(Expansión, 30-09-2024) | Laboral
Los empresarios mantienen una fuerte oposición a cualquier tipo de intervención por parte del Gobierno en este tema. Entre las medidas que rechazan, se encuentra la intención de Yolanda Díaz de permitir que la Inspección de Trabajo acceda de forma telemática al registro horario de las empresas cuando existan indicios de irregularidades.
Debido a su postura contraria al intervencionismo, la patronal defiende como principio fundamental en las negociaciones con el Gobierno y los sindicatos, que esta cuestión se mantenga en el ámbito de la negociación colectiva. Por ello, rechazan de manera tajante la posibilidad de modificar los convenios vigentes para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 sin reducir salarios. Los empresarios recuerdan que el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que según los datos del Ministerio, los convenios vigentes expirarán entre 2024 y 2026.
En esta línea, y coincidiendo con la posición de los empresarios, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, también se opuso a la propuesta del Partido Popular de establecer una jornada laboral de cuatro días por semana, con jornadas diarias de 9 o 9,5 horas. Garamendi subrayó la independencia de la patronal respecto a los partidos políticos.
Durante las negociaciones, representantes de la CEOE señalaron que perciben contradicciones dentro del Gobierno, incluso en el propio Ministerio de Trabajo. Comentaron que en una reunión reciente, el secretario de Estado admitió que la reducción de la jornada laboral podría retrasarse, con un periodo de transición hasta finales de 2026. Esta misma postura fue percibida también por los sindicatos en las negociaciones.
No obstante, minutos después de estas declaraciones, el Ministerio desmintió de manera categórica que hubiera hecho tal concesión a los empresarios. Incluso al día siguiente, la vicepresidenta Díaz lo negó rotundamente en el Congreso de los Diputados.
Los representantes de la CEOE y de Cepyme en la negociación también notan que, una vez más, el Ministerio de Trabajo parece actuar de manera autónoma en comparación con el resto del Gobierno. Esto lo perciben en la nueva propuesta de subvencionar las cotizaciones sociales de los contratos indefinidos que las pymes realicen a desempleados, cubriendo hasta el 100% en el caso de mayores de 52 años, menores de 30 años y mujeres con dificultades para acceder al empleo. Además, el Gobierno ha sugerido una rebaja del 80% en las cotizaciones sociales para el resto de los trabajadores contratados.
El Ministerio de Trabajo, encabezado por Díaz, sostiene que la reducción de la jornada laboral podría redistribuir el empleo existente, llenando el tiempo liberado con la contratación de nuevos empleados, quienes además disfrutarían de una significativa reducción en los costes sociales para las empresas. Sin embargo, los negociadores empresariales creen que ni la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, estaban al tanto de esta propuesta.
Además, la CEOE plantea que estas subvenciones también deberían aplicarse a los contratos ya existentes en las pymes, además de a los nuevos empleados, como una manera de atraer a las pequeñas empresas. Los empresarios también buscan reducir el tiempo de preaviso para modificar los horarios de los trabajadores en situaciones extraordinarias, que actualmente es de cinco días.