(El Economista, 09-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La principal asociación de pequeñas y medianas empresas (pymes) del país ha sido clara al presentar un manifiesto en el que detalla siete puntos clave en los que las decisiones del Gobierno afectan negativamente al crecimiento del sector empresarial.
Recientemente, Cepyme destacó los principales obstáculos que frenan el fortalecimiento de las pymes, señalando entre ellos los altos costes y las cargas burocráticas, fiscales y sociales a las que deben hacer frente casi 3 millones de pymes en España. Según datos de la OCDE, España es uno de los países donde la supervivencia de este tipo de empresas es más precaria.
Cepyme también ha señalado que el discurso del Gobierno tiende a estigmatizar a los emprendedores, promoviendo una visión negativa del empresario, basada en la persecución de beneficios y el éxito empresarial. Este enfoque, según la patronal, desincentiva la iniciativa emprendedora. En su "Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española", Cepyme expone su postura sobre estos temas y destaca los siete puntos que considera como amenazas para su progreso.
"El propósito de las empresas es generar beneficios, y esto no debe ser motivo de vergüenza. Solo las empresas rentables sobreviven, invierten, crean empleo y mejoran los salarios. Cuando una empresa obtiene beneficios, toda la sociedad se beneficia", se lee en el manifiesto firmado por empresarios de todo el país.
El documento también critica el incremento de registros, planes y protocolos obligatorios, lo que impone una carga burocrática excesiva. Las pymes se ven obligadas a destinar recursos a la contratación de asesorías especializadas para cumplir con estas normativas, lo que supone un coste adicional no relacionado con su productividad.
Cepyme señala que en España las empresas aportan un 32,4% de la recaudación fiscal, frente al 25,8% de la media europea, una cifra que podría aumentar con la introducción de nuevos impuestos medioambientales. En su manifiesto, la organización solicita el fin del "control excesivo" sobre las empresas y de la "sobrerregulación", que, según indican, dificulta especialmente a las pymes debido a la complejidad normativa.
Además, Cepyme reclama que no haya intervención gubernamental en los salarios, defendiendo que los incrementos salariales deben estar vinculados a la productividad. Como ejemplo contrario, mencionan el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido más de un 60% en los últimos años mientras que la productividad ha disminuido.
El manifiesto, presentado por el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señala que el aumento del SMI se ha realizado "sin tener en cuenta su impacto en los sectores afectados", y denuncia que junto con el incremento de las cotizaciones sociales y la reducción del tiempo de trabajo sin recorte salarial, estas medidas afectan directamente a la estructura salarial general.
Desde la perspectiva de los empresarios, estas medidas "desnaturalizan la negociación salarial bilateral", anulando convenios y acuerdos firmados que rompían el equilibrio logrado entre sindicatos y empresarios a lo largo de más de un siglo.
Internamente, Cepyme advierte que estas políticas aumentan la conflictividad laboral al homogeneizar los salarios, afectando la relación entre empleados y empleadores. La organización defiende que las empresas deben tener libertad para gestionar el tiempo y los recursos de trabajo sin interferencias del Gobierno, ya que la organización de la producción y la toma de decisiones son asuntos privados entre la empresa y sus trabajadores.
Finalmente, Cepyme solicita una reducción de las cargas fiscales y sociales para no lastrar la competitividad de las pymes. Considera necesario frenar el continuo aumento de las cotizaciones sociales, que en los últimos años ha crecido un 31,7% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.