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(El País, 23-09-2024) | Laboral

La venta de los viajes arranca este lunes y el coste de los paquetes oscila entre 120 y 330 euros

La venta de los viajes del Imserso para la temporada 2024-2025 comienza este lunes 23 de septiembre en nueve comunidades autónomas, con un total de 886.269 plazas divididas en tres categorías. Las primeras en ponerse a la venta, entre el 23 y el 24 de septiembre, serán para destinos en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia. Si quedan plazas disponibles, a partir del 25 de septiembre se podrán adquirir más viajes. Por otro lado, los viajes a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ceuta, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y País Vasco se podrán comprar entre el 25 y el 26 de septiembre, y si hay disponibilidad, a partir del 27 de septiembre. Las plazas están distribuidas de la siguiente manera: 443.887 corresponden al primer lote (Costa peninsular), 230.039 al segundo lote (Costa insular) y 212.343 al tercer lote (escapadas y turismo europeo). Los precios varían según el destino y la duración del viaje, oscilando entre aproximadamente 120 y 330 euros. Para reservar una plaza, se deberá hacer un pago inicial que no superará el 20% del costo total del viaje, y el resto deberá abonarse 45 días antes del inicio del mismo, o en el momento de la reserva si el viaje se efectúa en octubre o noviembre y se reserva con menos de 45 días de antelación. Las reservas podrán hacerse en agencias de viajes acreditadas, presentando únicamente el DNI, o a través de la página web oficial (www.turismosocial.com), donde será necesario también proporcionar la clave de acreditación que el Imserso envía al beneficiario. En cuanto al número de hoteles que participan en el programa de viajes del Imserso para la temporada 2024-2025, este ha crecido en torno a un 5% en comparación con la temporada anterior. Sin embargo, el listado aún no está cerrado de forma definitiva. Turismo Social, la marca de Ávoris Corporación Empresarial que gestiona el programa, ya ha publicado parte de los establecimientos en su página web, aunque han informado que el proceso de contratación aún no ha finalizado completamente. "Es un trabajo que continúa en paralelo a la publicación de los circuitos y se completará en los próximos días", ha señalado la empresa.

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(El Economista, 23-09-2024) | Laboral

Las dimisiones de trabajadores baten un nuevo récord y suman 1,38 millones en lo que va de año

El enfriamiento del mercado laboral al inicio del verano no ha evitado que el número de bajas por dimisión en la Seguridad Social alcanzara un nuevo máximo histórico, con 289.919 en junio, lo que equivale a una media de 14.496 por cada día laborable. Esto eleva el total acumulado en el primer semestre de 2024 a 1,38 millones, un 2,7% más que el año anterior. Aunque el aumento en la primera mitad del año es más moderado en comparación con los años previos (en el mismo periodo de 2022 hubo un incremento del 54,3% y en 2023 del 7,8%), desafía las expectativas de que 2024 sería un año de corrección en estas cifras. De hecho, en febrero y mayo se observaron los primeros descensos interanuales desde marzo de 2021. Esto seguía la tendencia de otros países, como Estados Unidos, donde la incertidumbre económica ha frenado las renuncias. Sin embargo, los datos de junio en España indican que este fenómeno aún tiene margen. El fenómeno de la "Gran Renuncia" en Estados Unidos y las dificultades para encontrar mano de obra en las principales economías europeas tras la pandemia han llevado a situar lo ocurrido en España dentro de un fenómeno global. No obstante, la situación española tiene una particularidad: una tasa de paro del 11,27%, lo que genera sorpresa ante el hecho de que las dimisiones hayan aumentado un 78,9% respecto a 2021 y un 40% respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Este fenómeno sigue siendo un enigma, especialmente ante la falta de estadísticas laborales específicas sobre las renuncias. Los únicos datos disponibles provienen de las bajas de afiliación que recopila la Tesorería General de la Seguridad Social, que publica cifras mensuales y medias diarias, así como de la Muestra Continua de Vidas Laborales, bases de datos cuyo análisis es complejo y limitado a expertos. Desde hace casi tres años, los especialistas intentan explicar este fenómeno, que parece tener dos causas principales: por un lado, la fuerte recuperación de la actividad y el empleo, que ha generado mayores oportunidades laborales y mejoras salariales tras la pandemia. Por otro lado, está la reforma laboral. ¿Se puede afirmar que la reforma de 2021 ha impulsado las dimisiones? No necesariamente, pero ha modificado la composición de las mismas, lo que ha llevado a un cambio significativo en sus características. En los primeros seis meses de 2019, se registraron un millón de dimisiones (1.00.959 exactamente), una cifra que ahora es un 40% menor que las registradas en el mismo periodo de 2024. Hace cinco años, el 36,7% de las dimisiones correspondían a contratos indefinidos y el 61,3% a temporales (el 2,04% restante no especificaba el tipo de contrato). En 2024, estas cifras se han invertido drásticamente: un 76,7% de las renuncias son de contratos indefinidos y el 20,9% de temporales. Las dimisiones de indefinidos han aumentado un 189% en comparación con 2019, alcanzando los 1,06 millones en 2024, mientras que las renuncias de temporales han disminuido un 52%, situándose en 290.531.

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(El Periódico, 23-09-2024) | Laboral

El programa para probar la semana laboral de cuatro días arranca casi un año tarde y solo con 5 empresas

El programa piloto del Gobierno para probar la viabilidad de la semana laboral de cuatro días ha comenzado, aunque con casi un año de retraso y con solo cinco empresas participantes de las 42 que inicialmente se postularon. Dos de estas empresas son catalanas. El Ministerio de Industria anunció este viernes la resolución definitiva de las ayudas, con un presupuesto ejecutado de 530.000 euros, que apenas representa el 5% de los 10 millones de euros inicialmente asignados. Las empresas que formarán parte del proyecto son: Industria Desmontadora Andaluza SL, Descontrol Editorial e Imprenta SCCL, Artemasol SL, Ingreen Innovación SL y Cachiman Grafic SLU. De estas, Descontrol Editorial y Cachiman Grafic son catalanas, con sede en Barcelona y Castellar del Vallès respectivamente. Las demás tienen su sede en Sevilla, Almería y Madrid. Cada una de las compañías recibirá hasta 200.000 euros en subvenciones para probar la jornada laboral de cuatro días a la semana, sin reducción salarial. Las empresas deberán mantener la reducción de jornada durante al menos dos años y evaluar cómo han mejorado sus procesos productivos para lograr mayor productividad. Este programa estaba dirigido a pymes del sector industrial. Aunque 42 empresas superaron el primer filtro, solo cinco han sido seleccionadas al cumplir con los requisitos de "viabilidad económica y financiera" y presentar un proyecto piloto viable, según el Ministerio de Industria. El tamaño reducido de la muestra limita el alcance del programa, especialmente en comparación con otros países. En Portugal participaron 41 empresas y en el Reino Unido, 61. Industria ha anunciado que para complementar el piloto español, la Escuela Oficial de Industria (EOI) realizará un estudio comparativo con programas internacionales similares, mencionando específicamente los casos de Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal e Islandia. Las experiencias de otros países han mostrado resultados positivos, con empresas que mantienen sus márgenes de beneficios y empleados que experimentan menos estrés, mayor descanso y satisfacción laboral. No obstante, casos como el de Portugal, con un sesgo de autoselección, sugieren que los resultados no siempre son extrapolables. En España, la limitada participación de solo cinco empresas reduce aún más la representatividad de los resultados. En el Reino Unido, la experiencia ha sido tan positiva que el nuevo primer ministro, Keir Starmer, está considerando permitir que las empresas compacten sus jornadas para trabajar solo cuatro días a la semana. Sin embargo, la propuesta británica no implica una reducción de horas, sino la posibilidad de concentrar las 40 horas semanales en menos días, siguiendo el ejemplo de Bélgica, donde ya existe esta opción. En Catalunya, aunque es un modelo aún minoritario, algunas empresas ya han adoptado esta reorganización. En España, el único experimento público previo sobre la semana laboral de cuatro días tuvo lugar en València bajo el liderazgo del exalcalde Joan Ribó. En abril de 2023, se reubicaron festivos para hacer que los lunes fueran feriados durante un mes, lo que permitió a muchos valencianos trabajar solo cuatro días a la semana. La experiencia recibió una valoración positiva del 65% de los participantes. Este programa piloto para reducir la jornada laboral surgió como parte de un acuerdo entre Más País y el PSOE. El partido de Íñigo Errejón, ahora integrado en Sumar, apoyó los Presupuestos Generales del Estado de 2021 a cambio de la partida de 10 millones de euros destinada a probar la semana laboral de cuatro días.

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(El Economista, 20-09-2024) | Laboral

Desaceleración en la creación de empleo en el tercer trimestre

BBVA y Fedea han alertado sobre una desaceleración en la creación de empleo durante el tercer trimestre de este año, con un aumento de afiliación del 0,3% entre julio y mediados de septiembre. Este crecimiento es cinco décimas inferior al registrado en los dos primeros trimestres, donde fue del 0,8%. Rafael Doménech, jefe de análisis económico en BBVA Research, destacó durante la presentación del 'Observatorio Trimestral del Mercado del segundo trimestre del año' que la tasa de afiliación interanual en el tercer trimestre se situará en torno al 1,2%, menos de la mitad del incremento visto en los trimestres anteriores, cuando la afiliación creció un 3% en comparación con el mismo período del año anterior. Aunque Doménech señala que es necesario esperar hasta finales de mes para confirmar los datos, anticipa una clara desaceleración. El crecimiento del empleo en el segundo trimestre estuvo impulsado principalmente por la población extranjera, que representó cerca del 70% del aumento total desde finales de 2019, especialmente en personas mayores de 55 años. Los trabajadores españoles mayores de 44 años también contribuyeron al crecimiento del empleo, mientras que el número de empleados entre 25 y 44 años continuó disminuyendo por cuarto trimestre consecutivo, sin alcanzar los niveles previos a la pandemia. Doménech señaló que el aumento de la ocupación en el segundo trimestre se debe en gran parte a trabajadores por cuenta propia y a empleados con contrato indefinido, destacando la diversidad en la evolución del mercado laboral según la edad y nacionalidad. El grupo de trabajadores entre 45 y 54 años y los mayores de 55, incluyendo españoles, fue el que más creció, mientras que el grupo de 35 a 44 años continuó reduciéndose, lo que se atribuye a cambios demográficos. El número total de horas trabajadas aumentó, impulsado tanto por un incremento en las horas trabajadas por empleado como por el dinamismo en la creación de empleo. Aunque el crecimiento del empleo en términos de ocupados ha sido mayor en España que en la UE, el aumento de horas trabajadas ha sido inferior, reflejando un crecimiento más amplio en el número de trabajadores que en el tiempo trabajado por cada uno. Entre abril y junio de 2024, las horas trabajadas crecieron un 1,0% trimestral ajustado por estacionalidad y calendario. A diferencia de los dos trimestres anteriores, este aumento se debió tanto a un incremento en las horas por empleado como a la creación de nuevos puestos de trabajo. La reducción del número de personas que no trabajaron en la semana de referencia, que cayó un 5,6%, favoreció este repunte, pese al aumento de bajas por enfermedad. Además, la tasa de empleo a tiempo parcial bajó, lo que contribuyó a un incremento en las horas efectivas de trabajo. A pesar de que el número de trabajadores en España y en la UE-27 ya ha superado los niveles previos a la pandemia, la recuperación de las horas trabajadas ha sido más lenta debido al menor crecimiento en las horas por empleado. Aunque las horas trabajadas aumentaron entre abril y junio, siguen siendo un 2,2% inferiores a las del cuarto trimestre de 2019. El aumento del empleo y la recuperación de las horas trabajadas impulsaron el total de horas trabajadas por encima de los niveles prepandemia. El PIB real por empleado ha registrado tres trimestres consecutivos de crecimiento, impulsado por el mayor tiempo trabajado, que compensó la caída de la productividad por hora. Los costes laborales se han moderado debido a un control en los salarios y un repunte en la productividad, aunque siguen ejerciendo presión sobre los precios. Mientras tanto, la tasa de paro y otras formas de subutilización laboral continuaron bajando en el segundo trimestre, a pesar del aumento de la población activa. Las vacantes laborales superaron las 147.400, un 0,9% más que el trimestre anterior, manteniendo la tasa de vacantes estable en 0,6 puestos por cada mil personas activas.

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(Cinco Días, 19-09-2024) | Laboral

Sánchez destaca el valor del pacto social en la reforma de las pensiones en vísperas de su difícil tramitación parlamentaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los líderes de los sindicatos CC OO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), y los representantes de las patronales CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Gerardo Cuerva), han formalizado este miércoles en La Moncloa la firma de un cuarto acuerdo relacionado con la reforma de pensiones, que comenzó en 2021. Sánchez ha resaltado que el acuerdo incluye una nueva regulación sobre la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo, mejora el acceso a la jubilación anticipada para quienes ejercen profesiones penosas, y optimiza el uso de los recursos de las mutuas. Sin embargo, ha enfatizado especialmente el valor del pacto alcanzado el pasado 31 de julio, ya que "nace del consenso entre el poder ejecutivo y los actores sociales". Sánchez ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos, afirmando que lo que se pacta "está destinado a perdurar" gracias al respaldo tripartito. Además, ha subrayado la solidez que aportan los 21 acuerdos sociales alcanzados en temas laborales y de pensiones desde que asumió el poder, indicando que estas reformas "construyen y unen al país", garantizando la estabilidad del sistema a largo plazo. Estas declaraciones son especialmente relevantes de cara a la próxima tramitación de la reforma en el Congreso, un proceso que se anticipa complicado, ya que varios socios parlamentarios del Gobierno han expresado su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo. En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en el Congreso la reforma de pensiones que se ha estado implementando desde 2021, buscando asegurarse los votos necesarios para las medidas que requieren cambios legislativos. La oposición a ciertos aspectos de la reforma quedó en evidencia el jueves pasado cuando Saiz presentó el acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. No solo los principales partidos de oposición, como el PP y Vox, manifestaron su desacuerdo, sino también grupos que han apoyado al Gobierno, como EH-Bildu, BNG, Junts y ERC, quienes señalaron diversas discrepancias. El diputado de ERC, Jordi Salvador, advirtió que si no se negocian los términos en el Parlamento, podría haber "un disgusto", recordando el incidente en la aprobación de la reforma laboral, donde un error de voto salvó la medida. El lunes pasado, tras el anuncio de la firma del acuerdo, los socios parlamentarios del Gobierno reiteraron que se necesitará una intensa negociación en la Cámara Baja para que las medidas sean aprobadas, subrayando que los apoyos no están garantizados. Aunque no todas las medidas del acuerdo requieren la aprobación del Parlamento, las más destacadas por Sánchez sí lo exigen. Entre ellas, la creación de un nuevo marco para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, lo que implicará la reforma de la jubilación parcial, los contratos de relevo y la jubilación demorada, así como la introducción de la modalidad de retiro flexible en un plazo de seis meses. El establecimiento de un nuevo sistema de coeficientes para adelantar la jubilación en profesiones penosas podrá llevarse a cabo mediante reglamentos, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Lo mismo ocurre con los cambios en la gestión de bajas laborales de origen traumatológico por parte de las mutuas, que requerirán la firma de convenios con los servicios de salud autonómicos, aunque varios socios del Ejecutivo han planteado objeciones a este enfoque. Tras la firma del acuerdo, Saiz volvió a comparecer en el Congreso para defender la reforma completa, en respuesta a las críticas de la oposición sobre las advertencias del informe "Ageing Report" de la Comisión Europea, que prevé un aumento del gasto derivado de los cambios en el sistema español. La ministra atribuyó las conclusiones del informe a "limitaciones metodológicas" y explicó la "cláusula de cierre" incluida en la reforma, que prevé una evaluación periódica por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para ajustar el sistema en caso de desvíos en el gasto. Saiz también destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es retrasar la edad de jubilación, señalando que la edad efectiva de retiro ya ha alcanzado los 65,2 años por primera vez. Aunque los expertos apuntan que este aumento se debe más al retraso progresivo de la edad legal (que llegará a 67 años en 2027, según la reforma de 2011) que a los incentivos actuales, Saiz aseguró que los datos muestran que las medidas están dando buenos resultados y que el gasto se mantiene en niveles razonables.

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(Expansión, 19-09-2024) | Laboral

Las jubilaciones anticipadas caen por debajo del 30%, tras las reformas de las pensiones

Las jubilaciones anticipadas han disminuido en los últimos dos años, situándose por debajo del 30%, mientras que la edad efectiva de jubilación ha alcanzado los 65,2 años, la cifra más alta registrada hasta ahora. Estos son algunos de los primeros efectos de la reforma de pensiones implementada por el Gobierno entre 2021 y 2023, cuando José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, ocupaba el cargo de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Entre las medidas destacadas están las que promueven la jubilación voluntaria más tardía y las que endurecen los requisitos para el retiro anticipado. La ministra, Elma Saiz, presentó estos datos ante el Congreso de los Diputados, minutos después de firmar un acuerdo sobre la modificación de las pensiones junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en el Palacio de La Moncloa. Saiz comparó los resultados de las últimas medidas del Ejecutivo con el informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea en relación con España, subrayando que dicho informe está desactualizado respecto al crecimiento económico y del empleo que se está experimentando en el país. "La edad de jubilación efectiva ya se sitúa en 65,2 años, superando la barrera de los 65 años y alcanzando un récord histórico". Además, la jubilación demorada, que implica retrasar voluntariamente la retirada, alcanzará el 10% en 2024, el doble de lo registrado antes de las reformas. Por otro lado, las jubilaciones anticipadas han caído a menos del 30%, un nivel sin precedentes en los registros de la Seguridad Social, según destacó Saiz. Además, el periodo de anticipación de estas jubilaciones también se ha reducido. Antes de la reforma, más del 46% de los trabajadores que se jubilaban anticipadamente lo hacían 24 meses antes de la edad legal; ahora, solo el 17% lo hace, lo que supone una reducción de 30 puntos porcentuales. Saiz también informó que el Fondo de Reserva de las pensiones, conocido como la "hucha de las pensiones", terminará el año con 9.200 millones de euros y se espera que alcance los 25.000 millones al final de la legislatura. Por último, la ministra recordó que la reforma de las pensiones incluye una "cláusula de cierre", la cual establece que cada tres años se evaluará la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Esta evaluación será realizada por la Autoridad Fiscal, que se encargará de analizar el impacto de las medidas para fortalecer los ingresos y asegurar que tanto los ingresos como los gastos en pensiones entre 2022 y 2050 se mantengan dentro de los límites establecidos por el informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento.

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(El Economista, 19-09-2024) | Laboral

Los autónomos llegan a los tribunales para evitar devolver las ayudas del Covid

Los autónomos han recurrido a los tribunales para evitar tener que devolver las ayudas recibidas durante la pandemia. En los últimos dos meses, han comenzado a recibir notificaciones de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que les solicitan que acrediten que cumplían con los requisitos para acceder a estas ayudas. En caso de no poder demostrarlo, se les exige la devolución del dinero. Según Carlos Moreno, abogado senior de Unive Abogados, las mutuas están pidiendo el reembolso incluso a autónomos que cumplían con los requisitos y cuyos expedientes ya habían sido declarados como definitivos. Ahora, consideran que la forma en que se acreditaron los requisitos es insuficiente. ¿Qué implicaban estas ayudas? Las prestaciones se establecieron el 14 de marzo de 2020, coincidiendo con la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid-19, y estuvieron vigentes hasta el 30 de junio de ese año. Su propósito era ayudar a los autónomos que se vieron afectados por el cierre de sus negocios o por una disminución en la facturación. En total, 1,48 millones de profesionales recibieron estas ayudas, sumando un total de 3.741 millones de euros. ¿Por qué se están reclamando ahora? El 20 de diciembre de 2023, el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que identificaba "incumplimientos significativos" en los requisitos legales necesarios para recibir las ayudas, así como problemas en el proceso de reconocimiento, gestión y control de las mismas. La normativa, que fue modificada en siete ocasiones, carecía de claridad, lo que generó desigualdad en la concesión de las prestaciones, ya que en cada etapa se exigieron diferentes condiciones y formas de acreditarlas. Carlos Moreno señala que, por este motivo, las mutuas están revisando los expedientes y reclamando la devolución de las ayudas en los casos donde consideran que no se cumplían los requisitos. ¿Quiénes se ven afectados por estas devoluciones? Según el abogado, la devolución afecta principalmente a los autónomos que no reunían los requisitos para recibir estas ayudas. "La realidad es que en muchos casos los requisitos no se cumplían del todo, pero aun así las ayudas fueron otorgadas provisionalmente, y en algunos casos, incluso declaradas definitivas", comenta. Además, Moreno señala que también se está exigiendo la devolución a autónomos cuyos expedientes fueron declarados definitivos o que sí cumplían los requisitos, argumentando que la acreditación no fue suficiente. ¿Qué pueden hacer los afectados? Según el abogado, los autónomos deben primero intentar demostrar ante la mutua que sí cumplían con los requisitos para evitar tener que devolver las ayudas. En caso de no cumplirlos, deberán devolver el dinero, pero si no cuentan con los recursos necesarios, la opción más viable es acudir a los tribunales. Aquellos autónomos que sí cumplían con los requisitos pero aún así enfrentan reclamaciones también deberán recurrir a la vía judicial. ¿Qué pueden argumentar? Los afectados pueden presentar una demanda en los tribunales basándose en la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Esta doctrina establece que, si el ciudadano actuó de buena fe, no se le puede exigir la devolución de prestaciones recibidas de manera indebida si el error fue exclusivamente de las autoridades y si exigir dicha devolución supondría una carga desproporcionada para el beneficiario. Aunque Moreno advierte que es difícil que los tribunales inferiores apliquen esta doctrina de manera automática, ya que proviene de un caso en Croacia con una regulación distinta a la española, estima que estos casos llegarán hasta el Tribunal Supremo.

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(El Economista, 19-09-2024) | Laboral

La ministra de Trabajo se encuentra con el rechazo de las patronales catalanas a la reducción de jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha modificado inesperadamente la agenda de su departamento esta semana. En lugar de realizar la reunión prevista de la mesa de diálogo social para debatir la reducción de la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025, Díaz está manteniendo una serie de reuniones con patronales, sindicatos y agrupaciones catalanas para conocer sus opiniones. Según fuentes empresariales, Díaz ha llevado a cabo una serie de entrevistas de carácter "protocolario" en Barcelona, por iniciativa propia. En estas reuniones ha encontrado una postura similar a la de Madrid: las patronales, en contra y con demandas parecidas a las planteadas por la CEOE; mientras que los sindicatos están preparando movilizaciones. Díaz se reunió primero con la patronal de las pymes en la región, Pimec, presidida por Antoni Cañete. A pesar de que la vicepresidenta ha maniobrado al margen del diálogo social tradicional para incluir a esta y otras patronales en los órganos consultivos de la negociación colectiva, Pimec prefiere que la reducción de la jornada se canalice mediante la negociación colectiva, es decir, a través de los convenios que se renovarán en los próximos años. La patronal aboga por respetar la autonomía y flexibilidad de adaptación en las medidas, así como por hacer un seguimiento de las mejoras generalizadas. Existen también diferencias entre el Ministerio de Trabajo y Pimec en otros aspectos. La patronal propone bonificaciones en la Seguridad Social o incentivos fiscales a cambio de apoyar la reducción de jornada, así como un análisis del impacto que esta medida tendría en las pymes y autónomos. Para ellos, es "impensable" que las empresas asuman solas esta medida, y temen que su aplicación unilateral pueda generar una pérdida de competitividad y aumentar la rotación laboral, como sucedió en Francia. Hoy también se prevé una reunión con Foment del Treball, la patronal presidida por Josep Sánchez Llibre. Foment, según fuentes de la organización, comparte la oposición de la CEOE a la reducción de la jornada en los términos planteados por el ministerio de Trabajo y defiende que cualquier cambio en la jornada laboral debe pasar por la negociación colectiva, lo cual no contempla actualmente el Gobierno, ya que retrasaría la implementación de la medida. Díaz mantuvo ayer por la tarde un encuentro con representantes de varios sectores económicos afectados por la reforma, entre ellos altos cargos de Pimec, como Emma Gumbert y Josep Ginesta, y líderes de asociaciones de limpieza, farmacias, empresas de fitness, jóvenes agricultores y empresas de ocio, educación y cultura. La agenda del Gobierno anunció el martes por la noche la presencia de la ministra en Barcelona, acompañada por su número dos, Joaquín Pérez Rey, quien es el encargado de las negociaciones con la CEOE, Cepyme, UGT y CCOO. Debido a este viaje, la próxima reunión del diálogo social se ha pospuesto al 24 de septiembre, cuando originalmente estaba programada para el jueves 19, alegando "problemas de agenda". Durante su estancia en Barcelona, Díaz también se reunirá hoy con los principales sindicatos, UGT y CCOO, en una sesión a tres bandas. Los sindicatos aprovecharán el encuentro para presionar y dar más fuerza a sus movilizaciones, argumentando que las patronales están "bloqueando" la negociación. Javier Pacheco y Camil Ros, secretarios generales de CCOO y UGT en Cataluña, anunciarán en una rueda de prensa tras la reunión con Díaz el calendario de movilizaciones en todo el país para exigir la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que empezará el 26 de septiembre. Se espera que estas movilizaciones tengan un impacto significativo en la industria catalana, con la previsión de que el 30% de los trabajadores participen en las protestas.

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(El País, 18-09-2024) | Laboral

El sistema de pensiones español es más generoso con quien ha cotizado menos años y por menos dinero

La Seguridad Social es un organismo en constante evolución, tal como señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la semana pasada en el Congreso de los Diputados durante la presentación de la más reciente reforma de pensiones, acordada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Este acuerdo será formalizado este miércoles en el Palacio de La Moncloa. Los cambios, que aún requieren la aprobación del Congreso, buscan hacer el sistema más sostenible, al igual que las tres reformas anteriores de la legislatura pasada, enfocándose en aumentar los ingresos incentivando a los trabajadores a retrasar su jubilación. No obstante, esta reforma no modifica los parámetros de gasto, manteniendo prácticamente intacta la generosidad de las pensiones actuales. Según un estudio del Instituto Santalucía publicado el martes, esa generosidad es incluso mayor para quienes han cotizado menos años y por cantidades menores. Aún es incierto si las medidas acordadas lograrán la sostenibilidad del sistema solo mediante el retraso voluntario de las jubilaciones, ya que esto dependerá de las decisiones individuales de los futuros pensionistas. Lo que está claro, según la evidencia actuarial, es que la reforma de 2011, que aumentó progresivamente la edad de jubilación a 67 años para 2027 y endureció los requisitos para obtener el 100% de la pensión, redujo en cierta medida la generosidad del sistema español. Sin embargo, ese recorte no ha sido suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, dado que el crecimiento del PIB sigue siendo inferior al incremento en la generosidad de las pensiones, a pesar de las reformas de 2011. El estudio del Instituto Santalucía, titulado Análisis intergeneracional de la generosidad del sistema de pensiones de jubilación español a partir de la muestra continua de vidas laborales de 2022, fue elaborado por economistas de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura. Este análisis examina la rentabilidad de las pensiones a nivel global y según diferentes colectivos, para identificar a qué beneficiarios es más generoso el sistema. El estudio analizó las trayectorias laborales de casi 10.000 trabajadores que se jubilaron en 2022, calculando el Tanto Interno de Rendimiento (TIR), que relaciona las cotizaciones al sistema con las prestaciones de jubilación que recibirán, considerando las probabilidades de supervivencia tras la jubilación. El TIR global para los jubilados de 2022 fue del 3,79%. Sin embargo, el TIR es mayor para ciertos colectivos, lo que refleja una mayor generosidad del sistema hacia ellos. Por ejemplo, los trabajadores con carreras de cotización más cortas (menos de 25 años) tuvieron un TIR del 6,04%, mientras que aquellos que cotizaron 45 o más años obtuvieron un TIR del 3,26%. También es más generoso con quienes se jubilan a la edad ordinaria, con una rentabilidad del 4,03%, en comparación con los que se jubilan anticipadamente (3,52%) o de manera demorada (2,68%). En términos de cotizaciones, aquellos con bases más bajas (menos de 874 euros mensuales) obtuvieron un TIR del 4,43%, frente al 3,67% y 3,72% de las bases medias y altas, respectivamente. Esto se debe a que más de la mitad de los beneficiarios con bases bajas reciben el complemento a mínimos, lo que eleva sus pensiones al mínimo legal. Los autores del estudio justifican estas diferencias por la solidaridad del sistema, pero critican la mayor generosidad hacia quienes tienen carreras de cotización más cortas. A pesar de las diferencias internas, el TIR global del 3,79% muestra la alta generosidad del sistema de pensiones español, superando la rentabilidad que debería ofrecer un sistema de reparto para ser sostenible, que está limitada por el crecimiento real del PIB. Aunque las reformas de pensiones, como la de 2011, han reducido la rentabilidad de las pensiones, el TIR sigue estando entre 2 y 2,5 puntos porcentuales por encima del crecimiento real del PIB. Según los autores del estudio, esto sugiere que el sistema sigue siendo generoso, no tanto por el valor actual del TIR, que ha disminuido desde 2011, sino por el bajo crecimiento esperado del PIB real.

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(El Economista, 18-09-2024) | Laboral

El Gobierno firmará hoy con los agentes sociales los últimos retoques del sistema de pensiones

El acuerdo incluye cambios en la jubilación parcial, permitiendo compatibilizar salario y pensión, así como la jubilación anticipada por motivos profesionales, el papel de las mutuas colaboradoras en los diagnósticos de incapacidad temporal y la cotización de los trabajadores fijos-discontinuos. El presidente Pedro Sánchez y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, firmarán el acuerdo logrado en julio tras el diálogo social, aunque ahora enfrentan las demandas de los grupos políticos en una Cámara Baja fragmentada. El Gobierno se reunirá hoy a las 9:30 h con los representantes de la patronal y los sindicatos en el Palacio de La Moncloa, como es habitual en este tipo de reformas económicas. La firma del pacto podría representar un éxito político para Saiz, quien heredó la reforma anterior prácticamente finalizada por José Luis Escrivá. Sin embargo, el acuerdo no está asegurado en el Parlamento, donde la ministra deberá negociar con los socios tradicionales del Gobierno y con la oposición. Partidos como ERC, Bildu y BNG ya expresaron sus discrepancias la semana pasada, cuando Saiz presentó la reforma en el Congreso. Estos grupos buscan modificar la normativa a cambio de su apoyo, mientras que el PP tampoco garantiza su voto favorable. Sindicatos y patronales temen que el acuerdo alcanzado en el diálogo social sea insuficiente en el ámbito político. Les preocupa que las enmiendas de los partidos modifiquen la reforma y que la falta de mayoría del PSOE y el bloqueo legislativo en el Congreso pongan en riesgo la aprobación de la misma. Los partidos tienen tanto el poder como los motivos para modificar la reforma a través de enmiendas. En el contexto político, los nacionalistas suelen aprovechar este tipo de reformas para obtener concesiones a cambio de su apoyo. Un ejemplo de ello fue cuando el PDeCat logró incluir tramos a la "cuota de solidaridad" en la reforma de pensiones anterior. La rapidez con la que se ha abordado esta reforma ha impedido un trabajo político previo adecuado. El acuerdo no pasó por la Comisión Permanente del Pacto de Toledo hasta la semana pasada, cuando la ministra Saiz presentó su ponencia. Uno de los aspectos que los grupos han criticado es la falta de una memoria económica que detalle el impacto financiero de las medidas en las cuentas públicas. Por ejemplo, la jubilación anticipada por motivos profesionales, peligrosidad o penosidad supone una pérdida de cotizaciones para la Seguridad Social y el pago de pensiones antes de la edad ordinaria. La reforma de pensiones se centra en cuatro puntos principales: mejorar la compatibilidad entre pensión y trabajo; regular un nuevo procedimiento de acceso a la jubilación en empleos de alta peligrosidad; optimizar el uso de los recursos de las mutuas en procesos traumatológicos; y mejorar los coeficientes de cotización para los trabajadores fijos discontinuos. El Gobierno y los agentes sociales han diseñado un marco que permite compatibilizar el salario con un porcentaje de la pensión, que podría llegar al 100% si el trabajador retrasa su jubilación cinco años. Además, se ofrece un aumento del 2% de la pensión por cada seis meses de retraso, en lugar del 4% por cada año, o la opción de recibir un pago único. Uno de los puntos más complejos de explicar es el nuevo sistema de jubilación anticipada en trabajos peligrosos o penosos, que define las causas objetivas para acceder a esta modalidad más allá de los colectivos profesionales que ya se benefician de ella. El Gobierno también permitirá que las mutuas colaboradoras se encarguen de los procesos traumatológicos de trabajadores en incapacidad temporal, con el consentimiento del empleado, para reducir las listas de espera en la sanidad pública. Los trabajadores fijos-discontinuos recuperan un coeficiente de 1,5 en sus días cotizados, lo que protege a empleados estacionales de sectores como la agricultura y la hostelería, facilitando su acceso a la jubilación.

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