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(El Economista, 12-03-2025) | Laboral

Cuerva convoca las elecciones de Cepyme para el 20 de mayo, sin limitación de voto

El actual dirigente se enfrentará a la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel, la candidata promocionada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Se acerca el final del culebrón que ha envuelto al proceso electoral para la presidencia de la principal organización representante de las pequeñas y medianas empresas en España, Cepyme. El actual presidente de la organización, Gerardo Cuerva, confirmó ayer a los órganos de gobierno de la organización que las elecciones se celebrarán el próximo 20 de mayo. Además, comunicó tal y como se había avanzado en los últimos días que este proceso se llevará a cabo con el anterior sistema de votaciones al resultante tras las modificaciones efectuadas en las polémicas reuniones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva del pasado 18 de febrero. Esto es, sin limitación en la delegación del voto. Ese día, el actual presidente que cuyo mandato cesa este 16 de marzo se enfrentará a la candidata que ha avalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que aboga por una renovación en el liderazgo de Cepyme para los próximos cuatro años. Así, Cuerva medirá sus fuerzas con la actual presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, Ángela de Miguel. Durante las reuniones de los órganos de gobierno de ayer, Cuerva reclamó que el proceso electoral sea "limpio, transparente y constructivo", informaban desde Cepyme en un comunicado. Con la convocatoria electoral, y confirmado que se mantiene la original versión de delegación del voto que posibilita concentrarlos de forma ilimitada por parte de alguna de las organizaciones integradas -en lugar de limitarse a seis como se fijó en las modificaciones del reglamento interno- queda visto para sentencia el futuro del liderazgo. Tras unos meses en los que el debate se ha deslizado hacia el plano jurídico sobre la procedencia de los cambios normativos llevados a cabo por la Junta Directiva en las últimas semanas. En una reciente entrevista concedida a EXPANSIÓN Cuerva aseguraba que se presenta a la reelección para mantener viva la voz de las pymes en el debate público. Sin embargo, con las espadas en alto está por ver el desenlace. La candidatura de Ángela de Miguel promocionada por Garamendi ya ha comenzado a recabar apoyo de cara a las elecciones, como son los recientes pronunciamientos de las patronales riojana y valenciana.

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(El Periódico, 12-03-2025) | Laboral

La Seguridad Social obligada a emitir un comunicado para confirmar el error que hay en las bases de cotización de las nóminas

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) beneficia a cerca de dos millones de trabajadores y se ha aplicado con efecto retroactivo desde el 1 de enero, tras su aprobación en febrero. Esta subida de 50 euros mensuales también influye en la base mínima de cotización. La base de cotización corresponde al salario bruto mensual de un trabajador, sobre el cual se calculan las aportaciones a la Seguridad Social. Esta cifra es clave para determinar futuras prestaciones, como la jubilación. Según el Real Decreto-ley 1/2025, en 2025 la base mínima de cotización se ajustará automáticamente en el mismo porcentaje que el SMI, más un sexto adicional. Con el nuevo SMI fijado en 1.184 euros (en 14 pagas), la base mínima de cotización debería establecerse en 1.381,33 euros. No obstante, la Seguridad Social cometió un error en los cálculos y aplicó una base mínima de cotización de 1.381,20 euros en lugar de 1.381,33. Aunque la diferencia es de solo 13 céntimos, afecta a millones de nóminas y a prestaciones vinculadas a este valor, lo que hace necesaria una regularización. Para corregir esta situación, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha anunciado que ajustará el cálculo automáticamente, sin que empresas ni trabajadores deban realizar ningún trámite. Así lo ha comunicado en el Boletín RED (5/2025), asegurando que la corrección se hará de oficio y no será necesario presentar liquidaciones complementarias.

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(Expansión,11-03-2025) | Laboral

Un tercio de las empresas frena contrataciones o despide pro la subida del SMI estos años según el Banco de España

Mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostiene que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) no afectan al empleo, una parte considerable del tejido empresarial español, compuesto en su mayoría por pymes, discrepa y advierte de las consecuencias de estos aumentos. Según argumentan, el incremento del SMI, que ha crecido más de un 60% desde 2018, no solo repercute en la contratación y el mantenimiento de puestos de trabajo, sino que también influye en los precios de venta y, en consecuencia, en la inflación, ya que las empresas intentan mitigar la reducción de sus márgenes de beneficio. Así lo refleja la última encuesta del Banco de España sobre la evolución de la actividad empresarial en el primer trimestre del año. Según el estudio, casi un tercio de las cerca de 7.000 empresas encuestadas ha tenido que limitar la contratación de nuevos empleados o recurrir a despidos debido a las subidas del SMI desde 2019. En concreto, un 21% de las compañías ha reducido significativamente sus contrataciones, mientras que un 10,1% ha optado por ajustar su plantilla mediante despidos. Esto pone de manifiesto que los continuos incrementos del salario mínimo, que ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025 y que en los últimos años no han contado con el respaldo de las organizaciones empresariales, han generado un impacto en una parte del sector productivo. Muchas empresas no solo han reducido su capacidad de contratación o han despedido trabajadores, sino que también han visto disminuidos sus márgenes de beneficio. Según la encuesta, el 32% de las empresas atribuye la reducción de sus márgenes a las subidas del SMI, lo que ha llevado al 26% a trasladar estos costes a sus precios de venta, en un momento en que el contexto internacional, marcado por la guerra arancelaria impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, reaviva el temor a una crisis inflacionaria. En este escenario, el 58% de las empresas encuestadas prevé incrementar los precios de sus productos en los próximos doce meses, lo que representa un aumento de casi seis puntos respecto al sondeo anterior. Tanto en la industria como en el sector servicios se espera un repunte de la presión inflacionaria, derivada del alza en los precios de venta y en los costes de producción. De hecho, el 70,2% de las compañías estima que sus costes aumentarán en el próximo año, mientras que el 76,6% anticipa un encarecimiento de los costes laborales. A pesar de que el 76% de las empresas declara que menos del 10% de sus trabajadores percibe el SMI, el 24% restante representa una parte significativa del tejido empresarial. Dentro de este grupo, un 13% indica que el salario mínimo afecta entre el 10% y el 50% de su plantilla, mientras que un 11% señala que el impacto es elevado, ya que más de la mitad de sus empleados lo perciben. En estas empresas, los efectos de las subidas del SMI son más evidentes: el 43% de aquellas donde su incidencia es alta ha reducido sus contrataciones. A las crecientes cargas laborales se suma la preocupación por el encarecimiento de la energía, lo que incrementa los costes de producción. Asimismo, la incertidumbre sobre la política económica sigue siendo el principal factor que condiciona la actividad empresarial, afectando negativamente al 51% de las compañías, según el informe. Si bien esta inquietud es generalizada en los distintos sectores, las empresas industriales y comerciales son las más afectadas, con un 61% y 60% respectivamente, frente al 41% de las firmas de actividades profesionales y el 36% de las dedicadas al ocio. A pesar de estos desafíos, las empresas prevén una mejora significativa de su facturación en el segundo trimestre de este año, con un crecimiento superior al registrado en el mismo periodo de 2024. Además, el impacto del encarecimiento de los gastos financieros sigue reduciéndose, favorecido por la gradual relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo.

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(El País, 11-03-2025) | Laboral

Los costes salariales se moderan y vuelven a quedar por debajo de la inflación

El incremento de los costes laborales en las empresas se desacelera. Según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado este lunes por el INE, el coste por hora efectiva de trabajo aumentó un 2,3% en el último trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata de un crecimiento más moderado que en años recientes, cuando la negociación colectiva impulsó importantes subidas salariales debido al impacto de la inflación. A pesar de estos aumentos, los salarios siguen perdiendo terreno frente al encarecimiento de los precios. El análisis detallado del informe revela que el coste salarial por hora efectiva subió un 2,2%, mientras que al excluir pagos extraordinarios y atrasos el incremento fue del 2,7%, y por otros conceptos alcanzó el 2,6%. Estos valores en conjunto explican la subida global del 2,3%. Por su parte, la inflación cerró 2024 en un 2,8%, ligeramente por encima del crecimiento del coste laboral. En trimestres anteriores, los salarios crecieron a un ritmo superior al de los precios, lo que permitió una leve recuperación del poder adquisitivo. No obstante, esta mejora es insuficiente para compensar la pérdida sufrida en los peores momentos de la inflación en 2022. El alza de los precios comenzó en 2021 debido a la crisis en las cadenas de suministro, y se agravó en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que disparó los costes energéticos e introdujo incertidumbre en la economía global. En aquel momento, la inflación en España alcanzó un promedio anual del 8,4%, mientras que los salarios solo crecieron entre un 3% y un 4%, lo que provocó una notable pérdida de poder adquisitivo. A pesar del repunte salarial registrado desde entonces, impulsado en gran parte por el acuerdo entre sindicatos y empresarios en 2023, la recuperación aún está lejos de equilibrar el impacto de la inflación pasada. El coste laboral acumula 14 trimestres consecutivos al alza respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de persistentes subidas de precios. La mayor variación se registró en el primer trimestre de 2024, con un incremento del 7,6% respecto al mismo trimestre de 2023. Desde entonces, la evolución ha sido más irregular: un aumento del 1,8% en el segundo trimestre, un 5,4% en el tercero y ahora el 2,3% en el cuarto. El ICLA es un índice que establece un punto de referencia (equivalente a 100) y mide la evolución desde entonces. Tomando como base los costes salariales de 2020, el índice ha ascendido hasta 118,4, su nivel más alto hasta la fecha. El coste salarial total ha crecido aún más, alcanzando un valor de 120, lo que supone un máximo histórico. Esta estadística es de gran interés para las empresas, ya que permite evaluar el encarecimiento del factor trabajo en su conjunto, incluyendo impuestos, cotizaciones sociales y otros gastos asociados. Por sectores, los mayores incrementos en el coste laboral por hora efectiva de trabajo se registraron en actividades financieras (+6,1% en comparación con el último trimestre de 2023), actividades artísticas (+4,6%) e industrias extractivas (+4,4%). En cuanto al coste salarial, el sector financiero lidera el aumento con un 6,8%. En contraste, el encarecimiento del factor trabajo ha sido menor en educación (+1,3%) y administración pública (+0,5%), mientras que en la construcción incluso se ha reducido ligeramente (-0,3%).

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(El País, 11-03-2025) | Laboral

Las retribuciones de los nuevos convenios colectivos firmados han crecido un 3% hasta febrero

Este lunes también se ha dado a conocer la estadística de convenios colectivos, elaborada por el Ministerio de Trabajo. Según este informe, que analiza la evolución salarial en 2.212 convenios, los sueldos han aumentado un 3% hasta febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento es muy similar al registrado en febrero del año pasado, cuando se situó en un 2,85%. Es importante destacar que este indicador solo refleja la evolución de los salarios incluidos en convenios colectivos, lo que no representa la totalidad de la población asalariada. En la actualidad, la estadística recoge información de 6,6 millones de trabajadores del sector privado, mientras que el número total de empleados por cuenta ajena en empresas ronda los 15 millones. Por otro lado, los convenios firmados en lo que va de 2025 contemplan aumentos salariales del 3,44%, un nivel ligeramente superior al de los acuerdos anteriores que aún tienen efectos económicos, lo que sitúa la media general en el 3,03%. Como es habitual, las subidas son mayores en los convenios de ámbito provincial, autonómico o estatal (3,05%) que en los de empresa (2,74%). La estadística también ofrece datos sobre el tiempo de trabajo pactado, un aspecto relevante en el contexto del intento del Gobierno por reducir la jornada laboral. Según los datos de febrero, el promedio anual de horas pactadas se sitúa en 1.753,35, lo que equivale a una jornada semanal de 38,4 horas. Esta cifra es ligeramente inferior a la de febrero del año anterior, cuando alcanzaba las 38,6 horas. El informe del ministerio también desglosa la distribución de los trabajadores según el tipo de jornada. En febrero, el 12,15% de aquellos incluidos en la estadística tenían una jornada pactada inferior a 37,5 horas semanales. Este porcentaje no contempla a los empleados públicos, que generalmente no se incluyen en los convenios colectivos. Además, el 31,4% trabaja entre 37,5 y 38,5 horas; el 49,1% entre 38,5 y 39,5 horas; y el 7,4% supera las 39,5 horas semanales. En el ámbito legislativo, el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada volverá próximamente al Consejo de Ministros para una segunda aprobación antes de someterse a votación en el Parlamento. Para que la medida salga adelante, el Ejecutivo necesita el respaldo del PNV y de toda la izquierda, que en principio están a favor, así como el apoyo de Junts o del PP. Sin embargo, ambos partidos expresaron su rechazo la semana pasada en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. No obstante, aunque Junts se mostró crítico con la propuesta, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su postura en el futuro.

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(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

Cuerva da marcha atrás en la reforma del voto tras sus dudas sobre la Asamblea de Cepyme

El presidente de Cepyme ha convocado para este martes al Comité Ejecutivo y a la Junta de la organización con el objetivo de debatir su decisión de paralizar la reforma del sistema de votación dentro de la patronal. Dicha reforma tenía como propósito limitar o incluso eliminar la delegación ilimitada de votos. Según fuentes empresariales, la principal razón detrás de la decisión de Cuerva radica en la incertidumbre sobre la postura que adoptará la Asamblea, el tercer pilar de gobierno de Cepyme, ante esta cuestión. Existe un riesgo significativo de que este órgano rechace la propuesta. En las últimas semanas, se ha evidenciado que la opinión de la Asamblea es imprescindible para una reforma de tal envergadura, ya que afecta directamente a cómo votarán sus aproximadamente 451 integrantes en las elecciones de la patronal. Se espera que en breve se confirme la fecha en la que se celebrarán dichos comicios, en un contexto de creciente tensión entre Cuerva y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien respalda la candidatura de la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. Los informes jurídicos encargados por el equipo de Cuerva para avalar su propuesta dejan claro que la Asamblea debe ratificar cualquier cambio en el sistema de votación. Esto significa que la aprobación que obtuvo la iniciativa en la Junta de Cepyme el mes pasado no es suficiente para garantizar su aplicación. En su momento, ese respaldo fue interpretado como un triunfo de Cuerva sobre los partidarios de Garamendi. Sin embargo, un reciente informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, aunque apoya la eliminación de la delegación ilimitada de votos, también señala que cualquier modificación debe contar con la validación de la Asamblea para que tenga efectos definitivos. En caso contrario, la reforma podría ser impugnada legalmente. Este escenario plantea un dilema para Garamendi, ya que, aunque cuenta con apoyos en la Asamblea, convocar a este órgano tan cerca de las elecciones de la patronal implica un riesgo significativo. La votación de sus 451 miembros podría anticipar el resultado electoral, favoreciendo a Cuerva o a la candidata de CEOE, Ángela de Miguel. El desafío es tal que una eventual derrota de Cuerva en la Asamblea podría interpretarse como un revés definitivo para su reelección al frente de Cepyme. Por otro lado, los delegados también enfrentan una situación comprometida, ya que muchos de ellos dependen de CEOE en aspectos clave, como la financiación que reciben.

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(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

CSIF anuncia movilizaciones desde el 19 de marzo para exigir al Gobierno la subida salarial de los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado, mediante un comunicado, el inicio de movilizaciones a partir del 19 de marzo para exigir al Gobierno la negociación de una mejora salarial para los empleados públicos. En este sentido, el sindicato ha informado que la primera concentración tendrá lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, con la previsión de extender las protestas en próximas fechas a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el país. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la negociación de un nuevo acuerdo retributivo, la equiparación salarial y la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público. "Nos preocupa profundamente la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la demora en las reformas de Función Pública, Sanidad y Educación, entre otros sectores. Exigimos la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas", advierten desde CSIF. En concreto, el sindicato reclama al Ejecutivo: La negociación de un nuevo acuerdo salarial, dado que el anterior finalizó el 31 de diciembre. CSIF demanda que las subidas salariales sean automáticas cada año, al igual que ocurre con las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el pago íntegro de la paga extra. Una nueva oferta de empleo público para 2025 sin la restricción de la tasa de reposición. Evaluación del plan de estabilización de plazas de personal interino, garantizando que el porcentaje de estos trabajadores no supere el 8% del total a finales de año. Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en todo el país, así como el desarrollo de la carrera profesional en todas las administraciones y la regulación del teletrabajo. Igualdad salarial entre empleados públicos de distintas administraciones. Mejoras en las condiciones de jubilación y aprobación inmediata de la normativa que permita a funcionarios y personal estatutario acceder a la jubilación parcial, son otros puntos reclamados

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(La Vanguardia, 11-03-2025) | Laboral

La Airef dictamina este mes si hay que subir cotizaciones para pagar las pensiones

El nuevo sistema de financiación de las pensiones enfrenta su primera gran prueba. Las reformas implementadas en los últimos años han elevado significativamente los gastos, principalmente debido a la indexación de las pensiones con la inflación. Para equilibrar este incremento, se diseñó un aumento de los ingresos que Bruselas aceptó bajo la condición de incluir una "cláusula de cierre". Esta cláusula se activa automáticamente si la brecha entre ingresos y gastos supera un umbral determinado. Este mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) debe evaluar, por primera vez, si ese límite se ha sobrepasado. El umbral establecido es un gasto neto promedio del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. Si se rebasa, será necesario adoptar medidas correctivas. Inicialmente, el Gobierno y los agentes sociales intentarán negociar una solución, pero si no se alcanza un acuerdo, se aplicará un aumento gradual de las cotizaciones en un periodo de cinco años para corregir el desajuste. El proceso de evaluación llega en medio de la controversia, debido al marco que el Gobierno ha fijado para que la Airef realice sus cálculos. Un real decreto del 19 de febrero establece que, para medir los ingresos, se considerarán las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el aumento de las bases máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad. Algunos economistas critican esta decisión, argumentando que distorsiona la cláusula de cierre al incluir partidas que, según ellos, no deberían contarse como ingresos. El punto más polémico es la inclusión de los 20.000 millones de euros anuales que el Estado transfiere a la Seguridad Social por gastos impropios. Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, señala que esta transferencia ya estaba prevista cuando se fijaron los criterios de la cláusula de cierre, por lo que incluirla ahora en los cálculos equivale a contabilizar la misma partida dos veces. En su opinión, esta estrategia permite evitar un ajuste en 2025, pero a costa de incrementar el déficit de las pensiones en el futuro. Desde la Seguridad Social rechazan estas críticas y defienden que el real decreto solo precisa qué se considera ingreso dentro del sistema para la evaluación de la Airef. Argumentan que estas fuentes de financiación ya están recogidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que no se está introduciendo ningún nuevo concepto de ingresos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostiene que el desarrollo reglamentario es un procedimiento habitual para concretar la aplicación de las leyes y no puede modificar ni contradecir la norma que regula. Para su informe, la Airef cruzará dos datos clave: la proyección del gasto en pensiones, basada en el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea publicado en abril pasado, y su propia estimación del impacto de las medidas gubernamentales para incrementar los ingresos del sistema. Si la diferencia entre ambos supera el 13,3% del PIB de media en el periodo 2022-2050, será necesario tomar medidas correctivas de inmediato. En primer lugar, se abrirá una negociación con los agentes sociales para elaborar un proyecto de ley que entraría en vigor el próximo año. En esta fase, se podría ajustar la situación tanto por la vía de los ingresos como por la de los gastos. Sin embargo, si no se logra consenso sobre las medidas a tomar, el sistema activará el aumento automático de las cotizaciones del MEI en la cantidad necesaria para cerrar la brecha fiscal, distribuyendo este incremento a lo largo de cinco años.

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(Expansión, 10-03-2025) | Laboral

Las mujeres ocupan los consejos, pero sin puestos de liderazgo

La presencia de mujeres en los consejos de administración avanza de manera lenta, en algunos países impulsada por normativas que establecen cuotas obligatorias. Sin embargo, los puestos de liderazgo continúan estando mayoritariamente en manos de hombres. Para apoyar a los inversores institucionales en sus decisiones sobre la composición de los consejos, el proveedor de índices MSCI elabora anualmente un informe sobre la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo, incluyendo sus comisiones, y los retos en la retención del talento. Según el análisis, el año pasado las mujeres ocupaban el 27,3% de los puestos en los consejos de administración de las empresas incluidas en el índice MSCI ACWI, que agrupa compañías de gran y mediana capitalización en más de 50 mercados desarrollados y emergentes, sumando más de 2.600 empresas. Esta cifra supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el 46,2% de las organizaciones contaba con al menos un 30% de consejeras. La participación femenina continuó en ascenso en prácticamente todas las regiones y mercados. No obstante, la tasa de crecimiento se ralentizó por segundo año consecutivo en los mercados emergentes (MSCI EM Index), con un aumento de apenas un 0,6%, alcanzando el 17,7%. Esto contrasta con las subidas del 1,2% en 2023 (hasta el 17,1%) y del 1,4% en 2022 (cuando llegó al 15,9%). Los mercados desarrollados (MSCI World Index) presentan la mayor proporción de mujeres en los consejos de administración, con una media del 34,6%, frente al 32,9% en 2023. Más de un tercio de las empresas en este índice (34,4%) tiene al menos un 40% de representación femenina, mientras que casi tres cuartas partes (71,7%) superan el 30%. Entre los países con mayor presencia de mujeres destacan Nueva Zelanda (47,8%) y Francia (46,9%). En el Reino Unido, el porcentaje es del 43,6%, superando en seis décimas la media de las 17 empresas españolas incluidas en el índice (43%). No obstante, la presencia de mujeres en cargos de liderazgo sigue siendo significativamente inferior. En 2024, solo el 9,1% de los presidentes de los consejos de administración del MSCI ACWI Index eran mujeres, manteniéndose en el mismo nivel que en 2023. En los mercados desarrollados, la cifra aumentó hasta el 10,5%, más de un punto porcentual respecto al año anterior, mientras que en los países emergentes descendió al 7,4% desde el 9% de 2023. En España, el porcentaje en las 17 empresas analizadas fue del 23,5%. También existen diferencias en la presencia femenina en el cargo de consejero delegado entre mercados desarrollados y emergentes. En los primeros, las mujeres representaban el 7,9% de los CEO en 2024, subiendo desde el 6,8% del año anterior. En los emergentes, sin embargo, el porcentaje bajó al 5,6%, frente al 6,2% registrado en 2023. La media global se situó en el 6,8%, con un leve incremento de tres décimas respecto al año anterior. Por otro lado, el porcentaje de mujeres en la dirección financiera registró su primera caída desde 2020, descendiendo cinco puntos porcentuales hasta el 18,3%. Esta reducción se debió, en parte, a los cambios en los índices de los mercados emergentes y en el índice de EE.UU. En los mercados emergentes, la proporción bajó del 21,3% al 19,4% en 2024, mientras que en EE.UU. descendió del 19,8% al 19%. En España, la cifra es aún menor, con solo un 11,8% de directoras financieras. El análisis también destaca que, aunque los consejos de administración integrados únicamente por hombres son prácticamente inexistentes en los mercados desarrollados, un alto porcentaje de sus comisiones sigue sin contar con presencia femenina. Además, las comisiones de nombramientos, que desempeñan un papel clave en la configuración del consejo, son las que tienen menos probabilidades de estar lideradas por mujeres.

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(El Economista, 10-02-2025) | Laboral

Un fallo pionero contradice al Supremo y hace indefinido a un interino con 18 años de contratos temporales

Fallo innovador del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia contradice al Tribunal Supremo y, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), otorga la condición de indefinida a una trabajadora interina que había acumulado más de 18 años de contratos temporales. La resolución, emitida el 19 de noviembre, determina que la Administración incurrió en abuso y fraude de ley al no convocar en plazo las pruebas selectivas para cubrir plazas con necesidades permanentes, en lugar de temporales. La demandante, que aprobó unas oposiciones sin obtener plaza, desempeñó durante 18 años la misma función que los funcionarios de carrera. Por ello, la sentencia establece que, conforme a la normativa europea y al criterio del TJUE, debe reconocerse su condición de trabajadora indefinida "en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera, sin que ello suponga vulnerar el ordenamiento interno ni los principios de igualdad, mérito y capacidad". El Tribunal Supremo ha sostenido en reiteradas ocasiones, la última en dos resoluciones del 25 de febrero, que la normativa española y la Constitución no permiten otorgar la condición de fijos a los interinos, ya que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, el Supremo argumenta que ni la normativa europea ni el TJUE obligan a España a hacer fijos a los interinos con contratos temporales sucesivos, sino que sugieren esta medida como una posible sanción a la Administración, siempre que no entre en conflicto con la legislación española. En este sentido, el Supremo considera que esta conversión vulnera tanto la normativa como la Constitución y, por lo tanto, no ofrece una solución a estos abusos. En contraste, el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife subraya que el TJUE, en su sentencia de junio, dejó claro que los jueces deben acatar la interpretación del derecho europeo realizada por este tribunal, incluso si entra en conflicto con la Constitución. Por este motivo, la magistrada aplica la doctrina establecida por el TJUE. "En consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional no puede considerar que está imposibilitado para interpretar una norma nacional en conformidad con el Derecho de la Unión solo porque haya sido interpretada reiteradamente en un sentido contrario a dicho Derecho", argumenta la resolución. "En virtud del principio de supremacía del derecho de la UE y la obligación del juez nacional de seguir la interpretación del TJUE, se concluye que la demandante mantiene y mantendrá una relación laboral indefinida con la Administración demandada, en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera", concluye la sentencia. El conflicto sobre la fijeza en la Administración se dirime por dos vías judiciales. Los tribunales de lo contencioso-administrativo, encargados de resolver litigios con la Administración, gestionan las reclamaciones de los interinos que aprobaron oposiciones sin obtener plaza. Por otro lado, los tribunales de lo social se ocupan de las demandas del personal laboral contratado directamente por la Administración. Las dos sentencias del Tribunal Supremo de febrero corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y tratan sobre casos de interinos. Además, la Sala de lo Social del Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE para clarificar la aplicación de la fijeza y las indemnizaciones en el caso del personal laboral.

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