(El Periódico, 21-02-2025) | Fiscal
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con otros 11 alcaldes de ciudades europeas, ha hecho público este jueves en Bruselas un manifiesto en el que solicitan a la Comisión Europea que proponga la suspensión de las normas fiscales para permitir que los gobiernos incrementen la inversión en vivienda, de manera similar a lo que se está considerando para el sector de la defensa.
Collboni ha subrayado que, si bien la seguridad y la protección de las fronteras orientales son un desafío clave para la Unión Europea, la crisis de la vivienda representa la principal urgencia dentro de las grandes ciudades del continente. "Es imprescindible movilizar recursos de forma rápida y eficaz para abordar este problema", ha declarado ante los medios tras la presentación del manifiesto.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso recientemente excluir el gasto en defensa del cálculo del déficit y la deuda con el objetivo de facilitar a los gobiernos mayor margen fiscal para aumentar las inversiones en este ámbito. Siguiendo esta misma lógica, los alcaldes de ciudades como Atenas, Ámsterdam, Budapest, Roma, París, Lisboa, Varsovia, Gante, Leipzig, Lyon, Bolonia y Viena solicitan que se adopte un enfoque similar en materia de vivienda.
Los firmantes del manifiesto consideran "urgente" implementar soluciones para paliar la crisis habitacional. Por ello, han acordado elaborar una propuesta con medidas concretas, que presentarán a la Comisión Europea en primavera. Aunque el Ejecutivo comunitario incluyó esta cuestión en su plan de trabajo, su implementación se ha postergado hasta 2026.
Durante su visita a Bruselas, Collboni ha mantenido diversas reuniones con el objetivo de impulsar iniciativas en este ámbito. El miércoles se reunió con la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, quien también ha dialogado informalmente con el grupo de alcaldes este jueves. Además, está previsto que el grupo se reúna con Dan Jorgensen, comisario de Energía y Vivienda. Entre las opciones que está evaluando la Comisión, se encuentra la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales para facilitar una mayor inversión pública en vivienda.
El alcalde de Barcelona ha instado a la Comisión Europea a no relegar la política de vivienda a un segundo plano ni tratarla como una simple política social. Ha destacado que la coalición de alcaldes reúne ciudades de diversas regiones del continente y de distintos signos políticos, lo que refuerza la importancia de su petición.
"La vivienda debe ser una prioridad", ha insistido Collboni, quien ha reclamado a las instituciones europeas que asignen los recursos necesarios para abordar esta problemática de manera inmediata. Además de la suspensión de las reglas fiscales, los alcaldes proponen incluir la vivienda como eje central en la próxima política de cohesión de la UE y aprovechar los fondos de recuperación no utilizados, medida que también está siendo considerada para el gasto en defensa.
El aumento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda asequible son preocupaciones crecientes entre los ciudadanos europeos. La Comisión es consciente de ello y, en su plan político para los próximos cinco años, Von der Leyen se comprometió a buscar soluciones a nivel europeo. En este sentido, encargó a Jorgensen la elaboración de un Plan Europeo de Vivienda Asequible y la creación de una plataforma de inversión en vivienda.
Con la publicación de su manifiesto, los alcaldes buscan asegurar su participación en el proceso de toma de decisiones. Aunque tienen previsto presentar una propuesta específica en primavera, solicitan a la Comisión la creación de un espacio de diálogo permanente entre las instituciones europeas y las ciudades, con el fin de desarrollar políticas efectivas en materia de vivienda.
Los alcaldes han argumentado que los habitantes de las ciudades son los más afectados por la crisis habitacional, por lo que consideran fundamental que las administraciones municipales participen en la definición de las políticas europeas en este ámbito. "La contribución y el criterio de los ayuntamientos son esenciales para garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real sobre el terreno", concluyen en su declaración conjunta.