de sus empleados, una ligera subida en comparación con las 31 veces del 2022. En el caso de las empresas del Ibex, esta proporción fue de 53 veces, ligeramente por debajo de las 54 veces del año anterior, aunque la diferencia ha aumentado en otras cotizadas, pasando de 17 a 19 veces. Los consejeros no ejecutivos, por su parte, tuvieron una retribución media que fue tres veces superior a la de los empleados. El informe también destaca la brecha salarial de género entre los consejeros ejecutivos, aunque la CNMV advierte que esta muestra puede estar distorsionada. En promedio, los hombres ganan un 13,5% más que las mujeres. Un aspecto relevante relacionado con la brecha de género es el escaso número de mujeres en cargos de consejero ejecutivo. En las empresas del Ibex, las consejeras ejecutivas ganan de media un 47% más que sus homólogos masculinos, en parte porque hay pocas mujeres en estos puestos, con figuras destacadas como la presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín. En cambio, en las cotizadas fuera del Ibex, las mujeres cobran un 58% menos que los hombres. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, los hombres ganan un 19,7% más que las mujeres. La presencia de mujeres en los consejos de administración aumentó hasta el 34,5%, frente al 31,9% en 2022. En el caso del Ibex, la proporción de mujeres en los consejos alcanzó el 40,1%, superando ligeramente la recomendación del 40%. En 2004, antes de la implementación de los códigos de buenas prácticas, solo el 5,9% de los miembros de los consejos eran mujeres. En cuanto a los consejeros ejecutivos, también existe un debate sobre el papel de los presidentes del consejo. Los códigos de buenas prácticas recomiendan que no ejerzan funciones ejecutivas, pero en muchas empresas cotizadas, los presidentes asumen de alguna manera este rol. Los presidentes ejecutivos representan el 49% del total, mientras que los presidentes independientes, es decir, aquellos que también son consejeros independientes, constituyen el 12,8%, frente al 11,6% del año anterior.

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(El País, 09-09-2024) | Laboral

Trabajo retoma la negociación para la reducción de jornada laboral

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a las 10:30 horas para continuar las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas, según informaron fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz. Esta será la primera reunión de la mesa de diálogo social tras las vacaciones de verano y, según anunció esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Gobierno presentará nuevas propuestas. El último encuentro de esta mesa tuvo lugar el pasado 29 de julio. Pérez Rey destacó entonces el ambiente "constructivo" de la reunión, en la que las organizaciones empresariales se comprometieron a analizar "seriamente" la propuesta del Ministerio de aplicar de forma flexible la reducción de jornada durante 2025, mejorar el registro de horas trabajadas y asegurar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. Dentro de esa flexibilidad, el Ministerio propone que la mayoría de los convenios colectivos, que vencerán entre 2024 y 2025, se adapten a las nuevas condiciones sin afectar a los vigentes. Pérez Rey recordó que, en los últimos años, ningún juez o tribunal ha dictaminado que un convenio colectivo deba revisarse debido a un cambio en la legislación laboral. Además, añadió que este argumento pierde peso, ya que muchos convenios perderán vigencia entre 2024 y 2025, coincidiendo con la implementación de la reducción de jornada. El Ministerio busca cerrar el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo antes posible y cree haber ofrecido suficientes márgenes a las empresas para que este cambio se realice progresivamente sin afectar de forma significativa su funcionamiento. "Estamos comprometidos con reducir la jornada a 37,5 horas y hacerlo de manera gradual, ya que se trata de una regulación que tendrá efectos a largo plazo", afirmó Pérez Rey. Además de la reducción de jornada, el Ministerio también tiene como objetivo mejorar el registro horario para asegurar el cumplimiento legal de las horas trabajadas. En la última reunión, se presentó una propuesta para garantizar el derecho a la desconexión digital, tanto en trabajos presenciales como en teletrabajo, evitando que los empleados sufran represalias por no responder a llamadas o correos fuera de su horario laboral. Pérez Rey dejó claro que ningún trabajador deberá enfrentar consecuencias negativas por ejercer su derecho a la desconexión. Asimismo, expresó su intención de acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo en septiembre, lo que permitirá al Gobierno avanzar rápidamente en la tramitación normativa y cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo de gobierno. El secretario de Estado confía en que la reunión de este lunes sea "productiva" y arroje "algunos resultados", ya que, aunque no existe un plazo concreto, no se puede retrasar mucho más la implementación de esta medida, que está comprometida por el Gobierno de coalición. "Existe un compromiso en el acuerdo de gobierno que nos obliga a todos, tanto sindicatos como patronales y al propio Gobierno, a poner en marcha esta reducción de jornada lo antes posible", defendió Pérez Rey el pasado martes durante la presentación de los datos de desempleo de agosto. Respecto a las movilizaciones anunciadas por CCOO y UGT para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Pérez Rey manifestó su "máximo respeto" hacia las "legítimas reivindicaciones" de los sindicatos y su derecho a la libertad sindical.

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