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(El Economista, 21-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno quiere prohibir a los fondos que compren edificios residenciales enteros

El Gobierno mantiene una postura firme en contra de la actividad de los fondos de inversión en el sector inmobiliario y continuará trabajando para limitar su presencia en España. Así lo ha manifestado esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien, al ser consultada sobre la posibilidad de legislar para impedir que estos fondos adquieran edificios residenciales en bloque, ha asegurado que harán "todo lo posible para evitarlo". "Invertir en España es positivo, pero existen muchos otros sectores en los que somos referentes y donde estos fondos pueden destinar su capital. En el ámbito de la vivienda, pueden apostar por la industrialización de la construcción o realizar inversiones con un enfoque social, pero no vamos a permitir que las viviendas se traten únicamente como bienes de mercado", ha declarado Rodríguez. Estas afirmaciones están en línea con las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mes pasado, entre ellas un cambio en la fiscalidad de las socimis residenciales. Esta reforma busca restringir los beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan exclusivamente en vivienda social. Desde el sector inmobiliario han expresado su preocupación en varias ocasiones ante estos cambios normativos, argumentando que generan "incertidumbre para los inversores" y pueden "alejar el capital extranjero de España". Insisten en que este financiamiento es "esencial", ya que el país no dispone de los recursos necesarios para construir por sí solo toda la vivienda social prometida. Rodríguez también ha puesto el foco en la problemática de la vivienda turística. "Necesitamos menos pisos turísticos y más viviendas disponibles para los ciudadanos", ha afirmado. Según la ministra, existe un "amplio consenso social" sobre la necesidad de regular, limitar e incluso prohibir ciertos alojamientos turísticos. Este jueves se ha conocido que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos, acusándolas de posibles prácticas engañosas y otras infracciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Rodríguez ha subrayado la necesidad de una regulación más estricta en este ámbito, en contraste con la "desregulación" de la última década, que, según ha señalado, ha afectado negativamente a las ciudades, impulsando el alza de los precios y dificultando el acceso a la vivienda. La ministra también ha destacado que el Gobierno implementará una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, incentivando a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado a precios asequibles. "En los próximos meses se pondrá en marcha un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a inquilinos como a propietarios, una iniciativa que ya fue aprobada la semana pasada en el Congreso", ha anunciado. Además, se promoverán ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de que se alquilen dentro de los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia, es decir, por debajo del precio de mercado. Los propietarios que participen en este programa podrán beneficiarse de una exención total en el IRPF, sin necesidad de que sus viviendas estén ubicadas en zonas de alta demanda. "Con estas iniciativas queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan aprovechar los beneficios de la nueva Ley de Vivienda, aunque algunas comunidades, como Madrid, se resistan a aplicarla, perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos", ha señalado Rodríguez, en una crítica directa a las políticas del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las cámaras catalanas reclaman a Sánchez menos burocracia y más inversión en infraestructuras

Las 13 cámaras de comercio de Cataluña han aprovechado una reunión este jueves en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una reducción de la burocracia, mejoras en la productividad y un aumento de la inversión en infraestructuras. Durante el encuentro, celebrado en la Llotja de Mar, los representantes del Consell de Cambres de Catalunya trasladaron al jefe del Ejecutivo sus principales inquietudes y valoraron positivamente la disposición del Estado a trabajar en un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Según las cámaras, este sistema podría servir de referencia para otras comunidades autónomas al fomentar una distribución de recursos más justa y eficiente. Sánchez, acompañado del delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto, destacó los buenos resultados económicos y la eficacia de las políticas aplicadas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat. En la reunión estuvieron presentes el presidente del Consell de Cambres y de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, junto con los presidentes de las demás cámaras de comercio catalanas: Jaume Fàbrega (Girona), Ramon Alberich (Sabadell), Jaume Saltó (Lleida), Laura Roigé (Tarragona), Silvia Gratacós (Manresa), Pol Fages (Palamós), Mario Basora (Reus), Albert Sibils (Sant Feliu de Guíxols), Jordi Seguí (Tàrrega), Ramon Talamàs (Terrassa), Francesc Faiges (Tortosa) y Josep M. Rovira (Valls). También participaron Inma Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, y representantes del sector empresarial catalán, como Eloi Planes (Fluidra), Albert Magrans (Roca Group), Maria del Mar Nogareda (Hipra) y Ana Vallés (grupo Sorigué). El presidente del Gobierno reconoció la contribución de las cámaras de comercio catalanas en el fortalecimiento del tejido económico e industrial de la comunidad y reafirmó el compromiso de su Ejecutivo de colaborar con el futuro Govern de Salvador Illa a través del Plan Catalunya Lidera, con el objetivo de recuperar el liderazgo económico de la región. Entre las preocupaciones trasladadas a Sánchez, los empresarios hicieron especial hincapié en la crisis de la vivienda, proponiendo medidas como garantizar una mayor seguridad jurídica para incentivar la oferta, desbloquear la ley del suelo y fomentar la construcción industrializada, un método que agiliza los plazos de edificación y favorece el uso de materiales sostenibles. Asimismo, destacaron la importancia de mejorar la conectividad del transporte para redistribuir la demanda de vivienda y evitar la sobreconcentración en las grandes ciudades. En el ámbito de la productividad, las cámaras alertaron sobre el creciente absentismo laboral y solicitaron al presidente detalles sobre las acciones previstas para abordar este problema. Además, reclamaron una apuesta decidida por la inversión productiva y la innovación, subrayando la necesidad de reducir la burocracia y simplificar las regulaciones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, recordaron la reciente iniciativa que han impulsado junto con 200 entidades para exigir una menor carga administrativa en la gestión empresarial. Otro punto clave fue la denuncia del "déficit crónico" en infraestructuras que, según los representantes camerales, sufre Cataluña por parte del Estado. En este sentido, reclamaron el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que la inversión estatal en la comunidad debe ser proporcional al peso de su PIB en el conjunto del país. También insistieron en la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como el Corredor Mediterráneo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona y la mejora de la red de Rodalies, para lo cual demandaron una colaboración efectiva entre administraciones que garantice su desarrollo. Otro tema que generó preocupación entre los empresarios fue la baja cobertura de energías renovables en Cataluña, que actualmente representan solo el 13,6% de la demanda eléctrica, muy por debajo del objetivo del 50% fijado para 2030. Además, señalaron la alta dependencia de la energía nuclear y urgieron inversiones para mejorar la red de distribución, fomentar el almacenamiento de energía y simplificar la normativa con el fin de facilitar la transición hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado. Por último, las cámaras pusieron en valor el esfuerzo del sector industrial en la reducción del consumo de agua y destacaron el trabajo del Observatori de la Transició Hídrica de la Cambra de Comerç de Barcelona. Anunciaron que próximamente se presentará un estudio detallado sobre los principales retos en el uso del agua en 10 sectores productivos, con el objetivo de impulsar un plan de transición hídrica que involucre a empresas, administraciones y entidades del territorio.

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(Cinco Días, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump estudia tasas del 25% a las importaciones de automóviles, medicamentos y chips

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovecha cada oportunidad para anunciar nuevos aranceles a las importaciones. Aunque hasta ahora sus declaraciones han sido más amenazas que medidas concretas, este lunes volvió a insistir en el tema durante una intervención en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach (Florida). En esta ocasión, aseguró que planea imponer aranceles de aproximadamente el 25% a la importación de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, y prometió ofrecer más detalles el 2 de abril. Cuando se le preguntó específicamente sobre los aranceles a los vehículos, respondió: "Probablemente lo anunciaré el 2 de abril, pero rondará el 25%". Respecto a los sectores farmacéutico y de semiconductores, indicó: "Será del 25% o más, y aumentará significativamente en el transcurso de un año. Sin embargo, queremos dar a las empresas tiempo para establecerse en el país, ya que si fabrican dentro de Estados Unidos, no estarán sujetas a aranceles. Por ello, les daremos una pequeña oportunidad", explicó. No está claro hasta qué punto estas amenazas proteccionistas se traducirán en medidas concretas. Trump ya aprobó aranceles del 25% a Canadá y México, aunque luego los pospuso un mes a cambio de concesiones menores por parte de estos países. También estableció un arancel adicional del 10% a las importaciones procedentes de China, pero parecía dispuesto a retirarlo si el presidente Xi Jinping hacía ciertas concesiones, algo que no ocurrió. Esta falta de planificación llevó a un colapso aduanero, obligando a Estados Unidos a dar marcha atrás y eximir a la mayoría de los productos chinos de los nuevos aranceles debido a la incapacidad de procesar el volumen de importaciones. La semana pasada, Trump reanudó su ofensiva comercial imponiendo aranceles al acero y al aluminio y amenazando con represalias contra todos los países que gravan productos estadounidenses. El jueves firmó un memorando que, en la práctica, supone una declaración de guerra comercial global, especialmente contra la Unión Europea. Su administración denomina esta estrategia como "comercio recíproco" o "aranceles recíprocos", aunque en realidad no se ajusta a esa definición. Para reducir el elevado déficit comercial de Estados Unidos, Trump ha ordenado a su equipo diseñar un sistema de aranceles específicos por país. Sin embargo, este cálculo no responde a una fórmula matemática clara, sino a una combinación de factores que le permitirán justificar las medidas que desee aplicar. En apariencia, Estados Unidos está utilizando la amenaza de aranceles como herramienta de negociación para obtener ventajas económicas en el comercio internacional. El mismo jueves, además de los "aranceles recíprocos", Trump adelantó que planea establecer gravámenes a la importación de automóviles, chips y productos farmacéuticos. Al día siguiente, anunció que los aranceles a los vehículos entrarían en vigor en abril. No obstante, ha incumplido en varias ocasiones los plazos que él mismo ha fijado. La superposición de amenazas y medidas arancelarias hace difícil prever el impacto final. Por ejemplo, Estados Unidos ha declarado que los aranceles del 25% a México y Canadá, justificados por cuestiones de inmigración y el tráfico de fentanilo, se sumarán a los ya existentes sobre el aluminio y el acero. Lo mismo podría ocurrir con los automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, sin que quede claro si los países vecinos también estarán sujetos a los "aranceles recíprocos" en represalia por el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con ellos. Esta incertidumbre podría afectar la toma de decisiones económicas, generando un clima de inestabilidad que podría retrasar inversiones o incluso adelantar importaciones para evitar futuros aranceles, algo que ya ha ocurrido en parte. Las grandes corporaciones estadounidenses e internacionales han empezado a alertar a sus inversores sobre el posible impacto de la guerra comercial impulsada por Trump. Algunas compañías advierten sobre los efectos de los aranceles ya aprobados, mientras que otras temen represalias o un conflicto comercial más amplio. También hay preocupaciones sobre las consecuencias para el crecimiento económico mundial, el aumento de los precios y la reducción de los márgenes de beneficio. Además, muchas empresas temen interrupciones en sus cadenas de suministro. Desde el viernes, Trump ha estado fuera de Washington y ha firmado sus últimas órdenes ejecutivas desde Mar-a-Lago. Este martes, rubricó un decreto que amplía su control sobre las agencias independientes, afectando incluso a la Reserva Federal. Aunque el decreto respeta la autonomía del banco central en materia de política monetaria, impone la supervisión presidencial en cuestiones relacionadas con la regulación de instituciones financieras. "El mandato no se aplicará a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal ni al Comité Federal de Mercado Abierto en la gestión de la política monetaria. Sin embargo, sí se aplicará a la Junta de Gobernadores en lo que respecta a su supervisión y regulación de las instituciones financieras", señala el documento. Además, el presidente ha ordenado que las agencias y departamentos federales informen sobre los programas, contratos y subvenciones que han sido cancelados.

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(Expansión, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Círculo de Empresarios propone crear la categoría de empresa mediana

El Círculo de Empresarios presentará hoy una propuesta para crear una nueva categoría de empresa mediana, situada entre las pymes y las grandes compañías. El objetivo de esta iniciativa es reducir trabas burocráticas y normativas que dificultan el crecimiento de las pequeñas empresas, además de facilitar su acceso a financiación, según han adelantado fuentes del organismo a EXPANSIÓN. La propuesta consiste en definir a las Empresas de Tamaño Intermedio (ETI o Mid-Cap) como aquellas que cuentan con entre 250 y 2.999 empleados, o cuya facturación oscila entre 50 y 1.000 millones de euros, con un balance de entre 43 y 1.500 millones de euros. Según el Círculo de Empresarios, la finalidad de esta iniciativa es que el tamaño de las empresas deje de ser únicamente un criterio para segmentar la regulación fiscal, mercantil y laboral. La nueva categoría permitiría reducir el impacto del incremento de costes derivados del crecimiento empresarial y flexibilizaría las exigencias normativas que actualmente se aplican a las grandes compañías. Además, contribuiría a aligerar la carga administrativa de estas organizaciones y a mejorar sus condiciones de financiación. En paralelo, la Comisión Europea está trabajando en el diseño de una nueva categoría de empresas medianas, aunque el Círculo de Empresarios considera que la propuesta actual es insuficiente y no se ajusta a la realidad de las empresas españolas, cuyo tamaño medio es menor en comparación con el europeo. Por ello, el organismo aboga por seguir el modelo de países como Alemania y Francia, que ya cuentan con un tratamiento normativo diferenciado para sus empresas intermedias con el fin de mejorar su competitividad. "Las Empresas de Tamaño Intermedio son un pilar fundamental de la economía española y necesitan un enfoque específico para potenciar su contribución al crecimiento", sostiene Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios. "Diversos estudios demuestran que el tamaño de las empresas influye directamente en la prosperidad y el desarrollo económico. Ampliar la dimensión de las compañías españolas y europeas es esencial para fortalecer su posición en el comercio internacional", añade. Por su parte, Jesús Prieto, miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios y presidente del grupo de trabajo de las ETI, señala que la creación de esta categoría facilitaría la simplificación de una regulación que actualmente limita la productividad, el crecimiento y la innovación empresarial. "En España, el reducido tamaño de las empresas está vinculado a una menor productividad del sistema económico, lo que se traduce en una asignación menos eficiente de recursos, una fuga de talento y una inversión insuficiente en investigación y desarrollo. Esta propuesta busca corregir estas carencias y promover un entorno empresarial más dinámico y competitivo", explica. Desde el Círculo de Empresarios consideran que la propuesta ayudará a identificar y fortalecer el segmento de la empresa mediana en España, sentando las bases para un marco fiscal, legal y mercantil más favorable que el de las grandes compañías. Con ello, se pretende eliminar las barreras que dificultan el crecimiento y fomentar que las pymes españolas amplíen su tamaño y competitividad.

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(El País, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El número de nacimientos creció en España en 2024 por primera vez en la última década

El año pasado nacieron en España 322.034 bebés, lo que representa un aumento de 1.378 nacimientos en comparación con el año anterior. Aunque este incremento es apenas del 0,4%, es significativo porque supone la primera vez en una década que la natalidad en España experimenta un crecimiento. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que advierte que estos datos son estimaciones basadas en las inscripciones de los registros civiles informatizados. Por ello, será necesario esperar a las cifras definitivas y analizar la evolución de los nacimientos en los próximos meses para determinar si este leve repunte marca el inicio de una recuperación o si se trata de una variación puntual. A pesar de esta ligera subida, el número de nacimientos en España ha disminuido un 24,7% en la última década, entre 2014 y 2024. Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, atribuye este incremento al impacto de la inmigración. Según explica, "si la fecundidad sigue bajando pero la natalidad aumenta, significa que hay más población en edad fértil, y la única manera de que esto ocurra es a través de la llegada de inmigrantes". Por su parte, Amand Blanes, investigador y Doctor en Demografía de la misma universidad, señala que aunque los datos no son definitivos, reflejan una ligera ralentización en la tendencia descendente de la fecundidad en España. En su opinión, este fenómeno se debe a un ligero aumento en el número de mujeres en edad reproductiva. En un estudio publicado en septiembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) analizó por primera vez la relación entre fecundidad, familia e infancia en España. Los resultados indicaron que la conciliación laboral, los ingresos económicos y el precio de la vivienda siguen siendo los principales obstáculos para formar una familia. Según el informe, basado en 5.742 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en España, el 77,3% de los encuestados considera que la falta de recursos económicos es la principal razón para tener menos hijos. Además, un 44,1% mencionó las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, mientras que un 26,4% afirmó que retrasar la maternidad es una forma de evitar afectar su carrera profesional. Los datos del INE también revelan un retraso progresivo en la edad de maternidad en los últimos años. Un claro indicador de esta tendencia es el crecimiento del número de nacimientos en madres de 40 años o más, que ha aumentado un 8,5% en la última década. En 2014, solo el 7,2% de los nacimientos correspondían a madres de este grupo de edad, mientras que en 2024 la cifra ascendió al 10,4%. A pesar del incremento en los nacimientos, la cifra no fue suficiente para compensar el número de defunciones, que ascendió a 439.146 en 2024, un 0,7% más que en 2023. Esto significa que España registró un saldo vegetativo negativo de 114.937 personas, es decir, murieron 114.937 personas más de las que nacieron. Este saldo negativo se ha repetido durante los últimos ocho años y, en los últimos cinco, las defunciones han superado a los nacimientos en más de 110.000 personas anualmente. En términos de edad y género, la mayor reducción en la mortalidad se observó en hombres de entre 5 y 29 años (-6,1% respecto a 2023) y en mujeres de entre 85 y 89 años (-6,0%). A nivel regional, Cantabria (13,3%) y Baleares (5,7%) fueron las comunidades autónomas donde más aumentaron los nacimientos, mientras que los descensos más marcados se produjeron en Galicia (-4,4%) y el País Vasco (-3,7%). En cuanto a las defunciones, los mayores incrementos respecto a 2023 se registraron en Cantabria (6,1%), así como en Castilla y León y Extremadura (ambas con un aumento del 5%). Por el contrario, la mayor reducción en la mortalidad se produjo en la ciudad autónoma de Melilla, con una caída del 14%. El crecimiento vegetativo fue negativo en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid, que registró un saldo positivo de 2.707 personas, Murcia (852), Baleares (237) y las ciudades autónomas de Melilla (370) y Ceuta (142). En el otro extremo, los mayores saldos vegetativos negativos se dieron en Galicia (-19.333), Castilla y León (-16.385) y Cataluña (-13.668).

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(El País, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

En 2024 se concedieron 423.761 préstamos para la compra de vivienda

El mercado hipotecario en España ha recuperado dinamismo tras un periodo de incertidumbre y contracción. En 2024, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 11,2% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 423.761 operaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto convierte a 2024 en el segundo mejor año para el sector desde la crisis financiera de principios de siglo, solo superado por el excepcional 2022, cuando la demanda acumulada durante la pandemia impulsó la actividad inmobiliaria. En esta ocasión, el repunte ha sido favorecido por la bajada de los tipos de interés y la consecuente reducción del coste de los préstamos, lo que ha animado a muchas familias a solicitar financiación para la compra de una vivienda. El importe medio de estas hipotecas también se incrementó un 2,7%, situándose en 145.673 euros. En cuanto a las condiciones, seis de cada diez préstamos se firmaron a tipo fijo, mientras que el resto fueron a tipo variable. El contraste con 2023 es evidente. En aquel año, el endurecimiento de las condiciones de financiación, derivado de los elevados tipos de interés y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares debido a la inflación, provocó un fuerte retroceso en el mercado inmobiliario. La concesión de hipotecas cayó casi un 18%, y las compraventas de viviendas se redujeron un 10%. Sin embargo, 2024 ha estado marcado por una recuperación gradual, especialmente a partir del segundo semestre, cuando la moderación de los tipos de interés, impulsada por la política monetaria del Banco Central Europeo, comenzó a estimular la demanda. Hasta ese momento, la actividad hipotecaria mostraba signos de estancamiento, pero con la llegada del verano, la expectativa de menores costes financieros impulsó progresivamente la contratación de hipotecas. Desde julio, el volumen de préstamos comenzó a crecer con fuerza, registrando en cinco de los seis meses siguientes incrementos de dos dígitos. El punto álgido se alcanzó en octubre, con un crecimiento interanual del 60%, según el INE. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, señala que este aumento no solo responde a la caída del euríbor, sino también a un efecto de anticipación por parte de los compradores. "Muchos hogares que planeaban adquirir una vivienda en uno o dos años adelantaron su decisión al ver que los precios se disparaban. Mientras que en el primer semestre del año los precios subían en torno al 4%, en la segunda mitad del año el incremento fue del 8% o incluso del 10%, lo que generó una sensación de urgencia en quienes temían quedarse fuera del mercado si esperaban demasiado", explica. Este fenómeno ha impulsado aún más la recuperación hipotecaria, especialmente en los segmentos de compradores más dependientes de la financiación. No obstante, el crecimiento no ha sido uniforme en todo el país. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda, destaca que la mejora en el acceso a la financiación ha favorecido principalmente a quienes residen en zonas menos tensionadas, donde los precios de la vivienda son más accesibles y las familias pueden convertirse en propietarias con mayor facilidad. En cambio, en regiones con alta demanda turística o fuerte presencia de inversores extranjeros, el mercado sigue dominado por compradores que no necesitan recurrir a hipotecas. Las diferencias territoriales son notorias. En comunidades con menor presión demográfica, como La Rioja, Aragón, Asturias, Galicia, Navarra y Castilla y León, la concesión de hipotecas creció por encima de la media nacional. En cambio, en zonas donde la demanda es más elevada y la accesibilidad a la vivienda representa un desafío, el crecimiento fue más moderado. En Madrid y el País Vasco, por ejemplo, el incremento apenas superó el 10%. Las áreas turísticas presentan una situación particular. En Baleares, el crecimiento fue del 9%, en Andalucía del 7% y en Canarias del 4%. Estas regiones, caracterizadas por una fuerte inversión extranjera y un alto volumen de compras al contado, registran un menor número de hipotecas. Además, en los casos en que los compradores internacionales requieren financiación, suelen recurrir a bancos de sus países de origen, lo que reduce el impacto en el mercado hipotecario nacional, según explica Montalvo. El aumento del importe medio de las hipotecas está directamente relacionado con la subida del precio de la vivienda. De acuerdo con los últimos datos de los registradores de la propiedad, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.086 euros, estableciendo un nuevo récord histórico. Este dato sitúa a 2024 como el año con el coste más alto para la compra de vivienda, superando incluso los niveles de 2006 y 2007, los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, sin ajustar por la inflación acumulada desde entonces.

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(Expansión, 19-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Una empresa no puede fijar el plazo de pago unilateralmente

Un plazo de pago que supere los 60 días en un contrato solo será válido si ambas partes lo han acordado expresamente y si no resulta claramente abusivo para el acreedor. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras analizar las pruebas presentadas en un caso que involucra contratos entre una empresa productora de equipos mineros y otra dedicada a la extracción y venta de carbón, en los cuales se establecía un plazo de pago de 120 días. Según los hechos probados en la resolución, una compañía polaca del sector del carbón firmó varios contratos de suministro de piezas de maquinaria con una empresa especializada en la fabricación de equipos mineros. Algunos de estos acuerdos se originaron en una subasta en línea organizada por la primera empresa, donde se publicaban las condiciones del contrato, mientras que otros se formalizaron mediante un proceso de licitación. En todos los casos, el contrato establecía un plazo de pago de 120 días, determinado unilateralmente por la empresa compradora. La empresa demandante argumentó que dicho plazo fue impuesto sin negociación alguna, dado que ya estaba predefinido en el contrato estándar. También alegó que la cláusula fue resultado de la posición dominante de la empresa compradora en la relación comercial, lo que le impidió negociar condiciones más favorables. Además, señaló que se vio obligada a aceptar estos contratos debido a dificultades económicas, lo que refuerza su postura de que no existió un acuerdo real sobre el plazo de pago. Por otro lado, la empresa demandada defendió que la otra parte aceptó el plazo al participar en el proceso de licitación y firmar los contratos. Asimismo, sostuvo que el plazo de 120 días no era perjudicial, ya que garantizaba estabilidad financiera y liquidez para la empresa acreedora. Además, argumentó que todas las facturas fueron abonadas dentro del plazo estipulado, lo que, según su criterio, confirmaba la validez del acuerdo. Ante las dudas sobre la normativa europea aplicable, el Tribunal de Distrito de Katowice decidió suspender el procedimiento y consultó al TJUE si el artículo 3 de la Directiva 2011/7 debía interpretarse en el sentido de que un plazo de pago superior a 60 días solo es válido si ha sido expresamente acordado por ambas partes y si ninguna de ellas lo impuso de manera unilateral. Tras analizar el caso, el TJUE concluyó que un plazo superior a 60 días no puede considerarse un "acuerdo expreso" si ha sido impuesto unilateralmente por una de las partes, aun cuando la otra haya firmado el contrato. Para que sea válido, debe existir una manifestación clara y explícita de voluntad por parte de ambas empresas. Asimismo, el tribunal determinó que dicha cláusula es "manifiestamente abusiva" para el acreedor y que debe evaluarse la situación económica en el momento de la firma del contrato para determinar si hubo un verdadero consentimiento. En consecuencia, el TJUE estableció que, según la Directiva 2011/7, un plazo de pago fijado de manera unilateral por el deudor no puede considerarse válido a menos que se demuestre que ambas partes acordaron libremente dicha cláusula. Por ello, en este caso concreto, el plazo de 120 días no es válido al no cumplir con el requisito de un acuerdo genuino. Con esta decisión, el TJUE refuerza la normativa de la UE contra la morosidad en las transacciones comerciales y busca proteger a los acreedores de condiciones contractuales abusivas.

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(El Periódico, 19-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El 25% de los nuevos pisos sociales en Cataluña serán para jóvenes y el 10% para vulnerables

Una cuarta parte de las nuevas viviendas sociales que el Govern de Salvador Illa ha prometido construir hasta 2030 estará destinada a jóvenes menores de 35 años, con un alquiler al menos un 20% por debajo del precio de mercado. Además, se reservará un 10% de estas viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida ha sido aprobada este martes por el Consell Executiu dentro de la primera convocatoria de reserva pública de terrenos con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida. La Generalitat estima que en esta primera fase podrán construirse alrededor de 10.000 pisos, los cuales deberán mantener su calificación de vivienda social durante un periodo de 75 años. El president ha adelantado esta iniciativa durante la reunión de la Comisión Interdepartamental de Vivienda, asegurando que estos pisos destinados al alquiler asequible conservarán siempre esta condición. Este compromiso busca evitar que las nuevas promociones sigan el mismo destino que 36.000 viviendas del actual parque público, que en los próximos seis años podrían pasar al mercado privado, una situación que el Govern quiere evitar. "Basta de que los jóvenes tengan que destinar la mayor parte de su sueldo a la vivienda como si fuera un lujo", ha señalado el president en su intervención. También ha destacado que, mientras anteriormente se construían unas 259 viviendas protegidas al año, ahora el ritmo ha aumentado a 4.400, reafirmando su compromiso de alcanzar las 50.000 nuevas viviendas prometidas. El siguiente paso, según ha anunciado Illa, será reformar la ley de urbanismo de Catalunya para agilizar trámites, acelerar la construcción y aumentar la edificabilidad. "Hablamos de días o semanas", ha asegurado la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Como parte de esta reforma, se plantea la creación de una nueva figura jurídica, la "licencia previa básica", que permitirá a las constructoras iniciar algunos trabajos, como el movimiento de tierras o el levantamiento de estructuras, mientras se tramita el resto del expediente. En cuanto a la disponibilidad de terrenos, el Govern ha identificado posibles ubicaciones en municipios como Barcelona, Tarragona, Lleida, L'Hospitalet, Sant Boi, Les Franqueses del Vallès, Granollers y Terrassa, en función de la información facilitada por sus ayuntamientos. Sin embargo, Paneque ha aclarado que el proceso para inscribir estos suelos en el registro de reserva comienza ahora, y en un plazo de dos meses se tendrá una visión más precisa de las ubicaciones definitivas. La Agència Catalana d'Habitatge será la encargada de certificar que los terrenos cumplen los requisitos establecidos. La previsión es que en estos solares provenientes de la primera convocatoria (con una segunda programada para finales de año) puedan construirse unos 10.000 pisos asequibles, lo que equivale al 20% de las viviendas contempladas en el plan de 50.000 unidades para 2030. Además, la consellera ha informado de que actualmente hay otras 7.000 viviendas en distintas fases de construcción, a las que se suman las adquiridas por la Agència d'Habitatge a bancos y fondos de inversión. Para garantizar precios asequibles, el Govern ha dividido los solares en cuatro zonas territoriales, estableciendo distintos niveles de alquiler máximo. En la primera zona, el precio será de 10,65 euros por metro cuadrado; en la segunda, de 8,65 euros; en la tercera, de 7,65 euros; y en la cuarta, de 6,64 euros. Con esta aprobación, el Consell Executiu cumple con el compromiso anunciado el pasado viernes por Salvador Illa junto a Pedro Sánchez en una visita a una promoción de vivienda social en Sant Boi de Llobregat. Bajo la premisa de que la vivienda es el principal factor de desigualdad social en la actualidad, el president ya había avanzado en el debate de política general de octubre que su Govern impulsaría el plan de suelo público más ambicioso llevado a cabo por una comunidad autónoma. En ese momento, Illa instó a los ayuntamientos a ceder terrenos para la construcción de vivienda social y anunció una inversión de 4.400 millones de euros en esta legislatura para ampliar el parque público de viviendas. Su intención era tener unos nuevos presupuestos en vigor a partir del 1 de enero de 2025, pero al no contar con el apoyo de ERC, el Govern ha optado por una alternativa: aprobar a partir de marzo una modificación de crédito que permita añadir 4.000 millones de euros a los presupuestos prorrogados de 2023.

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(La Vanguardia, 19-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La producción de coches en España se desploma un 27% en enero y las exportaciones, un 28%

El inicio del año ha sido especialmente negativo para la industria automovilística en España. En enero, la producción de vehículos en el país sufrió una caída del 27,6%, situándose en 168.076 unidades, según datos proporcionados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). La patronal atribuye este descenso principalmente a los ajustes en los turnos de trabajo en las fábricas y a la adaptación de las líneas de producción a la llegada de nuevos modelos electrificados. Sin embargo, la tendencia en la fabricación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones ha sido completamente opuesta. Durante el primer mes del año, la producción de este tipo de automóviles (incluyendo eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, y vehículos propulsados por gas natural y GLP) experimentó un crecimiento del 52,2% en comparación con el año anterior. Esto representa una cuota del 38,8% sobre el total de la producción, con 65.179 unidades fabricadas. El mayor incremento dentro de esta categoría se registró en los vehículos híbridos convencionales, cuya producción aumentó un 62,7%. Por su parte, los modelos electrificados alcanzaron el 10,5% del total de fabricación, con un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que se traduce en una producción de 17.611 unidades en enero, un 10,3% más que en el mismo mes de 2024. En cuanto a las exportaciones, España envió al extranjero 145.170 vehículos en enero, lo que supone un descenso del 28% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Del total de unidades fabricadas, el 86% tuvo como destino mercados internacionales. Europa sigue siendo la principal región de destino de las exportaciones, con un 92,1% de los envíos, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto a enero de 2024. Dentro del continente, Francia continúa liderando las importaciones de vehículos españoles, seguida de Alemania, Turquía (que registró un incremento del 2,9% respecto al año anterior), Reino Unido e Italia. No obstante, salvo en los casos de Israel y Marruecos, se ha observado una caída generalizada en los principales mercados de exportación, siendo especialmente notable la reducción del 46% en Italia y del 44% en otros destinos clave. "El año comienza con la misma tendencia a la baja con la que cerró 2024. Aunque parte de esta caída se debe a los ajustes en las fábricas y la adaptación a nuevos modelos, no podemos perder de vista que nuestra producción sigue disminuyendo en un momento crítico para la industria", ha señalado José López-Tafall, director general de Anfac. A pesar de este panorama, López-Tafall ha resaltado el crecimiento sostenido de la producción de vehículos electrificados como un aspecto positivo y ha subrayado la necesidad de impulsar la demanda, tanto en España como en Europa, para mantener la competitividad del sector. "Es fundamental que todos los actores implicados trabajemos juntos para desarrollar un plan de acción inmediato y una estrategia a largo plazo que nos permita consolidar la industria y fomentar la innovación en el vehículo eléctrico, que es actualmente el principal motor de crecimiento del sector", ha concluido.

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(El Confidencial, 19-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las multinacionales de EE. UU. piden a Trump que salve a España de los aranceles

La posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles a la Unión Europea y, en consecuencia, a España, es cada vez más tangible. Como muestra de esta preocupación, varias multinacionales con presencia en nuestro país han enviado una carta al secretario de Comercio de la Administración Trump, Howard Lutnick, solicitando que España quede exenta de dichas sanciones. Su principal argumento radica en el considerable déficit comercial que España ya mantiene con EE. UU. Según la misiva, en 2024 las exportaciones españolas de bienes a Estados Unidos ascendieron a 18.180 millones de euros, mientras que las importaciones desde el país norteamericano alcanzaron los 28.193 millones, lo que deja un saldo negativo para España de más de 10.000 millones de euros. Este panorama contrasta con la situación general de la UE, que disfruta de un superávit comercial con EE. UU. de 235.571 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda región con mayor excedente tras China. El año pasado, el comercio bilateral entre España y EE. UU. se redujo: las exportaciones españolas cayeron un 3,8%, mientras que las importaciones bajaron un 0,3%. Ante este escenario, la Cámara de Comercio de EE. UU. en España (AmChamSpain) ha instado a la Administración estadounidense a considerar estas diferencias antes de establecer nuevos aranceles. Asimismo, ha pedido a la UE que, en caso de que se apliquen sanciones específicas a determinados países, tenga en cuenta esta situación a la hora de definir su respuesta comercial. Las empresas temen que la imposición de nuevos aranceles por parte de Trump pueda desincentivar la inversión extranjera en España. Aunque la carta no menciona este punto de forma explícita, la postura del Gobierno español respecto a la Administración estadounidense podría influir en la situación. En particular, Pedro Sánchez ha sido crítico con los empresarios tecnológicos cercanos a Trump, a quienes ha denominado "tecnocasta". Las compañías estadounidenses con operaciones en España abogan por encontrar "soluciones consensuadas que eviten represalias comerciales y aporten estabilidad tanto a empresas como a trabajadores en ambos lados del Atlántico". Entre estas empresas figuran gigantes como 3M, Citigroup, Coca-Cola, Google y Netflix. El sector tecnológico juega un papel clave en la disputa comercial entre EE. UU. y la UE, especialmente por la regulación del mercado digital que Bruselas ha implementado y que la Administración Trump rechaza.

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