(Expansión, 08-01-2025) | Fiscal
El acuerdo de financiación especial para Cataluña, que contempla la cesión del 100% de los impuestos a la Generalitat, implicaría la fragmentación de la Agencia Tributaria. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), esta medida tendría serias repercusiones en la supervisión fiscal, la recaudación de impuestos y las cargas administrativas para ciudadanos y empresas. En un informe publicado recientemente, Fedea advierte que dividir la estructura tributaria del Estado podría debilitar el control fiscal sobre aproximadamente un 20% del PIB español y un 16% de los contribuyentes.
El documento, titulado El coste de fragmentar la agencia tributaria ante el acuerdo de financiación singular para Cataluña, ha sido elaborado por Alberto García Varela, experto en política tributaria de EY e inspector de Hacienda en excedencia. En el informe, se señala que esta división no solo resultaría ineficiente y costosa, sino que también generaría desigualdades en los niveles de control fiscal según la residencia de los contribuyentes, una situación que podría carecer de respaldo constitucional.
García Varela subraya que la fragmentación de la Agencia Tributaria representaría un retroceso en la gestión fiscal desde dos perspectivas principales: por un lado, se perdería eficiencia en la administración de los impuestos; por otro, aumentaría la carga fiscal indirecta y las obligaciones de los contribuyentes. Además, el informe destaca que Cataluña, que aporta casi un 20% del PIB español y más del 16% de los contribuyentes, juega un papel crucial en el sistema de financiación autonómica de régimen común.
El estudio también critica que este acuerdo entre el PSC y ERC contradice las tendencias internacionales hacia la unificación fiscal, promovidas por organismos como la OCDE y la Unión Europea, en iniciativas como el tipo mínimo impositivo para multinacionales.
Entre las consecuencias más preocupantes, el informe señala que una Agencia Tributaria catalana independiente dificultaría la lucha contra el fraude fiscal, reduciría la eficiencia en la asistencia tributaria y obstaculizaría el control fiscal. Por ejemplo, la detección de falsos no residentes con patrimonios significativos, que en 2023 permitió revisar 27,7 millones de registros de grandes contribuyentes, sería mucho más compleja. También se verían afectadas las operaciones contra fraudes de IVA, las investigaciones sobre sociedades pantalla y las acciones coordinadas contra grandes evasores fiscales, así como la supervisión de multinacionales con altos volúmenes de facturación.
Fedea concluye que esta fragmentación afectaría negativamente la recaudación fiscal a nivel nacional y dificultaría actuaciones como las 1.100 iniciativas legales que Hacienda impulsa anualmente en todo el país. Por último, alerta que los contribuyentes podrían enfrentarse a mayores cargas fiscales indirectas al tener que interactuar con una administración tributaria adicional con sus propias normativas y requisitos.