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(El País, 09-10-2024) | Laboral

El Gobierno da el pistoletazo de salida a la reforma de la incapacidad temporal en España

Los agentes sociales se reunirán el próximo lunes para discutir sobre el tema, en medio de tensiones generadas por las declaraciones de la ministra la semana pasada, cuando introdujo la idea de "bajas flexibles". El secretario de Estado no ha dado más detalles sobre esta propuesta, que será discutida entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal a partir de la próxima semana, junto a otras cuestiones pendientes relacionadas. Aunque los sindicatos, los socios del Gobierno y los ministerios de Trabajo y Sanidad, que están involucrados en la propuesta, han rechazado la idea por falta de detalles, la patronal la ve como un proyecto positivo. "En el acuerdo firmado el 18 de septiembre con las organizaciones patronales y sindicales se incluía la creación de una mesa de trabajo sobre incapacidad temporal, que se constituirá el próximo lunes para comenzar a trabajar desde un enfoque puramente técnico", señaló Borja Suárez. La reunión está programada para las 12:30 horas. Suárez destacó que el objetivo del encuentro será "mejorar la salud de los trabajadores". Sin embargo, no profundizó en la propuesta de bajas flexibles, a pesar de las preguntas insistentes al respecto. "Es un tema muy delicado", comentó en relación con los índices de incapacidad temporal en España, y añadió que ahora lo que se requiere es un enfoque técnico, trabajando discretamente, como suele hacerse. "Compartiremos los resultados a medida que los obtengamos", afirmó. Las cifras oficiales muestran una preocupante tendencia al alza en las bajas laborales. Según los datos de la Seguridad Social a finales de 2023, las incapacidades temporales por contingencias comunes alcanzaron una prevalencia media de 47,3 por cada 1.000 asalariados, el nivel más alto desde que se comenzaron a registrar estos datos en 2007. En ese año, la prevalencia era de 32,4, cayendo a un mínimo de 19,1 en 2012. También ha habido un aumento entre los trabajadores autónomos, alcanzando cifras históricas, ya que para estos una baja afecta significativamente sus ingresos. En 2023, la prevalencia de la incapacidad temporal por contingencias comunes entre los autónomos fue de 40,69 por cada 1.000, muy por encima del 27,73 registrado en 2014. Los expertos atribuyen este incremento principalmente al envejecimiento de la población trabajadora (actualmente, el 35% de los ocupados tiene 50 años o más, en comparación con el 19,6% de hace dos décadas) y a los retrasos en el sistema de salud pública (España alcanzó en 2023 un récord de 849.535 personas en listas de espera para cirugía, casi el doble que hace 20 años, cuando había 9,78 personas en esta situación por cada 1.000 habitantes; hoy son 18,11). Tanto los sindicatos como los empresarios expresaron su preocupación por el aumento de estos indicadores en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en mayo de 2023. En dicho acuerdo, las partes declaraban: "Las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de este acuerdo manifestamos nuestra preocupación por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes". Propusieron una mayor intervención de las mutuas en el tratamiento de bajas por problemas traumatológicos para aliviar las listas de espera en la sanidad pública, un planteamiento que se incluyó en la última parte de la reforma de pensiones y que está siendo desarrollado en colaboración con las comunidades autónomas.

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(El Confidencial, 09-10-2024) | Laboral

El Gobierno ofrece a Muface una subida del 17% pero el seguro reclama un 27% solo para cubrir los costes

El Gobierno y las aseguradoras atraviesan uno de sus momentos más críticos en cuanto a la renovación del concierto de Muface, el sistema de sanidad privada al que acceden los funcionarios, quienes en su mayoría prefieren no usar la sanidad pública. Este modelo, que beneficia a 1,5 millones de personas, está en riesgo. El Ejecutivo comunicó al sector que este martes llevaría al Consejo de Ministros el nuevo pliego, en el que se ha aprobado la licitación del concierto para el periodo 2025-2026, con un aumento del 17,12% en la prima, según informó el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Aunque técnicamente es un contrato público al que pueden postularse cualquier aseguradora que cumpla ciertos requisitos para ofrecer sanidad privada, siempre se negocia entre las partes para evitar que quede desierto y asegurar que las entidades adjudicatarias tengan capacidad para cumplir con los compromisos. Las aseguradoras creen que deben participar al menos tres entidades, como ocurre ahora: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Hace 10 días, el ministro Óscar López propuso una subida del 14%, lo que llevó a las aseguradoras a abandonar la mesa de negociación, ya que previamente se había hablado de un aumento del 24%, cifra que las entidades consideraban un punto de partida para negociar. La nueva oferta del Gobierno sigue siendo insuficiente para el sector. Las aseguradoras argumentan que desde la pandemia ha aumentado tanto la inflación de costos como la siniestralidad, lo que ha generado un déficit anual de 200 millones de euros en el último concierto. DKV ha cuantificado esta necesidad de subida en un 40%. Un estudio encargado por Adeslas, realizado por economistas de las universidades de Málaga y Granada, concluye que se requiere un aumento del 27% sobre los valores de 2023 para cubrir costos en 2025, y otro incremento adicional del 9% en 2026. El nuevo concierto será de dos años. El anterior, que fue de tres años y tuvo un desembolso de 3.571 millones de euros, ya incluyó un incremento del 5,57% respecto al anterior, pero las aseguradoras siguen denunciando pérdidas. Adeslas, por ejemplo, ha acumulado un déficit de 118 millones de euros entre 2022 y mayo de 2024. Los costos de la compañía han subido más del 4% en el último año, siendo la más demandada por los funcionarios. El 72% de los funcionarios elige Muface, siendo Adeslas la opción más popular con el 34%, seguida por Asisa con el 25% y DKV con el 13%. El envejecimiento de la población es uno de los factores que contribuyen a este problema, ya que quienes se incorporan al sistema suelen ser personas de mayor edad o interinos que pasan a ser funcionarios en una etapa avanzada de su vida. Los economistas advierten de que los aumentos en los ingresos también generan un aumento en los costos debido a la presión ejercida por los proveedores y el personal. Adeslas podría enfrentar un gasto de 882 millones de euros en 2025, apenas un 1,86% más que en 2024, pero el problema sigue siendo el déficit acumulado. Los principales gastos provienen de los salarios de médicos y personal sanitario, de las hospitalizaciones y de las pruebas diagnósticas. Sin este modelo, 1,5 millones de funcionarios tendrían que ser absorbidos por la Seguridad Social, lo que generaría una sobrecarga en el sistema público y recortes en las aseguradoras. Las aseguradoras señalan que el Ministerio había prometido nuevas conversaciones, por lo que sorprende que se hayan propuesto nuevas condiciones sin más reuniones previas. También advierten que podrían no participar en el nuevo pliego, lo que pondría en peligro el sistema de Muface. El sector preferiría que se prorrogara el actual sistema por dos años más, para evaluar su futuro y evitar que se repitan los problemas en futuros conciertos. Además, recuerdan que el costo sanitario per cápita de un usuario de Muface es de 1.013 euros, frente a los 1.736 euros que cuesta en la sanidad pública. Según el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), este modelo ahorra 1.000 millones de euros anuales al sistema público.

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(El Economista. 08-10-2024) | Laboral

Los salarios de más de 56.600 euros pagarán hasta un 1,17% más en cotizaciones por la nueva "cuota de solidaridad"

El Gobierno ha introducido en la última reforma de pensiones una nueva contribución adicional para los salarios más altos, llamada "cuota de solidaridad", con el objetivo de generar ingresos adicionales para sostener el sistema de pensiones. Esta cuota afectará a aquellos trabajadores cuyos sueldos superen la base máxima de cotización a partir de 2025, actualmente fijada en 56.600 euros anuales o 4.720,50 euros mensuales. La base máxima limita el salario sobre el cual se pagan cotizaciones sociales, y al igual que la pensión máxima, está sujeta a un tope. Con la nueva normativa aprobada en marzo de este año, la totalidad del salario estará sujeta a cotizaciones sociales, y la cuota de solidaridad oscilará entre el 0,92% y el 1,17%, afectando a los trabajadores con mayores ingresos. La reforma se centra en aumentar los ingresos sin reducir el gasto. En particular, la cuota de solidaridad, junto con el "destope", busca corregir la diferencia que existe entre España y otros países europeos en cuanto a la base máxima de cotización, ya que en España es más baja. Esto significa que hay trabajadores que no cotizan por todo su salario, aunque sí tributan por él en el IRPF. A diferencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se aplica a todos los salarios, la cuota de solidaridad está dirigida exclusivamente a los sueldos más elevados. Esta contribución tiene un carácter "redistributivo" en lugar de "contributivo", es decir, los ingresos generados no aumentarán la pensión futura del cotizante, sino que se usarán para financiar las pensiones de futuras generaciones, especialmente para afrontar el retiro de la generación del baby boom. La cuota de solidaridad se aplicará a la parte del salario que exceda la base máxima de cotización, que se actualizará anualmente según la inflación más un 1,2%. Por ejemplo, en 2025, con una previsión de inflación del 2,9%, la base máxima aumentará a aproximadamente 58.968 euros anuales. A partir de esa cifra, los trabajadores pagarán un recargo adicional según diferentes tramos salariales: Un 0,92% para el salario que supere la base máxima hasta un 10% más; Un 1% para el salario que supere ese 10% hasta un 50%; Un 1,17% para el salario que exceda el 50% adicional. Estas cifras aumentarán progresivamente cada año hasta 2045, cuando la cuota será del 5,5%, 6% y 7%, respectivamente, dependiendo del tramo salarial. La distribución de esta cuota entre empleador y empleado seguirá la proporción actual de cotizaciones sociales: la empresa pagará cinco veces más que el trabajador. Más de un millón de trabajadores en España sentirán el impacto de esta medida, con deducciones que variarán desde unos pocos euros hasta varios cientos, dependiendo del salario. Por ejemplo, alguien que gane 60.000 euros anuales pagará 9,5 euros más al mes, mientras que quienes ganen 100.000 euros pagarán 480 euros adicionales al año. Esta contribución afectará a los trabajadores asalariados que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los del Régimen de los Trabajadores del Mar. Sin embargo, los autónomos estarán exentos de pagar esta cuota y del MEI, aunque deberán cumplir con un nuevo sistema de cotización basado en sus ingresos netos, lo que aumentará sus contribuciones cada tres años.

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(El Economista. 08-10-2024) | Laboral

El Supremo ratifica la indemnización por despido para los interinos aunque se les contrate inmediatamente después

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que los trabajadores interinos que son despedidos por la Administración, tras años de encadenar contratos, tienen derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un límite de doce meses. Esto se aplica incluso si el trabajador es contratado nuevamente para otro puesto inmediatamente después del despido. En una sentencia emitida el 25 de septiembre, cuyo ponente fue el magistrado Juan Molins García-Atance, el TS reafirma que, según su jurisprudencia, si un interino ocupa el mismo puesto durante más de tres años sin que la Administración convoque la plaza, el contrato debe considerarse abusivo. En el caso en cuestión, un hospital público despidió a una interina que llevaba doce años con contratos temporales sucesivos, después de que su puesto fuera cubierto por oposición. La trabajadora participó en las pruebas, pero no las superó. Un día después de su cese, el hospital la contrató nuevamente para otro puesto. La Ley de 2021, que busca eliminar el abuso de los contratos temporales, establece que los interinos despedidos por no aprobar las pruebas para su plaza tienen derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un límite de doce mensualidades. El Supremo concluyó que la trabajadora en este caso tiene derecho a esa indemnización. Además, el tribunal aclara que el hecho de que la trabajadora haya firmado un nuevo contrato temporal con el mismo empleador no invalida la extinción del contrato anterior. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 13 de junio abrió la posibilidad de aumentar la indemnización más allá del límite de doce meses y de otorgar compensaciones a interinos que hayan obtenido plaza fija. Sin embargo, el Supremo ha solicitado al TJUE una mayor claridad sobre cómo debe la Administración compensar el uso abusivo de los contratos temporales.

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(El Economista. 08-10-2024) | Laboral

Trabajo redobla las inspecciones ante el auge de los despidos pactados previos a la jubilación

La Inspección de Trabajo ha intensificado sus actuaciones ante el aumento de los llamados "acuerdos de jubilación", en los que las empresas y trabajadores cercanos a la jubilación pactan un despido simulado como improcedente. Estos acuerdos, que están bajo una mayor vigilancia de los inspectores, ofrecen ciertos beneficios para el empleado. Entre ellos, la indemnización por despido, que está exenta de impuestos hasta los 180.000 euros, el acceso a la prestación por desempleo durante un máximo de dos años, y la posibilidad de evitar las penalizaciones por jubilación anticipada. Desde el despacho BDO Abogados señalan que es habitual que las empresas busquen fórmulas para desvincular a trabajadores sénior, próximos a la jubilación. Según Montse Rodríguez Viñas, socia directora de Laboral en BDO, una opción cada vez más popular es la de acuerdos de salida que contemplan la jubilación como parte del proceso. Sin embargo, estas prácticas generan debate por su complejidad legal y fiscal, especialmente en lo relativo a la tributación de las indemnizaciones pactadas. La Agencia Tributaria también ha intensificado los controles sobre estos despidos, sospechando que en algunos casos esconden acuerdos entre empresa y empleado. Si el despido es pactado, las indemnizaciones deben tributar, a diferencia de los despidos improcedentes genuinos, que están exentos hasta el límite de 180.000 euros. El despacho subraya que los beneficios fiscales asociados a estas desvinculaciones permiten al trabajador no solo recibir la indemnización sin tributar, sino también acceder a la prestación por desempleo hasta alcanzar la edad de jubilación. Este mecanismo ha ganado relevancia debido al descenso en las jubilaciones anticipadas forzosas, que han disminuido un 75% en la última década. Esto ha llevado a que los trabajadores sénior recurran a los despidos pactados para enlazar el cobro del desempleo con la pensión de jubilación ordinaria, evitando así las penalizaciones por anticipar la jubilación. No obstante, simular un despido improcedente para beneficiarse de este esquema tiene serias consecuencias legales. La simulación implica incumplimientos tanto fiscales (por no tributar la indemnización) como laborales y de Seguridad Social (por el cobro indebido del desempleo). Según Rodríguez Viñas, la ley laboral considera este acto una falta muy grave, con sanciones que van desde los 7.501 euros hasta los 225.018 euros. Además, la empresa podría ser responsable de devolver las cantidades percibidas indebidamente, salvo que demuestre no haber actuado con dolo o culpa. Asimismo, los acuerdos de despido fraudulentos cercanos a la jubilación están tipificados como delito en el Código Penal, concretamente en su artículo 307 tercero. Este artículo sanciona la obtención indebida de prestaciones de la Seguridad Social mediante engaño o simulación. Tanto el empresario como el trabajador pueden ser considerados coautores del delito, ya que uno facilita la acción y el otro recibe las prestaciones indebidamente. En la mayoría de los casos, las condenas por estos fraudes no superan los dos años de prisión, e incluso pueden reducirse a seis meses, aunque el fraude ascienda a más de un millón de euros, como ha sucedido en algunas tramas de empresas ficticias para cobrar prestaciones.

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(El Periódico, 08-10-2024) | Laboral

CC.OO. y UGT llaman a una huelga en el transporte por carretera para bajar la edad de jubilación

Se ha lanzado la advertencia de una posible huelga indefinida en el sector del transporte de mercancías y pasajeros por carretera, debido a la falta de avances en las negociaciones para reducir la edad de jubilación de los conductores profesionales, de los 67 a los 60 años. Los sindicatos UGT y CC.OO. han anunciado paros para los días 28 de octubre, 11 de noviembre, 28 y 29 de noviembre, 5 de diciembre y 9 de diciembre. Además, si no se logran progresos significativos en las conversaciones, la huelga se convertiría en indefinida a partir del 23 de diciembre. Esta medida de presión hacia el Gobierno y las patronales se presentó el pasado viernes ante el servicio de mediación SIMA, coincidiendo con fechas clave como el Black Friday, el puente de diciembre y las fiestas navideñas. En una rueda de prensa esta mañana, los representantes sindicales han señalado que su demanda principal es la reducción de la edad de jubilación en un momento en que el sector enfrenta un importante déficit de personal, que las asociaciones empresariales estiman en más de 14.000 trabajadores. Los sindicatos acusan tanto al Gobierno como a las patronales de bloquear, durante más de una década, esta reivindicación histórica. La nueva propuesta de jubilación incluiría la aplicación de coeficientes reductores debido a la dureza y peligrosidad de la profesión, similares a los que ya tienen colectivos como los pilotos de avión y los maquinistas ferroviarios. En junio pasado, ya hubo una manifestación frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por este mismo motivo. Hasta la fecha, los sindicatos han mantenido reuniones con dicho ministerio, así como con los de Transportes y Trabajo, sin resultados positivos. Los representantes de los conductores profesionales justifican su petición señalando el aumento de la siniestralidad en carretera entre los trabajadores mayores de 55 años. Según CC.OO. y UGT, más de dos tercios de los 120 conductores fallecidos anualmente superan esa edad, y critican que estas muertes se clasifiquen únicamente como accidentes de tráfico, en lugar de considerarse accidentes laborales. "La edad es un factor clave en los accidentes de tráfico. Con esta huelga, buscamos reducir o eliminar las muertes en el trabajo", ha declarado el secretario general del Sector de la Carretera y Logística de CC.OO.

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(El Confidencial, 08-10-2024) | Laboral

La Seguridad Social usará la reforma de la incapacidad temporal para frenar el absentismo

Durante el último año, España ha mantenido de manera constante un total de 921.000 trabajadores en situación de baja por incapacidad temporal, la cifra más alta registrada hasta ahora. Según los datos de la EPA, más de cuatro de cada 100 trabajadores se encontraban de baja médica. Este aumento ha generado preocupación en el Gobierno, no solo por lo que podría indicar sobre la salud de los españoles, sino sobre todo por el elevado coste para la Seguridad Social. Entre enero y agosto, la Seguridad Social ha desembolsado 10.400 millones de euros en prestaciones por incapacidad temporal, un gasto que ha aumentado considerablemente en los últimos años. En comparación con el mismo periodo de 2023, ha crecido un 18%, y respecto a los niveles previos a la pandemia, ha subido un 76%. El Ministerio de Seguridad Social ha compartido su inquietud con los agentes sociales sobre este incremento en las bajas laborales, según informan fuentes del diálogo social. La cartera que dirige Elma Saiz está buscando encauzar las preocupaciones de las empresas, que llevan meses advirtiendo que el absentismo es uno de los principales desafíos en la gestión de recursos humanos. Además, el propio Ministerio está genuinamente preocupado por el aumento de estas bajas. Esta semana, Saiz anunció la creación de una mesa de negociación con los agentes sociales para abordar la reforma de la incapacidad temporal, con el fin de "hacer un seguimiento de la evolución de los procesos y sus prestaciones", una preocupación compartida por todas las partes implicadas. La Seguridad Social ya había previsto la creación de este grupo de trabajo en el último acuerdo sobre pensiones con los agentes sociales, con el objetivo de monitorear los procesos de incapacidad temporal. Sin embargo, los agentes sociales aún no saben cuál será la estrategia que el Ministerio adoptará para revertir la tendencia actual. La patronal, por su parte, intentó incorporar el tema del absentismo en las conversaciones sobre la reducción de la jornada laboral. Para la CEOE, cualquier reducción del tiempo de trabajo debería ir acompañada de un control más riguroso de las ausencias en el trabajo para evitar posibles fraudes. La semana pasada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresó su preocupación por el aumento del absentismo, destacando que es un problema significativo en España en términos de horas de trabajo perdidas cada trimestre. En un foro celebrado en Orihuela, Garamendi señaló que "el gran problema de horas en España es el del absentismo, que se ha disparado". Sin embargo, todas las partes involucradas son cautelosas al abordar el tema, evitando acusar a los trabajadores o médicos de abusar del sistema de bajas. Históricamente, se observa que cuando la situación económica es favorable y los trabajadores no temen perder sus empleos, los casos de incapacidad temporal aumentan. Por el contrario, en tiempos de crisis, los empleados tienden a evitar cogerse bajas por miedo a ser despedidos. El desafío para el Ministerio y la patronal es encontrar un equilibrio entre proteger a quienes realmente necesitan una baja médica y prevenir el abuso del sistema. Por su parte, los sindicatos sostienen que el absentismo no es un problema real, sino que se debe al envejecimiento de la población trabajadora y a la saturación del sistema sanitario, lo que alarga y hace más frecuentes las bajas. Según los sindicatos, el enfoque debería estar en la prevención de riesgos laborales y en mejorar la atención sanitaria, dos temas que estarán presentes en la próxima negociación sobre la reforma de la incapacidad temporal. El anuncio de la ministra Saiz sobre la creación de una incapacidad temporal flexible se enmarca en esta mesa de negociación, aunque, en este caso, la intención del Gobierno no es tanto reducir el gasto de la Seguridad Social, sino responder a una demanda histórica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

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(El Economista, 07-10-2024) | Laboral

El 61,7% de los jóvenes en España tiene un contrato temporal

En 2023, el 17,08% de los trabajadores asalariados en España tenía un contrato temporal. No obstante, este porcentaje es mucho mayor entre los más jóvenes. El 61,7% de los empleados de entre 16 y 19 años contaba con un contrato temporal, seguido por el 46,4% en el grupo de 20 a 24 años y el 27,6% en los de 25 a 29 años, según el informe "España no es un país para jóvenes" de la consultora Freemarket Corporate Intelligence. Este estudio se basa en datos de la OCDE, el Banco de España, el INE y otros organismos que miden indicadores como la Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión Social, la Carencia Material y Social Severa o el Informe Mundial de la Felicidad 2024. Además de la alta prevalencia del empleo a tiempo parcial, la temporalidad entre los jóvenes refleja, según el Gobierno, una clara señal de precariedad laboral. Esta situación no solo afecta a la estabilidad laboral. Los jóvenes entre 16 y 29 años ganan un 35% menos que la media, y su progreso salarial a lo largo de la vida laboral es más lento que el de las generaciones anteriores. Mientras que quienes nacieron en 1955 alcanzaron la base media de cotización a la Seguridad Social a los 27 años, los nacidos en 1985 no lo habían logrado ni a los 34 años, lo que evidencia que la juventud española tarda más en alcanzar un nivel salarial promedio. A esto se suman las dificultades para ingresar al mercado laboral y una alta tasa de desempleo. Los jóvenes representan una proporción mucho mayor entre los desempleados que entre los empleados, lo que refleja las barreras para acceder a un trabajo. La precariedad salarial también se traduce en menores ingresos familiares. Los hogares con jefes de familia entre 16 y 29 años tienen una renta por unidad de consumo de unos 16.000 euros anuales, un 15% por debajo de la media nacional, y este descenso es más pronunciado en aquellos hogares donde el jefe de familia no tiene estudios superiores, con una renta anual que desciende a 11.000 euros, un 40% menos que la media. El debilitamiento de la situación de los jóvenes no se limita al ámbito económico, sino también al político. Su peso demográfico ha disminuido notablemente, pasando de representar el 21,11% de la población en 1980 al 14,81% en 2023. En contraste, el segmento de mayores de 65 años ha crecido considerablemente, del 11,05% en 1980 al 20,61% en la actualidad. Este envejecimiento poblacional reduce la capacidad de los jóvenes para influir en las políticas públicas, ya que los intereses de las personas mayores prevalecen en una sociedad cada vez más envejecida. Este declive demográfico también se refleja en la baja tasa de natalidad. En 2023 nacieron solo 322.075 niños en España (1,16 hijos por mujer), una cifra que contrasta con los 688.711 nacimientos (2,88 hijos por mujer) registrados hace 50 años. Esta caída en los nacimientos ha reducido el porcentaje de población entre 0 y 29 años del 49,1% en 1980 al 29,5% en 2023, consolidando un envejecimiento sin precedentes. Por primera vez, el informe analiza la felicidad en diferentes etapas de la vida y concluye que la satisfacción vital de los jóvenes entre 15 y 24 años ha caído drásticamente desde la pandemia, especialmente en América del Norte, donde los mayores ahora son más felices. España, que ocupaba el puesto 24 en 2021, ha caído al puesto 36 en 2024. A nivel generacional, las personas nacidas antes de 1980 son más felices que los millennials y la Generación Z. Los menores de 30 años en España se sitúan en el puesto 55 del ranking de felicidad, mientras que los mayores de 60 ocupan el puesto 29. La situación financiera de los jóvenes también es preocupante. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, los hogares más jóvenes han experimentado una notable disminución en sus ingresos y riqueza neta, con una caída del 37,5% en la propiedad de viviendas entre 2011 y 2022, lo que refleja un empobrecimiento considerable en un sector que considera la vivienda como su principal activo. Los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión social son igualmente alarmantes. En 2023, el 31,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años se encontraba en riesgo de pobreza, y el 11,5% sufría de carencia material y social severa. Este deterioro no es solo coyuntural, sino estructural, producto de una educación pública en declive y un mercado laboral ineficiente que desfavorece a los jóvenes. Si esta tendencia continúa, España podría enfrentarse a un estancamiento en la calidad de vida de las nuevas generaciones, quienes podrían optar por emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y salariales. Esto podría provocar un empobrecimiento de la clase media y un incremento de la inestabilidad social y política.

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(El País, 07-10-2024) | Laboral

El Gobierno aprobará este martes el reglamento para garantizar los derechos laborales de los trabajadores LGTBI

El Ministerio de Trabajo presentará al Consejo de Ministros este martes un real decreto que detalla las medidas que deberán adoptar las empresas para garantizar la igualdad de trato y prevenir la discriminación de las personas LGTBI. Esta normativa, que sigue a un acuerdo alcanzado hace cuatro meses con sindicatos y patronales, busca acelerar la implementación de medidas incluidas en la ley trans, aprobada el año pasado, y será de carácter obligatorio para empresas con más de 50 empleados. El documento elaborado por el equipo de Yolanda Díaz, al que ha tenido acceso El País, establece los plazos y los requisitos mínimos que las empresas deberán cumplir para proteger a los trabajadores LGTBI. Aunque estos deberán ser acordados a través de la negociación colectiva, las empresas con más de 50 trabajadores y que cuenten con un convenio colectivo tendrán tres meses desde la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para negociar y adaptarse. Las empresas sin convenio colectivo dispondrán de seis meses. Para las compañías con menos de 50 empleados, la adopción de estos protocolos será voluntaria. Si no se llega a un acuerdo dentro de los plazos establecidos, se aplicarán unas medidas mínimas descritas en el real decreto hasta que la negociación avance. Entre las propuestas, destaca la obligatoriedad de formar a los responsables de contratación y promoción para evitar discriminación contra los empleados LGTBI, así como asegurar que toda la plantilla, incluidos los directivos, conozca los reglamentos de prevención y actuación frente al acoso discriminatorio. Además, las empresas deberán dar prioridad a la idoneidad de los candidatos en los procesos de selección y promoción, basándose en sus capacidades y no en su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Se hace hincapié en la protección de las personas trans, consideradas un grupo particularmente vulnerable. En caso de denuncia por discriminación, las empresas estarán obligadas a elaborar un informe vinculante y, si se confirman indicios de acoso, iniciar un expediente sancionador y tomar las medidas necesarias para resolver el caso. Además, se garantizará que el denunciante no sufra represalias. El reglamento también aclara cómo calcular el número de empleados de una empresa. Se incluirá a todos los trabajadores, independientemente de su tipo de contrato o número de horas trabajadas, incluyendo a los empleados con contratos fijos discontinuos o temporales. El Ministerio de Trabajo ha impulsado este real decreto tras denuncias de los sindicatos sobre un retraso injustificado en su implementación. Sin embargo, fuentes ministeriales han negado esta dilación, asegurando que se han acelerado los plazos al máximo. La ley trans, aprobada en febrero de 2023, tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas LGTBI y eliminar la discriminación en España, permitiendo que se pueda vivir con plena libertad en cuanto a orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar. El real decreto desarrolla el artículo 15.1 de la ley, donde se incluyen las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos, considerando la normativa de "interés general" y cumpliendo con el principio de transparencia.

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(La Vanguardia, 07-10-2024) | Laboral

La reducción de la jornada laboral se debe conseguir "minimizando cualquier efecto negativo que pueda tener

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha advertido que la reducción de la jornada laboral debe implementarse "minimizando cualquier impacto negativo que pueda generar" y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de seguir avanzando en esta cuestión. En una entrevista publicada este domingo en La Vanguardia, al ser consultado sobre si apoyaría la medida aunque solo contara con el respaldo de los sindicatos, ha subrayado que "es crucial que este progreso en la reducción de la jornada se logre con un mínimo de efectos adversos". Además, destacó que se debe priorizar la obtención de "efectos positivos", creando un "círculo virtuoso" entre la disminución de la jornada, una mayor productividad empresarial y la posibilidad de incrementar los salarios. Cuerpo ha argumentado que la nueva regulación debe alcanzar un "punto de equilibrio", donde no se perjudique al sector productivo, y que sea flexible en términos de bonificaciones, fechas de implementación y compatible con la negociación colectiva. En cuanto al acuerdo de financiación singular entre el PSC y ERC, Cuerpo ha pedido evitar "ruido o confusión" respecto a algunos términos. Ha enfatizado que el concepto clave es el de suficiencia de recursos para que las comunidades autónomas puedan cubrir sus gastos, algo ligado a la igualdad en la provisión de servicios, que requiere un grado adicional de solidaridad entre regiones. "Todos estos aspectos están en el acuerdo. Es un punto de partida que no conviene desviar, ya que genera distorsión y, quizás, cierta preocupación innecesaria en el debate actual", añadió. Por último, al ser cuestionado sobre la posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Cuerpo afirmó que están haciendo "todo lo posible" para aprobar los presupuestos de 2025. Frente a la eventualidad de nuevas elecciones, señaló que en 2024 se está operando con presupuestos prorrogados de 2023 y que el Gobierno sigue cumpliendo con sus compromisos.

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