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(El Economista, 04-10-2024) | Laboral

El Gobierno plantea flexibilizar las bajas laborales

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este jueves su intención de reformar el sistema de incapacidad temporal, es decir, las bajas laborales, con el objetivo de introducir más flexibilidad en ciertos casos que permitan a los trabajadores reincorporarse al trabajo de manera gradual. Actualmente, la normativa impide trabajar mientras se está de baja médica, lo que conlleva la cancelación o suspensión de la prestación si se incumple. Durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, Saiz explicó que, siempre garantizando la salud y seguridad de los trabajadores, se contemplarán casos en los que personas de baja puedan volver a trabajar. La ministra comparó esta reforma con la reciente modificación del sistema de pensiones, que permite a los jubilados compatibilizar trabajo y pensión. Con esta reforma, se busca una especie de baja flexible, permitiendo una reincorporación parcial al empleo, en lugar de la forma abrupta que ocurre actualmente. Saiz puso como ejemplo situaciones como los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde una baja laboral podría afectar a una ocupación, pero no necesariamente a otra. "Queremos ofrecer más flexibilidad (...) para que no sea todo o nada, baja o alta", explicó la ministra. En relación a la pluriactividad, señaló que "hay personas que pueden estar de baja para una actividad, pero aún ser capaces de realizar ciertas tareas en otra". La ministra subrayó que la reforma se abordará mediante la creación de un grupo de trabajo y dentro del marco del diálogo social, buscando el consenso para adaptar la incapacidad temporal a las nuevas realidades. "Hemos permitido que ese tránsito, siempre voluntario, sea más flexible. Lo mismo queremos hacer con la incapacidad temporal", añadió. Este tema quedó pendiente en el último acuerdo sobre pensiones, donde se buscaba analizar la evolución de las bajas laborales y sus prestaciones, una preocupación compartida tanto por el Gobierno como por los agentes sociales, según indican desde el Ministerio de Inclusión. Desde UGT han recibido el anuncio del Gobierno con cautela. "Debemos centrarnos en prevenir las bajas laborales de manera más eficaz que como se hace actualmente. También debemos garantizar un diagnóstico, tratamiento y recuperación adecuados para que los trabajadores reciban la atención necesaria, incluida la incapacidad temporal cuando sea pertinente", señalaron. En cuanto a la flexibilidad propuesta, desde el sindicato comentan: "Es difícil entender cómo podría coexistir una situación de capacidad e incapacidad laboral en un mismo trabajador al mismo tiempo". Por su parte, Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, expresó que no debe generar incertidumbre en quienes están en incapacidad temporal. "Hablar de voluntariedad en estos casos genera muchas dudas. Si un médico determina que la baja debe mantenerse, es difícil aceptar una propuesta de este tipo", afirmó Bravo, quien calificó la idea de "poco razonable" sin antes consultar a los agentes sociales. Las bajas laborales han adquirido relevancia debido al aumento del gasto de la Seguridad Social desde la pandemia, sumado al colapso en las listas de espera del sistema sanitario público, lo que ha llevado a un mayor papel de las mutuas en la gestión de bajas por cuestiones traumatológicas. El gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) aumentó un 17,6% en los primeros ocho meses de 2024, alcanzando los 10.422 millones de euros. En este período, el coste de las bajas temporales representa el 86% del presupuesto estimado para todo el año, lo que ha obligado a la Seguridad Social a incrementar en 3.200 millones de euros la previsión de gasto para esta partida. Bravo explicó que el incremento en el gasto de IT se debe a varios factores, como el aumento de la población trabajadora, el envejecimiento de la misma y los retrasos en la atención médica pública, que requiere una mayor financiación, especialmente en áreas como la atención primaria, especializada, pruebas diagnósticas, rehabilitación y cirugías.

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(El País, 04-10-2024) | Laboral

La Seguridad Social regularizará las cuotas de los autónomos para ajustarlas a ingresos reales en el primer trimestre de 2025

Los trabajadores autónomos comenzaron en enero de 2023 a utilizar un nuevo sistema de cotización basado en sus ingresos reales. Este sistema obliga a la Seguridad Social y Hacienda a realizar un proceso de regularización de las cuotas pagadas por estos profesionales, con el objetivo de verificar si sus aportaciones al sistema corresponden con los ingresos que han declarado. Dependiendo del resultado, se les podrá exigir el pago de una diferencia o se les devolverá el exceso. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este jueves que el próximo lunes, 7 de octubre, se reunirá con las asociaciones de autónomos para informarles sobre este proceso de regularización, el cual se llevará a cabo durante el primer trimestre de 2025. Inicialmente, se había previsto que esta regularización se realizaría en la última parte de 2024. Sin embargo, Saiz aclaró, durante un evento en el Nueva Economía Fórum, que el proceso se retrasará hasta principios del año siguiente debido a la gran complejidad técnica del cruce de datos entre Hacienda y la Seguridad Social, que debe manejar la información de los 3,6 millones de autónomos existentes. Con este nuevo sistema de cotización, los autónomos ya no pueden escoger libremente la base de cotización, como antes hacían la mayoría optando por la mínima, sino que deben cotizar en función de los ingresos reales que declaran a Hacienda. Para ello, al pagar su cuota, deben estimar sus ingresos anuales y, según esa estimación, se les asigna un tramo de cotización. Una vez que Hacienda tenga las declaraciones de la renta de 2023 (algo que se espera para el último trimestre de 2024), se realizará el cruce de datos para verificar si la cuota que han pagado es la correcta. No obstante, solo entre el 20% y el 30% de los autónomos ha completado la casilla con sus ingresos previstos y está cotizando de acuerdo con ellos, según varias fuentes consultadas. La mayoría sigue cotizando según la base que eligieron antes de que entrara en vigor el nuevo sistema en enero de 2023. Por ello, esta primera regularización será crucial para determinar si los autónomos están pagando más o menos de lo que deberían y, en función de los resultados, la Seguridad Social ajustará las cuotas. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), expresó su preocupación por el retraso de este proceso, aunque sea de pocos meses, sobre todo para aquellos autónomos en situación de pluriactividad, que también verán retrasadas sus devoluciones. Según los cálculos de ATA, alrededor del 70% de los autónomos pagará lo mismo o menos tras la regularización, mientras que el 30% restante deberá abonar más de lo que paga actualmente. ATA también estima que las devoluciones podrían alcanzar una media de 1.200 euros por autónomo. Sin embargo, Amor señaló que muchos autónomos no reclamarán este reembolso, ya que esto implicaría una reducción en su cotización para la pensión y otras prestaciones. Además, en el caso de los autónomos personas físicas, que son la mayoría, si se les notifica que han pagado de más y solicitan la devolución, deberán ajustar su declaración de la renta del año siguiente, lo que podría desincentivar la reclamación. Por su parte, María José Landaburu, secretaria general de la organización Uatae, anunció que en la reunión del próximo lunes pedirá una aceleración de la implementación del sistema de cotización por ingresos reales y mejoras en la protección social para los autónomos. Landaburu criticó que el largo periodo de transición basado en tramos no haya permitido corregir las desigualdades en el sistema, lo que obliga a muchos autónomos, especialmente aquellos con ingresos bajos o irregulares, a pagar cuotas fijas que resultan elevadas en relación con sus ingresos.

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(Cinco Días, 03-10-2024) | Laboral

La asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios queda en el aire por la espantada de las aseguradoras de Muface

La renovación del convenio de Muface está en una situación incierta. Las tres aseguradoras que actualmente proporcionan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del marco de Muface -Adeslas, Asisa y DKV- han decidido no participar en la nueva licitación del servicio debido a que consideran que las condiciones económicas ofrecidas por el Gobierno son "claramente insuficientes", lo que podría afectar a 1,5 millones de empleados públicos. El pasado viernes, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se reunió con los directores generales de estas tres aseguradoras para presentarles las nuevas condiciones del convenio. El Gobierno propuso un aumento del 14% en la prima para los próximos dos años, cifra inferior al 24% que Muface había sugerido recientemente y muy por debajo del 40% que exigían las aseguradoras. Aunque inicialmente se esperaba que las negociaciones se reanudaran en una semana, el sector asegurador se retiró de la mesa al percibir una falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno. Las condiciones actuales del convenio generan pérdidas anuales de 200 millones de euros para las aseguradoras, según estimaciones del sector. Las compañías aseguran que un aumento del 14% en las primas solo empeoraría los costos ya asumidos debido a la inflación y el incremento de la siniestralidad. Los funcionarios cubiertos por Muface, como profesores y empleados de la Administración Civil del Estado, pueden elegir anualmente si desean recibir atención sanitaria de una de las aseguradoras privadas o del sistema público, optando por este último en el 75% de los casos. El actual contrato de Muface expira este año, y el Gobierno tiene unos tres meses para licitar el servicio y garantizar su funcionamiento a partir del próximo año. Muface cubre actualmente a 1,5 millones de personas, incluidos funcionarios, jubilados y sus familiares. En septiembre, la patronal de la sanidad privada, ASPE, advirtió que una remuneración insuficiente en el convenio podría provocar un "éxodo" de funcionarios al sistema público de salud, lo que podría aumentar las listas de espera. Según ASPE, Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros anuales, mientras que su desaparición tendría un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros en la sanidad pública. Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público, según la Fundación IDIS. En mayo, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ya había advertido que sería "muy difícil" que Adeslas participara en la licitación si no mejoraban significativamente las condiciones económicas. Segurcaixa Adeslas está controlada en un 50,1% por Mutua y el 49,9% por CaixaBank. Con la retirada de las tres aseguradoras, se abre un período de incertidumbre para los funcionarios cubiertos por Muface. Según fuentes del sector, lo lógico sería que el Gobierno reabriera las negociaciones para mejorar las condiciones. Años atrás, aseguradoras como Sanitas y Mapfre abandonaron el convenio porque no les resultaba rentable continuar. El sindicato CSIF, el mayor en el ámbito de la administración pública, ha exigido al ministro José Luis Escrivá que "asegure una financiación adecuada para el próximo convenio de Muface" y ha solicitado una mayor estabilidad en el mutualismo administrativo. El sindicato también subraya la necesidad de cerrar el acuerdo en octubre para garantizar la continuidad del servicio de salud a partir de 2025.

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(El País, 03-10-2024) | Laboral

El empleo apenas suma 8.805 afiliados en un septiembre marcado por la vuelta al cole y las campañas agrarias

En septiembre, a menos que haya una crisis, el mercado laboral suele mostrar ligeros signos de recuperación tras el mes de agosto, que generalmente es negativo debido a la pérdida de empleos relacionados con la temporada estival. Este año no fue la excepción, ya que la Seguridad Social sumó 8.805 nuevos afiliados, impulsada por el regreso a clases y las campañas agrícolas, que lograron compensar parte de la pérdida de casi 200.000 empleos en agosto. Sin embargo, este aumento es menor comparado con los 18.295 nuevos cotizantes registrados en septiembre de 2023, y también inferior a los datos de 2022 y a la media de entre 2014 y 2019, antes de la pandemia. A pesar de este crecimiento moderado, el sistema se acerca a los 21,2 millones de afiliados. Por otro lado, el paro registrado también aumentó, como es habitual en septiembre, aunque en esta ocasión lo hizo solo en 3.164 personas, un comportamiento mucho más favorable en comparación con los aumentos de cerca de 20.000 parados de los dos años anteriores y con el promedio de los años 2014 a 2019, según los datos del Ministerio de Trabajo. El total de desempleados se sitúa en 2.575.285, un 5,4% menos que el año pasado. Estas cifras de afiliación y paro reflejan claramente el carácter estacional de la economía española. Si se ajustan los datos a efectos estacionales, se observa un panorama más optimista: en términos desestacionalizados, la Seguridad Social habría sumado 22.220 cotizantes en septiembre, superando los 21,2 millones de afiliados. Además, el paro habría disminuido en casi 23.000 personas en las mismas condiciones. Este escenario concuerda con estudios que prevén un repunte del empleo en la segunda mitad del año. No obstante, persisten dudas sobre la fortaleza del mercado laboral: el ritmo anual de creación de empleo es del 2,28% (473.411 cotizantes más que el año anterior), el crecimiento más bajo en una década, salvo el año de la pandemia, 2020. Además, se trata del peor septiembre desde antes de la pandemia. Volviendo a los datos sin ajustar, el empleo en sectores como la educación (49.858 nuevos empleos), actividades administrativas (24.000), agricultura (17.655), profesiones científico-técnicas (7.684), e industria y construcción (casi 8.000) logró compensar en parte la destrucción de puestos en comercio (-41.640), hostelería (-30.348), sanidad (-15.299) y actividades recreativas (-5.205). El aumento de empleo en educación se debe en parte a un cambio estadístico que ha transferido algunos empleos antes contabilizados en las administraciones públicas, que perdieron 15.000 cotizantes en septiembre, mientras que la educación ganó casi 50.000. Este ajuste lleva más de un año ocurriendo, por lo que debería haberse estabilizado ya. Otro dato relevante es que el empleo autónomo creció más que el asalariado en septiembre, con 5.731 nuevos trabajadores por cuenta propia frente a 5.310 asalariados, alcanzando los 3.377.081 autónomos, un 1,13% más que hace un año. Además, todo el aumento neto de afiliados en septiembre corresponde a mujeres, con 49.454 nuevas afiliadas, mientras que 40.650 hombres dejaron de cotizar. También hubo un aumento en la afiliación de extranjeros (13.547) frente a una reducción en la afiliación de españoles (4.743). Los extranjeros representan ahora el 13,6% del total de afiliados en septiembre. En cuanto al desempleo, destaca el aumento del paro entre los menores de 25 años, con 15.027 nuevos desempleados en este grupo, mientras que el paro disminuyó en 11.867 personas entre el resto de edades. En septiembre se registraron 1.413.683 contratos, un 1,54% más que en el mismo mes de 2023, lo que podría indicar un ligero aumento de la rotación laboral. Los contratos indefinidos representan casi el 44% de las nuevas contrataciones, tras dos meses por debajo del 40%, aunque disminuyeron un 0,6% respecto al año pasado, mientras que los temporales aumentaron un 3,3%. Los contratos indefinidos en septiembre se distribuyeron entre 253.289 a tiempo completo, 165.180 a tiempo parcial y 200.864 fijos discontinuos. Respecto al año anterior, los contratos a tiempo completo aumentaron en 4.211 (1,69%), los a tiempo parcial en 5.011 (3,13%), y los fijos discontinuos descendieron en 13.328 (-6,22%). Desde el Gobierno destacan la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido, como la información y comunicación y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que han sumado 77.000 nuevos empleados en lo que va de año, con un crecimiento cercano al 4%, por encima del promedio nacional del 2,8%.

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(El País, 03-10-2024) | Laboral

Trabajo reactiva el estatuto del becario

El Ministerio de Trabajo sometió este martes a audiencia pública el estatuto del becario, avanzando en una normativa que ha tenido un desarrollo inusual. Yolanda Díaz y los sindicatos llegaron a un acuerdo y lo presentaron el 14 de junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. Sin embargo, ese mismo día, tanto Moncloa como el Ministerio de Economía manifestaron que no respaldaban el texto, argumentando que aún requería más "trabajo técnico" y estaba "inmaduro". También fue rechazado por las patronales y rectores. Desde entonces, la normativa ha quedado en pausa, siendo el primer acuerdo entre Trabajo y los agentes sociales que no ha llegado rápidamente al Consejo de Ministros. La consulta pública, como adelantó 20 Minutos, no implica que haya consenso dentro del Gobierno. "El estatuto del becario fue un acuerdo de la pasada legislatura con los sindicatos y es un compromiso del Gobierno de coalición, un compromiso que ha hecho explícito el presidente del Gobierno", afirmó Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. "Ahora comenzamos la tramitación legislativa", añadió. "Se trata de un anteproyecto de ley que inicia el proceso de información pública, al que seguirán los trámites correspondientes, y el texto es el acordado con los sindicatos". No obstante, los sindicatos han señalado que podrían producirse cambios, lo que podría generar tensiones, ya que ya cedieron parte de sus exigencias en el acuerdo original. Desde el Ministerio de Economía subrayan que aún no se ha alcanzado un consenso sobre el estatuto. El proceso de audiencia pública, según afirman, solo reinicia las conversaciones dentro del Gobierno. El acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos en 2023 limita las horas de prácticas extracurriculares, las más precarias al no estar integradas en los planes de estudio, a un máximo de 480 horas, es decir, 60 días de ocho horas diarias, la mitad de lo permitido hasta ahora. El estatuto no obliga a las empresas a remunerar a los becarios, pero sí establece la obligación de cubrir los gastos que estos generen, como transporte o manutención. Este último punto es uno de los más controvertidos para los rectores, quienes han pedido ser escuchados por la parte socialista del Gobierno. María Antonia Peña, presidenta de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de la CRUE y rectora de la Universidad de Huelva, destacó que hay aspectos positivos, como la creación de un sistema de supervisión para evitar que las prácticas se conviertan en trabajo encubierto. Sin embargo, también expresó su preocupación por el impacto negativo que podría tener la obligación de reembolsar los gastos a los estudiantes en prácticas. Los colectivos estudiantiles, por su parte, apoyan el texto acordado entre los sindicatos y Trabajo. El presidente Pedro Sánchez ha marcado el estatuto del becario como una de sus prioridades al inicio del curso político. Díaz, por su parte, señaló en julio que, tras la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, el estatuto es la siguiente prioridad de su ministerio. Luego, planea abordar la reforma de la indemnización por despido, tras las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que indican que la normativa española no cumple con la Carta Social Europea. El grupo parlamentario de Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda, dio un paso en junio para impulsar el estatuto del becario y presionar al PSOE para que avance en el tema. Registraron una proposición no de ley (PNL) que, de aprobarse, instaría al Gobierno a tramitar el estatuto con carácter de urgencia. Esta PNL aún no ha sido votada. Algunos de los principales socios del Gobierno también han mostrado su rechazo al texto. Fuentes del PNV expresaron sus dudas cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, afirmando que no se había dialogado con ellos ni consensuado con las universidades o las comunidades autónomas. ERC también se opuso al texto, pidiendo un compromiso claro con las prácticas remuneradas, y Bildu tampoco ha mostrado un apoyo firme a la norma.

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(El Periódico, 03-10-2024) | Laboral

Llegan las multas de más de 7.500 euros para las empresas que no están cumpliendo con la reducción de la jornada laboral

Cuatro años después de la implementación del control obligatorio de la jornada laboral en las empresas, aprobado en 2019, aún persisten deficiencias en su registro. De acuerdo con los datos de la Inspección de Trabajo, entre mayo de 2019 (fecha en que entró en vigor la norma) y mayo de 2023, la mitad de las empresas revisadas por la 'policía laboral' no pasó la inspección. Durante ese período, el Ministerio de Trabajo ha emitido requerimientos y sanciones por un valor total de 6,1 millones de euros, multas que aún están en proceso de revisión y que tienen un propósito disuasorio. No contar con un registro de la jornada laboral conlleva actualmente una multa que oscila entre los 751 y 7.500 euros, independientemente del tamaño o facturación de la empresa. Ahora, Yolanda Díaz busca retomar la actualización de las sanciones relacionadas con infracciones sobre el tiempo de trabajo, un tema que ya está discutiendo con los empresarios y sindicatos en el marco de la negociación para la reducción de la jornada laboral. El objetivo del Gobierno es reducirla a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025. Para asegurar que el control sobre esta reducción de jornada sea efectivo, es crucial reforzar el registro preciso y detallado de los horarios de los empleados. Entre los cambios en las sanciones que se están considerando en la mesa de negociación está la posibilidad de imponer multas por cada trabajador que no cumpla con la reducción horaria, en lugar de aplicar una sanción genérica como ocurre en la actualidad. Estas multas también podrían superar el límite actual de 7.500 euros.

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(Onda Cero, 02-10-2024) | Laboral

España es un país cada vez más envejecido

La baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida están impactando en el mercado laboral, donde ya la mitad de los trabajadores tienen más de 45 años. Así lo revelan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que muestran que 10,8 millones de personas empleadas superan esa edad, lo que representa el 50% de los 21,6 millones de ocupados. Esto supone un incremento de 10 puntos en comparación con hace una década, reflejando el envejecimiento progresivo de la población activa en España. En 2014, el número de empleados mayores de 45 años era de 7,1 millones, lo que representaba el 40,9 % de un total de 17,3 millones. El mayor aumento se ha dado en el grupo de edad de 55 a 59 años, que ha crecido en un millón de empleados, alcanzando los 2,5 millones, el máximo de la serie histórica. El grupo de 50 a 54 años también ha crecido en 873.000 personas, superando por primera vez los 3 millones de ocupados. Asimismo, los trabajadores de entre 45 y 49 años han alcanzado casi los 3,3 millones, también un récord. En cuanto al tipo de empleador, los empleados mayores de 50 años en el sector público han aumentado en 467.000 personas, mientras que en el sector privado casi se han duplicado, pasando de 3,5 millones en 2014 a más de 6 millones en 2023. En paralelo, los jóvenes menores de 25 años también han aumentado en el mercado laboral, de 741.800 en 2014 a 1,3 millones este año. Sin embargo, la presencia de trabajadores de entre 25 y 45 años ha disminuido en peso relativo, a pesar de ciertos incrementos en número de ocupados, debido al crecimiento global del empleo en otras franjas etarias. El aumento de los mayores de 45 años en el mercado laboral se debe tanto al incremento en la población de este grupo, que ha pasado de representar el 44,8 % de la población española hace diez años al 50 % actual, como a las políticas destinadas a acercar la edad efectiva de jubilación (65,2 años) a la edad legal (66 años y 6 meses), penalizando la jubilación anticipada y promoviendo el retraso del retiro o la compatibilidad entre pensión y empleo. Con el actual ritmo de envejecimiento demográfico, se prevé que para 2030 el 30% de la población será mayor de 65 años, lo que coincidirá con las jubilaciones masivas de la generación del baby boom (nacidos entre 1958 y 1977). Esto pondrá presión sobre un grupo más reducido de trabajadores, quienes deberán soportar el coste de las pensiones, lo que pondría en peligro la sostenibilidad del sistema. Además, el envejecimiento de los empleados podría afectar la productividad. El Banco de España ya ha advertido sobre los riesgos de este envejecimiento en el mercado laboral, señalando la disminución de la movilidad y el cambio de empleos, y subrayando la necesidad de tomar medidas para mitigar estos efectos. Sin ajustes, estos cambios podrían dificultar las transiciones necesarias en el sector laboral para la digitalización, la transición energética y el aumento de la productividad. Según CaixaBank, el envejecimiento contribuye a partes iguales a la disminución de la productividad y de la fuerza laboral, lo que afecta negativamente al crecimiento económico. De hecho, la baja productividad relacionada con el envejecimiento se traduce, principalmente, en un menor crecimiento salarial. El Banco de España también señala que revertir esta tendencia demográfica no es viable en el corto plazo, y que solo un aumento significativo de la inmigración podría ralentizar, aunque no frenar del todo, el envejecimiento de la población trabajadora.

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(El País, 02-10-2024) | Laboral

El paro sube en 3.164 personas en septiembre

El número de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal al finalizar el mes de septiembre aumentó en 3.164 (0,12%) con respecto al mes anterior, con lo que se anota el menor incremento mensual desde 2007, a excepción de los meses afectados por la Covid. El total se sitúa en 2.575.285 personas, la cifra más baja en un mes de septiembre desde el año 2007. En los últimos 12 meses el paro interanual ha descendido en 147.183 personas (-5,41%). En términos desestacionalizados el paro registrado ha bajado en 22.729 personas. Por sectores económicos, con respecto a agosto, el paro registrado anota un acusado descenso en la Construcción con 4.856 personas desempleadas menos (-2,40%), en la Agricultura 1.515 personas (-1,73%) e Industria 1.365 personas (-0,67%). Sube en Servicios 4.351 personas (0,24%) y también el en colectivo Sin Empleo Anterior 6.549 personas (2,79%). En términos interanuales, es en el sector Servicios donde se registra la mayor reducción de desempleo, con 97.943 mujeres y hombres parados menos en comparación con el año pasado, seguido por la Agricultura, con casi 14.000 personas desempleadas menos, la Industria, con 13.430 personas y la Construcción, con 12.484 personas menos. En el mes de septiembre el desempleo masculino ha aumentado en 84 personas (0,01%) con respecto a agosto hasta situarse en 1.021.547 personas, mientras que el femenino ha subido en 3.080 personas (0,20%), el menor incremento desde 2007, lo que lo sitúa en 1.553.738 mujeres, su nivel más bajo desde 2008. En comparación con el mes de septiembre de 2023, el paro masculino ha bajado en 60.058 personas (-5,55%) y el femenino, en 87.125 mujeres (-5,31%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha crecido en el mes de septiembre en 15.027 personas (8,48%) respecto al mes de agosto y se sitúa en 192.139 personas, la menor cifra en un mes de septiembre de la serie histórica. En términos absolutos, el paro registrado en septiembre de 2024 ha subido en nueve comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza (7.720 personas), seguida de Galicia (2.314 personas) y Extremadura (1.953 personas). Por el contrario, ha descendido en las ocho comunidades restantes, dándose las mayores caídas respecto al mes anterior en Canarias (-4.375 personas), Cataluña (-4.060 personas) y País Vasco (-3.367 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.413.683, lo que supone un incremento de 21.478 contratos, un 1,54% más que en el mismo mes de 2023. En septiembre se han formalizado 619.333 contratos de trabajo de carácter indefinido. Representan el 43,81% por ciento de todos los contratos celebrados. Porcentaje de contratos indefinidos sobre el total. Meses Septiembre 46,7%. En septiembre, la cifra de los contratos temporales ha sido de 794.350, lo que representa un 56,19% del total. Las personas beneficiarias existentes al final del mes de agosto fueron 1.845.877, similar a la del mismo mes del año anterior. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de agosto de 2024 ha sido del 76,48% y por primera vez desde 2010, la tasa de cobertura de la prestación por desempleo supera el 75%. La inversión total fue de 1.999,3 millones de euros

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(El Economista, 01-10-2024) | Laboral

España desperdicia el 19,4% de su mano de obra

El debate sobre la escasez de mano de obra resulta llamativo, dado que España tiene la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. Sin embargo, este asunto continúa ganando relevancia en el ámbito económico. Según el Banco de España, el 42,8% de las empresas consideran que las dificultades para encontrar trabajadores amenazan su actividad. Esta percepción contrasta con los datos de Eurostat, que indican que el 19,4% de la fuerza laboral en nuestro país está desaprovechada, lo que equivale a 4,9 millones de personas. Desde el fin de la crisis financiera, España ha logrado reducir significativamente este indicador, que alcanzó su máximo histórico del 37% en 2013. La cifra registrada en el segundo trimestre de 2023 es la más baja desde que se tiene registro (a partir de 2009), pero esta mejora no es suficiente para que España deje de liderar en "holgura laboral", un indicador que mide la cantidad de trabajadores potenciales que una economía no aprovecha. La media de la UE se sitúa en el 11,7%, mientras que en la zona euro es del 12,7%. En Alemania, uno de los países con mayor tasa de vacantes, el índice es del 7,1%, en Francia del 14,1% y en Italia del 16,1%. Finlandia y Suecia registran tasas del 18% y 17,5%, respectivamente. Para entender mejor estos datos, es fundamental conocer cómo se elaboran. La holgura laboral se basa en el concepto de "fuerza laboral ampliada", que incluye no solo a los ocupados y desempleados que buscan activamente empleo, como lo hacen las encuestas de población activa (EPA) del INE o la Encuesta de Fuerza Laboral de Eurostat, sino también a los desempleados que no cumplen con los requisitos de búsqueda activa o disponibilidad inmediata, así como a los subempleados a tiempo parcial, es decir, aquellos que trabajan menos horas de las que desearían. En España, el 19,4% de holgura se distribuye en un 11,2% de desempleo, un 4,4% de subempleo (el segundo más alto de la UE después de Países Bajos), un 2,8% de personas que quieren trabajar pero no buscan activamente empleo, y un 1% de aquellos que sí buscan empleo pero no están disponibles de inmediato. Estas dos últimas categorías, conocidas como "parados ocultos", suman 958.000 personas, un porcentaje que se encuentra en la media de la UE. A pesar de esto, el total de mano de obra no clasificada como desempleada aporta 8,2 puntos porcentuales a la holgura adicional, lo que coloca a España en el cuarto lugar más alto de la UE, después de Finlandia, Suecia e Italia. La reducción de este indicador en España en los últimos años se debe principalmente a la caída del desempleo según su definición tradicional, y en menor medida, a la disminución de los desempleados desanimados y los subempleados. En este contexto, sigue siendo sorprendente que las empresas españolas continúen reportando una falta de mano de obra.

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(El Economista, 01-10-2024) | Laboral

La Seguridad Social destina 10.400 millones a subsidios por bajas temporales hasta agosto, un 17,6% más

La Seguridad Social ha presentado su informe mensual sobre la ejecución presupuestaria, en el cual se detallan los ingresos y gastos de la administración. El gasto en subsidios por incapacidad temporal (IT) ha aumentado un 17,6% en los primeros ocho meses del año, alcanzando los 10.422 millones de euros. Este gasto ya representa el 86% del presupuesto estimado para todo el año, lo que ha obligado a la Seguridad Social a incrementar en 3.200 millones la partida asignada para cubrir estas bajas laborales. En los primeros ocho meses del año, la Seguridad Social ha registrado un saldo positivo de 1.619 millones de euros, lo que equivale al 0,1% del PIB, con unos ingresos totales de 145.585 millones de euros (un 6,6% más que el año anterior) frente a unos gastos de 143.966 millones, que han aumentado un 7,6% interanual. Este balance positivo se debe en parte a las transferencias del Tesoro y al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales. El sistema ha recaudado 109.740 millones de euros en cotizaciones, lo que supone un 7,9% más que en el mismo periodo de 2023 y un 33,4% más que en 2019, antes de la pandemia. Además, la Seguridad Social ha recibido más de 34.000 millones en transferencias del Tesoro. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde enero de 2023, ha recaudado 2.443 millones de euros hasta agosto, lo que representa un aumento del 42,7% respecto al mismo periodo del año anterior. El incremento en los ingresos por cotizaciones se ha visto impulsado por las aportaciones de los trabajadores ocupados, que han aumentado un 7,8% interanual, sumando 103.604 millones de euros. Las cotizaciones de los desempleados también crecieron un 8,5%, alcanzando los 6.137 millones de euros. Hasta el mes de julio, los Fondos de Seguridad Social, que incluyen los datos del sistema, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), arrojaron un saldo positivo de 4.033 millones de euros. En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 144.059 millones de euros hasta agosto, un 7,6% más que en el año anterior, mientras que los pagos aumentaron un 7,7%, situándose en 143.694 millones de euros. En cuanto a los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones sumaron 135.330 millones de euros hasta agosto, un 8,2% más que en 2023, representando el 94% del gasto total del sistema de Seguridad Social. La mayor parte de este gasto, 124.236 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento del 8%. El gasto en pensiones contributivas, que incluyen las de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, y otras, ascendió a 110.461 millones de euros, un 7,3% más, impulsado por el aumento del número de pensionistas (+1,4%), la subida del 5,1% en la pensión media y la revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas en 2023. Por otro lado, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de menores, lactancia, riesgos durante el embarazo y enfermedades graves en menores crecieron un 7,6%, alcanzando los 2.859 millones de euros. El gasto en pensiones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos, se incrementó un 9,8%, llegando a 11.094 millones de euros, impulsado por la revalorización del 6,9% aplicada este año. De esta cifra, 7.148 millones corresponden a pensiones no contributivas y complementos por mínimos (+7,6%), mientras que el resto se destinó a subsidios y otras prestaciones no contributivas, que aumentaron un 14,2%, alcanzando los 3.946 millones de euros. Dentro de esta última categoría, 3.669 millones se destinaron al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones familiares, lo que supone un aumento del 12,3% respecto a 2023.

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