(El Periódico, 19-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Una cuarta parte de las nuevas viviendas sociales que el Govern de Salvador Illa ha prometido construir hasta 2030 estará destinada a jóvenes menores de 35 años, con un alquiler al menos un 20% por debajo del precio de mercado. Además, se reservará un 10% de estas viviendas para personas en situación de vulnerabilidad. Esta medida ha sido aprobada este martes por el Consell Executiu dentro de la primera convocatoria de reserva pública de terrenos con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida. La Generalitat estima que en esta primera fase podrán construirse alrededor de 10.000 pisos, los cuales deberán mantener su calificación de vivienda social durante un periodo de 75 años.
El president ha adelantado esta iniciativa durante la reunión de la Comisión Interdepartamental de Vivienda, asegurando que estos pisos destinados al alquiler asequible conservarán siempre esta condición. Este compromiso busca evitar que las nuevas promociones sigan el mismo destino que 36.000 viviendas del actual parque público, que en los próximos seis años podrían pasar al mercado privado, una situación que el Govern quiere evitar.
"Basta de que los jóvenes tengan que destinar la mayor parte de su sueldo a la vivienda como si fuera un lujo", ha señalado el president en su intervención. También ha destacado que, mientras anteriormente se construían unas 259 viviendas protegidas al año, ahora el ritmo ha aumentado a 4.400, reafirmando su compromiso de alcanzar las 50.000 nuevas viviendas prometidas.
El siguiente paso, según ha anunciado Illa, será reformar la ley de urbanismo de Catalunya para agilizar trámites, acelerar la construcción y aumentar la edificabilidad. "Hablamos de días o semanas", ha asegurado la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. Como parte de esta reforma, se plantea la creación de una nueva figura jurídica, la "licencia previa básica", que permitirá a las constructoras iniciar algunos trabajos, como el movimiento de tierras o el levantamiento de estructuras, mientras se tramita el resto del expediente.
En cuanto a la disponibilidad de terrenos, el Govern ha identificado posibles ubicaciones en municipios como Barcelona, Tarragona, Lleida, L'Hospitalet, Sant Boi, Les Franqueses del Vallès, Granollers y Terrassa, en función de la información facilitada por sus ayuntamientos. Sin embargo, Paneque ha aclarado que el proceso para inscribir estos suelos en el registro de reserva comienza ahora, y en un plazo de dos meses se tendrá una visión más precisa de las ubicaciones definitivas. La Agència Catalana d'Habitatge será la encargada de certificar que los terrenos cumplen los requisitos establecidos.
La previsión es que en estos solares provenientes de la primera convocatoria (con una segunda programada para finales de año) puedan construirse unos 10.000 pisos asequibles, lo que equivale al 20% de las viviendas contempladas en el plan de 50.000 unidades para 2030. Además, la consellera ha informado de que actualmente hay otras 7.000 viviendas en distintas fases de construcción, a las que se suman las adquiridas por la Agència d'Habitatge a bancos y fondos de inversión.
Para garantizar precios asequibles, el Govern ha dividido los solares en cuatro zonas territoriales, estableciendo distintos niveles de alquiler máximo. En la primera zona, el precio será de 10,65 euros por metro cuadrado; en la segunda, de 8,65 euros; en la tercera, de 7,65 euros; y en la cuarta, de 6,64 euros.
Con esta aprobación, el Consell Executiu cumple con el compromiso anunciado el pasado viernes por Salvador Illa junto a Pedro Sánchez en una visita a una promoción de vivienda social en Sant Boi de Llobregat. Bajo la premisa de que la vivienda es el principal factor de desigualdad social en la actualidad, el president ya había avanzado en el debate de política general de octubre que su Govern impulsaría el plan de suelo público más ambicioso llevado a cabo por una comunidad autónoma.
En ese momento, Illa instó a los ayuntamientos a ceder terrenos para la construcción de vivienda social y anunció una inversión de 4.400 millones de euros en esta legislatura para ampliar el parque público de viviendas. Su intención era tener unos nuevos presupuestos en vigor a partir del 1 de enero de 2025, pero al no contar con el apoyo de ERC, el Govern ha optado por una alternativa: aprobar a partir de marzo una modificación de crédito que permita añadir 4.000 millones de euros a los presupuestos prorrogados de 2023.