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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

Díaz encarga un informe para promover que los trabajadores entren en los consejos de administración

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará este jueves un nuevo grupo de expertos en democracia laboral, cuyo objetivo será elaborar, antes de septiembre, una propuesta que facilite la incorporación de los trabajadores a los consejos de administración de las empresas. Esta iniciativa, que Díaz ha defendido durante años, toma forma con la creación de un comité liderado por la profesora Isabel Ferreras, directora del Fondo Nacional de Investigación Científica (FNRS) e investigadora en Harvard y Oxford, según ha podido confirmar este medio y ha anunciado posteriormente el Ministerio. El concepto de democracia en el trabajo busca fomentar la participación de los empleados en la gestión de las empresas y, en particular, en la toma de decisiones. La entrada de los trabajadores en estos órganos será el eje central del debate impulsado por la vicepresidenta segunda, coincidiendo con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha generado controversia en torno al IRPF, y con la inminente tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, aún sin apoyos asegurados. No obstante, el comité abordará también otros aspectos dentro del marco de "priorizar la democracia sobre los intereses económicos", según fuentes del Ministerio. El equipo de expertos estará compuesto por académicos de prestigio, entre ellos Jeremias Adams-Prassl (Universidad de Oxford), Julie Battilana (Harvard Business School), Antonio Baylos (Universidad de Castilla-La Mancha), Benjamin Braun (London School of Economics), Isabel-Gemma Fajardo-García (Universidad de Valencia), Sergio González Begega (Universidad de Oviedo), Francisca María Ferrando García (Universidad de Murcia), Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco), Sara Lafuente Hernández (Universidad de Bruselas e Instituto Sindical Europeo), Erinch Sahan (Doughnut Economics Lab), Vicente Salas (Universidad de Zaragoza) y Edurne Terradillos (Universidad del País Vasco). Fuentes cercanas al proyecto destacan su enfoque "vanguardista", basado en el artículo 129 de la Constitución Española, que establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas, además de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Si bien este artículo ha servido tradicionalmente para justificar derechos como la huelga o la representación sindical en las empresas, el nuevo comité pretende ir un paso más allá. Díaz ha decidido retomar esta iniciativa incluida en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, que contempla "impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en sus empresas en el marco del diálogo social". La ministra ha puesto en marcha este proyecto en un momento de tensión con el sector empresarial debido a recientes negociaciones, además de los desacuerdos con otros responsables socialistas del área económica del Ejecutivo. En particular, ha protagonizado desencuentros con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación con la reducción de jornada, y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a raíz de la decisión de no modificar el mínimo exento de IRPF, lo que hará que aproximadamente un 20% de los perceptores del SMI tengan que tributar tras la última subida.

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(El Periódico, 20-01-2025) | Laboral

Cuerva acelera la convocatoria de elecciones en Cepyme en plena pugna con Garamendi

La disputa entre Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, y Antonio Garamendi, líder de la CEOE, sigue intensificándose dentro de la gran patronal española. Tras la decisión de la junta directiva de Cepyme de restringir la delegación del voto este martes, una medida que favorece a Cuerva y perjudica a Garamendi, el primero ha optado por acelerar el proceso electoral para dificultar la organización de una candidatura rival impulsada por el presidente de la CEOE. Según fuentes cercanas, Cuerva, cuyo mandato finaliza este año, pretende convocar elecciones "lo antes posible". El conflicto, que llevaba meses gestándose de manera discreta, salió a la luz pública a finales de enero. Garamendi, que ha perdido la confianza en Cuerva, ha estado explorando posibles candidatos para relevarlo al frente de Cepyme en las elecciones previstas para 2025. Paralelamente, ha intentado persuadir a Cuerva para que abandone el cargo de manera negociada, ofreciéndole un puesto honorífico, pero este se ha negado y ha decidido presentar batalla. Ante la falta de un candidato claro por parte de Garamendi, Cuerva ha optado por adelantar el calendario electoral, convocando elecciones en la primera mitad del año en lugar de esperar hasta finales de 2025, ya que considera que este adelanto le otorga ventaja. Como parte de su estrategia, la junta directiva de Cepyme aprobó una reforma de su reglamento interno que limita la posibilidad de delegar el voto. En un comunicado, Cepyme argumentó que esta medida busca garantizar una participación activa de sus asociaciones miembro en la toma de decisiones, asegurando que el voto sea ejercido de manera independiente y confidencial, en línea con sus estatutos. Desde el entorno de Garamendi han confirmado que presentarán un candidato para disputar la presidencia de Cepyme, aunque todavía no han oficializado ningún nombre. Entre los posibles aspirantes se barajan figuras como Fermín Albaladejo, presidente de los jóvenes empresarios; Enrique Conde, representante de la CEOE en Cantabria; y Javier González de Lara, líder de la patronal andaluza. La pugna entre Garamendi y Cuerva se libra también en el ámbito técnico y organizativo. Mientras que Cuerva consiguió el respaldo de la junta directiva de Cepyme para limitar la delegación de voto -donde cuenta con mayor apoyo de los empresarios afiliados-, Garamendi ha ejercido su influencia en el comité ejecutivo, un órgano más reducido en número de miembros, que hasta ahora había frenado esta iniciativa. Con estos movimientos, la lucha por el control de Cepyme continúa escalando.

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(El Economista, 19-02-2025) | Laboral

Los planes de pensiones pierden 10.000 millones de euros desde la reforma de Escrivá

Los planes de pensiones del sistema individual han dejado de recibir cerca de 10.000 millones de euros en patrimonio desde 2021, año en el que se implementó la primera reducción del límite de aportaciones a estos productos de inversión. Esta medida formó parte del plan impulsado por el entonces ministro de Seguridad Social y actual presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, con el objetivo de fomentar los planes de empleo. Ese año, el tope máximo de aportaciones se redujo drásticamente de 8.000 a 2.000 euros, y en 2022 se estableció un nuevo límite de 1.500 euros. Desde entonces, los planes individuales solo han conseguido aumentar su patrimonio gracias al buen desempeño de los mercados financieros. En 2023, cerraron con un total de 92.242 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Sin embargo, las salidas netas de dinero han sido constantes. En 2021, los reembolsos superaron a las aportaciones en 152 millones de euros, cifra que ascendió a 666 millones en 2022 y a 814 millones en 2023. Aunque en 2024 la fuga de capital se redujo ligeramente a 760 millones, estas cifras siguen sin compensar la caída en las aportaciones brutas. Además, las prestaciones pagadas, que en los últimos dos años han superado los 2.300 millones de euros, han acentuado la reducción del patrimonio total. Según cálculos de Inverco, si se mantiene el límite actual de aportaciones, los planes de pensiones individuales dejarán de recibir 2.700 millones de euros anuales en aportaciones brutas. No obstante, la asociación de gestoras no ha podido determinar con precisión hacia dónde se ha redirigido ese capital, a pesar del aumento registrado en los fondos de inversión de perfil conservador. En cuanto a los planes de empleo, el lanzamiento de productos simplificados, como el del sector de la construcción, ha permitido que por primera vez en trece años cerraran el ejercicio con captaciones netas, aunque por un monto modesto de 170 millones de euros. A pesar de ello, los planes de promoción pública aún no han logrado despegar. Por este motivo, Inverco insiste en la necesidad de incluir en los convenios colectivos la obligatoriedad de debatir su implementación, aunque esto no implique su adopción definitiva. "La clave para el éxito de los planes de empleo está en la negociación colectiva", afirmó José González, presidente de la agrupación de fondos de pensiones de Inverco, durante un encuentro con la prensa.

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(Expansión, 18-02-2025) | Laboral

El SEPE tiene disponibles más de mil ofertas de teletrabajo para jóvenes y mayores de 45 años

El portal de empleo Empléate, gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuenta actualmente con 1.068 ofertas de trabajo dirigidas tanto a personas mayores de 45 años como a jóvenes en situación de desempleo. Estas vacantes incluyen opciones de trabajo remoto o en modalidad híbrida, que combina la presencialidad con el teletrabajo. La mayoría de los puestos ofrecen contratos indefinidos a jornada completa y no requieren experiencia previa. Empléate es una plataforma de la agencia pública de empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que conecta directamente a empresas y candidatos. Actualmente, alberga más de 81.000 empresas registradas y cerca de 800.000 usuarios, ofreciendo oportunidades laborales en sectores diversos, desde ingeniería en telecomunicaciones hasta operarios en el ámbito agropecuario. En este momento, el portal dispone de 26.746 ofertas de empleo en el sector privado y 8.468 en el ámbito público. Para acceder a estas oportunidades, los interesados deben registrarse en la plataforma y aplicar los filtros de búsqueda adecuados, como la opción de teletrabajo, el nivel de experiencia requerido y, si lo desean, seleccionar una comunidad autónoma o provincia específica. Según la web Infoemplea2, algunas de las vacantes disponibles incluyen empleos en el sector cosmético y de la nutrición, auxiliares administrativos, teleoperadores, jefes de obra, agentes comerciales, auditores internos o programadores especializados en Big Data. Para postularse a cualquiera de las 1.068 ofertas activas en el portal del SEPE, basta con acceder a Empléate, seleccionar la oferta de interés y seguir el enlace que redirige a la empresa contratante para completar la inscripción.

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(El País, 18-02-2025) | Laboral

Los ERTE por la DANA protegieron a 31.400 trabajadores el año pasado

El año pasado, cerca de 190.000 trabajadores vieron modificadas sus condiciones laborales debido a reducciones involuntarias de jornada, suspensión de contrato o despidos. Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, esta cifra supone un aumento de 8.000 empleados respecto a 2023 (+4,45%). Uno de los principales factores detrás de este incremento fueron los estragos causados por las inundaciones provocadas por la DANA en la provincia de Valencia el pasado octubre. Las lluvias afectaron directamente las condiciones laborales de 31.442 empleados, quienes recurrieron a los ERTE habilitados como medida de protección. En términos absolutos, en 2024 se registraron 867 despidos y 7.197 suspensiones de contrato o reducciones de jornada más que en los 12 meses anteriores. Los datos del Ministerio reflejan que de los 189.203 trabajadores afectados a lo largo del año, 37.372 (19,8%) lo fueron por despidos colectivos, mientras que la mayoría, 151.831 (80,2%), sufrieron suspensión de contrato o reducción de jornada. En comparación con el año anterior, ambas cifras representan incrementos del 2,4% y el 5%, respectivamente. El impacto de la DANA y la activación de ERTE -como ocurrió durante la pandemia- se evidencian especialmente en el segundo grupo, ya que 31.442 trabajadores se acogieron a este mecanismo. Esto significa que prácticamente una de cada cinco suspensiones o reducciones de jornada estuvo vinculada a este sistema de protección. Como era de esperar, la Comunidad Valenciana fue la región con mayor número de intervenciones laborales en 2024, influida por las inundaciones. En este territorio se registraron 4.761 despidos, 57.432 suspensiones de contrato (la opción más utilizada para enfrentar la paralización económica) y 1.696 reducciones de jornada, afectando a un total de 63.889 empleados, de los cuales 53.838 pertenecen a la provincia de Valencia. Cataluña (19.062 trabajadores afectados) y Navarra (18.525) completan la lista de las regiones con mayor impacto laboral. Los principales motivos que llevaron a modificar las condiciones laborales fueron la reducción de la producción (85.519 casos), la fuerza mayor (37.255) y las razones económicas (32.260). Estos factores encajan con la aplicación de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP). Mientras que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada se justificaron principalmente por la caída en la producción, los despidos se fundamentaron en razones económicas, sobre todo en el aumento de pérdidas empresariales (18.498 casos). En cuanto a la distribución por género, la mayoría de los afectados fueron hombres (133.529), mientras que las mujeres representaron 55.674 casos. No obstante, el número de hombres afectados disminuyó un 0,8% respecto a 2023, mientras que el de mujeres aumentó un 19,6% (9.112 más que el año anterior). Por sectores, la industria fue la más perjudicada, con 113.836 trabajadores afectados, incluyendo 99.647 suspensiones de contrato y 5.538 reducciones de jornada, siendo el sector con mayores cifras en ambas categorías. Le siguieron los servicios (69.464 afectados), la construcción (4.213) y el sector agrario (1.690). Sin embargo, el sector con más despidos fue el de servicios, con 26.266 ceses. Si se analiza por actividad económica, el sector de telecomunicaciones lideró los despidos colectivos con 4.337 casos, seguido del comercio mayorista e intermediarios del comercio (2.733) y la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (2.383). En cuanto a las suspensiones de contrato, la industria automotriz fue la más afectada, con 52.724 casos, seguida de la metalurgia (6.900) y los servicios de comidas y bebidas (6.318). Por su parte, las reducciones de jornada fueron más comunes en la fabricación de bebidas (690), la fabricación de material y equipo eléctrico (640) y el comercio mayorista e intermediarios del comercio (596). Al igual que en el caso de los despidos, la principal causa de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada fue la disminución de la producción, con 71.978 casos registrados. Las empresas más pequeñas, con menor capacidad de adaptación, fueron las más afectadas por los despidos. Las compañías de hasta 49 empleados acumularon 12.693 ceses, superando a aquellas con plantillas de entre 50 y 249 trabajadores, que registraron 9.999 despidos.

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(El País, 18-02-2025) | Laboral

El Perte de economía social ya ha movilizado 2.500 millones de euros

El Gobierno ha realizado este lunes un balance sobre la implementación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocados en la economía social y los cuidados. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han movilizado hasta ahora 2.500 millones de euros, beneficiando a 4.400 entidades en todo el país. En la reunión, presidida por este departamento junto con otros ministerios implicados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que estos fondos representan más que simples cifras: "No se trata solo de números, sino de una apuesta real y concreta por otra forma de hacer política económica, una que no mide el éxito únicamente por el crecimiento del PIB, sino por el bienestar, la cohesión y la dignidad". La economía social, que también forma parte del nombre del ministerio de Díaz (Trabajo y Economía Social), engloba a entidades con un funcionamiento distinto al de las empresas tradicionales, como mutualidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, cofradías y sociedades laborales. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, este sector representa el 10% del PIB y genera alrededor de dos millones de empleos, tanto directos como indirectos. Entre los proyectos financiados con estos fondos se encuentran el plan integral de impulso a la economía social, la digitalización de entidades locales, una línea de apoyo contra la despoblación para fortalecer la cohesión territorial, programas para el crecimiento de pymes, ayudas a explotaciones agrarias de titularidad compartida, premios a la innovación de mujeres rurales, redes de investigación en cronicidad, atención primaria y promoción de la salud, la modernización de los servicios sociales, formación modular para mejorar la cualificación de personas desempleadas, la actualización del catálogo de cualificaciones en el sector de los cuidados, el plan Corresponsables y programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de trata, explotación sexual o en contextos de prostitución. El 92% de los 2.500 millones de euros asignados ya ha sido ejecutado y los recursos han sido distribuidos entre 10 ministerios. La mayor parte de los fondos ha sido gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales, que ha recibido 1.999 millones, lo que equivale al 80% del total. Educación y Formación Profesional ha manejado 204 millones (8%), mientras que Trabajo y Economía Social ha administrado otros 100 millones. Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha destinado 66,9 millones, lo que representa el 2,7% del total. En cuanto a la distribución territorial de los fondos, Andalucía ha recibido el 17% de los recursos, seguida por la Comunidad de Madrid con el 15%, la Comunidad Valenciana con el 10% y Cataluña con el 9%. Otras regiones con una asignación destacada incluyen Castilla y León (6,4%), Galicia (6,2%), Euskadi (4,8%) y Castilla-La Mancha (4,7%). Canarias ha recibido el 4,6%, Aragón el 3,8%, la Región de Murcia el 3,1%, Extremadura el 2,7%, Baleares el 2,6%, Asturias el 2,4%, y tanto Cantabria como Navarra han recibido el 1,6% cada una. La Rioja ha gestionado el 1,5%, mientras que Ceuta y Melilla han recibido un 0,5% cada una. Además, un 2,7% de los fondos se han destinado a proyectos de ámbito estatal. El Ministerio de Trabajo ha destacado que el impacto de estos fondos ha sido significativo en distintos ámbitos: el 96% del presupuesto ha beneficiado a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, el 85% ha tenido un efecto a nivel local, el 68% se ha dirigido a iniciativas de innovación y el 65% ha contribuido a la reducción de la brecha de género.

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(El Economista, 18-02-2025) | Laboral

Empresarios catalanes vuelven a verse con Puigdemont para atar su "no" a la reducción de jornada

Nueva reunión en Waterloo entre el empresariado catalán y Carles Puigdemont. La influencia de Junts per Catalunya en la gobernabilidad de España ha llevado a representantes del sector empresarial a viajar a Bélgica para negociar directamente con el líder independentista. Su voto es clave para la aprobación de medidas como la reducción de la jornada laboral, sobre la cual Junts ha mantenido una postura ambigua en las últimas semanas. Según ha podido saber elEconomista.es, una delegación integrada por miembros de Cecot, Comertia y Retailcat se reunirá con Puigdemont el 19 de febrero en su residencia en Bruselas. No es la primera vez que empresarios catalanes se desplazan hasta Bélgica con este objetivo. Recientemente, un grupo de industriales del metal, liderados por Jaume Roura, también viajó para tratar de influir en la posición de Junts respecto al proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, actualmente en tramitación parlamentaria. Se prevé que este tipo de encuentros continúe en las próximas semanas. Por parte de Cecot, acudirán Xavier Panés y Oriol Alba, presidente y secretario general de la patronal, respectivamente. Cecot, una confederación gremial con gran peso en el Vallès, está integrada en Foment del Treball y mantiene una estrecha relación con el entorno de Junts. De hecho, la entidad fichó en su momento a Josep Rull, actual presidente del Parlament, como comisionado de energía tras ser indultado. Aunque la organización mantiene contacto con todas las fuerzas políticas catalanas, su vínculo con el espacio posconvergente le otorga una vía directa para influir en las decisiones de Puigdemont. También formarán parte del viaje Ignasi Pietx, presidente de Comertia, y Joan Carles Calbet, presidente de Retailcat. Ambas asociaciones desempeñan un papel clave en el comercio catalán y tienen un peso económico considerable. Comertia agrupa a 60 empresas y 160 marcas comerciales con más de 3.200 puntos de venta y una facturación superior a los 10.000 millones de euros, mientras que Retailcat representa a 40.000 establecimientos comerciales, que en conjunto suponen el 8% del PIB catalán. Los empresarios expresarán a Puigdemont su preocupación por el impacto que la reducción de la jornada laboral podría tener en las pequeñas y medianas empresas. Junts ha insinuado su disposición a apoyar la jornada de 37,5 horas semanales si se acompaña de ayudas a las pymes, pero las patronales alertan de que la medida, si se aplica sin tener en cuenta la productividad y el esfuerzo fiscal, podría afectar negativamente al tejido productivo. Además, critican que la decisión se tome al margen del diálogo social. En el trasfondo de estas negociaciones, persiste el temor de que Junts llegue a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo en torno a la reducción de jornada a cambio de concesiones en otras áreas, como el traspaso de competencias en inmigración o incluso un posible indulto para Laura Borràs, cuya condena por prevaricación y falsedad documental fue ratificada por el Tribunal Supremo la semana pasada.

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(Expansión, 17-02-2025) | Laboral

El salario mínimo supera el 70% del sueldo medio en casi la mitad de las provincias

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya supera el 60% del salario medio neto en el 92% de las provincias españolas. Cepyme alerta sobre el impacto negativo que esto puede tener en los márgenes y la rentabilidad de las pequeñas empresas. La reciente subida del SMI a 1.184 euros mensuales para 2025 se suma a un incremento acumulado del 61% en los últimos seis años, lo que no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores que, por primera vez, deberán tributar el IRPF. El coste adicional para el tejido productivo, debido al aumento de la base mínima de cotización, se estima en unos 2.200 millones de euros, sin contar las gestiones administrativas que los empleadores deberán asumir en términos de retenciones, ingresos y declaraciones para los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores afectados. Este contexto impacta especialmente a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos con empleados a su cargo, quienes ya enfrentan un aumento de los costes laborales debido a distintas medidas destinadas a reforzar los ingresos y la recaudación del Estado. En total, entre el incremento del SMI, la subida de la base máxima, el mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad, el coste adicional para las empresas en 2025 rondará los 8.000 millones de euros. Cepyme, la principal organización empresarial de pymes en España, advierte de las repercusiones económicas de esta fuerte revalorización del salario mínimo. No solo encarece los costes laborales, sino que también genera un efecto en cadena en las tablas salariales de muchas empresas, especialmente en los niveles más cercanos al SMI, dificultando la negociación de convenios colectivos. Además, afecta la rentabilidad de los negocios, en especial los más pequeños. Según el informe "Salarios. Repercusión de la subida del SMI en la pyme española" de Cepyme, el impacto es aún más perjudicial cuando el incremento salarial no está vinculado a la productividad, un factor que la organización ha intentado incluir en el debate sin éxito. De hecho, datos de Eurostat, la OCDE y el INE reflejan que, entre 2018 y 2024, España ha registrado la segunda peor evolución de la productividad entre los 34 países más avanzados, con una caída del 2,7%, mientras que la media de estos países ha aumentado un 4,7%. El estudio de Cepyme subraya que desvincular el crecimiento salarial de la productividad puede ser contraproducente, ya que eleva el coste laboral por unidad producida, fomenta el alza de precios, reduce la competitividad frente a mercados exteriores, incentiva la sustitución de trabajadores por tecnología y desincentiva la inversión y la contratación. El debate sobre la vinculación del salario mínimo al 60% del sueldo medio en España, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea, ha sido la base para la revalorización del SMI en los últimos seis años. Actualmente, según Cepyme y datos del INE, el salario mínimo neto ya representa el 61,8% del sueldo medio neto en España. Sin embargo, esta proporción es aún mayor en el ámbito provincial, superando el 60% en el 92% de las provincias, salvo en Castellón (59,4%), Guipúzcoa (58,1%), Madrid (56,2%) y Álava (51,2%). En casi la mitad de las provincias, el SMI ya supone más del 70% del salario medio. Las cinco provincias con mayor impacto son Ávila (82,9%), Zamora (81,1%), Toledo (78,2%), Alicante (78%) y Salamanca (79,9%). Si se considera el salario medio de empresas con hasta 50 trabajadores dentro de cada provincia, el peso del SMI es aún más significativo, llegando a igualarse en algunos casos. En 35 provincias, supera el 75% del salario medio neto. En Ávila, por ejemplo, alcanza el 95,1%, en Zamora el 93,1% y en otras provincias como Toledo (89,7%), Alicante (89,4%), Salamanca (89,2%) y Badajoz (89,1%) roza el 90%.

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(El País, 17-02-2025) | Laboral

La mejora del 41% en las primas de Muface despierta el interés del sector

La licitación del nuevo concierto sanitario de Muface está en plena ebullición. El contrato con el que el Gobierno busca aseguradoras privadas para prestar atención médica a 1,53 millones de funcionarios y sus familiares pasó de quedar desierto el pasado 5 de noviembre a despertar el interés de compañías como Sanitas, Mapfre y Axa, que están analizando las condiciones del acuerdo tras años de ausencia en este modelo de colaboración público-privada. Estas empresas se suman a Adeslas, Asisa y DKV, que ya forman parte del concierto 2021-2024 (prorrogado hasta abril) y han confirmado que también están evaluando la nueva propuesta. El pliego actual contempla una mejora del 41,2% en la remuneración que recibirán las aseguradoras por atender a los empleados públicos, un incremento significativo que responde a la presión del sector para aumentar las aportaciones a un sistema que llevaba tiempo infrafinanciado y generando pérdidas. En un primer intento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública propuso un alza del 17% en la prima media, pero no obtuvo ninguna oferta. Luego, en un segundo intento, elevó la propuesta hasta el 33,5%, con la única respuesta positiva de Asisa. Esto llevó al Gobierno a mejorar aún más la oferta actual, que también incluye la posibilidad de compensaciones en caso de pérdidas. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconoció durante la presentación de resultados de la compañía que, hasta la última propuesta del ministerio, la aseguradora tenía claro que no participaría en el concierto de Muface. Sin embargo, ahora, con las nuevas condiciones, analizarán detenidamente el contrato antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, Huertas subrayó que Mapfre se encuentra en una posición cómoda en el sector de seguros de salud y no siente presión para regresar a este modelo, del que salió en 2009. Otras compañías que en su momento formaron parte del concierto y luego optaron por retirarse también están revisando con detalle el nuevo marco contractual. Sanitas, la segunda mayor aseguradora de salud en España, dejó de participar en Muface en 2013 y, aunque ahora está estudiando el pliego, fuentes cercanas a la empresa señalan que es poco probable que cambie su postura, debido a las dificultades que históricamente ha supuesto este convenio. Axa es otra de las aseguradoras que está analizando las condiciones. Aunque nunca formó parte directamente del concierto, su filial Igualatorio de Cantabria sí estuvo presente hasta que la aseguradora francesa la adquirió hace cinco años y decidió abandonar el acuerdo. Con la reciente mejora del 41,2%, Axa ha optado por volver a evaluar la posibilidad de presentarse. Las compañías interesadas en participar tienen hasta el 4 de marzo para formalizar su candidatura. A diferencia de otras contrataciones públicas, este proceso no se basa en una licitación competitiva, sino en un contrato marco al que pueden sumarse todas las aseguradoras que cumplan con los requisitos establecidos. A pesar del renovado interés en el sector, persisten dudas sobre si alguna de las empresas que estaban fuera del concierto se atreverá a dar el paso. "Es una decisión compleja, porque entrar en Muface puede desviar el foco de otros negocios estratégicos. Hay que estudiarlo con mucha cautela", señala el consejero delegado de una de las compañías implicadas. Tanto Asisa como SegurCaixa Adeslas -participada en un 50% por Mutua Madrileña y CaixaBank- han declarado que la mejora de la prima propuesta por el Ejecutivo ahora sí responde a sus demandas. Por su parte, DKV también está revisando el contrato, aunque su interés por volver a participar parece menor. Las mutualidades de funcionarios tienen su origen en el franquismo, cuando se crearon para ofrecer asistencia médica a los empleados públicos antes de la instauración de la sanidad universal. Con la llegada de la democracia, el sistema se reorganizó y quedó reducido a tres grandes mutualidades: Muface, la más grande, que cubre a profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones e inspectores de Hacienda; Isfas, que atiende a militares y guardias civiles; y Mugeju, destinada a jueces, fiscales y personal de la administración de justicia. En total, estas mutualidades agrupan a 1,5 millones de funcionarios, y si se suman sus familiares directos, el número de beneficiarios supera los dos millones de personas. Sin embargo, solo un tercio de los empleados públicos en España está bajo el modelo Muface, ya que la mayoría de trabajadores municipales y autonómicos -excepto los docentes- no tienen acceso a este sistema. Con el actual modelo de mutualismo, los funcionarios pueden elegir cada año entre la sanidad pública o privada, aunque la tendencia ha ido cambiando con el tiempo: actualmente, el 75% sigue optando por la sanidad privada, aunque esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos años.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

Sumar lleva al Congreso la extensión de la baja de paternidad hasta las 20 semanas

Sumar mantiene su estrategia de presión sobre el PSOE y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas hasta las veinte semanas para ambos progenitores, en lugar de las dieciséis actuales. Esta medida forma parte del acuerdo de coalición firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el que también se incluyó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio. No obstante, la ampliación de este permiso podría entrar en conflicto con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la productividad. Hace un año, el FMI advirtió en un informe que las bajas parentales podrían generar una brecha entre las horas trabajadas realmente y las habituales, lo que resultaría en una reducción efectiva del tiempo de trabajo sin modificar el horario oficial. En este sentido, el organismo considera que la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, que en España es igualitario para ambos progenitores -a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos-, es uno de los factores que explican el lento crecimiento de la productividad en el país, que lo sitúa como el quinto socio de la UE con menor avance en este ámbito. A pesar de estos obstáculos, Sumar insiste en cumplir con el pacto de Gobierno y presiona al PSOE para que lo lleve a cabo. "Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de sus hijos que los hombres. Mientras ellas invierten 6,7 horas diarias en esta tarea, los hombres destinan 3,7 horas", señala la formación de Yolanda Díaz en su iniciativa. Además, reclaman la remuneración del permiso parental de ocho semanas, en cumplimiento con la normativa europea de junio de 2019. Esta exigencia ya provocó fricciones con el PSOE el pasado septiembre, cuando Sumar acusó al Ministerio de Hacienda de bloquear la medida, que aún no ha sido implementada. La incertidumbre sobre la capacidad de María Jesús Montero para sacar adelante unos Presupuestos viables en el Parlamento ha llevado a Sumar a intensificar su ofensiva legislativa, con el objetivo de presionar al PSOE para que apruebe el conjunto de medidas sociales pendientes desde noviembre de 2023. A esta disputa se suma el desacuerdo entre Sumar y Hacienda sobre la exención del IRPF tras la última subida del salario mínimo, una medida que el Ministerio se resiste a aplicar. Para contrarrestarlo, la formación ha presentado una proposición de ley en el Congreso para forzar una rectificación, aunque Díaz sigue explorando una posible solución negociada con el Ejecutivo. Paralelamente, Sumar insiste en que Montero acelere la implementación de la ayuda universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de seis años e integre esta prestación en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, una cuestión que aún está en negociación con diversas fuerzas parlamentarias. Sin embargo, la ofensiva social de Sumar no se detiene ahí. Entre las iniciativas registradas recientemente en el Congreso, destaca otra PNL que exige a Sánchez una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La propuesta busca reducir el tiempo entre la concesión de la prestación y su revisión, simplificar los trámites administrativos y permitir que los solicitantes solo necesiten presentar una declaración responsable en casos de emergencia, como ocurrió con la DANA en octubre. "Según la AIReF, solo un 36% de los hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda la reciben, en gran parte debido a la complejidad burocrática. Es necesario solucionar esto", sostienen fuentes de Sumar. "La política social no recibe la atención que debería en el debate público, a pesar de que afecta directamente la vida de millones de personas", expresó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una entrevista con Onda Cero el viernes. Mientras tanto, Hacienda mantiene en secreto las negociaciones sobre los Presupuestos.

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