(Cinco Días, 15-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta del Gobierno de prohibir que las comercializadoras eléctricas realicen contrataciones o publicidad a través de llamadas telefónicas, salvo que el consumidor lo solicite expresamente, con el fin de proteger a los usuarios frente a llamadas fraudulentas. Asimismo, el organismo propone reforzar los requisitos de capital y las obligaciones para las comercializadoras, evitando riesgos de quiebra en cadena.
En su informe sobre el proyecto de Real Decreto que regula el suministro y contratación de energía eléctrica, la CNMC apoya la actualización de la normativa, adaptándola a las actuales condiciones del mercado y a la normativa europea. Entre las medidas propuestas, destaca la restricción de las ventas telefónicas, que también debería aplicarse a los agregadores, similar a las limitaciones impuestas a la contratación domiciliaria. Según el organismo presidido por Cani Fernández, las llamadas engañosas no solo dañan la confianza de los consumidores, sino que también dificultan la competencia real en el mercado.
El informe subraya que estas llamadas se realizan sin el consentimiento previo de los usuarios y, en algunos casos, incluyen prácticas fraudulentas y suplantación de identidad, como demuestran las numerosas denuncias y expedientes abiertos al respecto.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, propuso en agosto una normativa para acabar con estas prácticas. Según el proyecto de Real Decreto, actualmente en consulta pública, la contratación telefónica solo será válida si el cliente lo solicita explícitamente.
Por otro lado, para prevenir las quiebras observadas durante la crisis energética, la CNMC apoya establecer mayores garantías económicas para las comercializadoras. Se sugiere, por ejemplo, un requisito inicial de 100.000 euros, como ocurre en Portugal, así como la necesidad de demostrar solvencia económica. Entre los requisitos propuestos se incluyen estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber solicitado concurso de acreedores, ni estar inhabilitado para actividades energéticas.
Además, el organismo plantea recuperar el sistema de autorización administrativa para la creación de nuevas comercializadoras, asegurando que cumplan con criterios técnicos, como experiencia previa o contratos de asistencia técnica con entidades especializadas. También propone habilitar a la CNMC para definir los parámetros que acrediten dicha capacidad.
En comparación con otros países, el informe de la CNMC señala que España cuenta con un número significativamente mayor de comercializadoras activas. Mientras que Reino Unido tiene 60, Países Bajos 58 y Francia 53, en España operan actualmente 243 comercializadoras en más de una comunidad autónoma, cifra que asciende a 413 si se incluyen aquellas con algún cliente en activo.