(Cinco Días, 18-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento económico para España tanto en 2024 como en 2025. La estimación para este año sube del 2,8% al 3,1%, mientras que la de 2025 aumenta del 2,2% al 2,5%. Este ajuste positivo se debe, por un lado, a los datos más favorables publicados por el INE y, por otro, a la evolución mejor de lo esperado en la segunda mitad del año, a pesar del impacto puntual de la DANA en Valencia, que se calcula restó entre un 0,1% y un 0,2% del PIB. Aun con esta adversidad, el cuarto trimestre se expandirá a un ritmo robusto, entre el 0,6% y el 0,7%. El crecimiento adicional previsto para 2025 se debe al efecto arrastre de este año, a la caída de los tipos de interés y a la recuperación de los daños provocados por la DANA, gracias a las ayudas gubernamentales.

El crecimiento económico estará impulsado principalmente por el consumo privado, que se beneficia de un mercado laboral dinámico, el aumento de la población inmigrante, la moderación de la inflación y los altos niveles de ahorro acumulados. El empleo, que ha crecido significativamente este año, refleja que el 85% de los nuevos puestos generados corresponden a extranjeros o personas con doble nacionalidad. Por otro lado, la inversión comenzará a recuperarse tras años de rezago debido a la caída de los tipos de interés, un ligero repunte en la inversión en vivienda y la aceleración en el uso de los fondos europeos, que este año alcanzarán cerca del 1% del PIB.

El sector exterior, que había sido uno de los motores económicos gracias al turismo y las exportaciones, tendrá una contribución más moderada. Esto se debe a una desaceleración progresiva del turismo, aunque seguirá creciendo a buen ritmo, y al aumento de las importaciones debido al crecimiento de la demanda interna y a la necesidad de adquirir equipamiento del extranjero para sostener la inversión. Por su parte, el consumo público, que había sido clave desde la pandemia, se ralentizará ligeramente para cumplir con las reglas fiscales europeas.

A pesar del buen desempeño económico, el déficit público superará el 3% del PIB debido a los gastos asociados a la DANA, que representarán un 0,5% del PIB entre 2024 y 2025. La Comisión Europea no tendrá en cuenta estos gastos excepcionales, pero el Banco de España advierte que el Gobierno podría incumplir los objetivos fiscales pactados con Bruselas. Para cumplir las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario un ajuste anual del gasto del 0,3% al 0,4%, equivalente a cerca de 3.000 millones de euros. Si el ajuste recae en la inversión, como ocurrió en la crisis anterior, se perderían hasta 0,5 puntos del PIB hasta 2027; si se centra en el gasto corriente, la pérdida sería menor, de unos 0,3 puntos.

En cuanto a riesgos externos, el principal desafío sería un eventual retorno de políticas proteccionistas en Estados Unidos bajo una nueva Administración Trump, como el aumento de aranceles, que podría afectar la economía mundial y, en menor medida, a España debido a su menor exposición comercial con EE.UU. Además, el informe destaca la inestabilidad política y económica en países europeos como Francia y Alemania como factores que podrían impactar negativamente en la economía española.

El Banco de España también señala otras vulnerabilidades, como la reducción de la propensión marginal al consumo, especialmente en hogares de renta alta que destinan sus ingresos adicionales a inversiones inmobiliarias o negocios. Esta tendencia, junto con el ahorro acumulado por los hogares en alquiler, podría frenar el consumo privado. Además, aunque se espera un repunte en la inversión en vivienda debido al aumento en los visados de obra, esta mejora será insuficiente para resolver los problemas de oferta en el mercado inmobiliario.

En cuanto a la inflación, se espera una moderación progresiva con tasas del 2,9% en 2024, 2,1% en 2025 y 1,7% en 2026, impulsada por una bajada en los precios de alimentos y energía. Sin embargo, la inflación subyacente se mantendrá algo más elevada debido a la fortaleza del turismo y la hostelería. En 2027, la entrada en vigor del nuevo sistema de emisiones para calefacción y transporte podría provocar un repunte en los precios de la energía y, en consecuencia, de la inflación general.

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