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(Cinco Días, 18-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro vende deuda a tipos más bajos con la ayuda de la demanda y las expectativas del BCE

En línea con el comportamiento del mercado secundario, las rentabilidades han vuelto a disminuir ante las expectativas de que Christine Lagarde anuncie una nueva reducción de los tipos de interés, la tercera desde que comenzó el proceso de flexibilización monetaria. En la última subasta de octubre, el organismo vinculado al Ministerio de Economía ha captado 5.115,86 millones con tasas más bajas. La disminución de los rendimientos supone un alivio para los gobiernos, que ven cómo se reduce el coste del pago de intereses. Aunque las rentabilidades se van alejando de sus niveles más altos, el interés de los inversores por la deuda española sigue siendo sólido. Una muestra clara de ello es la alta demanda, que ha superado los 9.625 millones, lo que supone una relación de 1,88 veces la oferta, en línea con el promedio anual de las operaciones programadas que el Tesoro ha llevado a cabo este año. La mayor parte de la emisión, 2.487,17 millones, ha sido en bonos a 10 años, con un interés del 2,925%, por debajo del 3,042% de la subasta anterior y en consonancia con el 2,926% que marca la referencia española en el mercado secundario. La demanda para esta emisión ha alcanzado los 4.566,31 millones. En bonos a siete años, el Tesoro ha colocado 1.226,206 millones a un tipo de interés del 2,651%, inferior al 2,7% de la subasta anterior, con una demanda de 2.686 millones. Además, se han vendido obligaciones con una vida residual de cuatro años por valor de 1.402,487 millones al 3,515%, frente al 3,94% de la subasta previa, con una demanda cercana a la anterior, alcanzando los 2.622 millones. La próxima subasta del Tesoro será en noviembre, cuando se emitirán letras a seis y 12 meses. En un contexto donde la inflación sigue moderándose y la economía de la zona euro comienza a mostrar signos de debilidad, los inversores esperan que el BCE continúe con la reducción de los tipos de interés. A la espera de los anuncios del Consejo de Gobierno, el mercado sigue anticipando bajadas de tipos. Las probabilidades de que el BCE recorte las tasas en diciembre superan el 100%. Aunque existe mayor incertidumbre sobre las medidas a tomar en 2025, para las tres primeras reuniones del año las expectativas de una política monetaria más flexible superan el 80%. La disminución del coste del dinero ayudará a los emisores a reducir su carga financiera. Los esfuerzos realizados en años anteriores para extender la vida media de la deuda han permitido a España afrontar con mayor facilidad las subidas de tipos. Prueba de ello es que, a cierre de septiembre, el coste medio de la deuda se situaba en el 2,213%, el nivel más alto desde 2018, cuando los tipos aún estaban en el 0%. La caída de las rentabilidades gracias al recorte de tipos se está reflejando en el coste de las nuevas emisiones. En septiembre, un mes en el que el Tesoro realizó la cuarta emisión sindicada del año, el tipo de interés de las nuevas emisiones cayó por debajo del 3%, algo que no ocurría desde enero de 2023.

(Expansión, 18-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE acelera y recorta tipos al 3,25%, el nivel más bajo desde marzo de 2023

Un paso adelante, un escalón más. El Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado una nueva reducción en los tipos de interés, situando el coste del dinero en un 3,25%, un nivel que no se veía desde marzo del año pasado. Es la tercera vez que la autoridad monetaria baja los tipos en lo que va del año. Con esta medida, los tipos se alejan en 75 puntos básicos del máximo de financiación del 4% alcanzado en septiembre de 2023. La marcada caída de la inflación, que en septiembre se colocó por debajo del objetivo del 2%, junto con la debilidad de los indicadores económicos, han motivado la decisión del Consejo de Gobierno. Su intención es evitar que la economía de la región se vea excesivamente afectada. "La información más reciente sobre la inflación indica que el proceso de desinflación sigue en la línea esperada. Las perspectivas de inflación también están influidas por las recientes sorpresas a la baja en los indicadores económicos", afirmó el BCE en su comunicado. Hasta hace poco, la posibilidad de una reducción de tipos en la reunión celebrada en Brdo, cerca de Liubliana (Eslovenia), parecía lejana. Sin embargo, los últimos datos recibidos han alterado esa previsión y el BCE decidió suavizar su política monetaria, con la decisión adoptada por unanimidad. "Todos los datos, tanto de precios como de actividad económica, así como nuestras encuestas, apuntaban a una misma dirección: una baja inflación. Tomamos la decisión correcta", declaró Christine Lagarde, presidenta del BCE. Es la primera vez en este ciclo que el organismo recorta los tipos sin presentar nuevas proyecciones macroeconómicas ni información actualizada sobre el crecimiento salarial, que es su principal preocupación para estabilizar la inflación. Aunque se esperaba una disminución de la inflación por el efecto base del precio de la energía, Lagarde admitió que "la velocidad de esa bajada nos ha sorprendido a todos". Sin embargo, consideró esta aceleración como un indicador positivo de que "el proceso de desinflación está en marcha". "No ignoramos lo que está ocurriendo", señaló Lagarde, al referirse a la relevancia de los inesperados datos macroeconómicos en la reducción de tipos. En septiembre, Lagarde había sugerido que había "poco tiempo" entre la reunión de ese mes, en la que ya se redujeron los tipos, y la nueva decisión de octubre. Por lo tanto, fue un movimiento que pocos en el BCE anticiparon. "Esta decisión demuestra que actuamos conforme a los datos", reiteró. A pesar del anuncio, los inversores estaban pendientes de si esta bajada marcaba un punto de inflexión hacia una relajación monetaria más rápida o si sería una medida puntual. El BCE subrayó que sus decisiones dependerán de la nueva información disponible, manteniendo una total flexibilidad. "Las decisiones sobre los tipos de interés se basarán en la evaluación de las perspectivas de inflación, considerando los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse previamente con una trayectoria específica de los tipos", confirmó el comunicado. Aunque algunos inversores cuestionan si el BCE está llevando la política monetaria demasiado lejos, Lagarde no se mostró tan contundente como se esperaba. Reconoció que "es más probable que la inflación se mantenga por debajo del objetivo del 2% que por encima". Además, la institución adelantó que la inflación volverá a su objetivo "a lo largo del próximo año", en lugar de "en la segunda mitad del año que viene", como se mencionaba previamente, sugiriendo que los últimos datos han sido lo suficientemente bajos como para ajustar su previsión.

(Expansión, 18-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La eurozona doblega la inflación al 1,7%, pero ahora afronta su enfriamiento económico

El enfoque contundente del BCE contra el aumento de los precios ha dado resultados, llevando el IPC armonizado a su punto más bajo desde abril de 2021, aunque ha provocado una desaceleración en la actividad económica. La inflación, que durante los últimos dos años erosionó el poder adquisitivo de familias y empresas, ha dejado de ser una amenaza. El BCE implementó una serie de incrementos agresivos en los tipos de interés en poco más de un año (diez subidas entre julio de 2022 y septiembre de 2023), lo que ha conseguido frenar la inflación. En septiembre, el IPC armonizado registró un aumento interanual del 1,7% en la zona euro, cinco décimas menos que en agosto y una décima por debajo de lo estimado por Eurostat, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021, según los datos actualizados por la oficina estadística de la UE. La estrategia monetaria del BCE ha logrado domar la inflación, pero a costa de efectos secundarios. El aumento acelerado en el costo de la financiación no solo ha moderado los precios, sino también la actividad económica, que ha mostrado signos de enfriamiento. Los últimos índices PMI sugieren que en el tercer trimestre la economía podría estancarse o crecer mínimamente. Ante este panorama, el objetivo ahora es evitar un mayor deterioro económico en la región, que tras mostrar un avance prometedor en la primera mitad del año, enfrenta una clara desaceleración en la segunda mitad. Por ello, el BCE ha acelerado su proceso de flexibilización monetaria con su tercer recorte de tipos desde junio, situándolos en el 3,25%, debido a "las recientes sorpresas a la baja en los indicadores de actividad económica", según reconoció el organismo presidido por Christine Lagarde. El aumento en el costo de la financiación ha contenido el crecimiento de los precios en bienes de consumo, pero también ha afectado el consumo y la inversión, ha disminuido la demanda de productos y servicios y ha mermado la confianza empresarial. Los signos de esta desaceleración son evidentes. Según los índices PMI, al finalizar el tercer trimestre, la actividad económica de la eurozona entró en territorio de contracción por primera vez desde febrero, con las tres principales economías, Alemania, Francia e Italia, en fase de desaceleración. En particular, Alemania, que solía ser la locomotora económica de la región, ahora muestra señales de estancamiento, con su gobierno revisando a la baja las previsiones de crecimiento y anticipando una recesión del 0,2% para este año, en contraste con el crecimiento del 0,3% proyectado anteriormente. Entre las principales economías de la zona euro, España es la excepción, con una previsión de crecimiento del PIB cercano al 2,8%. Sin embargo, como destacó recientemente Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank, "España no tiene suficiente peso para levantar al resto de la zona euro". La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, celebró que se haya controlado la inflación sin provocar una recesión global, pero advirtió que el panorama sigue siendo incierto debido a las débiles perspectivas de crecimiento mundial, los altos niveles de deuda y la elevada incertidumbre geopolítica, lo que augura "un futuro complicado". Aunque parece que lo peor del shock inflacionario ha quedado atrás, el BCE sigue siendo cauto. "¿Hemos vencido completamente a la inflación? Aún no [...], pero estamos cerca", afirmó Christine Lagarde, quien también reconoció que la actividad económica en la zona euro ha sido "más débil de lo esperado", aunque descartó una recesión inminente en el bloque.

(El Periódico, 18-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Seguridad Social subasta viviendas por toda España

Si buscas comprar un inmueble, esta noticia te interesa. En un momento en el que encontrar una vivienda a un precio razonable no es tarea fácil, Hacienda o la Agencia Tributaria no son las únicas administraciones del Estado que subastan viviendas y otro tipo de bienes embargados: la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) también vende pisos, casas e incluso chalets al mejor postor. Actualmente, licita 575 fincas urbanas en su web de subastas, de las cuales 82 están en Catalunya, y el precio de salida es goloso: a partir de los 2.300 euros. Quizás ya sepas que los bancos venden inmuebles por unos importes realmente baratos a través de sus portales inmobiliarios. Es la manera de sacarse de encima la cartera de casas, pisos y chalets que tienen por el impago de las hipotecas. Sin embargo, las entidades bancarias no son las únicas que llevan a cabo esta práctica: las de las administraciones públicas son otra buena oportunidad para comprar una vivienda a un precio muy por debajo de su valor de mercado. De esta manera, la TGSS subasta los bienes de los deudores. Los más comunes son fincas, tanto urbanas como rústicas, así como vehículos y embarcaciones, pero también ofrece otras posesiones, sobre todo procedentes de negocios y, en particular, de la hostelería y la restauración. El BOE publica periódicamente inmuebles procedentes de embargos de la Agencia Tributaria (AEAT) o de la Seguridad Social, y actualmente hay decenas de procesos abiertos en los que se puede pujar. La oferta es amplia: hay pisos, casas y chalets disponibles por todo el país. Respecto a las 575 subastas de fincas urbanas que actualmente están en manos de la TGSS, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 125 inmuebles. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 98 propiedades, y Catalunya, con 82. Barcelona, con 60 fincas a la espera de nuevo dueño, se lleva la palma entre las provincias catalanas. Puedes consultar los inmuebles disponibles en el portal de subastas de la TGSS. La próxima subasta se celebrará el próximo miércoles, 23 de octubre, a las 10 horas, según consta en la web. Para poder pujar por este tipo de viviendas hay que estar registrado en el portal y adelantar el 25% del precio de salida del inmueble mediante cheque certificado, visado o conformado a nombre de la TGSS. Las ofertas pueden presentarse en un sobre cerrado o de viva voz durante la subasta. Si la postura es verbal en el acto público, para el cual también hay que identificarse debidamente, la consignación inicial es del 30%. La vivienda se adjudica a la mejor oferta que supere el 60% del valor de tasación o cubra la deuda pendiente. En caso de que haya varias ofertas iguales, se concede al primero que la presente. En el caso de que la mejor puja no cubra la deuda, el deudor puede presentar a un tercero que la mejore. Si no hay interesados, la Tesorería General de la Seguridad Social puede reprogramar la subasta. Una vez realizada, los adjudicatarios deben completar el pago en cinco días hábiles o perderán el depósito. Eso sí, la subasta se suspende si el deudor paga la deuda antes de la adjudicación definitiva.

(Cinco Días, 17-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos relajarán las condiciones para contratar hipotecas a finales de año

Los bancos ofrecerán un alivio a quienes deseen contratar una hipoteca en la última parte de 2024. Tras dos años en los que las exigencias han sido más estrictas debido a los altos tipos de interés y la baja tolerancia al riesgo, se espera que las entidades comiencen a flexibilizar las condiciones. Así lo indican fuentes financieras y los propios bancos en la encuesta de préstamos que publica el Banco Central Europeo (BCE). "Para el cuarto trimestre, los bancos de la zona euro anticipan una notable relajación de las condiciones para la concesión de préstamos hipotecarios (un 12% más de bancos que el trimestre anterior), lo que, de materializarse, sería una de las mayores flexibilizaciones registradas", señala el informe publicado ayer por el BCE. Tras el cambio en la política monetaria que el banco central implementó en junio, es previsible que las condiciones sigan aligerándose. El BCE ya ha realizado dos reducciones en los tipos, dejando la facilidad de depósito en el 3,5% desde el 4%. Mañana, el consejo del banco se reúne de nuevo y es probable que anuncie otra reducción de 25 puntos básicos. En este contexto, se espera que los tipos de interés ofrecidos por los bancos para contratar hipotecas se suavicen hasta finales de año. La normativa bancaria exige que se otorgue crédito de manera responsable. Esto implica que las entidades deben realizar un análisis para evaluar la capacidad financiera del cliente y asegurarse de que podrá hacer frente a la deuda a lo largo del plazo acordado. Durante los dos años en que el BCE mantuvo una política de alza de tipos para controlar la inflación, las condiciones se endurecieron, haciendo que estas evaluaciones fueran más rigurosas, ya que los clientes enfrentaban precios más altos y mayores costes financieros por las deudas contraídas. Por esta razón, los bancos aumentaron sus exigencias desde 2022 y las mantuvieron elevadas hasta ahora. Con tipos de interés más favorables, las entidades pueden relajar las condiciones y permitir que más personas accedan a una hipoteca. Además, fuentes bancarias indican que en los últimos meses se ha observado una recuperación en los volúmenes de producción hipotecaria, y esperan una mejora adicional debido a factores estacionales. Los bancos establecen objetivos comerciales anuales, y a medida que se acerca el fin del año, sienten una mayor presión por alcanzarlos (si aún no lo han hecho), lo que otorga a los clientes más poder de negociación para obtener mejores condiciones en las hipotecas. "Es en interés del banco cerrar operaciones, al igual que lo es para el cliente y las inmobiliarias", explican. En este sentido, las operaciones tienden a acelerarse. De hecho, los bancos ya han notado un aumento en la demanda de hipotecas. Tras varios trimestres de baja en las solicitudes de crédito debido a las exigencias y los altos precios, las entidades han incrementado la producción de nuevas hipotecas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio (últimos datos disponibles), se firmaron 36.260 hipotecas, lo que representa un 15% más que el mes anterior y un 24% más que en julio de 2023, siendo además la cifra más alta del año (en febrero se firmaron 37.232). En términos de volúmenes, los bancos también están otorgando más financiación. Según los datos del BCE, en lo que va de año se han concedido hipotecas por valor de 41.600 millones de euros, un 12% más. Sin embargo, la diferencia es más significativa en los últimos meses: en julio se firmaron hipotecas por 6.660 millones de euros (+24% respecto al mismo mes del año pasado) y en junio por 5.710 millones de euros (+8% respecto al mismo mes de 2023). Actualmente, los tipos de interés que ofrecen los bancos para hipotecas a tipo fijo se sitúan entre el 3% y el 4% TAE, aunque con bonificaciones, algunos clientes están obteniendo préstamos con tasas entre el 2,5% y el 3% TAE. El euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, se encuentra actualmente en el 2,79%, muy por debajo del 3,718% alcanzado en marzo, lo que ha permitido abaratar tanto las hipotecas a tipo variable revisadas en los últimos meses como los precios de las nuevas.

(Expansión, 17-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España pide seguridad jurídica para los arrendadores y señala un déficit de medio millón de viviendas hasta 2025

El problema de la vivienda representa uno de los mayores retos tanto para el Gobierno Central como para los gobiernos autonómicos y locales. Aunque se han presentado varias propuestas para abordarlo, algunas de ellas parecen ir en una dirección contraria, como es el caso del Real Decreto Antidesahucios o el Bono Alquiler Joven. Ayer, el Banco de España destacó que una de las claves para solucionar esta dificultad es garantizar la seguridad jurídica a los propietarios, con el fin de incentivar la oferta de viviendas en alquiler y así reducir los precios. A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió paciencia para que la Ley de Vivienda tenga un impacto en el mercado, el Banco de España considera que esto no solo no resolverá el problema, sino que podría agravarlo. En el informe "El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: Evolución reciente, determinantes e indicadores de esfuerzo", publicado ayer por la institución dirigida por José Luis Escrivá, se subraya que "la actual rigidez en la oferta de alquiler indica la necesidad de avanzar hacia un marco regulatorio que incentive la oferta de alquiler residencial tanto por parte de particulares como de agentes profesionalizados". Además, se menciona que la incorporación de viviendas de segunda mano y la conversión de segundas residencias en principales han sido cruciales para enfrentar el incremento de la demanda de alquiler, aunque muchas de estas propiedades están ubicadas fuera de las zonas con mayor desajuste entre oferta y demanda o no cumplen con los requerimientos de los posibles inquilinos. El documento también advierte que las políticas públicas deberían evitar que algunas medidas, cuya eficacia en el corto plazo podría ser limitada, generen efectos negativos que dificulten el buen funcionamiento del mercado de alquiler a medio y largo plazo. Asimismo, se sugiere la necesidad de implementar políticas en otros ámbitos, como el mercado laboral, la productividad económica, la fiscalidad y el transporte, para reducir las rigideces en torno al acceso a la vivienda. El Banco de España hace hincapié en la importancia de aumentar la oferta, dado que la principal causa del alza en los precios en los últimos años ha sido el fuerte incremento de la demanda, impulsado en gran parte por la llegada de nuevos residentes a España. Este aumento de precios probablemente continuará en los próximos años, ya que el banco prevé que la creación de nuevos hogares superará en medio millón a la construcción de nuevas viviendas entre este año y el próximo. Los problemas de accesibilidad y la presión en el mercado de alquiler podrían persistir debido a las tendencias demográficas y los datos actuales sobre construcción y rehabilitación de viviendas. El impacto de estos factores es claro: un porcentaje significativo de hogares destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, una cifra que alcanza casi al 40% de las familias que viven de alquiler, muy por encima del promedio europeo (27%). Esto reduce su capacidad de ahorro y tiene efectos sobre la emancipación de los jóvenes, la movilidad territorial y, por tanto, la productividad laboral. El informe advierte que el desequilibrio entre una oferta de viviendas en alquiler limitada y una demanda en auge, alimentada por la llegada de extranjeros en los últimos tres años, seguirá amplificándose, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante. El Banco de España destaca que la falta de construcción de nuevas viviendas se debe a la escasez de suelo residencial, el aumento de los costes y la falta de mano de obra cualificada, factores que se concentran en mayor medida en Madrid y Barcelona, donde se estima que hasta 2025 habrá un déficit significativo de viviendas. Si se añaden otras provincias como Málaga, Valencia y Alicante, más de la mitad de la falta de obra nueva se concentrará en estas áreas en los próximos años.

(El Periódico, 17-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España necesita 1,5 millones de viviendas públicas en alquiler social para equipararse con la Unión Europea

El Banco de España cifra en 1,5 millones el número de viviendas de propiedad estatal y destinadas al alquiler social que se debe construir en España para equiparar el parque público a los estándares europeos. España cuenta en la actualidad con solo alrededor de 300.000 casas para este fin, que suponen el 1% del total, frente al 7% medio de la Unión Europea. El regulador bancario achaca este déficit a la apuesta durante décadas "por una política de vivienda centrada en la vivienda de protección oficial (VPO) en propiedad y la escasa dotación presupuestaria para el alquiler social, tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas", subraya en su último informe 'El mercado del alquiler de vivienda residencial en España: evolución reciente, determinante e indicadores de esfuerzo', redactado por Dmitry Khametshin, David López Rodríguez y Luis Pérez García. Según los datos recopilados por el mencionado estudio, el número de viviendas protegidas calificadas en los planes estatales y autonómicos entre 1990 y 2014 superó los 1,3 millones, el 6,7% de todas las existentes en España, una cifra similar al déficit actual. Conviene mencionar que estas VPO, en su mayoría, fueron promovidas y financiadas por promotores privados y entidades financieras sobre suelos calificados como protegidos, a pesar de contar con subvenciones y una fiscalidad adaptada. Frente al escaso parque público en alquiler social español, la media europea y de la OCDE se sitúa en el 7% del total de viviendas, aunque algunos países como Francia, Reino Unido o Países Bajos presentan porcentajes mucho más altos, que superan el 15% o, incluso, el 30%. El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, tiene el objetivo de construir en los próximos años 184.000 nuevas casas. Para el organismo gobernado por el exministro José Luis Escrivá "el cumplimiento de este objetivo supondría incrementar de manera notable las cifras recientes de producción de vivienda protegida de alquiler", ya que entre 2022 y 2023 apenas se superaron las 2.300 unidades. "Estas cifras muestran la modesta producción de nueva vivienda de alquiler social en el período reciente e ilustran la magnitud cuantitativa del esfuerzo que supondrá aumentar de forma sustancial y sostenida la producción de este tipo de viviendas para alcanzar los objetivos planteados, así como los retos que supone converger a las ratios promedio de alquiler social en las economías avanzadas", añade el informe. Poner en marcha el millón y medio de viviendas que cifra el Banco de España supondría una inversión acumulada de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, ya que solo en la edificación, licencias y el resto de gastos implica un desembolso de entre 100.000 y 130.000 euros por inmueble, media estándar utilizada en el sector para este tipo de cálculos. Esta cuantía es equivalente al gasto estatal en pensiones durante más de diez años. A diferencia con el alquiler asequible, consistente en que las viviendas se arrienden a precios por debajo de mercado, pero con una fórmula que permita obtener rentabilidad a un inversor, el social no ofrece ni las garantías ni el retorno para que los fondos que participan habitualmente en estas operaciones lo hagan. Este tipo de inmuebles se destinan a familias insolventes o con muy bajos recursos y es Estado el que se hace cargo. Más allá del inmenso esfuerzo público que supondría ponerlas en marcha, según el Banco de España, el país no cuenta con la industria necesaria para desarrollarlas. De media, al año únicamente se finalizan las obras de unas 90.000 viviendas, cifra que elevaría por encima de los 16 años el tiempo que tardaría el país en ajustar el déficit de 1,5 millones de inmuebles mencionado, teniendo en cuenta que solamente se construyese vivienda pública, no promoción privada, que hoy en día copa la mayor parte de las entregas. Entre los motivos detrás de esta escasez de nueva oferta destacan "la reducida disponibilidad de suelo finalista, el incremento de los costes de construcción, la escasez de mano de obra cualificada en determinadas actividades de construcción y la falta de inversiones destinadas a la adquisición y desarrollo de nuevo suelo urbano disponible para edificación", resume el regulador bancario en el informe. El regulador destaca que "la magnitud del problema diagnosticado hace difícil vislumbrar que actuaciones aisladas de corto plazo puedan tener el alcance suficiente como para reducir de forma significativa las actuales dificultades de acceso a la vivienda" e impera a las diferentes administraciones a contemplar "un horizonte temporal amplio", con "un foco especial en el estímulo de la oferta".

(Cinco Días, 16-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno eliminará los compromisos de permanencia en los contratos de la luz

El proyecto de real decreto que establece el reglamento general para el suministro y contratación de energía eléctrica, así como las condiciones para su comercialización, agregación y protección del consumidor, trae consigo una novedad adicional a la prohibición de contratar luz por teléfono y la creación del defensor del cliente eléctrico. En concreto, la normativa, cuyo proceso de consulta pública finalizó el 13 de septiembre, también prohíbe a las comercializadoras incluir cláusulas de permanencia en sus contratos, las cuales suelen tener una duración de un año, aunque en algunos casos pueden ser más extensas. Fuentes del sector empresarial explican que esta medida evitará que los consumidores, que a menudo desconocen la existencia de dichas cláusulas, se vean obligados a pagar indemnizaciones elevadas al intentar cancelar el contrato, algo que ha sido motivo de numerosas quejas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y asociaciones de consumidores como la OCU. De acuerdo con el borrador de la norma, los contratos de suministro eléctrico con comercializadoras tendrán, por lo general, una duración de un año y se renovarán automáticamente por periodos similares, salvo que la normativa vigente estipule otras condiciones para ciertos suministros específicos. Además, se permite que el consumidor y la comercializadora acuerden libremente una duración mayor a un año. Sin embargo, los consumidores domésticos, que suelen estar acogidos a la tarifa 2.0TD, podrán rescindir sus contratos en cualquier momento sin que se les aplique penalización alguna. En el caso de los grandes consumidores con otras tarifas del mercado libre, las condiciones de rescisión dependerán de lo pactado entre las partes. Actualmente, se aplican las disposiciones del Real Decreto 1434/2002, que permite penalizaciones si el consumidor cancela el contrato antes de la primera renovación, con un tope del 5% del valor de la energía pendiente de suministro. Asociaciones de consumidores denuncian que en algunos casos se ha cobrado entre 200 y 300 euros a usuarios que cancelaron rápidamente contratos erróneos. Las grandes compañías del sector, como Endesa, Iberdrola o Naturgy, afirman que dejaron de aplicar estas cláusulas hace tiempo, siendo las pequeñas y medianas comercializadoras las que aún lo hacen. En su informe de supervisión del comercio minorista de junio, la CNMC recordó al Gobierno que la directiva de mercado interior de electricidad prohíbe penalizaciones por rescisión anticipada, salvo en contratos de precio fijo y bajo circunstancias justificadas, y siempre que las multas no excedan las pérdidas directas para la compañía. La CNMC también recomendó que el Real Decreto 1434/2002 incluya que la fecha de baja de un contrato sea la que comunique la distribuidora tras el cierre y seguridad de la instalación. Desde ese momento, la comercializadora no asumirá costes adicionales. Actualmente, los contratos de energía en baja tensión tienen una duración máxima de un año y pueden renovarse automáticamente, permitiendo al consumidor rescindirlos con 15 días de preaviso sin penalización. Si el contrato se cancela antes de la primera renovación, la penalización no superará el 5% del precio de la energía pendiente. El Ministerio para la Transición Ecológica, con la aprobación del regulador energético, podrá establecer contratos de más de un año para el suministro de energía en baja tensión, fijando posibles penalizaciones. Para los beneficiarios del bono social, una norma de 2017 ya los protegía contra este tipo de cláusulas, prohibiendo a las comercializadoras del mercado libre incluir penalizaciones o restricciones que impidan el acceso al bono social. El reglamento que incluye estas medidas aún debe pasar por la CNMC y el Consejo de Estado antes de su aprobación final por el Consejo de Ministros. Este también prohíbe la publicidad y la contratación por teléfono y establece la figura del defensor del consumidor eléctrico, cuyas decisiones serán vinculantes, aunque su adopción por las empresas será voluntaria.

(Expansión, 16-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE acelerará el ritmo con otro recorte de los tipos

Los banqueros centrales más estrictos están dispuestos a llevar las tasas al 3,25%. Existe incertidumbre sobre si esto marca un punto de inflexión o es un evento aislado. Eslovenia será el escenario del próximo cambio en la política monetaria europea. Si se confirma, este movimiento podría acelerar la reducción del costo del dinero. En el centro de congresos de Brdo, a poco más de una hora de la capital, Liubliana, el Banco Central Europeo (BCE) se prepara para anunciar una nueva rebaja de 25 puntos básicos en los tipos de interés, llevándolos al 3,25%. Esta decisión, en una cumbre donde no se actualizarán las proyecciones macroeconómicas, implicaría romper con el ritmo de un recorte por trimestre, una estrategia que muchos miembros del Consejo de Gobierno consideraban adecuada hasta hace poco. La baja inflación en Europa, del 1,8% en promedio, con algunos países por debajo del 1,5%, junto con la debilidad económica y la política monetaria más relajada de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed), ha llevado al BCE a actuar con mayor contundencia. A pesar de no contar con nuevos datos del mercado laboral, un factor clave en decisiones recientes, los miembros del BCE parecen convencidos de que es necesario tomar más medidas. Aunque aún es posible alguna sorpresa, las probabilidades de que el BCE opte por una pausa en los recortes son mínimas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó recientemente que "los acontecimientos recientes refuerzan la confianza en que la inflación alcanzará su objetivo a tiempo. Esto lo consideraremos en nuestra próxima reunión de política monetaria en octubre". A diferencia de sus predecesores, Lagarde solo suele hacer declaraciones que reflejan el consenso en el Consejo de Gobierno, lo que hacía que una posible reducción de tipos esta semana fuera muy probable. Esa idea se consolidó la semana pasada tras los comentarios de varios miembros del ala dura del BCE, los denominados "halcones". Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, comentó sobre la mejora en la confianza que justifica más recortes, señalando que "no podemos ignorar los vientos en contra del crecimiento. Con señales de debilitamiento de la demanda laboral y un mayor progreso en la desinflación, es probable que la inflación caiga de manera sostenible hacia nuestro objetivo del 2% en un plazo razonable". Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, fue más allá, indicando que está "abierto a considerar un nuevo ajuste en los tipos" tras datos de inflación "alentadores". Con estos factores, los inversores en el mercado de futuros descuentan una probabilidad superior al 90% de un recorte en las tasas. Ni siquiera los sólidos datos de empleo en EE. UU. han disminuido las expectativas de recortes en la eurozona. Con la casi certeza de que los tipos seguirán bajando, y que tras octubre también se reducirán en diciembre, la atención está en si el BCE ha cambiado su enfoque de relajación monetaria o si es un ajuste temporal. Para 2025, el recorte en esta reunión podría llevar a más reducciones en las próximas cumbres, alcanzando un nivel del 2,25% a mediados de año, que se considera un tipo de interés neutral. Sin embargo, si la reducción de octubre es un evento aislado, la política monetaria podría seguir siendo restrictiva hasta finales de ese año. Yannis Stounaras, gobernador del Banco de Grecia y uno de los principales defensores de una política más flexible, señaló: "Incluso si reducimos los tipos 25 puntos básicos en octubre y otros 25 en diciembre, seguirán en el 3%, aún en terreno restrictivo. Si la inflación sigue cayendo hacia el objetivo del 2%, ¿por qué no continuar recortando en cada reunión?".

(Expansión, 16-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

¿En qué consiste el registro para los alquileres de corta duración?

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado la consulta pública del proyecto de Real Decreto que establece la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos y regula la recopilación e intercambio de datos sobre alquileres y alojamientos de corta duración. Con este sistema, el Gobierno busca combatir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan un alojamiento temporal, controlar los alojamientos turísticos ilegales y dar prioridad a los alquileres de vivienda habitual. Además, pretende apoyar a las comunidades autónomas en este proceso, ya que muchas de ellas cuentan con sus propios registros de alquileres que deberán integrarse en el registro nacional. ¿Qué establece este Real Decreto? El Decreto, en cumplimiento de la normativa europea, impone una serie de obligaciones y regulaciones sobre la información que se debe aplicar a los servicios de alquiler de corta duración. Abarca tanto los alquileres ofrecidos por plataformas en línea como los de anfitriones en España, sin importar dónde estén ubicadas estas plataformas. Se distingue entre los arrendamientos de temporada y los de corta duración, que incluyen habitaciones, alojamientos turísticos, embarcaciones u otras propiedades, frente a los arrendamientos de vivienda ordinarios. ¿Qué es el número de registro? Para ofrecer sus alquileres en plataformas, los arrendadores deben obtener un número de registro, proporcionar la información necesaria para su alta o renovación, cumplir con los requerimientos de información y notificar este número a las plataformas en línea. Las plataformas deben asegurarse de que los arrendadores identifiquen sus propiedades con este número, que también debe aparecer visible en los anuncios. ¿Cómo se obtiene? La solicitud del número de registro se tramitará a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores. Este número tendrá una validez de 12 meses. La solicitud se presenta ante el Colegio de Registradores o el Registro de la Propiedad o Bienes Inmuebles correspondiente, indicando la dirección exacta y el tipo de arrendamiento: fincas, habitaciones o unidades parciales para alquiler de corta duración no turístico, alquileres turísticos o embarcaciones. Un solo código por categoría. Cada finca, habitación o embarcación solo podrá tener un código por categoría. El Decreto establece que no se podrá comercializar ningún alquiler sin un número de registro válido, ni con un número asociado a una categoría o tipo de arrendamiento diferente. ¿Cómo se renueva? El número de registro tiene una validez de 12 meses, pero puede ser prorrogado si se realizan uno o más arrendamientos durante ese período, siempre que sean de la misma categoría. Para renovar, se debe presentar un listado de los arrendamientos realizados durante la vigencia del número de registro. En el caso de arrendamientos de temporada, también se debe justificar la necesidad de vivienda temporal en cada contrato. Si se cumplen todos los requisitos, el registrador emitirá el nuevo número de registro y lo actualizará en la Ventanilla Única Digital. ¿Qué ocurre si se retira o suspende el registro? Si se retira o suspende el número de registro, la Ventanilla Única Digital notificará a las plataformas para que eliminen los anuncios asociados a dicho número. Durante el proceso de consulta pública iniciado el 23 de septiembre, se recibieron 106 aportaciones ciudadanas, muchas de las cuales fueron consideradas en el texto sometido a audiencia. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que los acuerdos alcanzados no responden a las manifestaciones recientes, sino que comenzaron a trabajarse desde su llegada al cargo y han sido realizados con rigor y seguridad jurídica, aunque respondiendo a la situación de urgencia.

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