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(El Economista, 18-03-2025) | Laboral

España se confirma como la campeona europea en subempleo

El mercado laboral español cierra 2024 como el que peor aprovecha su fuerza de trabajo dentro de la Unión Europea, según los datos de "holgura laboral" publicados por Eurostat. Esto se debe principalmente a que España sigue liderando el desempleo en la región, pero también encabeza otra categoría preocupante: la de personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran un empleo a jornada completa. En el cuarto trimestre, esta cifra alcanzó los 1,1 millones de personas, lo que representa un 4,5% de la fuerza laboral extendida entre los 20 y 64 años, sin cambios significativos desde 2022, a pesar de la mejora del empleo en general. La holgura laboral es un indicador que va más allá de las tradicionales categorías de empleo y desempleo, al incluir a quienes, aunque desean trabajar, no buscan empleo de manera activa o no pueden incorporarse de inmediato, lo que los clasifica como "inactivos" sin contar como desempleados. También abarca a los trabajadores que, ante la falta de mejores oportunidades, se ven obligados a aceptar empleos a tiempo parcial, es decir, los subempleados. Este índice expresa cada uno de estos grupos como un porcentaje de la suma de la población activa (empleados y desempleados) y los inactivos que desean trabajar pero no son considerados parados. En España, el porcentaje de inactivos no parados es del 3,7%, por debajo de Italia (7,4%), pero tanto la tasa de desempleo (10,1%) como la de subempleo (4,5%) son las más altas de la UE, lo que eleva la holgura laboral al 18,3%. Un análisis más detallado de los datos de Eurostat revela que el subempleo en España no sigue la tendencia del resto de Europa. Aunque el 14,1% de los ocupados entre 20 y 64 años trabaja a tiempo parcial, este porcentaje es inferior a la media europea (16,6%) y menor que en otros nueve países. Países Bajos, por ejemplo, alcanza un 48%. Sin embargo, España presenta una proporción de subempleados desproporcionadamente alta en comparación con su tasa de empleo a tiempo parcial. Si ampliamos el rango de edad de 15 a 74 años, el porcentaje de subempleados en Países Bajos sube del 3,8% al 4,8%, mientras que en España se mantiene en el 4,5%, quedando en segundo lugar. Este comportamiento se debe a que el subempleo en España afecta a todas las franjas de edad, en lugar de concentrarse en los más jóvenes. Entre los menores de 25 años, la tasa alcanza el 8,1%, frente al 13,3% de Países Bajos o el 12,5% de Irlanda. En mayores de 55 años, España registra un 3,2%, en línea con Irlanda (3,2%) y por debajo de Francia (4%), mientras que en Países Bajos cae al 2,4%. En la franja de 25 a 64 años, considerada la más activa laboralmente, España lidera con un 4,4%, superando a Francia (3,2%). Estos datos muestran que, aunque hay variaciones por edad, la mayor debilidad del subempleo en España se concentra en los trabajadores en su etapa más productiva, que constituyen el grueso de la mano de obra. El problema se acentúa al comparar el número de subempleados con el total de trabajadores a tiempo parcial entre 20 y 64 años. En España, el 41% de quienes trabajan a tiempo parcial lo hacen por falta de mejores opciones, frente al 15,7% de la media de la zona euro. Portugal, por ejemplo, tiene un 32,8%, aunque su tasa de subempleo dentro de la holgura laboral es solo del 2,4%. Algo similar ocurre en Grecia, donde el 28% de los trabajadores a tiempo parcial están subempleados. En contraste, en Países Bajos, donde el empleo a tiempo parcial es el más alto de Europa, solo el 8,9% lo hace por falta de una opción mejor. Sin embargo, dado el alto volumen de estos empleos, la tasa de subempleo sobre la fuerza laboral extendida es superior. España se encuentra en una situación intermedia: el subempleo afecta a 4 de cada 10 trabajadores a tiempo parcial y estos representan un porcentaje suficiente como para que el impacto en el mercado laboral sea considerablemente mayor que en otros países europeos. Solo Finlandia e Irlanda presentan una situación similar, aunque con un uso del empleo a tiempo parcial más extendido y una tasa de subempleo superior al 3,5%.

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(El Periódico, 18-03-2025) | Laboral

UGT reclama al Gobierno un nuevo acuerdo plurianual de subidas salariales para “dar certeza” a los empleados públicos

Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha insistido en la necesidad de establecer un segundo acuerdo marco que aporte certidumbre y seguridad económica a los empleados públicos, quienes desde el 1 de enero desconocen con exactitud cuánto percibirán en sus salarios. Durante un acto de balance sobre la vigencia del acuerdo anterior (2022-2024), el sindicato ha delineado sus principales propuestas para el nuevo marco, entre las que destacan la eliminación de la tasa de reposición, la equiparación de los perfiles profesionales en las distintas Administraciones y la creación de una senda de crecimiento plurianual con incrementos salariales fijos y una cláusula de revisión ligada a la evolución del IPC. "No podemos prever con exactitud el comportamiento del IPC, pero el mecanismo de incrementos salariales establecido en el anterior acuerdo ha permitido ofrecer estabilidad y seguridad a más de tres millones de empleados públicos. Debemos mantenerlo", ha subrayado Araque, instando al Gobierno a convocar cuanto antes la mesa de diálogo para comenzar a negociar el nuevo pacto. La sindicalista ha criticado la demora en la negociación, recordando que el anterior acuerdo finalizó en diciembre y que, a punto de entrar en abril, los trabajadores públicos siguen sin certezas sobre sus retribuciones. También ha cuestionado la falta de comunicación por parte de Función Pública y ha exigido al Ejecutivo que aplique de inmediato el 0,5% pendiente de incremento salarial del acuerdo anterior. "No hay justificación para que no se apruebe en el Consejo de Ministros de forma inmediata", ha recalcado. Entre las demandas clave de UGT figura la eliminación de la tasa de reposición, que limita las contrataciones en función de las bajas registradas. Araque ha señalado que este mecanismo representa un gran obstáculo para la Administración, especialmente cuando la edad media de su plantilla ronda los 53 años. "Es inaceptable que el proceso de incorporación de nuevos trabajadores se prolongue entre tres y cuatro años. Desde la publicación de una Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta la incorporación efectiva al puesto, el plazo máximo debería ser de 18 meses", ha advertido, destacando la importancia de agilizar estos procesos para garantizar la renovación del personal en las Administraciones. Otra de las reivindicaciones prioritarias de UGT es la equiparación de los perfiles de los empleados públicos en todas las Administraciones. Según Araque, es fundamental establecer criterios uniformes que permitan una clasificación adecuada del personal y faciliten la movilidad entre organismos. "Los trabajadores deben ser remunerados en función de sus funciones y su formación, algo que actualmente no está ocurriendo", ha señalado. El alto índice de temporalidad en el sector público, que alcanzó el 30% a finales de 2024, también ocupa un lugar destacado en las preocupaciones del sindicato. Para combatir esta situación, Araque ha propuesto agilizar el acceso a la función pública y permitir que las bolsas de aprobados sin plaza sean tenidas en cuenta en futuras convocatorias, sin necesidad de repetir exámenes. Aunque reconoce que reducir la temporalidad al 8%, como establece la Ley 20/2021, es un reto difícil de alcanzar, considera que estas medidas serían claves para reducir la precariedad en el sector. Además de fomentar la renovación generacional y la movilidad dentro de la Administración, UGT también reclama una mayor flexibilidad en los procesos de promoción interna. Araque ha sugerido que la experiencia laboral y la formación específica sean criterios válidos para ascender dentro de los distintos subgrupos, sin que la titulación académica sea un requisito excluyente. "No tiene sentido que un trabajador con años de experiencia y formación complementaria no pueda optar a una promoción por no contar con una titulación concreta", ha argumentado. Preguntada sobre si estas propuestas han sido compartidas con el resto de sindicatos, Araque ha admitido que aún no, aunque ha expresado su deseo de lograr una plataforma conjunta para la negociación. Sin embargo, la unidad sindical no está garantizada: CSIF, otro de los principales sindicatos del sector, ha convocado una protesta para este miércoles, 19 de marzo, frente al Ministerio de Hacienda para exigir avances en materia de remuneraciones para los empleados públicos.

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(Expansión, 17-03-2025) | Laboral

Cepyme advierte de un debilitamiento en la creación de empleo entre las compañías de menos de 10 trabajadores

Aunque los indicadores macroeconómicos de España siguen reflejando estabilidad en el desempeño de los últimos años, se observa un deterioro en los niveles más básicos de la economía, algo que solo se percibe con un análisis detallado de distintas variables. Este es precisamente el enfoque adoptado por Cepyme en su último informe sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, donde advierte que los negocios de menor tamaño están alcanzando el límite de su capacidad para absorber el incremento de costes. Este aumento afecta tanto a los gastos de producción y operativos debido a la inflación, como a los laborales, impulsados por la subida de las cotizaciones y del salario mínimo interprofesional. En este contexto, el informe correspondiente al cuarto trimestre del año pasado revela que los costes laborales de las pequeñas empresas aumentaron un 3,7% en los últimos tres meses del año y un 4,3% en el promedio de 2024. Este crecimiento es casi el doble del avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), que fue del 2,8%. En el caso de las empresas medianas, el alza anual de los costes laborales se situó en el 3,9%. Además, Cepyme destaca que en las microempresas los costes laborales han aumentado un 25% en los últimos cuatro años, mientras que en las empresas medianas el incremento ha sido del 19%. El impacto directo de este aumento en los costes laborales es un debilitamiento en la generación de empleo, especialmente en las empresas más pequeñas. Durante el año pasado ya se aplicaron aumentos en el salario mínimo, en las bases máximas de cotización y en el mecanismo de equidad intergeneracional, medidas que se han repetido este año junto con la nueva cuota de solidaridad y la posible reducción de la jornada laboral. El informe subraya que el crecimiento del empleo es menor cuanto más pequeña es la empresa. En las microempresas (menos de 10 empleados), el empleo creció un 0,8% interanual, mientras que en las grandes compañías (más de 250 trabajadores) el aumento fue del 6,5%, es decir, ocho veces más. En las pequeñas (10 a 49 empleados) y medianas empresas (50 a 249 empleados), el crecimiento interanual fue del 3,2%. En términos absolutos, de los 640.600 empleos asalariados creados en 2024 por el sector privado, el 66,4% (425.400 puestos) correspondió a grandes empresas, mientras que las pymes generaron el tercio restante (215.200 empleos). Dentro de este grupo, las microempresas solo aportaron 25.700 empleos (4% del total), frente a los 103.800 de las pequeñas empresas (16,2%) y los 85.600 de las medianas (13,4%). Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, denuncia que el aumento de los costes laborales en micro y pequeñas empresas es desproporcionado y advierte que esto está provocando el cierre de muchos pequeños negocios. Si bien el número total de pymes se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años, con un crecimiento acumulado del 0,5% desde finales de 2019, la evolución varía según el tamaño de las empresas. Mientras que la cantidad de microempresas se redujo un 1%, las pequeñas crecieron un 9,8% y las medianas un 8,7%. Sin embargo, este crecimiento queda opacado en comparación con el de las grandes empresas, que aumentaron un 19,5% en el último lustro. Desde 2019 han desaparecido 11.300 microempresas, mientras que las pequeñas han aumentado en 15.300 y las medianas en 2.220, lo que deja un saldo neto de 6.200 pymes más en cinco años, frente a un aumento de 954 grandes empresas. El estudio concluye que el incremento de los costes está afectando la capacidad de las pequeñas empresas para generar empleo, invertir y mejorar su productividad. Además, la incertidumbre sobre futuras modificaciones en la legislación laboral, aplicadas sin negociación y sin considerar las particularidades de cada tipo de empresa, genera inseguridad jurídica y dificulta la planificación de nuevos proyectos.

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(El Economista, 17-03-2025) | Laboral

El Gobierno debatirá este mes si aumenta de nuevo las cotizaciones sociales tras el examen de la AIReF

En un plazo máximo de dos semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) deberá determinar si las reformas en el sistema de pensiones garantizan su sostenibilidad a largo plazo. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta de publicación del análisis, el límite establecido es el 1 de abril. Como consecuencia, este mes el Gobierno podría volver a enfrentarse al debate sobre un posible aumento de las cotizaciones para hacer frente al envejecimiento de la población. El análisis de la AIReF evaluará si la reforma impulsada inicialmente por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sido efectiva para mitigar el impacto del creciente número de jubilados en las cuentas públicas. En concreto, se examinará cómo han influido las medidas adoptadas desde 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el período comprendido entre 2022 y 2050. El informe calculará la diferencia entre el incremento del gasto y el aumento de los ingresos generado por las sucesivas subidas de cotizaciones. Si el gasto en pensiones supera el 13,3% del PIB -como han estimado tanto el Banco de España como la propia AIReF-, el Gobierno deberá implementar ajustes para corregir este desajuste. Hace un mes, el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros un Real Decreto con el objetivo de precisar qué se considera ingreso del sistema de Seguridad Social a efectos de la evaluación de la AIReF. Según fuentes del Ministerio, esta normativa "no introduce nuevas fuentes de financiación", ya que las fuentes de ingresos ya están definidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social. Desde el Ministerio también insisten en que "para garantizar que el informe refleje la situación real en el momento de su elaboración, se deben emplear los datos más recientes disponibles", asegurando que "no se modifica en ningún caso el criterio de evaluación". No obstante, algunos expertos discrepan. Según especialistas en fiscalidad, el decreto obliga a la AIReF a considerar las transferencias del Estado como parte de los recursos del sistema, algo que, según Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, "no mejora realmente la sostenibilidad del sistema". García explica que las transferencias estatales ascienden a 44.500 millones de euros adicionales, a los que se suma un préstamo de la Seguridad Social de 12.000 millones, lo que eleva el total a 56.500 millones de euros. Sin estas inyecciones de fondos, el déficit del sistema sería de 1,8 puntos del PIB, mientras que, con las transferencias, se reduce a entre 0,5 y 0,6 puntos. "El sistema de pensiones cerró 2024 con un déficit del 0,5% del PIB gracias a estas transferencias, lo que evita un ajuste inmediato pero enmascara la verdadera situación financiera del sistema", advierte el experto. Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha insistido en varias ocasiones en que confía en la viabilidad del sistema sin necesidad de ajustes. En una reciente entrevista con la agencia EFE, aseguró que "todos los datos van en la dirección correcta" y destacó la mejora en la ratio de cotizantes por pensionista, que alcanzó los 2,44 gracias al incremento en el número de afiliados. Pero, ¿qué ocurrirá si el informe de la AIReF determina que el gasto neto en pensiones entre 2022 y 2050 supera el 13,3% del PIB? En ese caso, el Gobierno estará obligado a proponer medidas para reducir el exceso de gasto, lo que podría implicar una subida de las cotizaciones sociales, un ajuste en las pensiones o una combinación de ambas. Para ello, el Ejecutivo deberá iniciar negociaciones con los agentes sociales -patronal y sindicatos- con el fin de alcanzar un acuerdo. Una vez diseñada la propuesta, esta será remitida a la Comisión del Pacto de Toledo y posteriormente aprobada en forma de proyecto de ley para su debate en el Parlamento. Si no se logra un consenso, se activará la cláusula de cierre: un aumento automático del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para cubrir un 20% del desvío del gasto cada año hasta que se adopten nuevas medidas o el sistema logre corregir su desequilibrio de forma estructural. Esta medida entraría en vigor si el proyecto de ley no estuviera aprobado antes del 1 de enero del año siguiente.

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(El Periódico, 17-03-2025) | Laboral

El número de pluriocupados ha superado por primera vez la simbólica cota de las 100.000 personas en Cataluña

La pobreza laboral sigue a la baja en Cataluña, pero también permanece enquistada entre ciertos colectivos y profesiones. Por ejemplo, más de uno de cada cuatro trabajadores de la hostelería no gana lo suficiente para salir de la exclusión social y en el caso de las empleadas del hogar escala a casi cuatro de cada 10. Y una de las soluciones cuando el sueldo de un empleo no alcanza para pagar las facturas está siendo buscarse otro. La proporción de personas que pese a tener un empleo no llegan a final de mes o llegan muy apuradas sigue decreciendo, como viene siendo habitual en los últimos años, y en 2023, según los últimos datos recopilados por CCOO de Cataluña, se situó en el 10,4% del total de la población trabajadora. Parte de los catalanes que logran los ingresos suficientes para escapar del umbral de la pobreza lo hacen porque combinan dos o más empleos. Y es que el número de pluriocupados ha superado por primera vez la simbólica cota de las 100.000 personas y concretamente se sitúa en los 117.336 personas, según los datos del tercer trimestre de 2024 de la EPA. "Forma parte de la mejora general del mercado laboral. No es lo ideal, pero como mínimo pueden complementar sus ingresos", ha afirmado el economista de CCOO de Cataluña, Albert Ferrer. El sindicato ha presentado este jueves su informe anual sobre la evolución de la pobreza laboral, que traza un retrato robot de ese trabajador en riesgo de exclusión social: Mujer, nacida fuera de la UE, de mediana edad y sin estudios o estudios muy básicos. Forman parte de una familia numerosa o, todo lo contrario, vive sola. Estas son las variables que más determinan si un empleado podrá llegar a final de mes con su sueldo o no. No en vano, las empleadas del hogar (39,6%) y las camareras (28%) son dos de los perfiles más habituales entre los trabajadores en riesgo de exclusión social. Parte del buen momento que lleva viviendo la economía española y catalana durante el último lustro está permeando en las capas más precarias del mercado laboral. No obstante, permea a un ritmo lento y es que la pobreza laboral ha pasado del 10,9% en 2020, primer año covid, hasta el 10,4% de 2023, cinco décimas en tres años.  No es baladí que la pluriactividad aumente y la pobreza laboral disminuya, ya que parte de la segunda se explica por la poca intensidad del trabajo en ciertos hogares. Es decir, trabajan menos horas de las que querrían y ello se traduce en parcos ingresos a final de mes. Ya sea porque les salen contratos por horas y luego no tienen continuidad, ya sea porque trabajan solo parte del mes, ya sea porque tienen contratos parciales de pocas horas. El informe de CCOO calcula que hay unas 400.000 personas en toda Cataluña que podrían trabajar más horas de las que actualmente faenan. Además de los 334.000 catalanes que están inscritos en paro. "Es uno de los principales retos, ya que tiene una importante incidencia en la pobreza laboral", ha insistido Ferrer. Y ello pese a las reiteradas quejas de muchos sectores empresariales de la falta de mano de obra disponible. En la línea de lo que sostienen otros estudios, el sindicato ha insistido en señalar que esa reducción general de la pobreza laboral se debe, en gran parte, a "los sucesivos incrementos del salario mínimo, están siendo muy importantes", ha afirmado el economista de CCOO.

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(El Economista, 14-03-2025) | Laboral

La temporalidad aún destruye más de un millón de empleos al mes

La fuerte dependencia del empleo estacional y de los contratos de corta duración sigue afectando al mercado laboral español, a pesar de que han transcurrido tres años desde la implementación de la reforma laboral. En enero, se registraron 1,1 millones de bajas en la afiliación a la Seguridad Social por este motivo, lo que supone una reducción de apenas 160.000 casos respecto a las cifras previas a la pandemia. Aun así, representa el 6,5% del total de asalariados registrados. Un dato significativo es que, actualmente, casi un tercio de esas bajas corresponden a trabajadores con contratos fijos discontinuos, cuando antes apenas representaban el 3%. ¿Es la inactividad de los fijos discontinuos una forma de destrucción de empleo? Desde el punto de vista de las estadísticas de afiliación, sí. Cuando un trabajador con este tipo de contrato queda inactivo, deja de recibir salario y, por lo tanto, se le da de baja en la Seguridad Social, al igual que ocurre con los despidos, dimisiones o la finalización de contratos temporales. Sin embargo, a diferencia de estos casos, el contrato de un fijo discontinuo sigue vigente, a la espera de que la empresa lo reincorpore. Esto implica que no se le considera oficialmente como desempleado, aunque puede solicitar prestación por desempleo. Además, en caso de extinción del contrato, su indemnización es mayor que la de un trabajador temporal (entre 20 y 33 días por año trabajado, frente a los 12 días de los temporales). No obstante, el pase a la inactividad no conlleva ninguna compensación económica. Desde su creación hace más de 40 años, los contratos fijos discontinuos fueron concebidos como una alternativa a los contratos temporales, especialmente en el sector turístico. No obstante, su uso era limitado hasta que la reforma laboral amplió su alcance, permitiendo al Gobierno destacar una reducción de la estacionalidad en el empleo que en realidad es menor de lo que sugieren las cifras oficiales. En enero de 2024, se registraron 1,69 millones de bajas en la Seguridad Social, la cifra más alta desde la reforma, aunque inferior a los niveles de 2018, 2019 y 2020. La finalización de contratos temporales sigue siendo la principal causa, con 782.075 bajas, representando el 46% del total. Este es el nivel más alto desde 2022, cuando alcanzó 1,12 millones (el 71% del total). Sin embargo, hay que recordar que en los primeros meses de 2022 aún se podían firmar contratos temporales por obra y servicio, lo que influyó en las cifras de ese año. La inactividad de los fijos discontinuos se ha convertido en la segunda causa de bajas, con 308.848 casos (18,7% del total). Antes de la reforma, en enero este tipo de bajas apenas llegaba a 46.000 de media (2,6%). Si sumamos ambas cifras (finalización de temporales e inactividad de fijos discontinuos), la cantidad de bajas de afiliación alcanza 1,09 millones, la más alta desde 2022, aunque menor a los 1,25 millones de media registrados en eneros anteriores. En términos porcentuales, estas bajas representan el 64% del total. A pesar de estos datos, la reforma sí ha logrado reducir la temporalidad efectiva del empleo. Las bajas por empleos eventuales representan ahora el 6,5% de los afiliados al Régimen General, un punto y medio menos que antes de la reforma. Esta reducción se debe al aumento de la contratación indefinida, aunque esta tendencia viene acompañada de un incremento en despidos, dimisiones y bajas durante el periodo de prueba. No obstante, si solo se consideraran las bajas por finalización de contratos temporales, la tasa de temporalidad habría caído al 4,7%. Sin embargo, los fijos discontinuos han pasado de representar el 0,3% al 1,8%, limitando el posible descenso en la volatilidad del empleo. Lo más paradójico es que, aunque en términos generales se ha reducido la inestabilidad, los asalariados con contrato eventual o fijo discontinuo siguen sin notar una mejora significativa en su estabilidad laboral.

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(Expansión, 13-03-2025) | Laboral

Una de cada tres empresas prevé aumentar su plantilla este año

Las empresas españolas prevén un aumento neto del empleo del 15% entre abril y junio, según el último Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup. Esta cifra supone un incremento de tres puntos en comparación con el mismo periodo de 2024. Para el segundo trimestre de 2025, una de cada tres compañías en España (33%) planea ampliar su plantilla, el 49% la mantendrá sin cambios y el 16% prevé reducirla. Los sectores con mejores perspectivas son transporte, logística y automoción, con una previsión neta de creación de empleo del 27%. Les siguen los sectores financiero e inmobiliario, con un 26%, y los de bienes y servicios de consumo, junto con el ámbito de la salud y farmacia, ambos con un 25%. Por el contrario, las expectativas en el sector de publicidad y comunicación han caído drásticamente hasta el -18%, tras haber registrado un sólido 20% en el primer trimestre de 2025. Esta reducción de 38 puntos es la mayor entre todos los sectores analizados. En cuanto a la distribución geográfica, Levante (Comunidad Valenciana y Región de Murcia) lidera las previsiones con un 21% de incremento neto de empleo, lo que representa una subida de 12 puntos respecto al trimestre anterior. Le siguen la zona Centro (Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha) con un 18%, tras una leve disminución de un punto. Tanto la región Noreste (Cataluña y Baleares) como la Noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León) registran el mismo porcentaje, aunque con una caída de 9 puntos en comparación con el primer trimestre del año. Las regiones más cautelosas en sus previsiones son Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco, con una estimación del 13%, aunque con una mejora de tres puntos. Por su parte, Andalucía, Extremadura y Canarias reflejan una caída de 6 puntos, situándose también en el 13%. Las empresas de tamaño medio-grande, con entre 250 y 999 empleados, son las más optimistas respecto al próximo trimestre, con una previsión neta de generación de empleo del 27%. Les siguen de cerca las compañías con entre 1.000 y 4.999 trabajadores, que estiman un crecimiento del 24%.

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(El Economista, 13-03-2025) | Laboral

El desempleo de los seniors impide que el paro marque un mínimo histórico

La evolución del mercado laboral en los últimos 25 años ha afectado especialmente a los mayores de 45 años, convirtiéndolos en el grupo más perjudicado. Mientras que en febrero del año 2000 representaban el 26,5% de los desempleados registrados, en la actualidad han alcanzado el 57,4%, la cifra más alta jamás registrada en un mes de febrero. Desde agosto de 2021, esta "tasa de edadismo" ha ido batiendo récords mes tras mes, dificultando la reducción del desempleo. Si la evolución de este colectivo hubiese sido similar a la de otros grupos, el paro en España ya podría haber bajado de los 2 millones de personas, un umbral que solo se alcanzó en 2001, con 1,99 millones de desempleados. Este fenómeno tiene un impacto significativo en el mercado de trabajo. En febrero pasado, el número de parados menores de 45 años descendió hasta 1,1 millones, lo que supone una reducción del 23,3% respecto a los 1,44 millones de 1999. Sin embargo, el desempleo entre los mayores de 45 años se sitúa en 1,49 millones, lo que supone un aumento del 169% desde entonces, cuando solo representaban el 27,7% del total. Como resultado, el número total de parados en España es de 2,59 millones, un 30,1% más que en febrero de 2001, con 600.000 personas adicionales sin empleo. Si bien el envejecimiento de la población explica en parte esta evolución, los datos recientes reflejan que el mercado laboral también influye en esta tendencia. En periodos de creación de empleo, como el actual, la reducción del paro entre los mayores de 45 años es significativamente menor en comparación con otros grupos. Un claro ejemplo de ello se observa en la recuperación tras la pandemia. En febrero de 2021, la crisis sanitaria elevó el desempleo por encima de los 4 millones de personas (4.008.789), de las cuales el 48% tenía 45 años o más. Cuatro años después, el paro se ha reducido un 35%, situándose por debajo de los 2,6 millones (2.593.449). Entre los menores de 25 años, la caída ha sido del 46% (de 366.403 a 194.886), el mismo porcentaje que para el grupo de 25 a 44 años (de 1.694.378 a 909.534). En cambio, entre los mayores de 45 años, la reducción ha sido de solo el 23% (de 1.948.008 a 1.489.029), elevando su peso total hasta el 57,4%. Esta tendencia no es nueva. Tras la Gran Recesión, la brecha entre grupos fue aún más pronunciada. Entre febrero de 2013, cuando el paro alcanzó su récord de 5 millones, y febrero de 2020, antes de la pandemia, el porcentaje de desempleados mayores de 45 años aumentó del 39,1% al 51,2%. En ese período, el paro total bajó un 35%, pero con grandes diferencias: descendió un 45% entre los jóvenes, un 49% en el grupo intermedio y solo un 15% entre los seniors. Desde el pico histórico de desempleo en 2013, el paro registrado ha caído un 48%, con descensos del 59,4% entre los menores de 25 años, del 64,9% entre los de 25 a 44 años y solo del 24,4% entre los mayores de 45 años. En este tiempo, la "tasa de edadismo" ha pasado del 39,1% al 57,4%, alcanzando su nivel más alto en febrero. Cada mes desde agosto de 2021 ha marcado nuevos máximos históricos, aunque la estacionalidad introduce variaciones. Los meses previos a la campaña de verano (mayo y junio) muestran un aumento de esta tasa, superando el 58% en 2024, lo que indica que los mayores de 45 años tienen más dificultades para acceder a nuevas contrataciones. Sin embargo, en periodos de crisis profunda, el "edadismo" parece perder relevancia. Durante la crisis financiera, la destrucción de empleo afectó inicialmente más a los trabajadores más jóvenes, aunque el peso de los seniors en el desempleo volvió a crecer con el tiempo. Lo mismo ocurrió en 2020 con la pandemia, cuando su proporción sobre el total disminuyó temporalmente. Esto sugiere que, aunque en momentos de fuerte aumento del paro la discriminación por edad se atenúa, la tendencia a largo plazo es creciente. A pesar de que los datos recientes muestran una ligera estabilización de la tasa de edadismo, esto podría deberse a la desaceleración del mercado laboral, un fenómeno similar al observado en 2018 y 2019. Sin embargo, esta estabilización no implica una mejora real en la situación de los mayores de 45 años. Cabe señalar que las cifras del paro registrado presentan ciertas limitaciones, ya que solo incluyen a quienes se inscriben como demandantes de empleo. Esto genera una infrarrepresentación de los desempleados más jóvenes, que suelen tener menos acceso a prestaciones por su escasa trayectoria laboral, mientras que los mayores de 45 años tienden a estar más presentes en las estadísticas al contar con más facilidades para acceder a subsidios y ayudas.

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(El País, 13-03-2025) | Laboral

Tres de cada cuatro desempleados cobran prestación por la mejora del mercado laboral

En España, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, hay 2,59 millones de personas desempleadas. Aunque esta cifra es elevada en comparación con otros países europeos (la tasa de paro en España es el doble de la media de la UE), representa el nivel más bajo de desempleo en un mes de febrero desde 2008. Una de estas personas es Carolina Martín, quien explica: "Cobro el subsidio, unos 500 euros. No es mucho, pero ayuda a que no te mueras de hambre, aunque con los alquileres tan altos aquí..." A sus 27 años, Carolina se encuentra entre el 74,1% de los parados con experiencia laboral que reciben alguna prestación, el porcentaje más alto registrado en enero desde 2011, lo que los expertos asocian con dos factores: la buena situación del mercado laboral y las reformas del sistema asistencial que han ampliado los colectivos protegidos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, reflexiona que esta cifra es resultado de un mercado laboral muy sólido. Destaca que la tasa de cobertura, es decir, la proporción de parados que recibe alguna prestación, suele aumentar cuando la economía está en crecimiento. A medida que el PIB mejora (creció un 3,2% en 2024) y se crean más empleos, el paro de larga duración, que generalmente implica periodos sin cobertura, disminuye. "Cuando la ocupación crece, también lo hace la tasa de cobertura del desempleo", subraya Luján. Por su parte, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comentó que la tasa de cobertura alcanza su nivel más alto en 14 años. Atribuye esta mejora a factores como la reducción de la estacionalidad, el aumento de la estabilidad en los empleos y el crecimiento de la ocupación, lo que ha permitido la incorporación de sectores que antes eran inaccesibles para la contratación estable. También destacó la eliminación de los recortes de la reforma del PP en la protección por desempleo, lo que ha permitido ampliar la cobertura a más colectivos, como los empleados del hogar y los artistas. El primer cambio significativo en la protección asistencial ocurrió en 2019, cuando el Gobierno recuperó la ayuda específica para mayores de 52 años, que el PP había elevado a los 55. Este subsidio es el único que no se agota, una medida que tanto el Ejecutivo como los sindicatos justifican por la discriminación por edad que sufren muchas empresas. "Son 480 euros al mes. No es mucho, pero sin ella estaría mucho peor", afirma Jorge Alonso, un desempleado de 57 años que trabajó la mayor parte de su vida en la hostelería. Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CC OO, considera que la tasa de cobertura ha mejorado en los últimos años gracias a la inclusión de nuevos colectivos, como los empleados del hogar, y a la última reforma del año pasado, que elevó las cuantías y sumó más grupos, como los menores de 45 años sin cargas familiares o los trabajadores agrarios eventuales de todas las regiones, no solo de Andalucía y Extremadura. A pesar de la caída en el número de desempleados, el gasto en prestaciones ha aumentado. En enero, alcanzó los 2.215 millones de euros, frente a los 2.077 millones del año anterior. Según el Ministerio de Trabajo, este aumento se debe a varios factores: el crecimiento de los salarios base para las prestaciones contributivas, el fin de la reforma del PP que recortaba las bases a partir del sexto mes, la ampliación de los colectivos beneficiados y la creación del complemento de apoyo al empleo, que permite compatibilizar la prestación con el trabajo. Carlos Bravo cree que España podría alcanzar nuevamente una tasa de cobertura cercana al 80%, como sucedió en 2010, cuando la crisis económica obligó a muchos a recurrir al desempleo. Desde entonces, la tasa ha ido creciendo, con excepción de los años 2021 y 2022 debido a la pandemia. Esta mejora también se refleja en las diferencias entre sexos: la tasa de cobertura es del 82% entre los hombres, frente al 69,4% entre las mujeres, que tienen una mayor tasa de paro (11,83%) y más jornadas laborales a tiempo parcial involuntarias. En cuanto a las edades, son los mayores de 52 años los que más prestaciones reciben, ya que han tenido más tiempo para generar el derecho y están protegidos por el subsidio de duración indefinida. Además, España ha registrado la menor cifra de paro juvenil desde que se dispone de datos consolidados, aunque la tasa juvenil sigue siendo la tercera más alta de la UE.

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(Cinco Días, 12-03-2025) | Laboral

La baja en la Seguridad Social de un empleado antes de 15 días tras su dimisión es un despido improcedente

Las empresas no deben apresurarse al gestionar la baja de un empleado que decide dimitir, siempre que este haya notificado su intención de cumplir con el plazo de preaviso de quince días estipulado por la normativa laboral en casos de despido. Si la empresa no respeta dicho plazo, la baja podría considerarse un despido improcedente. Este criterio ha sido respaldado por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que revoca una decisión anterior de un juzgado de lo social. En este caso, el tribunal anuló la baja voluntaria de un camionero porque su empleador la tramitó antes de que finalizara el período de preaviso. El trabajador había informado a su empresa mediante un mensaje de WhatsApp que cumpliría con los quince días estipulados utilizando sus vacaciones pendientes. Por lo tanto, su contrato seguía vigente. Según los hechos probados en la sentencia, el empleado trabajaba como conductor para una empresa de transporte de mercancías por carretera. El 24 de diciembre de 2023, tras concluir su jornada, estacionó el camión en las instalaciones de la compañía. Posteriormente, el vehículo presentó "daños de origen desconocido". Dos días después, el trabajador comunicó a su jefe, a través de WhatsApp, su decisión de poner fin a la relación laboral debido a problemas de salud que le impedían continuar. Asimismo, indicó que respetaría el plazo de preaviso y lo compensaría con las vacaciones que tenía pendientes. Sin embargo, la empresa gestionó su baja ante la Tesorería General de la Seguridad Social el 27 de diciembre, con efectos retroactivos al 24 de diciembre, el día en que estacionó el camión. Además, le entregó un documento de liquidación y finiquito por un importe de 1.480 euros, descontando 600 euros en concepto de los daños en el camión. Posteriormente, abonó 1.240 euros y, más tarde, 572 euros adicionales por vacaciones no disfrutadas. El trabajador intentó primero una conciliación, sin éxito, y posteriormente presentó una demanda por despido. El Juzgado de lo Social número 3 de Toledo desestimó su reclamación en relación con el despido, aunque sí ordenó a la empresa abonar 840 euros adicionales. No obstante, tras recurrir, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le ha dado la razón en lo relativo al despido. Los magistrados reconocieron que la voluntad del trabajador de dimitir era firme y clara. Sin embargo, subrayaron que la finalización del contrato solo debía producirse una vez transcurrido el período de preaviso, ya que así lo había comunicado expresamente al empleador. El camionero alegó que su baja prematura equivalía a un despido, y el tribunal coincidió con este planteamiento, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Según este criterio, si en un despido el empresario puede retractarse durante el período de preaviso, la misma lógica debe aplicarse a la dimisión del trabajador. En consecuencia, el tribunal concluyó que, mientras no finalice el plazo de preaviso, el contrato sigue vigente y el trabajador mantiene el derecho a revocar su decisión. Por ello, declaró el despido improcedente y determinó que la empresa debe optar entre la readmisión del empleado, con el pago de los salarios correspondientes al período de tramitación, o el abono de una indemnización de 2.493,24 euros. No obstante, desestimó una reclamación adicional de 717,30 euros al no estar debidamente justificada.

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