El Ministerio de Seguridad Social y las mutuas laborales han alcanzado un acuerdo para gestionar parte del proceso de bajas por cuestiones relacionadas con la traumatología. Esta medida busca aliviar la saturación en los servicios de salud pública. No obstante, no toda la gestión será transferida a las mutuas. Según el acuerdo, que se formalizará hoy, el objetivo es "optimizar el uso de los recursos asistenciales de las mutuas colaboradoras en procesos traumatológicos, acelerando diagnósticos y tratamientos". Aun así, se subraya que "las bajas, confirmaciones de baja y altas médicas seguirán siendo responsabilidad de los médicos de los servicios públicos de salud".
De esta manera, las mutuas se encargarán de gestionar tratamientos, pruebas diagnósticas y rehabilitación cuando los servicios de salud pública estén saturados. El acuerdo establece que "se utilizarán los recursos humanos y materiales disponibles de las mutuas, dentro de los límites permitidos para su colaboración, con el fin de mejorar la salud de los trabajadores y evitar la prolongación innecesaria de los procesos, realizando las actuaciones sanitarias necesarias según los Servicios Públicos de Salud (SPS), como pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos, rehabilitación e incluso intervenciones quirúrgicas".
Las bajas por traumatología y su duración tienen un impacto significativo en España. Según datos de la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo (AMAT), en 2022 se registraron 1.138.214 bajas laborales por enfermedades comunes y accidentes no laborales relacionados con patologías traumatológicas, con una duración media de 68,64 días. Las mutuas gestionaron 561.563 de estas bajas relacionadas con accidentes laborales, con una duración media de 39,49 días, casi la mitad del tiempo.
Económicamente, estas bajas representaron un coste "innecesario de 2.370 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas", según la misma fuente. Además, dentro de las negociaciones, se ha logrado un acuerdo para desarrollar lo estipulado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en cuanto a la participación de las mutuas en la gestión de la Incapacidad Temporal (IT), colaborando con los Servicios Públicos de Salud en pruebas diagnósticas para patologías traumatológicas, siempre con el consentimiento de los afectados.
Asimismo, el Gobierno y los agentes sociales han avanzado en el establecimiento de una comisión para el seguimiento de los indicadores de IT, conforme a lo acordado en el AENC, y para supervisar la evolución de la Incapacidad Temporal.
Una sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona determina que los cuidadores no necesitan ser empleados directos de las empresas sociosanitarias, sino que pueden ser contratados por las familias bajo el régimen general de empleados del hogar.
Este fallo podría suponer un cambio importante para las empresas del sector sociosanitario, que han visto un aumento significativo en la demanda de sus servicios, especialmente aquellos dirigidos a personas mayores y dependientes. El envejecimiento de la población, el incremento de pacientes crónicos y la complejidad de atender sus necesidades han impulsado el crecimiento de los cuidados a domicilio, particularmente en casos donde las personas requieren asistencia pero pueden seguir viviendo en su hogar.
Muchas de estas empresas se dedican a ayudar a las familias a encontrar cuidadores adecuados para sus seres queridos dependientes. Este modelo de negocio ha estado bajo el escrutinio de la Inspección de Trabajo, que investiga si los cuidadores tienen o no una relación laboral directa con la empresa.
En los últimos años, la vigilancia de la Inspección ha aumentado, en una situación similar a la que se vivió con los riders de plataformas como Glovo o Deliveroo, centrando sus inspecciones en la detección de falsos autónomos.
Con la Ley 3/2023 de Empleo, la Inspección de Trabajo ya no necesita que un juez determine si existe una relación laboral antes de actuar. Esto significa que la Inspección puede emitir un acta de liquidación y exigir el pago de deudas retroactivas sin pasar por un procedimiento judicial previo, lo que puede poner en aprietos a empresas, muchas de las cuales son startups recientes. Esto puede conllevar embargos y cierres de empresas sin que estas tengan oportunidad de defenderse judicialmente antes de realizar el pago. Víctor Bescós, abogado laboralista de Manubens, advierte que esta situación deja a las empresas "indefensas ante el afán recaudatorio de la Administración".
El problema radica en el modelo de "gestión indirecta" que siguen la mayoría de estas empresas. Este modelo implica que la empresa evalúa las necesidades del dependiente y su entorno, selecciona un cuidador adecuado y ofrece asesoramiento a la familia, que es la que contrata directamente al cuidador como empleado doméstico, le paga y le da instrucciones. La empresa no supervisa ni gestiona a los cuidadores. En contraste, el modelo de "gestión directa", menos común y más costoso, implica que la empresa contrata directamente a los cuidadores y les da instrucciones para el cuidado del dependiente.
La nueva sentencia favorece a una empresa que utilizaba el modelo de gestión indirecta y a la que la Inspección había levantado un acta en 2020, que afectaba a cerca de mil cuidadores y suponía una multa de dos millones de euros. La empresa demostró que no actuaba como una plataforma digital, no daba instrucciones a los cuidadores ni les pagaba directamente, por lo que no existía relación laboral entre la empresa y los cuidadores.
Aunque es probable que la Tesorería General de la Seguridad Social presente un recurso ante el Tribunal Superior de Cataluña, esta sentencia, según Bescós, es relevante porque avala la legalidad del sistema de gestión indirecta y ofrece un respaldo para las empresas que operen diligentemente. Sin embargo, aquellas que no sigan este camino podrían enfrentar graves dificultades en el futuro.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado este lunes una nueva aplicación para gestionar trámites con la Tesorería de la Seguridad Social. Esta app ofrece cuatro perfiles distintos según el tipo de usuario: autónomos, empleados del hogar (tanto empleadores como empleados), artistas y estudiantes en prácticas.
En el perfil de autónomos, los usuarios podrán acceder a información relevante y realizar gestiones como darse de alta o baja, modificar la base de cotización, consultar recibos y simular cuotas basadas en sus ingresos. Para el empleo del hogar, tanto empleados como empleadores pueden gestionar trámites como calcular cuotas, dar de alta o baja a empleados, actualizar su salario y jornada, y consultar recibos emitidos. El perfil de artistas permite a los trabajadores del sector gestionar su inactividad, solicitar la devolución de ingresos por bases cotizadas o darse de baja en el censo de artistas.
Por su parte, los estudiantes en prácticas encontrarán toda la información que necesitan, desde el inicio de las mismas hasta su finalización. La app les permitirá acceder a su perfil personal, consultar guías para resolver dudas, conocer los beneficios de cotizar y realizar trámites como solicitar su número de Seguridad Social o descargar su informe de vida laboral y bases de cotización. Saiz destacó que ya son 700.000 los becarios que cotizan a la Seguridad Social desde la implementación de esta medida.
En resumen, la aplicación ofrece a los ciudadanos las funcionalidades del portal Import@ss (en funcionamiento desde 2021) en sus dispositivos móviles, lo que les permite acceder a sus datos de la Tesorería, descargar informes como el de vida laboral o consultar contratos y convenios.
Entre las novedades que señala el Ministerio de Seguridad Social, se incluyen la recepción de avisos personalizados, notificaciones push, acceso con identificación biométrica (después de haberse registrado previamente con Cl@ve Permanente) y la opción de descargar documentos para almacenarlos en el dispositivo.
No obstante, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha aclarado que algunos trámites disponibles en la sede electrónica aún no están habilitados en esta app, pero se está trabajando para añadirlos en el futuro.
La identificación en la aplicación se realizará a través de los métodos habituales: DNI electrónico, SMS o clave digital (solo disponible para Android). Tras identificarse, los usuarios podrán configurar las notificaciones push y activar el acceso biométrico (mediante huella dactilar o reconocimiento facial) para futuras conexiones.
España ha conseguido reducir la tasa de desempleo juvenil y mejorar la calidad de los empleos de los jóvenes, lo que permite un leve optimismo, aunque nuestro país sigue teniendo el porcentaje de paro más elevado de la Unión Europea entre los menores de 25 años. Sin embargo, esta mejoría es insuficiente (o llega demasiado tarde) para revertir la disminución del peso del empleo juvenil en el mercado laboral. Desde que cayó del 11,7% en 2002 al 4,2% en 2014, solo ha repuntado al 5,9% en lo que va de 2024.
Este cambio se debe a varias razones, entre ellas el descenso de la natalidad, que ha acelerado el envejecimiento de la población, y el hecho de que los jóvenes han reducido la tasa de abandono escolar temprano, retrasando su entrada al mundo laboral. Estas circunstancias han afectado los fundamentos de la "cultura del relevo" en las políticas laborales, lo que ha obligado a replantearse aspectos como la sostenibilidad del sistema de pensiones y las políticas de inmigración.
La reducción del empleo juvenil no solo se explica por el aumento del número de trabajadores en otras franjas de edad, sino que, en términos absolutos, los ocupados menores de 24 años han disminuido drásticamente. En 2022, cuando representaban el 11,7% del total, eran 1,92 millones de trabajadores, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En el segundo trimestre de 2005, se alcanzó el máximo histórico con 2,15 millones de jóvenes ocupados, aunque la tasa fue del 11%, ya que el empleo de otras edades también creció significativamente.
En 2024, con un récord de 21,7 millones de ocupados (un 28,2% más que en 2002 y un 11,6% más que en 2005), solo se contabilizaban 1,2 millones de trabajadores menores de 25 años. Esto representa una reducción del 34,3% y el 39,4% respecto a sus máximos históricos. Aun así, esta cifra es superior al mínimo de 707.100 jóvenes registrado en 2014, cuando la participación juvenil en el empleo era del 4,2%.
Comparando con ese momento en 2014, cuando el empleo total tocó fondo en la serie histórica, se observa que el empleo ha crecido en 4,7 millones (de 16,9 a 21,7 millones), pero el empleo juvenil solo ha sumado 590.000 efectivos, un 12% de este aumento.
Una de las razones clave de esta tendencia es la disminución de la fuerza laboral en este grupo de edad. En el segundo trimestre de 2024, los activos menores de 25 años, que incluyen tanto a los que tienen empleo como a quienes lo buscan activamente, sumaban 1,77 millones, lo que representa el 7,7% del total. Esta cifra es un 30% inferior a los 2,5 millones alcanzados antes de la crisis financiera, cuando representaban el 13%. Todo esto a pesar del aporte positivo de la inmigración en los últimos años, tanto de extranjeros que vienen a trabajar a España como de hijos de inmigrantes nacidos y criados aquí, que ahora se integran en el mercado laboral.
El impacto de la demografía se agrava por el elevado desempleo juvenil, con 470.000 desempleados menores de 25 años, lo que arroja una tasa de paro del 26,7%, más del doble de la tasa general. Aunque esta cifra es la más baja desde 2008, sigue siendo más de 6 puntos superior al mínimo histórico del 20% alcanzado en 2005, aunque muy lejos del 50% registrado durante la Gran Recesión.
En aquellos años, se argumentaba que la alta tasa de desempleo juvenil se debía a que los jóvenes trabajaban en sectores que requerían baja cualificación y generaban empleos más inestables, como la construcción. Muchos abandonaban sus estudios atraídos por los altos salarios del sector. Se preveía que esto cambiaría con un modelo productivo más avanzado y una mejora en la formación de los jóvenes.
Aunque la educación de los jóvenes ha mejorado, sus perspectivas laborales no han seguido el mismo ritmo. En lugar de trabajar en sectores de bajo valor añadido como la construcción, los jóvenes han migrado a otros, como la hostelería, que en 2024 concentra el 20,71% de los empleos juveniles, 10 puntos más que en 2008.
El crecimiento de la hostelería ha sido a expensas de sectores como la construcción, el comercio y la industria manufacturera, que han perdido peso en el empleo juvenil. Es destacable que, a pesar de concentrar más trabajadores jóvenes, bares y restaurantes son de los sectores que más denuncian la falta de mano de obra, lo que indica que la reducción de personal también se siente en estos empleos.
El año 2023 fue, en líneas generales, positivo para la sociedad y la economía española, según el informe del Consejo Económico y Social (CES), un organismo consultivo del Gobierno que integra a empresarios, sindicatos y representantes de la economía social. No obstante, este análisis sobre la situación socioeconómica de España, presentado este lunes por el presidente del CES, Antón Costas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanza algunas advertencias a las autoridades. Entre ellas, destaca la necesidad de mejorar la transparencia en la gestión de los fondos europeos, en especial, en la evaluación de la calidad de las inversiones destinadas a políticas activas de empleo.
El informe señala que, tras tres años de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el balance es "mixto". Aunque casi el 90% de los fondos iniciales han sido comprometidos, solo algo más de la mitad ha llegado a la economía real. Los expertos del CES subrayan que los sistemas de información sobre el PRTR no tienen la suficiente transparencia y detalle para detectar el verdadero impacto de los fondos a nivel sectorial y regional.
Dado el potencial impacto de estos fondos, el CES considera necesario corregir las debilidades en el diseño, gestión y resolución de las convocatorias, además de asegurar los recursos suficientes para utilizar los fondos en el tiempo previsto (hasta 2026). También abogan por una mayor participación de las autoridades locales y regionales, de la sociedad civil y de los agentes sociales en el Plan. Pese a estas advertencias, creen que las ayudas europeas están contribuyendo a transformar el tejido productivo de España, incrementando el peso de los servicios no turísticos con mayor valor añadido.
El informe aborda también aspectos concretos del Plan de Recuperación, como las inversiones en políticas activas de empleo, e incluye varias advertencias. Aunque España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de Europa, se mantuvo entre los países de la UE-27 que destinan un mayor porcentaje de su PIB a estas políticas. Sin embargo, persisten deficiencias en el gasto en relación con el impacto del desempleo, tanto en términos de cobertura de los desempleados como en el gasto por persona en busca de empleo.
En cuanto a la implementación de las inversiones en políticas activas de empleo dentro del PRTR, se han ejecutado en un 57,2%, una cifra superior a la del conjunto del plan (40,1%). No obstante, el CES critica la falta de información para evaluar tanto la calidad de las medidas como su impacto real en la población objetivo y en el tejido productivo. Esto pone de relieve la necesidad de una evaluación más sistemática y de mayor calidad en las políticas activas de empleo.
Un ejemplo de esta falta de datos es el proyecto Send@, que se centra en el perfilado de los demandantes de empleo y es considerado clave para la digitalización de los servicios públicos de empleo en España. A pesar de su diseño inicial en 2019 y 2020, el informe señala que no existen datos sobre su implementación ni sobre su impacto en la empleabilidad de los usuarios, limitándose a una evaluación preliminar realizada por la OCDE y la Comisión Europea en 2022.
Asimismo, el CES reclama una mejora en la comunicación entre los diferentes niveles administrativos y departamentos implicados, ya que la falta de coordinación es vista como un obstáculo para la implementación eficaz de los fondos europeos y un posible riesgo para la sostenibilidad de las medidas a largo plazo.
El documento también alerta de "retrasos significativos en la gobernanza y ejecución de las políticas activas de empleo", que incluyen las acciones formativas dirigidas al personal del Servicio Nacional de Empleo. A pesar de que se han cumplido la mayoría de los objetivos marcados por Bruselas en materia de empleo, se destaca la falta de avances en la modernización del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. El informe denuncia también retrasos en las inversiones destinadas a mejorar la empleabilidad de parados y ocupados, además de señalar la escasa coordinación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, así como la insuficiencia de personal disponible.
Fuentes cercanas al diálogo social señalan que el acto está previsto para el miércoles. Sin embargo, aunque se firme el acuerdo y haya una foto entre el Gobierno, los líderes sindicales y los representantes empresariales, no hay garantía de que gran parte de la norma sea aprobada en el Congreso. Los diputados de ERC, Bildu y BNG, que ya habían manifestado la semana pasada su descontento con el texto, confirman que votarán en contra si no se realizan modificaciones sustanciales. A este rechazo de los socios habituales se suma el voto negativo del PP, lo que podría llevar a que parte de la reforma fracase si no se revisan las posturas.
"Esta semana les anuncio que firmaremos un acuerdo clave con los empresarios y los sindicatos, que facilitará el acceso a una pensión digna para miles de ciudadanos y ciudadanas", declaró Pedro Sánchez ante su grupo parlamentario. Antes de este anuncio, la ministra de Seguridad Social destacó en una rueda de prensa el "tono constructivo" de los partidos políticos en la comisión del Pacto de Toledo la semana pasada. "El acuerdo, respaldado por los sindicatos y los empresarios, tiene muchas probabilidades de éxito y contribuirá a la sostenibilidad del sistema, además de promover la igualdad social", comentó Elma Saiz.
Algunas partes del acuerdo, suscrito a finales de julio, no requieren el apoyo del Parlamento para su implementación, ya que corresponden a desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para trabajos penosos. Tampoco es necesario el voto del Congreso para implementar el nuevo rol de las mutuas en el tratamiento de dolencias traumatológicas, diseñado para reducir las listas de espera, siempre y cuando el paciente dé su consentimiento.
Este cambio dependerá de la implementación de acuerdos autonómicos, por lo que tampoco podría ser vetado por el Parlamento. Sin embargo, la creación de la comisión tripartita para supervisar el nuevo papel de las mutuas, así como los cambios en la jubilación activa y parcial, sí requieren modificaciones legislativas que dependen de la aprobación por parte de la mayoría del Congreso.
"El debate sobre las políticas laborales está supeditado al diálogo social, con la condición de que no se puede modificar nada. Vemos esto como un intento de restar al poder legislativo su capacidad de discutir y proponer enmiendas. ¿Acaso no podemos opinar sobre el modelo laboral y de pensiones?", se queja Jordi Salvador, diputado de ERC. Que la norma llegue sin haber sido debatida previamente con los partidos también ha molestado a los parlamentarios de Bildu. "Nos hemos enterado de este acuerdo por la prensa. Si creen que nos presionarán para votar a favor, están equivocados", advierte Iñaki Ruiz de Pinedo, diputado de Bildu. En una línea similar, Néstor Rego (BNG) critica que "se le dé carácter sagrado a lo acordado en el diálogo social, trasladando la capacidad legislativa fuera del Congreso".
Tanto el diputado vasco como el gallego también cuestionan la composición del diálogo social. "Se negocia con los sindicatos estatales, dejando fuera a otros sindicatos igualmente representativos, como CIG (en Galicia), ELA y LAB (en Euskadi)", denuncia Rego. "La mayoría sindical en Euskal Herria está en contra de este acuerdo", añade Ruiz de Pinedo.
Más allá de cómo el Gobierno ha informado o negociado, estos partidos rechazan la mayor parte de la reforma, tanto la que depende del voto del Congreso como la que saldrá adelante si lo decide el Ejecutivo. "Lo más preocupante es el tema de las mutuas. Es necesaria una revisión integral del sistema, que arrastramos desde antes de la Constitución. Sabemos bien cómo funcionan las mutuas", comenta Salvador. Rego comparte esta preocupación: "Es gravísimo que se trasladen las pruebas diagnósticas de traumatismos a las mutuas. Esto supone financiar a la sanidad privada en detrimento de la pública. La ministra dice que servirá para que los trabajadores se recuperen más rápido y mejor. Más rápido, seguro; mejor, lo dudo. Es probable que sea lo contrario".
Los tres partidos nacionalistas de izquierdas también rechazan los cambios en la jubilación parcial y activa. "Se sigue incentivando la jubilación retrasada, lo cual es contradictorio con la idea de trabajar menos para vivir mejor", critica Rego. Por su parte, el PNV ha manifestado su apoyo al acuerdo, mientras que Junts no ha aclarado su posición.
Los sindicatos mayoritarios en España, CC OO y UGT, han alcanzado este acuerdo de pensiones con el Gobierno y las patronales CEOE y Cepyme. La reforma introduce modificaciones en la jubilación parcial y activa, establece nuevos procedimientos para calcular los coeficientes que permiten adelantar la jubilación sin penalizaciones en trabajos peligrosos o duros, y propone un nuevo esquema de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas, derivado del último pacto firmado por los agentes sociales.
Mirar al pasado puede ser arriesgado, aunque, como decía Confucio, el estudio de la historia puede ayudar a trazar el futuro. Hace una década, pocos habrían imaginado el drástico cambio que ha experimentado el mundo laboral, impulsado tanto por un acelerado proceso de digitalización como por la inesperada pandemia de covid-19. En este reportaje, cerca de veinte expertos y trabajadores describen las principales transformaciones que han tenido lugar en las oficinas desde 2014. En ese año, la crisis económica aún dejaba secuelas, con una tasa de desempleo en España superior al 23%, cifra que hoy se ha reducido a más de la mitad. Pero empecemos por lo más importante: las personas.
La demografía ha cambiado de manera considerable en la última década. Hoy en día, hay 4,3 millones más de trabajadores en España en comparación con 2014, en gran parte debido al incremento de la participación femenina en el mercado laboral, con dos millones de mujeres más, y al aumento de la inmigración, que ha sumado 1,3 millones de personas. Esto ha diversificado la fuerza laboral, según Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas.
El envejecimiento de la población también se ha reflejado en los centros de trabajo. Actualmente, más del 35% de la fuerza laboral tiene más de 50 años, frente al 26% de hace una década. "Esto ha cambiado la dinámica del mercado laboral. La baja tasa de natalidad ha generado una escasez de talento, lo que ha llevado a las empresas a ser más cautelosas al despedir, ya que les resulta más difícil encontrar profesionales", señala Torres.
Independientemente de la edad, los trabajadores han tenido que adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas, un reto no siempre sencillo. Esta ha sido la transformación más profunda en el día a día laboral en un entorno donde los servicios han ganado protagonismo. Tras la llegada de las redes sociales, la pandemia trajo consigo una explosión de herramientas de comunicación a distancia. A esto se sumaron el big data, la automatización, los robots y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA), que promete revolucionar todos los sectores. "Aunque su impacto en el PIB aún es limitado, la IA requerirá una reorganización de los puestos de trabajo", comenta Miguel Ángel Malo, profesor de Economía en la Universidad de Salamanca.
Pablo Díaz Claver, director general de la firma de cazatalentos Russell Reynolds, subraya que en la última década hemos pasado de ver la automatización como una amenaza para los empleos a considerar tecnologías como la realidad aumentada y la visión nocturna como aliadas que complementan el talento humano. Este es el surgimiento de lo que denomina el "empleado biónico".
La disrupción tecnológica de los últimos diez años ha generado múltiples efectos en el trabajo, siendo el teletrabajo uno de los más destacados. Aunque no todos los sectores pueden beneficiarse de esta modalidad (por ejemplo, el comercio o la hostelería), el trabajo remoto ha transformado la forma en que se organizan las tareas y ha mejorado la conciliación entre la vida personal y laboral, según Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Durante la pandemia, el teletrabajo alcanzó su punto más alto, con 3,5 millones de personas trabajando desde casa. Sin embargo, Mari Cruz Vicente, de CC OO, señala que su uso ha disminuido desde entonces, aunque sigue siendo el doble que antes del covid. A día de hoy, el 13,6% de los trabajadores en España lo practica, muy por debajo del promedio europeo del 24%. "La pandemia demostró que el teletrabajo es viable y no hay vuelta atrás", asegura el profesor Malo.
La flexibilidad también ha aumentado en diversos aspectos, como los horarios, los lugares de trabajo y los métodos utilizados. Este es el cambio más significativo desde 2014, según Díaz Claver, y ha otorgado más autonomía a los empleados. Sin embargo, Ángeles Marzo, directora de Talento de ING, señala que solo el 13% de las empresas españolas ofrecen una flexibilidad total a sus empleados. ING es una de ellas desde marzo de 2020, adoptando un modelo basado en la confianza en el criterio del trabajador para alcanzar sus objetivos, lo que mejora la productividad y satisfacción de las plantillas.
Entre los aspectos negativos de las nuevas tecnologías se encuentra la conexión continua, que puede causar ansiedad y el síndrome del trabajador quemado. "En España persiste el problema de las horas extra no pagadas, que supera los seis millones, y aunque el registro horario de 2019 ha ayudado, trabajar más horas reduce el descanso y aumenta el riesgo de accidentes laborales", explica Ercoreca. La desconexión digital fue regulada en 2022, pero según David Díaz, de Baker McKenzie, la línea entre el trabajo y el descanso sigue siendo difusa.
El cambio en la forma de trabajar ha provocado un aumento del absentismo y de las enfermedades mentales. Raymond Torres apunta que entre 2014 y 2024, las bajas laborales en España han aumentado de 1,6 millones a 2,5 millones. Esta tendencia también se observa en Europa, donde el número de personas en baja ha pasado de 18 a 20,5 millones.
Otro efecto negativo de la digitalización ha sido la aparición de nuevas formas de trabajo precarias, como los riders, que son considerados falsos autónomos. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de estos trabajadores, exigiendo a las plataformas de reparto que los indemnicen. El Gobierno aprobó la ley rider para regular estas relaciones laborales y evitar su proliferación.
Social durante la última reforma de pensiones para enfrentar la jubilación masiva de la generación del baby boom, ha recaudado hasta ahora 4.800 millones de euros. Este fondo se ha generado a través del aumento de las cotizaciones sociales, que son pagadas tanto por las empresas como por los trabajadores. En 2023, se lograron recaudar 2.700 millones, y en los primeros siete meses de 2024 ya se han ingresado más de 2.100 millones, según los datos mensuales de Ejecución Presupuestaria publicados por la Seguridad Social.
Este incremento de los ingresos del MEI, que ha sido del 45% en los primeros siete meses de este año, se debe tanto a la evolución del empleo como al aumento del tipo de cotización aplicado en enero, que pasó del 0,5% al 0,6%. Gracias a ello, la hucha de las pensiones ha alcanzado su nivel más alto desde 2018, con más de 7.000 millones de euros.
El MEI es una cuota finalista aplicable a todos los regímenes de cotización por jubilación, pero no se toma en cuenta para calcular las prestaciones. Es decir, no otorga un beneficio adicional en la futura pensión del trabajador a pesar del esfuerzo extra en cotizaciones. Todo lo recaudado va directamente al Fondo de Reserva, también conocido como la "hucha de las pensiones", que ha vuelto a recibir ingresos por primera vez en más de una década.
El aumento de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, que financian las jubilaciones y otras prestaciones contributivas, comenzó en enero de 2023. El entonces ministro José Luis Escrivá incluyó en la reforma de pensiones una sobrecotización inicial del 0,6% para todos los trabajadores, con excepción de los autónomos, destinada a la jubilación.
Durante las negociaciones, el Gobierno adoptó el concepto del MEI propuesto por los sindicatos, que establece que esta cuota adicional subirá progresivamente hasta llegar al 1,2% en 2032 y se mantendrá en ese nivel hasta la mitad del siglo. Esta medida, aprobada en marzo de 2023, fue clave para obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que supervisa las reformas que España debe implementar a cambio de los fondos europeos del programa Next Generation EU.
El aumento de esta cuota, que comenzó gravando el 0,6% del salario, sorprendió a muchos trabajadores. En enero de 2024, la cuota subió nuevamente al 0,7% del coste laboral, afectando las primeras nóminas del año.
La distribución de esta cuota es similar a la de las demás cotizaciones: el 83% lo paga la empresa y el 17% el trabajador. En términos prácticos, la empresa aporta el 0,58% y el trabajador el 0,12%. Así, el 28,3% del salario se destina a contingencias comunes, a lo que se suma el 0,7% adicional que servirá para financiar las pensiones de la generación del baby boom. El tipo total de cotización por contingencias comunes es del 29%.
Este ahorro acumulado hasta mediados de siglo permitirá al gobierno de turno disponer de hasta un 0,91% del PIB anual durante el periodo de mayor presión financiera por las jubilaciones del baby boom, previsto para finales de la década de 2040. Sin embargo, el uso de estos fondos no estará permitido hasta 2033.
La cifra representa una disminución de 14.471 asalariados, un 1,65% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto marca dos meses consecutivos de caída interanual, algo que no había ocurrido desde la implementación de la reforma laboral. El Gobierno ha utilizado esta tendencia como argumento para dar por concluida la controversia en torno a estos empleos, pero no tiene en cuenta que, durante ese mismo periodo, el número de "demandantes con relación laboral" (categoría que el SEPE utiliza para clasificar a los fijos discontinuos inactivos) ha aumentado en 92.891 personas, un 13%, alcanzando un nuevo récord de 782.336.
En la rueda de prensa sobre los datos de paro y afiliación, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, destacó la "estabilización" de estos afiliados, que representan el 5% del total de asalariados y el 6,6% de quienes tienen contrato indefinido. "Con esto deberíamos dar por concluido todo el debate sobre los fijos discontinuos", afirmó.
El "debate" al que se refería Suárez es doble. Por un lado, está la volatilidad de esta modalidad particular de contratos indefinidos, que según las estadísticas de la Seguridad Social, ha crecido considerablemente tras la reforma. Aunque ahora representan el 5,1% de los asalariados (frente al 2% antes de la reforma), su paso a la inactividad ha provocado el 19,7% de las bajas de afiliación, un porcentaje solo superado por la finalización de contratos temporales. Antes de la reforma, este porcentaje apenas llegaba al 2%.
En otras palabras, la rotación laboral de estos contratos ha aumentado significativamente en comparación con su peso en el empleo. Aunque la atención suele centrarse en los datos de afiliación, que se publican como saldos al final de cada mes o en promedio mensual, la volatilidad diaria del empleo, especialmente en lo que respecta a los diferentes tipos de contrato, a menudo pasa desapercibida.
El segundo aspecto de la controversia tiene que ver con el paso a la inactividad. En este estado, el trabajo no finaliza, sino que se "suspende"; el empleado no recibe salario ni cotiza como afiliado hasta que es llamado nuevamente. Durante este tiempo, el trabajador puede registrarse como demandante de empleo y solicitar una prestación por desempleo si ha cotizado lo suficiente. Sin embargo, no es contabilizado como desempleado registrado, sino como "demandante con relación laboral" porque el contrato sigue vigente.
El aumento de esta categoría desde la reforma laboral ha generado polémica sobre la posible manipulación de las cifras de desempleo. En el último año, los parados registrados han disminuido en 130.579 personas, mientras que los demandantes con relación laboral han aumentado en 92.891. En 2023, hubo meses en los que el crecimiento de los demandantes fue mayor que la reducción del número de parados.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para detallar el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos el pasado 31 de julio. Además, ha aprovechado la oportunidad para buscar apoyos que faciliten la aprobación de los textos legislativos que desarrollarán dichas medidas. Saiz ha subrayado que el acuerdo se basa en las recomendaciones de la propia Comisión del Pacto de Toledo, ante la cual ha comparecido.
Desde la oposición, el PP y Vox han exigido a la ministra un "cronograma legislativo" que precise cuándo su Ministerio trasladará al Parlamento los instrumentos legales necesarios, ya sea mediante Real Decreto-ley o Proyecto de Ley, para implementar el acuerdo. Aunque Saiz no ha dado un calendario específico, ha explicado que las medidas requerirán desde reglamentos hasta cambios legales y convenios con las comunidades autónomas, asegurando que todo esto se desarrollará "en los próximos días y semanas". Ambos partidos también han solicitado estudios sobre el impacto económico de las medidas, a lo que la ministra ha respondido que estos serán entregados cuando las iniciativas lleguen al Congreso.
Entre las medidas más complejas de aprobar se encuentran los cambios en las modalidades de jubilación, que requerirán modificaciones en la Ley de Seguridad Social, según las críticas expresadas por algunos portavoces de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno.
Aunque la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha mostrado su apoyo al acuerdo, calificándolo de "positivo en general", y ha respaldado los futuros convenios entre los sistemas de salud autonómicos y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, otros socios del Gobierno han sido más críticos. El portavoz de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pineo, ha pedido que antes de la tramitación de los textos se presenten informes que analicen el impacto en la salud de los trabajadores de las medidas para prolongar la edad de jubilación y el papel de las mutuas. También ha instado a que las jubilaciones anticipadas en profesiones penosas no se negocien por sectores, ya que muchos de ellos no tienen poder de negociación, y que se analicen caso por caso.
Por su parte, Jordi Salvador, portavoz de ERC, ha mostrado una postura mixta respecto a la reforma, destacando que algunas medidas le agradan, mientras que otras no. Ha exigido al Gobierno una negociación paralela con los grupos de izquierda durante el proceso parlamentario, advirtiendo que, sin esto, las medidas podrían no obtener los apoyos necesarios para ser aprobadas. Salvador ha señalado que, aunque el acuerdo con empresarios y sindicatos es positivo, esto no garantiza su aprobación en el Parlamento.
En cuanto a las nuevas fórmulas de colaboración con las mutuas, Salvador ha planteado dudas, además de considerar insuficiente el sistema propuesto de jubilaciones anticipadas sin recortes en las profesiones penosas. También ha rechazado la propuesta del Gobierno de reintroducir bonificaciones en las cotizaciones para las empresas que prevengan eficazmente los accidentes laborales.
Ante estas críticas, Saiz ha defendido que el objetivo no es trabajar más, sino hacerlo mejor, y ha aclarado que la colaboración con las mutuas no implica ninguna privatización de la sanidad, recordando que estas forman parte del sistema de Seguridad Social. Además, ha explicado que el año pasado las mutuas generaron un excedente de 1.200 millones de euros que se destinó al Fondo de Reserva de las pensiones. Saiz también ha insistido en que los médicos de los servicios públicos de salud seguirán siendo los responsables de conceder las altas y bajas laborales, y que los trabajadores tienen la opción de rechazar la atención de una mutua.
Por último, Josep María Cervera, portavoz de Junts, ha criticado que los médicos de los servicios públicos sean quienes otorguen las bajas y altas laborales, y ha defendido que deberían ser las mutuas quienes decidan estos procesos. A pesar de esta divergencia con ERC, Cervera ha preferido no anticipar la posición de su grupo hasta la próxima semana, cuando Saiz comparecerá ante el Pleno para seguir buscando los apoyos necesarios para la reforma.
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