España está decidida a impulsar la integración del mercado de capitales, aunque eso implique avanzar a diferentes ritmos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, planea plantear esta cuestión a sus homólogos del Eurogrupo durante la reunión que mantendrán este lunes en Luxemburgo. Este proyecto lleva años estancado en la Unión Europea debido a las diferencias entre los Estados miembros, especialmente entre los países grandes y pequeños. Sin embargo, la necesidad de reactivar la economía europea y competir con potencias como China y Estados Unidos ha convertido este asunto en una prioridad, ya que es esencial para fomentar el flujo de financiación privada, como han señalado los informes Draghi y Letta.
Cuerpo expresó sus intenciones en una entrevista con el Financial Times, sumando su apoyo a la propuesta presentada por Francia en abril. No obstante, la iniciativa francesa ha generado desconfianza en varias capitales europeas, no solo en los países más pequeños, ya que se teme que el objetivo de París sea centralizar toda la supervisión de los mercados de capitales en la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), con sede en París.
Una de las principales dificultades que enfrenta Europa para el desarrollo de proyectos empresariales innovadores y con mayor riesgo es la falta de madurez de su mercado de capitales. Actualmente, el 75% de la financiación empresarial proviene de los bancos, que exigen más garantías que los fondos de capital riesgo o los venture capital. Este porcentaje es significativamente menor en Estados Unidos y Reino Unido, lo que explica, en parte, por qué muchas start-ups tecnológicas europeas buscan financiación en estos países.
La Ley de Propiedad Horizontal tenía una redacción ambigua, pero ahora el Tribunal Supremo ha aclarado que sí es posible prohibir la actividad de alquiler turístico en una comunidad de vecinos, estableciendo jurisprudencia. Las comunidades de propietarios que no quieren pisos turísticos están recibiendo buenas noticias, mientras que los dueños de estos inmuebles se enfrentan a nuevos obstáculos. Aunque sentencias previas habían permitido a las comunidades tomar medidas, las dos recientes del Tribunal Supremo han dado un paso más, determinando que una mayoría de tres quintos es suficiente para prohibir esta actividad.
Por primera vez, el alto tribunal ha abordado a fondo el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal, introducido en 2019, que permite a las comunidades de vecinos "limitar o condicionar" el uso turístico de una vivienda con esa mayoría de tres quintos. La ambigüedad del artículo había provocado interpretaciones divergentes: mientras una audiencia provincial dictaminó que esta mayoría permitía prohibir los pisos turísticos, otra consideró que se requería unanimidad. El Supremo ha despejado la duda, apoyando la primera interpretación.
Según un comunicado del Consejo General del Poder Judicial, "la sala interpreta los términos limitar o condicionar conforme al artículo 3.1 del Código Civil", lo que significa que rechaza que la norma sea restrictiva y concluye que limitar puede incluir la prohibición. El tribunal argumenta que la modificación de la ley, introducida en el Real Decreto 7/2019, se justifica en la necesidad de controlar el impacto del alquiler turístico en el acceso a la vivienda.
Esta decisión refuerza el poder de las comunidades de propietarios para limitar los pisos turísticos, que a menudo generan problemas de convivencia. En 2022, el Supremo ya había permitido vetar estos alquileres si los estatutos de la comunidad prohíben actividades económicas. Sin embargo, este fallo no aclaraba del todo el cambio legal, algo que ahora queda resuelto.
El Tribunal Supremo señala que, de no aceptarse la mayoría de tres quintos, el voto en contra del propietario de un piso turístico podría bloquear cualquier acuerdo, lo que había limitado el impacto de la sentencia anterior. Además, la falta de prohibiciones explícitas en los estatutos de las comunidades hacía difícil aplicar la normativa.
Antes de estas sentencias, el Gobierno ya había planteado la posibilidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal para dejar más claro el poder de las comunidades de prohibir los pisos turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la necesidad de "empoderar" a las comunidades, aunque no especificó cómo se modificaría la ley.
El lunes, la ministra celebró en redes sociales esta sentencia, calificándola de "noticia positiva" porque prioriza la vivienda residencial sobre otros usos, en línea con los esfuerzos del Gobierno para enfrentar el problema del acceso a la vivienda.
La obligatoriedad de la cita previa tiene los días contados. Según las previsiones del Govern, en un año debería entrar en vigor una ley que asegure el derecho a recibir atención presencial en cualquier administración pública de Cataluña sin necesidad de solicitar una cita previa. "Si antes de la pandemia era posible atender sin cita previa, ahora también debe serlo", afirmó el conseller de Presidència, Albert Dalmau, al presentar el plan de reforma de la administración pública que el president Salvador Illa le encargó acelerar en los primeros 100 días de gobierno. Se espera que un 14% de los empleados de la Generalitat se jubilen en 2030, lo que ha llevado al ejecutivo a impulsar esta reforma para rejuvenecer el personal, atraer talento y eliminar normativas obsoletas.
Este plan, que será formalmente aprobado en la próxima reunión del Consell Executiu, estará listo para implementarse en 10 meses. Una comisión de expertos, liderada por el catedrático Carles Ramió, se encargará de su contenido e incluirá un plan de choque con medidas de "aplicación urgente", entre las que destaca la eliminación de la cita previa obligatoria. La idea es mejorar la atención presencial, acercar a los ciudadanos a las administraciones y reducir la brecha digital que dificulta el acceso a los trámites en línea para algunos sectores de la población.
El anterior Govern ya había aprobado en julio la eliminación de la cita previa obligatoria, junto con otras medidas destinadas a mejorar la atención. Ahora, el compromiso del ejecutivo de Illa es garantizar este servicio presencial en todas las administraciones, tanto de la Generalitat como en diputaciones y ayuntamientos, además de mejorar el sistema de cita previa para quienes deseen utilizarlo. "Cualquier ciudadano debe poder acceder a los servicios públicos sin necesidad de una cita previa", defendió Dalmau, aclarando que la regulación para poner fin a esta obligatoriedad se incluirá en la ley de medidas fiscales y financieras que acompañará los presupuestos de 2025, actualmente en negociación.
Por el momento, el Govern no planea un incremento en el número de funcionarios, aunque está dispuesto a analizar áreas que presenten "tensiones". Dalmau también señaló la necesidad de dialogar con los empleados públicos sobre su organización laboral, que actualmente permite dos días de teletrabajo, destacando que hay funciones que no pueden realizarse a distancia, como es el caso de los Mossos d'Esquadra o el personal médico. En este sentido, la Generalitat ha detectado carencias de servicio en comisarías y consorcios públicos.
Otra medida que se implementará próximamente es la creación de 2.000 plazas de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes, con el objetivo de incentivar nuevas vocaciones en el sector público. Además, se rediseñará el papel de la Escola d'Administració Pública para facilitar el relevo generacional, dado que 27.000 empleados se jubilarán en los próximos seis años y 77.000 de los 258.000 trabajadores actuales superan los 50 años.
Para atraer talento, la ley que acompañará los presupuestos también incluirá medidas para "profesionalizar" los altos cargos en la Generalitat, lo que significará que los puestos directivos se cubrirán mediante concursos. Dalmau calificó esta medida como "importante y esperada", y añadió que se introducirán nuevos métodos de selección para garantizar que los candidatos estén capacitados para asumir sus responsabilidades.
Estas medidas urgentes se irán implementando en los próximos meses en paralelo al trabajo del grupo de expertos que definirá la estrategia de transformación de la administración y la mejora de los servicios públicos. Como adelantó el conseller en su intervención en el Parlament el 16 de septiembre, habrá 12 grupos de trabajo que abordarán temas como la simplificación normativa, la digitalización completa y la garantía de atención presencial.
El problema parece ser de una magnitud abrumadora. Los elevados costes del alquiler están teniendo graves repercusiones: millones de hogares en España destinan un porcentaje de su renta muy superior al considerado saludable, lo que les deja en una situación económica muy limitada; los jóvenes ven cómo sus posibilidades de independizarse se reducen mes a mes, y las personas con ingresos bajos se ven obligadas a compartir vivienda, ya que la realidad del mercado les impide aspirar a vivir solas.
Muchos de los afectados por el aumento de los precios del alquiler esperan que el mercado les ofrezca algún alivio. Aunque ha habido una leve disminución durante el verano, el panorama sigue siendo preocupante: según datos de Idealista, a finales de septiembre, el precio del alquiler en España era un 10,2% más alto que un año antes.
El precio medio en septiembre fue de 13 euros por metro cuadrado, ligeramente por debajo del récord de 13,4 euros alcanzado en junio, pero significativamente más alto que los 11,8 euros de septiembre del año pasado. A pesar de esta leve pausa en la media nacional, ciudades como Barcelona (22,4 euros/m²), Madrid (20,4 euros/m²), San Sebastián (18,1 euros/m²) y Valencia (14,3 euros/m²) registraron precios récord en septiembre, lo cual es especialmente relevante debido a su densidad demográfica.
Si lo vemos de forma más gráfica: hace un año, alquilar un piso de 80 metros cuadrados costaba 944 euros, mientras que hoy el mismo tipo de vivienda cuesta 1.040 euros, lo que representa un aumento anual de 1.150 euros. En un país donde la renta media de los hogares en 2022 fue de 34.821 euros, muchos ya superan con creces el umbral del 30% de esfuerzo económico que se considera asequible para el alquiler.
En 17 capitales de provincia, al igual que en la media nacional, los precios del alquiler crecieron a doble dígito a cierre de septiembre. Palma de Mallorca encabeza la lista con un aumento del 18,9% anual, seguida de Ávila (16%), Madrid (15,7%), Valencia (15,4%) y A Coruña (14,8%). Algunas de las ciudades más caras del país son también las que más incrementos han experimentado, lo que agrava la situación de precariedad en el acceso a la vivienda. Las razones detrás de estos aumentos son conocidas: una demanda que la oferta no puede satisfacer, sobre todo en grandes ciudades y áreas turísticas, lo que genera una presión que difícilmente se aliviará en el corto plazo.
La escasez de oferta responde a múltiples factores, siendo el principal la falta de construcción de viviendas tras la crisis de 2008. Además, según los expertos, las políticas de vivienda del gobierno, que incluyen medidas como la limitación de precios en los contratos de alquiler, desincentivan a los propietarios a ofrecer sus inmuebles en el mercado de alquiler residencial. Esto ha llevado a muchos propietarios a optar por alternativas más rentables, como el alquiler turístico o temporal, contribuyendo a la reducción de la oferta de vivienda habitual.
Sin embargo, el alquiler turístico no es siempre tan lucrativo como parece. Un informe de Alquiler Seguro señala que, aunque los ingresos pueden ser mayores, también lo son los gastos, y las ventajas fiscales son menores que en el alquiler residencial. En el otro extremo, incluso los aumentos más moderados del precio del alquiler superan ampliamente la inflación de septiembre, que fue del 1,5%. Por ejemplo, en Lleida el alquiler subió un 3,8%, en Tarragona un 4,5%, en Cádiz un 4,6%, y en Jaén y Córdoba un 5,3%. En general, los mayores incrementos se concentran en la costa mediterránea y en grandes ciudades como Madrid.
Así lo revela la monografía "España ante los impactos recientes sobre las cadenas de valor globales y la integración comercial internacional" de la Fundación BBVA. El estudio señala que "la fuerte concentración regional de los intercambios -España destina el 67% de sus exportaciones manufactureras a Europa occidental- ha restringido la expansión de su red comercial hacia otras economías", en un contexto donde la Unión Europea representa solo el 20% de la economía global.
El análisis, realizado por investigadores de la Universidad de Valencia y el Ivie, liderados por los profesores Francisco Pérez e Iván Arribas, destaca que el peso de las exportaciones en el PIB español ha pasado del 26% en 2008 al 39% en 2023, como consecuencia de la Gran Recesión. Sin embargo, el crecimiento medio en la Unión Europea fue mayor, alcanzando un 56%. En el caso de España, el incremento fue de 13 puntos porcentuales, en comparación con el 11,7% de la media europea.
El informe también resalta que, mientras España muestra una limitada ampliación de sus redes comerciales con otras economías, países como las economías asiáticas han experimentado una expansión muy dinámica en las últimas décadas. Estas naciones son altamente competitivas en términos de precio y tienen una creciente capacidad de producción de bienes intermedios y finales. Además, el estudio indica que la baja especialización de España en actividades de alto valor añadido y su dependencia de las importaciones restringen la capacidad de las exportaciones para generar ingresos nacionales.
En 2020, el 75% del valor de las exportaciones españolas correspondía a valor añadido doméstico, una cifra inferior al 77,4% de las economías avanzadas de Europa y muy por debajo del 92% de Estados Unidos. Esto significa que una parte significativa del valor de las exportaciones españolas proviene de bienes intermedios importados, lo que beneficia a la producción extranjera. "Parte de las ventas exteriores requiere la compra de materias primas y productos intermedios del extranjero", subraya el estudio.
Por sectores, las exportaciones de servicios administrativos presentaban un mayor contenido de valor añadido doméstico (90,6%), frente a las de equipos de transporte (59,7%). Además, solo el 25,7% del empleo generado por las exportaciones manufactureras es altamente cualificado, en comparación con el 34,9% en la Unión Europea. En los servicios, este porcentaje alcanza el 27,8%, también por debajo del de otros países avanzados.
La limitada presencia de España en mercados lejanos, pero en rápido crecimiento, su escasa especialización en sectores de alto valor añadido y su dependencia de las importaciones siguen restringiendo el potencial de generación de renta a partir de las exportaciones, concluyen los investigadores. En 2020, el 25% del valor de las exportaciones españolas era de origen importado, alcanzando el 34,8% en el caso de las manufacturas, en contraste con solo el 11,5% en los servicios. Ante la nueva fase de la globalización, los países más desarrollados han comenzado a externalizar tareas a naciones con mano de obra más barata y menos cualificada. En cuanto a la concentración regional de las exportaciones, el estudio apunta que esta tendencia está disminuyendo gradualmente en otros países europeos.
Respecto a los impactos de la covid-19 y la guerra de Ucrania en 2022, el informe señala que, a diferencia de la Gran Recesión, cuyos efectos sobre el comercio internacional fueron duraderos, la pandemia tuvo un impacto temporal. Tras el periodo de "hibernación" económica, el proceso de integración mundial se reanudó, impulsado por los servicios. En 2020, tanto el grado de apertura como el de conexión disminuyeron debido a la alteración de las cadenas de suministro globales, lo que llevó a las economías a buscar fuentes más cercanas. Sin embargo, las redes comerciales internacionales demostraron una gran resiliencia, permitiendo que en 2021 ambos indicadores volvieran a los niveles previos a la pandemia.
Durante la pandemia y el periodo posterior, España incrementó su grado de apertura, especialmente en el sector de productos metálicos, y mejoró ligeramente su grado de conexión, destacando en el ámbito agroalimentario. En general, los países más resilientes durante la pandemia fueron aquellos con una mayor concentración geográfica y sectorial de sus exportaciones, centradas principalmente en bienes intermedios.
Por otro lado, la guerra en Ucrania ha provocado efectos más duraderos, orientando los flujos comerciales en lugar de reducir los niveles de apertura y conexión. El impacto ha variado entre las economías, siendo más notable en las involucradas directamente en el conflicto. Rusia ha redirigido sus exportaciones hacia Asia y América del Sur sin afectar considerablemente su apertura comercial, mientras que Ucrania ha visto una mayor reducción en su grado de apertura y conexión, al enfocar sus exportaciones en Europa en detrimento del mercado asiático.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves que el Ejecutivo destinará 4.500 millones de euros en subvenciones y cerca de 50.000 millones de euros en préstamos y otros instrumentos financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.
"Nunca antes se habían movilizado tantos recursos económicos para modernizar nuestro tejido productivo. Tenemos una gran responsabilidad, pero también una enorme oportunidad", subrayó Sánchez durante su intervención en el evento 'Transformando las Pymes con el Plan de Recuperación', organizado en la Escuela de Organización Industrial (EOI).
De los fondos anunciados, 1.380 millones de euros corresponden a subvenciones de Red.es, 3.000 millones a subvenciones de los Perte, 630 millones a las garantías de la Compañía Española de Refianzamiento (Cersa), 2.400 millones del Fondo de Impacto Social y el Fondo de Coinversión de Cofides, más de 30.000 millones a las líneas ICO verde e ICO para empresas y emprendedores, y 16.400 millones de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), que gestionará el Mecanismo del Perte Chip, el Fondo Next Tech y la línea Audiovisual Hub.
Sánchez destacó que más de un tercio del Plan de Recuperación ya se ha dirigido a las pymes. "Dos de cada cinco euros de las convocatorias resueltas del Plan van directamente a las pymes. Una de cada cinco pymes ya ha sido beneficiaria directa del Plan de Recuperación, lo que representa a más de medio millón de empresas", afirmó el presidente.
De los 42.612 millones de euros que se han ejecutado del Plan de Recuperación por las distintas administraciones, más de 16.800 millones (el 39,5%) han beneficiado directamente a las pymes. Hasta ahora, 528.800 pequeñas y medianas empresas han recibido financiación a través de diferentes programas del Plan. "Las pymes son la columna vertebral de nuestro tejido productivo, las células madre que garantizan la vitalidad de todo el organismo económico de España", destacó Sánchez.
En la apertura del evento también participó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien resaltó el impacto del Plan de Recuperación en la economía y en la transformación de las pymes. "En nuestro Ministerio, las pymes son una parte esencial de todo lo que hacemos", señaló Hereu, mencionando iniciativas como la creación del Observatorio contra la Morosidad Privada y el desarrollo de los diferentes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte).
El ministro agradeció a las pymes "todo lo que hacen por este país" y aseguró que el Gobierno seguirá trabajando de la mano con ellas para fortalecer aún más este sector tan importante para la economía española.
España no ha revelado su postura definitiva de cara a la votación clave de este viernes en Bruselas sobre el futuro de los aranceles a los coches eléctricos chinos. Sin embargo, ha dejado claro a la Comisión Europea su intención de mantener abiertas las negociaciones con China y evitar una guerra comercial a toda costa. Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una carta enviada al vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En ella, el ministro subraya que es necesario "mantener abiertas las negociaciones y agotar todas las vías para encontrar una solución de compromiso", sin adelantar el sentido del voto.
La misiva sugiere posibles puntos de acuerdo, como la "reducción del impacto negativo de los subsidios", refiriéndose a la acusación de la Comisión Europea tras un año de investigación, en la que concluyó que los vehículos eléctricos chinos se benefician de una ventaja competitiva ilícita debido a las masivas ayudas que reciben. Además, España insta a que parte de la producción de baterías se traslade a Europa. En este contexto, se destaca que en España ya se está instalando una fábrica de coches chinos en las antiguas instalaciones de Nissan, así como un proyecto de baterías de litio en Extremadura.
Con esta carta, adelantada por Reuters, España matiza su postura respecto a la que tomó en julio, cuando apoyó la propuesta provisional de la Comisión de imponer aranceles adicionales, que oscilan entre el 17,4% y el 37,6%. Además, aclara de alguna manera las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien durante un viaje a China sugirió que la UE debería "reconsiderar" su decisión sobre los aranceles. Asimismo, la carta está en línea con la reunión reciente entre Dombrovskis y el ministro de Comercio chino, donde se acordó mantener las negociaciones abiertas más allá de la votación.
La posición española se alinea con la de Alemania, que ha insistido en evitar una guerra comercial y mantener las negociaciones con China, un país donde las principales empresas automovilísticas alemanas tienen grandes inversiones y temen posibles represalias si los aranceles adicionales se hacen permanentes durante al menos cinco años.
Este viernes se llevará a cabo la votación en la que la Comisión Europea se juega parte de su credibilidad en la política comercial de la Unión Europea. El resultado será un importante indicador sobre la política comercial y exterior del bloque comunitario, en un momento en el que la UE busca fortalecer su competitividad industrial frente a Washington y Pekín. La investigación sobre los coches eléctricos chinos se ha convertido en un símbolo de la postura europea ante China, a la que la UE considera simultáneamente un rival, socio y competidor en los ámbitos geopolítico y comercial. El enfoque hacia China sigue siendo uno de los temas más divisivos entre los Estados miembros.
Hace un año, la Comisión Europea inició una investigación sobre los coches eléctricos chinos ante la sospecha de que las ayudas de Pekín violaban las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Nueve meses después, se propusieron aranceles compensatorios de entre el 17,4% y el 37,6%, que se sumarían al 10% que ya se aplicaba. Esta medida fue votada de manera consultiva en julio y agosto, y España apoyó la propuesta en ese momento.
La reacción de China ha sido contundente. Pekín ha iniciado investigaciones sobre productos agroalimentarios europeos, afectando directamente a España en el caso de la carne de cerdo, y también a productos lácteos y el brandy. Esta medida busca presionar a los Estados miembros para que suavicen la postura de la Comisión Europea o bloqueen la imposición de los aranceles.
No será fácil para los países oponerse a la decisión de la Comisión, ya que se requiere una mayoría cualificada que represente al 55% de los Estados miembros y al menos el 65% de la población de la UE. Sin embargo, si la mitad más uno de los países votan en contra, Bruselas tendría que reformular su propuesta, lo que podría incluir la posibilidad de mantener las negociaciones con China a pesar de la aprobación de los aranceles.
Es probable que la propuesta de la Comisión se apruebe, como lo ha señalado esta semana el embajador alemán ante las instituciones europeas, Michael Clauss, aunque en el Gobierno alemán existen voces que defienden votar en contra, como el ministro de Finanzas, Christian Lindner. Si esta postura prevalece, Alemania podría unirse a Hungría, uno de los pocos países que ha declarado su intención de votar contra los aranceles a los coches eléctricos chinos.
El Gobierno pondrá fin el 31 de diciembre a las bonificaciones estatales para el transporte público, que se implementaron en 2022 debido a la guerra en Ucrania. Fuentes del Ejecutivo han confirmado a elEconomista.es que no se prorrogarán estas ayudas de manera general para toda la población. No obstante, dos grupos específicos, los jóvenes y los jubilados, seguirán disfrutando de descuentos e incluso de la gratuidad en algunos casos para el uso del transporte público.
Moncloa garantizará este beneficio a través de los próximos Presupuestos del Estado o, en caso de que no se aprueben, mediante un real decreto ley. El 27 de diciembre pasado, el presidente Pedro Sánchez extendió estas ayudas, que incluyen descuentos de al menos el 50% en abonos y títulos multiviaje, abonos gratuitos de Renfe y rebajas del 50% en los servicios ferroviarios Avant para usuarios habituales. Sin embargo, el contexto actual es diferente.
El Ejecutivo considera que mantener la medida más allá de diciembre es insostenible económicamente, con un coste acumulado de 2.000 millones de euros desde 2022. Esto coincide con la necesidad de controlar el gasto público conforme a las directrices europeas, en un momento en que Bruselas lleva tiempo pidiendo a España que retire los estímulos aprobados para enfrentar la crisis de precios. La justificación para eliminar estas ayudas radica en la disminución de la inflación en los últimos meses, lo que ha llevado a la supresión de otras medidas anticrisis, como la reducción del IVA en alimentos. Según datos preliminares del INE, el IPC bajó al 1,5% en septiembre.
El Gobierno pretende reformular la norma para enfocarla en menores de 30 años y pensionistas, destinando una partida en los Presupuestos de 2025, los cuales ya está negociando con Sumar. Sin embargo, el equipo de Yolanda Díaz aboga por extender las ayudas en su totalidad, una postura que no comparten María Jesús Montero y Óscar Puente. De hecho, el ministro de Transportes ha manifestado públicamente su preferencia por poner fin a la gratuidad de los abonos, a los que culpa, en parte, del aumento del tráfico ferroviario y del colapso de algunas estaciones principales.
Si Sánchez no consigue los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos, tiene un plan alternativo: aprobar la medida mediante un real decreto ley, esperando contar con el respaldo de la mayoría parlamentaria. Este ajuste, según el Gobierno, responde a las recomendaciones de diversos organismos y entidades de análisis, que han aconsejado redirigir las ayudas hacia los colectivos más vulnerables en lugar de mantenerlas de forma universal.
Se espera que Puente anuncie pronto la prórroga parcial de los descuentos. Las comunidades autónomas han estado presionando al ministro para que aclare el futuro de estas ayudas, ya que el coste total de los descuentos se divide entre el Estado (30%) y las autonomías (20%). Las regiones necesitan conocer los detalles para ajustar sus presupuestos de acuerdo con las modificaciones previstas.
Una de las últimas regiones en solicitar una aclaración ha sido la Comunidad de Madrid. "Estamos en octubre y el ministro aún no ha comunicado a las comunidades, que son las responsables del transporte, qué va a hacer, si mantendrá o eliminará las ayudas", afirmó el consejero de Transportes, Miguel Ángel García, el miércoles. La Generalitat Valenciana también ha pedido explicaciones al ministro Puente sobre qué sucederá cuando expire la prórroga de estas ayudas. Vicente Martínez Mus, responsable de Transportes de la Generalitat, ha solicitado por carta al Estado que confirme si seguirá financiando el 30% del coste de los billetes.
Varias regiones tomarán una decisión sobre si mantener o no su parte de la bonificación más allá de 2024, una vez que el Gobierno central aclare sus intenciones. La extensión de la medida para jóvenes y jubilados tendrá un impacto presupuestario menor tanto para el Gobierno central como para los gobiernos autonómicos.
De sanciones a incentivos. El Ministerio de Vivienda, durante la Conferencia Sectorial con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, ha suavizado su postura y ha prometido recompensar a aquellas regiones que implementen las mejores políticas en materia de vivienda. Este giro marca un cambio respecto a lo que Isabel Rodríguez anunció el pasado jueves, cuando afirmó que la concesión de ayudas del próximo plan estatal estaría condicionada al cumplimiento de la ley de vivienda.
Dicha ley contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas declaren zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, una medida que va en contra de la posición del Partido Popular. La negativa de algunas comunidades a aplicar esta normativa, reconocida en la legislación, llevó a Rodríguez a tildar a regiones como la Comunidad de Madrid de "insumisas". Tras esas declaraciones, en la reunión de hoy, todos los consejeros del PP exigieron una rectificación por parte de la ministra, aunque ésta no se ha producido.
Lo que sí ha habido, según los consejeros populares, es un cambio en el enfoque. "Hoy no ha hablado de sanciones para las comunidades que no declaren zonas tensionadas, sino de recompensas para las que lo hagan", comentó Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad de Madrid, al finalizar la reunión. Previo al encuentro, las once comunidades gobernadas por el PP emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron las palabras de Rodríguez como "amenazas" y "chantajes".
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Vivienda, a pesar del tono tenso de la reunión, todas las comunidades votaron unánimemente a favor de los tres puntos del orden del día de la Conferencia Sectorial. El tema que más controversia generó fue la distribución de 200 millones de euros del bono joven para el alquiler. Las comunidades del PP solicitaron modificaciones para agilizar su tramitación y simplificar el proceso. No obstante, Rocío Díaz, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, al igual que su homólogo de Madrid, criticó que el ministerio no atendió sus sugerencias para eliminar obstáculos burocráticos innecesarios desde el inicio.
Otro de los temas abordados fue la puesta en marcha del próximo Plan Estatal de Vivienda, que deberá diseñarse en los próximos meses. Isabel Rodríguez declaró antes del encuentro que se tratará de "un cambio de paradigma", con el objetivo de "resolver el problema de la vivienda en España". Para ello, aseguró que se destinarán todos los recursos disponibles para la construcción de un parque de vivienda pública. Las comunidades han instado al ministerio a convocar nuevas reuniones para lograr un consenso en torno al plan.
Por último, se discutió la actualización de las cifras del plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, financiado con cargo al Plan de Recuperación. Según los datos del ministerio, el Gobierno ha transferido ya a las comunidades autónomas 4.328 millones de euros de los 5.500 millones disponibles. Estos fondos han permitido impulsar la construcción de 24.463 viviendas y la rehabilitación de otras 47.000.
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha respaldado la actuación de un administrador de una comunidad de propietarios que informó a los vecinos, a través de carteles, que unos inquilinos que habían sido desahuciados intentaban alquilar otra vivienda en la misma urbanización. El conflicto surgió porque los inquilinos afectados denunciaron al propietario y al administrador de la finca, alegando que se habían vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad. Según su denuncia, los carteles les impidieron alquilar una nueva vivienda en la urbanización, ya que, entre otras cosas, se les acusaba de llevarse objetos de la vivienda que habían alquilado previamente.
En primera instancia, el juzgado de Alicante falló parcialmente a favor de los inquilinos, condenando al administrador a pagar 7.000 euros de los 10.000 que pedían como indemnización. Además, ordenó que se publicara la sentencia en los tablones de anuncios de las seis escaleras y en los doce ascensores de la urbanización, de la misma forma en que se colocaron los avisos originales.
Los carteles, que fueron distribuidos en varios puntos de la urbanización, señalaban que, según la información del propietario, los inquilinos retenían el mando del garaje y las llaves del recinto, lo que les permitía seguir accediendo a las instalaciones después de su desahucio. El administrador recurrió la sentencia, pero la Audiencia de Alicante confirmó el fallo inicial, considerando que el administrador había excedido sus funciones al actuar de esa manera.
Sin embargo, el caso fue llevado al Tribunal Supremo, que finalmente ha discrepado de los fallos anteriores. Basándose en el derecho a la libertad de información, el Supremo ha concluido que la actuación del administrador estaba justificada, argumentando que la información era de interés para la comunidad de propietarios. La sentencia, con el magistrado Rafael Sarazá como ponente, destaca que la información difundida era "esencialmente veraz" y que se realizó sin intención de dañar la reputación de los inquilinos.
El Supremo sostiene que el administrador no actuó fuera de sus responsabilidades y que los avisos no contenían expresiones ofensivas. Además, la resolución subraya que la información no se basaba en rumores, sino en comunicaciones escritas por un propietario, respaldadas por una denuncia ante la Policía Nacional, lo que aportaba credibilidad a los avisos.
El fallo también aclara que, aunque no se puede aplicar estrictamente la doctrina del reportaje neutral, el administrador actuó con la debida diligencia al verificar la información. Asimismo, se confirma que los inquilinos fueron desahuciados por no pagar la renta y que, tras la sentencia, no entregaron voluntariamente la vivienda, lo que llevó a su desalojo por orden judicial. Además, los inquilinos reconocieron que tenían la intención de alquilar otra vivienda en la misma urbanización, pese a haber sido desahuciados por no cumplir con sus obligaciones contractuales desde el inicio del arrendamiento.
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