(Expansión, 15-01-2025) | Fiscal
El Gobierno está evaluando la implementación de un tributo especial o un aumento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) con el objetivo de limitar la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros no residentes de países fuera de la Unión Europea, quienes concentran sus compras principalmente en zonas costeras. Según los datos, estos extranjeros adquieren unas 55.000 viviendas al año, en comparación con las 90.000 nuevas construcciones anuales.
Una de las propuestas más destacadas del plan de vivienda presentado por el presidente Pedro Sánchez para afrontar la "emergencia habitacional" es restringir las compras de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Según explicó Sánchez, esta medida incluirá un aumento significativo de la carga fiscal, que podría llegar al 100% del valor del inmueble, con el objetivo de desincentivar este tipo de operaciones. El Ejecutivo argumenta que los no residentes absorben más de la mitad de las viviendas construidas cada año. Entre los colectivos más afectados estarían británicos, rusos y latinoamericanos, debido a su importante participación en la adquisición de propiedades residenciales, especialmente en la costa.
Durante el evento Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid, Sánchez afirmó: "Tras un análisis exhaustivo, hemos decidido limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes incrementando su carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble". También destacó que esta medida, inédita en España, ya se aplica en otros países como Dinamarca y Canadá, y la calificó como "adecuada y necesaria" dadas las circunstancias actuales.
El Gobierno aún no ha definido los detalles específicos para implementar la medida, pero señala que la legislación europea prohíbe discriminar a ciudadanos comunitarios. Dado que una prohibición total a extranjeros no residentes de fuera de la UE sería difícil de aplicar, se ha optado por usar la fiscalidad como herramienta de desincentivo. En este sentido, se está considerando aumentar el gravamen del ITP, específicamente en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava al 10% las compraventas de viviendas de segunda mano. Sin embargo, dado que la gestión de este impuesto está transferida a las comunidades autónomas, algunas de ellas, gobernadas por el PP, podrían obstaculizar esta estrategia aprovechando su capacidad normativa. Por ello, el Ejecutivo estudia además la introducción de un impuesto especial.
El objetivo final de la medida es encarecer estas operaciones para reducir su volumen. Según Sánchez, "en 2023, los no residentes adquirieron unas 27.000 viviendas en España, no para residir en ellas, sino principalmente con fines especulativos, algo que no podemos permitir en el contexto actual de escasez de vivienda".
Los datos oficiales del Observatorio de Vivienda y Suelo indican que en 2023 los extranjeros no residentes compraron 54.944 inmuebles, lo que equivale al 62% de las 89.119 viviendas nuevas construidas ese año. En total, las adquisiciones de extranjeros representaron el 19,3% de las transacciones de vivienda registradas, mientras que las de no residentes supusieron el 44% de las realizadas por extranjeros y el 8,6% del total.
El perfil de los compradores más afectados incluye a los británicos (responsables del 9,5% de las compras extranjeras), rusos (3,12%), chinos (2,87%) y latinoamericanos como los argentinos (1,13%). En contraste, ciudadanos de la UE, como alemanes y franceses, así como extranjeros que compran para residir en España, como los marroquíes, no se verían impactados. Entre las regiones más afectadas por esta medida figuran Baleares (31,5% de las compras extranjeras), Comunidad Valenciana (29,3%), Canarias (28,5%), Murcia (23,8%), Cataluña (15,8%) y Andalucía (14,9%).