• Home
  • News
  • Mercantil, civil y administrativo

News

(El País, 19-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda agilizará su decreto de alquiler temporal tras el revés en el Congreso

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que agilizará al máximo el decreto destinado a combatir el fraude en los alquileres temporales. Esta declaración llega después de que Junts frenara inesperadamente la tramitación en el Congreso de una propuesta de ley de Sumar con el mismo propósito. Durante su intervención en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha pedido calma y ha señalado que, aunque su compromiso es aprobar el decreto antes de que finalice 2025, espera tenerlo listo en un plazo más corto. Este decreto desarrolla la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y busca abordar el fraude en los contratos de alquiler a corto plazo, incluidos los turísticos, los de temporada y los de habitaciones. Una de las medidas clave es la exigencia de justificar la temporalidad en la relación entre el propietario y el inquilino, lo cual deberá reflejarse en un anexo al contrato. Rodríguez ha explicado que el reglamento pretende aclarar el artículo 3 de la LAU para evitar que se utilicen los contratos temporales como vía para eludir los requisitos establecidos por la ley de vivienda para los alquileres ordinarios. El objetivo es asegurar que personas que necesitan estos contratos, como estudiantes o profesores, puedan beneficiarse de ellos, pero evitar que se usen de manera fraudulenta para eludir las garantías del alquiler residencial. Además, ha resaltado que el decreto se está elaborando en consonancia con el Reglamento europeo aprobado en la legislatura pasada contra el fraude en alquileres turísticos, que obliga a registrar en un sistema los inmuebles ofrecidos en plataformas digitales por periodos menores a un año. Aunque el PSOE apoyó la tramitación de la propuesta de ley presentada por Sumar, que también contaba con el respaldo de ERC, EH Bildu y BNG, desde el Ministerio de Vivienda han argumentado que esta propuesta no era coherente con la normativa europea. La iniciativa de Sumar, más estricta que la del Gobierno, proponía limitar los alquileres temporales a un máximo de seis meses y aplicarles los mismos controles de precios que a los alquileres de vivienda habitual. Rodríguez también ha señalado que el ministerio está trabajando en colaboración con el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado para crear un registro único estatal de alquileres temporales, que será clave para combatir el fraude. Este registro, inicialmente pensado para los alquileres turísticos, incluirá otras modalidades de alquiler a corto plazo, como habitaciones y embarcaciones, y garantizará que los inmuebles cumplan con la normativa. El rechazo del Congreso a la propuesta de Sumar muestra que alcanzar un consenso en este tema será complicado. El martes, Junts votó junto al PP y Vox en contra de la regulación impulsada por los sindicatos de inquilinos, lo que generó fuertes críticas, especialmente en Cataluña. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, acusó a Junts de alinearse con la "derecha y la ultraderecha" y calificó su voto como "miserable". Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, señaló que esta decisión es un "golpe durísimo e inexcusable para las clases trabajadoras", mientras que Míriam Nogueras, portavoz de Junts, defendió su postura en Catalunya Ràdio, alegando que su negativa se debe a "otros tipos de cálculos" y que no aceptarán políticas de un "modelo que no funciona".

READ MORE

(El País, 18-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Ofensiva del Gobierno para controlar los medios y modificar la actividad electoral

Las repercusiones de los cinco días de reflexión que se tomó en abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siguen manifestándose. Este martes se tradujeron en medidas concretas del Gobierno. En aquel momento, Sánchez rompió su silencio tras una semana de especulaciones judiciales y mediáticas relacionadas con supuestas irregularidades en la actividad profesional de su esposa, y concluyó con una advertencia: "O ponemos freno a esto, o la degradación de la vida pública marcará nuestro futuro y nos condenará como país". De esta reflexión surgió el Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros. Este plan, compuesto por 31 medidas, busca ser implementado a lo largo de la legislatura e incluye propuestas para regular los medios de comunicación, su propiedad y financiación; cambios en la regulación de los debates y encuestas electorales; y una revisión del Código Penal en cuanto a delitos contra las instituciones del Estado y la libertad religiosa. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el plan tiene dos objetivos principales: "fortalecer la integridad de nuestra democracia y aumentar la transparencia en el ecosistema mediático para garantizar una información veraz". El Gobierno asegura que muchas de las propuestas están alineadas con normativas de la Unión Europea, como las relativas a los medios de comunicación, inspiradas en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, y con la jurisprudencia europea, como en el caso de la reforma del Código Penal, que busca ajustarse a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bolaños reconoció que muchas de las medidas requieren de iniciativas legislativas que deberán ser aprobadas tanto por el Congreso como por el Senado. Esta ambiciosa reforma llega en un momento de fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo, aunque Sánchez ha afirmado que el Gobierno seguirá adelante "con o sin el apoyo del legislativo". La mención de Bolaños a los medios de comunicación no es casual, ya que muchas de las medidas afectarán directamente a su funcionamiento. El Gobierno ha señalado la existencia de "pseudomedios" que difunden "bulos" y afectan negativamente la salud democrática del país. En respuesta, se ha propuesto una Estrategia Nacional contra la desinformación. Entre las acciones más relevantes para los medios, destaca la creación de un registro gestionado por la CNMC, que ampliará sus competencias, y que incluirá a los propietarios de los medios y sus fuentes de financiación. Además, se reformará la Ley de Publicidad Institucional para introducir mayor transparencia y proporcionalidad, estableciendo límites para que los medios no dependan exclusivamente de la financiación pública. Otro aspecto clave es la implementación de nuevos estándares de medición de audiencias, con el fin de evitar la falsificación de datos, esenciales para negociar publicidad con empresas y administraciones. También se prevé una regulación que evite la concentración empresarial en los medios, la protección del secreto profesional de los periodistas y medidas contra demandas abusivas que puedan recibir en el ejercicio de su labor. En cuanto a la reforma del Código Penal, el Gobierno revisará los delitos que limitan la libertad de expresión, como aquellos relacionados con la protección de las instituciones del Estado o la libertad religiosa. Sin embargo, los detalles sobre la profundidad de esta reforma no están claros y han generado tensiones dentro del Gobierno de coalición, especialmente en lo referente a las injurias a la Corona. También se anunció la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, entre otras iniciativas. Principales medidas del plan: Ley de Publicidad Institucional: Reforma para introducir criterios de transparencia en la financiación de los medios por parte de las administraciones públicas y evitar la falsificación de audiencias. Ley Orgánica del Régimen Electoral: Obligará a los candidatos a participar en debates durante las campañas, exigirá la publicación de microdatos de las encuestas y reforzará la transparencia de las cuentas de los partidos y las declaraciones de bienes de los diputados. Código Penal: Reforma integral de los delitos que limitan la libertad de expresión, especialmente en relación con las instituciones del Estado y la libertad religiosa. Leyes sobre el derecho al honor y la rectificación: Modificación para responder de manera más efectiva a las difamaciones publicadas en medios y "pseudomedios". Ley de Secretos Oficiales: Actualización de esta norma, vigente desde 1968, para modernizar su contenido. Ley de 'Lobbies': Regulará la actividad de los grupos de presión, siguiendo el modelo de la normativa de la Unión Europea. Ley de Seguridad Ciudadana: Reforma para eliminar las sanciones a los periodistas cuando cubren actuaciones de las fuerzas de seguridad. Estas medidas buscan, en conjunto, modernizar y reforzar la democracia española, mejorando la transparencia, la libertad de expresión y la regulación del ecosistema mediático.

READ MORE

(El Economista, 18-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España sube su previsión de crecimiento para este año al 2,8%, cinco décimas más

El Banco de España ha revisado al alza su previsión de crecimiento económico para este año, situándola en un 2,8%, lo que representa un aumento de cinco décimas respecto al 2,3% estimado hace tres meses. Este ajuste se debe a que los datos recientes del PIB han sido más favorables de lo previsto: la tasa de crecimiento del primer trimestre fue revisada del 0,7% al 0,8%, mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un 0,8%, superando en tres décimas las proyecciones del banco y el 0,2% registrado en la zona euro. Estos resultados mejores de lo esperado han llevado al supervisor a ajustar automáticamente sus previsiones para este año. Esta revisión, la primera bajo la dirección de José Luis Escrivá, se fundamenta en un rendimiento del sector exterior que ha sido mejor de lo anticipado, a pesar de la desaceleración en Europa. Por un lado, el turismo internacional ha experimentado un notable incremento en el gasto y una mayor diversificación tanto por temporadas como por regiones. Por otro lado, las importaciones, que restan valor al PIB, han crecido menos de lo esperado, debido en parte a una menor inversión y exportación de manufacturas que dependen de insumos extranjeros, y en parte a la mayor eficiencia energética y el aumento de la producción de energías renovables, lo que ha reducido la factura de combustible importado. Además, las exportaciones de mercancías han mostrado resistencia, lo que ha favorecido una mejora de la competitividad internacional. Otro factor clave ha sido el significativo incremento de la población extranjera, que ha impulsado el empleo. Mientras que la afiliación de trabajadores españoles ha crecido un 1,7% este año, la de extranjeros ha aumentado un 7,7%, representando ya el 13,5% de los afiliados a la Seguridad Social. A pesar de estos datos positivos, el consumo privado y la inversión han tenido un crecimiento "relativamente modesto". El consumo de los hogares sigue siendo inferior a los niveles previos a la pandemia en un 3%, debido principalmente a la disminución en la compra de automóviles y bienes duraderos, afectando a todos los tipos de hogares, salvo aquellos donde el sustentador principal es mayor de 65 años, en los cuales el consumo ha aumentado un 2%. Por otro lado, la inversión en bienes de equipo por parte de las empresas sigue siendo un 6% inferior a los niveles anteriores a la pandemia. Estos factores podrían limitar la capacidad de la economía para mantener el reciente dinamismo, especialmente si el sector exterior pierde fuerza en el futuro, como ya se observa en la desaceleración del crecimiento del gasto turístico. En cuanto al empleo, su crecimiento ha sido más lento en los meses de julio y agosto, tras un fuerte inicio de año. El Banco de España también ha señalado que el envejecimiento de la población está afectando la capacidad para emparejar empresas y trabajadores, con un estancamiento de los desempleados de larga duración en 1,1 millones. Esto sugiere que una gran parte del desempleo es estructural, lo que complica su reducción a través del ciclo económico. Por ello, el banco prevé que la tasa de paro se mantendrá en torno al 11% para 2026. El consumo familiar podría seguir recuperándose en el tercer trimestre, según los indicadores de crédito al consumo, matriculaciones y comercio minorista, aunque también ha disminuido el número de pernoctaciones de españoles en hoteles. El Banco de España espera un crecimiento trimestral robusto entre julio y septiembre, aunque algo más moderado, del 0,6%. Para los próximos trimestres, el banco prevé que las tasas de crecimiento se irán moderando, alineándose con la capacidad de crecimiento de la economía. Se estima que el PIB crecerá un 2,2% en 2025 y un 1,9% en 2026, ajustando ligeramente al alza las previsiones de hace tres meses. El supervisor argumenta que esta moderación se debe a una recuperación del consumo impulsada por el crecimiento de la población, el empleo y el poder adquisitivo de los salarios, en un contexto de moderación de precios y niveles de ahorro familiares aún elevados. El dinamismo poblacional será clave, y se espera que la reducción de los tipos de interés favorezca tanto el consumo como la inversión. Las empresas, con balances sólidos, también deberían aumentar sus inversiones gracias a un mayor uso de los fondos europeos, cuyo impacto se espera que sea mayor en los próximos dos años. A pesar de la prevista desaceleración en el turismo, el Banco de España considera que el sector exterior mantendrá un rendimiento significativo. Sin embargo, estas proyecciones no incluyen los ajustes fiscales que exige el nuevo marco europeo, que requerirán un esfuerzo equivalente al 0,5% del PIB anual para reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque podrían reducir algo el dinamismo económico a corto plazo. En cuanto a la inflación, se espera una moderación en los próximos años, con un incremento del IPC del 2,9% en 2024 y del 2,1% en 2025. Los precios de los alimentos y la energía han sorprendido a la baja, aunque la inflación en los servicios persiste. Además, la contención de los salarios ha ayudado a reducir los riesgos inflacionarios.

READ MORE

(El Periódico, 18-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Teresa Ribera será vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea

Teresa Ribera, ministra española de Transición Ecológica, será la nueva vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, ha añadido que Ribera también se hará cargo de la cartera de Competencia y que su responsabilidad será "guiar el trabajo para asegurar que Europa está en el camino correcto" para cumplir con sus metas climáticas y "descarbonizar e industrializar" la economía europea al mismo tiempo. La alemana ha desvelado las responsabilidades de la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), tras comparecer a puerta cerrada ante la conferencia de presidentes de grupos y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Von der Leyen, presenta su equipo de comisarios para la próxima legislatura y el reparto de carteras, con las miradas puestas especialmente en las económicas. La todavía vicepresidenta tercera española, reconocida en Europa por su negociación para lograr la "excepción ibérica" tras la guerra de Ucrania y por su papel en las cumbres del clima, asumirá esta importante cartera a partir del próximo 1 de noviembre, cuando arranca oficialmente el mandato del recién anunciado Colegio de Comisarios. Concretamente, Ribera será "responsable de una transición limpia, justa y competitiva", así como de "la política de competencia", según ha anunciado la presidenta de la Comisión en una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. "Se va a ocupar de que Europa siga por el buen camino para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y que podamos digitalizar y descarbonizar nuestra economía a la vez", ha incidido von der Leyen. Poco después del anuncio de la presidenta comunitaria, Ribera ha agradecido a von der Leyen su nombramiento al frente de una "muy buena cartera". "Es un honor que asumo de forma humilde y comprometida", ha señalado a los medios en el Parlamento. "La presidenta ha hecho una propuesta que refleja bien los desafíos que tenemos por delante", ha defendido, y ha confiado que con esta cartera pueda "contribuir de forma muy importante a mejorar la competitividad europea, pensando en las personas y en los límites ambientales". Ella misma ha explicado que, en el futuro Pacto Industrial Limpio, que la Comisión presentará próximamente, hay "dos caras de la moneda que son ineludibles", que son las competencias del francés Stéphane Séjourné, propuesto este mismo lunes por París, a cargo de Prosperidad y Estrategia Industrial, y las suyas propias. "La agenda de transformación verde es capital porque si no, a los europeos, como al resto del mundo, le iría muy mal", ha asegurado. Y en cuanto a la otra pata de su cartera, la de competencia, ha defendido el trabajo de su antecesora, la danesa Margrethe Vestager, artífice de las cuantiosas multas impuestas por Bruselas contra gigantes tecnológicos como Google o Apple. "Vestager ha sido una excelente vicepresidenta y comisaria", ha señalado, y ha defendido "la labor de construcción de un mercado interior donde no haya una concentración de poder de mercado" que perjudique tanto a la industria como a los ciudadanos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha felicitado a Ribera, ministra que ha estado con él desde su primer Ejecutivo en 2018. "Es una magnífica noticia para Europa y un orgullo para nuestro país", ha escrito en redes, y se ha congratulado por el hecho de que España alcance "la mayor cota de influencia que ha tenido nunca en Bruselas", una idea que ha repetido la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Esta ha recalcado además el papel de Sánchez en esta elección, por su "gran labor negociadora" en Bruselas. El presidente "ha tenido un papel fundamental en la negociación de los altos cargos de la Comisión", ha señalado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

READ MORE

(Cinco Días, 17-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El fin del verano y el regreso del viento llevan de nuevo el precio de la luz a cero en días de diario

El final del verano ha devuelto al mercado eléctrico español a una situación similar a la que había antes de la llegada del calor, con precios de cero euros en varias franjas del día durante jornadas consecutivas. No se veía algo así desde mediados de junio. En los últimos dos meses, el aumento de las temperaturas, que incrementó el uso del aire acondicionado, junto con la menor producción eólica e hidroeléctrica, había limitado estos precios tan bajos a algunas horas del fin de semana. Sin embargo, esto ha cambiado. Tanto el pasado viernes como este lunes y martes, el mercado eléctrico español volvió a registrar precios de cero euros durante las horas centrales del día, cuando la producción solar -la fuente más económica- alcanza su máximo, y la combinación de energías renovables y nuclear es suficiente para cubrir toda la demanda. El viernes pasado se registraron seis horas con precios nulos, y este escenario se repitió durante el fin de semana, cuando la demanda baja y es más común ver precios cero o negativos. Tanto el lunes como el martes, estos valores mínimos volvieron a aparecer en los indicadores de Red Eléctrica de España (REE). "Estos precios cero se deben principalmente al regreso del viento. Cuando se combina con la producción solar al mediodía, provoca una caída generalizada en los precios", explica Francisco Valverde, un analista independiente del sector eléctrico. Aunque Valverde cree que este episodio de precios nulos será breve, extendiéndose hasta el miércoles o jueves, también prevé que habrá más casos similares a mediano plazo. "El viento tiene una estacionalidad marcada, y suele volver con más fuerza en octubre. En septiembre puede haber episodios como este, pero serán más frecuentes el mes siguiente", señala. El crecimiento de la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica -que alcanzará los 76 gigavatios (GW) en 2030, según el plan del Gobierno, frente a los 28 GW actuales y los 11 GW en 2020- incrementará la frecuencia de estos episodios de precios nulos. "Aún no es suficiente para provocar grandes caídas por sí sola, pero cuando se suma el viento, el efecto es notable. Pronto eso cambiará", anticipa Valverde. Si se cumplen los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España debería cerrar el próximo año con más de 56 GW de paneles solares instalados. Que el precio de la electricidad sea cero en ciertos momentos del día no significa que los consumidores no paguen nada en esas franjas horarias. Para quienes están en el mercado regulado (alrededor de ocho millones de hogares), los peajes y cargos se añaden al precio mayorista. Y para quienes están en el mercado libre, los precios se establecen por adelantado, sin importar las fluctuaciones diarias del mercado. Aunque las temperaturas han comenzado a bajar, la demanda eléctrica en España ha mantenido un crecimiento en los últimos días. En agosto, el consumo aumentó un 3,4%, y en la primera mitad de septiembre ha crecido un 2,7% en la península ibérica. Aún es pronto para hablar de un aumento sostenido del consumo, pero si esta tendencia se mantiene, podría ser una señal positiva de la electrificación de la economía, con la industria, el coche eléctrico y la aerotermia como motores principales. Con una mayor presencia de energías renovables, un cambio del consumo fósil al eléctrico, especialmente en el transporte, reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. Estas cifras no incluyen el autoconsumo, tanto industrial como doméstico, que reduce considerablemente la demanda en las horas centrales del día y pronto lo hará también por la noche, a medida que las baterías ganen presencia en el mercado. Aunque REE no ha publicado cifras oficiales sobre el impacto del autoconsumo, se estima que disminuye la demanda agregada en un 8% a 10% durante los días más soleados. A pesar de la desaceleración en la instalación de paneles solares tras el fin de los incentivos públicos y la estabilización de los precios por el fin de la crisis energética, este fenómeno seguirá reduciendo la demanda en el futuro.

READ MORE

(Expansión, 17-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las barreras autonómicas a las empresas arrebatan 35.000 millones al PIB

La falta de un verdadero mercado común en el interior de España, dividida en 17 marcos regulatorios diferentes para la actividad empresarial debido a la proliferación de normativas en cada comunidad autónoma, reduce aproximadamente un 3% el crecimiento del PIB, según diversos estudios tanto públicos como privados. Aprovechando el renovado impulso desde Bruselas para fortalecer el Mercado Único europeo, el Ministerio de Economía ha convocado mañana a las comunidades autónomas y ayuntamientos a un encuentro donde se pretende impulsar un régimen unificado de actividad empresarial para todas las regiones de España. El objetivo es unificar los requisitos para que las empresas puedan operar de manera indistinta en cualquier territorio, lo que podría aumentar el crecimiento económico del país en unos 35.000 millones de euros. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE, estimaba en uno de sus últimos análisis que cumplir con las cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB en costes para las empresas. Según el IEE, reducir esta fragmentación normativa podría impulsar el crecimiento económico a largo plazo en entre un 1,5% y un 3% del PIB, lo que equivaldría a un incremento de unos 35.000 millones de euros adicionales. El IEE, presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por Gregorio Izquierdo, explica que esta "fragmentación del mercado interior" proviene de un "entramado legislativo excesivamente complejo", que genera costes y problemas para el tejido empresarial y la economía en general. Atribuyen esta "inflación normativa" principalmente a la potestad legislativa de las comunidades autónomas, que ya son responsables del 70% de las normativas vigentes. Como consecuencia, las empresas deben destinar muchos recursos a comprender y cumplir con esta maraña de leyes, lo que se traduce en pérdida de competitividad y productividad. La Comisión Europea también ha instado a España a abordar este problema, señalando que la regulación fragmentada y restrictiva impide a las empresas aprovechar economías de escala, desalienta la inversión y crea barreras de entrada. En su informe de 2019 sobre España, la Comisión recomendaba reducir ciertas restricciones, como los horarios comerciales y los periodos de rebajas. Diversos organismos, incluida la Comisión Europea, estiman que una plena unidad de mercado en España podría aumentar el PIB en un 3% a largo plazo, con un potencial de mejora calculado entre los 20.000 y 40.000 millones de euros, según publicaciones como las de Información Comercial Española o Copenhague Economics. Este problema afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, según ha señalado la patronal Cepyme. En su informe anual, destacaba las diferencias entre comunidades en el número de trámites y costes necesarios para crear una sociedad limitada. Por ejemplo, mientras que en Madrid o Sevilla se requieren siete trámites, en Pamplona son necesarios doce, lo que puede retrasar el proceso entre 14 y 30 días laborables, con costes que oscilaban entre 900 y 1.700 euros en 2015. La CEOE ve con buenos ojos cualquier avance hacia la unidad de mercado, aunque prefiere no pronunciarse sobre los planes del Ministerio de Economía hasta que el grupo de trabajo con comunidades autónomas y municipios comience a desarrollar propuestas concretas. Por el momento, el Ministerio ha convocado a las consejerías de Economía de todas las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una conferencia sectorial que incluye en su agenda la identificación de barreras económicas y nuevas líneas de actuación. El propio ministro Carlos Cuerpo adelantaba la semana pasada que su objetivo es promover la creación de un régimen común para las 17 comunidades autónomas, similar al propuesto por Enrico Letta en la Unión Europea, que unifique los requisitos para la actividad empresarial en todo el país.

READ MORE

(El Periódico, 17-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los pisos turísticos reclaman 1.000 millones por la retirada de licencias en Barcelona

La patronal ha calificado la medida de "expropiación" y el Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso contra la nueva normativa de la Generalitat. La batalla legal de los propietarios de pisos turísticos contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por la retirada de licencias sigue adelante. Más de 1.500 negocios y 25 empresas gestoras han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por aprobar a finales de 2023 un decreto que permite a Barcelona y otros municipios revocar automáticamente las licencias de pisos turísticos. Estas reclamaciones ascienden a 1.000 millones de euros, una cifra que podría aumentar ya que el plazo para presentar recursos finaliza a principios de noviembre. El principal argumento de los reclamantes es que la retirada de licencias para finales de 2028 constituye una "expropiación forzosa", según explicaron en rueda de prensa Enrique Alcántara, presidente de la patronal que agrupa estos negocios en Barcelona, y Marian Muro, su directora general. Ambos subrayaron que cuando el sector privado es expropiado, la ley establece que deben recibir compensaciones por parte de la administración. Además, recordaron que las licencias con las que contaban no tenían fecha de vencimiento. Asimismo, Alcántara y Muro informaron que el Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso, argumentando que el decreto de la Generalitat contradice la normativa vigente. También tienen previsto llevar el caso ante la justicia europea, lo que podría suspender automáticamente la normativa si su recurso es admitido. El cálculo de la indemnización se ha basado en los gastos de los últimos cinco años y en los beneficios que generaría continuar con la actividad. Muro indicó que estos negocios representan el 45% de la oferta existente y advirtió que la desaparición de estos alojamientos afectaría a ciertos segmentos clave del turismo, como el familiar.

READ MORE

(Cinco Días, 16-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las grandes cotizadas apuestan por el modelo de junta permanente de accionistas

La pandemia obligó a las empresas cotizadas a transformar sus reuniones presenciales con los inversores en eventos virtuales. Las restricciones impuestas por el Gobierno llevaron a una modificación urgente de la Ley de Sociedades de Capital, permitiendo a las empresas celebrar la reunión de su principal órgano de gobierno mayoritariamente de forma telemática ese año. Sin embargo, hubo un error de enfoque, ya que los espacios físicos y virtuales no son equivalentes. La nueva normativa introdujo la exigencia de una conexión directa con todos los accionistas que participen de forma remota. En la práctica, esta exigencia, aunque bien intencionada, resultó inviable, especialmente para empresas con millones de accionistas. Por este motivo, en el evento "Las Juntas de Accionistas del Siglo XXI", celebrado el pasado miércoles en el Palacio de la Bolsa de Madrid, tres grandes empresas cotizadas, como Santander, Telefónica e Iberdrola, defendieron un nuevo concepto: la junta permanente, como solución a este problema teórico y práctico. Actualmente, la situación ha generado algunas paradojas: es legal celebrar una junta en un espacio con capacidad para 200 personas sin conexión telemática, aunque otros accionistas no puedan asistir por falta de aforo. Sin embargo, es ilegal si se realiza de manera telemática y no todos pueden intervenir online. Los expertos coincidieron en que la junta telemática ideal debe garantizar la igualdad de participación para todos los accionistas, sin que sea necesario que todos intervengan simultáneamente. Jaime Pérez Renovales, secretario general y del consejo de Santander, señaló que en algunas ocasiones estas reuniones "se convierten en un espectáculo, donde algunos accionistas aprovechan para insultar al presidente o causar revuelo, buscando protagonismo a costa del tiempo de los demás." Además, la ley actual también presenta desafíos para los accionistas extranjeros, que representan el 49% de los inversores del Ibex 35, según Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Esto complica la relación entre las empresas cotizadas y sus inversores, como han señalado los secretarios generales de estas grandes empresas, quienes aspiran a que los accionistas participen activamente en los cambios organizativos que se votan en estas reuniones. Ignacio Gómez-Sancha, secretario del consejo de BME, destacó que "las empresas buscan maximizar la participación de los inversores en las juntas, ya que una mayor implicación de los accionistas se traduce en una mayor fidelidad y, a largo plazo, en una reducción de los costes de financiación". Sin embargo, advirtió que la regulación actual es insuficiente: "aunque permite las juntas exclusivamente telemáticas, exige que cumplan con todas las obligaciones de las presenciales, sin establecer límites como el número de asistentes o las formas de intervención, lo que puede hacer que las juntas virtuales sean más difíciles de gestionar." Los nuevos contextos exigen nuevos derechos. El modelo a seguir en cuanto a juntas de accionistas es el de Estados Unidos, donde el 75% de estas reuniones anuales se han celebrado completamente en formato virtual en lo que va del año. En contraste, el 97% de las juntas del Ibex 35 han sido híbridas y solo el 2,9% presenciales, según un informe de Georgeson. La idea de que miles de accionistas se conecten simultáneamente en un espacio virtual es inviable. Pablo de Carvajal González, secretario general de Telefónica, reconoció que, a pesar de haber abierto los canales para que más personas participen, la asistencia no ha aumentado. "Es un tema cultural en España, especialmente entre los accionistas minoritarios", explicó. Durante la temporada de juntas de 2024, el quórum promedio de las empresas del Ibex 35 disminuyó ligeramente al 73,5%, frente al 74,0% de 2023, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2022 (71,8%) y 2021 (71,6%).

READ MORE

(Expansión, 16-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El escudo anti opas se volverá a extender más allá del final de este año

El Consejo de Ministros ha logrado bloquear la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo gracias a una disposición transitoria que extiende la protección de los activos estratégicos españoles frente a compradores extranjeros, incluso a los inversores de la Unión Europea (UE). Esta restricción temporal, que Bruselas permite a España y a países como Francia e Italia, aunque aparentemente contradice la libre circulación de capitales en la UE, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con un decreto de 2022 que prorrogó la medida implementada en 2020. La situación de Talgo hace prever a inversores extranjeros y a sus asesores legales y financieros que esta limitación podría ser prolongada nuevamente, lo que desaconseja a los compradores europeos posponer sus operaciones hasta 2025, ya que es probable que enfrenten las mismas restricciones. Por el momento, el Gobierno español no ha revelado su posición, pero tiene hasta finales de diciembre para decidir si amplía el escudo anti-opas para inversores de la UE. Sin embargo, para empresas de fuera de la UE, esta protección contra adquisiciones se aplica de forma indefinida. El caso Talgo, en el que el veto al grupo húngaro se basó en sus vínculos con Rusia, podría llevar al Gobierno a mantener la restricción para evitar que países considerados hostiles utilicen intermediarios o empresas dentro de la UE para adquirir activos clave en sectores como transporte, energía, infraestructuras, medios de comunicación, salud, alimentación, defensa o tecnología. Ganz-Mavag, que ha recurrido la prohibición de su opa, también ha señalado su intención de intentar la operación de nuevo en el futuro. Si el blindaje a las inversiones de la UE se eliminara, la operación no requeriría la autorización del Gobierno, que en estos casos recibe el apoyo de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano interministerial que incluye la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Desde la implantación de esta restricción a la inversión extranjera por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la pandemia de Covid-19, las dos operaciones que no han prosperado proceden de otros países europeos. Además de la opa de Ganz-Mavag sobre Talgo, el grupo francés Vivendi tuvo que retirar su solicitud para alcanzar el 29,9% de la editora de medios Prisa debido a las reservas del Gobierno, y se conformó con un 13%. Otras operaciones de origen europeo han sido aprobadas pero con condiciones, como la compra del fabricante de municiones Expal por parte de la alemana Rheinmetall. En 2021, el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa de la firma irlandesa Kerry Group sobre Biosearch (anteriormente Puleva Biotech). Actualmente, el Gobierno analiza las opas rivales presentadas por Bondalti de Portugal y Esseco de Italia para adquirir la química Ercros. Para que una operación europea sea examinada por el Gobierno, debe cumplir requisitos más estrictos que las inversiones del resto del mundo: debe implicar la adquisición de al menos el 10% de una empresa cotizada o superar los 500 millones de euros. Como resultado, el número de solicitudes de inversión de la UE que llegan al Consejo de Ministros es relativamente bajo: 2 en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021. En esos mismos años, se sometieron a autorización 86, 70 y 43 transacciones provenientes de empresas fuera de la UE. Aunque muchas de estas operaciones son de menor valor y poco sensibles, también las hay de gran envergadura. Entre las grandes adquisiciones pendientes de aprobación están la entrada de STC en Telefónica o la compra de Dorna por parte de Liberty Media, por ejemplo. La opa presentada por Ganz-Mavag sobre Talgo fue bloqueada a finales de agosto por el Consejo de Ministros, que consideró que los vínculos de los accionistas de la empresa húngara con entidades rusas ponían en riesgo la "seguridad nacional". Según el Financial Times, una de las preocupaciones del Gobierno español era que, si el grupo húngaro tomaba el control de Talgo, podría impedir el uso de su tecnología de cambio de vía en las conexiones entre Ucrania y la UE. Ganz-Mavag había ofrecido 620 millones de euros por Talgo, un precio que había sido aceptado por el consejo de administración y los principales accionistas de la empresa. Tras el veto del Gobierno, la compañía húngara retiró su oferta, pero anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo y en Bruselas.

READ MORE

(El País, 16-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Vivienda pedirá a las autonomías que aporten más fondos propios al bono alquiler joven

En el Ministerio de Vivienda consideran que la mayoría de las comunidades autónomas no han mostrado suficiente compromiso con el proyecto del Gobierno central destinado a facilitar el acceso al alquiler para jóvenes y fomentar su emancipación. Este plan consiste en una ayuda de 250 euros mensuales para el alquiler, que es compatible con otras subvenciones. Según los datos obtenidos por EL PAÍS, en los dos años que lleva en vigor esta medida, las comunidades apenas han aportado fondos propios. Aunque el decreto que regula la ayuda establece que su financiación corre a cargo del ministerio, desde el departamento de Isabel Rodríguez se esperaba una mayor "corresponsabilidad financiera" por parte de las autonomías. Por ello, en la próxima convocatoria se solicitará una mayor implicación de los gobiernos autonómicos. Este es un tema en el que Rodríguez ha insistido con fuerza recientemente. "Pido al resto de administraciones públicas que, al igual que el Gobierno de España, multipliquen por ocho sus presupuestos en vivienda. Pido que agilicemos la normativa y que prioricemos este asunto políticamente", declaró en el Senado la semana pasada, respondiendo a preguntas sobre su departamento. En el ministerio consideran que las comunidades autónomas no están aumentando sus esfuerzos en vivienda al nivel que lo hace el Gobierno central. El viernes pasado, la ministra anunció que el 3 de octubre se celebrará la conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, un encuentro entre el ministerio y los responsables autonómicos. Rodríguez señaló dos prioridades para esa reunión: avanzar en los trabajos del próximo plan estatal de vivienda y en la preparación de la nueva convocatoria del bono alquiler joven. Fuentes del ministerio afirman que se discutirá cómo mejorar el esfuerzo presupuestario para atender la demanda de la juventud, pese a que las competencias en vivienda recaen sobre las comunidades autónomas. El ministerio reitera su disposición a seguir aportando los recursos necesarios, pero exige mayor corresponsabilidad financiera de las comunidades. Un análisis del ministerio revela la escasa colaboración financiera de las comunidades autónomas en la implementación del bono alquiler joven. Por ejemplo, Andalucía, la comunidad más poblada, ha recibido 68,4 millones de euros del Ministerio de Vivienda, que es todo el dinero que la Junta ha destinado en su única convocatoria. No ha añadido fondos propios. En Madrid, que ha recibido 63,6 millones, solo se ha autorizado el uso de 31,8 millones hasta la fecha. Esta tendencia se repite en la mayoría de las regiones, como Galicia (22,8 millones), Castilla y León (21,6 millones), Canarias (10,6 millones), Castilla-La Mancha (16 millones), Murcia (17,6 millones), Aragón (15,2 millones), Baleares (9,6 millones), Extremadura (12 millones), Asturias (13,2 millones), Cantabria (7,6 millones), La Rioja (3,4 millones), Ceuta (0,4 millones) y Melilla (0,4 millones). Por su parte, Euskadi y Navarra no reciben financiación del Ministerio de Vivienda, ya que tienen sus propios planes de ayuda al alquiler para jóvenes. Las comunidades que sí han aportado fondos propios son la Comunidad Valenciana, que ha recibido 45,6 millones de euros, y Cataluña, que ha obtenido 58 millones. Aunque el decreto que regula el bono establece que el ministerio debe transferir fondos a las autonomías y a Ceuta y Melilla, de cara a la nueva convocatoria se espera que más comunidades sigan el ejemplo de Valencia y Cataluña y colaboren en la financiación. En total, el ministerio ha transferido 400 millones de euros. Desde 2022, las comunidades autónomas, encargadas de gestionar y otorgar las ayudas, han aprobado 65.564 solicitudes. La comunidad con más aprobaciones ha sido Madrid, con 11.477, seguida de Cataluña (9.537) y Andalucía (9.323). Sin embargo, lo más revelador es el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al total, lo que indica cuántas personas han sido rechazadas o siguen esperando una respuesta. La Rioja presenta el mejor porcentaje, con un 64% de solicitudes aprobadas (1.246 de 1.960), seguida de Asturias con un 63% (773 aprobadas) y Extremadura con un 62% (2.399 aprobadas). Las comunidades con los peores resultados son Castilla y León (24%), Madrid (24%) y Canarias (22%).

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF