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(El Economista, 27-09-2024) | Laboral

La mitad de los funcionarios y empleados del Estado están acogidos al teletrabajo

El 49,15% de los empleados públicos y laborales de la Administración del Estado realizan su trabajo de manera remota hasta tres días por semana, de acuerdo con los datos de la Administración General del Estado proporcionados por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, actualizados al 1 de julio de 2024. Este porcentaje representa que 86.022 trabajadores del total de 175.032 de la Administración del Estado teletrabajan. De estos, 29.075 (17%) son personal de apoyo administrativo, 26.492 (15%) ocupan puestos de gestión, 27.868 (16%) son mandos intermedios y 2.617 (1%) son directivos. Hasta el 1 de julio, el número de empleados que trabajaban a distancia era de 86.482, cifra que ascendió a 87.618 en mayo. Estos datos son considerablemente superiores a los 70.877 trabajadores registrados en enero de 2024 y más del doble de los 42.758 efectivos contabilizados en noviembre de 2022, primera fecha en la que se empezaron a recoger estos datos. La mayoría de los empleados (53%) teletrabajan tres días por semana, un 19% lo hacen durante dos días, y el 28% lo realiza mediante medidas excepcionales, ajustadas a criterios específicos. Por género, 26.427 mujeres teletrabajan tres días a la semana, mientras que 13.997 lo hacen mediante medidas excepcionales y 9.725 dos días. En el caso de los hombres, 19.417 teletrabajan tres días, 9.636 bajo medidas excepcionales y 6.820 dos días por semana. En total, de los 86.022 empleados que trabajan a distancia, 50.149 son mujeres y 35.873 son hombres. Los ministerios con mayor número de trabajadores remotos son los de Hacienda, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según el informe. El teletrabajo está regulado por el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de la AGE y las entidades del sector público institucional estatal (Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo), cuyo objetivo es fomentar el trabajo a distancia para reducir tanto el impacto energético de los desplazamientos al lugar de trabajo como el consumo de energía en las oficinas debido a la presencia física de los empleados. Son elegibles para teletrabajar aquellos puestos que pueden realizarse de manera autónoma y sin supervisión presencial, siempre que se cuente con los medios necesarios y las tareas puedan desempeñarse en las mismas condiciones que en la modalidad presencial. En general, el régimen de trabajo remoto es de tres días por semana, aunque por razones organizativas puede ser de dos días, y en casos excepcionales pueden establecerse otras modalidades.

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(La Vanguardia, 27-09-2024) | Laboral

Los sindicatos protestan ante las sedes de la CEOE

CCOO y UGT movilizaron ayer a miles de delegados sindicales en diversas ciudades de España para protestar frente a las sedes de la CEOE y Cepyme, denunciando lo que consideran una actitud obstructiva de los empresarios en las negociaciones con el Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin reducción salarial. Durante la concentración en Madrid, frente a la sede de la confederación empresarial, los líderes de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, arremetieron contra la patronal. Unai Sordo, secretario general de CCOO, calificó de "irresponsable" la "actitud dilatoria y de boicot" de la CEOE en las negociaciones para reducir la jornada laboral, afirmando que "a esta negociación le quedan dos telediarios". Según Sordo, los empresarios están aprovechando la "inestabilidad política" y la debilidad parlamentaria del Gobierno para intentar bloquear la medida en el Congreso. Además, pidió a la CEOE que "no siga haciendo perder el tiempo" a los sindicatos en este proceso. Por su parte, Pepe Álvarez acusó a la CEOE de haberse alineado con Junts, el partido independentista de Carles Puigdemont, "comprometiéndose a votar en contra de la reducción del tiempo de trabajo" cuando el tema se debata en el Congreso de los Diputados. Álvarez subrayó que el objetivo de los sindicatos es involucrar a la sociedad en un "debate profundo sobre la reducción de la jornada laboral". Añadió que, si logran generar ese debate, "la batalla estará ganada". Asimismo, Álvarez criticó duramente los salarios en el sector de la hostelería, señalando que "no encuentran trabajadores porque sus salarios son una miseria".

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(Expansión, 26-09-2024) | Laboral

El año que viene el sueldo medio de los españoles subirá un 3,5%, inferior al 4% registrado en 2024

El panorama de los incrementos salariales para el próximo año no es especialmente alentador. Según el último informe retributivo de Mercer, se estima que la subida salarial será del 3,5%, lo que supone medio punto menos que el año pasado. La buena noticia es que más empresas planean aumentar los sueldos: todas las compañías españolas encuestadas tienen previsto subir los salarios de sus empleados, frente al 98,5% que lo hizo en 2024. Este análisis se basa en más de 4.500 roles evaluados en 640 empresas españolas con al menos 100 empleados. ¿Quiénes tienen más probabilidades de recibir un aumento? Una vez más, el desempeño individual es el principal criterio para determinar quiénes recibirán un incremento salarial. Otros factores clave son la banda salarial, la inflación y la competitividad en el mercado laboral. El informe también señala que el 77% de las empresas españolas ya está ajustando sus estrategias de compensación, una cifra similar a la del año pasado. La mayoría de las compañías (96,6%) sigue ofreciendo incentivos a corto plazo, como bonificaciones. Además, ha crecido el número de organizaciones que ofrecen incentivos a largo plazo, como opciones sobre acciones, pasando del 51% en 2023 al 54% en 2024. Otra tendencia destacada es la adopción de la retribución flexible, un tipo de compensación que permite a los empleados destinar parte de su salario bruto a productos y servicios que la empresa ofrece a menor costo, lo que también permite beneficios fiscales. Sin embargo, esta modalidad no puede superar el 30% del salario bruto del trabajador. El estudio de Mercer revela que cada vez más empresas optan por la retribución flexible como forma de premiar a sus empleados. En concreto, el 42,5% de las empresas encuestadas ofrecen este tipo de beneficios. Entre los productos más comunes destacan el seguro de salud, que es ofrecido por el 80,4% de las empresas; los vales de transporte, disponibles en el 73,5%; y los cursos de formación o títulos superiores, que ya ofrecen el 67,8% de las organizaciones. Sin embargo, ha disminuido el número de empresas que brindan seguro de vida, pasando del 72,6% en 2023 al 70,7% en 2024. Los encuestados destacan su enfoque en atraer y retener talento, especialmente en los sectores de tecnología y ingeniería. Juanvi Martínez, líder del área de consultoría de capital humano de Mercer, señala que "las empresas deben adaptarse a las necesidades cambiantes de sus empleados, quienes buscan mayor flexibilidad, bienestar y seguridad financiera. Esto está impulsando cambios en las estrategias de compensación, algo que ya estamos observando en varias organizaciones". Finalmente, el informe concluye que, aunque el salario y los beneficios siguen siendo importantes para los empleados, estos ahora valoran más los modelos de trabajo flexibles, mayor tiempo libre y opciones para mejorar su bienestar.

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(Expansión, 26-09-2024) | Laboral

Trabajo ofrece a CEOE y Cepyme subvenciones en las cotizaciones sociales de los trabajadores como consecuencia de la reducción de jornada

Incluso se propone una bonificación del 100% para la contratación de parados mayores de 52 años, menores de 30 años y mujeres con dificultades para acceder al mercado laboral. Para el resto de los empleados, el Gobierno ofrece una reducción del 80% en las cotizaciones sociales, según las fuentes consultadas por EXPANSIÓN sobre las negociaciones. Ayer por la tarde, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, presentó esta propuesta durante una reunión con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT, en la que se discutió la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin afectar el salario. Con esta oferta para fomentar la contratación indefinida de personas desempleadas, el Ministerio de Trabajo busca reducir la oposición de los empresarios a aceptar la reducción de la jornada laboral mediante una ley. Este plan se enmarca dentro de la iniciativa pyme 375. Además, el Ministerio de Trabajo ha mostrado disposición a permitir una mayor flexibilidad en la distribución de horas dentro de la jornada laboral, para que las empresas puedan utilizarlas en momentos de alta demanda o producción, o en situaciones imprevistas. Se propone que estas horas adicionales puedan representar hasta el 10% de una semana laboral de 40 horas, aunque no se aplicaría el mismo porcentaje a la jornada reducida de 37,5 horas. Sin embargo, el Ministerio se mantiene firme en el cronograma de implementación de la medida. El Gobierno pretende que la jornada de 38,5 horas semanales comience a aplicarse este año, y que la de 37,5 horas entre en vigor en 2025. Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, han negado categóricamente que el Gobierno esté considerando retrasar la aplicación de la medida hasta 2026, desmintiendo las declaraciones de algunos sindicatos que insinuaron que, a solicitud de los empresarios, el Ejecutivo había aceptado un retraso en el calendario.

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(Expansión, 25-09-2024) | Laboral

A partir de 2025 se podrán rescatar las aportaciones que tengan al menos 10 años de antigüedad

Al cierre del primer semestre del año, los planes de pensiones privados gestionaban 89.108 millones de euros. Cerca de 8 millones de españoles dependen, en parte, de estos productos para asegurar su bienestar financiero tras la jubilación. Durante la primera mitad de 2024, estos planes lograron una rentabilidad interanual del 9,5%. Los rendimientos oscilan entre el 3,5% en los planes de renta fija a corto plazo y el 19,1% en los de renta variable. Sin embargo, estos porcentajes disminuyen al considerar períodos más largos. A tres años, el rendimiento medio es del 2,2%, con algunas categorías, como la renta fija a largo plazo y los planes garantizados, mostrando retornos negativos. En horizontes más extensos, de 10 a 15 años, las rentabilidades promedio se sitúan en el 3% y 4%, respectivamente. Históricamente, la principal ventaja de estos productos ha sido su fiscalidad, ya que las aportaciones reducen la base imponible del contribuyente. Esto significa que Hacienda devuelve parte de las aportaciones en la declaración de la renta. Desde el 1 de enero de 2022, los particulares pueden desgravarse hasta un máximo de 1.500 euros al año o el 30% de su base imponible. Por ejemplo, alguien que declare 30.000 euros anuales y aporte 1.500 euros a un plan, solo tributará por 28.500 euros. El año 2025 traerá un cambio importante para los partícipes. A partir del 1 de enero, se podrá recuperar tanto las aportaciones como los rendimientos generados en planes de pensiones con al menos diez años de antigüedad. Esto significa que las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015 podrán rescatarse a partir de esa fecha, junto con las ganancias generadas. En 2026 se podrán rescatar las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016, y así sucesivamente. Aquellos que ingresen en el mundo de los planes de pensiones o busquen cambiar de producto tienen una amplia oferta disponible. Existen tres tipos principales de planes de pensiones: los individuales, que son contratados por cualquier persona física a través de una gestora, banco o aseguradora; los de empleo, promovidos por empresas para sus empleados; y los asociados, impulsados por una asociación. Los planes de previsión asegurados (PPA) garantizan un tipo de interés, mientras que los planes de pensiones individuales no ofrecen, por ley, esa garantía. Sin embargo, existen los planes de pensiones garantizados, que proporcionan una garantía externa al propio vehículo. Otra característica importante es la flexibilidad. Los partícipes de planes de pensiones, o los asegurados en el caso de los PPA, pueden transferir sus fondos entre gestoras o aseguradoras sin coste alguno. Incluso es posible transferir el dinero entre un plan de pensiones y un PPA, y viceversa. Los planes de pensiones se adaptan al perfil de riesgo del partícipe. Hay una amplia gama de opciones: renta fija, renta fija mixta, renta variable mixta y renta variable pura, que los inversores pueden seleccionar según su edad, conocimientos financieros o tolerancia al riesgo. En cuanto a los costes, las comisiones de los planes de pensiones tienen un tope que depende del tipo de plan. Para los planes de renta fija, la comisión máxima es del 0,85% anual; para los de renta fija mixta, del 1,30%; y en los de renta variable, puede llegar hasta el 1,50%.

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(El País, 25-09-2024) | Laboral

Trabajo hace una nueva oferta a CEOE para acordar la rebaja de la jornada

El Gobierno ha presentado una nueva propuesta a la CEOE y Cepyme con el objetivo de obtener su apoyo para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales para el año 2025, sin afectar los salarios. Así lo comunicó el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión con empresarios y sindicatos. El pasado 10 de septiembre, el Ejecutivo ya había ofrecido un incentivo, particularmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas, para lograr el acuerdo empresarial: bonificar las cotizaciones sociales por los nuevos empleos que las pymes puedan generar como resultado de la reducción de la jornada laboral. Esto se refiere a los puestos de trabajo que surjan a partir del tiempo libre que dejarán quienes ya están en la empresa, en una especie de reparto de trabajo. No obstante, Pérez Rey evitó dar detalles sobre el contenido de la nueva propuesta del Gobierno para convencer a los empresarios. Indicó que la CEOE y Cepyme "se han comprometido a valorar" la oferta del Ejecutivo y destacó "un cambio de tono y una actitud más constructiva" por parte de los empresarios. Las partes acordaron reunirse nuevamente el 11 de octubre. Además, el Gobierno ha planteado otras propuestas, como una nueva organización del registro horario en las empresas. El Ministerio de Trabajo busca que la Inspección tenga acceso directo a los sistemas de las empresas para detectar posibles fraudes en las horas trabajadas. Otro aspecto que el Gobierno pretende incluir en la normativa es el derecho de los trabajadores a la desconexión digital, con el fin de mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Aunque este derecho ya está contemplado en algunas normativas y convenios colectivos, el Ejecutivo quiere ampliarlo. Las empresas que no cumplan con estas medidas se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador en situación irregular. Con esta nueva propuesta sobre el reparto de las horas de trabajo, el Gobierno busca superar la resistencia empresarial a la reducción de la jornada laboral. Hasta ahora, la CEOE y Cepyme defienden que esta cuestión debe negociarse a través de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Sin embargo, el Ejecutivo señala que alrededor de 12 millones de empleados en España trabajan más de 38,5 o 37,5 horas semanales. Antes de la reunión, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reiteró la importancia de que los empresarios mantengan la libertad de negociar esta medida directamente con los trabajadores a través de la negociación colectiva, sin intervención del Gobierno. Garamendi recordó que, el 1 de mayo de 2023, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos pidieron a la CEOE que firmara el acuerdo interconfederal de convenios. "Firmamos el pacto, y ahora el Gobierno y los sindicatos rompen el acuerdo pidiendo menos horas por ley", comentó el líder empresarial, expresando su frustración ante la presión del Ejecutivo y los sindicatos. "Siempre se nos tacha de poderosos, pero el verdadero poder lo tiene quien controla el Boletín Oficial del Estado (BOE)", afirmó, haciendo referencia al Gobierno. "Si quieren reducir la jornada laboral por ley, que lo hagan, pero eso romperá años de acuerdos alcanzados desde 1977 gracias a la negociación colectiva". El presidente de la CEOE también señaló su deseo de que se respete la libertad de los empresarios para expresar su opinión: "Reclamo la libertad de decir que, desde la patronal, creemos que la reducción de la jornada es perjudicial para España". Por su parte, Yolanda Díaz abogó por el diálogo para alcanzar un acuerdo: "El diálogo es esencial, ya sea político, social o institucional. No me cansaré de decirlo", afirmó la ministra, quien también expresó su disposición a hablar con todas las formaciones políticas, incluido el Partido Popular, para llevar adelante la reducción de la jornada laboral sin bajar salarios para 2025. En respuesta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó su preocupación por el problema de productividad en España y se mostró dispuesto a estudiar la propuesta de una semana laboral de cuatro días en "algunos sectores", con jornadas de 9 o 9,5 horas, lo que implicaría un rango semanal entre 36 y 38 horas. No aclaró si esta propuesta será incluida en la ley de conciliación laboral y familiar que está preparando su partido.

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(El Periódico, 25-09-2024) | Laboral

Los sindicatos temen que el nuevo retraso en negociar la jornada de 37,5 horas demore su aplicación a 2026

El Ministerio de Trabajo hará un último esfuerzo y se concederá unas semanas más para intentar convencer a la patronal de sumarse a un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es consciente de que contar con el apoyo de los empresarios facilitaría posteriormente alcanzar un pacto en el Congreso. Por ello, y debido a la relevancia política del tema, ha decidido no cerrar las negociaciones en el diálogo social este septiembre, como era su plan inicial. Las conversaciones se extienden y, con otro plazo incumplido, todas las partes -aunque con diferentes niveles de entusiasmo- reconocen que, si la reducción de la jornada llega a implementarse, no será en los plazos originalmente previstos. Para 2024 se esperaba que la jornada laboral máxima pasara de 40 a 38,5 horas semanales, pero en el diálogo social ya asumen que no será antes de principios de 2025. Además, la reducción a 37,5 horas, el siguiente paso, no se alcanzará hasta 2026, un año más tarde de lo pactado en el acuerdo de coalición. "Sabemos que este año, aunque nos apresuremos, necesitamos un trámite parlamentario", explicó la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras la reunión de este martes. Esto otorga más tiempo a los empresarios, que continúan firmes en su postura de que este asunto no debe legislarse, mientras los sindicatos empiezan a mostrar su impaciencia. Este jueves, planean concentrarse frente a las sedes de la CEOE en varias ciudades españolas, como parte de su estrategia de presión. Tras "más de nueve meses de negociación", según recordó UGT, "esto no puede prolongarse indefinidamente", añadieron desde CCOO. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se reunió nuevamente este martes con la patronal y los sindicatos para tratar la nueva norma sobre la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, los avances han sido mínimos. El único resultado que destacó el 'número 2' de Díaz fue que los empresarios "han accedido a valorar la propuesta que el Gobierno les ha presentado". Dicha propuesta, sin embargo, no se ha presentado por escrito. "Hoy volvimos a oponernos a una reducción legal de la jornada, y además no se ha formalizado por escrito ninguno de los planteamientos discutidos en la última reunión", afirmaron fuentes de la CEOE. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el Ministerio de Trabajo tampoco ha ofrecido muchos detalles sobre su plan de ayudas para empresas con menos de 10 empleados. La propuesta es que, si estas empresas contratan a nuevos trabajadores para compensar el tiempo que los empleados actuales dejen de trabajar, recibirán subvenciones. Por ahora, las ayudas seguirían siendo para empresas con 10 o menos empleados, sin cambios, buscando hacer la propuesta más atractiva para los empresarios. La negociación sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ha experimentado varios altibajos. El Ministerio, liderado por Yolanda Díaz, ha ajustado el ritmo del proceso. Si en primavera parecía inclinado a imponer un ultimátum y concluir rápidamente las negociaciones, ahora busca ganar tiempo y deja que los sindicatos comiencen sus propias movilizaciones para aumentar la presión sobre la patronal. Aunque esta no ha cedido mucho, varias fuentes destacan un "talante más constructivo" en su postura. Este jueves, los sindicatos iniciarán una serie de movilizaciones. "No permitiremos que esta cuestión quede estancada", declaró la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. "Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a las concentraciones", criticando el "inmovilismo de la patronal, que mantiene a la sociedad española anclada en normas del siglo XX", señaló el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

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(El Economista, 25-09-2024) | Laboral

Podemos quiere convertir en nulo todo despido no "ajustado a derecho" sin importar su situación

Tras el error en la Ley de Paridad que eliminó la protección contra el despido de quienes solicitan una adaptación de jornada para conciliar, Podemos ha tomado la iniciativa y ha presentado en el Pleno del Congreso un plan que pretende transformar todos los despidos actualmente calificados como improcedentes en nulos. Esta propuesta busca eliminar la posibilidad del despido 'libre', aunque también podría debilitar la protección para ciertos trabajadores cuyos derechos laborales han sido vulnerados. Podemos, que fue parte del Gobierno en la legislatura anterior y ahora se encuentra en el Grupo Mixto del Congreso, registró a finales de abril una proposición de "Ley del Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores". Esta iniciativa, que el Gobierno no ha bloqueado, ha estado esperando su turno desde junio para ser debatida en el Pleno, y aunque aún no hay fecha fija, se espera que ocurra en las próximas semanas, a menos que los grupos mayoritarios continúen retrasando su tramitación. Aunque es poco probable que la propuesta de Podemos sea aprobada, es importante recordar que el partido tiene la capacidad de alterar los planes del Gobierno, especialmente en el ámbito laboral, como ya lo demostró cuando logró bloquear y reformar la nueva normativa sobre subsidios por desempleo. De este modo, la votación de su iniciativa obligará a partidos como el PSOE y, especialmente, a Sumar, así como a los aliados de la coalición, a posicionarse en un tema clave que quedó pendiente tras la reforma laboral de 2021: la regulación del despido. La propuesta de Podemos va mucho más allá de derogar los cambios introducidos por el PP en 2012, que redujeron de 45 a 33 días por año la indemnización por despido improcedente. Lo que propone es eliminar por completo la figura del despido improcedente. Sin embargo, esta medida rompe el equilibrio entre la justificación de los despidos y las fronteras de vulneración de derechos laborales que las reformas anteriores habían mantenido. Siguiendo una estrategia similar a la que aplicó cuando estuvo en el Gobierno desde los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, Podemos busca aumentar los supuestos en los que un despido sería considerado nulo. Esta estrategia ha generado un aumento en la judicialización de los despidos y ha evidenciado varios errores legislativos, como los que se observaron con la Ley de Paridad. Ahora, el partido pretende llevar esta filosofía aún más lejos. Juristas consultados por elEconomista.es que han revisado el texto de Podemos señalan que esta propuesta abre la puerta a una "reforma trascendental", ya que, en la práctica, el despido sería declarado nulo tanto si no se justifican adecuadamente las razones del despido como si no se cumplen los requisitos formales. Omar Molina, de Augusta Abogados, explica que hasta ahora los despidos podían ser procedentes, improcedentes (que implican una indemnización o readmisión si la empresa lo decide) o nulos (que conllevan la reincorporación inmediata del trabajador). Con la nueva propuesta, las opciones se reducirían a dos: "ajustado a derecho" o nulo. Este cambio implicaría una modificación radical en las relaciones laborales: en caso de despido nulo, el trabajador ya no estaría obligado a reincorporarse automáticamente, sino que podría elegir entre la reincorporación o una indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En ambos casos, recibiría los salarios de tramitación, algo que la reforma del PP limitó solo a los casos de reincorporación. El objetivo de Podemos es eliminar la figura del despido improcedente como una vía "intermedia" que muchas empresas utilizan para realizar despidos "libres". Estas empresas presentan un despido disciplinario (sin indemnización) y luego reconocen la improcedencia, negociando una indemnización que no supera los 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Esto explica el alto porcentaje de despidos disciplinarios en España. Además de aumentar la compensación, Podemos quiere endurecer los requisitos para justificar un despido disciplinario, extendiendo a todos los empleados las protecciones que actualmente solo tienen los delegados sindicales. También plantea aumentar de 20 a 25 días por año la indemnización en despidos objetivos cuando no se acrediten adecuadamente las causas económicas, técnicas o productivas. Curiosamente, esta cifra de 25 días coincide con la indemnización promedio en los contratos indefinidos vinculados a obras. Un enfoque similar se aplicaría a los despidos colectivos.

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(El Economista, 25-09-2024) | Laboral

Los jueces avisan que avalarán los despidos de empleados con jornada adaptada tras el "error" del Gobierno

Jueces y abogados prevén que el "error" en la Ley de Paridad, que eliminó la protección contra el despido de los trabajadores que soliciten o ya tengan una adaptación de jornada para cuidar a sus hijos, dará lugar a que las empresas rescindan contratos y los tribunales se verán obligados a considerarlos como procedentes. Específicamente, la ley, que está vigente desde el 22 de agosto, modificó el Estatuto de los Trabajadores y anuló la reforma implementada apenas un año antes, en junio de 2023, la cual establecía que el despido de empleados con adaptación de jornada para conciliar la vida laboral y familiar sería nulo o improcedente. Cabe aclarar que la adaptación de jornada no implica una reducción, sino ajustes en el horario, turno o incluso la opción de teletrabajo. Durante su intervención en la jornada sobre la Ley de Paridad organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la magistrada suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y doctora en Derecho, Concepción Morales Vállez, explicó que aunque el Gobierno atribuya a un "error u olvido" la eliminación de la protección de estos trabajadores frente al despido, la realidad es que se ha suprimido. "El legislador lo ha eliminado y los jueces nos ajustamos a eso, no podemos interpretarlo de otra manera. Los tribunales desearíamos que se brindara protección, pero debemos aplicar la ley tal como está", subrayó Morales en referencia a la procedencia del despido que ahora permite la norma. "Seguro que ya hay muchos despidos", añadió. En la misma línea, María Jesús Herrera Duque, socia del despacho Sagardoy Abogados, comentó que la protección que hacía nulos o improcedentes estos despidos "ha desaparecido", abriendo la posibilidad de que sean considerados procedentes, y los jueces están obligados a aplicar la norma. Morales Vállez también señaló que el Gobierno tuvo la oportunidad de corregir este error en agosto, ya que desde la aprobación de la ley el día 2 hasta su entrada en vigor veinte días después, se pudo haber utilizado la técnica de corrección de errores. No obstante, en lugar de hacerlo, el Ejecutivo ha incluido una enmienda en la futura Ley de Eficiencia de la Justicia para restablecer la protección a estos trabajadores. Los despidos que ocurran durante ese período, antes de la aprobación de la nueva normativa, enfrentarán una resolución complicada, pues las decisiones judiciales serán variadas, advirtió Morales, y los casos podrían permanecer en incertidumbre durante seis o siete años hasta que el Tribunal Supremo establezca una jurisprudencia clara. Tanto María Jesús Herrera como Concepción Morales coincidieron en que el único recurso disponible para los trabajadores con adaptación de jornada, en su mayoría mujeres, es alegar una vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en su sentencia del 15 de febrero de 2007, estableció que la Constitución protege el derecho a no ser discriminado por razón de sexo (artículo 14), así como el mandato de proteger a la familia y la infancia (artículo 39). Con base en esta premisa, se reconoció la improcedencia del despido de una mujer con reducción de jornada por discriminación indirecta por razón de sexo.

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(Expansión, 23-09-2024) | Laboral

El PP propone aumentar los permisos de paternidad y que puedan ser utilizados libremente por las familias

El Partido Popular tiene la intención de ampliar los permisos de paternidad y maternidad, permitiendo a las familias usarlos según su conveniencia, con la posibilidad de combinar los permisos del padre y la madre para cuidar a su hijo durante el primer año de vida. Así lo explicó este domingo en una entrevista en Radio Galega el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que su partido presentará la Ley de Conciliación "más ambiciosa de la democracia", la cual se espera que sea registrada en el Congreso este mes para iniciar su tramitación parlamentaria. De este modo, las familias tendrían total libertad para distribuir los permisos sin restricciones. Actualmente, están obligados a compartir las primeras seis semanas del bebé, lo que, según fuentes del PP, limita el tiempo que el niño puede pasar en casa si así lo desean sus padres. Además, se cumpliría con la normativa europea que establece un permiso de cuidado de 8 semanas hasta que el niño cumpla 8 años. Feijóo también adelantó que la ley incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles y tendrá en cuenta las necesidades específicas de las familias numerosas y monoparentales. Asimismo, se propondrán desgravaciones y ayudas para sustituir a los progenitores cuando estén disfrutando de su permiso. En relación con el sistema de financiación autonómica, Feijóo criticó que los recursos destinados a sanidad, educación y servicios públicos se utilicen para financiar lo que calificó como "cupo independentista". "No podemos repartir el dinero público creando una partida para mantener el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña, controlada por el PSC", señaló Feijóo, advirtiendo que un nuevo modelo de país implicaría una ruptura constitucional y la pérdida de igualdad en el acceso a los servicios públicos. Feijóo abogó por un sistema de financiación más consensuado, que involucre a todas las comunidades autónomas, permita obtener más recursos para los servicios públicos, y tenga en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión poblacional y el coste de vida en cada región: "Un sistema válido para todos y consensuado por todos", señaló, según recoge Europa Press. Sobre el Congreso Federal que celebrará el PSOE en noviembre, Feijóo lo calificó como una "purga" de aquellos militantes que no están de acuerdo con la línea de "sanchismo": "Es momento de que el PSOE reflexione. Si se convierte en el partido de Sánchez, Page y Barbón perderán las próximas elecciones autonómicas por no ser coherentes con lo que dicen y con la defensa de sus ciudadanos". "Dicen que hay gobierno para rato, pero lo que hacen es perder el tiempo. España necesita un gobierno, no un entretenimiento", afirmó Feijóo. También subrayó que si no se aprueban los Presupuestos de 2025, sería la primera vez en democracia que un Gobierno no logra sacar adelante los presupuestos durante dos años seguidos. Al ser consultado sobre la política migratoria de España, Feijóo lamentó los "constantes vaivenes" del país desde que Pedro Sánchez asumió el gobierno, y destacó el plan de acción del PP y el Gobierno de Canarias para combatir el "descontrol migratorio". "El PP propuso al Gobierno canario una solución que cuenta con el apoyo de 14 comunidades autónomas. Solo el PSOE se opone", enfatizó, cuestionando que los socialistas no quieran financiar la atención a los migrantes, frenar la inmigración irregular, ni activar los mecanismos de la UE para enfrentar la situación.

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