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(Cinco Días, 27-11-2021) | Sector

Siete de cada diez letradas reconocen una merma de ingresos por la pandemia y una mayoría advierte serias dificultades para conciliar

En la sesión inaugural de la IX Cumbre de Mujeres Juristas, el Colegio de Abogados de Madrid ha dado a conocer este jueves los resultados preliminares de una encuesta realizada entre más de 600 letradas para pulsar la situación de la mujer en la abogacía en el nuevo escenario post pandemia. En sus respuestas, siete de cada diez encuestadas reconocen que sus ingresos se han visto mermados como consecuencia de la pandemia, de las cuales la mitad cifra esa pérdida en más de un 20% y casi una tercera parte entre el 10% y el 20%. Asimismo, un 70% de abogadas observa un avance de la brecha salarial de género en el sector legal, un 58% reconoce dificultades serias para conciliar la vida laboral y familiar y un 62% echa en falta la aplicación de la perspectiva de género en las medidas normativas elaboradas para facilitar la salida de la crisis, en particular en el ámbito de la conciliación. Así lo han adelantado el decano José María Alonso y la presidenta de la Comisión delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM, Ángela Cerrillos, durante la sesión inaugural de la Cumbre, en la que también han intervenido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. “La irrupción de las mujeres en las profesiones jurídicas ha sido acompañada por un largo proceso de reivindicaciones y reconocimiento de derechos que ha sido liderado por las mujeres juristas de cada momento histórico. Sin ellas, no se hubiera producido el cambio social que ha permitido que la igualdad, al menos formalmente, no se cuestione”, ha afirmado Ángela Cerrillos. Sin embargo, el acceso a puestos de responsabilidad o la igualdad salarial, así como la conciliación entre la vida personal y laboral, “todavía tienen recorrido”. Según ha destacado, el 54% de las abogadas participantes en la encuesta considera que su situación laboral en cuanto a igualdad es mala o pésima, y un 32% estima que la pandemia ha generado un retroceso en esta materia. Además, prácticamente una de cada dos encuestadas (el 47%) opina que la pandemia ha afectado más a las letradas que a los letrados, un 58% describe como malas o muy malas las condiciones para ejercer la responsabilidad parental y un 47% afirma que éstas han empeorado con la pandemia. Finalmente, el 62% considera que las medidas aprobadas para favorecer la recuperación económica no contemplan la perspectiva de género. “Esta encuesta ha servido para demostrar que la brecha salarial y en materia de conciliación se ha incrementado durante la pandemia”, ha señalado el decano del ICAM. Con un total de 36.542 colegiadas, las mujeres suponen el 48% del censo del Colegio de Abogados de Madrid, ha explicado, y cada año son más las mujeres que los hombres que se incorporan a la profesión. Sin embargo, su acceso a los puestos de responsabilidad se sigue viendo lastrado hasta el punto de que solo el 20% son ocupados por mujeres. Respecto al tema central de la Cumbre, las mujeres en la recuperación económica y social tras la pandemia, el decano madrileño ha recalcado el papel fundamental que deben jugar las mujeres juristas en este proceso: “el talento, la resiliencia y entrega de las abogadas va a ser fundamental, este siglo va a ser el siglo de la mujer y quien no quiera verlo, está ciego”. Finalmente, en alusión al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Alonso ha puesto el valor el compromiso de instituciones como el Colegio de Abogados de Madrid para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, así como brindar apoyo a las víctimas y combatir la estigmatización que sufren. “El Colegio seguirá luchando con todas sus fuerzas para eliminar la violencia contra la mujer y va a estar en la defensa de la igualdad en todas sus áreas”, ha concluido.

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(Expansión, 25-11-2021) | Sector

María Emilia Adán, reelegida decana del Colegio de Registradores de España

Los registradores han vuelto a poner su confianza en María Emilia Adán García, que ha resultado reelegida para un segundo mandato como decana en las elecciones de la corporación registral. Adán, que fue elegida en 2017 para un primer mandato y se convirtió así en la primera mujer que accedió a este cargo en la historia del Colegio de Registradores, había sido decana autonómica de los registradores de la Comunidad Valenciana en los períodos 2010-2014 y 2014-2017. La decana del Colegio de Registradores es, además, presidenta de XBRL España, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Valencia; miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia de Consejos Sociales de España, presidenta de la fundación ADEIT Universidad-Empresa, miembro de la directiva de CEM (Centro Español de Mediación), patrono de FIAL (Fundación para la Inteligencia Artificial), miembro del Consejo Asesor de la Woman Legal World y patrono de la Fundación INCLIVA. Durante estos últimos cuatro años María Emilia Adán ha sido condecorada con el Premio Berní y Catalá, concedido por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia; el Premio Especial San Cayetano, concedido por el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid; la Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la Medalla de Honor de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Valencia y la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco.

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(Cinco Días, 25-11-2021) | Sector

El Ministerio de Justicia enviará próximamente la transposición de la Directiva de alertadores de corrupción al Consejo de Ministros

Todo indica que la transposición que inició la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia para transponer la Directiva Europea de protección a alertadores de denunciantes de corrupción, conocida como Directiva ‘Whistleblower’, está a punto de caramelo. Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia han informado que “el texto está cerrándose y muy próximo a ser remitido a Consejo de Ministros”. El grupo de trabajo de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación recibió el encargo del anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de preparar la propuesta de texto articulado que debe ser integrado en nuestro cuerpo legislativo. La consigna que se dio en junio de 2020 es que estuviera terminado y preparado para su aprobación antes del 2 de diciembre de 2021, aunque España tiene hasta el 17 de diciembre de este año, fecha en la que entrará en vigor definitivamente. La Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, fue publicada el 26 de noviembre de 2019 en el diario oficial de la Unión Europea. Entró en vigor el 17 de diciembre de ese año, si bien se dio dos años a los 27 países de la Unión Europea para hacerla suya. La nueva Directiva establece unos canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, la falta de protección de los denunciantes de corrupción está provocando unas pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el campo de la contratación pública en la Unión Europea en su conjunto. La Directiva busca acabar con esta sangría de plano. Los denunciantes tienen un rol fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, y también ayudan a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo. Pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.

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(Expansión, 01-04-2021) | Sector

La UE alerta sobre los prejuicios y las prácticas que socavan la presunción de inocencia

Los prejuicios, la parcialidad y algunas prácticas, como presentar a acusados esposados en un juicio, socavan en muchos países europeos el derecho a la presunción de inocencia, ha advertido la Unión Europea (UE) en un informe. "La presunción de inocencia se aplica a todas las personas, sin importar quiénes son o de dónde proceden. Sin embargo, los prejuicios personales pueden influir incluso a jueces y jurados", afirma Michael O´´Flaherty, director de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, en un comunicado. "Todos los acusados merecen ser considerados inocentes hasta que un tribunal independiente les condene como culpables, pero nuestros prejuicios y lo que vemos y leemos puede afectar a nuestra percepción de culpabilidad", añade. De ello dan constancia los resultados de un estudio llevado a cabo por la FRA, con 123 entrevistas a abogados, jueces, oficiales de policía y periodistas de nueve países de la UE. Las conclusiones del informe muestran que, pese a la existencia de un marco legal, los derechos de los acusados no siempre se respetan por igual, razón por la cual la FRA pide a las autoridades de los estados miembro adoptar "medidas eficaces". Solo la mitad de los entrevistados aseguró que la presunción de inocencia se aplica por igual con todos los detenidos. Uno de los factores que más condiciona el trato de un acusado durante el juicio es su origen étnico, indica la FRA, con sede en Viena. Las convicciones previas del jurado, la nacionalidad, el tipo de crimen, el género y el estatus social condicionan los derechos de las personas especialmente en Bulgaria, Italia, Lituania, Portugal y Polonia. El documento también hace hincapié en el papel de los medios de comunicación. Por un lado, aboga por intentar que los acusados no aparezcan esposados o encerrados en cajas de vidrio cuando la prensa los fotografía. Por otro lado, recuerda que la publicación de la identidad de un acusado viola su derecho a la presunción de la inocencia, pues las acusaciones vertidas en su contra no se anulan de forma retroactiva en la opinión pública. "Cuando se muestra el rostro de un individuo que ha sido arrestado por supuesta pedofilia, incluso si luego es absuelto, será difícil que se libere de dicha sospecha", resalta un periodista portugués, citado en el estudio. Según la FRA, también hacen falta mejoras en la administración a los acusados de información relacionada con sus derechos, como el de guardar silencio y no incriminarse al ser detenidos por la policía. Esta práctica no se respeta siempre en Alemania y Bélgica, según los abogados entrevistados, que alertaron de casos en los que sus clientes fueron coaccionados por la policía para testificar. "Esperamos que la información aquí mostrada ayude a los encargados de hacer estas políticas a plantearse estas cuestiones y, en últimas instancias, fomentar una mejor protección y una cooperación más fuerte", concluye O´´Flaherty.

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(Expansión, 31-03-2021) | Sector

El Consejo del Poder Judicial deja pendientes cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dejado pendientes cuatro nombramientos en el Tribunal Supremo (TS), entre otras vacantes, que ya no podrá realizar debido a la entrada en vigor de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos que ha sido aprobada por las Cortes Generales para limitar las funciones de un CGPJ con el mandato caducado, como el actual. La reforma exprés del CGPJ, que entrará en vigor el miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, impide que un CGPJ caducado pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Concretamente, según el preámbulo de la nueva norma, ya no podrá proponer a los presidentes del TS, la Audiencia Nacional, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ); a los presidentes de sala y magistrados del TS; ni a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esto supone que, con la reforma vigente, quedarán en el tintero los nombramientos para cubrir las cinco plazas ya convocadas, incluidas cuatro en el Tribunal Supremo: una en la sala de lo civil por la jubilación de Antonio Salas; otra en la sala de lo social, por el fallecimiento de José Manuel López García; y dos en la sala de lo contencioso-administrativo, por las jubilaciones de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego. La quinta plaza pendiente es la de la Presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja. También hay otros puestos vacantes que aún no habían sido convocados oficialmente, pero cuyas bases de convocatoria ya están aprobadas. Se trata de una plaza de magistrado en la sala de lo militar del TS por la jubilación de Ángel Calderón; las presidencias de las audiencias provinciales de Lugo, Girona y Burgos; y las presidencias de la sala de lo social del TSJ de Extremadura y de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ del País Vasco. Un total de seis plazas. Además, hay que añadir al menos otra plaza de magistrado de en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo por el reciente fallecimiento de Nicolás Maurandi, según fuentes del órgano de los jueces consultados. Los últimos nombramientos fueron realizados en el Pleno del pasado 4 de marzo. En un principio, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió no incluirlos en el orden del día ante las noticias de un inminente acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo, que lleva más de dos años en situación de interinidad. Sin embargo, un grupo de vocales le pidió que volviera a meterlos en la agenda, y así lo hizo, resultando en nuevas designaciones. En el último Pleno, el celebrado el pasado 25 de marzo, ya no se incluyeron nombramientos en el orden del día. Y ello, de acuerdo con las fuentes consultadas, ante la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el Parlamento y por la situación política tras conocerse la cita electoral en la Comunidad Madrid, que parece alejar aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo para renovar el CGPJ.

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(Cinco Días, 30-03-2021) | Sector

El mundo jurídico clama por una jurisdicción especializada en infancia, familia y capacidad

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho, han reunido durante dos días en la sede del ICAM, a representantes de las más altas instituciones jurídicas y políticas de nuestro país para analizar la situación actual de los procesos de familia y los mecanismos de protección de los menores inmersos en estos procesos. Las jornadas han sido seguidas telemáticamente por más de 6.000 personas. El I Congreso de la Infancia y Adolescencia, como ya adelantaba José María Alonso, decano del ICAM, tenía como claro objetivo hacer tomar consciencia al legislador de que “si realmente quiere desplegar un sistema eficaz de protección de la infancia” es imprescindible “crear antes un marco adecuado, en Juzgados con competencias exclusivas y excluyentes en Infancia, Familia y Capacidad”. Eugenia Gay, Decana del ICAB, destacaba, en esa misma entrevista, los beneficios que a su juicio tenía la especialización orgánica de la planta judicial para atender de manera específica los asuntos de Derecho de Familia: “permite ofrecer una respuesta más ágil y eficaz, e integrar al mismo tiempo el sentido de la norma conforme a la interpretación que la jurisprudencia ha hecho de la misma”. Xavier Abel, presidente de la Plataforma Familia y Derecho, en respuesta a una de las preguntas, expresaba su deseo de que el Congreso constituyese «otro paso adelante» en pos de la consecución de la jurisdicción especializada. Y destacaba que una de las mesas organizadas fuera con representantes de los principales grupos parlamentarios, «para que puedan posicionarse ante esta generalizada reivindicación de la especialización en infancia, familia y capacidad». Tras dos días de intensos debates en los que han participado en diez mesas más de 80 juristas y especialistas en la materia, el Congreso concluía con la presentación de sus conclusiones cuya lectura corrió a cargo de Isabel Winkels, secretaria de la Plataforma Familia y Derecho. La primera de estas conclusiones ha sido la presentación de un Decálogo elaborado por el Comité organizador del Congreso, junto con los comités de Honor y Científico, que bajo el título “Decálogo en favor de la especialización, en el orden civil, de las materias de infancia, familia y capacidad” (disponible en este enlace) recoge sus recomendaciones para proteger a los menores en los procesos de Familia y garantizar la igualdad de acceso a la Justicia en todo el territorio nacional. El documento parte de la necesidad de reconocer a los niños, niñas y adolescentes (NNA) como “víctimas directas de los procesos judiciales que afectan a su entorno familiar”, así como de una problemática específica en el ámbito escolar y social “que, al ser cada vez más compleja, requiere de una tutela judicial especializada”. Por ello, reclaman “más comunicación y encuentros” de carácter multidisciplinar y una “relación fluida y de confianza” entre los distintos profesionales que intervienen en los procesos que les afectan. También recuerdan los organizadores que, en concordancia con la normativa supranacional y nacional, “las opiniones, necesidades, inquietudes y vivencias de los menores deben ser escuchadas en todo proceso en el que se adopte una decisión que les afecte”. Asimismo, deben ser defendidos en sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales por profesionales especializados, especialmente abogados, fiscales. La especialización en materia de Familia, destacan los expertos, es fundamental “para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción, con independencia de su lugar de residencia”, así como para agilizar y unificar el tiempo de la respuesta judicial. Para hacerla efectiva, los organizadores del Congreso proponen en una primera fase la redistribución de las competencias actualmente existentes de los 431 partidos judiciales. Según esta propuesta, a los 148 juzgados de familia existentes actualmente, más los 15 de incapacidades, habría que especializar 80 juzgados más hasta un total de 243 Juzgados de Infancia, Familia y Capacidad en toda España. A estos órganos habría que adscribirles un Fiscal y un Equipo Técnico, con acceso a mediadores, Médicos Forenses, y demás recursos técnicos y personales necesarios. Asimismo, los operadores jurídicos solicitan una reforma del sistema de declaración de desamparo, “encomendando al juez esa decisión en lugar de a las autoridades administrativas que lo tienen actualmente reconocida”, y recuerdan que la internacionalización de las relaciones interpersonales está incrementando la problemática que afecta a la infancia y a las familias, “lo que requiere un especial conocimiento del marco normativo supranacional y de los instrumentos y mecanismos de cooperación internacional”.

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(Expansión, 27-03-2021) | Sector

El CGPJ encarga un informe ante dudas que la reforma exprés sobre sus atribuciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado a su gabinete técnico la realización de un informe ante determinadas dudas muy concretas que generará en su actividad, una vez que entre en vigor, la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones. Fuentes del órgano de gobierno señalan que este informe no tiene por objeto la realización de futuras impugnaciones de la reforma ante los tribunales -tres asociaciones de jueces instan a la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional-, sino la resolución de determinadas dudas que los cambios generan en su labor del día a día y que el nuevo texto normativo no resuelve. Los vocales del CGPJ quieren saber, por ejemplo, si la imposibilidad de realizar nombramientos afecta a funciones previas a estas designaciones como son la aprobación de bases de convocatoria o la realización de entrevistas a los candidatos por parte de la Comisión Permanente. También quieren conocer cómo podrán actuar si el Tribunal Supremo anula un nombramiento ya realizado o si se les permite nombrar jueces sustitutos. Las mismas fuentes señalan como poco probable que pueda prosperar la presentación del conflicto de competencias que reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales, dada la jurisprudencia existente al respecto en el propio tribunal de garantías. Para la presentación de esta propuesta, además, se precisaría la aprobación de la iniciativa por el pleno del Consejo en el caso de que algunos vocales lo propusieran, lo que de momento no parece que vaya a ocurrir. En un comunicado emitido este jueves, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) mostraron su rechazo a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos aprobada en las Cortes "sin escuchar a nadie y por vía de urgencia para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales". Según las asociaciones, con esta reforma, que "priva" al CGPJ de sus "funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política", las formaciones políticas "trasladan las consecuencias de su incompetencia" tras no conseguir a lo largo de más de dos años el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

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(Expansión, 26-03-2021) | Sector

Varias asociaciones de jueces instan al CGPJ a combatir el recorte de competencias

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a actuar ante la ley aprobada ayer por el Parlamento que le prohíbe realizar nombramientos en funciones. Fuentes jurídicas apuntan que son diversas las vías a las que podría acudir el CGPJ, desde presentar un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional, a invitar a que la ley sea recurrida ante ese tribunal por un grupo parlamentario o por el Defensor del Pueblo o acudir a instancias europeas. En un comunicado conjunto, las tres asociaciones de jueces critican la aprobación, "sin escuchar a nadie y por vía de urgencia", de una ley que "impide al CGPJ ejercer plenamente sus competencias constitucionales" mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde hace más de dos años ante la falta de acuerdo del PSOE y el PP para su renovación. Las asociaciones, que reclaman que sean los propios jueces quienes elijan a doce de los veinte vocales del CGPJ, acusan a las fuerzas políticas de "trasladar las consecuencias de su incompetencia al órgano de gobierno del Poder Judicial, privándole de una de sus funciones principales". "Ya se ha conseguido lo que se pretendía: reducir al CGPJ a un simple órgano de gestión, asimilado a una simple dirección general, y manteniendo, eso sí, la inspección y el régimen disciplinario. Lo que era el palo y la zanahoria se queda sólo en el palo", afirman. En este contexto instan al CGPJ adoptar "a la mayor brevedad" las medidas que considere oportunas y estén a su alcance para defender sus competencias y la Constitución. En una democracia real, subrayan, es "obligación básica de los poderes del Estado garantizar el funcionamiento de los órganos e instituciones constitucionales, en particular aquellas diseñadas para asegurar el respeto a los valores y pilares que sustentan el Estado de derecho y actuar como contrapeso frente a cualquier intento de control o desestabilización".

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(Expansión, 25-03-2021) | Sector

El CGPJ no podrá hacer más nombramientos hasta que el PSOE y el PP lo renueven

El pleno del Senado ha aprobado de forma definitiva la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar más nombramientos mientras esté en funciones, situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018. Dos años y casi cuatro meses en los que el PSOE y el PP han sido incapaces de cerrar un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado al igual que ocurre con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Tras aparcar la proposición de ley que registraron para rebajar las mayorías exigidas para elegir a los vocales del CGPJ, iniciativa que suscitó incluso los recelos de las instituciones europeas, los grupos de la coalición de Gobierno impulsaron el recorte de competencias el CGPJ en funciones para presionar al PP a sentarse a negociar. Pero tras varios intentos fallidos, la última negociación saltó por los aires a finales de febrero ante el veto del PP a que entrara en el CGPJ el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel y al que los populares consideran candidato de Podemos. El acuerdo, con elecciones autonómicas en Madrid en mayo, no se ve cercano, y, hasta que no lo haya, el CGPJ no podrá realizar nuevos nombramientos para cubrir puestos vacantes de magistrado en el Supremo o presidencias en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Hasta esta semana el actual Consejo ha aprobado en funciones 78 nombramientos y tenía varios en cartera, pero mañana se reunirá el pleno sin incluir ese punto en la agenda. Tras un debate de claro tinte electoral en el que PSOE y el PP se han acusado mutuamente de querer controlar al Poder Judicial, recordando unos la condena del caso Gürtel y otros la de los ERE, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha quedado aprobada con 150 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones.

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(Cinco Días, 24-03-2021) | Sector

Una abogada, sancionada por criticar a la secretaria judicial

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia examina, en sentencia de 9 de diciembre de 2020, los límites a la libertad de expresión de los letrados cuando actúan ante los tribunales. Se revisa la sanción de tres meses de suspensión del ejercicio de la profesión impuesta a una abogada por el Consello da Avogacía Galega. Según el fallo, la libertad de expresión de la que gozan los abogados no es ilimitada y los posibles excesos deben ser corregidos. Como afirma el Tribunal Constitucional, el ejercicio de la abogacía “ha de valorarse en el marco en que se ejerce, y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las finalidades que justifican su privilegiado régimen”, sin embargo, ello no significa “que carezca de límites ni ampare el desconocimiento del mínimo respeto debido a las demás partes presentes en el procedimiento”. Siguiendo esta doctrina constitucional, el tribunal empieza reconociendo que “los procesos judiciales son marcos de discusión en los que el ejercicio del derecho de defensa permite que se rebasen límites que no resultan admisibles en la vida cotidiana”, pero añade que esto no significa que esté justificada “cualquier tipo de expresión o referencia a la parte contraria o a los profesionales”. A juicio de la Sala, para “determinar si se han excedido los límites del derecho de defensa, se han de ponderar las circunstancias concurrentes, es decir, qué se dijo, cómo se dijo y a quién se dijo”. La sancionada, en un escrito dirigido al Juzgado, describió la actuación de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) como un “cúmulo de desatinos procesales merecedores de expediente disciplinario”, la acusó “de mala fe hacia una parte” y tachó su conducta de “ilegal, amoral, injusta y prevaricadora”. Añadía, también, que “la Secretaria no se había sometido a la Ley y al Derecho, demostrando una parcialidad sin límites además de una manifiesta enemistad con la Letrada”. El tribunal considera que el ejercicio del derecho de defensa y la libertad de expresión que conlleva no amparan el contenido de los escritos dirigidos por la letrada al Juzgado. Prueba evidente de lo desproporcionado de esa actuación, a juicio de la Sala, es que en un primer momento, en un intento de eludir su responsabilidad, atribuyera la autoría de los escritos a la procuradora. En conclusión, a juicio de la Sala, “lo grueso de las expresiones y lo grave de las acusaciones vertidas” son merecedoras de la sanción impuesta.

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