El Tesoro Público comienza esta semana las primeras subastas de 2025 con nuevas emisiones de letras y bonos, con las que pretende obtener entre 11.250 y 13.750 millones de euros, de acuerdo con sus objetivos de emisión.
La primera subasta del año, programada para mañana, estará enfocada en Letras a 6 y 12 meses, con las que el Tesoro planea captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros. En la última emisión de 2024 para estas mismas referencias, el organismo recaudó 4.784,21 millones, reduciendo además las rentabilidades marginales: al 2,585% para las letras a seis meses y al 2,228% para las de un año.
Una vez celebrada esta subasta inicial, que marca el inicio del calendario de emisiones del nuevo año, el Tesoro volverá a los mercados el jueves con una nueva oferta de bonos y obligaciones del Estado, con la que busca captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros.
El próximo jueves 9 de enero, el Tesoro emitirá bonos del Estado a 3 años con un cupón del 2,40% y vencimiento el 31 de mayo de 2028; obligaciones a 7 años con un cupón del 3,10% y vencimiento en 2031; y otra obligación con un valor residual de 21 años y 10 meses, con cupón del 2,90% y vencimiento en 2046. Con estas emisiones, se espera obtener entre 5.500 y 6.500 millones de euros.
Además, en esta primera subasta a largo plazo, el Tesoro aprovechará para emitir una obligación del Estado a 15 años indexada a la inflación de la zona euro. Esta obligación tendrá un cupón del 2,05% y vencimiento en 2039, con un objetivo de captación situado entre 250 y 750 millones de euros.
La actividad del sector privado en la zona euro volvió a contraerse en diciembre por segundo mes consecutivo, según el índice PMI elaborado por Hamburg Commercial Bank y S&P Global. No obstante, esta caída fue "mínima" y menos pronunciada que la registrada en noviembre. El PMI compuesto de la zona euro se situó en 49,6 puntos, por encima de los 48,3 del mes anterior. En cuanto al sector servicios, experimentó un repunte hasta los 51,6 puntos desde los 49,5 registrados en noviembre.
El informe publicado destaca que la economía de la zona euro finalizó 2024 en una situación "frágil", con una reducción en los niveles de actividad debido a las continuas caídas en los nuevos pedidos y el empleo, según informó Europa Press. Además, las presiones inflacionarias aumentaron, mientras que las expectativas empresariales para los próximos doce meses se mantuvieron "débiles", aunque alcanzaron su mejor nivel en tres meses.
Al igual que en noviembre, Alemania, Francia e Italia reportaron descensos en su actividad comercial en diciembre. Francia registró el peor desempeño con un índice de 47,5 puntos, seguida por Alemania (48 puntos), mientras que Italia (49,7 puntos) mostró solo una leve disminución en su actividad total. Por el contrario, España e Irlanda lograron mejorar sus niveles de actividad, destacando el dinamismo del sector privado español, que igualó los niveles alcanzados en marzo de 2023.
"Los datos del PMI de diciembre no ofrecen una base sólida para un auge del sector servicios en 2025, pero al menos los nuevos pedidos han dejado de caer y la disminución de los pedidos pendientes se ha moderado", señaló Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.
De la Rubia añadió que las empresas de servicios, a diferencia de los fabricantes, no están directamente afectadas por la amenaza de los aranceles estadounidenses, lo que debería contribuir a evitar que la debilidad industrial arrastre por completo a toda la economía en 2025.
Por último, el economista destacó que los datos confirman que la inflación en el sector servicios sigue siendo "demasiado alta" debido al incremento de los costes y su impacto en los precios finales. Según De la Rubia, esto implica que la política monetaria del banco central debería avanzar con cautela, aplicando solo recortes moderados en los tipos de interés durante el primer trimestre de 2025.
Las empresas españolas encaran 2025 con una confianza significativamente superior a la media europea. En concreto, triplican el promedio de la Unión Europea y casi quintuplican el nivel de optimismo registrado en la zona euro. Este positivismo se debe, en gran medida, a las favorables perspectivas sobre las exportaciones y las ventas nacionales. Así lo revela la 32ª edición de la Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Eurocámaras. El estudio se basa en las opiniones de 1.765 empresas españolas dentro de un total de 42.000 participantes en toda Europa.
El índice de confianza de las empresas españolas respecto a la evolución de su negocio en 2025 muestra un saldo positivo de 15,4 puntos, muy por encima del 4,1 de la media europea y del 2,9 de la zona euro. Este optimismo encuentra su mayor respaldo en las exportaciones, con un saldo positivo de 36,8 puntos frente al 6,2 promedio de la UE, y en las ventas nacionales, que alcanzan un saldo de 20,1, muy superior al 8,9 registrado por las empresas europeas. También se muestra confianza en el empleo y la inversión, aunque en estos ámbitos el optimismo es más moderado.
Estos resultados coinciden con las proyecciones macroeconómicas, que han sido revisadas al alza por diversos organismos y servicios de análisis. Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB español registró un crecimiento anual del 3,3% en el tercer trimestre de 2024, tras un incremento del 0,8% en comparación con el trimestre anterior.
No obstante, las empresas también identifican desafíos importantes para 2025. Casi tres de cada cuatro (72,6%) consideran que los costes laborales serán el principal obstáculo para su actividad, lo que supone un aumento de seis puntos respecto a 2024. Asimismo, el 48% señala la falta de personal cualificado como un problema creciente, nuevamente con un incremento de seis puntos en comparación con el año anterior. También preocupan las cargas administrativas y el aumento de los precios de la energía y las materias primas.
Por otro lado, las empresas más optimistas de Europa se encuentran en Portugal, con un saldo de expectativas positivo de 47 puntos, seguidas por las de Turquía y Montenegro, con 45 y 38 puntos, respectivamente. En contraste, las menos optimistas son las empresas de Austria, Alemania y Serbia, que registran saldos negativos de -15,6, -10,3 y -8,8 puntos, respectivamente.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, inauguró ayer las comparecencias públicas del Gobierno en este nuevo año, marcado por numerosos desafíos e incertidumbres. Por segundo año consecutivo, España arranca con unos Presupuestos prorrogados y sin los apoyos parlamentarios necesarios para garantizar la estabilidad legislativa ni sacar adelante iniciativas clave del Ejecutivo, como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial.
En este contexto de incertidumbre, Cuerpo destacó la fortaleza y resiliencia de la economía española, en contraste con el lento avance de la eurozona. Durante una entrevista en la Cadena Ser, anticipó que el Gobierno actualizará las previsiones macroeconómicas a finales de enero, una vez que el INE confirme que el PIB de 2024 creció por encima del 3%. "Hemos alcanzado un crecimiento del 3,1% o 3,2%, dependiendo del impacto final de la DANA, lo que nos deja un arrastre de 1,2 puntos para 2025, asegurando un crecimiento robusto para el nuevo año". Según el ministro, la economía española crecerá en 2025 por encima del 2,4% previsto inicialmente por el Ejecutivo.
Este ajuste al alza alinea las estimaciones del Gobierno con las del Banco de España, que en diciembre revisó al 2,5% su pronóstico de crecimiento para 2025. Sin embargo, sigue siendo una visión más optimista que la de organismos internacionales como la OCDE o la Comisión Europea, que sitúan el crecimiento esperado en el 2,3%. Aunque el avance económico seguirá siendo sólido, casi el doble que el de la eurozona, la tendencia muestra una desaceleración gradual hacia niveles más acordes con el potencial de crecimiento de la economía española, tal como ha señalado el Banco de España.
"España aporta el 40% del crecimiento de la zona euro y está generando empleo a un ritmo comparable al de Francia y Alemania juntos. Este crecimiento es equilibrado y sostenible, lo que nos permite lograr objetivos antes inalcanzables", afirmó el ministro. No obstante, reconoció la importancia de trasladar estas cifras positivas a la percepción de empresas y familias, afectadas por la inflación, el encarecimiento de la financiación y el aumento de impuestos y cotizaciones sociales, que han incrementado los costes laborales en el sector productivo. Por ello, uno de los grandes objetivos del Ministerio de Economía para 2025 será "hacer que estas buenas noticias lleguen al día a día de los ciudadanos y que se sientan orgullosos de la evolución de la economía española".
Aunque Cuerpo considera viable mantener un crecimiento sostenible en 2025 con Presupuestos prorrogados, como sucedió en 2024, subrayó la necesidad de aprobar unas nuevas cuentas públicas. "Es la manera de traducir en recursos económicos los grandes objetivos de nuestra política económica", afirmó, comprometiéndose, al igual que el presidente Pedro Sánchez, a "sudar la camiseta" para alcanzar un acuerdo presupuestario.
El ministro también abordó temas como la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral, una propuesta que ha generado tensiones con la patronal y carece aún de los apoyos parlamentarios necesarios. Cuerpo respaldó la continuidad del SMI en el 60% del salario medio, argumentando que refleja la evolución positiva de la economía. Sin embargo, mostró mayor cautela respecto a la reducción de la jornada laboral, defendiendo un enfoque equilibrado y sostenible que tenga en cuenta el peso de las pymes en el tejido económico del país.
En relación a esta medida, llamó a trabajar en un "plan de acompañamiento" que permita a las empresas adaptarse al cambio de manera gradual y sostenible. Frente a las prisas expresadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el titular de Economía insistió en la necesidad de diseñar una propuesta "ambiciosa en sus objetivos, pero equilibrada en su implementación, para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo".
El Gobierno avanza en la regulación del mercado de alquileres de corta duración con la entrada en vigor, este 2 de enero, del registro único de arrendamientos. Esta iniciativa, prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos como una alternativa al alquiler de vivienda habitual, busca controlar un sector impulsado por plataformas digitales de alquiler vacacional y de temporada. Aunque la medida estará plenamente operativa a partir del 1 de julio de 2025, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en cumplir con la directiva comunitaria que exige un reglamento específico para este tipo de alojamientos. Con ello, se adelanta al plazo establecido por Bruselas, que fijó como fecha límite el verano de 2026.
El registro único estará acompañado por una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un sistema que conectará a plataformas como Airbnb o Booking con la Administración. Todas las propiedades destinadas a este tipo de alquiler deberán obtener un número de identificación que garantice su cumplimiento normativo. Esta medida busca eliminar del mercado las propiedades que operan sin las licencias necesarias y combatir el aumento de precios en ciudades como Barcelona y Madrid, donde este tipo de arrendamientos afecta negativamente la accesibilidad al alquiler residencial.
El impacto es especialmente significativo en los alquileres de temporada, una categoría que, según el Gobierno y diversos analistas, ha servido para evadir las normas del arrendamiento habitual. Por ejemplo, en Barcelona, donde existen controles de precios en el parque residencial, el alquiler temporal se ha utilizado para esquivar estas restricciones. Con las nuevas reglas, será obligatorio justificar el motivo del contrato temporal, limitándolo a situaciones como traslados laborales, alojamiento de estudiantes o tratamientos médicos.
La normativa también afecta los alquileres de habitaciones y otras propiedades, incluidas embarcaciones u otros bienes que se alquilen por corta duración con fines remunerados, siempre que sean gestionados a través de plataformas digitales. Los arrendadores deberán obtener un número de registro, aportar y mantener actualizada la información requerida, y comunicar dicho número a las plataformas digitales para incluirlo en los anuncios.
El trámite para obtener el número de registro se realizará de forma online, a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores, o presencialmente en el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles correspondiente. La solicitud deberá incluir información como la ubicación del inmueble, el código registral único de la finca, la referencia catastral o, en el caso de embarcaciones, los datos del propietario. También deberá especificarse si el arrendamiento cubre la totalidad del inmueble o solo una parte, y el número máximo de inquilinos permitidos.
Los arrendadores estarán obligados a renovar su inscripción anualmente y a presentar un informe con los datos de actividad del año. Este mecanismo busca garantizar la actualización de la información y un mayor control del mercado. Aunque aún no se ha definido un régimen sancionador específico, las infracciones se regirán por las normativas estatales, autonómicas y locales vigentes hasta que se aprueben sanciones propias.
La medida también impone obligaciones a las plataformas digitales, que deberán garantizar que todos los anuncios incluyan el número de registro correspondiente y retirar en un plazo máximo de 48 horas aquellos que no lo tengan o que incumplan los requisitos legales. Además, deberán realizar revisiones periódicas y enviar a la Ventanilla Única Digital un informe mensual detallado sobre la actividad de las propiedades anunciadas.
El Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha destacado que el periodo transitorio entre enero y julio permitirá a empresas y administraciones adaptarse progresivamente a la nueva normativa. Durante estos seis meses, se evaluará la funcionalidad del sistema para garantizar su pleno funcionamiento antes del inicio de la temporada alta del turismo en verano, un periodo crítico para el mercado de alquileres vacacionales. Asimismo, este enfoque transitorio busca minimizar el impacto de la medida en campañas clave como la Semana Santa, de gran relevancia para el sector turístico.
El Gobierno, que en múltiples ocasiones ha enfrentado expedientes de Bruselas por retrasos en la transposición de normativas comunitarias, se convertirá ahora en el primer país de la Unión Europea en implementar un registro único para alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones y cualquier otra modalidad de alojamiento de corta duración. Este registro comenzará a regir el próximo jueves 2 de enero, aunque su aplicación efectiva será a partir de julio, dando así un margen a empresas y propietarios para adaptarse a la nueva normativa. La finalidad es controlar la proliferación de pisos turísticos ilegales y aumentar la supervisión sobre la oferta existente.
Aunque el Ejecutivo disponía de plazo hasta mediados de 2026 para adoptar esta medida, ha decidido adelantar su implementación para abordar cuanto antes un fenómeno estrechamente relacionado con la crisis de vivienda en España. Este tipo de alquileres, al ser más rentables, reduce la oferta disponible para arrendamientos residenciales y contribuye a la subida de precios.
A partir del 1 de julio, los arrendadores deberán obtener un número de registro para poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas digitales. Sin este identificador, no podrán destinar sus propiedades a usos turísticos. Además, los propietarios estarán obligados a proporcionar la información requerida, actualizarla cuando haya cambios y notificar a las plataformas el número de registro asignado por el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles.
Por su parte, las plataformas que gestionan alquileres turísticos, vacacionales o de corta estancia deberán garantizar que los arrendadores incluyan este número en sus anuncios, que sea visible en las publicaciones y efectuar verificaciones aleatorias y periódicas. Asimismo, deberán informar de los resultados de estas comprobaciones si son negativos.
Además, tendrán la obligación de recopilar y transmitir mensualmente datos de actividad de cada unidad, incluyendo el número de registro, la dirección y las URLs de los anuncios mediante un sistema de comunicación automatizada. También contarán con un plazo de 48 horas para cumplir resoluciones administrativas que exijan eliminar o deshabilitar anuncios relacionados con números de registro suspendidos o retirados. El permiso para ofrecer alquileres de corta estancia deberá renovarse anualmente mediante un modelo informativo para cada categoría de arrendamiento.
Este registro, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 mediante un real decreto ley el pasado 23 de diciembre, no será la única medida en materia de vivienda que entrará en vigor en 2025. Desde este miércoles 1 de enero, comenzará a aplicarse un nuevo índice para actualizar los contratos de alquiler anualmente. Recogido en la Ley de Vivienda, este índice buscará, mediante una fórmula que se actualizará de manera constante, que las subidas de los arrendamientos se mantengan por debajo del IPC a medio plazo.
El alza descontrolada de los precios ha perdido intensidad, pero la tendencia sigue siendo ascendente. El índice de precios al consumo (IPC) cerró el año con un aumento del 2,8% en diciembre, cuatro décimas por encima del dato de noviembre, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes, según los datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este incremento, la cifra es significativamente inferior a la media anual de 2024, que se situó en el 3,6%.
El comportamiento del IPC durante este año refleja tanto las oscilaciones de origen, como el precio de las materias primas, las turbulencias internacionales y las decisiones políticas internas. En los últimos meses, la retirada gradual de medidas diseñadas para mitigar la inflación, como aquellas dirigidas a reducir el coste de los alimentos y la electricidad, ha tenido un impacto notable. Este contexto explica el repunte de cuatro décimas frente al 2,4% registrado en noviembre, aunque sigue por debajo del 3,4% alcanzado en enero de 2024 y del pico máximo del 3,6% en mayo.
La inflación subyacente, que excluye elementos más volátiles como energía y alimentos frescos y ofrece una visión más estructural, se situó en el 2,6% en diciembre, dos décimas por encima del mes anterior, pero por debajo del 3,8% registrado al cierre de 2023. Según el Ministerio de Economía, "la inflación, tanto general como subyacente, ha mostrado una reducción constante a lo largo del año". Este resultado, señalan, refleja la eficacia de las políticas económicas implementadas, que han logrado combinar un alto crecimiento económico en la zona euro con una reducción progresiva de la inflación.
Diciembre marca el tercer mes consecutivo de aumento en el IPC, tras el mínimo anual del 1,5% registrado en septiembre. Economía atribuye el incremento de diciembre al "efecto base de los carburantes", que este año cerraron con precios al alza, a diferencia del descenso registrado en el mismo periodo del año anterior, aunque entonces los precios eran más elevados. También influyeron, aunque en menor medida, los precios del ocio y la cultura, que subieron más que en diciembre de 2023, según el INE.
Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, calificó los datos de diciembre como "no muy positivos", aunque aclaró que no sugieren un proceso de reinflación. Torres explicó que "la última etapa de la desinflación es siempre la más difícil" y señaló factores complicantes, como la depreciación del euro frente al dólar, que encarece las importaciones, y la resistencia de los precios de los servicios, que siguen creciendo por encima de los bienes industriales no energéticos.
El economista destacó que, si bien el incremento de cuatro décimas supera las medias recientes y los niveles de diciembre de 2023, la evolución de los carburantes podría ser circunstancial, aunque también está influenciada por la debilidad del euro frente al dólar, un factor que podría persistir. "En términos de energía, las noticias positivas de hace unos meses se han disipado", añadió.
Analizando los datos acumulados hasta noviembre, los últimos disponibles, tanto los costes energéticos como los de la cesta de la compra han mostrado aumentos, aunque menos pronunciados que en años anteriores. Los alimentos, por ejemplo, moderaron su encarecimiento en comparación con 2022 y 2023, cuando las subidas acumuladas fueron del 15% y el 7%, respectivamente. Esto llevó a implementar reducciones temporales del IVA en productos básicos como pan, leche y huevos, que desaparecerán completamente en enero, lo que se traducirá en una cesta de la compra más cara en 2025.
En cuanto a los gastos relacionados con la vivienda, que incluyen suministros energéticos, también registraron incrementos hasta noviembre. A partir de enero, las medidas destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento de estos gastos dejarán de estar vigentes, lo que podría suponer una presión adicional para los consumidores.
El ahorro de las familias aumentó en el tercer trimestre del año, alcanzando el 7,1% de su renta disponible bruta, lo que supone un incremento de 1,6 puntos respecto al mismo periodo de 2023 y superando su promedio histórico, que se sitúa ligeramente por debajo del 7%. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus últimos datos sobre las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales, publicados este lunes. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro del sector creció 1,1 puntos frente al trimestre anterior, situándose en el 14,2%, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021, cuando el consumo aún estaba contenido por los efectos de la pandemia.
Este incremento en el ahorro está relacionado con varios factores, entre ellos, la moderación en el aumento de los precios y la fortaleza del mercado laboral, que ha mostrado avances en términos de creación de empleo y aumentos salariales. Estas condiciones han contribuido a recuperar parte del ahorro que se redujo significativamente en 2022 debido al fuerte impacto de la inflación, que disminuyó el poder adquisitivo de los hogares.
En diciembre de 2024, la inflación se situó en el 2,8%, lo que dejó una media anual cercana al 2,5%, un nivel mucho más bajo que el 3,6% registrado el año anterior, según los datos preliminares del INE. Este descenso en el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha favorecido cambios en la política monetaria, con reducciones en los tipos de interés que han aliviado la carga de las hipotecas y el endeudamiento. Paralelamente, el mercado laboral alcanzó máximos históricos en afiliación, con 21,3 millones de trabajadores, y los niveles de desempleo más bajos desde 2007. Además, los aumentos salariales pactados en convenios colectivos han seguido de cerca el ritmo de la inflación, y se prevé que los salarios sigan creciendo en 2025. Otro factor que podría influir es el crecimiento del número de pensionistas, quienes suelen tener una menor propensión al consumo.
Este conjunto de elementos también ha impulsado un aumento en la renta disponible bruta de los hogares, que creció un 8,2% en el tercer trimestre de 2024, según el INE. El gasto en consumo final también subió, aunque a un ritmo menor, del 6,6%, lo que ha contribuido al avance del Producto Interno Bruto (PIB).
Al cierre de septiembre, la renta bruta de las familias ascendió a 237.811 millones de euros, frente a los 219.792 millones del mismo periodo del año anterior. El ahorro bruto aumentó de 11.965 millones en el tercer trimestre de 2023 a 16.997 millones en 2024, un incremento del 42%, ya que las familias gastaron menos de lo que ingresaron. El consumo final creció de 207.465 millones a 221.243 millones, mientras que su capacidad de financiación, es decir, el saldo positivo, fue de 398 millones de euros en el trimestre, en contraste con un déficit de más de 3.000 millones en el mismo periodo de 2023.
A nivel global, considerando hogares, empresas y Administraciones públicas, la renta bruta disponible ascendió a 387.069 millones entre julio y septiembre, con una capacidad de financiación de 19.407 millones, lo que representa un aumento de casi 5.000 millones respecto al mismo periodo de 2023. Esto equivale al 4,9% del PIB, o al 4,2% si se eliminan los efectos de estacionalidad y calendario. En cuanto a las instituciones financieras, su saldo positivo fue de 7.901 millones, aunque inferior al año pasado por una caída en su renta disponible, mientras que las sociedades no financieras alcanzaron 1.790 millones.
El consumo final de las Administraciones públicas también creció en el tercer trimestre, a un ritmo del 6,9% respecto al mismo periodo de 2023. Asimismo, su renta disponible bruta aumentó un 7,3%, y el ahorro bruto llegó a 19.122 millones, un 8,6% más. Sin embargo, la inversión avanzó apenas un 0,1%.
En conjunto, la capacidad de financiación de las Administraciones mejoró hasta los 9.318 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 8.338 millones del año anterior. Sin embargo, ajustando por estacionalidad y calendario, se observó una necesidad de financiación equivalente al 3,5% del PIB, ligeramente superior al 3,2% registrado en el trimestre previo.
Buena noticia para los titulares de hipotecas al cierre de 2024. El euríbor, índice que referencia a alrededor de tres millones de hipotecas en España, cerrará diciembre en torno al 2,435%. Este dato representa una reducción de 1,244 puntos frente al mismo periodo del año anterior y de 1,091 puntos respecto a junio. Esto se traducirá en una notable disminución en las cuotas de los préstamos hipotecarios con revisión anual o semestral que utilicen el dato de diciembre, normalmente actualizadas en febrero. Sin embargo, el ritmo de reducción de las cuotas ha comenzado a moderarse, y se espera que esta tendencia continúe en 2025.
Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 24 años con un interés de euríbor más un punto porcentual de diferencial, la cuota mensual pasará de 867 euros a 765 euros, lo que supone un ahorro de 102 euros al mes y 1.224 euros al año. Para un préstamo de 300.000 euros en las mismas condiciones, la cuota bajará de 1.735 euros a 1.530 euros, con un ahorro mensual de 205 euros y anual de 2.460 euros. En revisiones semestrales, las cuotas de estas hipotecas pasarán de 854 y 1.709 euros a los mencionados 765 y 1.530 euros, respectivamente.
A lo largo de 2024, los hipotecados han experimentado cierto alivio económico, aunque este llega tras el impacto significativo en sus finanzas de los dos años anteriores debido al drástico endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación. Por ejemplo, la cuota de una hipoteca de 150.000 euros, que era de 552 euros al mes en diciembre de 2021 cuando los tipos estaban al 0%, ahora se sitúa, incluso tras esta reducción, en 765 euros, un 38,5% más cara.
Actualmente, el 63% de las hipotecas en España son a tipo variable, de las cuales el 62% se revisa anualmente y el 30% semestralmente, tomando como referencia el euríbor. Las cuotas disminuyen cuando el índice de referencia es inferior al registrado doce o seis meses atrás. Esta situación ha predominado en los últimos meses y es previsible que continúe en 2025, siempre que la inflación se mantenga bajo control y el BCE continúe relajando su política monetaria.
No obstante, las diferencias interanuales e intersemestrales del euríbor están empezando a reducirse, lo que explica la moderación en la bajada de las cuotas hipotecarias. Este índice, que alcanzó un pico del 4,16% en octubre de 2023, ha ido descendiendo desde entonces, pero los niveles actuales comienzan a compararse con cifras anteriores más bajas, reduciendo la diferencia positiva para los hipotecados. Aun así, se prevé que las cuotas sigan disminuyendo en 2025, aunque a un ritmo más moderado, conforme la inflación se acerque al objetivo del BCE y los tipos de interés se estabilicen.
El alivio para los hipotecados ha sido posible gracias a las sucesivas bajadas de los tipos de interés aplicadas por el BCE en junio, septiembre, octubre y diciembre de 2024. Si no hay sorpresas negativas en la evolución de la inflación, se espera que este enfoque continúe en 2025. Sin embargo, el endurecimiento del discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos ha enfriado las expectativas de descenso de los tipos a nivel global, frenando la caída del euríbor en las últimas semanas de 2024.
Según las previsiones de entidades como Bankinter y CaixaBank, el euríbor podría situarse en torno al 2,1% y 2,18%, respectivamente, en diciembre de 2025. De cumplirse estas estimaciones, las cuotas de las hipotecas con revisión anual seguirían disminuyendo hasta finales del próximo año, para estabilizarse probablemente en 2026, cuando la inflación alcance los objetivos del BCE y los tipos de interés encuentren un nivel estable.
El sector financiero lleva años preparándose para aprovechar el auge de las criptomonedas. Después de un extenso proceso de análisis, ajustes legislativos y numerosos debates, entra en vigor en Europa la nueva normativa para los mercados de criptoactivos, conocida como MiCA (Markets in Crypto Assets).
A partir de ahora, el bitcoin y otras criptomonedas pasan a ser activos regulados, lo que significa que estarán sujetos a normas similares a las de otros instrumentos financieros. Estas reglas controlarán aspectos como la emisión, oferta y negociación de estos activos digitales, así como los servicios asociados a ellos. La implementación de MiCA coincide con un momento de máxima expectación en el mundo de las criptomonedas, especialmente tras el reciente hito del bitcoin al superar los 100.000 dólares de valoración.
Esta regulación llega en un contexto de creciente entusiasmo por las criptos, especialmente en Estados Unidos, donde tanto inversores institucionales como particulares han impulsado su adopción. Además, la reciente victoria electoral de Donald Trump en noviembre ha añadido un nuevo impulso al mercado de activos digitales, con declaraciones del mandatario señalando la regulación de las criptomonedas como una de sus prioridades inmediatas.
El objetivo de MiCA es unificar las normativas entre los países de la Unión Europea, evitando un mosaico de reglas nacionales, y garantizar mayor transparencia y protección para los consumidores. Por un lado, regula la emisión de stablecoins y, por otro, los servicios relacionados con los criptoactivos. Esto implica que cualquier proveedor de servicios cripto necesitará la autorización de los reguladores nacionales para operar, custodiar, negociar o transferir estos activos, permitiéndoles luego ofrecer sus servicios en toda la UE.
En España, la supervisión del mercado de criptoactivos estará a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que gestionará la documentación de emisiones y los procesos de autorización de licencias e inscripción de proveedores. Por su parte, el Banco de España se encargará del registro de plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de custodia.
Es importante destacar que las normas de MiCA aplicarán tanto a los servicios regulados bajo esta normativa como a aquellos no emitidos bajo su marco, como el bitcoin, que no cuenta con un emisor formal que pueda ser regulado.
Las entidades autorizadas para operar con criptoactivos deberán cumplir ahora con reglas más estrictas para proteger a los inversores. Esto incluye el registro obligatorio como proveedores de servicios criptos, la implementación de medidas de seguridad comunes y el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales, al igual que el resto del sector financiero.
España ha establecido un período transitorio para la adaptación a MiCA, permitiendo que los proveedores de servicios cripto existentes operen sin necesidad de autorización hasta el 30 de diciembre de 2025. Se espera que la adopción de estas normas, al aportar claridad regulatoria, fomente la entrada de entidades tradicionales al ecosistema cripto, contribuyendo a la madurez del mercado y ofreciendo mayor seguridad a los inversores. MiCA busca garantizar la protección de los usuarios de criptomonedas, estableciendo, por ejemplo, medidas para proteger los activos bajo custodia.
Sin embargo, los supervisores advierten que, pese a estas nuevas reglas, las criptomonedas seguirán siendo activos de alto riesgo y gran volatilidad. Además, la regulación de criptos será más flexible en comparación con la de productos financieros tradicionales, como acciones o fondos de inversión.
Un aspecto clave es que la inversión en criptomonedas no estará cubierta por sistemas de compensación como el Fondo de Garantía de Depósitos en España, que protege a los inversores en casos de fraude o quiebra de entidades financieras. Si un proveedor de servicios de criptoactivos no puede devolver los fondos, los inversores no tendrán ninguna red de seguridad.
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