News

(El País, 01-10-2024) | Laboral

Un funcionario logra una indemnización de 150.000 euros por sobrecarga de trabajo continuada

"Si yo ya estaba allí y hacía todo el trabajo, ¿para qué iban a contratar a alguien más?" se pregunta con una mezcla de indignación y tristeza H.T.M., un funcionario del Ayuntamiento de León. A sus 66 años, y a punto de jubilarse, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de León le ha concedido una indemnización de 150.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la sobrecarga laboral que sufrió durante años, al asumir en solitario el trabajo destinado para tres personas. La situación de "carga de trabajo inasumible", descrita en la sentencia, comenzó en 2014. H.T.M., abogado de la asesoría jurídica del Ayuntamiento con 43 años de servicio, era uno de los tres letrados del departamento de servicios jurídicos. Aquel año, uno de sus compañeros se dio de baja por incapacidad temporal, que luego se convirtió en permanente, hasta que falleció. Esta plaza no fue repuesta, dejando solo a dos abogados. Entre 2016 y 2019, el otro letrado estuvo de baja en varias ocasiones, sin ser sustituido, lo que dejó a H.T.M. como único abogado durante largos periodos. En 2020, ese compañero pasó a una situación de servicios especiales y su puesto fue cubierto durante solo ocho meses. En 2022, H.T.M. cayó de baja durante dos meses, lo que llevó al ayuntamiento a contratar finalmente a dos abogados interinos. Estos siguen ocupando sus puestos junto a él. Según el fallo judicial, entre 2014 y 2022, H.T.M. asumió en solitario las tareas de tres personas, debido a la falta de reposición de personal. El juez calificó esta situación como un caso de "daños continuados" y responsabilizó al Ayuntamiento por su "pasividad" al no resolver el exceso de trabajo hasta que se contrató a los interinos. Además, señaló que H.T.M. había advertido repetidamente de la situación, tanto verbalmente como por escrito, sin que se tomaran medidas durante nueve años. El juez determinó que la sobrecarga de trabajo afectó la salud de H.T.M. y vulneró su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral. También afirmó que la Administración incumplió su deber de proteger la integridad física del trabajador, según lo estipulado en el artículo 15 de la Constitución española. La indemnización se calculó en función del salario y las retribuciones complementarias de los puestos no cubiertos, excluyendo el complemento de productividad. H.T.M., que se representó a sí mismo, explicó que la compensación (unos 150.000 euros más intereses) es aproximadamente la mitad de lo que había solicitado inicialmente, ya que parte de las reclamaciones se consideraron prescritas. A pesar de ello, lamenta que el ahorro para el ayuntamiento por no cubrir las vacantes sea mayor que la indemnización. El Ayuntamiento de León ha recurrido la sentencia, por lo que el caso se encuentra ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que se espera se pronuncie en unos 9 o 10 meses. H.T.M. se mostró especialmente molesto con la defensa del Ayuntamiento, que alegó que él asumió voluntariamente la sobrecarga de trabajo. Rechaza esta afirmación, argumentando que su labor incluye atender juicios y plazos legales, lo que de no hacer, dejaría a la Administración sin defensa. También criticó la actitud del Ayuntamiento cuando, al cumplir 65 años, solicitó una prórroga en su puesto y se la denegaron alegando que había actuado de "mala fe". Esta decisión fue posteriormente revocada y H.T.M. pudo regresar al trabajo tras un mes. La sentencia calificó el informe que justificaba la negativa como "aberrante e inadmisible". A pesar de todo, H.T.M. asegura que mantiene una buena relación con sus compañeros y superiores, y que seguirá trabajando hasta su último día, comprometido con la defensa de los intereses municipales.

READ MORE

(Expansión, 30-09-2024) | Laboral

El 98% de los directivos de empresas españolas prevé aumentar su plantilla este año

Los altos ejecutivos de las principales compañías se muestran optimistas respecto a la situación económica, y el 98% de ellos planea aumentar su personal este año, según una encuesta de KPMG a 1.325 directivos de empresas con ingresos superiores a 500 millones de euros, de los cuales 50 son españoles. El estudio también revela que ocho de cada diez ejecutivos creen que la economía mejorará en los próximos meses, mientras que el 76% confía en el crecimiento de sus negocios en los próximos tres años. Solo el 4% de los directivos prevé que sus empresas no crecerán en ese periodo. Todos los ejecutivos españoles encuestados prevén un aumento de sus ingresos en los próximos tres años, y un 68% estima que dicho incremento superará el 2,5%, el porcentaje más alto entre los once países analizados en el estudio. Uno de los factores clave detrás del optimismo a mediano plazo es la inteligencia artificial (IA). Aunque el 60% de los ejecutivos españoles planea invertir en esta tecnología, independientemente del contexto económico, el 72% estima que los beneficios de dicha inversión no se materializarán hasta dentro de al menos tres años, según informa la agencia Efe. Juanjo Cano, presidente de KPMG España, subraya que "los altos ejecutivos siguen comprometidos con el empleo y refuerzan el peso de los temas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) y la IA generativa como motores del crecimiento empresarial, poniendo a sus profesionales en el centro de sus estrategias y considerando también a los grupos de interés". La IA, junto con los criterios ESG, es una de las prioridades estratégicas para los ejecutivos encuestados, siendo mencionada por un 16% de ellos, el mismo porcentaje que apunta a las posibles presiones inflacionarias y el aumento de costos. En cuanto a las políticas ESG, el 78% de los ejecutivos españoles afirma haber integrado estos temas en sus estrategias corporativas como una "palanca de generación de valor", considerándolos esenciales para la relación con los clientes y la imagen de marca, las áreas donde esperan mayor impacto. El mismo porcentaje de directivos expresa preocupación por los aspectos éticos relacionados con el impacto de la IA generativa en sus negocios, mientras que un 20% menciona problemas potenciales de ciberseguridad. Por el contrario, no hay preocupación sobre el impacto de la IA en el empleo, ya que un 80% de los ejecutivos descarta una reducción significativa de puestos de trabajo, aunque reconocen que será necesaria una actualización de habilidades y conocimientos por parte de los empleados. Solo el 28% de los directivos considera que sus empleados están preparados para enfrentar los desafíos que trae consigo la IA. Entre los retos a los que las empresas deberán enfrentarse, tanto los directivos en general como los españoles mencionan los riesgos operacionales, la ciberseguridad y las cadenas de suministro. En España, también se destacan los riesgos reputacionales, lo que según KPMG refleja el creciente escrutinio de los grupos de interés en la actividad empresarial.

READ MORE

(Expansión, 30-09-2024) | Laboral

CEOE rechaza la entrada de Trabajo en el registro horario de las empresas

Los empresarios mantienen una fuerte oposición a cualquier tipo de intervención por parte del Gobierno en este tema. Entre las medidas que rechazan, se encuentra la intención de Yolanda Díaz de permitir que la Inspección de Trabajo acceda de forma telemática al registro horario de las empresas cuando existan indicios de irregularidades. Debido a su postura contraria al intervencionismo, la patronal defiende como principio fundamental en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos, que esta cuestión se mantenga en el ámbito de la negociación colectiva. Por ello, rechazan de manera tajante la posibilidad de modificar los convenios vigentes para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin reducir salarios. Los empresarios recuerdan que el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que según los datos del Ministerio, los convenios vigentes expirarán entre 2024 y 2026. En esta línea, y coincidiendo con la posición de los empresarios, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se opuso a la propuesta del Partido Popular de establecer una jornada laboral de cuatro días por semana, con jornadas diarias de 9 o 9,5 horas. Garamendi subrayó la independencia de la patronal respecto a los partidos políticos. Durante las negociaciones, representantes de la CEOE señalaron que perciben contradicciones dentro del Gobierno, incluso en el propio Ministerio de Trabajo. Comentaron que en una reunión reciente, el secretario de Estado admitió que la reducción de la jornada laboral podría retrasarse, con un periodo de transición hasta finales de 2026. Esta misma postura fue percibida también por los sindicatos en las negociaciones. No obstante, minutos después de estas declaraciones, el Ministerio desmintió de manera categórica que hubiera hecho tal concesión a los empresarios. Incluso al día siguiente, la vicepresidenta Díaz lo negó rotundamente en el Congreso de los Diputados. Los representantes de la CEOE y de Cepyme en la negociación también notan que, una vez más, el Ministerio de Trabajo parece actuar de manera autónoma en comparación con el resto del Gobierno. Esto lo perciben en la nueva propuesta de subvencionar las cotizaciones sociales de los contratos indefinidos que las pymes realicen a desempleados, cubriendo hasta el 100% en el caso de mayores de 52 años, menores de 30 años y mujeres con dificultades para acceder al empleo. Además, el Gobierno ha sugerido una rebaja del 80% en las cotizaciones sociales para el resto de los trabajadores contratados. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Díaz, sostiene que la reducción de la jornada laboral podría redistribuir el empleo existente, llenando el tiempo liberado con la contratación de nuevos empleados, quienes además disfrutarían de una significativa reducción en los costes sociales para las empresas. Sin embargo, los negociadores empresariales creen que ni la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, estaban al tanto de esta propuesta. Además, la CEOE plantea que estas subvenciones también deberían aplicarse a los contratos ya existentes en las pymes, además de a los nuevos empleados, como una manera de atraer a las pequeñas empresas. Los empresarios también buscan reducir el tiempo de preaviso para modificar los horarios de los trabajadores en situaciones extraordinarias, que actualmente es de cinco días.

READ MORE

(El Economista, 30-09-2024) | Laboral

Los trabajadores que encadenan paro y pensión caen un 75% en una década

La jubilación en España ha experimentado una notable transformación en la última década, con un retiro que se va postergando cada vez más, en línea con los acuerdos de reforma del sistema de pensiones, cuyo objetivo es aumentar la edad real de jubilación. En particular, la jubilación anticipada representa un gran costo para la Seguridad Social debido a las cotizaciones que deja de recibir y al desembolso adelantado que debe realizar. Sin embargo, dentro de las modalidades afectadas por los coeficientes reductores, hay una noticia positiva: la caída significativa de la jubilación anticipada involuntaria, es decir, aquella a la que acceden los desempleados para enlazar el cobro del paro o subsidio con la pensión pública. Esta forma de jubilación ha pasado de 55.000 casos en 2015 a 14.000 en 2023, lo que supone una reducción del 75% en menos de diez años. Este tipo de jubilación es generalmente la última opción para los desempleados mayores de 55 o 60 años, que se encuentran más cerca de la edad de jubilación y que, por lo general, han estado buscando empleo durante mucho tiempo sin éxito, enfrentando mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Para acceder a la jubilación forzosa es necesario haber perdido el empleo de manera involuntaria, como en el caso de despidos colectivos, y estar inscrito en el SEPE como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la jubilación anticipada, la cual puede hacerse hasta dos años antes de la edad de jubilación ordinaria. Esto significa que se puede acceder a partir de los 62 años y 6 meses si se han cotizado menos de 38 años, o desde los 61 años si se tienen más de 38 años cotizados. Hace diez años, el panorama laboral era mucho más precario, con cerca de 4,5 millones de desempleados. Además, con una regulación más estricta, una de cada cinco jubilaciones era forzosa. Los datos actuales muestran una tendencia a la baja en este tipo de jubilación, que ahora representa aproximadamente el 4% de las nuevas pensiones, es decir, alrededor de 14.000 personas. ¿Qué ha provocado esta evolución? Este tema es de gran interés para Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, y para la propia Seguridad Social, ya que el descenso de las jubilaciones involuntarias fue destacado en el último Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La explicación, según Bravo, radica en la mejora de las medidas de protección social. A diferencia de crisis anteriores, el Estado mantuvo un fuerte apoyo al tejido productivo mediante el gasto público, lo que evitó una destrucción masiva de empleo. Es importante señalar que, aunque esta modalidad de jubilación sea involuntaria, también está sujeta a coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión futura. En la década pasada, muchas personas tuvieron que jubilarse de manera anticipada en cuanto alcanzaban la edad mínima, enfrentándose a recortes más duros que los actuales, que en algunos casos reducían la pensión hasta un 40%, según la normativa vigente en ese momento. El subsidio por desempleo solo se ofrecía a partir de los 55 años, y no fue hasta 2019 que se redujo la edad a 52 años. Con la normativa actual, las restricciones anteriores se consideran injustas. Ahora, la regulación permite a los desempleados optar entre dejar de recibir la prestación por desempleo en la primera edad en la que pueden acceder a la jubilación anticipada, aunque ello conlleve los mencionados recortes, o continuar cobrando el subsidio asistencial hasta la edad de jubilación ordinaria, que comienza a los 65 años si se tienen más de 38 años cotizados.

READ MORE

(El Economista, 30-09-2024) | Laboral

El trabajador debe informar de que está de baja, aunque esté exento de entregar el parte médico

Desde abril de 2023, los trabajadores no están obligados a entregar a su empresa el parte de baja médica, pero sí deben notificar que se encuentran en situación de incapacidad temporal. En una sentencia emitida el 26 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias consideró que el despido de una trabajadora que estaba de baja, pero no informó a su empresa, no es nulo. Según la sentencia, redactada por el magistrado Francisco José de Prado Fernández, "la emisión de un parte de baja médica no exime al trabajador de su deber de comunicar con diligencia al empresario las circunstancias que le impiden prestar sus servicios". La trabajadora estuvo de baja médica del 18 al 22 de septiembre y también el día 25, pero no informó a la empresa, esperando recibir el parte de baja. El 21 de septiembre, la empresa le envió un burofax solicitándole que justificara su ausencia o, de lo contrario, se reincorporara al trabajo. Como no lo hizo, fue despedida por ausencias injustificadas. La trabajadora llevó el caso ante los tribunales solicitando la nulidad del despido, argumentando que fue discriminatorio al haber sido despedida mientras estaba de baja. Sin embargo, el tribunal rechazó la nulidad y declaró el despido como improcedente, obligando a la empresa a optar entre indemnizarla o readmitirla.

READ MORE

(El País, 30-09-2024) | Laboral

Yolanda Díaz, a los empresarios: “Si no hay acuerdo, el Gobierno va a reducir la jornada laboral”

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó este domingo su optimismo respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. A su vez, aseguró que, en caso de no lograrse dicho acuerdo, el Gobierno tomará medidas igualmente. "¿Queremos acuerdos? Sí. ¿Estamos trabajando por el acuerdo? Sí. ¿Es posible lograrlo? Siempre. Pero si no se alcanza, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de España reducirán la jornada laboral, al igual que lo hicimos con el salario mínimo interprofesional", afirmó en un debate durante la fiesta anual del PCE. Díaz explicó que su optimismo se basa en que "la opinión pública ha cambiado, los partidos políticos se han movido y esta medida tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, por lo que estoy segura de que lo lograremos". Añadió que la finalidad de reducir la jornada laboral es precisamente "vivir mejor", un debate que, según ella, es fundamental en la democracia porque busca mejorar la productividad y distribuirla de manera equitativa. Argumentó que la productividad de los trabajadores ha aumentado un 15% en España, mientras que la del capital ha caído en 21 puntos, por lo que es necesario debatir sobre una distribución más justa. También destacó que la economía española presenta "beneficios y márgenes empresariales muy elevados". Díaz insistió en la importancia del debate, señalando que se trata de ganar tiempo para vivir mejor y aprovechar las tecnologías disponibles, ya que considera clave poder vivir con dignidad y tener tiempo para disfrutar de la vida. "Vamos a ganar este debate, no tengáis ninguna duda. Los sindicatos están en ello, y les agradezco su movilización constante, pidiéndoles que continúen luchando en todo el país", añadió. En su opinión, la propuesta del Partido Popular y de su líder, Alberto Núñez Feijoo, sobre una semana laboral de cuatro días refleja que han tenido que sumarse al debate porque no pueden ignorar a sus votantes. Según Díaz, esta medida es popular en todos los sectores electorales, incluso entre quienes votan a Vox, que también quieren verla implementada. Díaz argumentó que las formaciones políticas deben tomar posición, y por eso el PP, distanciándose de la CEOE, se ha visto obligado a abordar el tema de la reducción de la jornada laboral, ya que les resultaría demasiado costoso quedar fuera de este debate histórico. "La opinión pública está de nuestro lado, y cuando el viento sopla a favor de la gente, solo queda ganar esta batalla, porque tenemos razones para hacerlo", afirmó. Por su parte, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, valoró como significativo que el PP haya respondido al debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ya que esto demuestra que el tema está ganando relevancia en la conversación pública. Sordo consideró que es una lucha sindical importante con implicaciones políticas, aunque reconoció que no será fácil alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo social, dado que la CEOE se ha mostrado reacia hasta el momento. No obstante, subrayó la importancia de intentar avanzar para facilitar la implementación de estas medidas en convenios colectivos y empresas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, destacó la necesidad de crear un ambiente propicio para que la CEOE participe en la negociación con una actitud más proactiva. Afirmó que ha escuchado muchas ideas equivocadas en los últimos días, lo que, en su opinión, demuestra que en España se necesita hacer más pedagogía sobre este tema.

READ MORE

(Expansión, 27-09-2024) | Laboral

El recorte de la jornada por ley restaría 18.000 millones al PIB

El debate sobre la reducción de la jornada laboral se intensifica porque el Gobierno y los sindicatos no consiguen llegar a un consenso con la CEOE. Los empresarios se oponen a que el Ejecutivo implemente esta medida a través de una ley, prefiriendo que se mantenga en el marco de la negociación colectiva, una postura que también respalda la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). La Fundación rechaza firmemente que el Gobierno quiera imponer legalmente la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin recorte salarial, y advierte que hacerlo sin introducir medidas compensatorias para las empresas, que mitiguen el aumento de los costos laborales, y sin un incremento significativo de la productividad, podría generar efectos negativos. Además, la reducción de la jornada debería facilitar la creación de empleo mediante el reparto de las horas de trabajo. En este contexto, Fedea calcula que la medida podría reducir el crecimiento medio anual del PIB en seis décimas durante dos años, y el crecimiento del empleo en ocho décimas. Esto equivaldría a una pérdida de 9.000 millones de euros anuales para la economía, acumulando un total de 18.000 millones en los dos años evaluados en el estudio. Esta reducción en la producción empresarial y en los empleos que no se generarían sería inevitable a menos que el Gobierno adopte medidas para compensar al sector privado. En la más reciente actualización de las previsiones económicas, publicada el pasado martes, el Gobierno estimó que el PIB nominal alcanzaría los 1,498 billones de euros, un aumento de 36.000 millones en comparación con las proyecciones anteriores. El informe también señala el impacto que tendría una reforma sin el acuerdo de las empresas, en particular en el sector turístico, que representa el 12% del PIB. Según Exceltur, la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial supondría una pérdida de 5,7 millones de horas de trabajo semanales, lo que obligaría a contratar más personal, con un coste anual de 2.348 millones de euros. Esto implicaría un aumento del 4,9% en los costos laborales del sector turístico y una reducción promedio del 8,1% en sus beneficios anuales. El informe de Fedea fue elaborado por los profesores J. Ignacio Conde-Ruiz, Jesús Lahera y Analía Viola, mientras que el análisis del impacto económico en el PIB y el empleo fue realizado por los profesores Arellano, García y Ulloa. Fedea advierte que la reducción de la jornada laboral debe ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos, y no una imposición unilateral. Además, recalca que este asunto debe gestionarse a través de la negociación colectiva. Según el informe, imponer una reducción generalizada de la jornada laboral mediante una ley, como propone el Gobierno, tendría importantes consecuencias jurídicas y económicas que deben ser cuidadosamente analizadas. Además de sus repercusiones en la economía y el empleo, una regulación uniforme para todas las empresas, sin tener en cuenta sus particularidades, podría llevar a que, en las negociaciones colectivas, las empresas adopten posturas más restrictivas respecto a los permisos retribuidos, el tiempo libre e incluso la desconexión digital. Esto podría generar efectos no deseados para los trabajadores, alterando el equilibrio entre tiempo de trabajo y salario. En conclusión, Fedea afirma que modificar la jornada laboral máxima fuera del ámbito de la negociación colectiva no sólo altera el equilibrio entre tiempo y salario, sino que también afecta la organización del tiempo de trabajo, lo que podría terminar perjudicando a los trabajadores de forma imprevista.

READ MORE

(El País, 27-09-2024) | Laboral

Bruselas abre un expediente a España por no retribuir las dos últimas semanas del permiso parental

La Comisión Europea ha comunicado este jueves que ha iniciado un "procedimiento de infracción" contra España por no cumplir con la directiva comunitaria que exige retribuir las dos últimas semanas del permiso parental. Esta normativa debía ser incorporada a las legislaciones nacionales de los Estados miembro antes de agosto pasado, de acuerdo con la directiva sobre conciliación, que establece requisitos mínimos para promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y garantizar un trato equitativo en el trabajo. La directiva europea, según explica la Comisión, entró en vigor en julio de 2019, pero se otorgó un plazo a los gobiernos para adaptarse. La mayoría de sus disposiciones se postergaron hasta agosto de 2022, mientras que la obligación de pagar las dos últimas semanas del permiso parental se fijó para dos años después. De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, España no ha cumplido con el plazo para comunicar la transposición completa de este último elemento, motivo por el cual Bruselas ha iniciado el procedimiento sancionador. Este proceso comienza con el envío de una carta de emplazamiento, que constituye el primer paso formal. A partir de ahora, el Gobierno español dispone de dos meses para responder o tomar las medidas necesarias. Si la situación no se corrige en ese plazo, la Comisión podría emitir un dictamen motivado, lo que abriría un nuevo periodo de diálogo antes de decidir si se procede a la tercera y última fase, que implicaría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En agosto pasado, cuando venció el plazo para cumplir con la obligación de retribuir las dos últimas semanas del permiso parental, el Ministerio de Trabajo y Economía Social declaró que Bruselas podría multar a España con al menos 7 millones de euros por el incumplimiento, una cantidad que aumentaría si persistía la falta. Sin embargo, el anuncio del Ejecutivo comunitario de este jueves marca el primer paso del expediente sancionador. Para que se imponga una sanción económica, el caso tendría que llegar al TJUE, que es el órgano competente para dictar este tipo de medidas.

READ MORE

(El Economista, 27-09-2024) | Laboral

El TJUE rechaza resolver de inmediato si España debe hacer fijos a los interinos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha rechazado la solicitud del Tribunal Supremo de España para que aclare de forma urgente si se debe hacer fijos, como si fueran funcionarios, a los interinos que han encadenado abusivamente contratos temporales durante años en la Administración. El TJUE ya se ha pronunciado en dos ocasiones este año, en febrero y junio, afirmando que una posible sanción para la Administración por no convocar oposiciones y abusar de los interinos es convertir a estos trabajadores en empleados fijos. Sin embargo, el Tribunal Supremo se muestra en desacuerdo con este criterio, argumentando que su doctrina establece que el acceso a la condición de funcionario debe realizarse mediante pruebas que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y no discriminación, tal como exige la Constitución. A pesar de los fallos del TJUE, el Supremo planteó una nueva cuestión prejudicial al tribunal europeo para que aclare si la normativa comunitaria está en contra de su jurisprudencia, que insiste en que se deben respetar estos principios para acceder a la función pública. Además, solicitó que se aclare si sería suficiente con indemnizar al interino cuando finaliza su relación laboral abusiva como medida disuasoria para la Administración, en lugar de hacerlos fijos. El Supremo también pidió al TJUE que su asunto se tramitara por el procedimiento acelerado, debido a la "necesidad de unificar criterios judiciales" y la "importancia de la cuestión en la sociedad española", dada la alta tasa de empleo temporal en el sector público. Este procedimiento de urgencia permitiría fijar rápidamente una vista y conceder un plazo de 15 días para que las partes presenten sus alegaciones. No obstante, el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, rechazó la solicitud del Supremo en un auto del 4 de septiembre. Argumentó que "una discrepancia en la interpretación del Derecho de la Unión entre tribunales nacionales no es suficiente por sí misma para justificar un procedimiento acelerado". Además, afirmó que "el gran número de personas afectadas por la cuestión no constituye una circunstancia excepcional que justifique este procedimiento". Aun así, Lenaerts señaló que, aunque no es necesario resolver el asunto de inmediato, se le dará prioridad frente a otros casos. Esta decisión deja en una situación incierta a miles de interinos que reclaman ser convertidos en fijos tras años de contratos temporales abusivos. Muchos tribunales inferiores ya están otorgando la fijeza a estos trabajadores basándose en las anteriores sentencias del TJUE. Sin embargo, debido a las dudas planteadas por el Supremo, que ha suspendido todos los casos hasta que el TJUE emita una nueva sentencia, las decisiones de los tribunales inferiores podrían ser recurridas por la Administración. Esto permitiría ganar tiempo mientras el alto tribunal español no modifique su doctrina. A finales de 2023, en España había 3,5 millones de empleados públicos, de los cuales un millón eran temporales.

READ MORE

(El Economista, 27-09-2024) | Laboral

La Audiencia Nacional prohíbe compensar los gastos de teletrabajo con días libres a los trabajadores

La Audiencia Nacional ha dictaminado que las empresas no pueden compensar los gastos del teletrabajo con días libres, ya que esta práctica no se ajusta a la ley. En una sentencia del 3 de junio, la sala de lo Social dio la razón a la demanda de conflicto colectivo presentada por la Federación de Servicios de CCOO contra la empresa DXC. A finales de 2023, la empresa ofreció a los trabajadores la opción de realizar el 100% de su jornada laboral de forma remota, voluntariamente. No obstante, se reservaba el derecho de requerir la presencia física del trabajador "por necesidades organizativas y de coordinación de proyectos", limitando esta presencialidad al 20% de la jornada laboral mensual, sin posibilidad de acumular el porcentaje no usado para meses posteriores. DXC proporcionó a cada empleado un equipo informático con una vida útil de cinco años y decidió compensar los gastos derivados del teletrabajo con dos días de libre disposición al año, en lugar de con una compensación económica. Sin embargo, la sentencia señala que la empresa se arrogó unilateralmente el derecho de modificar el porcentaje de teletrabajo, requiriendo presencialidad dentro del límite del 20%, lo cual altera el acuerdo inicial de trabajo a distancia. La sala también subraya que, según la Ley de Trabajo a Distancia de 2021, corresponde a las empresas cubrir los gastos del teletrabajo, y que los convenios colectivos deben determinar cómo se hará dicha compensación. En este caso, el convenio colectivo del sector de consultoría, al que pertenece DXC, establece que los teletrabajadores deben recibir 17 euros brutos mensuales como compensación por gastos, una cantidad no absorbible ni compensable con otros conceptos. Esta cantidad, que no es salario, se aplica a empleados que trabajen a distancia el 100% de su jornada. Para aquellos que teletrabajan a tiempo parcial o de forma mixta, se debe abonar la parte proporcional, según la sentencia. Estos 17 euros cubren todos los gastos relacionados con el teletrabajo, como suministros, agua o el uso de espacios, concluyen los magistrados.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF