La morosidad bancaria se mantiene en sus niveles más bajos desde 2008, a pesar de la presión financiera que ha supuesto para las familias y empresas la escalada de la inflación y el rápido incremento de los tipos de interés. A finales de agosto, los bancos tenían 37.401 millones de euros en créditos clasificados como dudosos, es decir, aquellos con al menos tres cuotas impagadas. Esto representa un 3,33% de los 1,12 billones de euros en préstamos a clientes, apenas superior al 3,31% del mes anterior, lo que indica que la tasa sigue bien controlada.
Este porcentaje es mejor que el 3,5% con el que cerraron el año pasado, cuando los créditos en situación de morosidad sumaban 38.768 millones de euros. Según las estadísticas del Banco de España, habría que retroceder hasta 2008 para encontrar una tasa de morosidad similar, entonces en un 3,29%.
La crisis financiera que estalló en aquel momento disparó los impagos, especialmente en el sector de la construcción y el inmobiliario, llenando los balances bancarios de activos tóxicos e inmuebles adjudicados, lo que elevó la tasa de morosidad hasta un 13,77% a finales de 2013. En ese contexto, se creó la Sareb, conocida como el "banco malo", para ayudar a las entidades a reducir esta exposición dañada y mejorar así su solvencia y credibilidad ante los mercados.
Desde julio de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) ha elevado los tipos de interés del 0% al 4,5% para contener la inflación, disparada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, la morosidad ha disminuido desde el 4,21% registrado a finales de 2021, cuando el euríbor alcanzó su mínimo histórico de -0,502%.
En cuanto a los establecimientos financieros de crédito, la tasa de morosidad se situó en agosto en el 6,70%, con 2.862 millones de euros en créditos dudosos. Este ratio ha bajado desde el 7,18% y el 7,25% registrados en abril y mayo, cuando el saldo superaba los 3.000 millones, manteniéndose en todos los casos bajo control.
El Gobierno ha comenzado a implementar las medidas incluidas en su plan de regeneración democrática. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará un primer paquete de iniciativas destinadas a reforzar la lucha contra la corrupción. Según fuentes gubernamentales, se incluyen la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante y dos nuevas fiscalías, una especializada en delitos económicos y otra en delitos contra la administración pública.
El Ejecutivo, que en septiembre aprobó las bases del Plan de Acción por la Democracia, empieza así a poner en marcha las medidas prometidas. El plan de regeneración contemplaba, en un plazo de dos meses y mediante real decreto, la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, así como la formación de dos unidades especializadas en la Fiscalía General del Estado para combatir tanto la corrupción pública como la privada, aumentando además el número de fiscales encargados de investigar y procesar estos casos. Según el Gobierno, se sumarán 79 nuevos fiscales, aunque algunas fuentes señalan que varias de estas plazas ya estaban previstas.
La creación de la Autoridad Independiente cumple con la Ley 2/2023, que regula la protección de quienes denuncian infracciones y fomenta la lucha contra la corrupción. Esta autoridad, que será autónoma e independiente del Gobierno y las administraciones, dotará a España de un marco legal para proteger a las personas que informan sobre posibles irregularidades. Aunque la ley fue aprobada en marzo de 2023, se ha retrasado el real decreto que debía establecer esta figura, inicialmente programado para este año.
Las denuncias podrán realizarse a través de un canal seguro, donde la Autoridad Independiente verificará la información y, si corresponde, la remitirá a la Fiscalía. El Gobierno asegura que se protegerá el anonimato de los denunciantes, junto con medidas que eviten represalias, como la anulación de cualquier acto perjudicial para el informante, como un despido, y la investigación y sanción de conductas represivas. Además, se proporcionará apoyo a los informantes en forma de asesoría legal, ayuda psicológica y apoyo financiero, dependiendo de cada caso.
Otra medida incluida en el plan de regeneración democrática es la ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal con 79 nuevas plazas. Según el Gobierno, esto busca mejorar la respuesta penal frente a delitos, especialmente en la lucha contra la corrupción y la violencia de género. Como parte del compromiso de establecer estructuras dedicadas a combatir la corrupción, se crean dos nuevas Fiscalías de Sala: una para delitos económicos y otra para delitos contra la administración pública. Estas unidades contarán con seis nuevos fiscales, incluidos dos fiscales de sala y cuatro fiscales adscritos.
La Fiscalía de delitos económicos se centrará en delitos fiscales y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Aunque ya existen fiscales especializados en delitos económicos, como el fiscal Fernando Rodríguez Rey, se busca ahora unificar criterios y coordinar el trabajo de todos los fiscales especializados. La segunda unidad, dedicada a los delitos contra la administración pública, se ocupará de casos de malversación, cohecho y prevaricación, delitos comunes en casos de corrupción en administraciones autonómicas, provinciales y locales.
Además, se refuerza la fiscalía especializada en violencia de género, con nuevas plazas de fiscales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Valencia, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Almería y Dos Hermanas (Sevilla). Paralelamente, en el marco del plan del Ministerio del Interior contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, se fortalecerán los recursos de la fiscalía para combatir el crimen organizado en áreas como Cádiz y Algeciras.
Santander, Inditex, Mapfre, Enagás y Telefónica están entre las aproximadamente veinte empresas de la Bolsa que compensarán a sus accionistas antes de fin de año, en una temporada marcada por generosos pagos. Los accionistas de más de una veintena de compañías de la Bolsa española recibirán más de 8.400 millones de euros en dividendos antes de que termine el año.
En este grupo se encuentran algunos de los valores con mayor rentabilidad por dividendo del Ibex, como Mapfre, Enagás, Telefónica, CaixaBank y Naturgy, junto a otras empresas con distribuciones constantes y un buen rendimiento bursátil tras sus recientes alzas, como Santander e Inditex, que pagarán a sus accionistas a comienzos de noviembre.
Este año, se estima que las empresas de la Bolsa distribuirán más de 33.000 millones de euros entre sus inversores, siendo Santander e Inditex dos de los principales emisores de dividendos en los próximos días.
El Gobierno planea una "redefinición" del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que su enfoque principal sea facilitar el acceso a financiación para las pymes, tras observar que estas empresas en España no suelen endeudarse tanto como en otros países europeos. En España, el tejido empresarial está compuesto mayormente por pymes, que representan más del 90% de las empresas, y muchas de ellas enfrentan una barrera cuando alcanzan cierto tamaño en sus balances, limitando su crecimiento debido a la falta de acceso a financiación bancaria.
Así lo comentó Víctor Ausín, director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, durante su participación en el 'XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar' celebrado en Santander. En una mesa de debate sobre el futuro de España y las acciones necesarias para mejorar el país, Ausín destacó que España es el país europeo con menos pymes calificadas con rating, lo cual muestra una desconexión entre la financiación no bancaria y las pymes de tamaño medio.
"Tenemos una gran cantidad de micropymes sin acceso a los bancos, no porque los bancos sean responsables de ello, sino porque muchas de estas empresas se enorgullecen de no tener deudas", en contraste con el resto de Europa, donde es común que las empresas se apalanquen para financiar inversiones. Frente a este desafío, la "reformulación" del ICO busca "fortalecer su papel en el crecimiento de las pymes y en mitigar las fallas del mercado en términos de acceso a financiación", explicó Ausín.
El ICO también informó a Servimedia que se está avanzando en esta línea tras haber respondido a las necesidades urgentes derivadas de la crisis de la covid y la guerra en Ucrania. Actualmente, el ICO se enfoca en la financiación vinculada al plan de recuperación, y se espera que la próxima semana los bancos empiecen a ofrecer la línea ICO Empresa y Emprendedores, dotada con 8.150 millones de euros para apoyar el crecimiento, la resiliencia, la competitividad y la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes. En total, a través de una extensión del plan de recuperación, el ICO canalizará 40.000 millones de euros en préstamos.
Según explica el ICO en su página web, una de sus funciones principales es actuar como banco nacional de promoción, poniendo "especial énfasis" en la financiación de pymes y autónomos mediante líneas de mediación, productos de financiación directa y su gestora de capital riesgo, Axis. A 30 de junio de este año, el 28% de su cartera de préstamos corresponde a financiación de pymes y otras líneas de mediación en España, mientras que un 8% se destina a pymes en el exterior, destacando así su rol "pionero en la financiación de sectores con acceso restringido a financiación privada", especialmente las pymes.
De hecho, en su plan estratégico 2022-2027, el ICO se comprometió a potenciar sus líneas de mediación y adaptarlas a las necesidades de pymes y autónomos, promoviendo la diversificación en sus fuentes de financiación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado 3 de octubre, en unas jornadas sobre pymes y el plan de recuperación, un total de 4.500 millones de euros en subvenciones y 50.000 millones en préstamos destinados a estas empresas. Detalló que 1.380 millones provendrán de subvenciones de Red.es, 3.000 millones de los Perte, 630 millones de garantías de Cersa, 2.400 millones del Fondo de Impacto Social y el Fondo de Coinversión de Cofides, más de 30.000 millones de las líneas ICO verde e ICO Empresas y Emprendedores, y 16.400 millones de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT).
"Hemos asignado más de un tercio del Plan de Recuperación a las pymes: dos de cada cinco euros de las convocatorias resueltas del plan van directamente a ellas", señaló Sánchez, subrayando que "una de cada cinco pymes ya se beneficia directamente del plan de recuperación, lo que incluye a más de medio millón de empresas". De los 42.612 millones de euros asignados del plan de recuperación por todas las administraciones públicas, más de 16.800 millones de euros (39,5%) han tenido como destinatarias directas a pymes, según los últimos datos disponibles hasta el 31 de agosto.
La reciente rebaja de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y las expectativas de que esta tendencia continúe en los próximos meses han acelerado la caída del euro. En solo tres semanas, la moneda europea ha pasado de cotizar a 1,12 dólares a finales de septiembre a 1,078 dólares en la actualidad, lo que supone una depreciación del 3,9% y elimina las ganancias acumuladas durante el año. Esta caída podría intensificarse ante el temor de un resurgimiento de la guerra comercial si Donald Trump gana las elecciones, en un contexto donde la eurozona sigue mostrando señales de debilidad. Aunque aún está lejos de los 0,98 dólares que tocó en septiembre de 2022, el temor a la paridad entre el euro y el dólar vuelve a inquietar los mercados financieros. Más allá de las implicaciones en la política monetaria, la debilidad del euro tiene repercusiones en la inversión, las empresas, el consumo y el turismo. ¿Qué consecuencias tiene la paridad euro/dólar?
Consumidores europeos: Si el euro se deprecia, los ciudadanos europeos verán reducido el valor de sus ahorros y tendrán menor poder adquisitivo al viajar fuera de la eurozona. Por ejemplo, al viajar a Estados Unidos necesitarán más euros para obtener la misma cantidad de dólares. Además, dado que materias primas como el petróleo y el gas se cotizan en dólares, una caída del euro encarecerá el precio de la gasolina y la electricidad, así como de todos los productos que se importan fuera de la zona euro.
Turismo: Para una economía como la española, donde el turismo representó el 12,8% del PIB en 2023, el tipo de cambio es crucial. Los europeos que viajen a Estados Unidos verán que sus euros les rinden menos, mientras que los turistas estadounidenses obtendrán más por su dinero en Europa. Esto puede aumentar los ingresos en sectores como la hostelería, ya que los productos europeos serán más atractivos para los visitantes extranjeros. Sin embargo, según Sergio Ávila, analista de IG, esta ventaja podría tener un coste, ya que también podría incrementar la dependencia de Estados Unidos, elevar los precios locales y generar tensiones laborales en destinos turísticos como España o Francia.
Empresas: Un euro débil beneficia a las empresas exportadoras, ya que sus productos resultan más baratos para los compradores extranjeros, mejorando su competitividad. No obstante, las importaciones se encarecen, afectando a aquellos sectores que dependen de productos procedentes de fuera de la eurozona. Los sectores exportadores y turísticos se benefician, mientras que el sector financiero enfrenta mayores retos debido a la fluctuación del tipo de cambio, según Ávila.
Inflación: El aumento de los costos de las importaciones puede impactar en los precios, ya que los insumos y materias primas serán más caros, lo que obligará a las empresas a subir sus precios para mantener sus márgenes de ganancia. Aunque la inflación en la eurozona ha descendido al 1,7%, la debilidad del euro podría generar presiones inflacionarias. Christine Lagarde, presidenta del BCE, advirtió sobre la posibilidad de un repunte en los precios hacia el final del año, motivado por las tensiones geopolíticas y la devaluación del euro. Esto podría llevar al BCE a mantener los tipos de interés en el 3,25% para lograr el objetivo de una inflación del 2%, en un contexto donde los indicadores económicos muestran un deterioro, como en Alemania, cuya economía se contrajo un 0,1% en el segundo trimestre.
Inversión: La debilidad del euro también afecta a los inversores. Para los inversores europeos, las oportunidades en mercados extranjeros se ven afectadas por las fluctuaciones del tipo de cambio, reduciendo las posibles ganancias al convertirlas en euros. En cambio, para los inversores internacionales, la caída del euro hace que invertir en acciones o deuda europea sea más atractivo y accesible. Si la situación económica en la eurozona se deteriora y el BCE se ve obligado a reducir los tipos de interés de forma más rápida, esto podría generar una divergencia en las políticas monetarias entre el BCE y la Reserva Federal de Estados Unidos. Con una Fed manteniendo tasas elevadas, la deuda estadounidense resultaría más atractiva para los inversores, lo que provocaría una salida de capitales de Europa hacia Estados Unidos.
Innovar o desaparecer. La gran mayoría de las empresas españolas comprende que apostar por tecnología de vanguardia e invertir en innovación es fundamental para su crecimiento. Así lo confirman los resultados del último VI Barómetro Internacional de la Innovación de la consultora Ayming. Según el informe, el 85% de las empresas en España aumentará su presupuesto en I+D en el próximo año, una cifra que supera en doce puntos la media global.
Este estudio, que muestra un notable optimismo respecto al futuro de la inversión en desarrollo innovador, recoge las respuestas de más de 1.200 líderes de I+D+i, directores financieros, CEO y directores de tecnología de 17 países de Europa, Norteamérica y Asia.
En el caso de España, la mayoría de las empresas planea destinar una parte significativa de su inversión en innovación al desarrollo de tecnología avanzada para mejorar su modelo de negocio. En concreto, un 41% indica que invertirá en nuevas herramientas y tecnología, mientras que un 32% se enfocará en la implementación de inteligencia artificial.
Sin embargo, la principal preocupación de las empresas tanto a nivel global como en España para el próximo año es la reducción de costes, señalada como prioridad por el 40% de las compañías. Este aspecto ha desplazado al impulso de la innovación, que es la segunda prioridad para las empresas españolas, elegida por el 39% de los participantes en el Barómetro. Aumento de la cuota de mercado (34%) y mejora de la eficiencia operativa (32%) completan las prioridades destacadas por las empresas nacionales para el próximo ejercicio.
"La presión económica y de costes que han enfrentado las empresas en los últimos años, en gran parte por la complejidad geopolítica, está enfocando las estrategias de innovación en los resultados a corto plazo, lo cual puede representar una dificultad dado el tiempo necesario para completar un proyecto de investigación y desarrollo", afirma María Sanz de Galdeano, directora de innovación de Ayming España.
Actualmente, un 25% de las empresas en España destina entre un 9 y un 10% de sus ingresos anuales a innovación, superando en dos puntos la media global. Además, solo un 12% de las pequeñas empresas españolas no cuenta con presupuesto asignado para innovación, mientras que entre las grandes compañías esta cifra baja al 1%. En esta apuesta por la tecnología, la inteligencia artificial cobra cada vez mayor importancia: a nivel global, el 76% de las empresas ya emplea alguna forma de IA en sus operaciones, mientras que en España esta cifra alcanza el 73%.
"Los resultados de este año demuestran que las empresas españolas están comprometidas con la innovación y reconocen su importancia no solo para mantenerse competitivas, sino para prosperar en un entorno cada vez más complejo. La innovación y la adopción de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, son claves para enfrentar los desafíos del futuro", concluye Sanz.
El tejido empresarial, al igual que los organismos vivos, pasa por un ciclo de vida que incluye nacer, crecer, en algunos casos reproducirse y finalmente desaparecer. Este proceso de constante renovación, con la creación y desaparición de negocios, ha permitido que en los últimos años el número de empresas activas en España se mantenga por encima de los 3 millones, aunque con altibajos significativos causados por la crisis financiera y la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, España presenta una tasa de mortalidad empresarial mayor que la media europea, y una menor esperanza de vida para sus empresas, lo que impacta negativamente en el empleo y en el crecimiento económico. Según un informe de Informa D&B publicado ayer, aunque en las últimas tres décadas (1993-2023) se han creado más de 3,2 millones de empresas, muchas de ellas han desaparecido con el tiempo.
De hecho, el informe revela que solo el 17% de las empresas fundadas en 1993 siguen operativas en la actualidad, mientras que el 83% restante ha cerrado. Si tomamos como referencia el año 2003, la situación es similar: casi el 80% de las empresas creadas ese año han desaparecido, y solo el 20% continúan activas. Incluso de las constituidas en 2013, hace solo una década, menos del 35% siguen funcionando. Para 2024, las estimaciones indican que la vida media de las nuevas empresas no alcanzará los 8 años, y más de la mitad no superarán los cinco años de existencia.
Las razones de este elevado índice de fracaso empresarial son variadas: mala gestión, estrategias inadecuadas, desconocimiento del mercado, pequeño tamaño o alto endeudamiento, entre otras. No obstante, los expertos señalan que "las condiciones macroeconómicas y, en especial, las políticas fiscales pueden tener un impacto profundo y devastador en la viabilidad de las empresas", según el economista Pedro Juan Martín Castejón, miembro del Consejo General de Economistas (CGE), en un análisis publicado a principios de año.
La difusión de estos datos sobre la creación y supervivencia de empresas ha coincidido con varias advertencias del sector empresarial al Gobierno sobre el efecto negativo que tienen el aumento de la presión fiscal, las cotizaciones sociales y las cargas burocráticas en la competitividad tanto de las empresas como de la economía en general.
Esto se refleja en una encuesta del Círculo de Empresarios publicada el martes, en la que más del 74% de las empresas encuestadas afirmaban que la elevada carga impositiva es un factor que "perjudica considerablemente la competitividad de las empresas" españolas frente a sus competidores internacionales. Ese mismo día, Ignacio Rivera, presidente del Instituto de Empresa Familiar, reconocía el papel de las empresas en el sostenimiento del Estado del Bienestar a través del pago de impuestos, pero advertía que "la presión fiscal en España ya es elevada" y subrayaba la importancia de mantener la competitividad.
Uno de los argumentos más repetidos al hablar de vivienda es afirmar que, aunque la Constitución Española la reconoce como un derecho, este no se cumple. Sin embargo, la realidad es que el artículo 47, donde se menciona, no establece un derecho fundamental, sino un principio de política social, lo que le otorga una menor protección frente a otros derechos recogidos en el texto constitucional. UGT busca cambiar esta situación y que los españoles puedan reclamar su derecho a la vivienda ante los tribunales. Para ello, ha presentado una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, acusando a España de no cumplir con el artículo 31 de la Carta Social Europea, que garantiza el derecho de toda persona a una vivienda.
La interpretación del sindicato es que la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, es un tratado que consagra derechos humanos fundamentales y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, según indicó el Consejo de Estado antes de su ratificación. UGT cree que, si el Consejo de Europa le da la razón, "el derecho a la vivienda pasaría de ser un principio rector a un derecho real y efectivo, que podría ser reclamado judicialmente", explicó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. "Si logramos una resolución favorable, cualquier ciudadano podrá exigir este derecho ante la negativa de las administraciones públicas", subrayó.
Esta demanda, según Pepe Álvarez, líder del sindicato, se presenta contra el Reino de España, lo que implica a todas las administraciones competentes, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "El derecho a la vivienda en España es más simbólico que efectivo, y ese es el cambio que buscamos", agregó Álvarez.
Álvarez también denunció los problemas económicos derivados de los altos precios de la vivienda, como la restricción de la movilidad laboral, el elevado porcentaje de los ingresos destinados a pagar la vivienda en lugar de otros consumos, y cómo esto desvía capital que podría destinarse a inversiones más productivas. "Sabemos que es necesario dar este paso en un momento en que muchas personas, especialmente los jóvenes, están sufriendo. Requerimos un esfuerzo de consenso y soluciones inmediatas", añadió, destacando la importancia de la vivienda pública como una de las claves para abordar el problema. Luján, por su parte, insistió en que la intervención del Estado es crucial, afirmando que "es un tema urgente, ya que existe un alto riesgo de pobreza".
Este nuevo paso de UGT se enmarca dentro de una estrategia que ya ha logrado resultados en el pasado. En marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales falló a favor del sindicato en su denuncia contra las indemnizaciones por despido improcedente en España, argumentando que no siempre compensan adecuadamente al trabajador, especialmente cuando la relación laboral ha sido breve. Aunque esto no ha generado aún cambios legislativos, ha permitido que algunos tribunales concedan indemnizaciones mayores basándose en la Carta Social Europea. Ahora, UGT busca replicar ese éxito en el ámbito de la vivienda, para que los ciudadanos puedan exigir este derecho a través de los tribunales. Además, el sindicato ha presentado otra reclamación ante el Comité, protestando por la baja remuneración de las horas extraordinarias en España.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asistido a la sesión de control del Gobierno en el Congreso cargada de datos y con un mensaje claro: continuarán utilizando todas las herramientas que el marco legal permita para aplicar la Ley de Vivienda en todo el país. Este enfoque ha generado tensiones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que podrían recibir menos fondos del plan estatal si se niegan a aplicar los límites al alquiler en zonas de alta demanda.
Lejos de suavizar su postura, Rodríguez ha declarado con firmeza que "vamos a agotar todo el margen de actuación que nos permite el ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible". Este compromiso viene respaldado por el fallo favorable del Tribunal Constitucional, que ha validado la mayor parte de la controvertida ley. Sin embargo, uno de los puntos que el Constitucional no ha apoyado es la prohibición de descalificar viviendas protegidas, al considerar que es una competencia transferida.
Este revés complica el objetivo del Gobierno de proteger el parque público de vivienda y suelo, pero Rodríguez no se rinde. Ha dejado claro que seguirán buscando alternativas para asegurar la permanencia de la vivienda protegida, señalando que "a través de la Ley de Vivienda, contamos con otros instrumentos para hacerlo viable".
También ha dirigido un mensaje directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que "la barra libre no reduce el precio del alquiler en Madrid". A pesar de esto, Rodríguez ha tendido la mano a todos los partidos, enfatizando que "aquí no sobra nadie, no importa cómo piensen o de dónde vengan". Con determinación, ha refutado las afirmaciones de quienes creen que el problema de la vivienda se soluciona aumentando la oferta, recordando que durante la burbuja inmobiliaria se construía más del doble de viviendas que ahora, y los precios, lejos de bajar, se dispararon.
En su análisis, ha señalado como principal factor la falta de promoción de viviendas desde 2012, lo que ha llevado a una grave escasez de vivienda pública y asequible. Como dato alarmante, ha destacado que el 45% de las personas que alquilan a precios de mercado están en riesgo de pobreza, lo que refuerza su defensa de los topes al alquiler. La ministra ha resumido su política en cinco líneas de acción: movilización de recursos económicos (20.400 millones de euros en los últimos seis años), regulación, incentivos fiscales para alquileres más accesibles, uso de suelo público para viviendas asequibles y colaboración con todos los actores implicados.
Las entidades financieras están intensificando sus esfuerzos para captar nuevas nóminas en un momento en que los tipos de interés están en descenso y los productos de ahorro tradicionales, como las cuentas remuneradas y los depósitos, pierden atractivo. En este contexto, los bancos ofrecen incentivos en efectivo que oscilan entre los 200 y 400 euros a quienes domicilien sus ingresos.
Openbank es la última entidad en unirse a esta estrategia, ofreciendo 250 euros por domiciliar una nómina de al menos 900 euros. Sin embargo, la mayoría de los bancos españoles ya cuentan con promociones similares. BBVA, Santander y Unicaja lideran esta tendencia con incentivos de hasta 400 euros, aunque con diferentes condiciones. BBVA exige una nómina mínima de 800 euros y una permanencia de 12 meses, mientras que Santander requiere 2.500 euros y Unicaja 2.000 euros. Otros bancos como Abanca, Deutsche Bank y Sabadell ofrecen entre 300 y 370 euros, mientras que entidades como CaixaBank, Imagin, Cajamar, Kutxabank e ING ofrecen entre 200 y 250 euros.
Santander destaca por ofrecer hasta 550 euros en total, sumando bonificaciones adicionales para colectivos específicos, como funcionarios o empleados de Mapfre, y por contratar productos adicionales, como seguros o fondos de inversión. Por su parte, Cajamar y Kutxabank ofrecen incentivos aún mayores para nóminas más altas, llegando hasta 500 y 600 euros respectivamente.
A pesar de que los grandes bancos inicialmente evitaron una "guerra del ahorro" cuando el Banco Central Europeo comenzó a subir los tipos de interés, ahora se enfocan en captar nóminas, ya que esto les resulta más beneficioso. Cuando un cliente domicilia su nómina, es más probable que lo utilice como banco principal, lo que facilita la venta de productos adicionales y genera ingresos recurrentes para la entidad.
Las promociones para atraer nuevas nóminas también garantizan un flujo estable de ingresos durante varios años, ya que los bancos imponen condiciones de permanencia que varían desde los 12 meses en entidades como BBVA, Sabadell y Openbank, hasta los 48 meses en Imagin. ING, sin embargo, solo exige una permanencia de tres meses.
Históricamente, cambiar de banco era un proceso complejo, pero desde 2019 las entidades están obligadas a facilitar el traslado de cuentas de forma gratuita y sencilla. Aunque al principio surgieron algunos problemas, el Banco de España ya los ha corregido y el proceso debe completarse en un máximo de 13 días hábiles. Esto incluye la migración de servicios como recibos y transferencias, aunque no el número de cuenta.
Además de los incentivos directos por domiciliar la nómina, algunos bancos han implementado promociones adicionales, como bonificaciones por recomendar amigos o reembolsos por el pago de recibos. También se ha extendido la práctica del cashback por compras con tarjeta, una estrategia que ha ganado popularidad en España y que beneficia tanto a los clientes como a las entidades.
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