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(El País, 23-10-2020) | Sector

Sánchez ofrece al PP frenar la reforma del CGPJ para llegar a un acuerdo en la renovación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que paraliza la reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que PSOE y Unidas Podemos han llevado al Congreso para propiciar un acuerdo con el PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Aprovechando la posibilidad de intervenir cuando lo estime oportuno en la moción de censura de Vox, el presidente ha tendido la mano a Pablo Casado ofreciéndole "para el reloj" de la reforma una vez que el líder ´´popular´´ ha confirmado su ´´no´´ a Santiago Abascal. "Voy a dar un paso más", ha dicho Sánchez 24 horas después de que le pidiese a Casado que votase ´´no´´ a Vox como "gesto" para un futuro entendimiento con el Ejecutivo. En sus intervenciones previas, tanto la portavoz socialista, Adriana Lastra, como el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, pedían al PP que se abriese a posibles acuerdos. Con este anuncio, Sánchez cumple una de las condiciones que le expuso el PP para el desbloqueo del órgano de los jueces, en funciones desde hace dos años. La proposición de ley que socialistas y ´´morados´´ han llevado a la Cámara contemplaba que la mayoría de 3/5 del parlamento para elegir a los vocales pasase a ser mayoría simple si la primera no se producía. Esta vía de la proposición de ley en vez de proyecto de ley permitía al Gobierno esquivar el informe consultivo no vinculante del propio CGPJ, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal. La iniciativa despertó las críticas de la oposición y la judicatura, así como el recelo de las instituciones europeas. Bruselas ya ha dicho que vigilará de cerca una reforma que podría afectar a la independencia judicial. El PP respondió pidiendo al PSOE frenar esa proposición, así como negociar la propuesta ´´popular´´ y excluir a Podemos de las conversaciones al considerar que las mismas correspondían a los dos partidos con mayor representación parlamentaria. La propuesta del PP consiste en una vuelta a ley orgánica de 1980 según la que son los propios jueces los que eligen a los 12 vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial. Desde 2018, PSOE y PP han estado dos veces a punto de llegar a un acuerdo, truncándose en ambas ocasiones en el último momento. En su intervención de este jueves, Sánchez también le ha pedido a Casado que se avenga a la renovación de otras instituciones como el Tribunal Constitucional (TC) o el Defensor del Pueblo.

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(Expansión, 22-10-2020) | Sector

Las asociaciones judiciales se alinean con el Greco y exigen al Gobierno una reforma que se adecúe a Europa

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han expresado este miércoles su respaldo a las críticas vertidas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) hacia España por la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han planteado PSOE y Unidas Podemos, y han exigido a Gobierno y Parlamento una reforma que se adecue a los estándares europeos. Las tres asociaciones se han referido a la carta difundida este miércoles por el Greco y que su presidente, Marin Mrcêla, dirigió el pasado 14 de octubre a Ana Andrés Ballesteros, como jefa de la delegación de España en el Greco por parte del Ministerio de Justicia. APM, AJFV y FJI han destacado que pone de manifiesto "que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsado por el Gobierno de España se aparta de las normas de la institución relativa a los órganos de gobierno de los jueces y la elección de sus miembros". Además, han continuado, "recuerda que la elección de al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces debe llevarse a cabo por los propios jueces", incidiendo en que "las autoridades políticas no se deben involucrar, en ninguna etapa, en la selección de los miembros del turno judicial". Asimismo, han señalado que el GRECO afea a España que no ha implementado las recomendaciones que viene haciendo desde hace siete años, que pasan por revisar del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y sus efectos sobre la independencia real y percibida de este organismo de cualquier influencia indebida. "Dicha comunicación procedente del Consejo de Europa debe ser cumplida inmediatamente, por lo que las asociaciones firmantes exigimos al Gobierno y restantes grupos del Parlamento que acometan, de una vez, con la serenidad y el debate que aquella requiera, la reforma de la LOPJ y adecuen el sistema de elección de los vocales judiciales a los estándares anticorrupción exigidos por Europa", han reclamado. "Se han acabado las excusas", han subrayado. El Ministerio de Justicia ha avanzado que responderá de forma "inmediata" al presidente del Greco para aclarar lo que considera "inexactitudes" en la información de que dispone este órgano del Consejo de Europa en relación con la reforma instada por el Gobierno de coalición para lograr la renovación de los miembros del CGPJ.

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(Cinco Días, 21-10-2020) | Sector

El Supremo rechaza limitar las costas si al abogado le queda una minuta "ridícula"

La parte vencedora de un pleito tiene derecho, si así lo reconoce el juez, a que su oponente se haga cargo de los gastos del proceso. Entre estas cantidades (denominadas en su conjunto costas procesales) se incluye el pago de los honorarios del abogado de su rival. Ahora bien, para evitar excesos, la ley limita la minuta que estos profesionales pueden exigir por su trabajo. En concreto, se establece que no puede superar un tercio del valor del pleito. Sin embargo, en el caso de que se trate de un juicio complejo, pero de escasa cuantía, los honorarios pueden verse injustamente reducidos. Esta cuestión ha sido abordada recientemente por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una resolución en la que rechaza la aplicación automática de esta regla cuando conduce a fijar unos honorarios “ridículos”. El fallo (cuyo texto puede consultar aquí) desestima el recurso interpuesto por el obligado a pagar las costas de un proceso para resolver por impago el arrendamiento de una vivienda de renta antigua (sometida a la ley de 1964). Según la resolución de la letrada de justicia este debía al abogado de su rival 2.000 euros más IVA (en total, 2.420 euros). Una suma que, aplicando la citada regla de un tercio, el recurrente rebajaba a 248 euros más IVA (300 euros en total). El alto tribunal concluye, finalmente, que esta cifra es “absolutamente desproporcionada” y “ridícula” porque no se correspondería “con el verdadero esfuerzo de dedicación y estudio” realizado por el letrado. El conflicto sobre los honorarios profesionales que debían incluirse en las costas del proceso motivó un incidente por una diferencia de casi 3.000 euros. El abogado de la parte vencedora solicitaba 3.200 euros más 672 euros de IVA, esto es, 3.872 euros en total. El obligado al pago rechazó esta cifra por excesiva y exigió la aplicación de la regla de un tercio del valor del pleito, que arrojaba una suma total de 300 euros. La letrada de la Administración de Justicia, guiándose por el informe del colegio de abogados del letrado en cuestión, fijó finalmente la minuta en 2.000 euros más IVA (en total, 2.420 euros). Ambas partes recurrieron esta decisión. El abogado alegó que la cuantía del asunto, 744 euros, correspondiente a una anualidad de la renta, no podía servir de orientación para fijar sus honorarios. Según indicó este baremo no era un referente cuando, en este tipo de alquileres, esta cantidad “es sensiblemente inferior a la del mercado”. Como apuntó, en estos casos, según el criterio de varias Audiencias Provinciales, es aplicable la excepción que contempla el propio precepto: “salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa”. Lo contrario, afirmó, llevaría en estos casos al “reconocimiento de minutas por cantidades ridículas”. La Sala da la razón al abogado, siguiendo su doctrina consolidada de que “para la fijación de los honorarios del letrado no ha de atenderse únicamente a la cuantía litigiosa o interés económico del asunto”. Aunque la base para fijar la minuta del abogado que ha vencido el pleito sea la cuantía del asunto, hay que tener en cuenta que la referencia a una anualidad en los inmuebles de renta antigua es una cantidad desactualizada. En este sentido, afirman los magistrados, la regla de un tercio “no opera en aquellos supuestos en los que, como ocurre en los juicios arrendaticios de viviendas de renta antigua, la cuantía es mínima”. Máxime cuando la intervención del letrado es preceptiva y el trabajo desarrollado por el profesional es complejo. Se trata de evitar, concluyen, que se declaren debidas minutas “ridículas” y “absolutamente desproporcionadas”. Por este motivo, rechaza el recurso interpuesto y confirma la cuantía fijada de 2.420 euros.

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(El Economista, 20-10-2020) | Sector

El Pleno del CGPJ se reunirá el 28 de octubre para dar respuesta a la propuesta de reforma del PSOE

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado fijar el próximo 28 de octubre, a las 16.00 horas, para la celebración del Pleno extraordinario en el que se adoptará una postura institucional en relación con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dirigida a modificar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar este órgano. La decisión se ha adoptado después de que un total de siete vocales del órgano de gobierno de los jueces que pidieron la semana pasada la celebración de un Pleno extraordinario para fijar la respuesta ante la reforma. El aplazamiento de esta reunión, que se esperaba celebrar a principios de esta semana, ha sido adoptado "de conformidad con la totalidad de los solicitantes", según ha informado el CGPJ, y teniendo en cuenta "las dificultades que el actual estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento". Además, se cita a los vocales, la mayoría de los cuales ejercen sus funciones en otras comunidades, teniendo en cuenta que un día después, el 29, todos los vocales deben permanecer en Madrid para asistir al Pleno ordinario. El escrito lo suscribieron siete vocales designados a propuesta del PP, que son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona; si bien otros vocales también creían necesario responder a los planes del gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo. Los citados vocales realizaron su al amparo del artículo 600.2 de la LOPJ, que señala que el CGPJ "deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales". La reforma ha causado una fuerte respuesta tanto en la oposición como en el ámbito judicial, ya que todas las asociaciones excepto Jueces para la Democracia y también en ámbitos de la cúpula judicial se ha calificado incluso de inconstitucional el intento de acabar con la mayoría reforzada para designar a los vocales del CGPJ. A ello se añade el método parlamentario elegido, la propuesta de ley, que elude los informes preceptivos del propio CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

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(Expansión, 17-10-2020) | Sector

El 86% de los jueces afirma no haber sido presionado en sus decisiones judiciales

Los jueces y magistrados españoles tienen una percepción muy positiva de la Justicia en España, que consideran independiente del poder político pese a que la mayoría -el 83%- cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz. Así, el 99% de los miembros de la Carrera Judicial afirman sentirse totalmente independientes para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional. Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces/zas y magistrados/as en activo -la muestra supone casi el 20% de la Carrera Judicial- seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales. Según explica una nota remitida por el CGPJ, la encuesta revela que los jueces españoles comparten un mismo sentido de la profesión: el 92% cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98% siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos. Los miembros de la Carrera Judicial también coinciden (86 %) en rechazar la idea de estar interviniendo con sus decisiones en materias de naturaleza exclusivamente política, pero sí creen (88 %) que con frecuencia los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos más complejos en lugar de esforzarse por alcanzar pactos y acuerdos. En cualquier caso, el 90% de los encuestados afirma no haber recibido nunca indicación o sugerencia alguna sobre cómo resolver un caso concreto por parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas o el CGPJ; el 88%, tampoco de partidos políticos, otros jueces o grupos de presión económicos o sociales. El porcentaje desciende hasta el 72% cuando la pregunta se refiere a la presión mediática. Hasta un 9% responde que "con frecuencia" se siente presionado por los medios de comunicación, de los que una gran mayoría (84 %) piensa que no reflejan adecuadamente el quehacer judicial. Aun así, el 84% de los integrantes de la Carrera Judicial dice que, a la hora de dictar sentencia, nunca (32 %) o raramente (52 %) tienen en cuenta las presiones que pudieran llegarles. La encuesta revela un claro interés por erradicar cualquier apariencia de contaminación política en la acción judicial, que se manifiesta en un apoyo mayoritario (90 %) a que los doce vocales del turno judicial que forman parte del CGPJ sean designados mediante elección directa por los miembros de la Carrera Judicial. El mismo porcentaje cree necesario un nuevo pacto de Estado por la Justicia para remodelar a fondo su organización y funcionamiento. Los jueces también respaldan reformas para restringir el ejercicio de la acción popular (68 %) o prohibir que los partidos políticos la ejerzan en los procedimientos con significación política o en los que se investiguen delitos de corrupción. Menos apoyo encuentra la posibilidad de que los fiscales pasen a instruir las investigaciones, en combinación con el juez de garantías. Solo un 41 % se muestra a favor, mientras que el 55 % está en contra.

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(El Mundo, 17-10-2020) | Sector

El PSOE retiraría la propuesta de Ley para renovar el CGPJ si llega a un pacto con el PP

La presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha avanzado que su partido estaría dispuesto a retirar la proposición de Ley que ha registrado con Unidas Podemos en el Congreso para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si el PP se aviene a llegar a un pacto. En declaraciones a los medios de comunicación vía telemática, Narbona ha reiterado la oferta de negociación que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Pablo Casado, para renovar el CGPJ, aunque signifique "incluso concesiones". "Como ha dicho el presidente estamos dispuestos a que exista una aprobación que signifique incluso concesiones, pero en ningún caso pueden deslegitimar a un Gobierno plenamente legítimo...y quien lleva la negociación es el ministro de Justicia", ha puntualizado. Narbona ha apelado al diálogo y ha pedido a Casado que "esta vez sí" se pueda acabar con el bloqueo y abrir un espacio de diálogo para llegar a un acuerdo -que ha insistido- "estuvo a punto de producirse antes de este verano y que por razonas que desconocemos abandonó el PP". "Esperamos que esta vez Casado sea capaz de alcanzar un acuerdo con el PSOE que supondría retirar la proposición de Ley presentada hace unos días (en el Congreso)", ha anunciado. Por otra parte, la presidenta del PSOE ha instado al líder del PP a no generar inquietud y recelos hacia la democracia de España en Europa y ha criticado que Casado pretenda deslegitimar el país precisamente cuando están pendientes de desbloquearse los fondos de reconstrucción europeos que son fundamentales. "Que en lugar de hacer esta acción tan poco patriótica se dedique a hacer limpieza dentro de su propio partido", ha dicho tras señalar que aún están pendientes las sentencias de la operación Kitchen y de la Gürtel en su vinculación con la existencia de una posible caja B en el PP.

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(Expansión, 16-10-2020) | Sector

Dolores Delgado pide consenso ante la renovación del Consejo General del Poder Judicial

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha apelado a "llegar a soluciones a partir del consenso" sobre la forma de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como a la necesidad de "oír a los operadores jurídicos", entre los que ha mencionado a los jueces y a los fiscales. Dolores Delgado ha participado en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en la que ha sido preguntada por la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para renovar el CGPJ, cuyo mandado ha expirado hace casi dos años, a través de una rebaja del umbral la mayoría parlamentaria necesaria para que dicha renovación salga adelante, aunque no cuente con los votos del PP. "El servicio público que es la justicia es de todos y es muy bueno escuchar, oír y llegar a soluciones a partir de ese consenso y ese acuerdo y sobre todo de esa colaboración de todos aquellos que participan en la Administración de justicia", ha comentado. La proposición de PSOE y Unidas Podemos pretende además limitar las decisiones que pueda adoptar un CGPJ saliente en una situación de interinidad como el actual. Al respecto, también ha recordado que también ha habido fiscales generales en funciones y que, aunque no está reglado en la Fiscalía se decidió no realizar acciones que pudieran tener una proyección en el futuro y que fueran irreversibles en el caso de cambio de una política criminal. "Lo cual quiere decir que es importante que nos soseguemos, que pensemos qué es lo mejor para la ciudadanía y que adoptemos aquellas decisiones que al final redunden en beneficio del servicio público", ha concluido. Por su parte, el decano del ICAM, José María Alonso, se ha mostrado contrario a la proposición y ha expresado su asombro por el hecho "de que no haya entendimiento ni capacidad de llegar a un acuerdo. La fiscal general ha dicho que hay que oír a los operadores, pero a través del sistema de una proposición de ley y no de un anteproyecto de ley se aluden los informes del CGPJ y del Consejo de Estado, que me parecen importantísimos".

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(Expansión, 15-10-2020) | Sector

Jueces para la Democracia reclama la renovación inmediata del Poder Judicial

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, han hecho público un comunicado en el que instan a alcanzar un acuerdo para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ante la negativa a nombrar nuevos miembros de esta institución, los integrantes del grupo de jueces ponen de manifiesto lo siguiente: 1. Exigimos la renovación inmediata del CGPJ conforme con la legislación actual, exhortando a los grupos parlamentarios a un acuerdo sin dilación, sin bloqueos, con altura de miras, y con sentido constitucional e institucional, por respeto al Poder Judicial, a los/as jueces/zas y magistrados/as que lo integran, y en definitiva a la ciudadanía. 2. Se produzca o no dicha renovación, creemos adecuado que se legisle sobre las competencias en el caso de encontrarse en funciones el órgano constitucional, sin carácter retroactivo en relación con los acuerdos ya adoptados por el actual CGPJ. 3. Que la posible modificación de las mayorías cualificadas para la designación de los vocales de procedencia judicial que exige la actual LOPJ puede conllevar el desbloqueo actual de la renovación del CGPJ, pero supone un riesgo elevado de qué a futuro las minorías parlamentarias no intervengan o queden representadas. 4. Que en todo caso una vez renovado el CGPJ apostamos por un modelo de elección por los/as jueces/zas con las garantías suficientes de que todas las sensibilidades, categorías profesionales, asociaciones y no asociados/as, queden representados. 5. De mantenerse el sistema de elección parlamentaria debe mejorarse y corregir sus defectos, con mecanismos de evaluación previa, priorizando el perfil profesional, trayectoria de los/as candidatos/as y su programa de actuación en beneficio de la Administración de Justicia y del prestigio de la propia institución.

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(Expansión, 14-10-2020) | Sector

La reforma del Poder Judicial subleva a la oposición y a los jueces

La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos (UP) para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sublevado a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno. PSOE y UP sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras. El Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del CGPJ es una "urgente necesidad", en palabras de su portavoz, María Jesús Montero, pero ha decidido dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él. Montero ha reconocido que así la tramitación será más rápida, pero ha rechazado que se haya querido esquivar a los órganos consultivos: si el proyecto lo hubiera presentado el Gobierno, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque su opinión no sería vinculante. El PP ha anunciado de inmediato que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere "el poder absoluto" e imponer una dictadura: "Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática", ha advertido su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. También Vox ha anunciado que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un "ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones". "Se confirma la infamia", ha denunciado en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal. La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, "es un precedente peligroso a largo plazo" y apuesta por "trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos". Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP. "Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) La Asociación Francisco de Vitoria ha tachado la iniciativa de "atentado, despropósito y disparate", y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad. El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta "con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo", ha señalado su portavoz tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.

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(Cinco Días, 14-10-2020) | Sector

Los bufetes desvelan sus estrategias para captar el negocio del fondo europeo

El dinero proveniente del Fondo Europeo de Recuperación va a ser, en los próximos años, una importante fuente de negocio para los grandes despachos de abogados. Y es que tanto la Administración (encargada de diseñar y supervisar los cauces para la entrega de las ayudas) como el sector privado (que debe presentar y ejecutar sus propuestas) van a requerir muchas horas de asesoramiento legal de alta precisión para superar el exigente escrutinio de Bruselas. Conscientes de ello, algunos bufetes no han querido esperar a la concreción normativa del plan y ya han conformado equipos multidisciplinares que trabajan analizando oportunidades y presentando propuestas a sus clientes. No obstante, no todos se han puesto ya manos a la obra. Otras firmas han optado por una estrategia más reactiva y aguardan a que lleguen los encargos, o, directamente, admiten que las ayudas no están, de momento, entre sus prioridades. Así, si bien es cierto que la carrera por el negocio del fondo europeo aún no está lanzada, el pistoletazo de salida puede pillar a más de uno con los deberes por hacer. Y más aún porque entre los competidores figuran las áreas legales de unas big four que ya ofertan el pack consultoría y asesoramiento jurídico. En todo caso, la captación de negocio no es el único frente abierto que tienen los grandes bufetes. Durante estos días, algunos de ellos también mantienen contactos al más alto nivel con la Administración y las instituciones y organizaciones implicadas en la revisión de la tramitación pública. Es el caso de Uría Menéndez, PwC Tax & Legal, Garrigues o Cuatrecasas, firmas a las que CEOE ha invitado a su grupo de trabajo que debe elaborar una propuesta de reforma para agilizar los procedimientos administrativos y suprimir los cuellos de botella. La composición de los equipos diseñados por los bufetes permite radiografiar los elementos que estos consideran clave desde el punto de vista legal para resultar agraciado con el maná europeo. Así, destaca la presencia en los mismos de abogados del Estado, profesionales que no solo cuentan con una formación técnica de primer nivel, sino que además conocen los entresijos de la Administración. También es relevante el peso de los expertos en el derecho y las instituciones comunitarias; buena parte de la batalla se libra en Bruselas. Y, finalmente, todas las firmas inciden en la transversalidad de sus paneles.

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