(El Economista, 23-12-2024) | Laboral
El acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales abre un plazo de un año para que sindicatos y patronal definan cómo implementar esta medida, siempre que el texto obtenga el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados. La firma oficializada este viernes marca el inicio de una nueva etapa en la negociación, que ahora se traslada al ámbito político. En este contexto, las partes involucradas esperan que se incluyan ayudas adicionales para las pymes como estrategia para ganar el apoyo de los siete diputados de Junts.
Tras la reciente disputa entre los ministerios de Economía y Trabajo, se presentó el texto final, que incorpora una disposición transitoria clave. Según esta disposición, las comisiones negociadoras de convenios colectivos con jornadas superiores a 37,5 horas semanales dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus acuerdos y cumplir con la nueva normativa.
La transición gradual ya había sido un tema central en las discusiones entre patronal y sindicatos, cerradas a principios de año tras la convocatoria de un diálogo tripartito por parte del Ministerio de Trabajo. Según fuentes sindicales citadas por elEconomista.es, la inclusión de esta cláusula no responde a una imposición del Ministerio de Trabajo, sino a una propuesta de los propios representantes de los trabajadores, quienes buscan evitar fracturas en la negociación colectiva.
Por su parte, tanto la CEOE como Cepyme habían rechazado una imposición directa de la reducción de jornada mediante ley, alegando su impacto en convenios vigentes con aumentos salariales ya pactados. Aunque los empresarios proponían extender el plazo de adaptación hasta el final del periodo económico de cada convenio, los sindicatos rechazaron esta opción porque, en la práctica, pospondría la reducción de jornada hasta 2028 o 2029 en ciertos casos, afectando incluso a convenios en ultraactividad.
El texto acordado finalmente da un margen de unos meses para la implementación, si se cumple el objetivo del Gobierno de aprobarlo en primavera. Esta postura, defendida públicamente por el Ministerio de Economía, fue bien recibida por los empresarios, quienes consideran que una aplicación gradual tiene mayor coherencia que una entrada en vigor inmediata tras su publicación en el BOE, como planteaba inicialmente la ministra Díaz. Aun así, la redacción actual permite ambas interpretaciones.
Sin embargo, fuentes empresariales afirman que el margen establecido no es suficiente para que respalden la medida, pues sigue siendo una imposición a la negociación colectiva. Tampoco convence a los diputados de Junts, cuyo apoyo será decisivo en el Congreso. Por ello, se prevé que se introduzcan nuevas medidas en el documento, como ayudas específicas a pymes y un plan de acompañamiento, similar al ofrecido en las primeras negociaciones a las patronales dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.
La posición de Foment del Treball está alineada con la CEOE, y fuentes empresariales aseguran contar con el compromiso de que el grupo de Miriam Nogueras votará en contra. No obstante, los acercamientos de la ministra Díaz a Pimec, patronal catalana integrada en Conpymes, han generado inquietud en sectores empresariales con sede en Madrid. Temen que Junts pueda cambiar su postura y apoyar la reducción de jornada a cambio de incentivos para las pymes.
Aunque Pimec no mostró inicialmente mayor disposición que otras organizaciones empresariales, mantiene una actitud más abierta a negociar medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas durante la tramitación parlamentaria. Fuentes cercanas a Díaz creen que Junts cometería un error al alinearse con "la patronal española en Cataluña" y aseguran que se están manteniendo conversaciones "al más alto nivel" para garantizar el apoyo del partido catalán al proyecto de ley.