(El Periódico, 13-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación contra varias empresas que gestionan "cientos" de viviendas turísticas, ante la sospecha de que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" y violando la normativa de protección a los consumidores.
Según detalla el departamento liderado por Pablo Bustinduy en un comunicado, aunque no ofrece demasiada información adicional, la inspección se centra en compañías que administran numerosas viviendas turísticas en distintas regiones de España. Si bien estas propiedades cuentan con licencia para operar, las irregularidades podrían estar relacionadas con su gestión.
Esta investigación es distinta a otra que el mismo Ministerio lleva a cabo desde hace algunos meses en el mismo ámbito. En junio, la Dirección General de Consumo anunció que estaba examinando a plataformas de alquiler de viviendas turísticas (como Airbnb o Booking, aunque no se mencionaron explícitamente) por publicar anuncios de propiedades sin licencia turística.
En este caso, aclaran fuentes del Ministerio, el foco está en empresas que gestionan viviendas turísticas legales, pero que podrían estar operando de manera irregular. Un ejemplo de estas prácticas sería ocultar su condición de grandes administradores o presentarse falsamente como pequeños propietarios particulares.
El comunicado también cita la definición de "práctica engañosa" según la Ley de Competencia Desleal, que incluye cualquier conducta que ofrezca información falsa o que, aunque sea veraz, induzca a error al consumidor. También contempla acciones como crear la impresión de que una empresa no actúa en el mercado profesional o hacerse pasar por un usuario común.
La investigación, aclaran desde el Ministerio, se encuentra en una etapa inicial, centrada en recopilar información para evaluar si existe base suficiente para iniciar un expediente sancionador. De confirmarse las irregularidades, las multas podrían alcanzar los 100.000 euros, dependiendo de la gravedad, o llegar a multiplicar por ocho el beneficio ilícito obtenido.
Finalmente, el comunicado subraya que estas medidas forman parte de los objetivos del ministro Pablo Bustinduy para combatir la crisis de la vivienda en España. El documento recuerda que una de las prioridades del departamento en esta legislatura es frenar la especulación en el mercado inmobiliario e insta a las administraciones a adoptar medidas concretas para abordar este problema.