(Expansión, 14-01-2025) | Laboral
La próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que planea el Ministerio de Trabajo para 2025 no contará con el apoyo de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme. Según la propuesta del departamento liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, se prevé un incremento de 50 euros mensuales, lo que situaría el SMI en 1.184 euros al mes, tomando como referencia el límite superior recomendado por el comité de expertos convocado por el Gobierno, que sugirió una horquilla de aumento entre el 3,4% y el 4,4%.
Aunque es probable que los sindicatos respalden esta medida, a pesar de las críticas iniciales de UGT sobre la tributación del incremento en el IRPF, la patronal, liderada por Antonio Garamendi, ya ha anticipado su rechazo. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, afirmó en rueda de prensa que las condiciones actuales no justifican esta subida. Según Amor, un aumento acumulado del 60% en el SMI en los últimos seis años no se corresponde con el crecimiento de la economía, los negocios de los autónomos ni la inflación en ese mismo período.
Cabe destacar que el rechazo empresarial no es vinculante, ya que la decisión final sobre el SMI corresponde exclusivamente al Gobierno, y la mesa de diálogo social tiene un carácter meramente consultivo. Sin embargo, Amor criticó que el Ejecutivo, en los últimos años, siempre haya optado por aplicar los aumentos máximos posibles.
La oposición de las organizaciones empresariales se basa principalmente en el impacto que este incremento tendrá en los costes laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a cargo. Según datos de ATA, en los últimos cinco años, sectores como el campo y el empleo del hogar, donde el 99% de los trabajadores perciben el SMI, han perdido 174.000 empleos. Además, las pequeñas empresas con menos de cinco empleados han eliminado 62.000 puestos de trabajo en este periodo, debido a que los aumentos salariales afectan de forma desproporcionada a los pequeños negocios.
Desde ATA advierten que el incremento de 50 euros mensuales hasta los 1.184 euros supondrá un coste adicional de 1.000 euros anuales por empleado, de los cuales 700 corresponden al salario y el resto a cotizaciones sociales. Además, se suma el impacto de la reducción de jornada del 6,25%, lo que elevaría el coste anual por trabajador a más de 3.000 euros. Amor subrayó que muchos autónomos no podrán asumir este aumento, afectando también a familias que necesitan contratar cuidadores.
Por otro lado, fuentes empresariales advierten que esta medida se suma a otros aumentos de costes, como el mecanismo de equidad intergeneracional, la subida de bases máximas, la cuota de solidaridad y la reducción de jornada, lo que complica aún más la situación para las empresas.
Desde la CEOE se insiste en que cualquier incremento del SMI debería alinearse con el aumento promedio de los salarios pactados en convenio colectivo, el crecimiento económico y los precios de los contratos públicos. De no ser así, se advierte que esta medida podría perjudicar gravemente a autónomos y empresas que trabajan con la Administración, incrementando su vulnerabilidad ante el aumento de costes.