(El Economista, 11-11-2024) | Fiscal
La falta de equilibrio en el Congreso amenaza con frustrar la reforma fiscal que el Gobierno se comprometió a implementar con la Comisión Europea como parte del plan estructural. La propuesta aún no tiene el respaldo suficiente para ser aprobada en el Parlamento. Hoy, la Comisión de Hacienda decidirá si continúa tramitando el texto -incluidas las enmiendas que los socialistas presentaron hace dos semanas- después de que los grupos parlamentarios no lograran avances la semana pasada. El acuerdo del Gobierno con Junts, que elimina la permanencia del impuesto a las energéticas, ha hecho que otros tres grupos necesarios para la aprobación -ERC, Podemos y Bildu, además de Sumar- retiren su apoyo.
Las formaciones de izquierda del PSOE insisten en que la reforma debe incluir "sí o sí" el gravamen a las eléctricas en el sistema tributario, una medida que, a su vez, enfrentaría la oposición de Junts, ya que podría poner en riesgo una inversión de 1.100 millones de euros de Repsol en Tarragona para construir una planta de conversión de residuos en combustible.
"Lo que propone el PSOE es solo un parche que no resuelve los problemas estructurales del sistema", afirman fuentes del socio de coalición, que ven necesaria una reforma "a fondo" que garantice mayores ingresos en periodos de desinflación, como recomiendan los expertos. Sumar presentó en la negociación presupuestaria de 2025 un paquete fiscal con el que aspiran a recaudar 26.800 millones de euros anuales, incluyendo la permanencia del impuesto a la banca y energéticas, lo cual permitiría un ingreso anual de unos 2.600 millones de euros. El destino del impuesto a las eléctricas podría terminar en manos del Partido Popular, que podría tener que decidir entre la postura del PSOE y Junts o la del resto de los partidos de investidura.
Entre las enmiendas socialistas también figura una transaccional acordada con el PNV para asegurar la continuidad del impuesto a la banca. Los nacionalistas vascos lograron que este gravamen se ajuste sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades, lo que permitirá su gestión por parte de las haciendas forales.
Los socialistas tampoco cuentan con apoyos sólidos para otras modificaciones, como el aumento del tipo máximo al 29% en el IRPF para rentas de capital superiores a 300.000 euros, con el objetivo de igualar este impuesto al que grava las rentas del trabajo. Sumar considera insuficiente esta propuesta, ya que había planteado un incremento al 33%, propuesta que fue discutida con la vicepresidenta María Jesús Montero semanas atrás.
El PSOE también propone impulsar en la Unión Europea una modificación de la Directiva del IVA para aplicar este impuesto a las plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, en zonas donde la alta demanda de estos alojamientos complica el acceso a la vivienda o en áreas sobresaturadas. Este paquete, conocido como ViDA (VAT in the Digital Age), es considerado "una prioridad" por el Gobierno.
La estrategia del PSOE es tramitar su reforma fiscal a través de enmiendas al proyecto de ley sobre el impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, que ya está en fase avanzada en el Parlamento. El objetivo es que todas estas medidas entren en vigor el 1 de enero de 2025.
Además, el PSOE propone crear un nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco, como vaporizadores o bolsas de nicotina, y actualizar la fiscalidad de los impuestos sobre labores del tabaco para encarecer estos productos y desincentivar su consumo.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, el PSOE busca una reforma en respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente una modificación anterior hecha por el exministro Cristóbal Montoro. La reforma vuelve a imponer un límite a las grandes empresas para aplicar deducciones por bases imponibles negativas: un 50% para empresas con ingresos entre 20 y 60 millones de euros, y un 25% para aquellas que superen los 60 millones.
En otra enmienda, acordada con Junts, el PSOE propone reducir progresivamente el impuesto de sociedades para empresas con ingresos netos menores a un millón de euros. Actualmente, estas empresas tributan al 23%; sin embargo, el Grupo Socialista propone reducir la parte de base imponible hasta los 50.000 euros al 17% en 2027, y el resto al 20% en 2029. También plantean permitir que las empresas se deduzcan hasta un 20% del incremento de sus fondos propios, en lugar del 15% actual.