(El Confidencial, 18-11-2024) | Fiscal
El año 2025 comenzará nuevamente con los presupuestos de 2023 prorrogados. La falta de respaldo político ha llevado al Gobierno a desistir de intentar siquiera la tramitación de unas nuevas cuentas, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre cumplir con su responsabilidad constitucional. Desde el Ministerio de Hacienda ya han asumido que no será posible aprobar los presupuestos antes de fin de año. "Ya no hay tiempo", confirman fuentes ministeriales. Aunque la tramitación presupuestaria tiene carácter prioritario en las Cortes, el proceso requiere más de dos meses en el mejor de los casos, un plazo que ya no está disponible.
El procedimiento incluye una serie de etapas, como las comparecencias de altos cargos, debates a la totalidad, discusión de enmiendas y, en caso de veto en el Senado, la devolución al Congreso para su aprobación definitiva. Incluso si el Gobierno contara con el apoyo necesario, los plazos hacen inviable completar el trámite. Sin embargo, el problema no es solo de tiempo, sino también de falta de apoyos. El Gobierno se ha visto obligado a posponer nuevamente la Comisión de Hacienda en el Congreso para ganar margen en la negociación de la reforma fiscal.
Actualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Si se materializa una derrota en la votación de la reforma fiscal, prevista para la próxima semana, sería el tercer revés para la vicepresidenta en el camino hacia la aprobación de los presupuestos. Previamente, ya perdió la votación de la senda de déficit y tuvo que abandonar un segundo intento ante el rechazo de los partidos que respaldaron la investidura.
Sin nuevos presupuestos, el Ejecutivo deberá buscar alternativas normativas para implementar las políticas de gasto previstas en los PGE. Algunas medidas, como la actualización de las pensiones, podrán aprobarse mediante real decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, como se ha hecho en años anteriores. Sin embargo, el incremento salarial de los funcionarios y la actualización del IPREM, índice vinculado a múltiples prestaciones públicas, sí requieren aprobación parlamentaria. En cambio, el Ingreso Mínimo Vital subirá automáticamente gracias a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2023.
El retraso en la votación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda refleja la urgencia del Gobierno por encontrar nuevos recursos. El ritmo actual del gasto público complica el cumplimiento del objetivo de déficit para este año y el próximo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit público alcanzará el 2,7% en 2024, dos décimas por encima del objetivo gubernamental. Además, esta previsión no incluye los gastos derivados de la DANA, que serán excluidos del cálculo del déficit.
Respecto al límite de gasto, la AIReF estima que, manteniendo las políticas actuales, el gasto primario neto crecerá un 3,7%, alcanzando el tope permitido por la Comisión Europea. Esto implica que, sin nuevos ingresos fiscales, no habrá margen para aumentar el gasto público. Aunque el Gobierno aún tiene tiempo para prolongar las negociaciones de la reforma fiscal, los trámites pendientes (votaciones en la Comisión y el Pleno del Congreso, paso por el Senado y posible retorno al Congreso en caso de veto) tomarían al menos un mes. Incluso podría posponer una semana más la remisión al Pleno, pero el margen es cada vez más limitado.
En cuanto a la senda de estabilidad, el plazo también está agotándose. En el mejor escenario, la propuesta llegaría al Congreso a finales de mes, y el Senado podría retrasar su aprobación un mes adicional. Esto obligaría a una vuelta al Congreso con un calendario muy ajustado. Sin embargo, la senda de estabilidad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del Gobierno.
Para desbloquear los presupuestos en el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo necesita reconstruir sus alianzas parlamentarias. No obstante, los plazos siguen extendiéndose semana tras semana. Lo que ya es un hecho es que 2025 comenzará con las cuentas prorrogadas de 2023, una situación que en otros tiempos habría llevado a un Gobierno a dimitir, pero que ahora se asume con relativa normalidad. Mientras tanto, los socios de investidura siguen inmersos en una interminable negociación fiscal que abarca temas como la financiación autonómica, los objetivos de déficit, el aumento de impuestos y las quitas de deuda, sin concretar acuerdos en ningún ámbito.