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(El Economista, 13-11-2024) | Laboral

Los titulares de planes de pensiones afectados por la DANA podrán retirar fondos durante los próximos 6 meses

Las personas afectadas por la DANA que posean planes de pensiones podrán realizar retiros excepcionales de hasta 10.800 euros durante los próximos seis meses. Esta medida forma parte del segundo paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar las consecuencias del temporal. Las gestoras deberán realizar el reembolso en un plazo máximo de siete días hábiles, ampliable a 30 días en el caso de planes de pensiones de empleo. Según lo establecido en el artículo 51 del BOE, esta disposición se dirige específicamente a cuatro colectivos: titulares de explotaciones agrarias, forestales, ganaderas, establecimientos mercantiles, industriales o de servicios afectados; trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia directa de la DANA; empleados afectados por ERTE en empresas impactadas por el temporal; y personas cuya vivienda habitual haya resultado dañada o destruida. Para acceder a esta ayuda, los beneficiarios deberán presentar documentación que acredite su situación o, en su defecto, entregar una declaración responsable a la gestora del plan de pensiones. La medida también abarca otros productos como planes de previsión social empresarial, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados. Los fondos retirados estarán sujetos a la fiscalidad aplicable a las prestaciones de planes de pensiones, que generalmente se tributan como rendimientos del trabajo en el IRPF. El Gobierno ha desplegado un conjunto de más de 100 medidas, valoradas en 3.765 millones de euros. Entre estas, destacan permisos remunerados por ausencias laborales vinculadas a la DANA, los cuales no deberán ser recuperados por los empleados, ya que las empresas asumirán el 100% del salario correspondiente. Asimismo, las ayudas directas para viviendas afectadas se extenderán a inmuebles alquilados, con un adelanto del 50% del importe a quienes las soliciten, evitando esperas prolongadas durante la tramitación del expediente. Por otro lado, Pedro Sánchez ha anunciado un incremento del 30% en el complemento de ayuda a la infancia, que beneficiará a hasta 10.000 familias. También se permitirá a las familias hipotecadas congelar el pago de sus cuotas durante un periodo de hasta 24 meses si enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. Además, el Gobierno destinará el suelo disponible de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) para acelerar la construcción de viviendas asequibles en las localidades afectadas y, a corto plazo, se pondrán a disposición los inmuebles de la Sareb para realojar a quienes hayan perdido su hogar.

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(El País, 12-11-2024) | Laboral

Implementación permisos retribuidos y no recuperables por la DANA

Este lunes se han aprobado permisos retribuidos y no recuperables para cubrir ausencias laborales causadas por circunstancias excepcionales relacionadas con la DANA. Estas incluyen la imposibilidad de acudir o acceder al lugar de trabajo, la realización de labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del hogar, o la desaparición o fallecimiento de familiares, entre otras situaciones. Asimismo, se ha anunciado la activación del Plan MECUIDA, que garantiza el derecho a la adaptación o reducción de jornada para atender responsabilidades de cuidado. Este plan protege a todas las personas trabajadoras, incluidas las empleadas del hogar, quienes también podrán beneficiarse de las medidas de protección relacionadas con la DANA, con las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Por otro lado, el Gobierno destinará 50 millones de euros a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para contratar a personas desempleadas en las zonas afectadas, con el objetivo de colaborar en las labores de reconstrucción de los territorios dañados. La semana pasada, se estableció una nueva situación de incapacidad temporal (IT) con prestación incluida para quienes hayan desarrollado dolencias derivadas de la DANA. A diferencia de una baja laboral habitual, esta prestación se cobrará desde el primer día y el porcentaje de la base reguladora aumentará del 60% al 75%. Además, las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad provocadas por estas inundaciones se tratarán como accidentes de trabajo, lo que incrementará su cuantía. También se reactivó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, utilizada previamente durante la pandemia. Esta prestación podrá cubrir ceses totales o parciales de actividad, y representará el 70% de la base de cotización. Además, los autónomos quedarán exentos del pago de su cuota a la Seguridad Social. Para acceder a esta ayuda, no será necesario justificar fuerza mayor ni cumplir con un período mínimo de cotización. Por su parte, empresas y autónomos podrán solicitar aplazamientos o moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social, con un interés reducido del 0,5%. Estos aplazamientos se concederán mediante una única resolución, cubriendo hasta 16 meses de cuotas, y el primer pago se realizará un mes después de la resolución. Durante este periodo, los solicitantes serán considerados al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. Además, se han modificado los procedimientos para tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados directamente a los daños causados por la DANA o a pérdidas de actividad indirectamente relacionadas. Para agilizar estos trámites, los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social serán opcionales, sin perjuicio de verificaciones posteriores. Por último, la semana pasada se incrementó en un 15% el importe de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas, que se abonarán automáticamente en noviembre, diciembre y enero. También se ampliaron los plazos para el pago de cuotas de la Seguridad Social previas al desastre natural y se suspendieron los procedimientos de recaudación.

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(El Economista, 12-11-2024) | Laboral

Los trabajadores que sumen tres impagos del salario al año podrán dejar su empleo

El legislador establece por primera vez los plazos específicos de retraso en el pago de salarios y los meses de impago necesarios para que un empleado pueda poner fin al contrato de trabajo de forma unilateral. Según la propuesta, los trabajadores que sufran un retraso de más de 15 días en el pago de su nómina y acumulen tres mensualidades impagadas en un año podrán rescindir su contrato laboral, recibiendo además una indemnización equivalente a la de un despido improcedente. El Gobierno ha incluido esta medida en una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia para modificar el Estatuto de los Trabajadores y clarificar cuántos impagos justifican la ruptura de la relación laboral sin consecuencias negativas para el empleado. El texto se votará en el Pleno del Congreso el próximo 14 de noviembre y, de ser aprobado (algo previsible dada la mayoría que suman PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto), será remitido al Senado para su aprobación definitiva. Hasta ahora, la decisión recaía en los jueces, quienes analizaban caso por caso la gravedad de los impagos o retrasos salariales sin contar con criterios concretos. Con esta reforma, se busca uniformidad. El texto establece que un retraso se considerará tal cuando el pago supere en más de 15 días la fecha acordada. La extinción del contrato podrá justificarse si, en un periodo de un año, el empleado acumula tres mensualidades completas de salario impagadas (aunque no sean consecutivas) o si se producen retrasos en el pago durante seis meses, también sin necesidad de continuidad. Aunque estas disposiciones aportan mayor claridad jurídica, la reforma también conserva la capacidad de los jueces para valorar si existe una "causa justa" que respalde la extinción del contrato por impagos o retrasos. Además, entre las enmiendas impulsadas por el PSOE destaca la eliminación completa de la Golden Visa, un mecanismo aprobado en 2013 para atraer inversión extranjera a cambio de otorgar la nacionalidad española. Inicialmente, se había planteado limitar esta medida eliminando la concesión de ciudadanía por la compra de viviendas de más de 500.000 euros, pero la nueva propuesta elimina la Golden Visa en su totalidad, afectando también a inversiones en depósitos bancarios, acciones, deuda pública o proyectos que fomenten la innovación o el empleo. Por otro lado, la futura Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia propone una transformación integral del sistema judicial con el objetivo de acelerar los procesos. Entre las medidas previstas, se destaca la eliminación de tareas administrativas para los jueces, el fomento de tecnologías avanzadas, la especialización de juzgados y la creación de Tribunales de Instancia que sustituirán a los órganos unipersonales. Esta reorganización busca optimizar los recursos humanos y materiales, permitiendo una asignación más eficiente según las necesidades específicas de cada territorio.

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(El Economista, 12-11-2024) | Laboral

Los funcionarios pagarán más del doble por su seguro de salud privado si se disuelve Muface

Los funcionarios adscritos a Muface se enfrentarían a un notable aumento en sus gastos si el sistema desapareciera y optaran por mantener un seguro privado. Según un informe de Roams Insurtech, la correduría de seguros del grupo Roams, los empleados públicos tendrían que desembolsar casi 750 euros más al año para acceder a este servicio. En la actualidad, el coste medio de un seguro de salud para los trabajadores públicos es de 478 euros anuales, según las tarifas de Muface, que establece cuotas mensuales en función del grupo o subgrupo profesional, directamente relacionado con el salario. La cuota más alta alcanza los 51,68 euros mensuales para quienes perciben un sueldo anual de 42.813 euros. Por otro lado, las aseguradoras privadas calculan sus primas en función de factores de riesgo como la edad, no del salario. En este contexto, la edad es determinante: cuanto mayor sea el asegurado, más cara será la póliza. Además, la mayoría de las aseguradoras realizan evaluaciones médicas previas para detectar posibles problemas de salud. Esto afectaría de manera significativa a los funcionarios, un colectivo con una media de edad elevada (57 años). De acuerdo con Roams, un asegurado de 54 años pagaría una prima anual media de 816,97 euros en un seguro privado, casi el doble de lo que actualmente abona a través de Muface. Si añadimos a una pareja y un hijo de 15 años, el coste total ascendería a 1.837,71 euros anuales. Las familias serían las más afectadas, con incrementos anuales que oscilarían entre 977 y 1.359 euros. En el caso de pólizas individuales, el aumento sería menor, pero aún significativo: entre 95 y 338 euros más al año. El precio de las pólizas también varía según el tipo de seguro. Pablo Pareles, director de Roams Insurtech, explica que los planes más comunes son los básicos (asistencia sanitaria) y los completos (con hospitalización y cirugías). Este último, especialmente si incluye hospitalización sin copago, es el que más se asemeja a las coberturas actuales de Muface. Mientras tanto, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, encargado de Muface, se reunió recientemente con los sindicatos para informarles de su intención de presentar una oferta "más atractiva" a las aseguradoras. Algunas compañías, como Adeslas, estarían dispuestas a aceptar la propuesta inicial de Muface -un incremento del 24% en las primas-, aunque solo por un año, con la intención de renegociar las condiciones para 2026.

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(El Periódico, 12-11-2024) | Laboral

1,5 millones de trabajadores faltan a diario a su puesto de trabajo

Un informe de la patronal catalana Foment del Treball revela que, en promedio, 1,5 millones de trabajadores faltan a diario a sus puestos de trabajo, lo que representó un coste total de 37.000 millones de euros en España durante 2023. Este elevado absentismo laboral preocupa tanto al Gobierno como a las patronales, especialmente al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Aunque la mayoría de las bajas por incapacidad temporal son legítimas, justificadas y responden a una cuestión prioritaria de salud y derechos laborales, también existen casos de fraude. Cuando un trabajador recurre a este tipo de engaño, debe ser consciente de las consecuencias que puede enfrentar si es descubierto, tanto por su empleador como por la Seguridad Social. Sin embargo, para proceder contra él, las pruebas presentadas deben ser claras y concluyentes. En ocasiones, las empresas recurren a detectives privados para recopilar las evidencias necesarias. Si se demuestra el fraude, el trabajador perderá la prestación por incapacidad temporal que estuviera recibiendo de la Seguridad Social. Además, la empresa tendrá la facultad de imponer sanciones, como la suspensión de empleo y sueldo, que puede oscilar entre 11 y 60 días, dependiendo de la gravedad del caso. En los casos más graves, esta sanción temporal podría derivar en un despido procedente, el cual podría ir acompañado de una penalización económica adicional.

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(Expansión, 11-11-2024) | Laboral

Trabajo suspende la reunión sobre la reducción de la jornada laboral por la DANA

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, informó que, debido a la situación generada por la DANA, se ha cancelado la reunión programada para mañana con representantes empresariales y sindicales, en la cual se esperaba cerrar el acuerdo para reducir la jornada laboral. "Hemos decidido posponer la reunión, ya que ahora todos nuestros esfuerzos, tanto del Gobierno como del Ministerio y de los interlocutores sociales, están enfocados en atender la situación en Valencia", explicó Pérez Rey. "Esta es nuestra prioridad y cualquier otro asunto que no esté relacionado con apoyar a los trabajadores y empresas de Valencia queda fuera de nuestra agenda", declaró en una entrevista con RNE este domingo. Al ser cuestionado sobre la negativa de la CEOE a la propuesta gubernamental de reducción de jornada laboral, criticó que la patronal "no está representando adecuadamente los intereses empresariales de este país y se está dedicando a hacer política". Según Pérez Rey, este rechazo es "más ideológico que real". "Es lamentable que no participen en el acuerdo", señaló, e instó a la CEOE a reconsiderar su postura y unirse a un pacto que, según él, es "clave para mejorar el bienestar en el ámbito laboral". "Si no quieren quedar fuera de lo que será una de las reformas laborales más significativas de nuestra historia, deberían centrarse en defender los intereses empresariales y dejar de lado las posiciones políticas ideológicas", recomendó Pérez Rey a la CEOE. En relación con esto, el secretario de CCOO, Unai Sordo, señaló este domingo que, aunque se ha suspendido el encuentro con el Ministerio de Trabajo, ambos sindicatos, CCOO y UGT, mantendrán las reuniones previstas para mañana con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Bilbao y San Sebastián, respectivamente, para abordar el mismo tema.

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(El Economista, 11-11-2024) | Laboral

El Supremo avala que la Seguridad Social anule contratos falsos sin ir a los tribunales

El Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y ahora permite que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) revise directamente las afiliaciones de los trabajadores y anule contrataciones falsas sin necesidad de acudir a la vía judicial. Según varias sentencias recientes, el Tribunal interpreta que la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, introducida en enero de 2023, otorga a la Seguridad Social la facultad de revisar y anular de oficio sus propios actos de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, declarándolos improcedentes cuando corresponda. En una sentencia del 28 de octubre, en la que el magistrado José María de Riego Valledor fue ponente, el Tribunal Supremo explica que el nuevo apartado de la ley "confirma y refuerza las facultades de revisión de oficio" de la Seguridad Social para estos casos. La sentencia revoca una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que establecía que la Tesorería debía recurrir a la vía judicial para anular una contratación en vez de hacerlo directamente por vía administrativa. El caso específico se refiere a una persona cuyo período de cotización, entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, fue anulado por la Seguridad Social al considerar que no existía una verdadera relación laboral, sino solo una simulación. En este caso, se concluyó que el supuesto trabajador no realizó actividad laboral alguna, sino que solo recibió formación durante ese tiempo. Los contratos falsos suelen utilizarse para permitir que las personas accedan a prestaciones o para inflar el número de empleados en la plantilla de una empresa. En este contexto, la TGSS procedió a anular de oficio las afiliaciones fraudulentas tras una inspección, sin necesidad de llevar el caso a los tribunales de lo social, como había requerido el TSJA. El Supremo sostiene que los actos de encuadramiento de la TGSS, como estos, deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso-administrativa y no por la jurisdicción social, y reafirma que no hay discusión en cuanto a esta competencia. Tras resolver esta cuestión de competencia, devuelve el caso al tribunal andaluz para que examine otros argumentos de impugnación que la Seguridad Social planteó pero que no fueron valorados en su momento. El cambio legislativo de enero de 2023 permite a la Tesorería actuar rápidamente contra casos de fraude en la afiliación, como los falsos autónomos o becarios, que son cada vez más comunes, especialmente en el sector de las plataformas digitales. Ahora, si un empleador no está de acuerdo con la decisión de la TGSS, deberá presentar una impugnación por la vía contencioso-administrativa. El Supremo ya había anticipado esta postura en varias resoluciones de 2023, pero estas sentencias ratifican el nuevo enfoque del Tribunal.

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(La Vanguardia, 11-11-2024) | Laboral

La Generalitat de Cataluña prevé que la Agencia Tributaria Catalana tenga hasta 5.000 trabajadores

El Govern de la Generalitat prevé que la Agencia Tributaria Catalana (ATC), que en 2026 asumirá la gestión del IRPF, pase de los aproximadamente 800 empleados actuales a entre 4.000 y 5.000 trabajadores, según ha informado la consellera de Economía y Finanzas, Alicia Romero. En una entrevista para "La Vanguardia" publicada este domingo, Romero explicó que un grupo de trabajo conjunto está explorando opciones legales y posibles incentivos para facilitar la incorporación de empleados de la agencia estatal a la catalana. "Ya ocurrió algo similar cuando se transfirieron competencias, como los guardias civiles que se integraron en los Mossos", señaló la consellera. El Govern espera tener definido durante el primer semestre de 2025 el modelo de financiación especial contemplado en el acuerdo de investidura de Salvador Illa con ERC. Este grupo de expertos deberá concretar "el principio de ordinalidad, la cuota de solidaridad, así como las particularidades de Cataluña, sus competencias y las del Estado en el territorio", detalló Romero. Romero también adelantó que se esperan dos o tres propuestas y que la decisión final se tomará junto con ERC, antes de iniciar una negociación con el Gobierno central. La titular de Economía subrayó que cada vez que se ha implantado un nuevo modelo de financiación, se han "inyectado más recursos al sistema" -la última vez, en 2009, se destinaron 12.000 millones de euros-. Con el próximo sistema de recaudación, "Cataluña seguirá siendo solidaria para asegurar cierta igualdad entre los territorios y sus habitantes", explicó Romero, advirtiendo que "actualmente esa igualdad no existe" y que esta es "una oportunidad para mejorar la financiación de todas las comunidades". Como ejemplo, mencionó que "Extremadura recibe por habitante más de mil euros más que Murcia". Y añadió: "Entiendo que el presidente de Murcia querrá tener el mismo trato que Extremadura... lo mismo que pide Cataluña, que tampoco está en una posición favorable". "Queremos ser solidarios porque, si España sigue siendo desigual, no será un país atractivo ni competitivo", concluyó la consellera.

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(El Periódico, 11-11-2024) | Laboral

Trabajo avanza que los permisos retribuidos para afectados por la DANA no tendrán plazos

Nuevas medidas del denominado escudo social y, en concreto, en materia laboral que no se incluyeron en el último real decreto. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este viernes que los permisos retribuidos que se concederán a los trabajadores afectados por la DANA que no puedan acudir a su puesto de trabajo no tendrán un plazo establecido de días. La excepción serán los permisos por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días a contar desde el sepelio, según el paquete de medidas que podría aprobarse en un consejo de ministros el próximo lunes, un día antes de lo habitual por motivos de agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Hemos decidido colocar una fecha indeterminada, porque las causas son muy diferentes. Por tanto, no vamos a fijar un plazo, excepto solamente en el caso del permiso por fallecimiento, que ampliamos a cinco días desde el día del sepelio. Es el único plazo que vamos a incorporar. El resto de los permisos, es decir, ausencias justificadas al trabajo, lo van a hacer con carácter indeterminado", ha señalado la vicepresidenta en la entrevista. La razón para no incorporar plazos a estos permisos, ha explicado, es que no se puede saber en qué fecha estarán operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos o del agua, entre otras circunstancias que pueden impedir a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. La vicepresidenta y ministra de Trabajo ha especificado que, a diferencia de lo ocurrido en pandemia, estos permisos serán no recuperables, es decir, e los trabajadores afectados por la DANA no tendrán que recuperar las horas o días en los que no hayan ido a trabajar. Y la ministra ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores porque "van a cotizar y cobrar como trabajo efectivo, como si no hubiera pasado nada". Además, ha señalado que "los ERTE no consumen desempleo y se otorgarán desde el 29 de octubre". E igualmente, a los patronos les ha recordado que se dará "cobertura a las empresas que tienen exoneradas sus cotizaciones". En este sentido ha insistido en que no habrá que despedir a nadie porque, el Ejecutivo está desplegando todo tipo de ayudas para hacer frente a la crisis derivada de la DANA. Estos permisos retribuidos forman parte del 'escudo laboral' que previsiblemente aprobará el Gobierno el lunes y tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre, el día en el que se produjo la catástrofe, e incluirá también un subsidio extraordinario para empleadas de hogar y la puesta en marcha del Plan Me Cuida, entre otras medidas. La vicepresidenta ha indicado que las medidas laborales que va a adoptar el Gobierno para los afectados por la DANA "no estarán sujetas a las limitaciones geográficas de la catástrofe". En el caso de que existan mecanismos que permitan acudir a trabajar (por ejemplo, la habilitación de un autobús por parte de la empresa si no se cuenta con coche privado y hay que desplazarse), Díaz ha indicado que se podrá ir a la empresa siempre que no haya riesgos para el trabajador. "El mandato que hemos dado es que, si no se puede acudir físicamente, se teletrabaje. Pero si hay mecanismos para poder con seguridad, sin riesgos para la vida, claro que se puede ir a trabajar", ha subrayado. Díaz ha aprovechado también para pedir a las empresas que cumplan con la ley y protejan a sus trabajadores. "Estoy haciendo un seguimiento diario de las empresas que no están cumpliendo la legalidad vigente", ha apuntado la vicepresidenta, que ha subrayado que la Inspección de Trabajo "sabe exactamente qué empresas están cumpliendo y cuáles no".

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(Expansión, 08-11-2024) | Laboral

El 30% de las empresas prevé aumentar su plantilla antes de fin de año

Los responsables de las organizaciones planean aumentar sus equipos antes de finalizar el año. Según el V Barómetro LHH Executive Search sobre Liderazgo Directivo en España, un 30% de los directivos encuestados tiene la intención de contratar más personal, especialmente en las grandes empresas. Además, un 15,38% prevé reducir las horas laborales, mientras que un 14,42% considera disminuir su plantilla en la última parte de 2024. Entre quienes piensan en reducir personal, se señalan como causas principales la disminución de ventas o baja demanda de servicios (35,46%), cinco puntos más que en 2023; el aumento de los costes o la inflación (32,62%); y la presión fiscal (24,11%). En promedio, un 58,65% (casi tres de cada cinco) admite tener dificultades para contratar nuevos empleados, una cifra que ha aumentado en más de dos puntos en comparación con el año anterior. Este problema afecta al 63,3% de las grandes empresas y al 70% de las empresas del sector de transporte. Además, el 52,88% de los encuestados considera que la escasez de talento representa un riesgo para alcanzar los objetivos de negocio. En cuanto a los incrementos salariales, el 55% de los encuestados espera aumentos en 2024 y principios de 2025, mientras que un 9,62% los contempla solo para el próximo año. Por otro lado, un 22,12% advierte que los aumentos dependerán de factores externos, como la inflación o la estabilidad política, y un 22,88% asegura que no prevé incrementar los salarios. Para fortalecer sus equipos, los líderes empresariales mencionan estrategias como la formación (47,50%), planes de carrera (44,23%) y medidas de conciliación laboral (42,12%), aunque prestan menos atención a planes de inclusión y bienestar. Un 56,54% de los directivos sitúa la productividad y el rendimiento como prioridades estratégicas para lo que queda del año, seguidas de cerca por la transformación digital (44,42%). Identifican la situación económica (55,58%) y el contexto político (44,23%) como los principales riesgos. El 81,54% de los encuestados cree que la innovación tecnológica puede impulsar el compromiso sostenible de las empresas. Respecto a la inteligencia artificial (IA), un 37,88% la ve como una tecnología que coexistirá con los recursos actuales; un 31,54% considera que reemplazará gran parte del trabajo de los empleados; un 17,50% opina que transformará el sector creando nuevas oportunidades, y un 13,08% no anticipa un gran impacto de esta tecnología en su sector.

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