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(El País, 09-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa al Gobierno que el límite legal para remitir los planes presupuestarios es el 15 de octubre

A una semana de que venza el plazo para que los Estados miembros envíen sus planes presupuestarios a Bruselas, el Gobierno ha anunciado que retrasará su entrega. La Comisión Europea no ha recibido bien la noticia. Ayer ya advirtió que su "flexibilidad es limitada" y ha recordado a Madrid que la fecha límite para remitir los planes es el 15 de octubre. El Ejecutivo comunitario insiste en que los Estados miembros deben cumplir los plazos fijados, especialmente en estos últimos meses del año, que son cruciales antes de que en 2025 entren en vigor las nuevas reglas fiscales. Estas reglas establecen que el déficit y la deuda pública no deben superar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Aunque la fecha no es estricta, Bruselas espera que los Gobiernos presenten sus planes presupuestarios para el 15 de octubre o poco después. Esta expectativa de Bruselas choca con el calendario que maneja el Gobierno español, que ayer confirmó que se retrasará en la entrega de las cuentas de 2025 a la Comisión Europea. El secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, argumentó que la Comisión había solicitado a los países no enviar prórrogas de los planes presupuestarios, sino que estos incluyeran medidas concretas. Por ello, España retrasaría la presentación de sus cuentas. El tramo final del año será intenso tanto para Bruselas como para los Estados miembros. Con el regreso de las reglas fiscales, que habían sido suspendidas durante la pandemia, y un nuevo marco de gobernanza económica, los Gobiernos debían haber presentado sus planes de ajuste fiscal a cuatro años el 20 de septiembre. Sin embargo, Cuerpo advirtió que este plazo se pospondría al 15 de octubre para entregarlo junto con el plan presupuestario. A pesar de ello, ayer confirmó que, aunque se cumpliría con la entrega del primero de los documentos la próxima semana, las cuentas no llegarán a Bruselas hasta más tarde. La Comisión, en un esfuerzo por acelerar el proceso antes de final de año, había solicitado a los países que enviaran solo presupuestos que incluyeran medidas, pero esto no significa que puedan saltarse los plazos. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, fue claro al respecto. Ayer, en una rueda de prensa tras el Eurogrupo en Luxemburgo, afirmó que la "flexibilidad de la Comisión Europea es limitada". Además, explicó que el plan fiscal estructural y el plan presupuestario deben estar coordinados. De hecho, la presentación de un plan a cuatro años sin unas cuentas claras para 2025 dejaría sin efecto el plan fiscal del Gobierno español. El verdadero desafío radica en la capacidad del Ejecutivo español para aprobar unas cuentas en un Congreso donde tiene dificultades para asegurar los apoyos necesarios. La senda fiscal presentada en julio fue rechazada por Junts y no volvió a debatirse en el Congreso, como estaba previsto hace una semana, debido a la escasa probabilidad de que fuese aprobada. Esta senda es fundamental para elaborar los presupuestos. El envío de las cuentas solo requiere ser aprobado por el Consejo de Ministros para ser remitido a Bruselas, pero la senda fiscal es el paso previo necesario para delinear los presupuestos, que luego deben enfrentarse a su tramitación en el Congreso.

(Expansión, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá: "El Banco de España se prepara para ejercer la supervisión de la IA en la banca"

La inteligencia artificial (IA) es ya una realidad y el sector financiero está en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades que esta tecnología ofrece. Así lo destacó José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, durante su intervención en el XV Encuentro Financiero EXPANSIÓN-KPMG, donde anunció que la entidad "se está preparando para supervisar el uso de la IA en la banca". Este evento fue organizado con la colaboración de KPMG, American Express, Cunef Universidad y Microsoft Surface. El reglamento europeo que regula esta nueva tecnología establece que, en el ámbito financiero, el Banco de España es la autoridad competente. Para fortalecer sus capacidades, Escrivá anunció la creación de un grupo de trabajo destinado a desarrollar las funciones de supervisión en el campo de la inteligencia artificial. "Desde el Banco de España vamos a apoyar a las entidades financieras para que aprovechen la inteligencia artificial y las tecnologías de digitalización ya implementadas", afirmó Escrivá, reconociendo que la inversión será significativa, pero subrayando que las entidades están en una posición sólida para afrontar este desafío. El gobernador aseguró que el Banco de España velará por un uso adecuado, transparente y seguro de esta tecnología. Asimismo, señaló que la institución se enfocará en aclarar las posibles incertidumbres regulatorias que puedan surgir durante su implementación, y en evaluar los nuevos riesgos que podrían afectar tanto a las entidades como a la estabilidad financiera y la política monetaria. "Debemos asegurarnos de que el despliegue que queremos promover se realice de manera ética y consciente de los riesgos", añadió. El grupo de trabajo tendrá un enfoque transversal, involucrando a diferentes áreas del Banco de España, como la supervisión de conducta y la supervisión microprudencial. Además, buscará aplicar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los propios procesos internos del banco. "Debemos desplegar nuestra capacidad de supervisión en este ámbito lo antes posible", subrayó Escrivá, añadiendo que es crucial definir lo que se puede y no se puede hacer para facilitar la implementación de la IA con los estándares adecuados. El Banco de España contribuirá principalmente con su visión especializada y conocimiento del sector bancario en la supervisión de procesos relacionados con la IA. Sin embargo, Escrivá reconoció que para los aspectos técnicos se requerirá el apoyo de la recién creada Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), dirigida por Ignasi Belda. Escrivá destacó el impacto disruptivo que la inteligencia artificial tendrá en la banca, especialmente en términos de productividad y eficiencia. Mencionó áreas como la ciberseguridad y la gestión de riesgos como las que más se beneficiarán de esta tecnología, y subrayó la importancia de que las ventajas de la IA lleguen también a autónomos y pymes. "Estoy muy enfocado en cómo la banca puede apoyar a las pymes mediante servicios basados en inteligencia artificial", señaló Escrivá, destacando que estas entidades ya forman parte de la cartera de clientes de los bancos, lo que facilita la adopción de esta tecnología. No obstante, advirtió que la IA también conlleva riesgos, ya que el reglamento europeo clasifica algunas aplicaciones como "de alto riesgo", especialmente en áreas como la clasificación crediticia y la solvencia de los ciudadanos. La normativa exige que se realice una evaluación de conformidad antes de que estas aplicaciones se introduzcan en el mercado, recomendando que dicha evaluación sea realizada por un tercero. Los usos de alto riesgo deberán ser valorados por una "autoridad notificada", cuya definición está prevista para agosto de 2025. Escrivá concluyó enfatizando la necesidad de garantizar que los algoritmos no generen comportamientos sesgados, respeten la protección de datos y sean transparentes en su funcionamiento.

(Expansión, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El acceso a datos de un móvil no está limitado a la lucha contra delitos graves

El 23 de febrero de 2021, durante un control antidrogas, agentes de aduanas en Innsbruck (Austria) incautaron un paquete dirigido a CG que contenía 85 gramos de cannabis. Dos semanas después, dos agentes realizaron una inspección en el domicilio del destinatario, donde le interrogaron sobre el remitente y revisaron su vivienda. Durante la búsqueda, solicitaron acceso a los datos del teléfono móvil de CG, y al negarse este, los agentes confiscaron el móvil, junto con una tarjeta SIM y una tarjeta SD, entregándole un informe de incautación. Posteriormente, el teléfono fue enviado a un perito para intentar desbloquearlo, pero al no lograrlo, se remitió a la Oficina Federal de la Policía Judicial en Viena, donde se intentó nuevamente acceder al dispositivo. La incautación y los intentos de desbloqueo se llevaron a cabo por decisión propia de los agentes, sin contar con la autorización de un fiscal o juez. El investigado impugnó la incautación de su móvil ante el Tribunal Administrativo Regional del Tirol, descubriendo durante el procedimiento que se habían intentado desbloquear su teléfono. Por esta razón, el tribunal planteó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la normativa austriaca que permite a la policía actuar de esta manera es compatible con el Derecho de la Unión. La corte europea comenzó su análisis señalando que la normativa de la Unión Europea no solo se aplica cuando se logra acceder a los datos personales de un teléfono móvil, sino también cuando se intenta acceder a ellos. El TJUE subraya que el acceso a todos los datos de un móvil puede representar una intromisión grave, o incluso muy grave, en los derechos fundamentales del individuo, ya que dichos datos, como mensajes, fotos o historial de navegación, pueden revelar información muy precisa sobre la vida privada de una persona, y podrían incluir datos especialmente sensibles. La sentencia aborda otro aspecto clave: la importancia del objetivo de la investigación. El tribunal destaca que "la gravedad del delito investigado es un factor central a la hora de evaluar la proporcionalidad de la intrusión en los datos personales del móvil, que permite obtener conclusiones sobre la vida privada del afectado". No obstante, el TJUE advierte que limitar el acceso a los datos del móvil solo para la investigación de delitos graves reduciría las capacidades de las autoridades y aumentaría el riesgo de impunidad para otros delitos, lo que pondría en peligro la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Sin embargo, cualquier intromisión en la vida privada y la protección de datos debe estar respaldada por la ley, lo que implica que el legislador nacional debe definir claramente los criterios que se deben considerar, incluyendo la naturaleza o gravedad de los delitos en cuestión. El tribunal concluye que "para garantizar el respeto al principio de proporcionalidad en cada caso, es fundamental que cuando el acceso de las autoridades a los datos personales pueda implicar una intromisión grave en los derechos fundamentales, dicho acceso esté sujeto a una autorización previa por parte de un tribunal o una entidad administrativa independiente", salvo en casos de urgencia justificada. Finalmente, la corte europea explica que este control debe asegurar un equilibrio justo entre los intereses legítimos de la investigación criminal y los derechos fundamentales a la privacidad y protección de datos personales.

(El País, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España apuesta por integrar el mercado de capitales de la UE a varias velocidades

España está decidida a impulsar la integración del mercado de capitales, aunque eso implique avanzar a diferentes ritmos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planea plantear esta cuestión a sus homólogos del Eurogrupo durante la reunión que mantendrán este lunes en Luxemburgo. Este proyecto lleva años estancado en la Unión Europea debido a las diferencias entre los Estados miembros, especialmente entre los países grandes y pequeños. Sin embargo, la necesidad de reactivar la economía europea y competir con potencias como China y Estados Unidos ha convertido este asunto en una prioridad, ya que es esencial para fomentar el flujo de financiación privada, como han señalado los informes Draghi y Letta. Cuerpo expresó sus intenciones en una entrevista con el Financial Times, sumando su apoyo a la propuesta presentada por Francia en abril. No obstante, la iniciativa francesa ha generado desconfianza en varias capitales europeas, no solo en los países más pequeños, ya que se teme que el objetivo de París sea centralizar toda la supervisión de los mercados de capitales en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), con sede en París. Una de las principales dificultades que enfrenta Europa para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores y con mayor riesgo es la falta de madurez de su mercado de capitales. Actualmente, el 75% de la financiación empresarial proviene de los bancos, que exigen más garantías que los fondos de capital riesgo o los venture capital. Este porcentaje es significativamente menor en Estados Unidos y Reino Unido, lo que explica, en parte, por qué muchas start-ups tecnológicas europeas buscan financiación en estos países.

(El Economista, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo permite a las comunidades de propietarios vetar pisos turísticos

La Ley de Propiedad Horizontal tenía una redacción ambigua, pero ahora el Tribunal Supremo ha aclarado que sí es posible prohibir la actividad de alquiler turístico en una comunidad de vecinos, estableciendo jurisprudencia. Las comunidades de propietarios que no quieren pisos turísticos están recibiendo buenas noticias, mientras que los dueños de estos inmuebles se enfrentan a nuevos obstáculos. Aunque sentencias previas habían permitido a las comunidades tomar medidas, las dos recientes del Tribunal Supremo han dado un paso más, determinando que una mayoría de tres quintos es suficiente para prohibir esta actividad. Por primera vez, el alto tribunal ha abordado a fondo el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, introducido en 2019, que permite a las comunidades de vecinos "limitar o condicionar" el uso turístico de una vivienda con esa mayoría de tres quintos. La ambigüedad del artículo había provocado interpretaciones divergentes: mientras una audiencia provincial dictaminó que esta mayoría permitía prohibir los pisos turísticos, otra consideró que se requería unanimidad. El Supremo ha despejado la duda, apoyando la primera interpretación. Según un comunicado del Consejo General del Poder Judicial, "la sala interpreta los términos limitar o condicionar conforme al artículo 3.1 del Código Civil", lo que significa que rechaza que la norma sea restrictiva y concluye que limitar puede incluir la prohibición. El tribunal argumenta que la modificación de la ley, introducida en el Real Decreto 7/2019, se justifica en la necesidad de controlar el impacto del alquiler turístico en el acceso a la vivienda. Esta decisión refuerza el poder de las comunidades de propietarios para limitar los pisos turísticos, que a menudo generan problemas de convivencia. En 2022, el Supremo ya había permitido vetar estos alquileres si los estatutos de la comunidad prohíben actividades económicas. Sin embargo, este fallo no aclaraba del todo el cambio legal, algo que ahora queda resuelto. El Tribunal Supremo señala que, de no aceptarse la mayoría de tres quintos, el voto en contra del propietario de un piso turístico podría bloquear cualquier acuerdo, lo que había limitado el impacto de la sentencia anterior. Además, la falta de prohibiciones explícitas en los estatutos de las comunidades hacía difícil aplicar la normativa. Antes de estas sentencias, el Gobierno ya había planteado la posibilidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para dejar más claro el poder de las comunidades de prohibir los pisos turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la necesidad de "empoderar" a las comunidades, aunque no especificó cómo se modificaría la ley. El lunes, la ministra celebró en redes sociales esta sentencia, calificándola de "noticia positiva" porque prioriza la vivienda residencial sobre otros usos, en línea con los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el problema del acceso a la vivienda.

(El Periódico, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña aprobará una ley para poner fin a la cita previa obligatoria en un año

La obligatoriedad de la cita previa tiene los días contados. Según las previsiones del Govern, en un año debería entrar en vigor una ley que asegure el derecho a recibir atención presencial en cualquier administración pública de Cataluña sin necesidad de solicitar una cita previa. "Si antes de la pandemia era posible atender sin cita previa, ahora también debe serlo", afirmó el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al presentar el plan de reforma de la administración pública que el president Salvador Illa le encargó acelerar en los primeros 100 días de gobierno. Se espera que un 14% de los empleados de la Generalitat se jubilen en 2030, lo que ha llevado al ejecutivo a impulsar esta reforma para rejuvenecer el personal, atraer talento y eliminar normativas obsoletas. Este plan, que será formalmente aprobado en la próxima reunión del Consell Executiu, estará listo para implementarse en 10 meses. Una comisión de expertos, liderada por el catedrático Carles Ramió, se encargará de su contenido e incluirá un plan de choque con medidas de "aplicación urgente", entre las que destaca la eliminación de la cita previa obligatoria. La idea es mejorar la atención presencial, acercar a los ciudadanos a las administraciones y reducir la brecha digital que dificulta el acceso a los trámites en línea para algunos sectores de la población. El anterior Govern ya había aprobado en julio la eliminación de la cita previa obligatoria, junto con otras medidas destinadas a mejorar la atención. Ahora, el compromiso del ejecutivo de Illa es garantizar este servicio presencial en todas las administraciones, tanto de la Generalitat como en diputaciones y ayuntamientos, además de mejorar el sistema de cita previa para quienes deseen utilizarlo. "Cualquier ciudadano debe poder acceder a los servicios públicos sin necesidad de una cita previa", defendió Dalmau, aclarando que la regulación para poner fin a esta obligatoriedad se incluirá en la ley de medidas fiscales y financieras que acompañará los presupuestos de 2025, actualmente en negociación. Por el momento, el Govern no planea un incremento en el número de funcionarios, aunque está dispuesto a analizar áreas que presenten "tensiones". Dalmau también señaló la necesidad de dialogar con los empleados públicos sobre su organización laboral, que actualmente permite dos días de teletrabajo, destacando que hay funciones que no pueden realizarse a distancia, como es el caso de los Mossos d'Esquadra o el personal médico. En este sentido, la Generalitat ha detectado carencias de servicio en comisarías y consorcios públicos. Otra medida que se implementará próximamente es la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes, con el objetivo de incentivar nuevas vocaciones en el sector público. Además, se rediseñará el papel de la Escola d'Administració Pública para facilitar el relevo generacional, dado que 27.000 empleados se jubilarán en los próximos seis años y 77.000 de los 258.000 trabajadores actuales superan los 50 años. Para atraer talento, la ley que acompañará los presupuestos también incluirá medidas para "profesionalizar" los altos cargos en la Generalitat, lo que significará que los puestos directivos se cubrirán mediante concursos. Dalmau calificó esta medida como "importante y esperada", y añadió que se introducirán nuevos métodos de selección para garantizar que los candidatos estén capacitados para asumir sus responsabilidades. Estas medidas urgentes se irán implementando en los próximos meses en paralelo al trabajo del grupo de expertos que definirá la estrategia de transformación de la administración y la mejora de los servicios públicos. Como adelantó el conseller en su intervención en el Parlament el 16 de septiembre, habrá 12 grupos de trabajo que abordarán temas como la simplificación normativa, la digitalización completa y la garantía de atención presencial.

(Expansión, 07-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El alquiler no para de subir: es un 10% más caro que hace un año

El problema parece ser de una magnitud abrumadora. Los elevados costes del alquiler están teniendo graves repercusiones: millones de hogares en España destinan un porcentaje de su renta muy superior al considerado saludable, lo que les deja en una situación económica muy limitada; los jóvenes ven cómo sus posibilidades de independizarse se reducen mes a mes, y las personas con ingresos bajos se ven obligadas a compartir vivienda, ya que la realidad del mercado les impide aspirar a vivir solas. Muchos de los afectados por el aumento de los precios del alquiler esperan que el mercado les ofrezca algún alivio. Aunque ha habido una leve disminución durante el verano, el panorama sigue siendo preocupante: según datos de Idealista, a finales de septiembre, el precio del alquiler en España era un 10,2% más alto que un año antes. El precio medio en septiembre fue de 13 euros por metro cuadrado, ligeramente por debajo del récord de 13,4 euros alcanzado en junio, pero significativamente más alto que los 11,8 euros de septiembre del año pasado. A pesar de esta leve pausa en la media nacional, ciudades como Barcelona (22,4 euros/m²), Madrid (20,4 euros/m²), San Sebastián (18,1 euros/m²) y Valencia (14,3 euros/m²) registraron precios récord en septiembre, lo cual es especialmente relevante debido a su densidad demográfica. Si lo vemos de forma más gráfica: hace un año, alquilar un piso de 80 metros cuadrados costaba 944 euros, mientras que hoy el mismo tipo de vivienda cuesta 1.040 euros, lo que representa un aumento anual de 1.150 euros. En un país donde la renta media de los hogares en 2022 fue de 34.821 euros, muchos ya superan con creces el umbral del 30% de esfuerzo económico que se considera asequible para el alquiler. En 17 capitales de provincia, al igual que en la media nacional, los precios del alquiler crecieron a doble dígito a cierre de septiembre. Palma de Mallorca encabeza la lista con un aumento del 18,9% anual, seguida de Ávila (16%), Madrid (15,7%), Valencia (15,4%) y A Coruña (14,8%). Algunas de las ciudades más caras del país son también las que más incrementos han experimentado, lo que agrava la situación de precariedad en el acceso a la vivienda. Las razones detrás de estos aumentos son conocidas: una demanda que la oferta no puede satisfacer, sobre todo en grandes ciudades y áreas turísticas, lo que genera una presión que difícilmente se aliviará en el corto plazo. La escasez de oferta responde a múltiples factores, siendo el principal la falta de construcción de viviendas tras la crisis de 2008. Además, según los expertos, las políticas de vivienda del gobierno, que incluyen medidas como la limitación de precios en los contratos de alquiler, desincentivan a los propietarios a ofrecer sus inmuebles en el mercado de alquiler residencial. Esto ha llevado a muchos propietarios a optar por alternativas más rentables, como el alquiler turístico o temporal, contribuyendo a la reducción de la oferta de vivienda habitual. Sin embargo, el alquiler turístico no es siempre tan lucrativo como parece. Un informe de Alquiler Seguro señala que, aunque los ingresos pueden ser mayores, también lo son los gastos, y las ventajas fiscales son menores que en el alquiler residencial. En el otro extremo, incluso los aumentos más moderados del precio del alquiler superan ampliamente la inflación de septiembre, que fue del 1,5%. Por ejemplo, en Lleida el alquiler subió un 3,8%, en Tarragona un 4,5%, en Cádiz un 4,6%, y en Jaén y Córdoba un 5,3%. En general, los mayores incrementos se concentran en la costa mediterránea y en grandes ciudades como Madrid.

(El País, 07-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones españolas han crecido un 49% en términos reales desde 2008

Así lo revela la monografía "España ante los impactos recientes sobre las cadenas de valor globales y la integración comercial internacional" de la Fundación BBVA. El estudio señala que "la fuerte concentración regional de los intercambios -España destina el 67% de sus exportaciones manufactureras a Europa occidental- ha restringido la expansión de su red comercial hacia otras economías", en un contexto donde la Unión Europea representa solo el 20% de la economía global. El análisis, realizado por investigadores de la Universidad de Valencia y el Ivie, liderados por los profesores Francisco Pérez e Iván Arribas, destaca que el peso de las exportaciones en el PIB español ha pasado del 26% en 2008 al 39% en 2023, como consecuencia de la Gran Recesión. Sin embargo, el crecimiento medio en la Unión Europea fue mayor, alcanzando un 56%. En el caso de España, el incremento fue de 13 puntos porcentuales, en comparación con el 11,7% de la media europea. El informe también resalta que, mientras España muestra una limitada ampliación de sus redes comerciales con otras economías, países como las economías asiáticas han experimentado una expansión muy dinámica en las últimas décadas. Estas naciones son altamente competitivas en términos de precio y tienen una creciente capacidad de producción de bienes intermedios y finales. Además, el estudio indica que la baja especialización de España en actividades de alto valor añadido y su dependencia de las importaciones restringen la capacidad de las exportaciones para generar ingresos nacionales. En 2020, el 75% del valor de las exportaciones españolas correspondía a valor añadido doméstico, una cifra inferior al 77,4% de las economías avanzadas de Europa y muy por debajo del 92% de Estados Unidos. Esto significa que una parte significativa del valor de las exportaciones españolas proviene de bienes intermedios importados, lo que beneficia a la producción extranjera. "Parte de las ventas exteriores requiere la compra de materias primas y productos intermedios del extranjero", subraya el estudio. Por sectores, las exportaciones de servicios administrativos presentaban un mayor contenido de valor añadido doméstico (90,6%), frente a las de equipos de transporte (59,7%). Además, solo el 25,7% del empleo generado por las exportaciones manufactureras es altamente cualificado, en comparación con el 34,9% en la Unión Europea. En los servicios, este porcentaje alcanza el 27,8%, también por debajo del de otros países avanzados. La limitada presencia de España en mercados lejanos, pero en rápido crecimiento, su escasa especialización en sectores de alto valor añadido y su dependencia de las importaciones siguen restringiendo el potencial de generación de renta a partir de las exportaciones, concluyen los investigadores. En 2020, el 25% del valor de las exportaciones españolas era de origen importado, alcanzando el 34,8% en el caso de las manufacturas, en contraste con solo el 11,5% en los servicios. Ante la nueva fase de la globalización, los países más desarrollados han comenzado a externalizar tareas a naciones con mano de obra más barata y menos cualificada. En cuanto a la concentración regional de las exportaciones, el estudio apunta que esta tendencia está disminuyendo gradualmente en otros países europeos. Respecto a los impactos de la covid-19 y la guerra de Ucrania en 2022, el informe señala que, a diferencia de la Gran Recesión, cuyos efectos sobre el comercio internacional fueron duraderos, la pandemia tuvo un impacto temporal. Tras el periodo de "hibernación" económica, el proceso de integración mundial se reanudó, impulsado por los servicios. En 2020, tanto el grado de apertura como el de conexión disminuyeron debido a la alteración de las cadenas de suministro globales, lo que llevó a las economías a buscar fuentes más cercanas. Sin embargo, las redes comerciales internacionales demostraron una gran resiliencia, permitiendo que en 2021 ambos indicadores volvieran a los niveles previos a la pandemia. Durante la pandemia y el periodo posterior, España incrementó su grado de apertura, especialmente en el sector de productos metálicos, y mejoró ligeramente su grado de conexión, destacando en el ámbito agroalimentario. En general, los países más resilientes durante la pandemia fueron aquellos con una mayor concentración geográfica y sectorial de sus exportaciones, centradas principalmente en bienes intermedios. Por otro lado, la guerra en Ucrania ha provocado efectos más duraderos, orientando los flujos comerciales en lugar de reducir los niveles de apertura y conexión. El impacto ha variado entre las economías, siendo más notable en las involucradas directamente en el conflicto. Rusia ha redirigido sus exportaciones hacia Asia y América del Sur sin afectar considerablemente su apertura comercial, mientras que Ucrania ha visto una mayor reducción en su grado de apertura y conexión, al enfocar sus exportaciones en Europa en detrimento del mercado asiático.

(Expansión, 04-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un plan para pymes con 4.500 millones en subvenciones y 50.000 millones en préstamos de fondos europeos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Ejecutivo destinará 4.500 millones de euros en subvenciones y cerca de 50.000 millones de euros en préstamos y otros instrumentos financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país. "Nunca antes se habían movilizado tantos recursos económicos para modernizar nuestro tejido productivo. Tenemos una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad", subrayó Sánchez durante su intervención en el evento 'Transformando las Pymes con el Plan de Recuperación', organizado en la Escuela de Organización Industrial (EOI). De los fondos anunciados, 1.380 millones de euros corresponden a subvenciones de Red.es, 3.000 millones a subvenciones de los Perte, 630 millones a las garantías de la Compañía Española de Refianzamiento (Cersa), 2.400 millones del Fondo de Impacto Social y el Fondo de Coinversión de Cofides, más de 30.000 millones a las líneas ICO verde e ICO para empresas y emprendedores, y 16.400 millones de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), que gestionará el Mecanismo del Perte Chip, el Fondo Next Tech y la línea Audiovisual Hub. Sánchez destacó que más de un tercio del Plan de Recuperación ya se ha dirigido a las pymes. "Dos de cada cinco euros de las convocatorias resueltas del Plan van directamente a las pymes. Una de cada cinco pymes ya ha sido beneficiaria directa del Plan de Recuperación, lo que representa a más de medio millón de empresas", afirmó el presidente. De los 42.612 millones de euros que se han ejecutado del Plan de Recuperación por las distintas administraciones, más de 16.800 millones (el 39,5%) han beneficiado directamente a las pymes. Hasta ahora, 528.800 pequeñas y medianas empresas han recibido financiación a través de diferentes programas del Plan. "Las pymes son la columna vertebral de nuestro tejido productivo, las células madre que garantizan la vitalidad de todo el organismo económico de España", destacó Sánchez. En la apertura del evento también participó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien resaltó el impacto del Plan de Recuperación en la economía y en la transformación de las pymes. "En nuestro Ministerio, las pymes son una parte esencial de todo lo que hacemos", señaló Hereu, mencionando iniciativas como la creación del Observatorio contra la Morosidad Privada y el desarrollo de los diferentes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte). El ministro agradeció a las pymes "todo lo que hacen por este país" y aseguró que el Gobierno seguirá trabajando de la mano con ellas para fortalecer aún más este sector tan importante para la economía española.

(El País, 04-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España pide a Bruselas mantener abierta la negociación con China y evitar la guerra comercial

España no ha revelado su postura definitiva de cara a la votación clave de este viernes en Bruselas sobre el futuro de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Sin embargo, ha dejado claro a la Comisión Europea su intención de mantener abiertas las negociaciones con China y evitar una guerra comercial a toda costa. Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una carta enviada al vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, el ministro subraya que es necesario "mantener abiertas las negociaciones y agotar todas las vías para encontrar una solución de compromiso", sin adelantar el sentido del voto. La misiva sugiere posibles puntos de acuerdo, como la "reducción del impacto negativo de los subsidios", refiriéndose a la acusación de la Comisión Europea tras un año de investigación, en la que concluyó que los vehículos eléctricos chinos se benefician de una ventaja competitiva ilícita debido a las masivas ayudas que reciben. Además, España insta a que parte de la producción de baterías se traslade a Europa. En este contexto, se destaca que en España ya se está instalando una fábrica de coches chinos en las antiguas instalaciones de Nissan, así como un proyecto de baterías de litio en Extremadura. Con esta carta, adelantada por Reuters, España matiza su postura respecto a la que tomó en julio, cuando apoyó la propuesta provisional de la Comisión de imponer aranceles adicionales, que oscilan entre el 17,4% y el 37,6%. Además, aclara de alguna manera las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien durante un viaje a China sugirió que la UE debería "reconsiderar" su decisión sobre los aranceles. Asimismo, la carta está en línea con la reunión reciente entre Dombrovskis y el ministro de Comercio chino, donde se acordó mantener las negociaciones abiertas más allá de la votación. La posición española se alinea con la de Alemania, que ha insistido en evitar una guerra comercial y mantener las negociaciones con China, un país donde las principales empresas automovilísticas alemanas tienen grandes inversiones y temen posibles represalias si los aranceles adicionales se hacen permanentes durante al menos cinco años. Este viernes se llevará a cabo la votación en la que la Comisión Europea se juega parte de su credibilidad en la política comercial de la Unión Europea. El resultado será un importante indicador sobre la política comercial y exterior del bloque comunitario, en un momento en el que la UE busca fortalecer su competitividad industrial frente a Washington y Pekín. La investigación sobre los coches eléctricos chinos se ha convertido en un símbolo de la postura europea ante China, a la que la UE considera simultáneamente un rival, socio y competidor en los ámbitos geopolítico y comercial. El enfoque hacia China sigue siendo uno de los temas más divisivos entre los Estados miembros. Hace un año, la Comisión Europea inició una investigación sobre los coches eléctricos chinos ante la sospecha de que las ayudas de Pekín violaban las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nueve meses después, se propusieron aranceles compensatorios de entre el 17,4% y el 37,6%, que se sumarían al 10% que ya se aplicaba. Esta medida fue votada de manera consultiva en julio y agosto, y España apoyó la propuesta en ese momento. La reacción de China ha sido contundente. Pekín ha iniciado investigaciones sobre productos agroalimentarios europeos, afectando directamente a España en el caso de la carne de cerdo, y también a productos lácteos y el brandy. Esta medida busca presionar a los Estados miembros para que suavicen la postura de la Comisión Europea o bloqueen la imposición de los aranceles. No será fácil para los países oponerse a la decisión de la Comisión, ya que se requiere una mayoría cualificada que represente al 55% de los Estados miembros y al menos el 65% de la población de la UE. Sin embargo, si la mitad más uno de los países votan en contra, Bruselas tendría que reformular su propuesta, lo que podría incluir la posibilidad de mantener las negociaciones con China a pesar de la aprobación de los aranceles. Es probable que la propuesta de la Comisión se apruebe, como lo ha señalado esta semana el embajador alemán ante las instituciones europeas, Michael Clauss, aunque en el Gobierno alemán existen voces que defienden votar en contra, como el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Si esta postura prevalece, Alemania podría unirse a Hungría, uno de los pocos países que ha declarado su intención de votar contra los aranceles a los coches eléctricos chinos.

Bruselas avisa al Gobierno que el límite legal para remitir los planes presupuestarios es el 15 de octubre

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