News

(Expansión, 08-11-2024) | Laboral

El Constitucional avala que el permiso de maternidad se amplíe para las familias monoparentales

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que las madres biológicas en familias monoparentales no puedan extender su permiso de maternidad y cuidado de hijos más allá de las 16 semanas, reconociendo el derecho de estas familias a ampliar el permiso hasta las 26 semanas. Según fuentes jurídicas, el Pleno ha aceptado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre los artículos 48 del Estatuto de los Trabajadores y 177 de la Ley General de la Seguridad Social, que regulan estos permisos. Los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han anunciado votos particulares concurrentes. El tribunal explica que, "mientras el legislador no se pronuncie", en el caso de familias monoparentales, el permiso debe interpretarse añadiendo al permiso de 16 semanas para la madre biológica las 10 semanas que corresponderían al otro progenitor, sin incluir las primeras 6 semanas que deben disfrutarse de manera continuada tras el nacimiento. Esta sentencia aclara la situación para las familias monoparentales, luego de que el Tribunal Supremo hubiera emitido fallos contradictorios en meses recientes. En marzo, el Supremo rechazó que en una familia monoparental la madre pudiera sumar al permiso de nacimiento el que correspondería a un segundo progenitor. No obstante, en octubre reconoció el derecho de las familias monoparentales de empleados públicos a extender el permiso de 16 a 26 semanas para evitar discriminación hacia el recién nacido. En este caso, los jueces catalanes consideraron que la legislación discrimina a los menores de familias monoparentales, al otorgarles menos tiempo de cuidado en comparación con los nacidos en familias biparentales, a pesar de que sus necesidades son las mismas. También señalaron que existe una discriminación indirecta por género, ya que esta normativa afecta mayormente a las mujeres trabajadoras, quienes encabezan la mayoría de las familias monoparentales. La normativa actual que equipara los permisos de maternidad y cuidado entre la madre biológica y el otro progenitor tiene como objetivo la conciliación y la igualdad real entre hombres y mujeres. Sin embargo, la demanda no cuestiona esta equiparación, sino la falta de previsión en la normativa para que la madre en una familia monoparental pueda extender su permiso por el tiempo que correspondería al otro progenitor, en caso de existir, y el impacto de esta omisión en los menores de estas familias. La sentencia critica al legislador por "introducir -mediante su omisión- una diferencia de trato entre menores nacidos en familias monoparentales y biparentales, que no cumple con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, al ignorar las consecuencias negativas que esta medida genera" para los menores de familias monoparentales.

(El País, 08-11-2024) | Laboral

Los sindicatos amenazan al Gobierno con ir a la huelga si no hay acuerdo en Muface

El Gobierno está trabajando a contrarreloj para asegurar la continuidad del concierto de Muface, una mutualidad que permite cada año a 1,49 millones de funcionarios y sus familias elegir entre atención sanitaria concertada o pública. Las tres aseguradoras del último acuerdo (Adeslas, Asisa y DKV) anunciaron el martes que no participarán en el nuevo concierto para el periodo 2025-2026. Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos han expresado su descontento y amenazan con huelgas si el Gobierno no mejora la propuesta económica en la licitación urgente para atraer a alguna aseguradora. El problema radica en la insuficiencia de fondos en el modelo de sanidad concertada. Las aseguradoras del concierto actual (2021-2024) aseguran haber perdido 600 millones de euros debido al pago insuficiente de primas por parte del Estado. Las subidas de precios de 2022 y el aumento en la demanda de servicios médicos han afectado las cuentas. El Ministerio de Función Pública, a cargo de Muface, propuso un aumento del 17% en el presupuesto, pero esto no ha sido suficiente para las aseguradoras. Asisa advierte que aceptar el nuevo acuerdo podría llevarla a la quiebra, mientras que DKV estima pérdidas de 74 millones de euros en dos años, que afectarían sus resultados de 2024. En 2023, sus beneficios ya se vieron afectados por la situación de Muface. Este jueves, la dirección de Muface se ha reunido con los sindicatos más representativos para asegurarles que la mutualidad hará todo lo posible para mantener la prestación sanitaria como hasta ahora, permitiendo la elección entre sanidad pública y aseguradoras privadas. CSIF, el principal sindicato en la Administración Pública, acusa al Gobierno de "poner en riesgo la atención sanitaria de sus funcionarios" y solicita al ministro de Función Pública, Óscar López, que tome medidas para salvar el concierto. CSIF ha convocado a los funcionarios a manifestarse el lunes 11 de noviembre frente a las subdelegaciones del Gobierno y el Ministerio de Hacienda "para defender las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo". Advierten que podrían intensificar las protestas con paros parciales o incluso huelgas. Muface gestiona el seguro de salud de 1,49 millones de funcionarios -en activo y jubilados- y sus familiares, muchos de los cuales son profesores que trabajan para comunidades autónomas. Según UGT, el 65% de los mutualistas son docentes de primaria, secundaria y universidades. Si la licitación exprés no logra atraer a ninguna aseguradora, el Gobierno podría extender el servicio actual hasta nueve meses más por razones de interés público. Esto prolongaría las condiciones actuales, lo cual mantendría las pérdidas de las aseguradoras. "Es como negociar bajo amenaza", comenta un directivo de una de las compañías involucradas. UGT Servicios Públicos exige que no se afecte la calidad del servicio, y Comisiones Obreras ha contactado a la dirección de Muface para conocer la situación. La mutualidad asegura que seguirá proporcionando atención sanitaria a todos sus mutualistas, titulares y beneficiarios, según informó el sindicato. Mientras tanto, aumenta la incertidumbre entre los afiliados. Las consultas a sus aseguradoras se han incrementado, y algunos ya reciben ofertas para contratar un seguro privado fuera de Muface. Para la mayoría de mutualistas, perder el acceso a una aseguradora privada es impensable. "Mi padre tiene 83 años, ha estado toda la vida en Muface, y sería un golpe fuerte tener que pasarse a la sanidad pública", comenta José María, un profesional del sector financiero residente en Zaragoza.

(El País, 08-11-2024) | Laboral

Los españoles cobran al año 5.276 euros menos que la media de la UE

Los trabajadores en España ganan en promedio 5.276 euros menos al año en comparación con la media de la Unión Europea. Según los datos de Eurostat, la oficina estadística europea, el salario medio anual a tiempo completo en España fue de 32.587 euros en 2023, mientras que el promedio en los 27 países de la UE se situó en 37.863 euros. La media salarial en la UE aumentó un 6,2% desde 2022, cuando era de 35.638 euros anuales, hasta casi 37.900 euros en 2023. En el caso de España, el incremento fue del 5,57%, pasando de 30.867 euros a 32.587 euros en el mismo periodo. Luxemburgo registró el salario medio anual más alto, con 81.100 euros, seguido por Dinamarca con 67.600 euros e Irlanda con 58.700 euros. En contraste, los salarios más bajos se encuentran en Bulgaria (13.500 euros), Hungría (16.900 euros) y Grecia (17.000 euros). Todos los países de la UE experimentaron un aumento en los salarios, excepto Suecia, donde los trabajadores ganaron 1.817 euros menos de media que el año anterior. El mayor aumento en el salario medio anual a tiempo completo se observó en Luxemburgo, donde pasó de 75.409 euros en 2022 a 81.064 en 2023, un incremento del 7,4%. En cambio, el menor aumento fue en Malta, donde el salario medio subió un 1,9%, pasando de 29.408 euros en 2022 a 29.989 euros en 2023.

(El Economista, 08-11-2024) | Laboral

Yolanda Díaz choca con CCOO por el "colapso" del SEPE ante el aluvión de subsidios y ERTEs

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO), uno de los más grandes del país, ha denunciado públicamente el colapso de una herramienta esencial para la concesión de prestaciones a los desempleados. Desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, niegan que haya existido tal bloqueo en el sistema informático y han manifestado a elEconomista.es que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha respondido "con previsión, rigor y profesionalidad" ante el inicio de las solicitudes del nuevo subsidio por desempleo. Cada parte defiende su postura. El SEPE ha implementado una nueva plataforma informática llamada ALMA, en la cual el Gobierno ha invertido 30 millones de euros. Esta herramienta, destinada a gestionar y tramitar prestaciones, se activó el 4 de noviembre, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo subsidio. CCOO sostiene que el aumento de solicitudes ha generado problemas técnicos, complicando el volumen de trámites pendientes de resolución. Por su parte, el Gobierno asegura que el sistema informático "autoaudita" las incidencias mediante la plataforma AGORA. En un momento crítico, debido a la tramitación de numerosas solicitudes de ERTE originadas por el impacto de la DANA en la región mediterránea, especialmente en Valencia, el Ministerio de Trabajo busca tranquilizar a la ciudadanía, afirmando que el SEPE está preparado para garantizar la llegada de estas ayudas a empresas y trabajadores. Desde el Gobierno explican que, en estos primeros días de funcionamiento de ALMA, se han registrado 8.029 solicitudes de subsidio en fase de pre reconocimiento, y que estas solicitudes avanzarán a la fase de resolución cuando se active la funcionalidad correspondiente antes del próximo viernes. No será necesario más personal para esta fase y los pagos se realizarán a fin de mes. CCOO, por su parte, insiste en la necesidad de reforzar el personal del SEPE y mejorar la formación de los funcionarios, afirmando que en más del 30% de los casos no se están abonando las prestaciones en el mes posterior a la solicitud, y que casi el 15% de las oficinas de atención están cerradas por falta de personal. Desde el Ministerio responden que "el SEPE maneja millones de nóminas, eso no es problema". El Gobierno mantiene que la introducción de ALMA no ha impactado negativamente en el ritmo de reconocimiento de prestaciones, que se ha mantenido estable en comparación con semanas y meses anteriores. Señalan que CCOO, al emitir dos notas de prensa refiriéndose a un "colapso" y "serios problemas técnicos", intenta presionar para que se atiendan sus demandas. Para CCOO, la falta de personal en el SEPE es "enorme", ya que al 30 de septiembre contaban con solo 7.508 empleados, con una reducción de plantilla constante de un 10% anual. Estiman que el número de trabajadores estará por debajo de 7.000 al cierre de 2024 y calculan que se necesitarían 12.500 efectivos para operar satisfactoriamente. Finalmente, el sindicato advierte de un posible conflicto laboral debido a lo que considera una gestión inadecuada por parte de la Dirección General y del Ministerio de Trabajo, lo que, según afirman, podría llevar al colapso del SEPE, un servicio público fundamental.

(Expansión, 07-11-2024) | Laboral

Convenio de un millón de euros con "las asociaciones representativas" de la pyme y de los autónomos para crear una plataforma digital

El Gobierno ha presentado una nueva oferta a los empresarios, con la intención de lograr un acuerdo para la reducción de la jornada laboral. La propuesta incluye una subvención de un millón de euros destinada a establecer un convenio con las "asociaciones representativas" de pymes y autónomos, con el objetivo de crear una plataforma digital. Esta plataforma permitiría a empresas y autónomos intercambiar buenas prácticas de gestión, facilitar un flujo de información más horizontal, generar oportunidades de negocio y ofrecer acceso a cursos de gestión empresarial práctica. Según el último paquete de propuestas del Ejecutivo, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, se espera que los empresarios firmen un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos para reducir, a partir de 2025, la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales, en lugar de las 40 actuales, sin reducción de salario. Las asociaciones representativas, como Cepyme y ATA, se consideran las principales destinatarias de esta subvención. No obstante, si el Gobierno amplía el concepto de representatividad, podrían sumarse otras organizaciones como Pimec, la patronal catalana de pymes, o Conpyme, entidad que aspira a competir con Cepyme en la representación de estas empresas y que, en general, no participa en el diálogo social. De igual modo, en el caso de los autónomos, junto a ATA, podrían beneficiarse UPTA (vinculada a UGT) y UATAE (asociada a CCOO). Sin embargo, el comité ejecutivo de la CEOE ya rechazó por unanimidad esta y otras propuestas del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Esta decisión se tomó una semana antes de que empresarios y sindicatos comuniquen su respuesta final al Ministerio de Trabajo respecto a esta iniciativa. Tanto CCOO como UGT han instado repetidamente al Gobierno a seguir adelante con el proyecto de ley, sin contar con el apoyo de los empresarios. Trabajo incluso ha advertido a CEOE y Cepyme de que, si no aceptan el acuerdo, retirará las ayudas previstas para que las empresas puedan reducir la jornada laboral, crear empleo y mejorar la productividad. Entre otras propuestas, además de la plataforma digital, el Gobierno ha planteado ayudas de hasta 6.000 euros por empresa, condicionadas a que la empresa mantenga el mismo nivel de empleo y calidad de trabajo durante tres años. Esto implica que la microempresa, en caso de recibir la subvención, deberá conservar o aumentar el número de trabajadores, especialmente los indefinidos, durante ese período. El programa tiene un presupuesto estimado de 375 millones de euros y abarca hasta 470.000 empresas potencialmente beneficiarias. Aecoc, la asociación empresarial del gran consumo, advirtió ayer al Gobierno que una reducción en la jornada laboral afectaría negativamente la competitividad del sector.

(El País, 07-11-2024) | Laboral

El Gobierno prepara una licitación exprés con mejora económica para salvar Muface

Por primera vez en medio siglo, ninguna aseguradora quiere ofrecer este servicio, al considerar insostenibles las condiciones económicas propuestas. Cerca de 1,5 millones de empleados públicos (incluyendo profesores, policías, inspectores fiscales y laborales, así como funcionarios de prisiones, tanto activos como jubilados) no saben aún a qué médicos podrán acudir dentro de dos meses. El Gobierno está tratando de salvar la situación: primero, planea una nueva licitación exprés con una mejora económica, para atraer a las aseguradoras privadas. Sin embargo, también cuenta con otra estrategia para ejercer presión en caso de ser necesario. La nueva licitación es un movimiento sin precedentes y se lanzará en un plazo muy ajustado para su publicación y para que las compañías interesadas se presenten. La primera propuesta incluía un aumento del 17% en los pagos a las aseguradoras, pero el sector lo considera insuficiente, ya que habían solicitado un 40% para compensar las pérdidas de los últimos tres años, que estiman en 600 millones de euros. Estas pérdidas se deben en gran parte al alza de la inflación en 2022 y al incremento en las consultas y tratamientos médicos. Algunas compañías esperan que al menos se retome la propuesta de incremento del 25% que estuvo en discusión hace tres meses en Muface. Si esta mejora en la licitación no funciona, el Ministerio de Función Pública podría recurrir a otras medidas. La ley de Contratos del Sector Público permite al órgano de contratación prorrogar el contrato de manera obligatoria para las aseguradoras, siempre que las condiciones del contrato no cambien. Según fuentes del sector, esta prórroga forzada daría al Gobierno la posibilidad de exigir a las tres aseguradoras que participaron en el convenio 2021-2024 que continúen prestando los servicios sanitarios durante un máximo de nueve meses, sin compensación adicional. "Sería un impacto devastador para nuestras finanzas, inasumible", afirman desde las aseguradoras. Para las aseguradoras que forman parte de Muface, una prórroga forzosa equivale a "negociar con una amenaza sobre la mesa". Además, recuerdan que si las condiciones ofrecidas fueran tan favorables, ya habría otras empresas interesadas. Las condiciones desfavorables de este tipo de convenios han llevado a la retirada de compañías como Mapfre, Sanitas o Caser en los últimos años. Más allá de la prórroga forzosa, Adeslas, Asisa y DKV están obligadas a seguir ofreciendo servicios sanitarios a sus afiliados de Muface durante un mes para afecciones leves, y hasta tres meses en caso de enfermedades que requieran seguimiento, incluso si no participan en el futuro convenio (2025-2026). Desde el ministerio de Óscar López minimizan la preocupación por la falta de ofertas en la nueva licitación de Muface, mostrando confianza en que una mejora económica adicional convencerá a las aseguradoras de participar. De hecho, han transmitido tranquilidad a los sindicatos, asegurando que no deben alarmarse. El pliego de condiciones publicado el 2 de octubre ya incluía un aumento del 17% en las primas que el Estado paga a las aseguradoras para ofrecer servicios de salud a 1,49 millones de funcionarios y sus familiares directos. La cuantía total de la licitación anunciada ascendía a 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que supone un incremento de 304 millones respecto al último año del convenio anterior. A pesar de estas cifras, las aseguradoras estiman que el nuevo convenio podría generarles unas pérdidas de unos 550 millones de euros.

(El País, 07-11-2024) | Laboral

CCOO denuncia que problemas informáticos del SEPE han lastrado la puesta en marcha de los nuevos subsidios de paro

La débil posición parlamentaria del Gobierno dificulta enormemente cada iniciativa que intenta llevar al Congreso. Uno de los pocos avances sociales en esta nueva etapa del Ejecutivo de coalición es la reforma del sistema asistencial de desempleo, que amplía su alcance a nuevos grupos y aumenta la mayoría de las prestaciones de 480 a 570 euros mensuales. Este nuevo esquema, que entró en vigor el 1 de noviembre, ha comenzado con dificultades debido a problemas informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según ha denunciado CC OO en un comunicado. "Ayer, 4 de noviembre, el SEPE comenzó a gestionar todos los cambios derivados de la reforma del sistema de asistencia por desempleo. No se reconoció ni un solo derecho. La aplicación informática falló desde el principio", critica el sindicato. Desde CC OO afirman que los problemas han continuado este martes. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo rechaza categóricamente la versión de CC OO. Según el equipo dirigido por Yolanda Díaz, no existen problemas con la herramienta informática, y se están tramitando 4.000 solicitudes de los nuevos subsidios, todas ellas registradas desde el lunes. El comunicado de CC OO en la Administración General del Estado es muy crítico: "La incompetencia de nuestra Dirección General y del propio ministerio ha quedado, lamentablemente, en evidencia nuevamente". Señalan que el SEPE no resolvió ayer "ni una sola solicitud" para los nuevos subsidios de la reforma. "Si se esperaban alrededor de 6.000 solicitudes, teniendo en cuenta que era el primer día hábil de noviembre, no se ha concretado ni un solo derecho nuevo", explica CC OO. Los problemas se centran en un nuevo sistema informático llamado ALMA: "Lo único que se ha logrado es generar una nueva acumulación de retrasos por incidencias en la aplicación, además de gastar millones de euros en una tecnología que en lugar de modernizar el organismo, le añade una herramienta incompleta e inservible hasta la fecha. Los más de 30 millones de euros invertidos en esta tecnología SAP parecen insuficientes para cubrir los cambios en el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo". Asimismo, los representantes de CC OO consideran que las medidas de capacitación de la plantilla han sido insuficientes. "Ha habido improvisación, falta de claridad y se ha abusado de la profesionalidad de los trabajadores, quienes en su mayoría han adquirido los conocimientos necesarios por cuenta propia y fuera de los protocolos del Organismo, que son ineficaces", añaden. El personal del SEPE denuncia que esta falla en la implementación de los nuevos subsidios se agrava debido a la falta de personal. "Todo esto ocurre con una plantilla extraordinariamente reducida. El SEPE contaba con 7.508 trabajadores al 30 de septiembre y estará por debajo de los 7.000 a fin de año, cuando en realidad necesitaría alrededor de 12.500 empleados para funcionar de manera mínimamente adecuada". En CC OO lamentan que "este nivel de carencias amenaza con dejar la reforma de los subsidios en papel mojado". "El organismo está al borde del colapso y también de que surja un conflicto laboral inevitable, que hasta ahora se ha intentado evitar para no perjudicar aún más la gestión del SEPE ni deteriorar el servicio a la ciudadanía. Pero ya no es posible esperar, a menos que la intención sea desmantelar definitivamente el servicio de protección por desempleo", añade CC OO, insistiendo en que "la irresponsabilidad de la dirección del organismo y del ministerio hace que el conflicto sea inevitable". Otro organismo de Trabajo que enfrenta un conflicto laboral latente es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la legislatura pasada, sus empleados incluso realizaron huelgas en varias ocasiones, pero la falta de resultados y las elecciones generales interrumpieron las protestas. Por ahora, no se han reactivado las movilizaciones. Al igual que los empleados del SEPE, protestan, entre otras razones, por la escasez de personal.

(El Economista, 07-11-2024) | Laboral

Los jueces fijan las líneas rojas para que las indemnizaciones por despido superen el máximo legal

A finales de año, el debate sobre las indemnizaciones por despido entrará en una nueva etapa cuando el Tribunal Supremo se pronuncie sobre varias sentencias que han establecido indemnizaciones "adicionales" superiores al límite legal de 33 días por año trabajado en casos de despido improcedente. Aunque aún se desconoce cuál será el fallo final del Alto Tribunal, algunas sentencias recientes de otros tribunales sugieren la posible dirección que podría tomar. De hecho, los mismos jueces que han reconocido estas compensaciones "extra" están definiendo también los límites en los que no se aplicarán, indicando con claridad los casos en los que la reclamación de indemnización adicional no prosperará. El Gobierno ha postergado temporalmente la reforma del despido, priorizando la reducción de la jornada laboral, aunque el tema sigue activo en los tribunales y en los despachos legales. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que indica que el límite de indemnización por despido improcedente en España podría contradecir la Carta Social Europea, no es vinculante, pero ha reforzado la postura de ciertos jueces que ya interpretaban la normativa de forma similar. Esta tendencia comenzó hace más de un año en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y el País Vasco, y ahora el Supremo debe pronunciarse sobre el asunto. En este contexto, la incertidumbre para las empresas y los despachos de abogados ha aumentado, sumándose a la generada por los nuevos supuestos de nulidad del despido, que han complicado aún más los procedimientos judiciales. "Ahora, más que la procedencia del despido, se debate la improcedencia", comenta Ignacio del Fraile, socio laboral de Gómez Acebo y Pombo. Según del Fraile, el 95% de las demandas intentan que el despido sea declarado nulo, lo que obliga a la readmisión del trabajador, y muchas incluyen también una solicitud de indemnización superior a los 33 días por año trabajado. No obstante, los jueces están empezando a establecer claramente los límites de estos casos. Hasta la fecha, se han aprobado indemnizaciones superiores al máximo legal en tres situaciones: cuando la compensación que el trabajador recibe es "exigua", cuando el despido es considerado "fraudulento" o incluso "ilegal" (como en casos en los que no hay una justificación clara pero no hay violación de derechos fundamentales) y cuando el trabajador demuestra y cuantifica el perjuicio económico causado por el despido. El caso que marcó el precedente de una indemnización adicional cumplía estos requisitos: una trabajadora despedida justo antes de que su empresa declarara un ERTE, del cual fue excluida sin motivo justificado, y que documentó las pérdidas económicas sufridas. La expectativa de recibir indemnizaciones "extra" ha incrementado las demandas por despido, en particular tras la reforma laboral y el aumento de extinciones de contratos indefinidos. Muchos trabajadores que tienen poca antigüedad en sus empleos, y que recibirían indemnizaciones reducidas, buscan esta vía para obtener una compensación mayor. Sin embargo, los jueces están definiendo los límites para estas indemnizaciones. Los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y País Vasco, que abrieron esta posibilidad, han rechazado demandas cuando la empresa entregó una carta de despido bien fundamentada o cuando el trabajador no justificó adecuadamente los daños económicos sufridos por el cese. Estos criterios también orientan la estrategia de empleadores y trabajadores. Las empresas deben detallar claramente los motivos del despido para evitar que el juez perciba indicios de arbitrariedad que justifiquen una indemnización superior. "Las cartas de despido vagas ya no son aceptables", subraya del Fraile. Por otro lado, los trabajadores deben demostrar el daño económico específico causado por el despido para solicitar una compensación superior al límite legal. "No basta con señalar la diferencia entre el salario anterior y la prestación por desempleo", advierte del Fraile. Este enfoque muestra que los jueces no buscan castigar los despidos en general, sino los abusos en situaciones excepcionales que generan un daño económico igualmente excepcional para el trabajador. Esta incertidumbre se extiende también a los trabajadores, ya que los resultados de estos casos dependen de los argumentos presentados por ambas partes. Algunos juristas opinan que esta interpretación podría ser adoptada por el Tribunal Supremo, lo cual mantendría la validez de la legislación actual. Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los sindicatos buscan que el Estatuto de los Trabajadores incluya explícitamente estas indemnizaciones adicionales y los casos en que deben aplicarse, lo cual podría ampliar estas compensaciones, aunque las empresas temen que dicha medida aumente la inseguridad jurídica y el coste de los despidos.

(El Economista, 07-11-2024) | Laboral

El Gobierno calcula que 420.000 personas podrán beneficiarse de los ERTEs y ceses de actividad por la DANA

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha estimado que cerca de 420.000 personas podrían beneficiarse de los ERTE por causa de fuerza mayor y del cese de actividad debido a las recientes inundaciones causadas por la DANA. Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros incluyen varias partidas de apoyo para empresas, autónomos y trabajadores, con bonificaciones en las cotizaciones sociales y ayudas para compensar la interrupción de la actividad. En una rueda de prensa posterior a la reunión del comité de crisis sobre los efectos de la DANA, Suárez explicó que alrededor de 350.000 trabajadores que residen o laboran en municipios afectados podrían acogerse a un ERTE. Además, aproximadamente 70.000 autónomos estarían en condiciones de solicitar el cese de actividad. De estos afectados, un tercio se encuentra en la llamada "zona cero". Sin embargo, Suárez ha señalado que aún no se dispone de una cifra exacta de trabajadores que se han acogido a un ERTE por fuerza mayor, ya que la Seguridad Social debe esperar a que la Consejería de Empleo de la Comunidad Valenciana informe a la Dirección General de Trabajo sobre las autorizaciones. Grandes empresas, como la planta de Ford en Almussafes, están preparando un ERTE por causa de fuerza mayor debido a los daños causados por la DANA. Del mismo modo, los autónomos que soliciten el cese de actividad deben hacerlo a través de sus mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Aunque todavía no hay datos oficiales, Suárez afirmó que desde el Ministerio ya han comenzado a recibir solicitudes. A pesar de la falta de cifras definitivas, el secretario de Estado se ha comprometido a realizar un seguimiento "diario" del número de ERTEs y de los trabajadores afectados. Los ERTEs aprobados eximen a las empresas de pagar cotizaciones sociales y cubren parte del salario de los trabajadores. Por su parte, el cese de actividad para autónomos les ofrecerá una ayuda equivalente al 70% de la base reguladora y también les exime de las cotizaciones. Además, el tiempo sin actividad no afectará el acceso a futuras prestaciones como el desempleo, y será computado para la pensión contributiva de jubilación, que requiere al menos 15 años de cotización. Entre las medidas también se incluye una incapacidad temporal extraordinaria para quienes hayan sufrido daños físicos o psicológicos debido a la DANA, la cual garantiza el 75% de la base reguladora desde el primer día, similar a lo establecido en casos de accidentes laborales. Asimismo, las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad serán tratadas como si se tratara de accidentes de trabajo, lo que aumentará el monto y mejorará el cálculo en función de los ingresos del último año. Además, los hogares vulnerables verán un incremento temporal del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante tres meses, con posibilidad de prórroga según se evalúe el avance de la situación.

(Cinco Días, 06-11-2024) | Laboral

El concierto de Muface queda desierto y deja en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios

Las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, que hasta ahora prestaban cobertura sanitaria a los funcionarios mediante el convenio con Muface, han decidido no participar en el nuevo acuerdo previsto para el periodo 2025-2026. Estas compañías consideran que las condiciones económicas ofrecidas no cubren las pérdidas que vienen registrando en este servicio. Ante esta situación, Muface busca alternativas legales para que los funcionarios sigan recibiendo asistencia sanitaria en las mismas condiciones y evitar así que el colectivo se vea forzado a recurrir exclusivamente a la sanidad pública, ya sobrecargada. Es la primera vez que el concurso queda sin adjudicar, y esto ocurre a menos de dos meses de su entrada en vigor. El Ministerio de Función Pública ha anunciado que se lanzará una nueva licitación, en la que se prevé una mejora de las condiciones económicas. Las aseguradoras han advertido que la atención a Muface lleva años con una financiación insuficiente, lo que ya ha provocado que compañías como Mapfre, Caser o Sanitas abandonaran el convenio. Muface proporciona cobertura médica a empleados públicos como profesores, inspectores de Hacienda y Trabajo, y agentes de la Policía Nacional. Desde el 2 de octubre, estos colectivos han estado pendientes del futuro del convenio tras las diferencias económicas que llevaron a Adeslas, Asisa y DKV a retirarse de las negociaciones con el Ministerio. Las aseguradoras argumentan que las subidas de precios y el aumento en las consultas han convertido el servicio en un área de pérdidas continuas. Anualmente, los funcionarios pueden optar por asistencia sanitaria a través de una aseguradora privada o del sistema público. En 2024, el 72% de los beneficiarios eligió la opción concertada: un 34% con Adeslas, un 25% con Asisa y un 13,2% con DKV. El 28% restante optó por la sanidad pública. Ahora, con el convenio desierto, todo el colectivo podría quedar bajo el sistema público de salud gestionado por las comunidades autónomas. DKV explicó que, de haber firmado el nuevo acuerdo, habría enfrentado pérdidas de 77 millones de euros. En conjunto, las tres aseguradoras aseguran haber perdido 600 millones de euros durante el último convenio (2021-2024) debido a la baja financiación estatal por beneficiario. Pese a que el Gobierno ofreció una mejora del 17% en las aportaciones, no fue suficiente para que Adeslas, DKV y Asisa decidieran participar. Adeslas confirmó que seguirá en los convenios de otras mutualidades más pequeñas, como Isfas, que cubre a las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, y Mugeju, para jueces y funcionarios de la justicia. DKV, por su parte, ha decidido no presentarse a los convenios de Muface ni Mugeju. Asisa continuará en los acuerdos de Mugeju e Isfas, pero afirma que las condiciones para Muface son insuficientes y exigen más de lo que el propio Sistema Nacional de Salud proporciona. Además, argumenta que la retirada de Adeslas y DKV hace inviable participar sin poner en riesgo su solvencia. El pliego de condiciones de Muface incluía algunos servicios adicionales, como atención bucodental, terapias experimentales contra el cáncer y tratamientos de fertilidad. Desde el Ministerio de Función Pública, aseguran que tienen herramientas legales para mantener el servicio en condiciones similares a las actuales, y Muface ha comunicado que sus beneficiarios seguirán recibiendo la misma asistencia sanitaria. La normativa establece que las aseguradoras del convenio 2021-2024 deben continuar prestando servicios a sus mutualistas de Muface durante un mes en casos simples y hasta tres meses en casos que requieren un seguimiento más específico. Según fuentes del sector, el Gobierno podría intentar extender el contrato actual hasta nueve meses, aunque esté generando pérdidas, lo cual obligaría a las aseguradoras a recurrir a los tribunales para reclamar una compensación.

El Constitucional avala que el permiso de maternidad se amplíe para las familias monoparentales

Los sindicatos amenazan al Gobierno con ir a la huelga si no hay acuerdo en Muface

Los españoles cobran al año 5.276 euros menos que la media de la UE

Yolanda Díaz choca con CCOO por el "colapso" del SEPE ante el aluvión de subsidios y ERTEs

Convenio de un millón de euros con "las asociaciones representativas" de la pyme y de los autónomos para crear una plataforma digital

El Gobierno prepara una licitación exprés con mejora económica para salvar Muface

CCOO denuncia que problemas informáticos del SEPE han lastrado la puesta en marcha de los nuevos subsidios de paro

Los jueces fijan las líneas rojas para que las indemnizaciones por despido superen el máximo legal

El Gobierno calcula que 420.000 personas podrán beneficiarse de los ERTEs y ceses de actividad por la DANA

El concierto de Muface queda desierto y deja en el aire la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?