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(El Economista, 06-11-2024) | Laboral

Las grandes empresas de retail necesitan contratar hasta 24.000 trabajadores

La escasez de trabajadores y los altos niveles de absentismo son dos de los problemas más serios que enfrenta actualmente el comercio español. Según estimaciones del sector, las grandes empresas de retail necesitan incorporar hasta 24.000 empleados para la próxima campaña de Black Friday y Navidad, lo que representa un aumento del 20% respecto al año pasado. Sin embargo, las compañías explican que cubrir ciertos puestos resulta difícil debido a la falta de trabajadores disponibles. Además, el absentismo sigue siendo un reto importante, alcanzando casi el 10% en el sector. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Eroski, Alcampo, Ikea, Fnac o MediaMarkt, ya advirtió en su última asamblea el 15 de octubre que el año pasado quedaron sin cubrir 16.000 puestos. Y la situación, en lugar de mejorar, se ha agravado. "La formación reglada está ayudando, pero es complicado cubrir ciertos perfiles. Faltan trabajadores con conocimientos tecnológicos, de digitalización y, especialmente, personal especializado en ultrafrescos, carnicería, pescadería, mantenimiento y reposición", afirma Yolanda Fernández Pereira, economista jefe de Anged. Fernández Pereira señala que, además de ajustar la formación a la demanda laboral, "el sector necesita ser más atractivo para los jóvenes, de modo que vean en nuestras empresas una oportunidad de carrera y así evitar problemas de contratación en campañas puntuales". La falta de trabajadores también ha generado dificultades para capacitar a los nuevos empleados por la escasez de profesionales con experiencia. De igual manera, Randstad, líder en gestión de talento en España y a nivel mundial, advirtió sobre el "déficit de talento" y anunció el pasado 29 de octubre la apertura de más de 4.200 vacantes en el sector retail para la campaña de Black Friday, Navidad y rebajas de enero. "Estas fechas son cruciales para el sector, ya que impulsan el consumo y las ventas, por lo que las empresas suelen anticiparse en sus contrataciones para estar preparadas", afirman desde Randstad. Las posiciones están enfocadas en dependientes y promotores, en sectores como perfumería y cosmética (1.600 vacantes), alimentación (950), textil (450) y tecnología (350). Aunque las vacantes están disponibles en todo el país, se concentran principalmente en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Synergie, otra empresa destacada en gestión de talento, también coincide en esta perspectiva. Silvia Balcells, directora general de Synergie en España, recuerda que en sus inicios el Black Friday no tenía la relevancia actual, y que las dificultades para encontrar trabajadores van en aumento. Según Balcells, "lo que antes estaba concentrado en un momento específico del año, ahora se extiende a un periodo mucho más largo". "Las empresas comienzan a contratar personal con mayor antelación, debido a la formación necesaria para manejar equipos cada vez más complejos. Además, la campaña se extiende por la popularidad del Cyber Monday y, en general, empleamos a estos mismos perfiles para las campañas de Navidad y rebajas", añade. Para Synergie, el aumento de vacantes y la falta de personal cualificado han intensificado la competencia entre las empresas del sector.

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(El País, 06-11-2024) | Laboral

El empleo resiste en octubre: la afiliación sube con fuerza y el paro también crece, pero marca el menor nivel desde 2007

Con el verano ya finalizado y la temporada navideña aún lejana, el empleo experimentó un ligero aumento en el paro durante octubre, subiendo en 26.769 personas y situándose en 2.602.054 desempleados. A pesar de esta alza, se trata del incremento más moderado para un mes de octubre desde 2013, salvo en los años de recuperación pospandemia (2021 y 2022). Además, el número total de parados es el más bajo de los últimos 17 años. En contraste, el promedio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó los 21.332.513, impulsado por la creación de 134.307 empleos, principalmente en el sector educativo. Este incremento de afiliación en octubre es el más alto de los últimos 22 años, salvo 2021, influido por la covid. Gracias a este crecimiento, actualmente hay medio millón más de personas trabajando en comparación con el mismo periodo de 2023. Según los datos publicados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, el mercado laboral mantuvo su patrón típico en octubre, con un aumento del desempleo especialmente en el sector servicios, donde la hostelería perdió cerca de 50.000 empleos tras el fin de la temporada de verano. La construcción fue el único sector que evitó esta tendencia, registrando 1.676 parados menos y sumando casi 12.000 nuevos cotizantes. En cuanto a los contratos firmados en octubre, que contó con más días laborables que el mismo mes del año pasado, se registraron un total de 1.527.007, de los cuales el 43,50% (664.195) fueron indefinidos, manteniendo una tendencia estable en lo que va de año. Desde que en abril se superó el umbral de los 21 millones de afiliados promedio, octubre es el séptimo mes consecutivo por encima de esta cifra, representando el nivel más alto en los últimos 13 años para este periodo. El aumento de afiliados medios en más de 134.000 personas es la segunda mayor cifra desde 2011 (solo superada en 2021, debido al impacto de la pandemia). El sector educativo fue el principal motor de esta subida, con 166.642 nuevos cotizantes, contrarrestando las caídas en otros sectores. Este incremento en la afiliación educativa ha dejado un saldo de casi 70.000 educadores adicionales respecto al año anterior, como resultado de una reubicación reciente de afiliados que estaban en las Administraciones Públicas. Otros sectores que mostraron un notable aumento interanual de afiliados son las actividades sanitarias y servicios sociales (64.068), la hostelería (63.293) y el comercio (52.372). El aumento del paro afectó especialmente a mujeres, con casi 14.000 nuevas desempleadas (51,8% del total), aunque el número total de mujeres paradas (1.567.611) es el más bajo desde 2008. Por otro lado, las mujeres empleadas superan por segundo mes el umbral de los 10 millones, representando el 47,4% de la fuerza laboral, el porcentaje más alto de empleo femenino registrado. Entre los jóvenes menores de 25 años, el paro aumentó en 8.361 personas en comparación con el mes anterior, aunque hay 11.000 menos en esta franja de edad que en octubre de 2023. Además, el empleo juvenil ha crecido un 17,7% desde 2021, superando en 9,4 puntos el crecimiento general del empleo (8,3%). El aumento del desempleo afectó a todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía (7.723), Castilla-La Mancha (3.859) y Cataluña (2.909) las más impactadas. Sin embargo, en términos de creación de empleo, las regiones con mayor crecimiento porcentual fueron Comunidad Valenciana y Canarias (ambas con un 1,61%) y Comunidad de Madrid (1,44%). El número de trabajadores autónomos también es un buen indicador del mercado laboral. Según el registro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en octubre se contabilizaron 3.384.917 autónomos, 7.836 más que en septiembre, en su mayoría en el sector educativo (casi 5.000 nuevos), alcanzando el segundo mayor registro para este colectivo en el año, solo por detrás de junio.

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(El Periódico, 06-11-2024) | Laboral

La CEOE confirma su rechazo a la ley para reducir la jornada y fía su fracaso a la falta de mayoría en el Congreso

La patronal CEOE ha confirmado su rechazo a apoyar una ley que reduzca la jornada laboral a 37,5 horas semanales. No ha habido giro de guion inesperado y el comité ejecutivo de la entidad empresarial ha mantenido la postura que desde hace 11 meses le lleva reiterando al Ministerio de Trabajo en las mesas de negociación. La jornada laboral es materia exclusiva de la negociación bipartita y el Gobierno no debe entrar a regularla, ha sido el mensaje ha lanzado la organización presidida por Antonio Garamendi. Ahora los patronos fían el fracaso de la norma a la falta de una mayoría clara en el Congreso. "El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral", ha afirmado la patronal en un comunicado. "La aprobación de esta norma no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia", han añadido los patronos. Durante la pasada legislatura la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró que los empresarios apoyaran la ley estrella de dicho mandato -la reforma laboral-. No podrá decir lo mismo en esta ocasión con la reducción de jornada. La última oferta del Gobierno, que, entre otros, planteó dar hasta 6.000 euros a cada empresa de menos de cinco trabajadores de los sectores de hostelería, comercio, peluquería, limpieza y agricultura, no ha convencido a los patronos. "Hasta la fecha ha hecho siempre un ejercicio bastante pragmático y eficaz de defensa de los intereses de las empresas", si bien ahora está "más pegada a consideraciones ideológicas y políticas", según ha afirmado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, horas antes de que la CEOE emitiera su 'no'. La CEOE pedirá ahora a los grupos parlamentarios que voten en contra de esta ley cuando el Gobierno la remita al Congreso de los Diputados. Por ahora, la norma no tiene un número de diputados que públicamente hayan dicho que la apoyarán. Los votos de Junts per Catalunya se postulan como claves si el PP y Vox confirman su rechazo. Trabajo ya ha iniciado los contactos con los grupos para forjar una mayoría suficiente y en los próximos días oficializará su acuerdo con los sindicatos.

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(Expansión, 05-11-2024) | Laboral

El Gobierno lanza un ERTE especial para las empresas afectadas por la DANA y facilita el cese de actividad para los autónomos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado mejoras en los ERTE por fuerza mayor ante los daños causados por la DANA, con el objetivo de apoyar para trabajadores, empresas y ciudadanos, además de los mecanismos para que los autónomos puedan solicitar el cese de actividad. En un comunicado el sábado, el Ministerio explicó las opciones de protección disponibles y las nuevas mejoras que se implementarán para enfrentar la emergencia causada por la DANA. Según destacó, desde la reforma laboral se cuenta con herramientas para resguardar tanto a los trabajadores como al tejido productivo en situaciones de crisis, permitiendo a las empresas suspender temporalmente la relación laboral o reducir la jornada. Las empresas afectadas pueden acogerse a los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) por fuerza mayor, lo cual conlleva una exención del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto para la empresa como para los empleados. "La legislación ya contemplaba exoneraciones del 90% para estos ERTE, pero en el caso de las empresas afectadas por la DANA, se ha decidido ampliar esta exención al 100%", señalaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, cualquier trabajador puede acogerse a esta medida sin que se descuente de su prestación por desempleo. Las solicitudes se pueden hacer a través del SEPE o llamando al 060. Estas ayudas, como en el caso de los ERTE establecidos durante la pandemia, incluyen la obligación de mantener el empleo, de modo que las empresas acogidas a estos ERTE no podrán despedir personal. Se espera que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, insista en este punto durante su reunión con el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, junto a organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, Díaz ha alentado a utilizar los canales de denuncia del Ministerio de Trabajo para reportar a empresas que obligan a trabajar en condiciones peligrosas. "Hay empresas en Valencia que están obligando a trabajar en situaciones inaceptables", publicó la vicepresidenta en la red social X, asegurando que la Inspección de Trabajo actuará con determinación. "Si existe riesgo para las personas, no deben acudir a trabajar. El Ministerio velará por su protección y la Inspección será firme", agregó. Para los trabajadores autónomos, se facilitará la solicitud de la prestación por cese de actividad a través de sus mutuas, sin necesidad de cumplir el periodo mínimo de cotización de 12 meses. Además, los días de prestación consumidos no se contarán para futuras situaciones y el tiempo de la prestación se considerará como cotizado, con un monto equivalente al 70% de la base reguladora. La Seguridad Social también ha indicado que las mutuas reforzarán la difusión de los pasos necesarios para solicitar esta prestación, de modo que llegue a todos los autónomos afectados. Las medidas presentadas por el equipo dirigido por Elma Saiz serán ahora aprobadas por el Consejo de Ministros y tendrán carácter retroactivo hasta la fecha en que ocurrió la catástrofe en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), se ofrecerá información en el teléfono 900 20 22 22, y a partir del lunes estará disponible la línea 020, que contará con un 40% más de personal. Algunas oficinas de la Seguridad Social han sufrido "daños importantes" debido a la DANA, por lo que el Gobierno ha reforzado la atención telefónica y en línea y pide precaución para proteger tanto a las personas como al personal que trabaja en estas instalaciones.

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(El País, 05-11-2024) | Laboral

Las organizaciones de autónomos piden ayudas de hasta 12.000 euros para evitar el cierre de miles de negocios por la DANA

La DANA ha causado una devastación masiva en varias zonas del país, especialmente en la provincia de Valencia, destruyendo viviendas y negocios y dejando a muchos sin hogar ni medios para ganarse la vida. La situación es cada vez más desoladora, con más de 200 fallecidos, según las cifras actuales, y con un panorama de recuperación todavía distante en las áreas más afectadas. En respuesta, asociaciones de trabajadores autónomos como ATA, UPTA y UATAE, junto a patronales como Foment del Treball, han solicitado ayudas económicas directas para los afectados, proponiendo montos entre los 6.000 y 12.000 euros. Estas entidades argumentan que, aunque existen mecanismos de apoyo como los ERTE, ERE y prestaciones por cese de actividad, muchas empresas podrían desaparecer sin una ayuda adicional y directa. "Es un desastre total en muchas instalaciones y negocios. Reabrir no será posible solo con ERTE y cese de actividad; necesitamos un plan de ayudas a la reconstrucción", declaró Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), este lunes. Según ATA, en las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana se concentran alrededor de 54.000 empresas, empleando a unas 377.000 personas, entre las cuales hay 51.000 autónomos. El plan de ayuda de ATA incluye un apoyo de 6.000 euros para autónomos individuales que soliciten la prestación por cese de actividad por causa de fuerza mayor, permitiéndoles reconstruir su negocio. Los beneficiarios deberían comprometerse a mantener su actividad por al menos 24 meses. Esta ayuda aumentaría a 12.000 euros si el autónomo ha tenido una plantilla de dos trabajadores en el último año, con la misma condición de continuidad de actividad durante dos años más. Además de estas ayudas, Amor propuso una prestación extraordinaria por cese de actividad para todos los autónomos afectados, o, en su defecto, una prestación parcial compatible con la actividad. En ambos casos, se bonificarían las cotizaciones hasta el 31 de marzo de 2025, sin requerir un periodo mínimo de cotización y sin que los meses de prestación afecten otros derechos. ATA también ha solicitado el aplazamiento de impuestos y cotizaciones sin intereses, la suspensión del segundo pago de la RENTA 2023 para los autónomos, la creación de una línea de Créditos ICO con bajos intereses y cinco años de amortización para los afectados, y la suspensión de trámites administrativos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, así como el congelamiento de los pagos a proveedores para empresas y autónomos que negocien sus deudas. Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha publicado un decálogo con medidas similares a las de ATA, añadiendo una moratoria en el pago de hipotecas y alquileres -como también solicitaron UGT y CC OO-, así como ayudas directas para la compra de maquinaria y materiales necesarios para la reconstrucción de locales. Eduardo Abad, presidente de UPTA, afirmó que "la situación es extremadamente grave y requiere una respuesta rápida y efectiva para proteger el tejido productivo y el sustento de muchas familias". Señaló que la cooperación de todas las instituciones es esencial para iniciar el proceso de recuperación en las áreas afectadas. UATAE también ha presentado propuestas similares para mitigar el impacto de la DANA en el colectivo de autónomos, que supera los tres millones a nivel nacional. "Los autónomos son el motor de la economía local y no pueden quedar olvidados en la reconstrucción de las zonas afectadas", manifestó María José Landaburu, secretaria general de UATAE, pidiendo un compromiso sólido para que este colectivo pueda restablecer sus actividades. En línea con estas organizaciones, la patronal catalana Foment del Treball, que forma parte de la CEOE, ha pedido al Gobierno retomar las ayudas ofrecidas durante la pandemia de Covid-19. "Debemos recuperar las medidas del Covid y hacer inversiones", declaró Javier Ibars, director del departamento de Relaciones Laborales de Foment del Treball. "Es fundamental maximizar las oportunidades de empleo y proporcionar todos los medios necesarios para apoyar a los trabajadores y la reactivación de las empresas", subrayó, pidiendo a las administraciones que establezcan un marco normativo adecuado para lograrlo.

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(El Periódico, 05-11-2024) | Laboral

Foment acusa a Trabajo de bloquear convenios con su ley para reducir la jornada

Foment del Treball ha acusado al Ministerio de Trabajo de generar "incertidumbre" con su proyecto de ley para reducir la jornada laboral, lo cual estaría afectando la renovación de algunos convenios colectivos en negociación. Algunas de las empresas representadas por Foment están aplazando las conversaciones a la espera de que se defina si la jornada laboral máxima se reducirá con la nueva normativa. Así lo expresó este lunes el director de relaciones laborales de Foment, Javier Ibars, en una rueda de prensa. "Cualquier negociación que implique cambios en las reglas del juego tiene un impacto", comentó Ibars. La patronal catalana critica la demora en la negociación -que ya suma 11 meses- impulsada por el Ministerio de Trabajo, que estaría tratando de ganar tiempo para obtener el respaldo de la patronal a su proyecto de ley. Como argumento, Ibars mencionó la "sorprendente" y "significativa" desaceleración en la renovación de convenios durante el último trimestre. En Cataluña, el número de convenios vigentes ha crecido un 5,82% en comparación con el año anterior, mientras que el trimestre anterior ese incremento interanual fue del 8,33%. En el ámbito nacional, la cifra actual es de 1,03%, frente al 4,65% del trimestre pasado. "Si bien los datos de 2024 indican un buen ritmo en la negociación de convenios colectivos, en el último trimestre hemos visto una caída notable", señaló Ibars. "Estoy convencido de que la causa de esta ralentización es la incertidumbre generada por proyectos normativos, como la reducción de jornada, que afectan directamente la negociación de los convenios", añadió. Actualmente, la mayoría de los convenios en Cataluña establecen una jornada ordinaria superior a las 37,5 horas semanales propuestas por el Gobierno. Según datos presentados por Foment, solo uno de cada cuatro convenios vigentes en Cataluña tiene una jornada igual o inferior a ese umbral. Este proceso negociador se verá afectado por el diálogo que tendrá lugar el martes. La CEOE -donde Foment tiene una vicepresidencia- ha convocado a su comité ejecutivo para formalizar su rechazo a la última propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esto trasladará el debate al Congreso de los Diputados, donde se prevé que la negociación se extienda durante semanas o, posiblemente, meses. Foment reafirmó este lunes que, en su opinión, la duración y organización de la jornada laboral son temas que deben ser negociados únicamente entre patronales y sindicatos, y considera que el Estado no debería intervenir en la definición de las horas de trabajo en los convenios.

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(La Vanguardia, 05-11-2024) | Laboral

El paro aumenta en 26.769 personas en octubre

El número de personas desempleadas registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de octubre, se ha incrementado en 26.769 (1,04%) respecto al mes anterior. Se trata de un incremento inferior a la media de este mes y el menor aumento desde el año 2006 si exceptuamos los años 2021 2022 por los efectos de la pandemia. El paro registrado se ha situado en 2.602.054 personas. Se trata de la cifra más baja desde el año 2007. En términos interanuales, el paro ha descendido en 157.350 personas (-5,70%). También se reduce en términos desestacionalizados en 17.296 personas. Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en el sector de Construcción en 1.676 personas (-0,85%). Aumenta en Industria 1.547 personas (0,77%), Agricultura 1.603 personas (1,87%) y Servicios 22.332 (1,21%). En el Colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 2.963 personas (1,23%). El desempleo disminuye en todos los sectores respecto a octubre de 2023. El desempleo femenino aumenta en 13.873 mujeres (0,89%) y se sitúa en un total de 1.567.61. Es la cifra más baja de desempleadas desde 2008. El desempleo masculino se sitúa en 1.034.443 al ascender en 12.896 personas (1,26%) respecto a septiembre.  Si lo comparamos con octubre de 2023, el paro femenino cae en 93.444 mujeres (-5,63%). El masculino baja en 63.906 hombres (-5,82%). Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de octubre en 8.361 personas (4,35%) respecto al mes anterior. El paro registrado aumenta en las 17 comunidades autónomas, las mayores subidas están encabezadas por Andalucía (7.723), Castilla-La Mancha (3.859) y Cataluña (2.909). El número total de contratos registrados durante el mes de octubre, un mes con más días laborales que en el correspondiente al año anterior ha aumentado y se ha situado en 1.527.007. En octubre de 2024 se han registrado 664.195 contratos de trabajo de carácter indefinido que representan el 43,50% de todos los contratos. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes fueron un total de 1.703.095 personas. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de septiembre de 2024 ha sido del 70,64%. El mismo indicador en septiembre de 2023 fue de 66,07%, lo que supone un, aumento del 6,9%. La tasa de septiembre de 2024 es la más alta desde el año 2010. Los gastos totales de septiembre de 2024 ascendieron a 1.904,7 millones de euros. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de septiembre de 2024 ha sido de 1.144,1€ lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 44,5 euros (4,0%).

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(Expansión, 04-11-2024) | Laboral

La carga fiscal del empleo en España ha subido de forma ininterrumpida durante los últimos doce trimestre

La última encuesta del Círculo de Empresarios señala que los altos costes laborales son la principal preocupación de las empresas. Un 61,9% de los empresarios encuestados lo considera el mayor obstáculo para el crecimiento de sus negocios. No obstante, el Gobierno del PSOE y Sumar está preparando un nuevo aumento de los costes empresariales para financiar el elevado gasto público proyectado para el próximo año. ¿Es viable que cada año sea más costoso mantener las plantillas en una economía con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea? El reciente plan fiscal enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea prevé un aumento del 3,1% en los costes laborales de las empresas en 2025 y otro 2,7% en 2026, incrementos superiores a la inflación esperada y al crecimiento proyectado de los beneficios empresariales. Esta tendencia genera preocupación debido a la desaceleración en la creación de empleo en el sector privado en los últimos meses. El alto coste de contratación está llevando a muchas empresas a frenar sus planes de contratación. A pesar del notable aumento de la contratación en los últimos años, la tasa de desempleo en España sigue siendo muy superior a la media de la zona euro, con un 11% frente al 6% de la media europea. La reforma laboral de 2012 no ha logrado reducir significativamente la temporalidad en el empleo, aunque ahora muchos de esos contratos se contabilizan como fijos discontinuos. Las bajas remuneraciones de estos contratos han llevado a un creciente número de trabajadores a tener dos o más empleos de este tipo, lo que podría explicar que el aumento de la contratación no se refleje en una reducción significativa del desempleo. La carga fiscal sobre el empleo, conocida como cuña fiscal, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del tejido empresarial en España y que enfrentan mayores dificultades para absorber aumentos de costes. Esto incluye subidas como el incremento del salario mínimo, el recargo en las cotizaciones para financiar pensiones, o el destope de las bases máximas de cotización. Esta situación ha aumentado la diferencia en términos de costes laborales por empleado en comparación con otros países europeos. La carga fiscal sobre el empleo en España ha aumentado durante los últimos tres años, situándose entre las más altas de Europa, sólo superada por Suecia, Francia e Italia. La propuesta de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas, planteada como innegociable por la vicepresidenta Yolanda Díaz, agravaría aún más las cuentas de resultados de las pymes, muchas de las cuales aún no han recuperado la rentabilidad previa a la pandemia, mientras que sus costes laborales han seguido incrementándose. El vínculo entre los crecientes costes de contratación y los altos niveles de desempleo en España es claro. Las cotizaciones sociales de las empresas representan el 25% de la recaudación fiscal en el país, 7,5 puntos por encima de la media europea del 17,7%. A diferencia de otros países de la zona euro, en España el 80% de las contribuciones sociales recaen sobre los empleadores. Por ello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesto que los trabajadores asuman directamente las contribuciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, lo cual ha generado controversia y críticas por parte del Gobierno, especialmente de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, esta propuesta cuenta con el respaldo de varias asociaciones empresariales, que la ven como una forma de visibilizar los costes que la política fiscal del PSOE y Sumar impone sobre las empresas.

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(El Economista, 04-11-2024) | Laboral

Las pensiones subirán casi un 3% en 2025 y el gasto crecerá más de 5.000 millones

Los jubilados se preparan para un nuevo aumento en sus pensiones, destinado a compensar el incremento de los precios registrado en el último año. De acuerdo con lo establecido en la Ley, el poder adquisitivo de este grupo está garantizado y vinculado a la inflación anual, según la reforma de pensiones de 2021. A la espera de conocer el Índice de Precios al Consumo (IPC) de noviembre y basándose en las estimaciones de los expertos, se espera que las pensiones contributivas aumenten cerca de un 3% en 2025. Esto representará un aumento de unos 5.000 millones en el gasto de la Seguridad Social, incluyendo pensiones que por primera vez superarán los 3.200 euros mensuales (casi 48.000 euros al año). Los pensionistas conocerán el incremento definitivo a mediados de diciembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique la tasa de inflación final de noviembre. Con este dato, la Seguridad Social calcula la inflación promedio de los doce meses anteriores (de diciembre de 2023 a noviembre de 2024 en este caso) para determinar el aumento que recibirán, aplicable a todas las pensiones contributivas. La evolución de los precios hasta octubre, junto con las previsiones de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), sugiere una inflación media de los últimos doce meses de 2,94%. Este dato preliminar probablemente estará muy cerca del definitivo, que servirá como base para que en diciembre el Gobierno anuncie el ajuste de las pensiones, beneficiando a más de nueve millones de pensionistas en España. ¿Cómo impactará este aumento en las pensiones? Cada persona lo notará de forma diferente. Para calcularlo, simplemente multiplique su pensión actual por 2,9 y divida el resultado entre 100. Así obtendrá el incremento aproximado que verá reflejado a partir de enero. Tomando como ejemplo la pensión media de todo el sistema (1.259,6 euros mensuales, según el último informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social), el aumento será de unos 38 euros brutos mensuales en promedio. La pensión media de jubilación, que actualmente es de 1.447,4 euros mensuales, aumentará alrededor de 42 euros bajo estas proyecciones. La de incapacidad permanente, que hoy es de 1.164,78 euros brutos al mes, subirá aproximadamente 34 euros. La de viudedad, con un promedio actual de 898 euros brutos al mes, se incrementará en unos 27 euros mensuales. La de orfandad, ahora en 503 euros brutos mensuales, aumentará unos 14 euros mensuales. La prestación a favor de familiares, con un promedio de 744 euros brutos al mes, subirá en unos 22 euros. El régimen general, compuesto principalmente por antiguos asalariados, representa el mayor grupo de pensionistas (7,6 millones) y concentra un gasto mensual de 10.475 millones de euros. La pensión media de este grupo, actualmente de 1.373 euros, se actualizará para superar los 1.400 euros mensuales. Por su parte, el colectivo de autónomos, que representa cerca de 2 millones de pensiones y un gasto de 1.733 millones de euros, seguirá recibiendo una prestación media por debajo de 900 euros brutos mensuales, incluso después de la subida con el IPC previsto. Las pensiones de los funcionarios, correspondientes al antiguo régimen de Clases Pasivas que incluye al personal militar, civil de la Administración General del Estado, la Justicia, las Cortes Generales y otras instituciones, así como a los funcionarios transferidos a comunidades autónomas, son de unos 2.250 euros brutos al mes y se incrementarán en unos 67,5 euros mensuales. La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 bajo la gestión del ministro José Luis Escrivá, introdujo una nueva fórmula para actualizar la pensión máxima. Este límite se ajusta en función de la variación de la inflación utilizada para todas las pensiones, sumando además un incremento adicional de 0,115 puntos. Con esta fórmula, la pensión máxima subirá un poco más del 3%, acercándose a los 3.300 euros mensuales, lo que significa unos 45.800 euros anuales, una cifra histórica en la Seguridad Social.

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(El País, 04-11-2024) | Laboral

La OCDE elogia los ERTE españoles pero aconseja simplificarlos aún más para las empresas

El despliegue amplio de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) durante la pandemia y los meses posteriores tuvo un coste significativo para el Estado, pero se vio "ampliamente compensado" gracias al mantenimiento del empleo, lo que redujo el gasto en prestaciones por desempleo y aumentó los ingresos fiscales. Esta es una de las principales conclusiones del informe "Preparando el ERTE para el futuro" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que resalta la efectiva gestión de España en el diseño y ajuste de esta herramienta de apoyo laboral durante la crisis sanitaria. Más de 3,5 millones de empleados fueron cubiertos por los ERTE en algún momento, con un coste superior a los 35.000 millones de euros. Stefano Scarpetta, director del Área de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, presentó el informe en Madrid junto al secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, destacando que el Gobierno logró "rediseñar rápidamente" un modelo de ERTE que antes de la pandemia era "de difícil acceso" y, por ello, poco utilizado por las empresas. Tras la primera revisión de esta herramienta, la reforma laboral y el desarrollo del Mecanismo RED (nombre del sistema de protección temporal de empleo) supusieron "grandes avances", según Scarpetta. Sin embargo, los analistas de la OCDE creen que aún hay "margen de mejora" en el modelo español y proponen cuatro recomendaciones. La primera de ellas es hacer que los ERTE sean "lo más simples y predecibles posible para las empresas", señaló el responsable de la OCDE. Según el estudio, "el diseño del sistema sigue siendo relativamente complejo y ha tenido numerosos cambios", y se podrían simplificar algunos aspectos. Aunque Scarpetta reconoce que España ha mejorado bastante en este ámbito, considera clave hacer más sencillo el acceso al mecanismo para las empresas o elaborar guías prácticas para su uso. "Es esencial que el funcionamiento de un ERTE sea claro tanto para las empresas como para los empleados", apuntó Alexander Hijzen, economista sénior de la división de Empleo e Ingresos de la OCDE, quien también participó en la presentación. Otra recomendación de la OCDE es implementar un sistema de "bonus-malus" (un sistema de bonificaciones o penalizaciones similar al de los seguros) para que el apoyo en forma de financiación pública de las cotizaciones sociales no disminuya con el tiempo. De este modo, se evitaría agravar los problemas de liquidez durante dificultades temporales en la empresa, aplicando un ajuste en las cotizaciones sociales una vez finalizado el ERTE y en función de su uso. "Esto permitiría aumentar las cotizaciones de aquellas empresas que abusen de los ERTE", explicó Scarpetta. La tercera recomendación se centra en la formación de los trabajadores afectados por un ERTE, la cual es obligatoria para empresas con exenciones en cotizaciones debido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). La OCDE sugiere mejorar la efectividad de esta medida, recomendando que la formación relacionada con el trabajo se imparta externamente por proveedores certificados y se evalúe periódicamente la efectividad de los cursos. Finalmente, la OCDE advierte que, aunque los ERTE han sido efectivos, "no pueden resolver todos los problemas en una profunda recesión económica". En futuras crisis, recomienda que el Gobierno asegure apoyo económico efectivo para aquellos trabajadores para quienes el ERTE no resulta eficaz o disponible, como autónomos, trabajadores temporales y empleados de empresas con problemas estructurales.

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