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(El Economista, 24-02-2025) | Laboral

Primera sentencia firme que reconoce la retribución del permiso de ocho semanas para cuidar de los hijos

Se ha dictado la primera sentencia firme que establece que el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos menores de ocho años debe ser remunerado. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca, en una resolución emitida el 27 de enero, ha determinado que este permiso debe ser retribuido. El fallo se produce en el contexto de un litigio entre CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, y un hospital de Cuenca, que había rechazado reconocer a una trabajadora cuatro de las ocho semanas de permiso que había solicitado. El hospital se negó a conceder el permiso, incluso sin remuneración, argumentando que la normativa que regulaba este derecho aún no había sido desarrollada reglamentariamente. Cabe recordar que este permiso fue aprobado de forma definitiva en España en junio de 2023. La única parte pendiente de desarrollo es la cuestión de la remuneración. Aunque inicialmente se implementó sin pago, la Directiva europea que obliga a la aplicación del permiso establece que estas semanas deben ser retribuidas a partir del 2 de agosto de 2024, por lo que España ya está retrasada en este aspecto. La sentencia también destaca que un juzgado en Barcelona resolvió un caso similar el 28 de noviembre pasado, en el que se dictaminó que el permiso parental debía ser retribuido, tal como lo establece la Directiva europea, que España está obligada a cumplir. En el caso del hospital de Cuenca, la juez resuelve que el retraso en el desarrollo reglamentario no debe perjudicar a la trabajadora, ya que la demora es responsabilidad de la Administración. El fallo especifica que la solicitante no debe afrontar las consecuencias del retraso en la aplicación de la Directiva europea, a la que el Estado español debía ajustarse dentro de un plazo determinado. Dado que el hospital negó tanto el permiso como su remuneración, la juez ordena que se indemnice a la trabajadora con el equivalente a las cuatro semanas de salario correspondientes al permiso que se le denegó. Por otro lado, el PSOE registró el miércoles en el Congreso una enmienda a la Ley de Función Pública, que regula a los funcionarios, para que el permiso parental sea retribuido. En la propuesta, el partido señala que ya se encuentran retribuidas seis semanas del permiso dentro del permiso por lactancia, por lo que quedaría pendiente la retribución de las dos semanas restantes. El Gobierno también aprobó el pasado 28 de mayo un Real Decreto-ley que establece que, en el ámbito privado, las empresas solo deberán retribuir dos de las ocho semanas del permiso parental, dado que se considera que las otras semanas ya están remuneradas en el contexto del permiso por lactancia.

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(Expansión, 21-02-2025) | Laboral

Vuelve la jubilación parcial y se amplía la jubilación forzosa para funcionarios

El PSOE presentó este miércoles en el Congreso un total de 37 enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, entre las que destacan la regulación de la jubilación parcial de los funcionarios y la ampliación de la edad de jubilación forzosa, según explicó el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en fase parlamentaria de enmiendas y conlleva modificaciones en tres normativas clave: el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado. Estos cambios se alinean con las recientes reformas que buscan incentivar el retraso de la jubilación, permitir la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la continuidad en el mercado laboral, y corregir desigualdades con el sector privado. Junto a otras medidas relacionadas con la conciliación laboral y la gestión de recursos humanos, destacan especialmente la jubilación parcial y la jubilación forzosa, ya que no existe una única edad de retiro aplicable a todos los colectivos y regímenes dentro de la administración pública. Uno de los puntos clave de la reforma es la recuperación de la jubilación parcial para los empleados públicos, un derecho que fue eliminado en 2012 durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Esta enmienda es resultado del acuerdo alcanzado en diciembre entre el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y los representantes sindicales de CCOO y UGT. Con ello, se da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco firmado en 2022 con los mismos sindicatos. La medida equiparará a los empleados públicos con los trabajadores del sector privado, permitiéndoles una transición progresiva entre la vida laboral y la jubilación. La regulación de la jubilación parcial se basa en el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2024 en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. Gracias a esta iniciativa, los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, tanto del Régimen General de la Seguridad Social como del sistema de Clases Pasivas, así como el personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud, podrán compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de su pensión. Sin embargo, el personal laboral de las administraciones públicas no está incluido en esta medida, ya que su acceso a la jubilación parcial depende de la negociación en sus convenios colectivos. Además, esta modalidad de retiro podrá estar vinculada a la contratación de un trabajador de relevo, quien deberá ser funcionario de carrera o estatutario fijo. Las plazas necesarias para estos relevos se cubrirán a través de las Ofertas de Empleo Público u otros instrumentos de planificación del mismo año en que se produzca la jubilación parcial. Al tratarse de puestos amortizados, esta fórmula no supondrá un aumento del gasto público ni contribuirá a la temporalidad en la administración. Otra de las enmiendas relevantes propone extender hasta los 72 años la posibilidad de jubilación forzosa para aquellos funcionarios que deseen continuar en activo más allá de la edad legalmente establecida, actualmente fijada en los 70 años. En el caso de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, la jubilación forzosa coincide con la jubilación ordinaria, de manera similar a lo que ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social. Los funcionarios inscritos en el Régimen de Clases Pasivas son aquellos que obtuvieron su plaza antes del 1 de enero de 2011, mientras que los incorporados posteriormente están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social. Cada sistema cuenta con normas específicas en materia de jubilación, y en el caso de las Clases Pasivas, la jubilación forzosa por edad varía entre los 65 y los 70 años, dependiendo de la situación del funcionario. Para acogerse a esta jubilación, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años en servicios efectivos al Estado. No obstante, todos los funcionarios, sin importar su régimen, pueden optar por prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria de retiro.

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(El Economista, 21-02-2025) | Laboral

Los jueces ya aplican la doctrina del Supremo y rechazan subir la indemnización por despido

Los tribunales han comenzado a aplicar la nueva doctrina establecida por el Tribunal Supremo el pasado 19 de diciembre, rechazando cualquier aumento en la indemnización por despido improcedente más allá de los 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, tal como lo establece el Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido el primero en respaldar este criterio con una sentencia emitida el 9 de enero. En su fallo, anuló la condena impuesta a una empresa que la obligaba a pagar 6.000 euros adicionales por daños morales a una trabajadora despedida, revocando así la decisión del juzgado de primera instancia. El caso se originó cuando una empresa contrató a una trabajadora en junio de 2023 y la despidió por motivos disciplinarios apenas mes y medio después. El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid declaró improcedente el despido y ordenó a la compañía abonar 1.281 euros de indemnización, 366 euros por salarios pendientes con un 10% de intereses, y 6.000 euros adicionales por daños morales. Sin embargo, la empresa apeló ante el TSJM, que le dio la razón y eliminó la indemnización extra. En su argumentación, el tribunal cita la sentencia del Supremo del 19 de diciembre, la cual establece que la compensación por despido improcedente, regulada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser incrementada por decisión judicial en función de circunstancias particulares del caso. Asimismo, el fallo sostiene que esta limitación no contradice el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo artículo 10 otorga a los tribunales y servicios de mediación la facultad de fijar una indemnización adecuada o una reparación apropiada en caso de despido injustificado. Según el TSJM, la legislación española cumple con esta disposición, ya que la indemnización fijada (33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades) es adecuada, pues el legislador la ha establecido de manera uniforme para todos los trabajadores. La sentencia subraya que este modelo de indemnización proporciona seguridad jurídica y uniformidad, garantizando que todos los empleados despedidos sean compensados bajo los mismos criterios, es decir, en función de su antigüedad y salario. Este pronunciamiento del TSJM marca un cambio respecto a fallos anteriores, como uno del 29 de noviembre de 2023, en el que se reconoció una indemnización adicional de 7.500 euros a una trabajadora despedida. Además, otros Tribunales Superiores de Justicia, como los de Cataluña, País Vasco y Canarias, habían otorgado en los últimos años compensaciones mayores a los 33 días por año trabajado en determinados casos.

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(El País, 21-02-2025) | Laboral

Cuatro de cada diez trabajadores españoles deberán mejorar sus habilidades para tener un empleo en 2030

Por primera vez, el Foro Económico Mundial ha incluido a España en su informe anual sobre el futuro del trabajo (Future of Jobs Report 2025). En esta última edición, el estudio no solo analiza la situación actual del mercado laboral español, sino que también proyecta su evolución hasta 2030. La principal conclusión es contundente: el avance de la automatización, que asumirá un mayor número de tareas, y la expansión de la inteligencia artificial en la mayoría de los sectores profesionales obligarán a los trabajadores a actualizar sus habilidades. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse sin empleo. De hecho, es posible que ni siquiera puedan negarse a adaptarse, ya que el 80% de las empresas planea capacitarlos en el uso de estas nuevas herramientas. Las conclusiones del informe se han debatido este jueves en un evento celebrado en la sede de la escuela de negocios Esade, en Madrid, organizado por la Asociación Centrho, perteneciente a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe). El estudio se basa en las respuestas de más de 1.000 empleadores de todo el mundo, que representan a más de 14 millones de trabajadores en 55 economías. Según el documento, tres factores principales influirán en la configuración del mercado laboral en España entre 2025 y 2030: el incremento de inversiones en la reducción de emisiones de carbono, la expansión del acceso digital y el aumento del coste de vida. A pesar de este panorama de transformación, los empleadores españoles identifican varios obstáculos que podrían frenar el cambio. Entre ellos, la falta de habilidades en el mercado laboral (66%), la existencia de marcos regulatorios obsoletos (51%) y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones (44%). Para superar estas barreras, la mayoría de las empresas (65%) demanda financiación pública para la formación y actualización de competencias, más flexibilidad en la contratación y despido (60%), así como mayor adaptabilidad en la fijación de salarios (49%). El impacto de las nuevas tecnologías en la forma de trabajar es innegable, y el informe del Foro Económico Mundial lo cuantifica: en los próximos cinco años, el 37% de los trabajadores necesitará actualizar sus habilidades y un 21% será reubicado en nuevos roles tras una capacitación específica. Además, la proporción de tareas realizadas por humanos, que actualmente representa el 46% del total, se reducirá al 34% en 2030, mientras que el trabajo automatizado aumentará del 20% al 33%. Ante este escenario, las empresas reconocen la importancia de contar con empleados capacitados en las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. Por ello, el 79% tiene previsto formar a su plantilla y un 68% planea contratar talento especializado en estas tecnologías. Para atraer a estos profesionales altamente demandados, la mayoría de las compañías encuestadas (77%) planea mejorar los procesos de promoción, ofrecer opciones de teletrabajo y brindar apoyo a trabajadores con responsabilidades familiares. A nivel global, las previsiones sobre el mercado laboral son positivas. El informe estima un crecimiento del empleo del 7% en los próximos cinco años, con un impacto neto de 78 millones de nuevos puestos de trabajo. Esta cifra resulta de la creación de 170 millones de empleos y la desaparición de 92 millones. Entre las tendencias que más preocupan a los empleadores en todo el mundo destacan los cambios demográficos, especialmente el envejecimiento y la reducción de la población en edad de trabajar, fenómenos que afectan particularmente a los países de ingresos altos. En España, el 46% de los empleadores considera que estas dinámicas están impulsando la transformación empresarial. Otro factor determinante es el aumento del coste de vida, señalado como la segunda tendencia más influyente para los empresarios españoles, con casi la mitad de ellos previendo que tendrá un impacto en sus negocios. El informe prevé que el encarecimiento de los precios tenga efectos mixtos en la generación de empleo hasta 2030 y advierte que la desaceleración del crecimiento económico podría eliminar 1,6 millones de puestos de trabajo. Finalmente, aunque en menor medida, otros elementos que podrían condicionar la evolución del empleo incluyen la mitigación del cambio climático, que se sitúa entre las principales tendencias que, según los empleadores, transformarán el mundo laboral en los próximos años.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Laboral

Muface recupera una de las asegurados díscolas y pone así punto final al culebrón de la mutualidad

Adeslas continuará proporcionando asistencia sanitaria a los funcionarios tras confirmar su participación en el nuevo concierto de Muface, que estará vigente entre 2025 y 2027. La aseguradora, que ha formado parte de este acuerdo desde sus inicios, es la opción preferida por la mayoría de los empleados públicos para su cobertura médica. Su negativa inicial a concurrir en la primera licitación, junto con Asisa y DKV, generó una gran incertidumbre entre el millón de funcionarios acogidos a Muface. SegurCaixa Adeslas, cuyo capital está repartido entre el grupo Mutua Madrileña (50,1%) y CaixaBank (49,9%), ha decidido sumarse al concierto tras los ajustes realizados por la Administración, que han supuesto un incremento del 41,2% en la prima media con respecto al acuerdo anterior. Según la aseguradora, estos cambios han permitido establecer un modelo sostenible que garantiza la continuidad del servicio sanitario a los funcionarios de Muface durante los próximos tres años. La compañía ha confirmado que seguirá prestando atención médica a más de dos millones de beneficiarios, incluyendo tanto a los afiliados de Muface como a los de las otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas (destinada a guardias civiles y militares) y Mugeju (para el personal de la Administración de Justicia). "Esta decisión reafirma nuestro compromiso con este modelo, que aporta importantes beneficios a los funcionarios y sus familias, además de ventajas para el sistema sanitario en su conjunto", han señalado desde la empresa. El proceso de licitación establece como fecha límite el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas formalicen su adhesión al nuevo convenio. Aunque Asisa, perteneciente a una cooperativa de médicos, ha mostrado una actitud favorable a mantenerse en Muface, DKV -filial del grupo alemán Munich Re- aún no ha tomado una decisión definitiva y sigue evaluando los términos del acuerdo, mostrando una postura más cautelosa. El modelo Muface permite a los empleados públicos, en su mayoría docentes (66%), elegir anualmente entre recibir atención sanitaria a través del sistema público o mediante aseguradoras privadas concertadas. La financiación de este sistema corre a cargo del Estado, a través del Ministerio de Función Pública, que para los próximos tres años ha destinado un presupuesto de 4.800 millones de euros. A pesar de llevar 50 años en funcionamiento, el modelo ha sufrido históricamente problemas de financiación. En esta ocasión, el sistema estuvo al borde del colapso, ya que ninguna aseguradora estaba dispuesta a participar en la licitación inicial. Consideraban que el aumento propuesto del 17% era insuficiente para cubrir los costos del servicio. Además, el Ministerio de Sanidad -bajo la dirección de Sumar dentro de la coalición de gobierno con el PSOE- emitió un informe en el que planteaba la viabilidad de que los mutualistas de Muface pasaran a ser atendidos exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, Función Pública intentó llegar a un acuerdo con una propuesta de incremento del 33%, pero tampoco logró convencer a las aseguradoras. Finalmente, además de la mejora en la financiación, otro factor determinante para que Adeslas aceptara el nuevo concierto ha sido el reconocimiento por parte de Muface de que las aseguradoras podrán solicitar compensaciones en caso de sufrir una "desviación presupuestaria significativa", lo que reduce los riesgos económicos para las compañías que participen en el acuerdo.

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(Expansión, 20-02-2025) | Laboral

El Gobierno plantea una reforma para que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años

El grupo parlamentario socialista presentó ayer en el Congreso un conjunto de 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública. Entre las propuestas, se contempla la posibilidad de que los funcionarios prolonguen su actividad laboral hasta los 72 años si así lo desean, además de establecer normativas sobre la jubilación parcial. Esta medida busca, en parte, reducir la carga financiera de las pensiones en un contexto donde el equilibrio del sistema de la Seguridad Social está en el punto de mira y requiere cada vez más recursos por parte del Gobierno. Asimismo, la extensión de la edad laboral es especialmente relevante en sectores con escasez de profesionales, como la sanidad. En particular, las enmiendas impulsadas por el PSOE incluyen disposiciones "esperadas por los empleados públicos y pactadas con sus representantes", tales como "mejoras en los permisos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral" y acciones dirigidas a "fomentar la inclusión de personas con discapacidad", según detalla el grupo socialista en un comunicado. Por su parte, el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, subrayó que su formación está abierta a colaborar con otros grupos parlamentarios que deseen contribuir a fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de los empleados del sector. Entre las medidas presentadas destaca la reintroducción de la jubilación parcial en la función pública, un derecho que fue eliminado en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, había asumido el compromiso de recuperar esta posibilidad en sus negociaciones con los sindicatos CCOO y UGT. De aprobarse conforme a la propuesta socialista, la regulación de la jubilación parcial incluiría la figura del relevista, quien cubriría las horas dejadas por el funcionario en proceso de retiro, con la novedad de que este sustituto deberá ser también funcionario de carrera. Además, se plantea ampliar la edad máxima de jubilación forzosa de 70 a 72 años, permitiendo así que aquellos funcionarios que lo deseen puedan continuar en activo por dos años adicionales tras alcanzar la edad ordinaria de retiro. Según fuentes socialistas, esta reforma pretende equiparar al sector público con el privado en cuanto a la transición entre la vida laboral y la jubilación, asegurando además la transferencia de conocimientos entre generaciones. Otro aspecto relevante de las modificaciones propuestas se enfoca en la conciliación laboral y familiar. En este sentido, se ha presentado una enmienda para que el permiso parental por el cuidado de hijos o menores acogidos sea retribuido durante un período de hasta dos semanas. Asimismo, se han incorporado medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en los procesos selectivos, asegurando que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.

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(Expansión, 20-02-2025) | Laboral

El Gobierno acota el examen de Airef para evitar un ajuste en pensiones

La Seguridad Social ha especificado que las transferencias del Estado deberán considerarse ingresos del sistema, lo que supone casi 50.000 millones de euros provenientes de impuestos. Esta decisión aleja la posibilidad de un dictamen negativo que pudiera exigir ajustes en el sistema. Sin embargo, algunos expertos advierten que esta medida podría distorsionar la verdadera situación financiera de la Seguridad Social. El Gobierno ha dado este paso antes de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) inicie la evaluación de la reforma del sistema público de pensiones en los próximos meses, en cumplimiento de la cláusula de salvaguarda incluida para garantizar la aprobación de Bruselas. A través de un decreto aprobado el pasado martes y publicado en el BOE, el Ejecutivo ha definido los criterios sobre los que la Airef debe basar su análisis. Si la evaluación detectara un desequilibrio mayor del previsto en el sistema de pensiones, el Gobierno se vería obligado a tomar medidas correctivas, ya sea reduciendo el gasto o aumentando los ingresos mediante un incremento del mecanismo de equidad intergeneracional u otras formas de recaudación. Como cualquier decisión en este sentido debe contar primero con el respaldo de los agentes sociales y luego con el de los partidos políticos, la cláusula establece que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la solución automática será un incremento adicional del mecanismo de equidad, el cual empezará a gravar un 1,2% del salario a partir de 2029. El nuevo reglamento aprobado detalla cómo la Airef debe evaluar la situación financiera de la Seguridad Social, destacando que las transferencias estatales serán contabilizadas como ingresos propios del sistema de pensiones. Esto incluye las aportaciones presupuestarias provenientes de impuestos, utilizadas cada año para financiar compromisos de gasto y contener el déficit del sistema. En 2023, el déficit de la Seguridad Social fue del 0,6% del PIB (unos 9.000 millones de euros), cifra que se logró gracias a las cotizaciones sociales y a la inyección de casi 44.000 millones de euros en transferencias estatales. El decreto también establece que el sistema público de pensiones incluirá tanto el Régimen General de la Seguridad Social como el Régimen Especial de Clases Pasivas. Además, se especifican los conceptos que se considerarán ingresos del sistema, haciendo mención explícita a las transferencias estatales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. Con esta regulación, la Airef deberá contabilizar como ingresos los cerca de 50.000 millones de euros que el Estado transfiere al sistema, una cantidad que, entre otras cosas, cubre alrededor de 23.000 millones en gastos impropios de la Seguridad Social. No obstante, los expertos advierten que esta metodología de cálculo enmascara la verdadera situación del sistema. De hecho, si solo se considerara el saldo entre ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones, el déficit contributivo real superaría los 30.000 millones de euros, según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. En este contexto, la inclusión de impuestos como ingresos del sistema garantiza prácticamente un dictamen favorable de la Airef, evitando así la necesidad de nuevos ajustes o negociaciones. No obstante, Miguel Ángel García Díaz, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, advierte que aceptar estas transferencias como parte del sistema "desvirtúa el propósito de la cláusula de cierre y no garantiza realmente la sostenibilidad financiera de las pensiones". Según sus estimaciones, incluso si se cumplieran los requisitos de gasto e ingresos fijados en la reforma (15% del PIB en gasto y 1,7% del PIB en nuevos ingresos), el sistema seguiría presentando un déficit estructural que podría superar el 2% del PIB en 2048 y el 3% si se incluyen estas transferencias. García Díaz también señala que esta estrategia de interpretación financiera "afecta negativamente la renta disponible de las generaciones futuras", lo que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

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(El País, 20-02-2025) | Laboral

El Supremo avala el plus para combatir el absentismo siempre que no tenga sesgo de género

El Tribunal Supremo ha dictaminado que una empresa puede aplicar un plus para reducir el absentismo laboral, siempre que se limite a las ausencias injustificadas y no implique un sesgo de género, como aquellas relacionadas con citas médicas de hijos o familiares, que suelen ser atendidas mayoritariamente por mujeres. En una sentencia del pasado 20 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social ha estimado el recurso presentado por la empresa Verallia, dedicada al diseño, fabricación y reciclaje de envases de vidrio, contra un fallo de la Audiencia Nacional de enero de 2024. Dicho fallo respondía a una demanda de conflicto colectivo interpuesta por la CGT, que solicitaba la nulidad de un incentivo recogido en el convenio colectivo por considerarlo discriminatorio por motivos de género y enfermedad. El incentivo en cuestión es una retribución mensual de carácter individual, cuyo propósito es fomentar la productividad, mejorar la calidad y reducir el absentismo, y cuyo importe varía según el número de horas de ausencia acumuladas en el mes. Para CGT, este tipo de plus, cuando no especifica qué ausencias quedan excluidas de su cómputo, puede omitir permisos utilizados en mayor proporción por mujeres, lo que, a su juicio, constituye una discriminación. La Audiencia Nacional respaldó este argumento. No obstante, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la empresa, al considerar que establecer un incentivo para reducir el absentismo es una práctica legítima y no ilegal. Sin embargo, el alto tribunal subraya la importancia de diferenciar entre los distintos motivos de ausencia y reconoce que la empresa tiene derecho a contabilizar las faltas injustificadas o aquellas asociadas a permisos que no generen discriminación de género, como los concedidos por cambio de domicilio o asistencia a exámenes.

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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

La Seguridad Social paraliza la reforma de la prestación de "paro" para autónomos

El subsidio por cese de actividad para autónomos sigue estancado un año después de que la Seguridad Social iniciara el proceso para su reforma mediante la creación de un observatorio destinado a analizar los problemas de esta prestación. El principal obstáculo radica en la concesión del subsidio, ya que, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aproximadamente el 60% de las solicitudes presentadas el año pasado fueron denegadas, dejando a muchos trabajadores por cuenta propia sin respaldo económico tras el cierre de sus negocios. Fuentes del Ministerio han indicado a este medio que la paralización de la reforma se debe a que actualmente el departamento está centrado en la regularización de las cuotas de los autónomos para este año. No obstante, aseguran que la modificación de la prestación por cese sigue en la agenda de la Seguridad Social y se abordará "cuando corresponda". Las principales asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE, consideran que la reforma es una prioridad. ATA, en particular, llevará este asunto a la mesa del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) este jueves, en el marco de la reunión convocada para discutir la regularización de las cuotas. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, reconoce que la reforma del RETA ha mejorado la tasa de concesiones, aunque los resultados aún no son satisfactorios. Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) señala que el proceso de solicitud del subsidio sigue siendo excesivamente burocrático y no es comparable con el acceso al desempleo para asalariados. "Debería ser un pilar del sistema de protección social, pero se ha convertido en un mecanismo recaudatorio", afirman desde UPTA, subrayando que el retraso en la reforma es injustificable. Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE) apuntan que el estancamiento del proceso se debe a que el observatorio solo se constituyó formalmente, pero no ha vuelto a reunirse. Ferrero defiende que la prestación debería concederse de manera casi automática cuando el autónomo cesa su actividad, es decir, cuando hay una baja en el RETA y una declaración definitiva de cese. Además, sostiene que el diseño actual y la cuantía de la prestación no incentivan su solicitud. "Ningún autónomo cierra su negocio para recibir 700 euros", argumenta, insistiendo en la necesidad de equiparar la protección social de los autónomos con la de los asalariados mediante la concesión automática del subsidio. Desde UPTA consideran que, para mejorar la tasa de concesión, es clave establecer criterios unificados entre las mutuas encargadas de gestionar la prestación. "Si se logra esa homogeneización, el proceso será casi automático", explican. Añaden que las mutuas deben aplicar criterios comunes y objetivos para otorgar o denegar la prestación, evitando interpretaciones dispares. Por su parte, UATAE advierte que existe un superávit en las cotizaciones por cese de actividad, ya que en 2024 apenas se aprobó la mitad de las solicitudes presentadas. "Es urgente no solo hacer más accesible y eficaz la prestación, sino también garantizar una protección social adecuada", recalcan. Además, UPTA ha fijado como plazo para el Gobierno hasta finales de año para implementar el subsidio destinado a autónomos mayores de 52 años. Según esta asociación, la reforma del paro de autónomos debe ir acompañada de este nuevo subsidio, que funcionaría de manera similar al que reciben los asalariados de esa franja de edad cuando agotan su prestación por desempleo. En el caso de los autónomos, el subsidio se activaría una vez agotada la prestación por cese de actividad. "Exigimos con urgencia que el Ministerio cumpla el compromiso adquirido por la ministra Yolanda Díaz y ponga en marcha este subsidio, fundamental para garantizar la protección de quienes han dedicado su vida a sus negocios y ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad", declaró ayer el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

La Mutualidad de abogados pide retener el ahorro de los que se pasen a la Seguridad Social

La Mutualidad de la Abogacía ha solicitado al Gobierno la gestión de los fondos de los profesionales que se incorporen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, hasta que estos alcancen la edad de jubilación o tengan derecho a una pensión por invalidez. Para ello, la entidad ha presentado una serie de enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE, que busca permitir el traspaso voluntario de los abogados mutualistas al RETA con el propósito de mejorar sus pensiones. Entre sus propuestas, la Mutualidad reclama que se revierta la medida prevista para 2027, según la cual los nuevos abogados deberán cotizar obligatoriamente en la Seguridad Social, eliminando así la opción de elegir entre este sistema y el de mutualidad. El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha instado al Congreso de los Diputados a agilizar la tramitación de la ley, ya que desde su presentación por parte del PSOE en noviembre del año pasado, aún no ha sido admitida a trámite. "Necesitamos certidumbre sobre el destino de esta normativa para poder diseñar una estrategia acorde con su impacto en el RETA", ha señalado Sanz Fernández-Lomana. La propuesta legislativa pretende dar solución a la situación de miles de abogados que, tras haber cotizado durante toda su carrera en la Mutualidad de la Abogacía, perciben pensiones inferiores a los 500 euros. Según las estimaciones de la entidad, de los 65.000 abogados mutualistas que realizan aportaciones, alrededor de 2.500 recibirán menos de 500 euros de pensión, 15.000 obtendrán entre 500 y 700 euros mensuales, y los 35.000 restantes superarán los 700 euros. Para mejorar estas prestaciones, tanto de abogados como de procuradores, la proposición de ley plantea la posibilidad de que estos profesionales puedan trasladarse voluntariamente al RETA, llevándose consigo el capital acumulado en sus mutualidades. Sin embargo, la Mutualidad de la Abogacía discrepa con este planteamiento, ya que la transferencia de los fondos de manera inmediata obligaría a deshacer inversiones antes de su vencimiento, lo que generaría pérdidas económicas. En su lugar, proponen un traspaso progresivo de los fondos conforme los profesionales se vayan jubilando. Además, la ley establece que solo podrán incorporarse a la Seguridad Social aquellos abogados que estuvieran adscritos a una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y que cumplan tres requisitos: no haber alcanzado el período mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como colegiados al 31 de diciembre de 2022 y no ser pensionistas ni en el sistema público ni en la mutualidad. El motivo de las bajas pensiones que perciben abogados y procuradores radica en que las aportaciones a la mutualidad representan solo el 80% del mínimo exigido en la Seguridad Social. Por ello, la normativa propuesta obligará a aquellos que opten por el RETA a incrementar sus cotizaciones hasta equipararlas con las del resto de los trabajadores autónomos de cara a 2027. Por otro lado, Sanz Fernández-Lomana ha reconocido que, en caso de aprobarse la ley, parte de los ahorros gestionados por la Mutualidad se verían afectados, aunque ha descartado problemas de liquidez. Actualmente, la entidad administra un total de 11.000 millones de euros, de los cuales solo un tercio corresponde a los mutualistas que tienen un régimen alternativo. Asimismo, ha señalado que la Fundación Mutualidad destinó en 2024 un millón de euros en ayudas para jubilados con pensiones reducidas, pero solo 45 personas solicitaron esta asistencia. En lo que va de año, la demanda ha sido aún menor, con solo 35 solicitudes presentadas.

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