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(El País, 20-03-2025) | Laboral

Los salarios españoles están entre los que menos subieron de toda la Unión Europea en 2024

Durante 2024, los salarios en los países de la Unión Europea experimentaron una ligera aceleración en su crecimiento, aunque con diferencias significativas entre los Estados miembros. En promedio, las retribuciones por hora trabajada en términos nominales (sin ajustar por la inflación) aumentaron un 4,1% en la zona euro, frente al 3,8% registrado en 2023. Para el conjunto de la UE, el incremento fue del 4,7%, superando el 4,4% del año anterior, según los datos de costes laborales del cuarto trimestre de 2024 publicados por Eurostat. En el caso de España, los salarios por hora trabajada crecieron un 3,2% interanual en el último trimestre del año, situándose entre los menores aumentos dentro de la Unión Europea. Solo Luxemburgo (0,9%), Francia (1,7%) y Bélgica (2,2%) registraron incrementos inferiores. En contraste, Polonia y Croacia lideraron el crecimiento del coste salarial con subidas cercanas al 14% en 2024. El sector privado de la zona euro experimentó un mayor incremento salarial (4,2%) en comparación con la administración pública y los servicios estatales (3,9%). Sin embargo, en la UE en su conjunto, la tendencia se invirtió, ya que los salarios en el sector público subieron un 4,8%, mientras que en el sector privado lo hicieron un 4,7%. El mayor peso del empleo público fue determinante en los países con mayores incrementos salariales. En Croacia y Polonia, los salarios en el sector público crecieron un 18,2% y 22,6%, respectivamente, lo que impulsó el coste salarial total en estos países, situándolos a la cabeza del ranking de aumento de sueldos. En España, la diferenciación entre sectores dejó un incremento del 2,7% en el sector público, mientras que en las empresas privadas los salarios crecieron un 3,4%. No obstante, los aumentos salariales en el sector privado cumplieron con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito por CEOE, Cepyme, UGT y CCOO para el período 2023-2025, que establece subidas del 4% en 2023, 3% en 2024 y 3% en 2025. Además, los datos del Ministerio de Trabajo confirmaron que los convenios con efectos económicos en 2024 reflejaron un aumento salarial del 3,07%, en línea con los datos de Eurostat. Es importante destacar que los datos de Eurostat son nominales y podrían ser revisados con nueva información. Para evaluar si los aumentos salariales han supuesto una mejora en el poder adquisitivo, es necesario compararlos con la evolución de la inflación. Dado que los precios aumentaron un 2,4% interanual en diciembre en la zona euro, los salarios por hora trabajada habrían registrado una ganancia de poder adquisitivo de 1,4 puntos porcentuales (diferencia entre el incremento salarial y la inflación). En el caso de toda la UE, el poder de compra de los salarios por hora subió en dos puntos porcentuales, ya que la inflación en los 27 fue del 2,7% al cierre de 2024. El análisis por sectores muestra que algunas industrias registraron aumentos salariales más pronunciados en la zona euro. La minería lideró el crecimiento con un incremento cercano al 7%, seguida de cuatro sectores con subidas del 5,3%: Industria manufacturera; Información y comunicaciones; Sanidad y servicios sociales y Administración pública y defensa. Por el contrario, sectores con menor valor añadido registraron incrementos más moderados. La hostelería y la restauración tuvieron un crecimiento del 3,3%, mientras que en las actividades inmobiliarias el aumento fue del 2,9%. El coste laboral total por hora trabajada, que incluye no solo los salarios sino también otros gastos como cotizaciones sociales, indemnizaciones, formación o transporte, mostró una desaceleración en su crecimiento en 2024. En la zona euro, el incremento del coste laboral total pasó del 4,5% en 2023 al 3,7% en 2024. En el conjunto de la UE, el crecimiento también se moderó, pasando del 5% en 2023 al 4,3% en 2024. Este menor crecimiento se debe, en parte, a la ralentización del aumento de otros costes laborales, que en la zona euro crecieron un 2,6% interanual, casi la mitad del 4,4% registrado en 2023. En la UE, estos costes aumentaron un 3%, 1,3 puntos menos que el año anterior. En conclusión, aunque los salarios aumentaron en 2024 en la UE y la zona euro, el crecimiento fue desigual entre países y sectores. Además, el impacto de la inflación sigue siendo clave para determinar si los trabajadores realmente han visto una mejora en su poder adquisitivo.

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(El Economista, 20-03-2025) | Laboral

La renta neta de los jubilados es la que más crece y ya supera en un 16% a la media

El incremento de las pensiones en función del IPC, la incorporación de la generación del baby boom al sistema y el aumento de los ingresos provenientes de propiedades inmobiliarias han impulsado el crecimiento de la riqueza media de los jubilados, superando en proporción a la del resto de la población. En 2024, la renta neta de las personas mayores de 65 años se situó un 16,2% por encima de la media nacional, mientras que la diferencia con los jóvenes se mantiene. A diferencia del avance en los ingresos de los retirados, los trabajadores de entre 16 y 29 años apenas registraron un aumento del 1,67%, quedando un 9% por debajo de la renta media. Esta es una de las principales conclusiones del informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, titulado La economía real: qué está pasando con la renta familiar, basado en los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE en febrero. Según este análisis, la renta neta media por persona se sitúa en 14.807 euros, con un crecimiento anual promedio del 2,03% desde 2008, impulsado principalmente por el aumento sostenido de los ingresos de los mayores de 65 años, que han subido un 2,9% en promedio cada año. Este ritmo de crecimiento ha llevado a que los jubilados pasen de tener una renta similar a la media de la población a superarla en un 16%. Entre los factores que han favorecido este incremento destaca la revalorización automática de las pensiones en función del IPC, restablecida en 2021 para compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida tras su suspensión en 2013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy. Además de este ajuste, el informe señala que los nuevos jubilados acceden al retiro con ingresos más altos, tras haber cotizado a bases más elevadas durante su vida laboral. De acuerdo con los datos más recientes de la Seguridad Social publicados en febrero, la pensión media de las nuevas altas ha alcanzado su nivel más alto hasta la fecha, situándose en 1.879 euros mensuales. Como resultado de estas circunstancias, la pensión media ha ido en aumento mes a mes, superando por primera vez la barrera de los 1.500 euros en febrero. Este incremento, junto con el crecimiento en el número de pensionistas, ha llevado a la Seguridad Social a registrar nuevos máximos de gasto en cada nómina. El aumento de las pensiones y la entrada de los primeros baby boomers al sistema han elevado la renta media de los jubilados, pero también han generado mayor presión sobre el modelo de financiación de la Seguridad Social. Para afrontar este desafío, se han implementado medidas como el incremento de las cotizaciones, la elevación progresiva de la edad de jubilación y la introducción de incentivos para retrasar la retirada del mercado laboral. Sin embargo, el envejecimiento de la población y el consecuente aumento en el número de pensionistas no son los únicos factores que tensionan el sistema. También influye el escaso crecimiento de los ingresos de los trabajadores de entre 30 y 50 años. Según Javier Santacruz, economista responsable del informe, este grupo de edad es clave para sostener el sistema, pero sus rentas han experimentado un avance muy limitado. De acuerdo con el estudio, esta evolución debería ser más favorable para garantizar una mayor estabilidad en las cuentas de la Seguridad Social. En particular, la renta neta de las personas de entre 30 y 44 años ha crecido un 1,9% de media anual, un punto menos que la de los mayores de 65. Por su parte, quienes tienen entre 45 y 64 años han experimentado un aumento medio del 1,55% anual, situando su renta un 7,2% por encima de la media, aunque todavía lejos de los jubilados. El informe también subraya que el crecimiento de las rentas de capital contribuye a la brecha generacional. La revalorización de los activos inmobiliarios en los últimos años ha sido un factor clave en este fenómeno. Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, solo en 2024 el valor de los bienes inmuebles ha aumentado un 42%. Si bien no se dispone de datos desglosados por edad, el documento destaca que la subida en el precio de la vivienda, sumada al buen desempeño de los mercados bursátiles, ha impulsado la revalorización del patrimonio neto de las familias en un 73,38% interanual, el mayor incremento registrado desde 2008.

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(El Economista, 20-03-2025) | Laboral

España bate récord de vacantes en 2024 pero suspende ante Europa en oportunidades laborales

Los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ECTCL) correspondientes al cierre de 2024 reflejan un aumento del 6,2% en el número de vacantes de empleo en España, alcanzando las 148.018, la cifra más alta registrada en un cuarto trimestre desde que se inició la serie histórica en 2013. No obstante, estos datos contrastan con la interpretación de Eurostat, que señala que las vacantes representan solo el 0,9% del total de puestos de trabajo, el porcentaje más bajo de la zona euro, donde la media es del 2,5%. Además, considerando que España lidera el ranking de desempleo en la UE, estos resultados la sitúan entre los países con menos oportunidades laborales según los datos de Bruselas. El déficit de mano de obra se ha convertido en un tema central en el debate económico, y el incremento de vacantes recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refuerza la postura de quienes piden medidas para atajar el problema. Sin embargo, esta realidad choca con el hecho de que el país cuenta con 2,59 millones de desempleados, lo que equivale al 10,85% de la población activa. En términos medios, existen al menos 57 aspirantes potenciales por cada vacante disponible, sin considerar a aquellos que ya están empleados. Los datos de la ECTCL muestran una mayor presencia del sector público en la oferta de vacantes, representando un 35% del total, un porcentaje muy superior al 19% que tenía en 2013, en plena crisis económica. Desde entonces, la cifra de puestos sin cubrir ha crecido un 174,5%, sumando 94.109 nuevas vacantes. De este aumento, el 45% corresponde a la administración pública, que ha incrementado su demanda en 42.387 plazas, lo que supone un alza del 408%. Tras el sector público, los profesionales más demandados son los relacionados con actividades sanitarias y servicios sociales, que concentran el 12% de las vacantes, un porcentaje similar al de hace una década. En contraste, el comercio y el turismo han reducido su peso en la oferta laboral, pasando del 17% y el 12,6% en 2013 al 7,6% y 6,2% en 2024, respectivamente, a pesar del impacto habitual de la campaña navideña en el último trimestre del año. Además, ambos sectores han sido superados por las "actividades administrativas y servicios auxiliares", que incluyen empleados de empresas de trabajo temporal (ETTs), limpiadores, porteros y jardineros. Este grupo ha aumentado su peso en la oferta de empleo, pasando del 4,08% en 2013 al 7,7% en la actualidad. Las vacantes en el ámbito de la informática y digitalización también han crecido, pasando del 3,3% al 5,6% del total, situándose ligeramente por debajo de las actividades científicas y de consultoría, que alcanzan el 5,7%, apenas variando respecto al 5,8% de hace diez años. Por su parte, la industria manufacturera ha visto reducido su peso en las vacantes disponibles, pasando del 9% en 2013 al 5,7% actual. El escaso número de vacantes en sectores con alta demanda de mano de obra, como la educación, la construcción o la logística, que apenas superan el 3% cada uno, genera dudas sobre la capacidad de la ECTCL para reflejar con precisión la realidad del mercado laboral. Sin embargo, esta metodología es la misma utilizada en los demás países de la Unión Europea y sirve de base para que la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) calcule la tasa de vacantes, que mide la proporción de puestos sin cubrir respecto al total de empleos. Mientras en la zona euro la media es del 2,5%, en España se sitúa en el 0,9%, solo por encima de Polonia, Rumanía y Bulgaria. Una posible explicación para esta situación es la elevada presencia de empleo temporal en España, ya que muchas empresas no consideran estas plazas como vacantes. Sin embargo, Países Bajos, con un porcentaje de trabajos eventuales mayor que el español, registra una tasa de vacantes del 4,1%. Por otro lado, el alto índice de rotación laboral en España, es decir, la frecuencia con la que los trabajadores entran y salen del desempleo, también influye en estos resultados. Para Eurostat, el diagnóstico es claro: España es el país de la UE con menores posibilidades de encontrar empleo. Esto se debe a que, aunque tiene una tasa de vacantes reducida, su nivel de desempleo es el más elevado entre sus vecinos europeos. La relación entre vacantes y desempleo se representa en la Curva de Beveridge, utilizada para evaluar la fase del ciclo económico en la que se encuentra el mercado laboral. Según esta curva, los datos actuales indicarían que la economía española atraviesa una etapa de expansión, algo que encaja con el crecimiento del PIB y la evolución del empleo. Estudios como los de BBVA Research respaldan esta idea, aunque sus previsiones apuntaban a que las vacantes superarían las 152.000 a finales de 2024. En su informe trimestral, el equipo liderado por Rafael Doménech sugería que si el aumento de vacantes es inferior a lo esperado en relación con la caída del paro, podría deberse a una mayor eficiencia en la asignación de trabajadores a los puestos de trabajo. Sin embargo, esta interpretación pierde fuerza cuando se compara la tasa de Beveridge de España con la del resto de la UE. En otras economías europeas, las cifras que aquí se considerarían indicios de expansión reflejarían más bien una situación de crisis. A pesar de las advertencias de algunos expertos sobre la dificultad de hacer comparaciones directas, Eurostat sí las realiza. De hecho, el organismo ha desarrollado un sistema de "puntos Beveridge" para los países de la UE, que proporciona una instantánea del panorama laboral. En este análisis, España aparece como la nación más alejada de las condiciones óptimas, caracterizadas por una baja tasa de desempleo y un número moderado de vacantes. Así, los datos muestran que el mercado laboral español se enfrenta a una situación particular en comparación con el resto de Europa. No solo presenta una de las tasas de vacantes más bajas, sino que, al mismo tiempo, cuenta con un gran número de personas desempleadas. En definitiva, el problema no radica en que las empresas no encuentren trabajadores, sino en que los candidatos no hallan puestos disponibles. Este desajuste en el mercado de trabajo es un desafío persistente para el país y requiere soluciones que permitan una mejor conexión entre la oferta y la demanda de empleo.

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(El Periódico, 20-03-2025) | Laboral

Buenas noticias para los funcionarios de Muface: podrán cambiar de mutua varias veces al año

Asisa y Adeslas asumirán la atención sanitaria de los funcionarios adscritos a Muface tras la retirada de DKV, lo que afectará a aproximadamente 1,5 millones de personas, incluyendo a sus familiares. Según los últimos datos disponibles, a finales de 2023, un total de 199.619 beneficiarios de Muface estaban afiliados a DKV para recibir asistencia médica. Ante esta situación, quienes hasta ahora contaban con esta aseguradora podrán optar por la sanidad pública o cambiarse a Adeslas o Asisa. Muface permite modificar la elección de entidad sanitaria cada año en enero, ya sea a través de su Sede Electrónica o en sus oficinas. Además, en casos excepcionales, es posible solicitar el cambio fuera del plazo habitual. Ahora, según ha adelantado Redacción Médica, los mutualistas también podrán realizar este cambio en junio. El nuevo acuerdo de Muface entrará en vigor el 1 de abril de 2025 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027. Ante esta transición, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido que se garantice la continuidad asistencial hasta la formalización del nuevo convenio, ya que la prórroga actual finaliza el 31 de marzo. Asimismo, piden la apertura de un periodo extraordinario para que los afectados puedan cambiar de entidad aseguradora.

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(El País, 19-03-2025) | Laboral

CC OO anuncia movilizaciones ante Hacienda para reclamar mejoras salariales para los empleados públicos

El coordinador del Área Pública de CC OO y secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Lucho Palazzo, anunció este martes el inicio de un plan de movilizaciones para exigir al Gobierno una propuesta de aumento salarial para los empleados públicos en 2025. Además, reclaman la ejecución del incremento adicional del 0,5% acordado en el marco que finalizó en 2024 y la convocatoria urgente de la mesa de negociación para definir un nuevo pacto plurianual. La primera protesta está prevista para el próximo martes 8 de abril frente a la sede del Ministerio de Hacienda, donde también se espera la presencia de representantes sindicales de CSIF al día siguiente. Palazzo argumentó que las movilizaciones responden a varios motivos, destacando el estancamiento en la aplicación de ciertos aspectos del acuerdo firmado en 2021, que venció en diciembre de 2024. Entre ellos, subrayó la necesidad de aplicar retroactivamente desde enero la subida adicional del 0,5%, incluida como cláusula de revisión en el último ejercicio del acuerdo anterior. "No hay razón para que no se apruebe ya en el Consejo de Ministros", afirmó. El representante sindical insistió en la urgencia de que el Ministerio de Función Pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital pero con las competencias salariales en manos de Hacienda, convoque a los sindicatos para negociar un nuevo acuerdo. "Estamos a punto de entrar en abril y el Gobierno aún no ha presentado una oferta de subida salarial para 2025", advirtió Palazzo. Además del aumento salarial para el próximo año, CC OO también reclama un nuevo plan de incrementos plurianuales similar al del acuerdo previo, que abarcó 2022, 2023 y 2024. Aunque no especificó cifras concretas, Palazzo adelantó que la propuesta del sindicato seguirá un esquema parecido, combinando un porcentaje fijo y otro variable ligado al IPC para garantizar la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. El desarrollo de este calendario de movilizaciones dependerá de la respuesta del Gobierno a las demandas sindicales. "Nos preocupa la tendencia neoliberal que amenaza con debilitar los servicios públicos. El Ejecutivo debe priorizar su fortalecimiento para garantizar su calidad", señaló Palazzo. Por su parte, Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO, insistió en que no están dispuestos a seguir esperando una propuesta del Gobierno para 2025 ni a depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Existen otras vías para hacerlo, y los empleados públicos no deberían estar en esta situación de incertidumbre", sostuvo. Asimismo, Rosa Cuadrado Abad, responsable de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, recordó que otra de las principales reivindicaciones es la actualización del Estatuto Básico del Empleado Público, incluida en el acuerdo marco para una Administración del Siglo XXI. En este sentido, exigió que se cumpla con la reclasificación de los técnicos medios y superiores dentro de una revisión general de la estructura de clasificación de los trabajadores del sector público. "Es fundamental que Función Pública y Hacienda hagan efectivo este compromiso", subrayó.

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(El Economista, 19-03-2025) | Laboral

El SEPE cerró febrero con un agujero de casi 170.00 euros en el sistema de desempleo

Desde principios de año, las cuentas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presentan un desequilibrio, ya que el gasto en prestaciones por desempleo supera los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales destinadas a financiar estas ayudas. Según los informes de ejecución presupuestaria, en febrero el organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social registró un déficit de 169.000 euros, tras haber cerrado enero también en negativo (-22.062 euros). De este modo, el sistema de prestaciones por desempleo vuelve a números rojos por primera vez desde 2021, a pesar del incremento en el empleo y la reducción del número de parados, quienes actualmente perciben más de 1.000 euros mensuales de media. El SEPE opera con un sistema acumulativo, donde los ingresos y gastos de cada mes se suman a los siguientes, lo que permite evaluar qué porcentaje del presupuesto anual se ha consumido. En los dos primeros meses del año, se han desembolsado 4.307.829,77 euros en prestaciones, lo que equivale al 20,6% del presupuesto total y supone un aumento del 7% respecto al mismo período del año anterior, cuando había 167.000 desempleados más. Esta situación se debe, en parte, a que los trabajadores acceden al desempleo con salarios más altos, lo que eleva la cuantía de las prestaciones. Además, un número indeterminado de trabajadores con contratos fijos discontinuos en suspensión de actividad recibe prestación sin figurar como desempleado. Paralelamente, los ingresos procedentes de la cuota por desempleo han disminuido. En comparación con el mismo período de 2024, el SEPE ha recaudado casi 20.000 euros menos, mientras que el gasto en prestaciones ha aumentado en 295.634,2 euros. Existe debate entre los expertos sobre si ciertas ayudas, como el subsidio para trabajadores eventuales del campo en Extremadura y Andalucía (SEASS) o la Renta Activa de Inserción (RAI), deberían financiarse con estos ingresos o a través de impuestos. Excluyendo estas partidas, el balance de febrero sigue siendo deficitario, con -16.027 euros. Más allá de esta discusión, los datos reflejan que el sistema atraviesa su mayor tensión financiera desde finales de 2021, aunque sin llegar a los niveles de ese período, cuando el déficit superaba los tres millones de euros. El principal factor de este incremento es el aumento del gasto en prestaciones contributivas y en las cotizaciones a la Seguridad Social que el sistema cubre mientras los beneficiarios están desempleados. No obstante, este déficit no se debe en su mayoría a la reforma aprobada en mayo de 2023, que amplió los colectivos con derecho al subsidio tras agotar la prestación contributiva o no haber generado suficiente derecho a ella. En febrero, se destinaron 2.154.148 euros a prestaciones contributivas, un 9,95% más que en el mismo mes de 2024, y otros 847.177,18 euros a cubrir las cotizaciones de estos desempleados, un 10,5% más que el año anterior, pese a haber menos beneficiarios. En contraste, el aumento del gasto en subsidios por desempleo fue más moderado, con un incremento del 4,3%, superando los 796.390 euros, mientras que la cobertura de sus cotizaciones sociales creció un 3,9%, hasta los 357.046 euros. Si bien las prestaciones por desempleo no representan la totalidad de los ingresos y gastos del SEPE, sí constituyen su principal partida presupuestaria. Para 2024, el organismo cuenta con un presupuesto total de 27,7 millones de euros, de los cuales 20,9 millones están destinados a prestaciones para desempleados, tanto contributivas como asistenciales. El resto del presupuesto se destina a subsidios por cese de actividad para autónomos, orientación profesional, fomento del emprendimiento, modernización de los servicios públicos de empleo, cuotas a organismos internacionales, contratos del Estado, costos de personal y gastos financieros. En cuanto a los ingresos, la mayor parte proviene de las cuotas por desempleo, que se espera aporten 25,7 millones de los 27,2 millones previstos para el cierre del ejercicio. A finales de febrero, el SEPE había recaudado un 16,06% de esa cantidad. En comparación, las contribuciones por formación profesional (1,4 millones) y protección por cese de actividad (2.000 euros) son mínimas. Otras fuentes de ingresos relevantes incluyen fondos europeos destinados a programas cofinanciados con el Fondo Social Europeo (200.000 euros) y reintegros de ejercicios anteriores. En los últimos años, la OCDE ha señalado que el sistema español de prestaciones por desempleo es relativamente "generoso", debido a su duración de hasta dos años, a los subsidios adicionales tras agotar la prestación y al porcentaje del último salario que cubre. En este sentido, el Gobierno elevó la cuantía inicial al 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses sin empleo, reduciéndola después al 60%, mientras que en 2012 este porcentaje bajaba al 50%. La reforma del subsidio amplió la cuantía inicial a 570 euros mensuales durante el primer semestre, reduciéndola a 540 euros en los seis meses siguientes y a 480 euros hasta agotar la ayuda. Esta modificación buscó mejorar la compatibilidad con el empleo, aunque al mismo tiempo incrementó la percepción de "generosidad" en las ayudas, lo que generó un debate dentro del Gobierno, especialmente con el área económica.

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(El Periódico, 19-03-2025) | Laboral

La patronal Conpymes considera que reducir la jornada por ley "se carga la cultura del esfuerzo"

La ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales avanza hacia su debate en el Congreso de los Diputados, mientras aumenta la intensidad del debate entre sus defensores y opositores. Hace dos semanas, los sindicatos organizaron una manifestación en Barcelona para presionar a Junts y evitar que bloquee la medida. Este martes, en respuesta, los empresarios se han reunido en Madrid para expresar su rechazo a la norma ante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La patronal Conpymes ha congregado a más de un centenar de representantes de distintos gremios y asociaciones en la Casa Árabe de Madrid para manifestar su oposición al anteproyecto de ley, el cual fue acordado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos. Según Conpymes, la medida, que entraría en vigor este año y obligaría a todas las empresas a reducir la jornada laboral antes del 1 de enero de 2026, afectaría negativamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. "El nuestro sería el segundo país de Europa con menos horas de trabajo, solo por detrás de Francia, que desde 2002 aplica la jornada de 35 horas", ha señalado el presidente de Conpymes, José María Torres. Además, ha criticado la idea de que trabajar menos mejora la felicidad, argumentando que esto va en contra de la cultura del esfuerzo. "Se trata de propuestas populistas que dividen a la sociedad en empresarios explotadores y obreros oprimidos. No somos grandes compañías con beneficios millonarios", ha insistido. Desde Conpymes consideran que la reducción de la jornada es insostenible, ya que se suma a otros factores como el aumento de las cotizaciones sociales, el incremento del salario mínimo y el encarecimiento de las materias primas. Además, critican que esta medida debilita la negociación colectiva. La organización, que busca consolidarse como una alternativa a la CEOE en el diálogo social, comparte el rechazo de esta última y abre un nuevo frente de oposición a la que pretende ser la reforma laboral más importante del Gobierno en esta legislatura. La patronal también ha instado a Junts a mantenerse en su postura contraria a la reducción de jornada, ya que su voto será determinante para la aprobación de la ley en el Congreso. Torres ha pedido al partido de Carles Puigdemont que no utilice a las pymes como moneda de cambio en sus negociaciones con el Ejecutivo. En el acto, se ha leído un manifiesto en el que se critica que la ley no tenga en cuenta aspectos como la naturaleza de cada actividad económica, el tamaño de las empresas, la diversidad de sectores o las nuevas modalidades laborales, como el trabajo por objetivos, el teletrabajo o la distribución flexible del horario para mejorar la conciliación. Torres también ha rechazado las ayudas empresariales propuestas por la vicepresidenta segunda para mitigar el impacto de la medida en las microempresas, calificándolas de limosna. El Gobierno ha planteado un paquete de 350 millones de euros en subvenciones de hasta 6.000 euros para negocios con menos de cinco empleados en sectores como el comercio, la hostelería, peluquerías, limpieza y agricultura. También se han anunciado bonificaciones en cotizaciones para empresas que contraten a más personal, pero Conpymes considera que estas medidas no resolverán el problema, ya que muchas pequeñas empresas no podrán asumir la contratación de nuevos empleados solo para cubrir 2,5 horas semanales, lo que reducirá sus márgenes de beneficio al disminuir la jornada de su plantilla actual.

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(Expansión, 18-03-2025) | Laboral

El salario medio en España alcanza su máximo histórico, 2.442 euros mensuales

Las diferencias en los costes laborales varían significativamente según la región y el sector de actividad. Además, el crecimiento de las cotizaciones sociales ha sido un 14% más acelerado que el de las remuneraciones. Las medidas aprobadas en los últimos años por el Gobierno de Pedro Sánchez han supuesto un notable aumento de las cargas que deben asumir los empresarios al contratar trabajadores. Aunque la subida de los costes laborales ha coincidido con una evolución positiva del empleo y de la economía española, también es evidente el mayor esfuerzo financiero que están realizando los empleadores en este contexto. La Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja cómo los costes laborales han ido incrementándose en los últimos años, impulsados por el crecimiento de la actividad económica y el aumento de las obligaciones impuestas por la administración. Durante el cuarto trimestre de 2024, los costes laborales en España crecieron un 3,6% interanual, un ritmo inferior al de años anteriores (5% en 2023, 4,2% en 2022 y 4,4% en 2021). Sin embargo, este incremento ha elevado el coste laboral total hasta su nivel más alto en los últimos 24 años, alcanzando los 3.258 euros mensuales. Este aumento se debe, por un lado, al crecimiento del 3,5% en los salarios, que han llegado a una media de 2.442 euros mensuales, cifra que incluye tanto las remuneraciones en metálico como en especie y que representa el nivel más alto de la serie histórica. Por otro lado, los otros costes laborales, donde destacan las cotizaciones sociales, crecieron un 3,7%, situándose en 815 euros mensuales. A pesar de la fortaleza del mercado laboral, el impacto del aumento de las cargas sobre los empleadores es significativo. Mientras que los salarios han crecido un 3,5% en el último trimestre de 2024, las cotizaciones a la Seguridad Social han aumentado en un 4%, evidenciando el mayor peso de los costes adicionales que deben asumir las empresas. Más allá de la tendencia general, los datos del INE revelan importantes diferencias según la comunidad autónoma y el sector de actividad. Diferencias salariales por comunidad autónoma. Existen notables disparidades en los sueldos según la región, con una brecha de casi 1.000 euros mensuales entre las comunidades con las remuneraciones más altas y más bajas. Madrid lidera el ranking con un salario medio de 2.942 euros mensuales, mientras que Canarias registra la remuneración más baja con 1.976 euros brutos al mes. Por encima de la media nacional de 2.442 euros se encuentran comunidades como País Vasco (2.744 euros), Navarra (2.667 euros), Cataluña (2.622 euros), Asturias (2.461 euros) y Baleares (2.453 euros). En el otro extremo, además de Canarias, las regiones con los sueldos más bajos son Extremadura (2.005 euros), Andalucía (2.096 euros), Castilla-La Mancha (1.142 euros), Comunidad Valenciana (1.176 euros), Murcia (1.183 euros) y Galicia (2.195 euros). Los datos del INE también muestran una gran brecha salarial entre sectores, con diferencias de hasta 3.500 euros al mes. Los sectores con salarios más bajos son: Hostelería, la actividad con menor remuneración, con 1.444 euros mensuales. Actividades administrativas (1.645 euros), actividades artísticas (1.799 euros), comercio (2.143 euros), construcción (2.317 euros), educación (2.360 euros) y transporte (2.414 euros), todas ellas por debajo de la media nacional. Los sectores mejor remunerados superan la media de 2.442 euros y destacan por sus altos salarios: Actividades inmobiliarias (2.479 euros), suministro de agua (2.558 euros), actividades sanitarias (2.600 euros), industria manufacturera (2.782 euros), actividades profesionales científicas y técnicas (3.170 euros), administración pública (3.192 euros), industrias extractivas (3.573 euros), información y comunicaciones (3.680 euros), actividades financieras y de seguros (4.480 euros) y suministro de energía eléctrica (4.912 euros). En definitiva, aunque el mercado laboral español muestra signos de resistencia, el incremento de los costes laborales, especialmente de las cotizaciones sociales, ha supuesto una carga creciente para los empresarios, con marcadas diferencias según la región y el sector en el que operen.

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(Expansión, 18-03-2025) | Laboral

Los empresarios ya pagan 755 euros al mes en cotizaciones por cada trabajador

En la década previa a la llegada del actual presidente del Gobierno, bajo los mandatos del Partido Popular (PP), el coste de las cotizaciones a la Seguridad Social aumentó un 7%, un ritmo tres veces menor que el registrado durante los gobiernos del Partido Socialista (PSOE) en casi el doble de tiempo. Las medidas aprobadas en los últimos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, incluyendo las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el incremento de las bases máximas de cotización y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), han provocado un fuerte aumento de los costes que los empresarios deben asumir por cada trabajador contratado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último trimestre de 2024, el coste medio de las cotizaciones sociales obligatorias abonadas por los empleadores aumentó un 4% interanual, alcanzando los 755 euros mensuales por trabajador. Esta cifra no solo es la más alta desde 2008, cuando se empezó a desglosar este componente del coste laboral, sino que evidencia el notable incremento experimentado en los últimos seis años. Desde el cuarto trimestre de 2018, año en el que Pedro Sánchez asumió la presidencia, el coste de las cotizaciones ha acumulado un aumento del 25%, lo que supone 154 euros más al mes por trabajador. En contraste, en los diez años previos, siete de ellos bajo el PP, el incremento total fue del 7%, es decir, tres veces menor en casi el doble de tiempo. El encarecimiento del empleo, impulsado en gran medida por la subida del salario mínimo (que habrá aumentado un 60% entre 2019 y 2025) y las reformas del sistema de pensiones, apunta a mantenerse en los próximos años. Además, si se concreta la reducción de la jornada laboral, el impacto podría ser aún mayor. La reducción a 37,5 horas semanales supondría un incremento del 6,6% en el coste por hora trabajada, lo que, según cálculos de la CEOE, representaría un impacto de hasta 24.000 millones de euros para las empresas. El crecimiento del empleo en los últimos seis años ha sido significativo, con 2,2 millones de nuevos ocupados, aunque ha estado concentrado en grandes empresas. En contraste, el número de empleadores apenas ha crecido en 14.000 personas, e incluso ha descendido en el último año hasta 973.000, alejándose del récord de 1,03 millones registrado recientemente. Para 2025, se prevé un nuevo aumento de costes para las empresas debido a diversas medidas que afectarán directamente a las cotizaciones: Incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,8% del salario bruto. Subida del 4% en la base máxima de cotización, hasta 59.000 euros anuales. Aplicación de la cuota de solidaridad para salarios que superen la base máxima. Aumento del salario mínimo interprofesional en un 4,4%, hasta 1.184 euros mensuales (16.576 euros anuales). Este conjunto de medidas supondrá un sobrecoste de 7.800 millones de euros en cotizaciones a lo largo de 2025, afectando tanto a empresas como a trabajadores. Las principales organizaciones empresariales, como la CEOE y Cepyme, han alertado al Gobierno sobre el riesgo de que el continuo aumento de costes afecte al mercado laboral. Según el Banco de España, esta tendencia podría traducirse en una ralentización del empleo en los próximos años: En 2024, el empleo creció un 2,2%, pero para 2025 se espera que el ritmo disminuya al 1,9%. Para 2026, se proyecta un crecimiento aún menor, del 1,2%. En 2027, la previsión baja al 1%. En resumen, aunque el mercado laboral ha mostrado resistencia en los últimos años, la combinación de aumentos salariales, mayores cotizaciones y nuevas regulaciones podría afectar la creación de empleo y la competitividad empresarial en el futuro.

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(El País, 18-03-2025) | Laboral

Casi tres de cada cuatro nuevos empleos se han generado en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia

El informe "Evolución de la ocupación y población activa en España 2019-2024. Detalle por comunidades autónomas", elaborado por los investigadores de la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea), Miguel Ángel García y Fernando Pinto, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), analiza la evolución del empleo en los últimos cinco años. Según el estudio, el número de ocupados ha experimentado un notable crecimiento, con 1,9 millones más de personas empleadas a finales de 2024 en comparación con 2019, lo que supone un aumento del 9,5%. Paralelamente, el desempleo se ha reducido en 638.000 personas. Este avance se ha producido en un contexto de fuerte expansión de la población activa, que ha crecido en 1,3 millones de personas en edad y disposición de trabajar, y gracias a la capacidad de adaptación del tejido productivo. Uno de los principales hallazgos del informe es que el crecimiento del empleo no ha sido uniforme en todo el país, sino que se ha concentrado mayoritariamente en las comunidades con mayores niveles de renta. Aunque todas las regiones han experimentado un aumento en la ocupación, el 70% del empleo generado se ha concentrado en solo cuatro comunidades: Cataluña (20%), Andalucía (18,6%), Madrid (17,3%) y la Comunidad Valenciana (14%). El estudio destaca que este crecimiento no solo se debe al tamaño poblacional de estas regiones, sino también a su dinamismo laboral, mejores infraestructuras y la presencia de sectores con alta demanda de capital humano. Si se analiza el incremento porcentual del empleo desde 2019, la Comunidad Valenciana lidera el ranking con un aumento del 12,6%, seguida de Andalucía (11,2%), Cataluña (10,9%), Navarra (10,9%) y Castilla-La Mancha (10,6%). También han registrado crecimientos superiores a la media nacional (9,5%) la Región de Murcia (9,8%), Asturias (9,6%) y Ceuta (9,6%). En el otro extremo, Castilla y León ha sido la comunidad con el menor aumento de ocupación (3,7%), seguida del País Vasco (5,1%). Otro aspecto relevante que resalta el informe es el papel clave de la población inmigrante en la creación de empleo. Según los datos, tres de cada cuatro nuevos empleos han sido ocupados por personas extranjeras o con doble nacionalidad. Como resultado, la proporción de trabajadores nacidos fuera de España ha pasado del 15,9% al 20,7% del total, lo que representa un incremento de casi cinco puntos porcentuales. Además, la evolución del empleo refleja un progresivo envejecimiento de la población activa. Más del 74% de los nuevos ocupados en los últimos cinco años tienen más de 50 años, mientras que el grupo de 30 a 40 años ha reducido su presencia en el mercado laboral en casi 700.000 personas. Según Miguel Ángel García, el crecimiento de la población activa en este periodo (1,3 millones de personas) se debe exclusivamente a la incorporación de trabajadores nacidos fuera de España, ya que el número de activos españoles ha caído en 99.000 personas, mientras que los extranjeros (854.000) y aquellos con doble nacionalidad (539.300) han compensado con creces esta reducción. Por último, el estudio señala una mejora en la calidad del empleo generado, con un desplazamiento hacia sectores de mayor cualificación. Un 22,1% de los nuevos ocupados trabaja en transporte, almacenamiento e información y comunicaciones, mientras que el 18% se encuentra en intermediación financiera, actividades inmobiliarias y servicios profesionales, científicos y administrativos. En cambio, sectores tradicionales como el comercio y la hostelería (9,3%) o la construcción (10,4%) han crecido a un ritmo más moderado, al igual que la industria, que representa un 9% del empleo generado. El informe confirma así una tendencia hacia la especialización en ocupaciones más cualificadas, especialmente entre los trabajadores nacidos en España.

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